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Nº 107 - TOMO 434 - 14 DE AGOSTO DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

32ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SENADOR DOCTOR EBER DA ROSA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y EL SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Rectificación de trámite

- La Mesa rectifica el trámite dado al proyecto de ley por el que se establece la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Investigación y Novación, enviándolo a la Comisión de Ciencia y Tecnología en lugar de a la Comisión de Constitución y Legislación.

5, 7, 9 y 11) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 2005.

- Proyecto de ley por el que se le da aprobación.

- En consideración. Aprobado en general.

6 y 10) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Saravia y Rubio.

- Concedidas.

8) Suspensión de la sesión ordinaria prevista para el día martes 15

- Por moción del señor Senador Baráibar, complementada por la señora Senadora Topolansky, el Senado resuelve suspender dicha sesión.

12) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 11 de agosto de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo lunes 14 de agosto, a la hora 15, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley por el cual se aprueba la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2005.

Carp. Nº 557/06 - Rep. Nº 276/06 - Anexos I y II

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, el señor Senador Saravia.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 9 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se crea un Servicio Descentralizado con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- por el que se establece la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se regulan las bases de su funcionamiento orgánico y se desarrollan sus cometidos.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo, adoptada el 20 de octubre de 2005 en ocasión de la 33ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, en octubre de 2005.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Eduardo Darnauchans.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, solicita venia para acreditar en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipo-tenciaria de la República ante el Gobierno de Japón a la Doctora Ana María Estévez.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, solicita venia para designar en calidad de representante del Estado en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al economista Juan Arturo Echevarría Ignatenco.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Francisco Gallinal, referente a la autorización de exoneración de impuestos a la empresa Puerta del Sur S.A.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR GALLINAL.

La Cámara de Representantes remite :

- aprobado un proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo y se lo designa ‘Pueblo Colonia Palma’ al actual centro poblado existente en la 9ª Sección Judicial del Departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- y aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se designa al Liceo Nº 3 del departamento de Artigas, con el nombre de ‘Maestro Profesor Valeriano Renart’.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- y comunica que aprobó los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Turística con el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 9 de noviembre de 1996.

- por el que se autoriza la salida del país de un contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya, a efectos de participar en el Ejercicio Específico Combinado (Cruzex 2006), a llevarse a cabo en el Estado de Goias, República Federativa del Brasil, entre el 20 de agosto y el 2 de setiembre de 2006.

- por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos de la República Federativa del Brasil el día 25 de agosto de 2006, a fin de participar en los desfiles de conmemoración de nuestra independencia, y la salida de efectivos uruguayos los días 7 y 10 de setiembre de 2006, para participar de los actos conmemorativos de la independencia brasileña.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupues-tal correspondiente al Ejercicio 2005.

- HA SIDO REPARTIDO. SE ENCUENTRA EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informados los siguientes proyectos de ley:

· por el que se concede una pensión graciable al señor Juan Antonio Iglesias Villar.

- por el que se concede una pensión graciable a la señora Teresita Penino de Minetti.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Alcides Martín Lanza Perdomo.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Servando Pedro Aldrovani Castillo.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

La Junta Departamental de Maldonado remite:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Francisco Jiménez relacionada con los supermercados de grandes superficies y los perjuicios que producen en los comercios del departamento.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

- copia de la versión taquigráfica de lo manifestado por el señor Edil Pablo Lotito referente a la remuneración que perciben las mujeres que trabajan en la construcción.

La Junta Departamental de Canelones remite nota comunicando la resolución de fecha 28 de julio del corriente manifestando el apoyo al proyecto de ley presentado por el Representante Horacio Yanes, referente a la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial.

- TENGASE PRESENTE."

4) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa va a rectificar el trámite dado al proyecto de ley por el que se establece la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Investigación y Novación, que fue derivado originalmente a la Comisión de Constitución y Legislación y que debería haber sido remitido a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

5) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del único asunto: "Proyecto de ley por el cual se aprueba la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2005. (Carp. Nº 557/06 - Rep. Nº 276/06-Anexos I y II)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 557/06

Rep. Nº 276/06

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 30 de junio de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo, el adjunto Proyecto de Ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2005.

El Estado de Resultados del Ejercicio 2005 presenta un déficit de:

a) $ 7.044.921.000 (pesos uruguayos siete mil cuarenta y cuatro millones novecientos veintún mil) correspondiente a la ejecución presupuestaria y

b) $ 6.271.781.000 (pesos uruguayos seis mil doscientos setenta y un millones setecientos ochenta y un mil) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.

Este resultado se expresa siguiendo el criterio de considerar los gastos por lo devengado y los ingresos efectivamente percibidos.

En el informe adjunto se incluye un análisis de la situación económico-financiera, una síntesis de los avances obtenidos durante el año 2005 y los lineamientos generales del Proyecto.

Saluda al Señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Jorge Lepra, José Mujica, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Marina Arismendi, José Díaz, María Julia Múñoz, Jaime Igorra, Jorge Brovetto, Héctor Lescano, Víctor Rossi, Eduardo Bonomi.

I) INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

1. La situación de partida

La nueva administración heredó una situación económica muy compleja, caracterizada por una fuerte vulnerabilidad social y financiera.

En el plano social, la situación a fines de 2004 estaba caracterizada por niveles de pobreza extremadamente elevados: más de un millón de personas vivían por debajo de la línea de pobreza, mientras que la población en situación de indigencia alcanzaba a más de 100 mil uruguayos. Además y pese a que en 2004 la economía llevaba dos años de crecimiento de la producción tras la fuerte caída sufrida durante 1999-2002, se exhibían graves insuficiencias en materia de empleo, tanto desde un punto de vista cuantitativo, como desde una perspectiva cualitativa. En efecto, a fines de 2004 más de 160 mil personas estaban desocupadas, en tanto alrededor de la mitad de los ocupados presentaba algún problema de empleo -precariedad o subocupa-ción-, además de la frecuente existencia de retribuciones indignas.

 

 

En el plano financiero, la economía uruguaya presentaba una vulnerabilidad muy elevada, marcada por el fortísimo endeudamiento público: la deuda bruta del sector público ascendía a 13.300 millones de dólares, representando alrededor de 100% del PIB, haciendo de Uruguay uno de los países más endeudados del mundo. El pago de intereses absorbe alrededor del 20% del total de ingresos del sector público, limitando los márgenes de acción de la política fiscal.

 

 

Adicionalmente, la situación financiera del sector público, estaba caracterizada por una fuerte concentración de vencimientos de deuda. En efecto, en los primeros tres años de gobierno el sector público debe procurar financiamiento por encima de los 2.000 millones de dólares anuales, a efectos de cumplir con los vencimientos de deuda, cubrir el déficit fiscal y, en menor medida, recomponer el nivel de reservas internacionales. Ello significa una exposición muy grande a la volatibilidad de los mercados financieros internacionales, e impone una conducta fiscal muy prudente como elemento imprescindible para asegurar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

Por último, no puede dejar de señalarse el déficit en materia de inversión que ha caracterizado a la economía uruguaya a lo largo de los años. En efecto, la inversión productiva se ha mantenido históricamente en niveles reducidos en la comparación internacional y esta situación se ha agravado en los últimos años, comprometiendo las posibilidades de crecimiento económico en el futuro.

2. La estrategia de la política económica

En ese marco, al tiempo que se definió el incremento de la inversión y el mejoramiento del empleo como objetivos estratégicos, la política económica apuntó a generar confianza y estabilidad en la economía y la sociedad uruguayas, así como a reducir las vulnerabilidades sociales y financieras antes mencionadas, condiciones indispensables para comenzar a transitar por una senda de desarrollo económico duradero.

Se comenzó por generar el espacio fiscal necesario para la implementación de un plan de asistencia, dirigido a la población en condiciones de pobreza extrema. Específicamente, se destinaron 200 millones de dólares al Plan de Atención a la Emergencia Social (PANES), los cuales serían ejecutados de acuerdo al siguiente cronograma: 70 millones de dólares en 2005, 100 millones en 2006 y 30 millones en 2007. El plan de asistencia es acompañado por programas de salida que garanticen la inclusión en la vida económica y social de la población objetivo luego de su levantamiento.

En el plano laboral, se restablecieron las negociaciones salariales colectivas, convocándose a los Consejos de Salarios. Esta política busca garantizar una recuperación justa del poder adquisitivo de los trabajadores y corregir las desigualdades intrasectoriales. Asimismo, se incrementó de forma sustantiva el Salario Mínimo Nacional, con el fin de llevarlo a niveles más razonables que garanticen un ingreso mínimo aceptable para todos los trabajadores. Todavía queda un camino por transitar en busca de ese objetivo, que debe realizarse de forma gradual para no poner en riesgo el cumplimiento del principal objetivo de la política económica: lograr una sustantiva mejora del empleo, tanto en cantidad como en calidad, único camino genuino para reducir de forma duradera los niveles de pobreza y desigualdad.

En el plano financiero, el primer paso fue establecer un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, acreedores de casi el 50% de la deuda pública uruguaya y con vencimientos concentrados en los primeros años de gobierno. El acuerdo fue alcanzado con éxito, asegurándose la renovación de los créditos y sin renunciar a ninguno de los objetivos del programa de gobierno. El segundo paso fue recurrir a los mercados voluntarios de crédito con el fin de cubrir las necesidades de financiamiento de corto plazo y terminar de despejar las incertidumbres en torno al mantenimiento del acceso al financiamiento del nuevo gobierno.

En materia fiscal, la política se orientó a confirmar el proceso de consolidación fiscal, condición indispensable para administrar sostenidamente la deuda pública y reducir la vulnerabilidad financiera de la economía uruguaya.

En materia de precios, la política monetaria se orientó a cumplir con el objetivo de una inflación reducida, manteniéndose en el marco de un sistema de tipo de cambio flexible.

Es importante destacar, que el gobierno ha puesto especial cuidado en procurar la consistencia de todas las herramientas de política económica.

3. Situación durante 2005 y los primeros meses de 2006

En el transcurso de 2005 y la primera mitad de 2006 la economía uruguaya tuvo un desempeño favorable, caracterizado por: el mantenimiento de un buen ritmo de crecimiento de la producción (incluso mayor al esperado); aumento del empleo y creciente formalización del mismo; incremento generalizado del salario real; mantenimiento de buenos niveles de competitividad; estabilidad de precios; y mejora de los indicadores financieros. En ese marco, y gracias, además, a la implementación del PANES, se logró reducir significativamente el número de personas en condiciones de pobreza.

 

 

Fuente: Informe de Pobreza 2005, Instituto Nacional de Estadística

 

En el plano fiscal, el déficit del sector público global cayó del 1,9% del PIB en 2004 a 0,7% en 2005 y el ratio deuda pública/PIB tuvo un descenso significativo, reduciendo la vulnerabilidad financiera de la economía uruguaya.

a) Nivel de actividad

La producción global de bienes y servicios presentó un crecimiento de 6,6% en el promedio de 2005 y a fin del año superó ligeramente el máximo nivel de producción que había sido alcanzado en el tercer trimestre de 1998.

 

 

Desde el punto de vista de la demanda, todos los componentes contribuyeron positivamente al crecimiento de la producción. Al interior de la demanda interna, hay que destacar el fuerte crecimiento que exhibió la inversión en capital fijo, de 23,8% en pesos constantes. El aumento de la inversión estuvo impulsado, fundamentalmente, por el sector privado y, en particular, por la inversión extranjera directa, que se duplicó en 2005 pasando de 315 a 605 millones de dólares. Como resultado, la inversión capital fijo pasó a representar el 12,9% del PIB, alcanzando el coeficiente más alto de los últimos cuatro años.

 

 

Por su parte, el consumo de bienes y servicios creció 2,4% en 2005 en respuesta a un aumento tanto del gasto del gobierno como del gasto privado. El mayor ingreso de los hogares, resultado del incremento real de salarios y pasividades y del aumento del empleo, conjuntamente con la incipiente reactivación del crédito al consumo, habrían sido los principales factores que explicaron el mayor gasto de las familias.

La demanda externa jugó también un papel clave en el crecimiento de la producción en 2005. El volumen exportado de bienes y servicios registró un fuerte incremento en 2005, que alcanzó a 16,8% sobre un nivel que ya había marcado un récord en 2004. El buen desempeño del sector exportador estuvo alentado por el mantenimiento de buenos precios internacionales de las materias primas que exporta nuestro país, la mayor demanda de servicios turísticos y el buen nivel de competitividad externa de los productos uruguayos.

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento económico fue generalizado para los diferentes sectores productivos. En particular, corresponde subrayar los fuertes aumentos registrados en los sectores de comercio, restaurantes y hoteles (11,6%), en transporte y comunicaciones (10,9%) y en la industria manufacturera (9,5%).

 

 

En los primeros meses de 2006, la economía siguió mostrando un buen desempeño. El Producto Bruto Interno creció 7,2% en el primer tremestre del año con respecto al mismo período de 2005 y 1,5% respecto al trimestre inmediato anterior. La inversión en capital fijo subió 34% con relación a los primeros tres meses de 2005 (4,5% con respecto al trimestre anterior, según estimaciones del MEF), notándose un fuerte incremento de la inversión pública, que se duplicó en los primeros meses del año. Ese notable comportamiento estuvo explicado, principalmente, por la mayor inversión de UTE, que adquirió dos centrales térmicas para abastecer la mayor demanda energética (que estarán en funcionamiento en el tercer trimestre de 2006), en tanto también se incrementaron las inversiones del gobierno y de OSE. En cuanto a la demanda externa, pese al impacto negativo que tuvo sobre el turismo el cierre de pasos de frontera en Fray Bentos y Paysandú (estimado en 40 millones de dólares), los volúmenes exportados de bienes y servicios aumentaron 10% con respecto a enero-marzo de 2005.

A nivel de sectores, vale destacar el fuerte crecimiento que experimentó la industria manufacturera, que alcanzó a 18% interanual y a 4% con respecto al trimestre inmediato anterior. De esta manera, la producción industrial ya superó en 6% el máximo de producción alcanzado en el tercer trimestre de 1998. También cabe destacar el aumento de la actividad en el sector de construcción, de 16% interanual y de 7,8% con respecto al trimestre anterior, que estuvo impulsado, fundamentalmente, por la realización de grandes obras en Maldonado y por las obras de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos. Por su parte, el sector agropecuario, que creció levemente en el 2005 y se mantuvo estable en el primer trimestre de 2006, se encuentra en su mayor nivel de producción de los últimos 30 años.

El buen desempeño de la actividad económica en 2005 y durante los primeros meses de 2006 ha motivo una corrección al alza de las expectativas privadas de crecimiento para este año.

 

 

b) Mercado de trabajo

El dinamismo de la actividad económica y la restauración de las negociaciones salariales colectivas posibilitaron una mejora de los indicadores del mercado laboral. En efecto, en 2005 se observó un incremento del empleo, una importante disminución de la informalidad y, simultáneamente, un sustantivo incremento del salario real.

En materia de empleo, según la información que surge de la Encuesta Continua de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ocupados se incrementó en 16.000 durante 2005, lo que se tradujo en una disminución de 10.000 personas desocupadas, debido a que, simultáneamente, se incrementó el número de personas que buscó trabajo.

La cifra de aumento global del empleo sintetiza diferentes comportamientos a nivel de categorías ocupacionales, que vale la pena destacar. Por ejemplo, en la categoría "empleado/obrero privado" se crearon 31.000 puestos de trabajo, mientras que, en la categoría "cuenta propia sin local" se produjo un descenso de 9.500 ocupados. Esta última categoría está compuesta, en general, por empleos de muy baja calidad y sin cobertura de seguridad social, de modo que su disminución, conjuntamente con el fuerte incremento en la categoría de trabajadores dependientes del sector privado indica claramente una tendencia hacia la formalización de los trabajadores.

 

En los hechos, el porcentaje de ocupados sin cobertura de seguridad social disminuyó de 39% en diciembre de 2004 a 37% en diciembre de 2005 y en la categoría "empleado/obrero privado" el descenso fue aún superior (de 35,4% a 30,5% en el mismo período). Cabe subrayar, además, que la reducción de la informalidad fue generalizada a nivel de sectores y se produjo, principalmente, en la segunda mitad del año, luego de la reinstalación de los Consejos de Salarios.

La mayor formalización del empleo se tradujo en un significativo incremento en el número de cotizantes del BPS, que pasó de alrededor de 993.000 en diciembre de 2004 a cerca de 1.065.000 en marzo de 20051.

Por otra parte, cabe mencionar, que la ocupación aumentó incluso en las empresas de menor tamaño. En efecto, el número de ocupados de la categoría "empleado/obrero del sector privado" en empresas de hasta nueve personas aumentó 4,5% en 2005, lo que permitiría descartar que estas empresas se hayan visto especialmente perjudicadas por la reinstalación de los Consejos de Salarios y la suba del Salario Mínimo Nacional.

En materia de remuneraciones, el salario real líquido medio registró una suba del 4,5% al comparar el nivel de diciembre de 2005 contra el de diciembre de 2004 y del 4,6% en el promedio del año. A nivel privado, la suba del salario real fue generalizada a nivel de sectores y estuvo alineada con la pauta establecida por el Poder Ejecutivo para los Consejos de Salarios. En el sector público, también se produjo una mejora del salario medio real, que fue incluso superior a la registrada en el sector privado y que incluyó ajustes adicionales para las retribuciones más deprimidas de la Administración Central y los organismos del artículo 220.

 

 

Por su parte, el Salario Mínimo Nacional se incrementó desde 2.050 pesos a 2.500 pesos en julio de 2005 y en enero de 2006 se volvió a ajustar, fijándose en 2.617 pesos. Estos incrementos, sumados al que se había otorgado en enero de 2005, implicaron una suba real de 83% al compararlo con el valor de diciembre de 2004.

En definitiva, y a la luz de los indicadores del mercado de trabajo, la evaluación de la primera ronda de Consejos de Salarios es muy positiva: el empleo siguió aumentando y se tendió hacia la formalización de los trabajadores, las negociaciones se llevaron a cabo en un marco de escasa conflictividad, se logró consenso en casi el 100% de los convenios y el 93% de los mismos se ajustó a las pautas del Poder Ejecutivo, según información aportada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En julio de este año se realizará la segunda ronda de Consejos de Salarios. Las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo suponen extender el período de los convenios a un año y medio, con ajustes semestrales y un incremento del salario real entre 3,5% y 5,5% para todo el período. De acuerdo con las pautas del Poder Ejecutivo, el salario real promedio del sector privado se ubicaría a fin de 2007 aproximadamente 17% por encima del mínimo alcanzado en abril-mayo de 2004, recuperando casi la mitad de la caída que se produjo entre diciembre de 1999 y abril-mayo de 2004. Además, el SMN será fijado en 3.000 pesos a partir del 1º de julio, lo que implicará un incremento real adicional al ya mencionado, de alrededor del 12% en la segunda mitad de 2006.

c) Sector Externo

El saldo de la cuenta corriente se mantuvo casi equilibrado en 2005, presentando un déficit de apenas 88 millones de dólares (0,5% del PIB), frente a un superávit de 0,3% del PIB en 2004. Ese déficit fue producto de un pago de renta neta de 578 millones de dólares (3,4% del PIB) que más que compensó el superávit de balanza comercial y las transferencias corrientes, de 490 millones de dólares (2,9% del PIB). Cabe señalar, que en un marco de mayor ahorro público (el déficit fiscal se redujo en 2005) el ligero deterioro de la cuenta corriente en 2005 se explicó por el descenso que experimentó el ahorro neto del sector privado, en concordancia con la mayor inversión privada.

El déficit de la cuenta corriente fue más que compensado por el ingreso de capitales, fundamentalmente por concepto de inversión extranjera directa e inversión de cartera. La cuenta capital registró un superávit de 524 millones de dólares, que sumado al saldo positivo de la cuenta errores y omisiones, determinó que la balanza de pagos presentara un superávit por 620 millones de dólares en el conjunto de 2005. Como consecuencia, los activos de reserva del BCU ascendieron a 3.078 millones de dólares al cierre de 2005.

 

 

Las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron los 5.000 millones de dólares en 2005 y superaron en 370 millones de dólares a las importaciones de bienes y servicios. En materia de intercambio de bienes, en 2005 las exportaciones exhibieron un marcado aumento, de 16,7% medidas en dólares, alcanzando los 3.400 millones de dólares y marcando un nuevo máximo histórico. En los primeros meses de 2006, el dinamismo exportador continuó: en enero-mayo las ventas externas de bienes superaron en 17% a las realizadas en el mismo período de 2005. El notable comportamiento que exhiben las exportaciones de bienes es impulsado por el mantenimiento de buenos precios de colocación y por el favorable acceso a los mercados internacionales, en especial del sector cárnico. De hecho, si bien se mantiene una alta diversificación de las exportaciones a nivel de productos, las colocaciones de carne han incremento su participación, pasando a representar el 23% del total exportado en 2005.

 

 

En lo que refiere a destinos geográficos, cabe resaltar la creciente diversificación de nuestras exportaciones, lo que contribuye a reducir la vulnerabilidad externa de la economía uruguaya. Específicamente, los socios del MERCOSUR, que en 1998 eran destinatarios del 55% de nuestras exportaciones, en 2005 recibieron el 23% del total. Los países del NAFTA (México, Estados Unidos y Canadá) representaron el 29% del total, la Unión Europea el 17%, Asia el 8% y otros destinos (compuesto por una variedad de países) el 24% restante.

Las importaciones de bienes también registraron un aumento significativo en 2005, de 25%, en línea con el crecimiento del gasto interno. En este sentido, corresponde destacar el acentuado dinamismo de las importaciones de bienes de capital, que registraron un crecimiento de 53%, estimuladas por la creciente inversión en maquinarias y equipos. La suba de las compras al exterior también se explicó por el sensible aumento del precio del petróleo, que implicó un aumento de las importaciones de más de 200 millones de dólares en 2005. En los primeros meses de 2006, las compras al exterior continuaron aumentado, exhibiendo una suba interanual de 18,5% en enero-mayo, sin contabilizar las compras de petróleo ni las de energía eléctrica. En particular, estas últimas tuvieron un sustantivo incremento en los primeros meses de este año, que alcanzó a 50 millones de dólares, como consecuencia del déficit hídrico.

 

 

 

d) Precios, tipo de cambio y tipo de cambio real

La tasa de inflación se redujo sustantivamente en 2005, ubicándose en 4,9% al cierre del año, frente al 7,6% de cierre de 2004.

En los primeros meses de 2006, se observó un aumento de la tasa de inflación, que en los doce meses finalizados en mayo se ubicó en 6,6%. En ese marco, la media de las expectativas privadas relevadas por el Banco Central se ha corregido al alza en los últimos meses. El incremento de la inflación, no obstante, obedece especialmente a fenómenos puntuales originados por problemas del lado de la oferta. En particular, el incremento del precio del petróleo a nivel internacional obligó a ajustar las tarifas de los combustibles con fuerte incidencia en la canasta de consumo, en tanto que el déficit hídrico generó un sobrecosto en el abastecimiento de la demanda energética que obligó a realizar un ajuste adicional de las tarifas de electricidad. De hecho, si se excluyen los rubros más volátiles (combustibles, frutas y verduras) y servicio doméstico (que se incrementó sustancialmente en 2005 por el ajuste del salario mínimo), la inflación se mantiene en el entorno del 0,5% mensual, equivalente a una tasa de 6% anual, ubicándose dentro del rango objetivo del Banco Central, de una inflación de entre 4,5% y 6,5% para fin de 2006.

 

 

 

Por último, cabe subrayar que no se han observado presiones inflacionarias significativas por el lado de los costos laborales en la medida en que los incrementos salariales están siendo amortiguados por el aumento de la productividad.

 

 

Por su parte, en el transcurso de 2005 la cotización del dólar interbancario descendió 8,6%, para situarse en 24,2 pesos al cierre de diciembre (frente a 26,4 pesos a fin de 2004). A fines de 2005, la cotización del dólar frenó la tendencia descendente que venía exhibiendo desde 2004 y en la primera mitad de 2006 se ha mantenido en torno a los 24 pesos.

Como consecuencia de la trayectoria mostrada por el tipo de cambio, los precios medidos en dólares experimentaron una suba del 23% en el promedio de 2005. No obstante, la inflación externa relevante para Uruguay fue del 13% en el mismo período, de modo que el tipo de cambio real efectivo descendió 9,7% en 2005, ubicándose en el nivel promedio de los últimos 30 años. En los primeros meses de 2006, la suba de los precios en dólares en Uruguay fue similar a la de sus socios comerciales y, como consecuencia, el tipo de cambio real efectivo se mantuvo estable en torno de la media histórica.

 

 

e) Finanzas Públicas

El déficit del sector público consolidado1 descendió a 2.793 millones de pesos en 2005, equivalentes a 0,7% del PIB, frente a un desequilibrio de 1,9% del PIB en 2004. La disminución del déficit fiscal obedeció exclusivamente al menor pago de intereses, que pasaron del 5,9% del PIB al 4,6% en 2005, en tanto, el resultado primario (antes del pago de intereses) bajó de un superávit del 4,1% del PIB en 2004 a un superávit del 3,9% en 2005.

En términos desagregados, los ingresos del sector público no financiero se mantuvieron estables en 29% del PIB en 2005. Como se ilustra en el gráfico que se incluye a continuación, el extraordinario desempeño que tuvo la recaudación de la Dirección General Impositiva y del Banco de Previsión Social, gracias a la mejora de eficiencia y a la reducción de la evasión, fue compensado por el deterioro del resultado de las empresas públicas y la menor recaudación del IRP. El menor resultado primario corriente de las empresas fue producto de la crisis energética y la suba del precio del petróleo (el ajuste de tarifas estuvo rezagado), mientras que la menor recaudación de IRP obedece a la eliminación del adicional que se produjo a mediados de 2004.

 

 

1) Comprende Gobierno Central consolidado, empresas públicas, Banco Central del Uruguay y gobiernos locales. Excluye "otros organismos" del Estado, principalmente Banco de Seguros del Estado. Estadísticas por fuente de financiamiento (abajo de la línea). Fuente: Banco Central del Uruguay.

 

En materia de gastos, se siguió una política muy prudente: las erogaciones primarias del sector público se mantuvieron prácticamente estables en términos del PIB. En este sentido, es preciso recordar que el comienzo del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) implicaba incrementar las erogaciones del gobierno en 0,4% del PIB en 2005. No obstante, la ejecución del PANES fue menor a la prevista (se ejecutaron $ 780 millones, equivalentes a 0,2% del PIB) debido a las dificultades surgidas en los procedimientos de identificación de los beneficiarios del programa Ingreso Ciudadano, así como las demoras en la implementación de los otros programas que componen el PANES. De hecho, fue en gran parte debido a la ejecución parcial del PANES, que se sobrecumplió la meta original del Programa Financiero, que refería a un superávit primario de 3,5% del PIB en 2005.

Por otra parte y como se ilustra en el cuadro adjunto, cuando se ajusta el resultado primario de 2004 y 2005, descontándole aquellos ingresos y egresos de carácter extraordinario o transitorio, se observa que el desempeño de las cuentas públicas (antes del pago de intereses) fue sensiblemente mejor en 2005.

 

 

Como consecuencia del manejo prudente de las cuentas públicas y del crecimiento de la actividad económica, el ratio cuenta pública sobre PIB se redujo de forma significativa, pasando del 101% en 2004 al 83% en 2005, un porcentaje de todos modos elevado. Al mismo tiempo, comenzó a mejorar el perfil de la deuda: se extendieron los plazos (la deuda a más de 5 años subió de 43% a 53% del total) y aumentó el porcentaje nominado en moneda nacional (pasó de 10% en 2004 a 13% en 2005).

En ese marco, se consolidó un proceso de creciente confianza en la economía uruguaya, que acompañado de un contexto de perspectivas financieras más auspiciosas para los mercados emergentes en general, se tradujo en una significativa reducción de los spreads pagados por el gobierno uruguayo. En efecto, el riesgo país medido a través del Indice UBI (elaborado por República AFAP) se ubicó cerca de 280 puntos básicos a fin de año, frente a los 400 puntos de fines de 2004.

El gobierno continuó accediendo a los mercados internacionales de capitales, realizando exitosas emisiones, con ofertas que en todos los casos superaron sensiblemente a la demanda de fondos del gobierno.

 

 

En diciembre de 2005 comenzó a funcionar la Unidad de Gestión de Deuda (UGD), en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo principal cometido es realizar una adecuada gestión de la deuda del Gobierno Central, buscando minimizar el costo financiero sujeto a un determinado nivel de riesgo. En el marco general constituido por el objetivo de reducir la relación entre deuda pública y PIB, la estrategia trazada por la UGD se basa en los siguientes lineamientos: i) adelantar financiamiento de manera de aprovechar los bajos spreads de la deuda soberana de países emergentes; ii) disminuir la deuda relativamente cara; iii) extender la duración promedio de la deuda; iv) sustituir deuda condicionada por deuda soberana y; v) aumentar el porcentaje de pasivos en moneda local, de manera de disminuir el riesgo cambiario.

Siguiendo los lineamientos expuestos precedentemente, en la primera mitad de 2006 se emitieron dos bonos en el mercado internacional, con vencimientos finales en 2022 y 2036 por el monto de 500 millones de dólares cada uno. El repago de capital en ambos títulos, se realiza en tres cuotas iguales y consecutivas en los últimos tres años de vida del bono.

Habida cuenta de la disponibilidad de recursos obtenidos en el mercado externo de forma adelantada, la UGD recomendó cancelar con anticipación aquellas deudas con costos más elevados para el país. En concreto, se decidió amortizar los préstamos de emergencia desembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial durante la crisis económica y financiera de 2002, sobre los cuales se pagaba un interés de 8,03% y 8,34% respectivamente. Ambas operaciones en su conjunto, lograron ahorros para el gobierno de 16 millones de dólares. Asimismo, se decidió cancelar con anticipación los montos adeudados al Fondo Monetario Internacional cuyos vencimientos correspondieran al año 2006. Esta cancelación anticipada generó ahorros para el gobierno de 8 millones de dólares, que sumados a los anteriores totalizan 24 millones de dólares.

 

 

En cuanto al lineamiento referido a la disminución del fuerte grado de dolarización de la deuda del gobierno central, en la primera semana de mayo de este año se decidió suspender las licitaciones de letras de tesorería en dólares y se aumentaron las licitaciones de Notas de Tesorería en Unidades Indexadas (UI) a 5 años de plazo a 150 millones de UI semanales.

f) Sistema financiero

En 2005 continuó consolidándose la confianza en el sistema financiero. En particular, se notó una mayor solidez del sistema, que se reflejó en una mejora de los indicadores de morosidad, solvencia y liquidez, comportamiento que, sin dudas, se vio favorecido por el buen desempeño del sector productivo.

 

En ese contexto, los depósitos continuaron retornando al sistema bancario doméstico, notándose, además, un aumento de la participación de los depósitos en moneda nacional, que pasaron de 10% en diciembre de 2004 a 14% en mayo de 2006.

Por su parte, el crédito a las familias y a las empresas comenzó a mostrar una incipiente recuperación en el último año. En efecto, según los datos relevados por la Superintendencia de Intermediación Financiera del BCU, el crédito al sector privado residente1 aumentó en 167 millones de dólares en el año finalizado en marzo de 2006, suba que se explicó, fundamentalmente, por el aumento que registró el crédito en moneda nacional y que alcanzó a 115 millones de dólares.

En el transcurso de 2005 y la primera mitad de 2006, se tomaron una serie de medidas que vale la pena destacar por su contribución al fortalecimiento del sistema financiero.

En primer lugar, en marzo de 2005 se reglamentó el Fondo de Garantía de Depósitos, que había sido creado con la Ley Nº 17.613 (Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario) de 27 de diciembre de 2001. De acuerdo con lo establecido en el decreto, el fondo se alimenta con primas del 0,2% anual sobre los depósitos en moneda extranjera y del 0,1% anual sobre los depósitos en moneda nacional y le asegura a cada depositante del sistema la recuperación de hasta 5.000 dólares para los depósitos en moneda extranjera y de hasta el equivalente a 15.000 dólares para los depósitos en moneda nacional. Con esta medida de tasa y cobertura diferencial por monedas, se buscó contribuir al objetivo de disminuir el grado de dolarización del sistema financiero. El fondo se conformó con un aporte del Ministerio de Economía y Finanzas por 20 millones de dólares en calidad de capital preferente y de 40 millones en dólares en calidad de préstamo. A la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo el aporte de capital preferente y en marzo de 2006 otorgó 12 millones en calidad de préstamo, los cuales ya fueron reintegrados. El fondo es administrado por la Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario, que fue creada con dicho propósito y funciona en la órbita del Banco Central

 

1) Corregido por créditos castigados, créditos back to back y efecto cambiario.

 

En ese marco, las dificultades surgidas en la cooperativa de ahorro y crédito COFAC, que derivaron en la suspensión preventiva de sus actividades y su posterior cierre, fueron salteadas con éxito, sin afectar la cadena de pagos y protegiendo el ahorro de los depositantes. Incluso, a mediados de junio se confirmó que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) comprará los activos y los pasivos de la cooperativa por un total de 10 millones de dólares y se estima que reiniciará sus actividades a la brevedad.

En segundo lugar, se finalizaron los estudios para la reestructura del BHU, determinándose la capitalización, vía subrogación de pasivos y adquisición de activos por parte del MEF, necesaria para convertir al BHU en una institución solvente, viable y con capacidad financiera para volver al mercado de créditos hipotecarios. Asimismo, se ha avanzado en la elaboración de un plan de negocios para el BHU y en la negociación con los trabajadores en lo que respecta a las condiciones y lugar de destino de aquellos funcionarios que se desvinculen del BHU como resultado de la reestructura.

Por último, en los primeros días de junio de 2006 se concretó la venta del Nuevo Banco Comercial. El volumen total de la transacción se ubica en alrededor de 170 millones de dólares e involucra la inversión de cuatro grupos internacionales: Fondo de Inversión ADVENT (54%), Morgan Stanley (26%) y dos bancos de inversión, uno del gobierno alemán y otro del gobierno holandés (10% cada uno).

II) ADMINISTRACION CENTRAL: SINTESIS DE AVANCES OBTENIDOS

En este Capítulo se realiza una síntesis de los resultados obtenidos en el año 2005 por las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo. El ordenamiento se realiza por ejes temáticos: emergencia y desarrollo social; salud; seguridad pública; infraestructura; trabajo y empleo; desarrollo productivo; relaciones exteriores; y educación, cultura, ciencia y tecnología.

La información que se presenta fue elaborada por los propios Ministerios, que elevaron un informe cualitativo para la Rendición de Cuentas 2005. En algunos casos, se complementó dicha información con datos obtenidos de las memorias anuales elevadas por los mismos. Los informes cualitativos de cada Ministerio en su versión completa son presentados en el Tomo VI-1 "Estados Demostrativos de Resultados 2005" que se adjunta como anexo al presente proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

No se incluyen en este capítulo los resultados obtenidos en materia educativa correspondientes a los organismos del Art. 220 de la Constitución, los cuales estarán disponibles a partir de documentos que dichos organismos presenten al Poder Legislativo. No obstante, el Poder Judicial incorporó un informe cualitativo en el Tomo VI-1 anteriormente mencionado.

1. Emergencia y Desarrollo Social

El Gobierno se planteó como una prioridad atender la situación de emergencia social, caracterizada por elevados niveles de pobreza, indigencia y exclusión social. En ese marco y con el objetivo, además, de contar con un organismo especializado que actúe de forma permanente sobre la problemática social, se creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El nuevo Ministerio, conjuntamente con el resto de los organismos que actúan en las áreas sociales, lleva adelante acciones de asistencia y promoción, que apuntan a atender la situación de emergencia en el marco de una política de inclusión social, integral y generadora de ciudadanía. A continuación, se sintetizan los resultados más destacables alcanzados en el año 2005 en las áreas sociales:

El Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) se inicia en abril del 2005 a través de una serie de programas articulados. Se detallan los avances logrados en cada uno de los programas:

- En el marco del programa Ingreso Ciudadano se presentaron 226.000 solicitudes en todo el país, habiéndose realizado 180.000 visitas en el período abril-diciembre 2005, e identificado 68.000 receptores;

- El programa Trabajo por Uruguay tuvo una cobertura de 2.880 jefas y jefes de hogar, impactando en una población de 12.400 personas (4,5 personas por hogar).

- El programa Rutas de Salida convocó cerca de 300 propuestas de trabajo con Instituciones Públicas y Organizaciones Sociales (previsto para grupos de 25 jefes y jefas de hogar); en el 2005 se efectivizaron propuestas con una cobertura de 3.675 jefas y jefes de hogar que implican 16.537 involucrados.

- El programa Educación en Zonas de Contexto Crítico / INFAMILIA de "Captación y primeros vínculos" logró una cobertura de 420 niños, niñas y adolescentes en situación de calle; dotó de 436 maestros comunitarios para trabajar en 256 escuelas, con una cobertura de 7.600 escolares, con el objetivo de mejorar el rendimiento y disminuir el ausentismo, y de 182 profesores de educación física para llevar adelante programas lúdico-recreativos con una cobertura de 76.650 escolares.

- El programa Emergencia Sanitaria tiene por finalidad lograr compromisos sanitarios y controles de los preceptores, incluyendo: atención primaria en salud, salud bucal -campaña de prótesis para los preceptores de Trabajo por Uruguay-, salud ocular -388 pacientes atendidos en Cuba-, y salud mental -se realizó un convenio para pacientes psiquiátricos en situación de calle-.

- El programa Atención a los sin Techo tuvo una cobertura de 1.650 personas en refugios nocturnos de Montevideo, Canelones, Paysandú y San José; y se habilitaron centros diurnos para familias y mujeres solas con hijos.

- El programa Plan Alimentario implicó la puesta en marcha de un mecanismo de transferencia económica (tarjetas cajero automático) y se suministraron canastas de fin de semana.

- El programa Mejoramiento del Hábitat significó la licitación de 3.400 canastas de materiales para una cobertura de 15.300 personas en 30 localidades.

En el marco del Programa Infancia y Familia (INFAMILIA), cabe destacar, además, las siguientes acciones:

- Atención a primera infancia. Cobertura alcanzada en 2005: 14.600 niños y niñas, y 2.200 embarazadas atendidas.

- Atención a adolescentes de 13 a 17 años en situación de vulnerabilidad social. Cobertura alcanzada: 422 jóvenes formados como Promotores Juveniles.

- Atención al embarazo adolescente. Cobertura alcanzada: 180 jóvenes capacitados como Promotores Juveniles de Salud Sexual y Reproductiva; 400 adolescentes participantes de talleres; 50 médicos capacitados; 1.500 madres y padres adolescentes atendidos por 50 agentes de seguimiento.

- Atención de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Cobertura alcanzada: 409 captados en 12 zonas de Montevideo y Canelones.

- Maltrato infantil y abuso sexual. Cobertura alcanzada: 333 núcleos familiares atendidos por casos de abuso y maltrato;

- Participación y desarrollo comunitario / Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF): 87 Servicios de Orientación Comunitaria y Atención a la Familia (SOCAF) funcionando; 64 fondos de iniciativas comunitarias ejecutados por un monto superior a US$ 258.000; 36 cursos de agentes comunitarios que capacitaron a 642 personas.

Por otra parte, se redefinieron los programas alimentario-nutricionales de mayor impacto que funcionan bajo la órbita del INDA - Plan Alimentario Nutricional (PAN), Plan Invierno y apoyo a los CAIF- los cuales cubren el 80% de la población beneficiaria, y tienen por finalidad garantizar el acceso a un nivel mínimo de alimentación nutricional. En el año 2005 se extendió la cobertura del Plan de Invierno a todo el año, y se reformuló el programa PAN transformándose en el programa de "Atención a los Sin Techo" que comenzó a funcionar en el año 2006.

En materia de vivienda, se destacan los siguientes componentes:

- Participación de la sociedad civil: Se conformó el Grupo Asesor de la Dirección Nacional de Vivienda que desarrolló un proceso participativo de más de dos meses, con involucramiento de sectores del Estado y de la sociedad civil organizada y concluyó en una serie de recomendaciones que fueron tomadas en la elaboración del Plan Quinquenal. Se conformaron otras comisiones de funcionamiento más específico, como por ejemplo, el grupo cooperativo, con participación de Federaciones, Institutos de Asistencia Técnica (IAT’s) y el grupo de financiamiento con participación de actores económicos públicos y privados.

- Estudios de demanda: En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE) se realizaron estudios para obtener un conocimiento más acabado de la demanda habitacional. Asimismo, se constituyó una comisión de trabajo con el MIDES e integrantes del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) para crear un registro único de beneficiarios.

- Política de subsidios: Se elaboraron nuevos criterios de subsidios en función de las necesidades y características socio-económicas y culturales de los destinatarios; se realizó una propuesta con la Contaduría General de la Nación (CGN) para la puesta en marcha de un sistema único de garantía a la vivienda en alquiler; se suscribió un convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) para realizar refacciones de viviendas por barrios en Montevideo, y el traslado del conocimiento de ésta a las Intendencias del Interior; se acordó con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) la recuperación de sistema de recupero de las cuotas, y la aplicación de los subsidios a la permanencia, y otros mecanismos que contribuyan a la misma.

2. Salud

Otra de las prioridades que se ha fijado este Gobierno es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud, de forma tal que todos los ciudadanos reciban atención integral a sus necesidades de salud mediante un sistema nacional integrado mixto.

A tales efectos se ha puesto en marcha un proceso de cambio que se encamina a la transformación del modelo de atención, la conformación de un sistema nacional integrado de salud y sus mecanismos de financiamiento a través de un seguro nacional de salud. El énfasis del modelo de atención está en el primer nivel, en el marco de una estrategia de atención primaria de la salud.

Para ello se entiende indispensable proceder en forma gradual al fortalecimiento del sector público, otorgándole, a través de diferentes mecanismos, una mayor capacidad de respuesta a la demanda de cobertura. Al mismo tiempo, se procura fortalecer los términos de rectoría del Ministerio, en cuanto a las acciones propias reguladoras, de control y desarrollo de políticas sanitarias, evaluación de las mismas, confección de planes, programas y normas.

Respecto al proyecto de seguro nacional de salud, se mantiene el objetivo de conformar el Fondo Nacional de Salud, que centraliza el financiamiento de dicho seguro. Ello implica la definición de etapas en su construcción para dar cumplimiento al objetivo sobre la base de la incorporación sucesiva de poblaciones hoy no incluidas. El mecanismo será la ampliación de la seguridad social a través de:

- la incorporación de los trabajadores actualmente no incluidos, entre ellos, los trabajadores del sector público;

- los familiares de los activos menores de 18 años;

- el resto de los familiares;

- los jubilados no comprendidos hasta ahora;

- el resto de la población.

A continuación se señalan los resultados más destacables llevados adelante por los servicios de salud pública:

Regionalización: En el año 2005 se organizó la atención de primer nivel en Montevideo en las tres regiones (Este, Oeste y Centro Sur), en el departamento de Canelones en dos regiones (Este y Oeste), y en una región en cada uno de los restantes 17 departamentos. Al frente de cada región se designó un Coordinador Regional con el cometido de articular el trabajo de la red de servicios de esa región, poniendo énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención y su relacionamiento con los servicios de segundo y tercer nivel de atención.

Sistema de Atención Integral de Montevideo: Se seleccionaron 31 áreas de salud de las 71 identificadas, que concentraban la población con mayor nivel de exclusión social y sanitaria. Hacia dichas áreas se focalizaron procesos de acercamiento locales para impulsar la formación de comisiones de vecinos y de salud barriales que culminaron con la firma de varios convenios en diferentes barrios. Se llevaron adelante un número importante de proyectos arquitectónicos para ampliar y refaccionar centros de salud y policlínicas. Para la orientación preventiva del modelo asistencial, se conformó la Unidad para la Reconversión del Modelo Asistencial (equipo multidisciplinario). Para mejorar la capacidad de respuesta a la demanda del 1er. nivel de atención, se extendió a varios centros hospitalarios la disponibilidad de consultas de especialidades, tales como Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Neumología, evitando traslados a centros hospitalarios, disminuyendo el tiempo de espera y facilitando el acceso y la oportunidad de la atención. Para mejorar la capacidad de respuesta a la demanda de medicamentos, se firmó un convenio con Farmacias Comunitarias.

Potenciación de Centros de Referencia de segundo y tercer nivel: En los Hospitales del Sistema de Atención Integral de Montevideo (Hospital de la Mujer, Hospital Pediátrico, Pasteur, Saint Bois, y Maciel) se destacan las siguientes acciones:

- La implantación de procesos de Departamentalización de los Servicios Clínicos; por ejemplo, en el Hospital de la Mujer se creó la Unidad de Ginecología Oncológica con integración de las Clínicas Ginecotocológicas "A" y "C" de Facultad de Medicina, el Servicio de Ginecología "B" del MSP y el área quirúrgica del Instituto de Radiología y Centro de Lucha contra el Cáncer del Ministerio de Salud Pública.

- La incorporación de tecnología en servicios de tercer nivel de atención para aumentar su resolutividad (mayor capacidad de respuesta a la demanda). En este marco se destaca la instalación de un tomógrafo de última generación en el Hospital Pediátrico, la incorporación de la técnica de trasplante de médula ósea, la digitalización de imagenenología en el Hospital Maciel, que permite la visualización inmediata de los estudios radiológicos.

- El desarrollo de la investigación clínica junto con la Facultad de Medicina para favorecer la investigación aplicada en Medicina interna y especialidades.

- La consolidación del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes para favorecer la continuidad asistencial de los usuarios en los diferentes niveles de atención.

- El inicio de un proceso de aumento de la resolutividad de la transferencia de tecnología desde los hospitales a centros y policlínicas de primer nivel de atención.

Sistema de Atención Integral del Interior: Se fortaleció el primer nivel de atención a través de la creación de una red, con una autoridad y planificación propias y mejorando en algunos casos la infraestructura física y de equipamiento. Por otra parte, se han impulsado programas preventivos que promueven la participación de la comunidad. Se ha iniciado una política de integración de equipos multidisciplinarios en el primer nivel de atención, que ha resultado en un mayor número de consultas descentralizadas, menor número, en algunos casos, de consultas en las puertas de emergencia de los hospitales, y en una menor derivación de pacientes al segundo nivel. Se ha intensificado la captación de población beneficiaria de ASSE, lo cual se traduce en el incremento de usuarios identificados positivamente.

3. Seguridad Pública

Otra de las prioridades de este Gobierno es realizar mejoras en la seguridad pública, tendientes a una mayor eficacia en las labores de prevención y represión del delito, perfeccionando el combate contra el delito organizado y el narcotráfico. En el año 2005 el Ministerio del Interior ha logrado avances significativos en políticas de seguridad ciudadana, los cuales pueden agruparse en las dimensiones que se detallan a continuación:

- Políticas de Seguridad Ciudadana

Plan de Operaciones. Se han elaborado varios Planes Permanentes de Operaciones (PPO), como, por ejemplo, el diseñado para el manejo de los motines con toma de rehenes en los establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Asimismo, se diseñó un PPO para la asistencia a los policías lesionados, en coordinación de acciones de asistencia hospitalaria y social. También se cuenta con un PPO del denominado "Verano Azul" para cada departamento relevante en la materia.

Participación de organizaciones sociales. En el marco de una política de acercamiento a la gente, a través de una acción descentralizada y local, se fortalecieron las actividades de la Policía Comunitaria y se realizaron reuniones con entidades sociales de distintos barrios para conocer los planeamientos de los vecinos en cuanto a la seguridad, logrando una mejor prevención y valorizando la problemática de cada zona.

Centro de Atención a las Víctimas. A partir de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario (Nº 17.897) se crea el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito en el marco de la estructura actual de la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito. Dicho Centro tendrá como función principal la asistencia primaria a las víctimas y sus familias, así como la promoción de sus derechos y la prevención.

Jefaturas del Interior. Se incrementó la presencia policial en la zonas urbanas de los distintos departamentos, con especial atención en las zonas de concentración de instituciones bancarias, centros de enseñanza y otros. Se realizaron operativos de cierres sorpresivos y rotativos en las áreas metropolitanas, con inspecciones de vehículos y personas. Para el mejoramiento de la seguridad se implementó la coordinación interinstitucional con el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Municipios, las Fuerzas Armadas, los Entes Autónomos, la Educación y la Salud. Se efectuó una redistribución interna en cada Jefatura, incrementando la cantidad de policías ejecutivos en las tareas sustantivas prevento-represivas. Del mismo modo, se realizaron controles en locales nocturnos, en coordinación con los Municipios, sus Juntas Locales, el INAU y Bomberos, en cumplimiento de los diferentes roles institucionales.

Seguridad Rural. Se han realizado operativos de cierre departamental, se ha incrementado el control en rutas y caminos por parte de las Comisarías seccionales para prevenir abigeatos, faena clandestina y contrabando, y se potenciaron las Brigadas Especiales para la Represión del Abigeato, asignándoles personal idóneo y vehículos adecuados para su tarea. El resultado ha sido la existencia de menos abigeatos denunciados y más abigeatos aclarados.

- La fuerza policial

Jefatura de Montevideo. Se realizó una redistribución de personal, asignando mayor cantidad de personal ejecutivo a tareas de despliegue operativo. También se ha reorganizado la Dirección de Seguridad, potenciando la figura del Comisario como referente barrial. La Dirección de Investigaciones participó en operaciones preventivas en zonas con gran incidencia del delito y diversidad de modalidades. Se realizaron asignaciones al Departamento de Orden Público para la prevención y represión del tráfico de drogas, en estrecha coordinación con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. En cuanto a la Dirección de Grupos de Apoyo, el Cuerpo de Radio Patrulla incrementó el control del patrullaje en los distintos radios. Por su parte, el Cuerpo de Policía de Tránsito, además de sus tareas específicas, ha tomado a su cargo misiones prevento-represivas, especialmente contra los delitos de rapiñas y arrebatos en zonas que por sus características requieren mayor movilidad.

Designaciones. Han prevalecido los cambios de destino a los relevos, el rescate de muchos distinguidos oficiales superiores que estaban en situación de retiro y el reconocimiento del papel de la mujer dentro de la institución, designando Jefas de Policía y Directoras Nacionales. Del mismo modo, se ha procedido al nombramiento del Director de la Policía Nacional y al Fiscal Letrado de Policía, y se han instrumentado llamados a concursos de ingreso para proveer vacantes del subescalafón ejecutivo.

- Políticas coordinadas a nivel de la inteligencia

Prioridades estratégicas. Se ha definido que la Dirección de Información e Inteligencia ponga el acento en el combate al crimen organizado, al lavado de activos, a las falsificaciones y a los delitos complejos. Por su parte, cabe resaltar que la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, ha tenido los mejores registros de los últimos años, desbaratando varias redes importantes, sobre todo en procedimientos contra el narcotráfico en materia de pasta base. También esta Dirección ha sido dotada de más recursos para hacerla más operativa y exitosa.

Coordinación institucional. En el marco de una política integral en el marco de la inteligencia, se ha fomentado un trabajo transversal que coloque en coordinación funcional a las Direcciones de Inteligencia, Migraciones, Identificación Civil, Drogas e INTERPOL.

- Políticas penitenciarias

El plan estratégico original para el sistema carcelario tiene tres frases. La primera consiste en la eliminación de la crisis humanitaria del sistema, buscando soluciones de fondo para el hacinamiento, la alimentación y la salud. La segunda fase se materializa en la Ley de Presupuesto y prevé la creación de un sistema penitenciario nacional, a través de un proceso gradual de unificación para que la Dirección Nacional pueda ser tal. La tercera fase consistirá en la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación como órgano rector y como dirección y administración de todos los establecimientos de rehabilitación del país, que estará fuera del Ministerio del Interior, en tanto la Policía no se prepara para el tratamiento penitenciario, sino para labores prevento-represivas.

En este contexto, desde un primer momento se han tomado distintas medidas para mitigar los problemas de hacinamiento, resolver las carencias de salud penitenciaria y mejorar sustancialmente la dieta alimentaria de los presos, muy baja en calorías. Como decisión del Gobierno más relevante sobre este asunto, hay que mencionar la Ley Nº 17.897, la cual establece un régimen excepcional de libertad provisional y anticipada, fortalece el papel institucional del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, introduce modificaciones al Código del Proceso Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana, crea el régimen de redención de la pena por trabajo o estudio y determina la creación de sendas comisiones para la reforma del proceso penal y del Código Penal, puesto que se trata de cuerpos normativos viejos que necesitan ponerse en sintonía con los cambios ya producidos en otros países de la región.

- Formación policial

Los objetivos estratégicos de una nueva política en materia de la Escuela Nacional de Policía son: fortalecer la acción normativa, racionalizar los centros de formación y perfeccionamiento, focalizando en la Unidad de la Doctrina Docente; promover la creación del Instituto Universitario Policial y mejorar la infraestructura logística y la dotación requeridas para el buen funcionamiento de la Escuela, para lo cual se halla en construcción un polígono de tiro modernizado, una pista, un campo de entrenamiento físico, un gimnasio y una pileta de natación.

- Políticas de salud

Las políticas de salud, en el marco de la acción de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, reconocen los siguientes logros durante el año 2005: la creación del Departamento de Salud Ocupacional, el cual tendrá como objetivo la prevención y la promoción de la salud, así como el diagnóstico de enfermedades y el conocimiento epidemiológico; la creación de la "comisión distress" y del "test unificado" para evaluar la salud mental de los aspirantes a policías a nivel nacional; la concreción de diversos llamados a precios para el mantenimiento y reposición del equipamiento en tecnología médica; y el diseño de un plan de reestructura para la Dirección Nacional.

- Política de prevención de accidentes

Respecto a la Dirección Nacional de Bomberos, se destaca el inicio de la construcción de la Unidad Operativa que atenderá la Zona de la Unión, la inauguración de los destacamentos de San Ramón y La Paloma; la adquisición de equipos, herramientas y vestimentas para la protección del personal; y diversas actividades de capacitación desarrolladas. En el caso de la Dirección Nacional de Policía Caminera, ha logrado cumplir las metas trazadas, destacándose una mejora en la cobertura de rutas, las inspecciones vehiculares, los controles de alcohol y velocidad, y en la atención de las emegencias.

4. Infraestructura

El Gobierno se ha fijado también como prioridad destinar recursos para mejorar la infraestructura del país. En ese sentido, se busca revalorizar, reestructurar y optimizar la utilización de los recursos y servicios ya existentes, así como incorporar aquellos que sean necesarios para mejorar la competitividad, vincular las zonas productivas con las de comercio y consumo, preservar el medioambiente y mejorar la calidad de vida de la población. En el año 2005 se ejecutó lo previsto en materia de obras de carreteras, puentes y mantenimiento. En concreto, se rehabilitaron cerca de 200 km de rutas, y se realizó el mantenimiento de 1.883 km en diferentes tramos de la red vial, totalizando unos US$ 38 mi-llones de inversión en obras y mantenimiento por contrato.

En el marco del contrato de concesión Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), se ejecutaron obras por un monto de US$ 40 millones y se encuentran en ejecución obras de carreteras, puentes, seguridad vial y mantenimiento por un monto de inversión de US$ 55,8 millones, en una malla que representa el 50% de los corredores de integración (Rutas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11 e Interbalnearia). Se preparó una reformulación al Contrato de Concesión MTOP - CND, complemento fundamental al Plan Presupuestal, ampliando el compromiso de ejecución del concesionario, el tamaño de la malla y el plazo de concesión y reduciendo el compromiso de subsidio. Se ha avanzado en la recuperación del patrimonio vial de las carreteras y en lograr un mejor estado de confort, apuntando a una optimización de los recursos para lograr mantener la estabilidad de la red y evitar su veloz deterioro.

Por otra parte, el MTOP ha concretado el inicio de las obras portuarias de ampliación a 200 metros del muelle oficial de Fray Bentos, obra prevista en anteriores presupuestos y largamente postergada por otras administraciones. Esta obra es financiada parcialmente por un préstamo del Banco Mundial y permitirá la operación adecuada de buques tipo Panamax de 200 metros de eslora. En ese marco, se impondrá la necesidad del dragado de los pasos del Río Uruguay a 28 pies hasta Fray Bentos y el dragado complementario hasta Paysandú, planteamiento que ha sido efectuado ante la Comisión binacional correspondiente.

Asimismo, en materia de infraestructura se destacan los proyectos que llevó adelante la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) en el año 2005, bajo la órbita de la Presidencia de la República:

Programa Cuenca Lechera: se desarrollaron trabajos de mantenimiento de la red vial en los cuatro departamentos del Programa, sobre un total de 1.560 km, por un monto de $ 5,4 millones de fondos propios. Las tareas consisten en perfilados, limpiezas de cunetas y alcantarillas, recargos con material granular y construcción de obras de arte, asegurando la transitabilidad permanente de la red.

Programa de Cuenca Arrocera: se realizaron trabajos de mantenimiento en la totalidad de los caminos perte-necientes a la cuenca arrocera (889 km). La inversión en tareas de mantenimiento por Administración Directa fue de más $ 4 millones. El estado general de la caminería arrocera es en su mayoría bueno y permite la circulación de la producción sin dificultades.

Programa de Saneamiento: se elaboró un Plan Director de Residuos Sólidos; se ejecutaron obras de saneamiento en el departamento de Canelones en las localidades de Paso Carrasco, Parque Miramar y Barra de Carrasco, que consistieron en la construcción de 70.000 metros de redes de alcantarillado, conectando 6.800 padrones, en la construcción de 6 estaciones de Bombeo, que permitirán las conducciones de los líquidos residuales al Sistema de Saneamiento de Montevideo, y en la ejecución de obras de pluviales.

5. Trabajo y empleo

Los lineamientos estratégicos definidos por el Gobierno en mateia de trabajo y empleo son:

- Fomentar la negociación colectiva y los acuerdos y compromisos con participación de trabajadores y empresarios, como mecanismo adecuado para un desarrollo normal y equilibrado de las relaciones laborales.

- Promover la creación de empleos genuinos y mejorar la capacidad de establecer las condiciones necesarias que propicien la existencia de trabajo digno; combatir la precarización del empleo y procurar la salud laboral de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social avanzó en las prioridades mencionadas, a través de:

- la convocatoria a los Consejos de Salarios y fomento de la Negociación Colectiva;

- el fortalecimiento del contralor del cumplimiento de las normas laborales; y

- la participación en la definición de Estrategia Nacional de Empleo y promoción de políticas activas de empleo.

En el año 2005 se convocó a un Consejo Superior Tripartito, el cual reclasificó los grupos de actividades, quedando definidos 20 grupos y 150 subgrupos del sector privado. En ese marco, se celebraron 176 convenios sectoriales en la totalidad de las ramas laborales, de los cuales 164 fueron por consenso y 12 por mayoría.

También en el ámbito privado, se convocó por primera vez al Consejo Superior Tripartito Rural, contando con la participación del MTSS y del MGAP y representantes de trabajadores y empleadores. En ese marco, se debatieron lineamientos generales de una política laboral en el sector agropecuario (por primera vez en la historia del país); se definió el salario mínimo rural y se constituyeron los Consejos de Salarios de ganadería y agricultura, granja y cítricos y forestación. Aunque en una forma más lenta que en el resto del sector privado, estos consejos de salarios comenzaron a funcionar, se reunieron los grupos creados y se alcanzaron acuerdos en el 50% de los casos.

En el ámbito público se creó una Comisión Bipartida integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil en representación del Poder Ejecutivo y por las organizaciones sindicales de los trabajadores públicos en representación de éstos. El objetivo de la Comisión es fomentar y promover la negociación colectiva entre el Estado y sus funcionarios, suscribiéndose convenios en todos los casos.

Por otra parte, cabe destacar el fortalecimiento de la capacidad de contralor de las normas laborales, lo que contribuyó a reducir el informalismo. En ese sentido, el MTSS incrementó el número de inspecciones, lo que permitió constatar un mayor número de infracciones laborales y documentales y de problemas de condiciones ambientales de trabajo.

Asimismo, se avanzó en la definición de la Estrategia Nacional para el Empleo, cuyos objetivos consisten en aumentar en forma sustentable el empleo y la calidad de puestos de trabajo; promover las micro, pequeñas y medianas empresas, con mayor inclusión social y apoyar la reinserción de la población desocupada. En el año 2006 se plantea la concreción de la Estrategia para el Empleo, a través de la instalación de por lo menos 5 Centros Públicos de Empleo territoriales (CEPE) -Paysandú, Treinta y Tres y Montevideo- así como la definición, en conjunto con los restantes integrantes de la Junta Nacional de Empleo (JUNAE), de las políticas activas de empleo a priorizar, así como la definición necesaria de la nueva institucionalidad tripartida.

Desde el ámbito de la JUNAE, con los recursos del Fondo de Reconversión Laboral (FRL), se han impulsado diferentes programas destinados a facilitar la inserción laboral de grupos de la población con dificultades de empleo, mediante la capacitación laboral, y se establecieron convenios de colaboración con todas las Intendencias Municipales. En el ámbito de MERCOSUR, se impulsó la incorporación de la perspectiva de género en los programas de empleo y realizando acciones comprometidas en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo a través de la Comisión Tripartita.

Por último, cumpliendo con la resolución correspondiente, se instaló en la ciudad de Rivera un Consejo Tripartito Honorario, previéndose la instalación de tres consejos más en el transcurso del año, buscando la descentralización de los servicios y su acercamiento a las distintas comunidades locales.

6. Desarrollo Productivo

Los lineamientos estratégicos definidos por el Gobierno en materia de desarrollo del sector productivo son:

- Crear las condiciones para el crecimiento de la producción de bienes, la mejora continua de la calidad, diferenciación de productos e integración de las cadenas productivas orientadas a fortalecer la proyección exportadora.

- Asegurar que el crecimiento de la agroindustria genere empleos de calidad y a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo, particularmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los asalariados rurales.

- Promover un proyecto de desarrollo productivo para el sector industrial que conjugue especialización, innovación, calidad y promoción de la inversión con especial hincapié en los agrupamientos de empresas, conglomerados o cadenas productivas con ventajas comparativas claras y potenciales de modo de fortalecer su competitividad a nivel interno y externo y su integración en el proceso de complementación de las cadenas productivas del MERCOSUR.

- Promoción del desarrollo armónico y sustentable del complejo turístico, y accesibilidad para el desarrollo y comercialización de la oferta turística.

En el sector ganadero, se destacan los siguientes logros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 2005:

Mantenimiento de estatus de sanidad animal: el mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa con vacunación, el mantenimiento del estatus libre de peste bovina, el mantenimiento del estatus de libre de influenza aviar y Newcastle, la disminución de la prevalencia de Brucelosis Bovina con atención de focos en San José y Rocha y nuevas medidas sanitarias, el no ingreso de nuevas enfermedades emergentes, el mantenimiento de zonas saneadas de garrapatosis bovina y la habilitación del 100% de las plantas de faena para el mercado interno.

Trazabilidad: se realizó un informe sobre trazabilidad para debatir con el sector productivo.

En el sector agrícola, se destacan las siguientes acciones en el 2005:

Mayor grado de vinculación con el medio, enfatizándose actividades relacionadas a la producción agroindustrial. Se realizaron acciones de sensibilización y se conformó una Comisión de Organismos Públicos y la Red de Voluntarios.

Sistema Cuarentenario: Medidas para prevenir la introducción, radicación o propagación de plagas.

Certificación de Exportaciones de vegetales y productos vegetales, incluyendo la certificación de la primera exportación de soja uruguaya (China); implementación de certificación de embalajes de madera y registro y control de empresas que realizan tratamientos tanto térmicos como con Bromuro.

Productos Fitosanitarios: fiscalización en todo el país por primera vez en los últimos 3 años; control de cumplimiento de normas, especialmente en zonas problema (Bella Unión, Carmelo); creación del área de aplicación de plaguicidas.

Control de alimentos para animales. Se actualizó información sobre registros, habilitación de depósitos y plantas elaboradas, se controló tanto la importación como el mercado interno.

En el sector industrial, se consensuó con los socios del MERCOSUR en el Sub-Grupo 7 "Industria", impulsar el desarrollo de una estrategia de integración de las cadenas productivas.

Se analizaron los beneficios fiscales pasibles de ser otorgados para los instaladores de Parques Industriales y las empresas que se ubiquen en los mismos. Teniendo como base el Proyecto de Decreto Reglamentario emanado de la Comisión Asesora de Parques Industriales y en el marco de la Ley Nº 16.906, la propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se basó en el otorgamiento de beneficios especiales a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y adicionales para aquellas con mayores posibilidades de generar empleo.

Conjuntamente con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se dio redacción definitiva a un proyecto de ley dando rango legal a tres regímenes de promoción industrial que estaban regulados por decretos: admisión temporaria, toma de stock y draw back.

En materia de defensa comercial, se prestó asesoramiento a empresas nacionales por investigaciones antidumping iniciadas en el extranjero, se realizó la investigación de prórroga de derechos antidumping en aceites mezclas, y se asesoró a firmas exportadoras en la evaluación de la relación entre los precios de exportación y los precios de venta en el mercado interno. Asimismo, se participó en la preparación de la reclamación por subsidios en arroz ante el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial de Comercio.

En materia de Energía y Tecnología Nuclear, se destaca la participación en las negociaciones de intercambio con Argentina y Brasil en interconexión eléctrica, la puesta a punto del Proyecto de Eficiencia Energética, la colaboración en el llamado de licitación internacional realizado por UTE para la instalación de 200 MW de turbinas a gas, la constitución de un área de energías renovables, la incorporación de agrocombustibles a la matriz de combustibles líquidos (biodiesel), y de un parque eólico de 10 MW (mega vatios).

En el sector turístico, se ratificó a URUGUAY/NATURAL como marca país y se establecieron conversaciones con instituciones oficiales y empresariales públicas y privadas en la búsqueda de fortalecer una imagen corporativa de país en las presentaciones internacionales. En ese sentido, se avanzó en proyectos conjuntos con Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) para promoción, con la incorporación de PLUNA, Banco República del Uruguay (BROU) y CONAPROLE. Asimismo, se iniciaron los primeros pasos hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Turismo Social, convocándose la Reunión del Consejo Nacional de Turismo, como ámbito de participación e interacción entre el sector público y el privado con el propósito de aportar a la construcción de una política nacional. La racionalización de medios permitió ampliar la cobertura en los segmentos prioritarios, proporcionando los espacios de cada país, ciudad, vehiculizador del mensaje (se incrementó la presencia en zonas antes no cubiertas: La Plata, Mendoza y Tucumán, y se amplió la presencia en São Paulo y Porto Alegre).

7. Relaciones Exteriores

La política de relaciones exteriores se orientó a potenciar tres ejes básicos:

- El eje político, encaminado a reposicionar al Estado uruguayo en el esquema internacional bajo la nueva visión de una administración progresista;

- El eje económico-comercial, que se subdivide en tres sectores definidos: 1) potenciar la capacidad del Estado uruguayo de cara al país productivo en la negociación multilateral en foros como la Organización Mundial del Comercio; 2) mejorar la vinculación bilateral con otros países para la concreación de acuerdos comerciales específicos; y 3) aumentar la capacidad de la herramienta del MERCOSUR;

- El eje de relacionamiento del Estado con las comunidades de uruguayos en el exterior, mejorando los servicios consulares y respondiendo a las demandas de un contacto más estrecho con lo nacional.

En el transcurso de 2005 se realizaron avances en los ejes mencionados, que vale la pena destacar. En primer lugar, Uruguay ha mejorado su presencia en el mundo: se han abierto tres nuevas representaciones diplomáticas (Malasia, Corea y Cuba) y una misión consular (Florianópolis); se ha mantenido presencia constante en los foros multilaterales de mayor significación (Asamblea General de Naciones Unidas, Vicepresidencia de la Asamblea General de la OEA). Atendiendo a lo exclusivamente coyuntural, vale anotar el esfuerzo adicional de negociación y seguimiento generado por el diferendo con la República Argentina por la instalación de las plantas de celulosa.

En lo económico-comercial, se ha duplicado la instalación de comisiones mixtas bilaterales. En ese sentido, se concretó la apertura de mercados cárnicos (Rusia y Corea), se desbloquearon las negociaciones con México por el ingreso de carne, y firmó un acuerdo de asistencia técnica en genética animal con el Gobierno de la República Popular de China.

El Ministerio de Defensa Nacional, con relación al apoyo a la política exterior del Estado, aumentó de manera sustantiva los niveles de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, participando en forma conjunta de las reuniones seguimiento de la Misión en Haití. Asimismo, y a demanda del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, se reforzó la presencia del MDN en dicho país, en tanto se mantuvo el nivel de observadores de ONU, los contactos y ejercicios a nivel regional y los contactos interinstitucionales para mejorar el accionar de las fuerzas armadas a nivel de los Pasos de Frontera y las áreas de control integradas. Se cumplieron todas las misiones planteadas en apoyo a la presencia de Uruguay en el continente Antártico y se desarrollaron las obras para dotar a la base de mayor potencialidad.

8. Educación, cultura, ciencia y tecnología

Los objetivos definidos para estas áreas son:

- Impulsar y coordinar a todos los actores del ámbito de la educación para lograr una educación para todos durante toda la vida, mediante el desarrollo de un Sistema Nacional de Educación.

- Facilitar el acceso, desarrollo y difusión de todas las formas de expresión cultural en todo el territorio nacional como manifestación de nuestra identidad.

- Promover la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo del país.

En materia de educación el Ministerio de Educación y Cultura trabajó estrechamente, con los dos entes autónomos de la enseñanza pública (ANEP y Universidad de la República) a los efectos de coordinar, elaborar y articular políticas y acciones educativas en diferentes temas y áreas. Se convocó, asimismo, a diferentes organizaciones privadas de enseñanza con el fin de incorporarlas, cuando así correspondiera, a dichas acciones y a la coordinación y elaboración de políticas.

De las acciones de coordinación entre los dos entes públicos de la enseñanza, impulsadas por el MEC, se destaca el apoyo a la propuesta conjunta de ambos entes de establecer un Sistema de Educación Tecnológica Terciaria que comprende catorce carreras -diez de ellas en el interior de la República- en temas que respondan a las demandas y realidades productivas y sociales de las diversas áreas geográficas del país. Durante este período se logró además: 1) implementar un Plan Nacional de

Lectura; 2) crear la Red de Educación Ambiental; 3) ins-talar la Comisión de Educación y Arte; 4) impulsar el

Area de Educación No Formal; 5) diseñar el Programa Nacional de Educación y Trabajo; 6) elaborar un diseño curricular para niños de 0 a 3 años y; 7) iniciar el proceso de evaluación a instituciones de educación terciaria privadas.

En materia de cultura, los avances en pro del objetivo democratizador y descentralizador de la cultura fueron:

- El lanzamiento del programa Un Solo País, consistente en la circulación y el intercambio de arte y cultura en todo el territorio nacional.

- Se fortalecieron los diversos "cuerpos estables" del SODRE y se realizó la Temporada Artística 2005, con presentación de variados y numerosos espectáculos en Montevideo y en el interior.

- De las actividades de la nueva Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, cabe destacar la instalación, particularmente exitosa, en la agenda pública del concepto de patrimonio inmaterial, con la última edición del Día del Patrimonio.

- Se comenzó a trabajar para mejorar el relacionamiento entre los ciudadanos y los museos, a través del Programa Museos en la Noche.

- En cuanto a la Biblioteca Nacional, se obtuvo el financiamiento de la cooperación española para la informatización, creación e implantación de un Espacio Colaborativo.

En materia de Innovación, Ciencia y Tecnología, entre las actividades desarrolladas y los logros obtenidos, cabe destacar:

- La creación del Gabinete Ministerial de la Innovación, integrado por el MEC, MEF, MIEM, MGAP y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuyo objetivo es articular las acciones gubernamentales en materia de innovación, ciencia y tecnología orientadas al desarrollo.

- La implementación del Programa Jóvenes Investigadores en el Sector Productivo, con el objetivo de financiar a 200 postulantes para trabajar en el diagnóstico y la resolución de problemas presentes en empresas y organizaciones vinculadas a la producción. Hasta el momento se han otorgado 37 becas, relacionadas con las áreas de vitivinicultura, apicultura, sanidad animal y vegetal, producción de vacunas y aprovechamiento de residuos de cultivos.

- El fortalecimiento y extensión del Programa de Ciencia y Tecnología Juvenil (Clubes de Ciencia) en escuelas y liceos, con un incremento del 40% del número de clubes, principalmente en el interior del país.

- El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable ha decidido centrar su desarrollo en torno a dos grandes áreas, las neurociencias y las biotecnologías aplicadas al agro.

- El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), emprendimiento conjunto del MEC con la Universidad de la República, además de los avances en la consecución de sus objetivos originales, han encarado nuevos desafíos en materia de integración de los científicos a distintas esferas de la actividad nacional, como el retorno y la inserción de investigadores, el relacionamiento con otras ramas de la educación y con áreas de la producción y el planteamiento de opciones para la formación en áreas de interfase básico/aplicadas.

III) GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

1. Ejecución en el año 2005

La gestión presupuestal en el primer año de Gobierno, tuvo como objetivo prioritario asegurar la consistencia de la ejecución presupuestal con el programa financiero, como elemento central para afianzar un marco de estabilidad que permitiera consolidar el crecimiento de la economía.

Dado que la ejecución del programa financiero en el año 2005 se sustentó en el Presupuesto correspondiente al período 2000-2004, se requirió la adopción de algunas medidas a efectos de adecuar los créditos presupuestales a los montos efectivamente ejecutados por los diferentes incisos en el año 2004 y a los lineamientos de política de la nueva administración. Los decretos 121/005 y 122/005 del 28 de marzo de 2005 establecieron límites máximos de ejecución compatibles con el programa financiero para la Administración Central (Incisos 2 al 14), los cuales en algunos casos se situaban notoriamente por encima de los créditos presupuestales vigentes.

Al avanzar el año 2005, la evolución favorable de la economía y de las finanzas públicas en particular, fue posibilitando adecuaciones presupuestales en forma selectiva a efectos de atender necesidades puntuales, alineadas con los objetivos generales. En los cuadros adjuntos se rinde cuenta de las diferentes partidas adicionales otorgadas en el año 2005 y del nivel de ejecución de los diferentes incisos.

El análisis realizado comprende los gastos y las inversiones con la totalidad de las fuentes de financiamiento. Se detalla el crédito inicial, que para los incisos 2 al 14 corresponde a la ejecución máxima autorizada por los referidos decretos y para los organismos del artículo 220 de la Constitución al crédito presupuestal de apertura, habiéndose ajustado en ambos casos los créditos por la reclasificación de las partidas del inciso 24 "Diversos Créditos".

Los incrementos de crédito que se detallan corresponden sólo a aquellos que significaron incrementos en los límites máximos de ejecución fijados. En la medida en que el crédito inicial para los organismos del artículo 220 corresponde sólo al crédito del Presupuesto 2000 - 2004, los incrementos necesarios fueron sustancialmente mayores que para la Administración Central.

Asimismo, se explicitan las transferencias de crédito desde el Plan de Emergencia a diferentes incisos que participan en la ejecución de las políticas sociales y las transferencias entre inversiones y gastos de funcionamiento realizadas por algunos incisos.

En materia de gastos de funcionamiento se realizaron incrementos en la asignación presupuestal máxima por un total de 2.068 millones de pesos, representando el 12% de incremento para la administración central y el 52% para los organismos del 220, poniendo en evidencia la distorsión presupuestal preexistente. Del total de incrementos, se destinó el 43% a enseñanza y el 18% a salud, destacándose además la participación de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Interior y el INAU. Al evaluar los incrementos, debe considerarse que en algunos casos éstos tuvieron por objetivo la regularización de situaciones, como por ejemplo, la imputación de gastos relacionados con sentencias judiciales.

El grado de ejecución de los gastos de funcionamiento en general ha sido elevado, habiéndose situado en el orden del 97% del crédito total autorizado. Debe tenerse en cuenta, que muchos incisos han realizado importantes esfuerzos de racionalización de gastos, que han permitido un menor uso de los créditos o una mayor ejecución real, con el mismo crédito presupuestal.

En cuanto a las inversiones, se realizaron incrementos por un total de 577 millones de pesos, representando el 9% del crédito inicial, concentrados el 34% en Presidencia, el 24% en el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el 12% tanto en Transporte, como en Educación y Cultura.

El grado de ejecución promedio de las inversiones fue del 84%, habiendo una importante dispersión entre los diferentes incisos. Debe tenerse en cuenta que el nuevo equipo de gobierno asumió en el mes de marzo y en una primera instancia debió redefinir los proyectos de inver-sión a llevar adelante, y que en muchos casos, las inversiones requieren tiempos de maduración y de concreción extensos.

 

2. Mejoras en la gestión financiera

La Ley de Presupuesto que entró en vigencia en el año 2006 ajusta las asignaciones presupuestales en función de las prioridades fijadas para el actual período de Gobierno y las enmarca en un contexto global de consistencia macroeconómica. El buen desempeño económico, la mejora de la eficiencia en la administración tributaria y una adecuada estrategia de financiamiento que asegura la disponibilidad financiera, han permitido cambios significativos en el manejo presupuestal y financiero en el año 2006, que se prevé consolidar a partir de 2007.

A comienzos del año 2006 se solicitó a los Incisos una programación mensual de su ejecución presupuestal, así como de las necesidades financieras a nivel de cada unidad Ejecutora. En términos generales, se ha procurado acompasar el cupo financiero al crédito presupuestal autorizado para el año y se ha hecho un esfuerzo por respetar la proyección de las necesidades financieras mensuales acordadas con los Incisos. Ello es particularmente relevante para la ejecución de aquellos egresos que, como las inversiones, no son uniformes a lo largo del año ya que aumenta significativamente la previsibilidad de los pagos y por ende redunda en un mejor relacionamiento con los proveedores. Para el Ejercicio 2007, se prevé continuar avanzando en este proceso, formalizando el mecanismo de la programación mensual de los créditos y de los desembolsos financieros proyectados, como una herramienta fundamental, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Presupuesto vigente.

En el mismo sentido, se está avanzando gradualmente para reducir la deuda que los diferentes Incisos mantienen con los proveedores, habiéndose logrado en el año 2005 reducir la deuda flotante en unos 600 millones de pesos y en el año 2006 se continúa en este camino. Asimismo, la Ley de Presupuesto prevé que los Incisos que dispongan de rentas de afectación especial a partir del cierre del año 2006 podrán utilizar los excedentes para amortizar deuda flotante. La regularización de las relaciones del Estado con sus proveedores redundará, sin duda alguna, en una mejora de las condiciones de compra y, por ende, en un uso más eficiente de los recursos financieros.

También se ha verificado un cambio en el relacionamiento del Poder Ejecutivo con los Gobiernos Departamentales, cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos asumidos y reduciendo el atraso que se mantenía en el pago de las partidas. Ello llevó a que en el año 2005 se efectivizaran pagos a los Gobiernos Departamentales por la totalidad de las partidas, que corresponden al literal C) del artículo 214 de la Constitución y al numeral 2) del artículo 298 de la Constitución, por un total de 3.065 millones de pesos, lo que significa un incremento del orden de los 840 millones de pesos respecto del año anterior.

En el actual proyecto de ley se propone continuar avanzando gradualmente en la desafectación de rentas. Este proceso había sido iniciado en la Ley de Presupuesto, eliminándose las múltiples afectaciones destinadas a los Gobiernos Departamentales, lo que facilitó notoriamente la transparencia en la determinación de las partidas, dándoles además mayor uniformidad. En esta instancia, se propone la eliminación del FIMTOP y la desvinculación de los pagos de remuneraciones y gastos de funcionamiento con rentas de afectación especial en el MTSS, de la recaudación por la venta de la planilla de trabajo y otros proventos.

Asimismo, en las diferentes instancias presupuestales, se ha ido encarando un proceso gradual de reconocimiento de pasivos que el Gobierno Central adecuaba desde hace tiempo y que no se habían registrado presupuestalmente. En la Rendición de Cuentas del año 2004 se había reconocido por ejemplo, la deuda generada por el subsidio forestal y la deuda por afiliación a organismos internacionales. En esta instancia se reconocen algunas deudas que la administración central mantiene con el BROU desde hace varios años.

IV) LINEAMIENTOS GENERALES

La fortaleza que muestra la economía uruguaya y la mayor solidez de las finanzas públicas -fruto de la aplicación de una política prudente del lado del gasto en los primeros dos años de Gobierno y un significativo esfuerzo de reducción de la evasión por parte de las oficinas recaudadoras del Estado- ha generado un cierto espacio fiscal que hoy permite destinar mayores recursos a las áreas prioritarias, manteniendo las cuentas públicas en una senda sustentable.

Las pautas manejadas en la formulación del proyecto de Rendición de Cuentas del Ejercicio 2005 se encuentran en total armonía con el principio de responsabilidad fiscal definido en la Ley de Presupuesto. Esta propuesta ha sido formulada en consonancia con el programa financiero del Gobierno, que supone cumplir con las metas de superávit primario acordadas con los organismos internacionales de crédito sin desatender el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado.

Esta propuesta de Rendición de Cuentas es responsable en lo fiscal, consistente en lo económico y está enfocada en la atención de la problemática social. La misma supone un esfuerzo muy importante por aumentar los recursos destinados a la educación, avanzar en la atención de los grupos más vulnerables de nuestra población, fortalecer el gasto en seguridad ciudadana, mejorar la atención de salud de los uruguayos y ejecutar las inversiones públicas indispensables para asegurar un crecimiento económico sostenido.

Asimismo, se procura comprometer recursos fiscales que contribuyan a desarrollar las medidas concretas incluidas en los lineamientos de trabajo de la estrategia Uruguay Productivo.

Esta iniciativa ha sido elaborada con toda la rigurosidad que demanda la voluntad de cumplir con las metas que el Gobierno ha comprometido ante la ciudadanía y de administrar los escasos recursos de todos los uruguayos con responsabilidad, transparencia y eficiencia.

1. Contexto económico y financiero

Como se detalló en el Informe Económico-Financiero, la economía uruguaya exhibió un buen comportamiento en el transcurso de 2005 y en los primeros meses de 2006. En materia de actividad, la producción global de bienes y servicios presentó un crecimiento importante, con fuerte aumento de la inversión en capital fijo pública y privada, del consumo de los hogares y de las exportaciones de bienes y servicios.

En el mercado de trabajo, el nivel de empleo creció de manera significativa y se notó una clara tendencia hacia la formalización del empleo, que se reflejó en un fuerte incremento en el número de cotizantes del Banco de Previsión Social. Por su parte, el salario real promedio de la economía creció casi 5% en 2005.

La mejora en el ingreso medio de los hogares, derivado del incremento del empleo y el salario real, en conjunto con la implementación del PANES, condujo a una reducción importante de la población en situación de pobreza e indigencia.

En ese contexto económico, los ingresos públicos tuvieron un comportamiento superior al previsto en 2005 y en lo transcurrido de 2006. Al respecto, es preciso tener en cuenta que al efecto de mayor actividad económica hay que agregar un efecto positivo adicional por la mejora de eficiencia de las agencias de recaudación. En el caso concreto de la DGI, la mejora de la recaudación proveniente del sector privado fue de 0,9% sobre el PBI en 2005, lo que significa 0,2% sobre el PIB por encima de lo previsto. Se espera que esta tendencia continúe en 2006, con una mejora de la recaudación privada de 0,6% sobre el PBI.

Estas mejoras permitieron contemplar situaciones especiales de algunos incisos. De todos modos, el resultado primario del sector público fue superior al previsto por la ejecución parcial del PANES, que supuso un ahorro de 40 millones de dólares que será preciso asignar a 2007 en esta Rendición de Cuentas.

A los elementos que jugaron positivamente y que fueron detallados anteriormente, hay que agregar otros que desafortunadamente jugaron de forma negativa en 2006. Un factor de particular relevancia es el sobrecosto de la generación de energía eléctrica, que a la fecha ascendía a alrededor de 130 millones de dólares. El aumento tarifario aprobado a principios de junio permite financiar unos 300 millones de dólares de ese sobre-costo: para absorberlo todo se hubiera necesitado un incremento de tarifas de alrededor de 25%. El sector público, entonces, deberá absorber alrededor de 100 millones de dólares y ese monto representa el 77% de la recaudación adicional que estimamos tendrá la DGI en 2006. El porcentaje restante se ha destinado a atender situaciones especiales, entre los que cabe destacar un incremento por 12 millones de dólares al Ministerio de Salud Pública.

En definitiva, a la hora de evaluar los espacios fiscales hay que tener en cuenta que las cuentas públicas representan una integralidad y por tanto hay que considerar el conjunto de todos los ingresos y gastos del sector público para hacer un análisis riguroso de los elementos que están generando márgenes y los que están generando desvíos en el programa financiero sobre el cual se elaboró el presupuesto.

2. Programa financiero que respalda la Rendición de Cuentas

A continuación se presentan las proyecciones del programa financiero para lo que resta del período de Gobierno que resultan consistentes con la Ley de Presupuesto y con esta propuesta de Rendición de Cuentas.

El programa financiero ha sido revisado en función de la marcha de la economía, la evolución de la recaudación y los distintos factores que han impactado sobre las finanzas públicas en el último año.

Se espera que el crecimiento económico en el bienio 2006-2007 sea levemente superior a lo previsto en la Ley de Presupuesto. En efecto, el marco macroeconómico que sustentaba dicha ley preveía aumentos del PIB de 4,0% y 3,5% en 2006 y 2007 respectivamente, en tanto que en esta Rendición de Cuentas las proyecciones de crecimiento se han ajustado a 4,6% en 2006 y 4,0% en 2007. Asimismo, teniendo en cuentas las incertidumbres que presenta el escenario internacional a mediano plazo, se ha decidido mantener las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para el bienio 2008-2009 en 3% anual.

En este marco, se mantienen las metas de resultado primario comprometidas en la Ley de Presupuesto, las que resultan consistentes con un ratio declinante de deuda pública a PIB. Así, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar reduciendo el elevadísimo endeudamiento público heredado.

 

El aporte al resultado primario de los organismos que componen el sector público consolidado presenta algunas diferencias respecto a lo previsto en el mensaje que acompañaba la Ley de Presupuesto. En efecto, como consecuencia de la suba del petróleo y la crisis energética en el período 2005-2006, en esta revisión del programa financiero se prevé un menor resultado primario de las Empresas Públicas en el cierre del Ejercicio 2006, que se compensa con un aumento de superávit primario del Gobierno Central. Como se mencionó anteriormente, el aumento de ingresos de las oficinas recaudadoras ha permitido compensar los desvíos observados en el programa de ANCAP y UTE y cumplir con la meta de resultado primario definida por el Gobierno.

A partir de 2007 el programa supone una recuperación del resultado primario de las Empresas Públicas, que se explica fundamentalmente por una mejora en el resultado operativo de ANCAP y UTE, menores transferencias netas al Gobierno, y por las menores contribuciones a la seguridad social como consecuencia de la reducción prevista de los aportes patronales al 7,5% derivada de la implementación de la reforma tributaria que se espera entre en vigencia en enero de 2007.

El resultado primario programado para el próximo año es prácticamente igual al de 2006. Importa mencionar que las cifras fiscales de 2007 incluyen los proyectos de inversión en infraestructura y telecomunicaciones por 0,25% del PIB que quedaron fuera de las metas acordadas con el FMI. Dejando de lado dichas inversiones, se alcanzaría el resultado primario -ajustado- del 4% del PIB en 2007.

En el cuadro adjunto se presenta la versión revisada del resultado primario -base caja- según los diversos componentes de ingresos y gastos.

 

 

Un primer aspecto a destacar es el fuerte aumento de los ingresos tributarios y de las contribuciones a la seguridad social que se está registrando en 2006. Dicho incremento se explica fundamentalmente por la mejora de gestión de las oficinas recaudadoras que permitió una reducción muy significativa de los niveles de evasión e informalismo. Se prevé que dicha tendencia continúe en 2007-2009, a un ritmo superior al previsto en la programación financiera que acompañaba a la Ley de Presupuesto.

En 2007 la caída en la recaudación de impuestos que se estima traerá aparejada la reforma tributaria será compensada por la mejora de gestión de la DGI (a los efectos de la comparación, se incluye el IRP en ambos años). En 2007, los ingresos por IRP que figuran en el cuadro corresponden a la liquidación del impuesto por las retribuciones y aguinaldos pagados en diciembre de 2006.

La reducción programada de los ingresos del BPS en términos del PIB en 2007 responde a la caída de los aportes patronales de las empresas públicas. Las empresas públicas no financieras actualmente pagan una tasa de aporte patronal de 24,5% (excepto ANCAP), y dicha tasa bajará al 7,5% a partir de enero de 2007 con la implementación de la reforma tributaria. No se prevé cambios en los ingresos del BPS correspondientes al sector privado, dado que la homogenización de los aportes patronales de los distintos sectores en el 7,5% han sido diseñado para que sea fiscalmente neutro.

Los ingresos derivados del comercio exterior se reducirán en el equivalente a un 0,5% del PIB en los próximos dos años como consecuencia de la eliminación de la alícuota de la comisión sobre las importaciones y de la tasa consular que recae sobre las importaciones, en virtud de los compromisos asumidos por Uruguay en los acuerdos comerciales internacionales.

El aumento del 1% del PIB en el resultado primario corriente de las Empresas Públicas en 2007 ya ha sido comentado. Dicha mejora viabilizará niveles de inversión más elevados en las empresas públicas, al tiempo que permitirá reducir sus niveles de endeudamiento.

La revisión del programa financiero prevé un incremento del gasto primario del orden de 2% del PIB en el período 2005-2009, mayormente concentrado en los rubros de inversiones (tando en Gobierno Central como en Empresas Públicas) y remuneraciones (para creación de cargos y recuperación salarial adicional en las áreas prioritarias).

En 2006, el aumento del gasto primario como porcentaje del PIB se explica fundamentalmente por la ejecución de los programas que componen el PANES por 100 millones de dólares (contra 30 millones de dólares en el año anterior) y por un incremento de las inversiones del sector público que supera el 35% en términos reales al ejecutado en el año anterior. A esto se le agregan las inversiones canalizadas a través de la Corporación Vial del Uruguay que, por su naturaleza jurídica, no se incluye en la cobertura del Sector Público.

La suba que experimenta el gasto primario en términos del PIB en 2006 también refleja el abatimiento de deuda con los proveedores del Estado y con las Intendencias, otro de los objetivos que se ha fijado este Gobierno.

En 2007 el aumento de remuneraciones programado refleja las partidas adicionales incluidas en esta Rendición de Cuentas, principalmente para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y la educación. Por otra parte, el programa financiero contempla una reducción de la partida de gastos no personales, que refleja la menor ejecución del PANES en dicho año. Con la finalización del PANES, se van generando espacios fiscales para el aumento de gastos en las áreas sociales, espacios que fueron contemplados en la Ley de Presupuesto.

El programa financiero también incorpora la recuperación paulatina del salario real de los trabajadores públicos y de las pasividades, particularmente de las más sumergidas. En materia de remuneraciones, el crecimiento del PIB por encima de lo programado en la Ley de Presupuesto permitirá una recuperación más acelerada de los salarios en la Administración Central en 2007. Las jubilaciones, por otro lado, se beneficiarán del fuerte aumento del Indice Medio de Salarios, en un marco de una economía que crece por encima de lo previsto y permite atender gradualmente las legítimas demandas de este sector de la población.

Finalmente, cabe acotar que el programa financiero prevé el mantenimiento del resultado operativo del Banco Central en términos del PIB, en línea con los resultados mostrados por este organismo en los últimos años, y una progresiva reducción del superávit primario de las Intendencias, por cancelación de deudas con proveedores y mayores niveles de remuneraciones e inversiones.

3. Lineamientos presupuestales para 2007

2.1. Incremento de créditos ya asignados en la Ley de Presupuesto

A los efectos del cálculo del total de recursos adicionales que se volcarán a atender los planes y programas de los organismos que componen el Presupuesto Nacional a partir de 2007 es necesario tener en cuenta, en primer lugar, los aumentos de los créditos presupuestales que ya estaban previstos en la Ley Nº 17.930. En efecto, en la mencionada ley se establecían importantes incrementos presupuestales en las áreas prioritarias (educación, salud, seguridad interna e infraestructura). Esas partidas se financiaban con el aumento de la recaudación proyectada en el Presupuesto Nacional.

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo de los créditos establecidos en la Ley de Presupuesto para 2006 y 2007. Para el año 2007, la Ley de Presupuesto estableció un aumento de 2.782 millones de pesos (109 millones de dólares) del crédito total de los Incisos de la Administración Central (exceptuando el Mides) y de los organismos incluidos en el Art. 220 de la Constitución. Esta suba se compensaba en parte por la reducción del crédito del Mides (debido a la menor ejecución prevista del PANES), por lo que la suba total del gasto en esos Incisos ascendía a 958 millones de pesos (38 millones de dólares).

 

 

 

2.2. Partidas adicionales en esta Rendición de Cuentas

Sobre estos montos, ya de por sí muy significativos, en esta Rendición de Cuentas se propone incrementar las partidas destinadas a las áreas prioritarias. Esta decisión se justifica en: (i) la evolución favorable de las variables macroeconómicas por encima de las previsiones usadas para la elaboración del presupuesto; (ii) la mejora de eficiencia de las oficinas recaudadoras del Estado que se ha reflejado en una significativa reducción de los niveles de evasión, (iii) el sobrecumplimiento de las metas de superávit primario derivado de la ejecución parcial del PANES, (iv) el ahorro en el pago de intereses como consecuencia de la cancelación anticipada de deuda con los organismos internacionales y, (v) los acuerdos alcanzados con el FMI en el marco de la tercera revisión del programa en curso, que posibilitan una ejecución adicional de 1.200 millones de pesos uruguayos (casi 50 millones de dólares) en proyectos de inversión pública, financiados con los recursos obtenidos por la venta del Nuevo Banco Comercial.

La disponibilidad de estos recursos adicionales destinados a atender las necesidades más urgentes de los uruguayos es fruto del esfuerzo que la sociedad uruguaya ha desplegado en el terreno fiscal en los primeros dos años de gobierno y de una política económica responsable que posibilitó el mantenimiento de un ritmo de crecimiento sostenido, la mejora de la confianza de los agentes económicos, el aumento de los niveles de inversión productiva, la creación de un número importante de puestos de trabajo y la reducción de los niveles de pobreza en nuestra sociedad.

Los espacios fiscales que se abren en esta Rendición de Cuentas se pueden agrupar en cuatro categorías diferentes: i) incremento del crédito presupuestal del MIDES por la ejecución parcial del PANES en 2005, ii) partidas para la educación en el marco del Art. Nº 476 de la Ley Nº 17.930, iii) aumento de gastos en áreas prioritarias consecuencia del espacio fiscal adicional disponible y, iv) proyectos de inversiones en las áreas de infraestructura que no se computan en las metas fiscales acordadas con el FMI y viabilizados por la venta del NBC.

(i) Incremento para el programa 001 del MIDES: 950 millones de pesos uruguayos (aproximadamente 40 millones de dólares).

El gobierno mantiene en todos sus términos el compromiso de destinar 200 millones de dólares a la ejecución de los programas incluidos en el PANES. El Presupuesto Nacional preveía una ejecución del PANES de acuerdo a la siguiente cadencia: 70 millones de dólares en 2005, 100 millones en 2006 y 30 millones en 2007. Las dificultades surgidas en los procedimientos de identificación de los beneficiarios del programa Ingreso Ciudadano, así como las demoras en la implementación de los otros programas que componen el PANES derivaron en un nivel de ejecución (especialmente de pagos) del Inciso 15 significativamente menor al previsto para el 2005. Afortunadamente estos inconvenientes pudieron resolverse, y en el Ejercicio 2006 se espera que la ejecución del PANES esté en línea con el crédito presupuestal asignado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario contemplar un espacio presupuestal a los efectos de incrementar el crédito del Programa 001 del MIDES. En base caja, el incremento alcanza los 950 millones de pesos uruguayos (aproximadamente 40 millones de dólares), por concepto del pasaje al Ejercicio fiscal 2007 de los recursos no ejecutados en 2005.

(ii) Partidas para la educación: 735 millones de pesos uruguayos (alrededor de 30 millones de dólares)

En esta Rendición de Cuentas se otorga la partida de 20 millones de dólares comprometida en el Literal B del Art. 476 de la Ley de Presupuesto para financiar proyectos de inversión de ANEP y UDELAR en 2007. El aumento de los ingresos permite cumplir con el compromiso asumido con la educación, sin por ello afectar las asignaciones presupuestales de los restantes Incisos.

Por otra parte, el buen comportamiento de los ingresos tributarios permite viabilizar lo establecido en el Literal A del Art. 476: "El Poder Ejecutivo incrementará los créditos a la ANEP y UDELAR en una proporción equivalente a la que registren los ingresos del Gobierno Central por encima de las proyecciones...". Si bien el monto exacto de esos recursos se determinará en la Rendición de Cuentas de 2006, cuando se conozcan los ingresos devengados en este año y se los pueda comparar con lo presupuestado, el Poder Ejecutivo considera conveniente realizar un adelanto a cuenta de la liquidación definitiva de esta partida, así como incluir una asignación suplementaria para otras actividades vinculadas a la educación.

(iii) Espacio fiscal adicional disponible: 1.700 millones de pesos uruguayos (alrededor de 70 millones de dólares)

El crecimiento económico mayor al proyectado en el presupuesto y la ganancia de eficiencia de las oficinas recaudadoras permiten más que compensar la pérdida de recaudación que se prevé por la reforma tributaria y el impacto fiscal negativo originado en el mayor costo de generación de energía. Así, la mejora de la recaudación genera un espacio para incrementar las partidas de gastos en esta Rendición de Cuentas por casi 1.700 millones de pesos (70 millones de dólares), monto que se propone destinar a fortalecer las áreas de seguridad pública y salud, y a proyectos estratégicos de diversa índole.

Seguridad pública. En esta Rendición de Cuentas se contemplan recursos adicionales para mejorar la seguridad ciudadana. En concreto, se incluyen partidas adicionales para el Ministerio del Interior por un total de 517 millones de pesos (21 millones de dólares) a los efectos de financiar la creación de más de 1.700 cargos de policías ejecutivos -que permitan incrementar la presencia policial en las calles- y cargos para la Dirección Nacional de Cárceles, una compensación mensual para integrantes del escalafón "L" policial de 760 pesos, y un significativo incremento de las inversiones en las cárceles. Las partidas adicionales destinadas a fortalecer el Rubro 0 del Ministerio del Interior representan una suba de casi 15% de dicho rubro en 2007.

Salud. Otra de las prioridades establecidas en el plan de Gobierno es la salud. Es por ello que, para reforzar los créditos establecidos en el presupuesto y consolidar las partidas otorgadas durante 2006, y seguir avanzando hacia el objetivo de mejorar la atención de la salud de los uruguayos, se propone una asignación adicional de 511 millones de pesos uruguayos (aproximadamente 21 millones de dólares) al Ministerio de Salud Pública. Dicha partida está destinada a financiar el aumento del personal médico y no médico, gastos de funcionamiento e inversiones en los distintos centros de asistencia médica. El aumento propuesto del crédito al MSP representa casi un 10% del total de las remuneraciones, gastos e inversiones del Inciso.

Proyectos de inversión con financiamiento de organismos internacionales. En el marco de la revisión de la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se acordó un conjunto de nuevos programas de inversiones a ser ejecutados por diferentes organismos del Estado en los próximos años. Estos proyectos requieren la generación de un espacio presupuestal en 2007 del orden de 184 millones de pesos (alrededor de 7,6 millones de dólares), espacio que se amplía en los siguientes años. Entre los nuevos proyectos negociados con el BID se destacan el de fortalecimiento de la DGI (MEF), fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio exterior (MRREE y MEF), mejora de la competitividad de los destinos turísticos (MTD) y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental (MVOTMA). También es de mencionar la negociación de un préstamo con el Banco Mundial destinado a la preparación de un plan estratégico en ciencia, tecnología e innovación y de un plan de modernización del Sistema Nacional de Innovación (MEC-MEF), así como la ampliación del préstamo para la erradicación de la fiebre aftosa (MGAP).

Otros gastos prioritarios. Se propone destinar los restantes 486 millones de pesos (aproximadamente 20 millones de dólares) a financiar proyectos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Defensa, Presidencia, Poder Judicial, INAU, y regularizaciones en varios Ministerios.

(iv) Inversiones por 1.200 millones de pesos uruguayos (casi 50 millones de dólares) que no se computan para las metas fiscales.

La credibilidad ganada en el manejo fiscal permitió negociar con el FMI la exclusión de inversiones fundamentales en las áreas de infraestructura y telecomunicaciones de las metas fiscales acordadas para 2006 y 2007. Dichas inversiones -destinadas a fortalecer el crecimiento económico y los ingresos futuros del Estado- serán financiadas con los fondos obtenidos por la venta del NBC concretada en los primeros días de junio.

Los proyectos incluidos en dicha negociación -por un total de 1.200 millones de pesos- serán ejecutados por el MTOP (mejora ruta 1), ANTEL (desarrollo de fibra óptica), AFE (vías férreas para transporte de madera) y ANP (dragado puerto Montevideo) en el período julio 2006-junio 2007. De los cuatro proyectos considerados, sólo los de AFE y MTOP se contemplan en esta rendición de cuentas, en tanto que los otros dos serán incorporados en los presupuestos de ANTEL y ANP.

2.3. Inversiones de naturaleza extra presupuestal.

En 2007 se aumentará significativamente la inversión pública que se canaliza a través de la Corporación Vial del Uruguay, la cual no se refleja presupuestalmente. En efecto, la Corporación Vial planea incrementar en 960 millones de pesos (40 millones de dólares) las inversiones en obras de infraestructura, las que serán financiadas con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, la colocación de obligaciones negociables y, probablemente, un préstamo del BID para financiar obras, como el anillo conector perimetral de Montevideo.

2.4. Aspectos adicionales a tener en cuenta en esta Rendición de Cuentas

Es importante destacar que también se están previendo mayores aumentos en las remuneraciones de los funcionarios públicos y en las pasividades a los inicialmente previstos en la programación del presupuesto. En efecto, se estima que la variación del IMS en 2006 implicará un aumento de las jubilaciones superior al 10% a partir del primero de enero de 2007. También está previsto, de mantenerse las proyecciones actuales de crecimiento económico y el aumento de la recaudación, una suba de los salarios públicos superior a la incluida en la programación financiera que respaldó el Presupuesto Nacional.

Por último, también se debe mencionar el aumento de las transferencias a las intendencias en 2007 -del orden de 360 millones de pesos (15 millones de dólares)- asociado a la evolución de la recaudación (Art. 479 de la Ley de Presupuesto).

2.5. Resumen de la propuesta

La propuesta que se presenta supone un aumento de gastos e inversiones por un monto de aproximadamente 300 millones de dólares en 2007 respecto a 2006 según el siguiente detalle:

 

Casi el 45% de dicho monto (130 millones de dólares) son erogaciones de carácter transitorio (inversiones y el PANES), en tanto que el restante 55% se incorpora en forma permanente a los créditos presupuestales.

Dentro de los 306 millones de dólares se incluye gastos que ya estaban contemplados en la programación financiera que acompañaba la Ley de Presupuesto y gastos que, si bien no estaban inicialmente previstos, no afectan el programa financiero ni el cumplimiento de las metas fiscales. Las partidas adicionales que sí influyen en el programa y deben ser cubiertas por el aumento de la recaudación representan un monto de 146 millones de dólares.

Finalmente, cabe acotar que sólo una parte de los aumentos previstos para 2007 requieren de artículos específicos en esta Rendición de Cuentas. Un monto significativo de las inversiones se realiza por fuera del Presupuesto Nacional (ANP, ANTEL, CVU), en tanto que otros incrementos de gastos no requieren la aprobación parlamentaria dado que ya estaban contemplados en la Ley de Presupuesto aprobada en 2005.

A continuación se presenta un cuadro que detalla la distribución por concepto de los recursos provenientes del espacio fiscal adicional disponible (por casi 1.700 millones de pesos, equivalentes a 70 millones de dólares), con el correspondiente artículo incluido en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Es preciso aclarar, que las cifras presentadas en el cuadro son estimaciones preliminares del costo del articulado y están expresadas en millones de pesos de enero de 2006.

 

 

En síntesis y como se resume en el gráfico adjunto, la distribución de los recursos adicionales que se propone realizar en esta Rendición de Cuentas sigue claramente las prioridades que se ha marcado este Gobierno en materia de educación, salud y seguridad interna. Los recursos adicionales para inversión en infraestructura y los correspondientes al PANES (áreas también definidas como prioritarias) no figuran en el gráfico debido a que no fue necesario incluirlos en el articulado.

 

 

4. Nuevos recursos para apoyar el desarrollo productivo

Es necesario racionalizar el uso del régimen de devolución de impuestos indirectos como herramienta de política pública. Este régimen resulta en una menor recaudación para las arcas del Estado, por lo que entra en la categoría de "gasto tributario" o "renuncia fiscal".

Los beneficios que actualmente reciben las exportaciones bajo la forma de devolución de impuestos indirectos contienen un componente de subsidio implícito, como consecuencia de que asumen una carga tributaria indirecta superior a la actualmente vigente. Estimaciones preliminares sugieren que por este concepto se debería devolver un monto significativamente menor a los más de 100 millones de dólares que se reintegran en la actualidad.

En esta Rendición de Cuentas se propone facultar al Poder Ejecutivo a incrementar los créditos presupuestales para proyectos de apoyo al sector productivo por la diferencia que surja entre el total de certificados recibidos por las agencias de recaudación en el año 2006 y el monto total de devoluciones que surja de la revisión del esquema, calculadas sobre las exportaciones realizadas el mismo año. Este procedimiento deja en claro que no existe ninguna motivación fiscalista al proponer la medida. Se trata de avanzar en el diseño de un sistema de incentivos productivos más racional y transparente que el actual régimen, orientado a desarrollar las capacidades competitivas y de innovación de nuestras empresas.

El Poder Ejecutivo prorrogó el régimen actual de devolución de impuestos por seis meses, hasta el 31 de diciembre de 2006. En ese lapso se recalcularían las tasas de devolución y se redefiniría el universo de productos alcanzados por el sistema. El nuevo esquema comenzaría a aplicarse sobre las exportaciones que se realicen a partir del 1º de enero de 2007. Esta secuencia de acciones está orientada a evitar que se vean afectados los negocios de exportación que se encuentran acordados y pendientes de ejecución durante los meses posteriores al anuncio de revisión del régimen.

Durante el año 2007 trabajaría un equipo integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Turismo y Deporte, que tendría a su cargo el diseño y la puesta en práctica del conjunto de proyectos que serían financiados con cargo a los fondos que se generen.

PROYECTO DE LEY

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2005, con un resultado deficitario de:

a) $ 7.044:921.000 (pesos uruguayos siete mil cuarenta y cuatro millones novecientos veintiún mil) correspondiente a la ejecución presupuestaria y;

b) $ 6.721:781.000 (pesos uruguayos seis mil doscientos setenta y un millones setecientos ochenta y un mil) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley como anexo.

Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2007, excepto en aquellas disposiciones en que en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Los créditos establecidos para sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones, están cuantificados a valores de 1º de enero de 2006 y se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 7º, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativas. La base de aplicación de dicho ajuste será la suma de los créditos referidos más los incrementos diferenciales de las remuneraciones otorgadas por el Poder Ejecutivo en el Ejercicio 2006.

SECCION II

INVERSIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPITULO 1

INVERSIONES

Artículo 3º.- Autorízase a los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional a la renovación de su flota vehicular mediante permuta, en los Ejercicios 2007 y 2008. Para aquellos Incisos que no cuenten con proyecto de inversión habilitante, facúltase a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación a habilitar los proyectos de inversión y sus correspondientes créditos presupuestales por el valor de la permuta, con cargo a la Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".

No será de aplicación en estos casos, lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Artículo 4º.- Créase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto", el Proyecto de Inversión Nº 970 "Desarrollo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas".

Asígnase al citado proyecto una partida anual de $ 1:198.832 (pesos uruguayos un millón ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta y dos) para el período 2007-2009 como contraparte nacional del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio del cual se financiará el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

Artículo 5º.- Asígnase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", Programa 004 "Fuerza Aérea Uruguaya", Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", Proyecto Nº 782 "Equipamiento militar y actualización de equipos de vigilancia", las siguientes partidas con cargo a Rentas Generales para la adquisición de dos radares:

2006 $ 133:000.000

2007 $ 25:000.000

2008 $ 145:000.000

2009 $ 290:000.000

Autorízase al Inciso a destinar la disponibilidad financiera proveniente de los Recursos con Afectación Especial de la Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica" del Programa 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario", en los montos requeridos para contribuir al financiamiento de la adquisición que se autoriza en el inciso precedente.

Por los importes que se destinen en aplicación del inciso anterior, deberá solicitarse a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el correspondiente cambio de fuente de financiamiento.

Artículo 6º.- Increméntanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", los créditos de los proyectos de inversión, en los montos en moneda nacional, financiación y ejercicios que se detallan a continuación:

El Proyecto Nº 859 "Sistema de Información y Registro Animal (SIRA)", tendrá como destino la adquisición y distribución de dispositivos electrónicos para la implantación y funcionamiento del Sistema de Información y Registro Animal (SIRA), que estará bajo la administración y operación de la Dirección General de Servicios Ganaderos.

Habilítase asimismo, para el Ejercicio 2006 una partida por una sola vez de $ 12:038.850 (pesos uruguayos doce millones treinta y ocho mil ochocientos cincuenta) que será financiada con la recaudación de la comercialización de identificadores de ganado bovino y lectores adquiridos por el Proyecto de Asistencia de Emergencia para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (PAEFA) en la Licitación Internacional Nº 02/2002, con destino a complementar los gastos de capacitación y funcionamiento del Sistema de Identificación Individual y Registro Animal de ganado bovino, a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 9º.- Créase en el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", Programa 007 "Administración Investigación y Contralor Geológico y Minero", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología", el Proyecto de Inversión Nº 765 "Estudio y Evaluación de Técnicas Geofísicas en la Exploración y Explotación de Piedras Preciosas" por un monto de $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil pesos) por única vez.

Artículo 10.- Créase en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", Programa 001 "Administración Superior", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", el Proyecto Nº 725 "Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos" para el período 2007-2009, con una asignación anual de $ 7:976.000 (pesos uruguayos siete millones novecientos setenta y seis mil) con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales" y $ 16:194.000 (pesos uruguayos dieciséis millones ciento noventa y cuatro mil) con cargo a la Financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".

Artículo 11.- Los gastos de funcionamiento e inversiones financiados con cargo al Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP), integrado con los recursos previstos en el artículo 322 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se financiarán con cargo a Rentas Generales.

Los compromisos no devengados al 31 de diciembre de 2006, que se hubieren afectado al referido Fondo se entenderán realizados con cargo a Rentas Generales. El saldo resultante del mismo luego de cancelar las obligaciones registradas en los Ejercicios 2006 y anteriores, será transferido a Rentas Generales.

Los recursos previstos en el artículo 322 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, tendrán como destino Rentas Generales.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a realizar las modificaciones de fuente de financiamiento necesarias a efectos de dar cumplimiento a la presente norma.

Artículo 12.- Increméntanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", los créditos de los proyectos de inversión en los montos en moneda nacional, financiación y ejercicios que se detallan a continuación:

 

 

El Inciso dentro de los noventa días de vigencia de la presente ley, comunicará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la distribución de la partida asignada al Proyecto Nº 999 "Infraestructura de la Sede de los Museos", por programas y unidades ejecutoras, a efectos de la apertura de los correspondientes proyectos. Dicha partida no podrá ser ejecutada hasta que se formalice la referida distribución.

Artículo 13.- Asígnase al Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", Programa 005 "Administración Subsidio para la Atención Médica", Unidad Ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", para el período 2007-2009 una partida de $ 50:000.000 (pesos uruguayos cincuenta millones) anuales, en el Proyecto Nº 999 "Inversiones a Reasignar" con destino a equipamiento, mantenimiento y reparaciones mayores de los distintos centros de asistencia médica.

El Inciso dentro de los noventa días de la vigencia de la presente ley, comunicará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto su distribución por programas, unidades ejecutoras y proyectos de inversión. Dicha partida no podrá ser ejecutada hasta que se formalice la referida distribución.

Artículo 14.- Asígnase en el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", los créditos de los proyectos de inversión en los montos en moneda nacional, financiación y ejercicios que se detallan a continuación:

 

 

El Proyecto Nº 724 "Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda", tendrá por objeto otorgar créditos hipotecarios y subsidios a cooperativas de vivienda por ayuda mutua para financiar la construcción de viviendas de las categorías mínima y económica. El referido crédito será disminuido de los restantes proyectos con la misma fuente de financiamiento. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente comunicará, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, a la Contaduría General de la Nación las modificaciones presupuestales necesarias a efectos de dar cumplimiento a la presente norma.

El crédito estimado para el proyecto mencionado en el inciso precedente, se adecuará cuatrimestralmente al monto de los ingresos efectivamente percibidos a partir del 1º de enero de 2007, por los servicios de aquellos créditos hipotecarios concedidos a cooperativas de vivienda de ayuda mutua antes del 31 de diciembre de 2006, por la referida Secretaría de Estado A la recaudación anual derivada de esos servicios se le adicionará el saldo no utilizado del ejercicio anterior por el mismo concepto.

El Proyecto Nº 771 "Planes de Protección de los Recursos Hídricos", se financiará exclusivamente mediante trasposiciones de créditos de proyectos de inversión del Inciso con la misma fuente de financiamiento.

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 446 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 409 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 y la modificación establecida en el artículo 332 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"ARTICULO 446.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá contratar mediante llamado público, prueba de suficiencia o contratación directa, al personal eventual no administrativo, mínimo imprescindible, para la ejecución de estudios, proyectos y obras incluidas en el Plan de Inversiones. Este personal cesará automáticamente una vez finalizada la ejecución de los servicios u obras para los cuales se les contrató.

Dicho Ministerio podrá además abonar horas extras, compensaciones especiales, promoción social a los recursos humanos del Inciso, contratar becarios y pasantes necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Las erogaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto por el presente artículo, se atenderán con cargo al crédito asignado al Proyecto respectivo y al Objeto del Gasto 579 "Otras transferencias a unidades familiares" de gastos de funcionamiento, según corresponda.

En ningún caso, se podrá contratar más de quince personas en carácter de eventuales, ni invertirse por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo más del 30% (treinta por ciento) de las asignaciones presupuestales previstas en los proyectos de inversión aprobados para el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", con excepción de las erogaciones que se financien con cargo al "Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización", las que se imputarán realizadas con cargo al monto autorizado por el artículo 337 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005."

Artículo 16.- Autorízase al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" a transferir al Banco Hipotecario del Uruguay o Instituciones Administradoras de Créditos a la Vivienda, a las que el Banco Hipotecario del Uruguay o el Fondo Nacional de Vivienda hubiera transferido la administración de los créditos, las sumas necesarias a los efectos de realizar contribuciones al pago de cuotas de amortización e intereses de préstamos de vivienda, en las condiciones que establezcan los convenios o contratos respectivos.

Autorízase a dicho Inciso, a percibir de los beneficiarios que accedan a la vivienda en calidad de arrendatarios mediante los subsidios establecidos en el artículo 66 literal E de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 348 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, dentro del marco de la política de arrendamientos, los importes que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo definirá el funcionamiento de las "políticas de arrendamientos", así como el monto, forma de pago, plazo y condiciones. Dichas sumas se destinarán a financiar gastos, inversiones y a retroalimentar el Fondo de Garantía de Alquileres.

Artículo 17.- Transfiéranse las partidas asignadas por el artículo 456 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en el Inciso 24 "Diversos Créditos" con destino a la Cooperación Técnica Reembolsable de Apoyo al Programa de Transformación del Estado, que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las partidas asignadas por el artículo 457 de la citada ley administradas por la Oficina Nacional del Servicio Civil, en los montos que en moneda nacional se detallan a continuación:

 

 

Increméntanse las partidas asignadas en el artículo 457 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, con destino a la Cooperación Técnica referida en el inciso precedente en $ 3:643.486 (pesos tres millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis) anuales, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Créase en el Inciso 24 "Diversos Créditos", el Proyecto de Inversión Nº 901 "Fortalecimiento Informático de la Oficina Nacional del Servicio Civil", dentro del marco del Programa de Transformación del Estado, el que será financiado por las partidas aprobadas en el artículo 457 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, con las siguientes asignaciones presupuestales, expresadas en moneda nacional:

 

 

CAPITULO 2

FUNCIONAMIENTO

Artículo 18.- Asígnase al Inciso 02 "Presidencia de la República", Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", Unidad Ejecutora 001 "Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República", una partida anual de gastos de funcionamiento de $ 3:263.274 (pesos uruguayos tres millones doscientos sesenta y tres mil doscientos setenta y cuatro), la que se discrimina de la siguiente forma:

- para publicación mensual de $ 2:376.000 (pesos uruguayos dos millones trescientos setenta y seis mil);

- contrato de Bomberos de $ 497.614 (pesos uruguayos cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos catorce);

- ajuste mantenimiento GEX $ 389.660 (pesos uruguayos trescientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta).

Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", Programa 003 "Elaboración, Supervisión, Coordinación de Estadísticas Nacionales", Unidad Ejecutora 007 "Instituto Nacional de Estadística" para el año 2007, las siguientes partidas financiadas con Rentas Generales, con los destinos que se especifican, expresadas en moneda nacional:

 

El Inciso comunicará la distribución por objeto del gasto a la Contaduría General de la Nación, a efectos de la apertura de los créditos correspondientes en un plazo de treinta días de aprobada la presente ley, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Las partidas asignadas no podrán ser ejecutadas hasta tanto no se formalice la referida distribución.

El Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, podrá efectuar contrataciones de carácter zafral en el Inciso 02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 007 "Instituto Nacional de Estadística", para la ejecución de tareas sustantivas y de apoyo inherentes a las actividades estadísticas que lleva el cabo el Instituto.

La duración del contrato será la necesaria al solo efecto de la realización de las tareas específicas para las que se asigne el personal, debiendo existir una partida legal habilitada a esos efectos.

Quienes sean llamados a desempeñar dichas funciones, no adquirirán la calidad de funcionarios públicos.

Artículo 19.- Autorízase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" a abonar exclusivamente al Personal Subalterno del Escalafón K del departamento de Montevideo, boletos de transporte urbano de pasajeros. Habilítase a esos efectos en el Objeto del Gasto 578 099 "Gastos de promoción y beneficios sociales" una asignación anual de $ 35:500.000 (pesos uruguayos treinta y cinco millones quinientos mil).

Disminúyese la asignación de los Objetos del Gasto 141 "Combustibles líquidos" en $ 22:092.109 (pesos uruguayos veintidós millones noventa y dos mil ciento nueve) y 235 "Viáticos fuera del país" en $ 12:407.891 (pesos uruguayos doce millones cuatrocientos siete mil ochocientos noventa y uno), no pudiendo ser reforzados al amparo del artículo 48 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

El Inciso deberá comunicar la apertura por programas y modificaciones de crédito que se autorizan en el inciso precedente.

Artículo 20.- Modifícanse en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", las siguientes asignaciones presupuestales anuales en moneda nacional:

 

 

Artículo 21.- Asígnase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Programa 002 "Desarrollo Pesquero", Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos", un crédito adicional anual de $ 15:405.000 (pesos uruguayos quince millones cuatrocientos cinco mil) para gastos de funcionamiento de la flota y pago de Observadores Marítimos y de $ 4:008.000 (pesos uruguayos cuatro millones ocho mil) para pago de com-pensaciones por embarque de la tripulación del buque de investigación Aldebarán. Los mismos se financiarán con Recursos con Afectación Especial correspondientes al Fondo de Desarrollo Pesquero creado por el artículo 200 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y artículo 270 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, pro-venientes de la recaudación de tasas de la actividad pesquera.

Artículo 22.- Asígnase al Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", los siguientes créditos anuales en moneda nacional:

 

 

El Inciso comunicará la distribución por objeto del gasto a la Contaduría General de la Nación, a efectos de la apertura de los créditos correspondientes en un plazo de treinta días de aprobada la presente ley. Las partidas asignadas no podrán ser ejecutadas hasta tanto no se formalice la referida distribución.

Increméntase el Grupo 0 "Servicios Personales", incluido aguinaldo y aportes sociales, a efectos de realizar contratos a término de hasta diez profesionales de acuerdo al siguiente detalle:

- Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" $ 813.250 (pesos uruguayos ochocientos trece mil doscientos cincuenta) anuales para la contratación de hasta dos economistas.

- Unidad Ejecutora 008 "Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear" $ 3:415.650 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos quince mil seiscientos cincuenta) anuales para la contratación de hasta seis ingenieros.

- Unidad Ejecutora 010 "Dirección Nacional de Telecomunicaciones" $ 813.250 (pesos uruguayos ochocientos trece mil doscientos cincuenta) anuales para la contratación de hasta dos ingenieros.

Artículo 23.- Increméntase en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", Programa 001 "Administración Superior", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", la asignación presupuestal en el Grupo 2 "Servicios No Personales", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", en $ 24:170.000 (pesos uruguayos veinticuatro millones ciento setenta mil) anuales, a efectos de atender una campaña promocional en la región y extraregión así como realizar estudios sobre nuevas realidades en mercados turísticos.

La Contaduría General de la Nación habilitará el crédito presupuestal en un objeto de gasto específico, el que no podrá ser traspuesto al amparo del artículo 48 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 24.- Asígnase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", las siguientes partidas anuales en moneda nacional con cargo a Rentas Generales:

 

 

El Inciso comunicará la apertura por objeto del gasto a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de entrada en vigencia de la presente ley.

Facúltase al Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, a distribuir la partida asignada por el presente artículo entre ambos destinos y a efectuar las referidas contrataciones, previo informe de la Contaduría General de la Nación. Las partidas asignadas no podrán ser ejecutadas hasta tanto no se formalice la referida distribución.

Artículo 25.- Asígnase al Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", Programa 005 "Administración Subsidio para la Atención Médica", Unidad Ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", una partida anual de $ 49:000.000 (pesos uruguayos cuarenta y nueve millones) con destino a gastos de funcionamiento.

El Inciso dentro de los noventa días de vigencia de la presente ley comunicará a la Contaduría General de la Nación, la distribución de la partida por programas, unidades ejecutoras y objetos del gasto. Las partidas asignadas no podrán ser ejecutadas hasta tanto no se formalice la referida distribución.

Artículo 26.- Prorrógase para el Ejercicio 2007 las partidas establecidas en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" por los artículos 445 y 446 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. La presente prórroga estará condicionada a la opinión favorable de los Incisos con competencia en las diferentes áreas, que deberá ser remitida al Ministerio de Economía y Finanzas antes del 31 de diciembre de 2006.

Increméntanse los siguientes créditos asignados en los artículos 450 y 458 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en los importes anuales que se detallan a continuación:

- Programa de Desarrollo en Ciencias Básicas (PEDECIBA), en la suma de $ 8:000.000 (pesos uruguayos ocho millones).

- Programa de Fortalecimiento de la Práctica Segura del Deporte - Boxeo entre jóvenes "Knock Out a las Drogas" en la suma de $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil).

SECCION III

FUNCIONARIOS

CAPITULO 1

NORMAS GENERALES

Artículo 27.- Interprétase que la opción prevista en el artículo 312 de la Constitución de la República, por la remisión expresa al artículo 309 de la Carta, refiere a actos administrativos definitivos cumplidos por la Administración en el ejercicio de sus funciones.

Si la vía recursiva se hubiere interpuesto contra actos administrativos dictados en un proceso de redistribución de funcionarios públicos, siempre que exista resolución expresa revocatoria del acto recurrido, la Contaduría General de la Nación podrá habilitar el crédito presupuestal anual en el Inciso, unidad ejecutora, financiación y objeto del gasto que corresponda para atender dicha diferencia. La misma facultad se extiende al caso de que el crédito del funcionario hubiera sido reconocido por sentencia judicial ejecutoriada, sin perjuicio de la imputación del monto de la condena al objeto de gasto específico.

Lo establecido en el inciso anterior se aplicará cuando el acto administrativo, o el jurisdiccional, en su caso, imponga expresamente la rectificación de la liquidación hacia el futuro. Este requisito no se exigirá para aquellos reclamos deducidos en vía jurisdiccional que, a la fecha de vigencia de esta ley, cuenten con sentencia ejecutoriada.

Artículo 28.- Autorízase a los jerarcas de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto nacional a redistribuir dentro del mismo Inciso, personal de sus dependencias, cuando las necesidades del servicio lo requieran.

El traslado se dispondrá por resolución fundada, precisando la denominación, serie, escalafón y grado del cargo o función, así como los conceptos que integrarán la retribución del funcionario en la oficina de destino.

La adecuación será realizada previo informe de la Contaduría General de la Nación, por los servicios competentes de cada Inciso, los que determinarán los conceptos retributivos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. Si la adecuación implica un cambio de denominación del cargo o función, corresponderá el informe previo de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Contaduría General de la Nación, efectuará las modificaciones presupuestales que correspondan.

Deróganse los artículos 92 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967 y 307 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969 y artículo 18 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 29.- Los funcionarios públicos que registren en sus legajos sanciones de suspensión, como consecuencia de responsabilidad grave comprobada en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia financiera, adquisiciones, gestión de inventarios, manejo de bienes o dinero, no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades, ni ocupar cargos de dirección de unidades ejecutoras. Tampoco podrán integrar en representación del Estado, órganos de dirección de personas jurídicas de derecho público no estatal, debiendo el Poder Ejecutivo o quien por derecho corresponda, designar al reemplazante.

Los órganos y organismos de la Administración que deban decidir sobre tales cuestiones, deberán recabar informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 30.- La remuneración de quienes realicen tareas de investigación derivadas de la ejecución de proyectos científicos concursables, tecnológicos o de innovación en el ámbito público, será acumulable con cualquiera otra retribución proveniente de organismos públicos. La acumulación de las actividades anteriormente mencionadas no podrá superar el límite de las setenta horas semanales.

Artículo 31.- A partir de la vigencia de la presente ley, los cargos de confianza incluidos en los literales e), f), g) y h) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, se entenderán asignados al literal d).

Los cargos de particular confianza que se crean por la presente ley, se incluirán en los literales que en cada caso se dispone.

Créase en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", Programa 001 "Administración General", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", los siguientes cargos de particular confianza, con los niveles retributivos que se detallan:

- Director Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social, cuya retribución será la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986;

- Director del Programa de Atención a Colectivos y Población Vulnerable, cuya retribución será la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y dependerá directamente del Director Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social;

- Director del Programa de Asistencia Crítica y Alertas Tempranas, cuya retribución será la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y dependerá directamente del Director Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social.

Artículo 32.- Los funcionarios que ocupen cargos presupuestados en los Escalafones B, C y D, en los Incisos 02 a 15, podrán optar por ser designados en cargos del Escalafón A o B, siempre que acrediten haber obtenido los respectivos títulos o créditos habilitantes expedidos por la Universidad de la República, otras universidades o Institutos de Formación Terciaria habilitados que expidan títulos o créditos equivalentes, según corresponda.

Exceptúase de lo establecido en el inciso anterior a aquellos cargos cuya provisión deba necesariamente realizarse por concurso de acuerdo a las normas legales vigentes.

Si no existieran vacantes, el Poder Ejecutivo podrá, previo informe de la Contaduría General de la Nación, transformar el escalafón, serie y denominación de sus respectivos cargos, asignándole el equivalente al último grado ocupado. Dicha transformación se financiará con cargo a los créditos autorizados en la unidad ejecutora respectiva en el Grupo 0 "Servicios Personales".

En todo caso se mantendrá el nivel retributivo de los funcionarios. Efectuada la transformación, la diferencia que existiere entre la retribución del funcionario en el cargo anterior y al que accede será asignada como una "compensación personal transitoria".

El Jerarca del Inciso deberá acreditar que es necesaria la designación propuesta para la gestión de la Unidad Ejecutora.

Artículo 33.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos 620 a 627 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, se considera becario al estudiante contratado por una entidad estatal, en las condiciones previstas en las normas citadas, con la finalidad de brindarle una ayuda económica para contribuir a atender el costo de sus estudios a cambio de la prestación de tareas.

A los mismos efectos, se considera pasante a quien, habiendo culminado los estudios correspondientes, es contratado por una entidad estatal, en las condiciones previstas en las normas citadas, con la finalidad que desarrolle una primera experiencia laboral relacionada con los objetivos educativos de la formación recibida.

Los llamados para la contratación de becarios y pasantes posteriores a la vigencia de la presente norma, se efectuarán atendiendo a las definiciones contenidas en este artículo.

Autorízase a las unidades ejecutoras de los Incisos del Presupuesto Nacional a contratar en calidad de becarios o pasantes, de acuerdo con la definición anterior, a estudiantes y egresados, por sí, cuando se cuente con crédito presupuestal en el Objeto 057 "Becas de trabajo y pasantías y Otras retribuciones", o mediante convenios, con el sistema educativo público y privado con cargo a sus partidas presupuestales.

A partir de la vigencia de la presente ley, se considerarán contratos eventuales los que respondan a necesidades de trabajo extraordinarias o excepcionales y de duración limitada, que se presentan en forma imprevisible, referidas a las tareas normales del organismo. El funcionario eventual cesará automáticamente una vez finalizada la tarea para la que se contrató.

Del mismo modo, se considerarán contratos zafrales los que respondan al cumplimiento de tareas que se presentan periódicamente y en forma previsible, sea que las mismas constituyan las únicas que cumple el organismo o que representen una intensificación del volumen de trabajo, en ciertas épocas del año. El funcionario zafral cesará automáticamente una vez finalizado el período para el que se le contrató.

Artículo 34.- Los funcionarios que desempeñan funciones contratadas de carácter permanente en los Incisos 02 al 15, pasarán a ocupar cargos presupuestados del grado de ingreso del respectivo escalafón, sin perjuicio de continuar interinamente y hasta su provisión definitiva, en las funciones que venían desempeñando.

La presupuestación dispuesta en el inciso anterior, mantendrá el nivel retributivo de los funcionarios que se incorporan por la presente norma, a la carrera administrativa. Una vez adecuada la retribución del funcionario al cargo presupuestado, la diferencia entre ésta y su nivel retributivo anterior será asignada como una "compensación personal transitoria".

Quedan excluidos de lo dispuesto en el inciso precedente los funcionarios contratados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los que mantendrán su condición de contratados.

En oportunidad del primer ascenso, los cargos creados serán suprimidos, así como los créditos asociados a los mismos.

La Contaduría General de la Nación habilitará los cargos presupuestados correspondientes de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, procediendo a efectuar las trasposiciones de créditos necesarias y realizando todas las acciones pertinentes para la implementación de lo dispuesto en el inciso anterior.

Los créditos correspondientes a las vacantes existentes en las estructuras de funciones contratadas serán suprimidos.

Artículo 35.- Sustitúyese el inciso sexto del artículo 29 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"Del total de las retribuciones nominales sujetas a montepío de quienes hayan optado por acogerse al presente régimen, el 65% (sesenta y cinco por ciento) se destinará al pago del incentivo de retiro, el 35% (treinta y cinco por ciento) se habilitará en el Objeto del Gasto 092 "Partida Global", a efectos de financiar la reformulación de las estructuras previstas en el artículo 6º de la presente ley.

Finalizado el período de pago o acaecida algunas de las causales de cese del beneficio previstas en el inciso cuarto, la partida correspondiente será restituida al Grupo 0 "Servicios Personales", Objeto del Gasto 092 "Partida Global"."

Artículo 36.- Declárase que lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, no es aplicable a los funcionarios en comisión al amparo de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 9.843, de 17 de julio de 1939, en la redacción dada por el artículo 166 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 37.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, por el siguiente:

"ARTICULO 37.- Las personas físicas contratadas bajo el régimen que se crea por los artículos precedentes, tendrán derecho a beneficios sociales, licencia anual ordinaria, por maternidad, por enfermedad así como indemnización por despido en las situaciones expresamente previstas en el inciso final del artículo 34 y literal A) del artículo 36, así como al seguro por desempleo previsto por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, con aplicación de los importes máximos establecidos en el artículo 34 de la presente ley."

Incorpórase al artículo 39 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002 el siguiente inciso:

"Los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, podrán destinar los créditos habilitados en el Grupo 0 "Servicios Personales" para la aplicación de lo establecido por el artículo 8º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, al financiamiento del presente régimen".

Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Artículo 38.- Los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que revistaban en el Puerto de Paysandú a la fecha de su asignación a la Administración Nacional de Puertos, serán redistribuidos a la misma.

La Comisión de Adecuación Presupuestal dispondrá las adecuaciones conforme a lo establecido por el artículo 60 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

En el mismo acto en que el Poder Ejecutivo, dentro de las facultades previstas en el artículo 20 de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1991, asigne la administración de los puertos estatales existentes fuera del departamento de Montevideo a la Administración Nacional de Puertos, los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se encuentren afectados al servicio, serán redistribuidos a dicha Administración.

Artículo 39.- Extiéndese a los funcionarios públicos que legitimen adoptivamente o adopten menores de edad, el derecho a percibir el equivalente al valor del beneficio de Prima por Nacimiento, establecido por el artículo 18 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985.

Los interesados deberán acreditar la situación referida en el inciso primero mediante testimonio de resolución judicial ejecutoriada, constancia expedida por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o testimonio de la respectiva escritura pública.

En el caso de adopción simple, este beneficio será percibido exclusivamente por los padres adoptantes.

CAPITULO 2

ESTRUCTURAS

Artículo 40.- Créanse las siguientes funciones de Alta Especialización en los Incisos y unidades ejecutoras que se detallan a continuación: Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", Inciso 13, "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" e Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría". Dichas funciones serán desempeñadas por profesionales universitarios en el área de contabilidad y finanzas, abarcando la planificación estratégica y la supervisión de los procesos presupuestales y financiero - contables.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el Grupo 0 "Servicios Personales" el monto de $ 548.275 (pesos uruguayos quinientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco), incluidos aportes y aguinaldos, a los efectos de financiar la retribución de dichas funciones en cada una de las unidades ejecutoras citadas.

Artículo 41.- Sustitúyese el artículo 72 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"ARTICULO 72.- Créase como órgano desconcentrado dentro del Inciso 02 "Presidencia de la República", el Programa 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información" y la Unidad Ejecutora 010 "Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información", que actuará con autonomía técnica, sin perjuicio de los controles que sea necesario realizar en los aspectos técnicos por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). Se comunicará con el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Tendrá un Consejo Directivo Honorario encargado de diseñar las líneas generales de acción, evaluar el desempeño y resultados obtenidos. Estará integrado por seis miembros designados por el Presidente de la República, uno de los cuales actuará en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Asimismo tendrá los siguientes Consejos Asesores Honorarios:

a) Consejo para la Sociedad de la Información, integrado por los rectores de la Universidad de la República y de las Universidades Privadas, el Presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones y el Presidente de la Cámara Uruguaya de Software o quienes ellos designen como representantes.

b) Consejo Asesor de Empresas, integrado por cinco representantes de empresas nacionales o internacionales insataladas en el país, pertenecientes al sector de las tecnologías de la información y comunicación. Será requisito para integrar el consejo acreditar experiencia a nivel internacional en ventas de servicios o productos vinculados al sector.

c) Consejo Asesor del Sector Público compuesto por siete miembros nombrados anualmente por el Presidente de la República, a propuesta del Consejo Directivo Honorario, elegidos entre los Jerarcas del sector Informática de los organismos estatales."

Artículo 42.- La "Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información" tendrá como objetivo la mejora de los servicios al ciudadano utilizando las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los cometidos asignados por el Poder Ejecutivo a otros órganos u organismos relacionados con áreas de competencia de esta Agencia, se considerarán asignados a ésta.

Agrégase a la nómica del artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, la función de Alta Prioridad de "Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información" a cuyo cargo estará de estructura operativa de la Unidad Ejecutora que se crea.

El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General la estructura organizativa y de puestos de trabajo de esta Agencia, a su iniciativa y previo asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación. Si en un plazo de cuarenta y cinco días no hubiera expresión contraria a la propuesta del Poder Ejecutivo, éste procederá a su aprobación por decreto.

Las remuneraciones correspondientes a los puestos de trabajo de la estructura que se apruebe tendrán un complemento que en total no podrá superar la tabla del artículo 190 de Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, debiéndose establecer las respectivas equivalencias.

Asígnase al Inciso 02 "Presidencia de la República", Programa 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información", Unidad Ejecutora 010 "Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información", las siguientes partidas anuales expre-sadas en moneda nacional, financiadas con Rentas Generales:

Retribuciones Personales 8:452.500

Gastos de Funcionamiento 2:415.000

Inversiones 1:207.500

La Presidencia de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la distribución de las partidas asignadas, a nivel de objeto del gasto y de proyectos de inversión una vez aprobada la estructura organizativa y puestos de trabajo. Las partidas asignadas precedentemente no podrán ser ejecutadas hasta que se formalice la referida distribución.

Artículo 43.- Transfórmase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", Programa 001 "Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaria de Estado", Supremo Tribunal Militar, cinco (5) cargos de Soldado de 2da. (JM), en un (1) cargo de Teniente Coronel (JM).

Transfórmase en el Programa 002 "Ejército Nacional", Unidad Ejecutora 004 "Comando General del Ejército", 1.104 (mil ciento cuatro) cargos de Soldado de Segunda en 1.104 (mil ciento cuatro) cargos de Soldado de Primera.

Artículo 44.- Créanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior" los siguientes cargos en el Escalafón "L" Policial, a financiarse con Rentas Generales, en los programas y unidades ejecutoras que se indican:

 

 

Créase en el Programa 013 "Servicio de Sanidad Policial", Unidad Ejecutora 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", con cargo a Rentas Generales, quince funciones contratadas de Oficial Subayudante (PT) Médicos Residentes Contratados Policiales (CP). La provisión de los cargos, vigencia del contrato y demás aspectos funcionales derivados de la residencia médica, se re-girá por el Decreto-Ley Nº 15.372, de 4 de abril de 1983, Ley Nº 16.574, de 19 de setiembre de 1994 y normas dictadas por la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias.

Los cargos del Escalafón "L", del Programa 011 "Policía Técnica", Unidad Ejecutora 028 "Dirección Nacional de Policía Técnica", en el subescalafón de Policía Especializada (PE), con excepción de la Serie "Plomero", pasarán a tener la Serie "Criminalística". El ingreso a los cargos de referencia se hará por concurso de oposición, con evaluación de conocimientos relativos a áreas de la ciencia criminalística.

Artículo 45.- Suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001, los siguientes cargos del Escalafón "I" Policial:

 

 

Créanse en el Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001, en el Escalafón "L" Policial, los siguientes cargos a financiarse con Rentas Generales:

 

 

Artículo 47.- Sustitúyese el artículo 94 de la Ley Nº 15.903, del 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 94.- Créase con carácter de particular confianza el cargo de Director Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, que estará comprendido en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

El Director de la Policía Nacional, referido en el inciso segundo del artículo 143 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 135 de la Ley Nº 16.320, del 1º de noviembre de 1992, estará comprendido en el literal c) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 48.- Sustitúyese el inciso 2º del artículo 231 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"Las funciones correspondientes a la Dirección de las mismas, serán desempeñadas por funcionarios de la referida Unidad Ejecutora, que ocupen los cuatro grados superiores de la estructura vigente para cada escalafón".

Elimínase en la Unidad Ejecutora 003 "Auditoría Interna de la Nación", la condición (al vacar Jefe de Departamento serie Contador), que figura en el planillado adjunto a la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, para el cargo Escalafón A 14 - Jefe de Departamento - serie Escribano.

Artículo 49.- Autorízase al Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", a exceptuar hasta diez funcionarios de los Escalafones A o M, de la rotación prevista en el artículo 40 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, con la redacción dada por el artículo 147 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, a efectos de cumplir funciones de negociadores en el país.

Mientras se desempeñen en dicha función percibirán la retribución equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del sueldo de Ministro de Estado.

Artículo 50.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", al amparo de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, un cargo del Escalafón C Administrativo, Grado 06, Administrativo III, Serie Administrativo.

Suprímese en la misma Unidad Ejecutora, una función contratada en el Escalafón C Administrativo, Grado 06, Administrativo III, Serie Administrativo.

Créase en el Programa 001 "Administración Superior", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaria", una función de "Director del Sistema de Identificación y Registro Animal" (SIRA), la que será provista por el régimen de Alta Especialización de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 714 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y normas concordantes.

Los créditos existentes para financiar esta erogación provienen de las economías generadas de acuerdo al artículo 726 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 51.- Autorízase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" a contratar hasta cuarenta becarios y pasantes financiados con partidas provenientes de Recursos con Afectación Especial, al amparo de lo dispuesto por los artículos 620 a 627 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

Artículo 52.- Sustitúyese el inciso 3º del artículo 8º de la Ley Nº 16.105, de 23 de enero de 1990, por el siguiente:

"Sustitúyase la denominación de la Unidad Ejecutora 006 "Junta Nacional de la Granja" por "Dirección General de la Granja".

Créase en dicha Unidad Ejecutora el cargo de Director General de la Granja, de particular confianza, comprendido en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986."

Artículo 53.- Créase en el Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", la función de Alta Prioridad de Director Nacional de Inversiones y Planificación, que estará comprendida en el régimen dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Derógase el artículo 312 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Créase en el Programa 007 "Planificación, Coordinación y Contralor de Transporte", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Transporte", la Dirección General de Transporte Aéreo, con los cometidos de asesorar al Ministerio en la formulación de las políticas de transporte aéreo y coordinar actividades con la Junta Nacional de Aeronáutica Civil.

Créanse en la misma Unidad Ejecutora los cargos de Director General de Transporte Aéreo y Director General de Transporte Fluvial y Marítimo con carácter de particular confianza comprendidos en el literal e) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 54.- Créanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", las siguientes funciones de Alta Prioridad de acuerdo al régimen previsto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en los programas y unidades ejecutoras que se detallan:

 

 

Suprímese al vacar en el Programa 007 "Organización de Espectáculos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficial", Unidad Ejecutora 016 "Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos", el cargo de confianza Director de Radiodifusión Nacional.

Artículo 55.- Créanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", Programa 004 "Fomento, Investigación Técnico-Científica", Unidad Ejecutora 012 "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", el cargo de Director de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y en el Programa 003 "Preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación", Unidad Ejecutora 007 "Archivo General de la Nación" un cargo de Director del Archivo General de la Nación, con carácter de particular confianza, cuyas remuneraciones estarán comprendidas en el literal c) y d) respectivamente del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 56.- Créanse en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", los cargos de particular confianza "Director Nacional de Empleo" y "Director Nacional de Coordinación en el Interior", cuya retribución será la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 57.- Créase en el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" el Programa 005 "Formulación, Supervisión y Control de Planes de Protección de los Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento" y la Unidad Ejecutora 005 "Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento".

Créase el cargo Director Nacional de Aguas y Saneamiento, comprendido en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Derógase el artículo 328 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

CAPITULO 3

REMUNERACIONES

Artículo 58.- Asígnase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" una partida permanente, para abonar mensualmente al personal militar afectado a la vigilancia externa de los establecimientos carcelarios, de acuerdo a la siguiente escala:

 

 

Dicha partida será atendida con cargo al Grupo 0 "Servicios Personales" por concepto de "Prima de Seguridad Perimetral en Establecimientos Carcelarios", Financiación 1.1 "Rentas Generales" y no se tomará como base de cálculo en las retribuciones que se calculen en base a porcentajes.

Derógase toda otra disposición que hubiera establecido complementos para el citado personal por la misma causa y transfiéranse los créditos destinados a compensar el referido concepto al objeto del gasto que habilite la Contaduría General de la Nación para el pago de la prima.

Artículo 59.- Créase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", una compensación mensual individual, sujeta a montepío, para cada integrante del Escalafón "L" Policial, de $ 760 (pesos setecientos sesenta), con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Artículo 60.- Interprétase que el inciso segundo del artículo 2º de la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003, en lo que refiere a remuneraciones extraordinarias, comprende la prima por rendimiento grupal e individual que corresponda, al personal contratado al amparo de lo dispuesto por la Sección III, Capítulo IV de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, no considerándose para el cálculo la escala retributiva que surge de la aplicación del artículo 42 de la precitada ley.

Artículo 61.- Habilítase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", Programa 014 "Coordinación del Comercio", Unidad Ejecutora 014 "Dirección General de Comercio", una partida de $ 1:578.600 (pesos uruguayos un millón quinientos setenta y ocho mil seiscientos) en el Grupo 0 "Servicios Personales", Objeto 095.002 "Fondo de Contrataciones" y una partida de $ 557.175 (pesos uruguayos quinientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cinco) en el Objeto 057 "Becas de trabajo y pasantías".

Disminúyense en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" Programa 001 "Administración, Recursos de Apoyo, Conducción Económico Financiera", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" el Objeto 581 "Transferencias corrientes a organismos internacionales" en $ 1:578.600 (pesos uruguayos un millón quinientos setenta y ocho mil seiscientos) y en el Programa 002 "Administración del Sistema Presupuestario y de Contabilidad Integrada de la Nación", Unidad Ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación" el Objeto 095.002 "Fondo de Contrataciones" en $ 557.175 (pesos uruguayos quinientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cinco).

Artículo 62.- Autorízase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", Unidad Ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación" a trasponer del Objeto 099 "Otras Retribuciones" al Objeto 057 "Becas de Trabajo y otras Retribuciones" hasta $ 2.800.000 (pesos uruguayos dos millones ochocientos mil) con Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de contratar hasta treinta becarios y pasantes.

Artículo 63.- Asígnase al Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", Programa 01 "Administración", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y artículo 179 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, no pudiendo superar en el Ejercicio 2007 la suma de $ 15:200.000 (pesos uruguayos quince millones doscientos mil).

Asígnase, en el mismo Programa, una partida de $ 113.761 (pesos uruguayos ciento trece mil setecientos sesenta y uno) anuales, complementaria de la financiación prevista por el artículo 7º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Derógase el artículo 143 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 64.- El Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", podrá atender las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Asesoría de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) que participen en tareas específicas de encuesta fuera de su lugar habitual de trabajo, de acuerdo a lo que determine la reglamentación que a tales efectos dicte el Poder Ejecutivo. Habilítase a estos efectos en el Grupo 0 "Servicios Personales", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", una partida anual de $ 122.000 (pesos uruguayos ciento veintidós mil).

Artículo 65.- Modifícase el artículo 214 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

"ARTICULO 214.- El pago de las compensaciones por embarque del personal afectado a las tareas desarrolladas en buques de investigación y embarcaciones de apoyo, en ríos, lagunas, represas e islas, así como sus correspondientes aportes a la seguridad social, serán financiadas con los Recursos con Afectación Especial generados por la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos" del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 66.- Habilítase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Programa 005 "Servicios Ganaderos", Unidad Ejecutora 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos", una partida anual de $ 30:800.420 (pesos uruguayos treinta millones ochocientos mil cuatrocientos veinte ) en el Grupo 0 "Servicios Personales", con destino a abonar compensaciones por dedicación especial a los funcionarios.

Dicha partida se atenderá con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Artículo 67.- Asígnase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", las siguientes partidas anuales en moneda nacional, Financiación 1.1 "Rentas Generales":

 

 

El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación, la distribución de las partidas asignadas, a nivel de objeto del gasto. Dichas partidas no podrán ser ejecutadas hasta que se formalice la referida distribución.

La Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, dependiente de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", podrá solicitar el pase en comisión por única vez, de hasta seis funcionarios públicos de la Administración Central, Organismos del artículo 220 y 221 de la Constitución de la República, pertenecientes al Escalafón A, técnico profesional, con título de Abogado, Escribano o Procurador.

A efectos de compensar la mayor dedicación de dichos funcionarios, se habilita un crédito presupuestal en el Grupo 0 "Servicios Personales" de $ 700.000 (pesos uruguayos setecientos mil) en los Ejercicios 2007 y 2008.

El plazo de la comisión a que refiere el presente artículo tendrá una duración de un año, prorrogable por una sola vez, si no existiera decisión previa en contrario.

Artículo 68.- Asígnase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", Programa 014 "Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Económico Financiera del Estado", Unidad Ejecutora 002 "Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado", una partida anual de $ 900.000 (pesos uruguayos novecientos mil) para la contratación de profesionales y técnicos. Dichas contrataciones se harán efectivas en el régimen previsto por el artículo 337 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 y podrán comprender todo tipo de actividades de naturaleza técnica.

Artículo 69.- Asígnase en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", en el Grupo 0 "Servicios Personales", las siguientes partidas presupuestales, que incluyen aportes a la seguridad social y aguinaldo:

A efectos de financiar el aumento de valor hora del personal médico:

- $ 41:904.000 (pesos uruguayos cuarenta y un millones novecientos cuatro mil) hasta el 31 de diciembre de 2006;

- $ 211:000.000 (pesos uruguayos doscientos once millones) a partir del 1º de enero de 2007.

Con la finalidad de otorgar aumentos salariales a funcionarios no médicos:

- $ 91:500.000 (pesos uruguayos noventa y un millones quinientos mil) hasta el 31 de diciembre de 2006 y $ 183:000.000 (pesos uruguayos ciento ochenta y tres millones) a partir del 1º de enero de 2007.

Estas partidas se consideran a cuenta de la recuperación salarial dispuesta por el artículo 454 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, que se autorice a los funcionarios públicos de la Administración Central.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de asignación de estas partidas.

Autorízase al Inciso a transferir al Grupo 0 "Servicios Personales", las partidas que se abonan a la fecha de vigencia de la presente ley por concepto de contribuciones, a las comisiones de apoyo a médicos residentes a efectos de regularizar sus remuneraciones, y asígnase una partida anual complementaria de 18:000.000 (pesos uruguayos dieciocho millones). La Contaduría General de la Nación habilitará el objeto de gasto correspondiente.

Créanse hasta ciento cuarenta cargos en el Escalafón A, Técnico III Médico, Grado 08, con el fin de incorporar el padrón presupuestal a los Médicos de Familia que al 31 de diciembre de 2006 se encontraren contratados como tales por la Unidad Ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", previa evaluación favorable. El Inciso comunicará la distribución de los referidos cargos entre las Unidades Ejecutoras 002 "Red de atención primer nivel ASSE" y 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado" a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de vigencia de la presente ley.

El Ministerio podrá asignar compensaciones complementarias al salario que corresponda al cargo presupuestal de los referidos médicos, a efectos de retribuir su mayor dedicación en el primer nivel de atención sin que ello signifique incremento en la retribución nominal vigente a la misma fecha.

Autorízase a dicha Secretaría de Estado, a transferir del Objeto de Gasto 282 "Profesionales y técnicos", que en la actualidad financia el pago de las retribuciones (honorarios) de los Médicos de Familia, al Grupo 0 "Servicios Personales", los montos necesarios con el objeto de cubrir los salarios correspondientes al cargo presupuestal y las compensaciones que le fueren asignadas incluyendo aguinaldo y aportes a la seguridad social.

El Poder Ejecutivo reglamentará las referidas compensaciones adecuando la partida presupuestal transferida, previo asesoramiento de la Contaduría General de la Nación, sin que ello implique mayor costo presupuestal ni de caja.

Artículo 70.- Increméntase en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Programa 001 "Administración General", la partida destinada al pago de una com-pensación mensual por alimentación para quienes presten funciones en el Inciso, creada por el artículo 375 de la Ley Nº 17.296, de 21 de enero de 2001, en $ 13:400.000 (pesos uruguayos trece millones cuatrocientos mil).

El incremento dispuesto en el inciso precedente será financiado con cargo a los recursos establecidos por el literal D) del artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, en la redacción dada por el artículo 413 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Los créditos autorizados para gastos de funcionamiento del Programa 006 "Investigación y Asistencia Alimentario - Nutricional", Unidad Ejecutora 006 "Instituto Nacional de alimentación" serán abatidos en la suma de $ 13:400.000 (pesos uruguayos trece millones cuatrocientos mil). La distribución del abatimiento será comunicada por el Inciso a la Contaduría General de la Nación en un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Deróganse las exoneraciones previstas por el artículo 23 de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, de los aportes patronales que debiera realizar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con relación a las sumas provenientes del Fondo de Participación, creado por el artículo 567 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 439 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 71.- Habilítase en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Programa 001 "Administración General", una partida anual con cargo a Rentas Generales, equivalente a los créditos presupuestales del Ejercicio 2005 de los grupos de gastos de funcionamiento - Gru-pos 1 a 9 - financiados con los Recursos con Afectación Especial, correspondiente a las unidades ejecutoras integrantes del Inciso, con excepción de la Unidad Ejecutora 006 "Instituto Nacional de Alimentación".

Elimínase a partir del Ejercicio 2007 los créditos presupuestales financiados con Recursos con Afectación Especial de todas las unidades ejecutoras del Inciso, con excepción de la Unidad Ejecutora 006 "Instituto Nacional de Alimentación".

Asígnase una partida anual de $ 156:000.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta y seis millones) con cargo a Rentas Generales, a fin de otorgar a quienes presten efectivamente funciones en la referida Secretaría de Estado, una compensación mensual de hasta $ 8.850 (pesos uruguayos ocho mil ochocientos cincuenta) a valores de julio de 2006, la que recibirá los ajustes que por todo concepto perciban los funcionarios de la Administración Central.

Derógase las afectaciones dispuestas por los artículos 294 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y 113 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, en la redacción dada por el artículo 430 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Todas las afectaciones de ingresos y referencias realizadas por normas legales y reglamentarias anteriores a la vigencia de la presente ley a los Recursos con Afectación Especial del mencionado Inciso, con excepción de los fi-nanciados con cargo a los recursos establecidos por el literal D) del artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, en la redacción dada por el artículo 413 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y los compromisos no devengados al 31 de diciembre de 2006 que tuvieren como fuente de financiamiento dichos recursos, serán considerados a Rentas Generales.

La disponibilidad financiera existente de dichos recursos luego de cancelar las obligciones registradas en el Ejercicio 2006 y en ejercicios anteriores, será transferida a Rentas Generales.

Autorízase al Inciso a transferir del Grupo 0 "Servicios Personales" al Grupo 2 "Servicios No Personales" los montos correspondientes a las becas y pasantías al vencimiento del plazo de su contratación, siempre que no sean regularizados por aplicación del artículo 7º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en cuyo caso se eliminará el referido crédito. Exceptúase de la transferencia de créditos autorizada, la partida correspondiente a la contratación de pasantías al amparo de lo dispuesto por el artículo 436 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a realizar las modificaciones de fuente de financiamiento necesarias a efectos de dar cumplimiento a la presente norma.

Artículo 72.- Asígnase al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", Programa 001 "Administración General", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", las siguientes partidas anuales:

En el Grupo 0 "Servicios Personales":

- $ 18:415.950 (pesos uruguayos dieciocho millones cuatrocientos quince mil novecientos cincuenta), con destino al Objeto 092 "Partidas Globales a Redistribuir" para financiar la estructura escalafonaria del Inciso. La referida partida sólo podrá distribuirse entre los distintos objetos del gasto del Grupo 0 "Servicios Personales", luego de aprobada la citada estructura;

- $ 3:000.000 (pesos uruguayos tres millones) para la contratación en forma directa de becarios y pasantes. Esta partida incluye aguinaldo y aportes a la seguridad social.

- para gastos de funcionamiento $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) y;

- Proyecto Nº 999 "Inversiones a Distribuir" $ 1:000.000 (pesos uruguayos un millón) anuales para el período 2007 - 2009.

El Inciso dentro de los noventa días de la vigencia de la presente ley, comunicará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación, su distribución por programas, unidades ejecutoras, objetos del gasto y proyectos de inversión cuando corresponda. Dichas partidas no podrán ser ejecutadas hasta que se formalice la referida distribución.

Interprétase que el Plan de Atención de Emergencia a cargo del Inciso, tendrá vigencia hasta que se agoten los créditos presupuestales habilitados para el mismo.

Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 17.869, de 20 de mayo de 2005, por el siguiente:

"ARTICULO 3º.- (Ingreso Ciudadano).- El Programa de Ingreso Ciudadano se aplicará durante el plazo de vigencia del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social y abarcará a quienes se encuentren en las condiciones previstas en los artículos siguientes."

SECCION IV

UNIDADES REGULADORAS

Artículo 73.- Fíjanse los siguientes niveles retributivos máximos nominales, por todo concepto, con excepción de la prima por antigüedad y los beneficios sociales, correspondientes a la estructura de cargos y funciones contratadas de la "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones" (URSEC):

 

La URSEC comunicará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación, dentro de los noventa días de vigencia de la presente ley, la distribución por proyecto de las partidas asignadas a inversiones y objeto del gasto para otras partidas, las que no podrán ser ejecutadas hasta que se formalice la precitada distribución.

Las partidas de remuneraciones personales incluyen previsiones para aguinaldo y aportes a la seguridad social.

Quienes cumplan funciones en esta Unidad estarán sujetos al régimen de permanencia a la orden y no podrán desempeñar ninguna otra actividad sea pública o privada, nacional o internacional, rentada u honoraria, vinculada con las empresas controladas o con aquellas que directa o indirectamente se encuentren comprendidas dentro del ámbito de su competencia, excepto en lo que respecta al desempeño de funciones docentes en la enseñanza superior.

Los funcionarios que se incorporen a los puestos de trabajo de la Unidad por vía de redistribución, mantendrán su retribución y la condición de presupuestados o contratados según lo fueran en su oficina de origen. Una vez vacantes dichos puestos, se redefinirá la naturaleza del vínculo funcional según las necesidades del servicio por resolución del Poder Ejecutivo, a propuesta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

El programa anual de designación, redistribución y pases en comisión de esta Unidad Ejecutora deberá contar con informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las retribuciones personales y demás prestaciones de carácter salarial de los funcionarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones que se financien con Rentas Generales, incluidas las cargas sociales, serán reembolsados por dicha Unidad con los recursos previstos en el artículo 2º de la Ley Nº 17.820, de 7 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 197 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y en el artículo 78 de esta ley.

Derógase el artículo 196 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 74.- Los funcionarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones que ocupen los puestos de trabajo transferidos según lo dispuesto en los incisos 1º y 2º del artículo 195 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, que no cumplan con los requisitos tales como nivel de suficiencia y perfil, para acceder a los puestos de trabajo definidos en la estructura que aprobará el Poder Ejecutivo al amparo de lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, mantendrán su calidad de contratados o presupuestados y su remuneración.

La función o el cargo será la que corresponda según las tareas que se le adjudiquen de acuerdo con la estructura aprobada, atendiendo a su perfil.

Establécese que los niveles jerárquicos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) que a continuación se enumeran: Gerente General, Gerente de División, Secretario General, Auditor General, Asesor General y los niveles de Jefatura de la Gerencia de Planificación Regulatoria que sean determinados en la estructura aprobada, serán funciones contratadas a proveerse únicamente por concurso público abierto.

Artículo 75.- Increméntase en el Inciso 02 "Presidencia de la República, Programa 005 "Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones", Unidad Ejecutora 009 "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones" el crédito anual del Objeto del Gasto 057, en un importe de $ 1:350.000 (pesos uruguayos un millón trescientos cincuenta mil) a los efectos de atender las contrataciones de becarios y pasantes en la mencionada Unidad Ejecutora con cargo a sus propios recursos.

Artículo 76.- Agrégase al artículo 90 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los siguientes literales:

"e) dictar normas generales e instrucciones particulares que aseguren el funcionamiento de los servicios comprendidos en su competencia con arreglo a lo establecido por las políticas sectoriales y los objetivos enunciados en los artículos 72 y 73 de la presente ley, pudiendo requerir a los operadores y agentes postales del sector público y privado todo tipo de información para el cumplimiento de sus fines.

f) lo establecido en los numerales a y f, j a m, ñ a r, y t a w del artículo 86 de la presente ley."

Sustitúyense los literañes ñ. y t. del artículo 86 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por los siguientes:

"ñ. dictar normas generales e instrucciones particulares que aseguren el funcionamiento de los servicios comprendidos en su competencia con arreglo a lo establecido por las políticas sectoriales y los objetivos enunciados en los artículos 72 y 73 de la presente ley, pudiendo requerir a los prestadores y agentes de telecomunicaciones, públicos y privados, todo tipo de información para el cumplimiento de sus fines."

"t. Aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 89 -en este último caso, cuando se trate de una sanción exclusiva- y dictaminar preceptivamente ante el Poder Ejecutivo para la adopción de las restantes."

La URSEC tendrá asimismo, la representación del Estado en las distintas organizaciones internacionales de telecomunicaciones y postales.

Artículo 77.- Sustitúyese el artículo 89 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, por el siguiente:

"ARTICULO 89.- El Programa 005 "Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones", Unidad Ejecutora 009 "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones", además de disponer de los cometidos y poderes ju-rídicos establecidos en los artículos 86 y 90 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, será la autoridad de aplicación de las normas sobre defensa de la competencia, en el ámbito de sus cometidos contenidas en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, y artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y tendrá competencia en el control de los actos y conductas prohibidos por dichas leyes, en las actividades referidas en la precitada ley."

Artículo 78.- Sustitúyese el inciso 1º del artículo 2º de la Ley Nº 17.820, de 7 de setiembre de 2004 en la redacción dada por el artículo 197 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"Créase la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones, que se devengará por el control y la regulación de las actividades comprendidas en lo dispuesto en los artículos 71 a 73 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Los servicios comerciales de comunicaciones postales comprenderán además de los descriptos en el literal b) del artículo 71, la entrega de envíos de correspondencia, giros postales y productos postales en general, de acuerdo a las leyes vigentes y a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República."

Derógase el artículo 140 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 119 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

SECCION V

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 79.- Las utilizaciones transitorias de Recursos con Afectación Especial, realizadas por los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, al sólo efecto de la cancelación de obligaciones con Financiación 1.1 "Rentas Generales", que se encuentren pendientes de regularización a la fecha de vigencia de la presente ley, serán consideradas aplicaciones definitivas de fondos.

Artículo 80.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 22 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"Las contrataciones a que refiere el presente artículo deberán ser publicadas en la página electrónica del organismo que realice la contratación".

Artículo 81.- Al cierre de cada ejercicio los Incisos de la Administración Central que tuvieran disponibilidad financiera no comprometida en sus Recursos con Afectación Especial, deberán aplicar las mismas de acuerdo al siguiente orden de prioridades:

En primer lugar, al destino establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

En segundo lugar, al pago de la deuda flotante correspondiente a gastos con financiación Rentas Generales de la Unidad Ejecutora que tiene la titularidad y disponibilidad de los recursos.

En tercer lugar, al pago de la deuda flotante de otras unidades ejecutoras del mismo Inciso, correspondiente a gastos con financiación Rentas Generales, de acuerdo con lo que disponga el Jerarca del Inciso.

En caso de existir disponibilidad, una vez aplicados los fondos en la forma establecida en los incisos precedentes, los saldos resultantes serán volcados a Rentas Generales.

No será de aplicación para los Incisos de la Admi-nistración Central lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 82.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar los créditos presupuestales de los Incisos 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", 09 "Ministerio de Turismo y Deporte" y 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", para financiar proyectos de apoyo al sector productivo, por un monto equivalente a la diferencia entre el total de certificados recibidos por las agencias de recaudación por concepto de devoluciones de impuestos en el Ejercicio 2006 y el monto de beneficios que se abonen una vez que se revise el régimen de devolución de impuestos indirectos, calculados sobre las exportaciones realizadas el mismo año.

El diseño y la puesta en práctica del conjunto de proyectos que serán financiados con los fondos autorizados en el inciso anterior estará a cargo de una comisión integrada por los Ministerios referidos.

Artículo 83.- Autorízase al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" a convenir con el Banco de la República Oriental del Uruguay, la cancelación de las sumas adeudadas al 31 de diciembre de 2005 por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -Comisión Ejecutora del Plan Nacional de Silos-, por concepto de créditos otorgados con fondos propios del Banco de la República Oriental del Uruguay, por un monto total de hasta UI 95.382.000 (unidades indexadas noventa y cinco millones trescientos ochenta y dos mil). La Contaduría General de la Nación registrará la correspondiente amortización de la deuda pública.

Al importe autorizado en el inciso precedente deberá adicionarse los intereses devengados desde el 1º de enero de 2006 hasta el momento de la efectiva cancelación de la referida deuda.

Los importes que perciba el "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" en aplicación de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, artículo 277, numeral 2º, literal a) en la redacción dada por la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, artículo 119 literal A) y concordantes, deberán ser depositados en Rentas Generales.

La presente disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 84.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a convenir con el BANK BOSTON N.A. la cancelación de la deuda de la Administración Nacional de Correos hasta la suma de $ 3:751.741 (pesos uruguayos tres millones setecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y uno) correspondiente a la Sentencia Nº 1806/2003, de 16 de mayo de 2003, y US$ 1.535.199 (dólares de los Estados Unidos un millón quinientos treinta y cinco mil ciento noventa y nueve) por Sentencia 3307/2003, de 5 de setiembre de 2003. La mencionada Secretaría de Estado subrogará automáticamente al acreedor por el monto de la cancelación, quedando facultada a acordar con la Administración Nacional de Correos el plazo y forma de pago de tales sumas.

Artículo 85.- Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar a partir del Ejercicio 2006 hasta $ 604:250.000 (pesos uruguayos seiscientos cuatro millones doscientos cincuenta mil) a efectos de viabilizar los emprendimientos para la mejora de la infraestructura ferroviaria.

Asimismo instrumentará los procedimientos y requisitos para la puesta en práctica del conjunto de proyectos que se financiarán con los fondos autorizados en el inciso anterior.

Artículo 86.- Autorízase al Poder Ejecutivo a través del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" a asumir pasivos y recibir activos del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), con la finalidad de contribuir a la implementación de la reestructura del Banco, que le permita su funcionamiento con la solvencia y liquidez adecuada para desarrollar su actividad hipotecaria.

En virtud de esta autorización, el Poder Ejecutivo podrá:

A) Asumir los siguientes pasivos del Banco Hipotecario del Uruguay:

a) con el Banco de la República Oriental del Uruguay originados por el traspaso de depósitos en moneda extranjera dispuestos por el artículo 8 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, los cuales quedaron documentados en Certificados de adeudo del Banco Hipotecario del Uruguay con garantía del Estado;

b) los depósitos de cuentas oficiales en la modalidad Caja de Ahorro Reajustable en Unidades Indexadas;

c) los Depósitos Judiciales en aplicación de lo dispuesto en artículo 387.8 del Código General del Proceso, artículo 7 del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976 y artículo 110 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

d) con el Banco Central del Uruguay originados por deuda vencida por asistencia financiera y por deuda vencida exigible por préstamos Banco Interamericano de Desarrollo Nº 1155;

e) con tenedores de Bonos Hipotecarios pendientes de rescate;

f) otros pasivos que convengan el Poder Ejecutivo y el Banco Hipotecario del Uruguay, para el mejor logro de la finalidad expresada en el acápite de este artículo.

B) recibir, como contrapartida de los pasivos que se asumen conforme al literal A), así como cancelar saldos provenientes de asistencias o capitalizaciones anteriores, activos que el Banco Hipotecario del Uruguay deberá entregarle de su Cartera. A tal efecto el Banco podrá transferir a uno o más fideicomisos o fondos de inversión cuyo beneficiario será el Ministerio de Economía y Finanzas, activos reales como:

a) créditos hipotecarios;

b) inmuebles;

c) derecho de crédito,

d) derechos de promitente vendedor.

Estos activos se tomarán por su valor contable neto de previsiones, según normativa bancocentralista vigente.

En virtud de esta operación, el Poder Ejecutivo recibirá certificados de participación, títulos representativos de deudas o títulos mixtos de dichos fideicomisos o fondos de inversión.

La diferencia entre los montos resultantes de los literales A y B, no podrá exceder el monto máximo de US$ 250:000.000 (dólares de los Estados Unidos doscientos cincuenta millones). La capitalización resultante por este concepto, no será computada a los efectos de la determinación de los límites de endeudamiento del Poder Ejecutivo, según lo establecido en la Ley Nº 17.947, de 8 de enero de 2006.

Quedan comprendidos en esta operación, la obligación del Banco Hipotecario del Uruguay de cancelar los créditos contra el Poder Ejecutivo y de ceder créditos contra el sector privado, previstas en los artículos 1º de la Ley Nº 17.513, de 30 de junio de 2002, y 17 de la Ley Nº 17.596, de 13 de diciembre de 2002.

Para la implementación de las operaciones que se autorizan, los organismos pertinentes realizarán los actos y convenios necesarios, y adoptarán las modalidades que mejor convengan al fin propuesto y al marco normativo.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 87.- Créase el "Fondo de la Junta Nacional de Drogas de Bienes Decomisados", que se integrará con el producido de la venta, la renta e intereses de los bienes decomisados en los procedimientos realizados para combatir el tráfico de drogas o delitos vinculados, con la finalidad de financiar las actividades establecidas en los artículos 63 y 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por los artículos 67 y 68 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

SECCION VI

ORGANISMOS DEL 220

Artículo 88.- Asígnase al Inciso 16 Poder Judicial una partida anual de $ 42:262.500 (pesos uruguayos cuarenta y dos millones doscientos sesenta y dos mil quinientos) por el período 2007 - 2009, Financiación 1.1. "Rentas Generales", con destino a obras edilicias y equipamiento de los inmuebles sede del Organismo.

La tasa creada por el artículo 358 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, pasará a denominarse "Timbre Infraestructura Judicial" y su producido se verterá a Rentas Generales, dejando de percibirse el 31 de diciembre de 2010.

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a convenir con el Banco de la República Oriental del Uruguay la cancelación de la deuda que mantiene el Poder Judicial por concepto del préstamo destinado a la construcción del Palacio de Justicia.

Derógase el inciso segundo del artículo 359, los artículos 362, 363, 365 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y el artículo 478 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 89.- Créase en el Inciso 17 "Tribunal de Cuentas", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", el Proyecto de Inversión Nº 999 "Edificio Sede - Tribunal de Cuentas", y asígnase una partida anual de $ 24:170.000 (pesos uruguayos veinticuatro millones ciento setenta mil), para los Ejercicios 2007-2009, a efectos de adquirir directamente o bajo la modalidad de leasing o construir el mismo.

Artículo 90.- Agrégase al inciso 1º del artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, lo siguiente:

"Autorízase al Poder Ejecutivo a exonerar del dictamen de auditoría externa citado precedentemente."

Derógase el artículo 417 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 91.- Asígnase a partir del Ejercicio 2007 las siguientes partidas anuales como adelanto a cuenta del incremento dispuesto en el literal A) del artículo 476 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

- A la Administración Nacional de la Educación Pública, $ 214:200.000 (pesos uruguayos doscientos catorce millones doscientos mil).

De la partida correspondiente al Ejercicio 2007 se adelantará $ 107:100.000 (pesos uruguayos ciento siete millones cien mil) en el Ejercicio 2006 con destino al financiamiento del déficit del Organismo en el Grupo 0 "Servicios Personales". El saldo resultante para el Ejercicio 2007, y las partidas anuales asignadas por este mismo concepto a partir del Ejercicio 2008, deberán destinarse en primer lugar a cubrir los eventuales déficits que se generen en el Grupo 0 "Servicios Personales".

- Asígnase a la Universidad de la República, $ 38:000.000 (pesos uruguayos treinta y ocho millones) de la cual deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación la distribución de la referida partida, dentro de los treinta días de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 92.- Asígnase al Inciso 25, "Administración Nacional de Educación Pública", para el Ejercicio 2007, un monto de $ 386:720.000 (pesos uruguayos trescientos ochenta y seis millones setecientos veinte mil) equivalente al 80% (ochenta por ciento) de la partida dispuesta por el artículo 476, literal B de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, a valores de enero de 2006, para financiar los siguientes proyectos de inversión.

 

Artículo 93.- Asígnase al Inciso 26 "Universidad de la República", una partida de $ 96:680.000 (pesos uruguayos noventa y seis millones seiscientos ochenta mil) a valores del 1º de enero de 2006, de acuerdo a lo previsto en el artículo 476, literal B de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, para los proyectos de inversión que se detallan:

a) Descentralización - Desarrollo universitario en el interior del país: $ 20:200.000 (pesos uruguayos veinte millones doscientos mil).

b) Proyectos conjuntos con la Administración Nacional de Educación Pública - Educación Tecnolólgica terciaria: $ 13:000.000 (pesos uruguayos trece millones).

c) Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia: $ 33:800.000 (pesos uruguayos treinta y tres millones ochocientos mil).

d) Capacitación - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes: $ 7:270.000 (pesos uruguayos siete millones doscientos setenta mil).

e) Fortalecimiento de las capacidades de apoyo a los sectores productivos claves para la economía nacional: $ 12:310.000 (pesos uruguayos doce millones trescientos diez mil).

f) Creación de la Facultad de Información y Comunicación: $ 10:100.000 (pesos uruguayos diez millones cien mil).

Artículo 94.- Increméntase en el Inciso 27 "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay", los siguientes créditos presupuestales:

- Retribuciones personales en $ 45:550.000 (pesos uruguayos cuarenta y cinco millones quinientos cincuenta mil).

- Objeto 289.001 "Cuidado de menores de INAU" $ 40:250.000 (pesos uruguayos cuarenta millones doscientos cincuenta mil);

- Proyecto Nº 999 "Proyectos a Distribuir" $ 30:000.000 (pesos uruguayos treinta millones) por el período 2007-2009.

Del incremento autorizado para retribuciones personales, se podrá utilizar hasta $ 11:300.000 (pesos uruguayos once millones trescientos mil) con destino a financiar la reestructura del Instituto.

Facúltase al Inciso a abonar una partida de $ 3.500 (pesos uruguayos tres mil quinientos), a cada uno de los efectivos policiales que efectúen tareas de vigilancia en los servicios de privación de libertad, con un máximo de cien, incrementándose a esos efectos los gastos de funcionamiento en $ 4:200.000 (pesos uruguayos cuatro millones doscientos mil).

Facúltase al Instituto a presupuestar a partir del 1º de julio de 2007, a los funcionarios contratados en forma permanente con contratos vigentes anteriores al 31 de diciembre de 2005, que demuestren aptitud para el desempeño de la tarea correspondiente al cargo presupuestado, y que presten efectivamente funciones a la fecha de vigencia de la presente ley.

La presupuestación no podrá lesionar la carrera funcional de los funcionarios presupuestados.

El Directorio reglamentará la aplicación del presente artículo previo asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 95.- Los funcionarios del "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" que al 31 de diciembre de 2006, tengan cincuenta y ocho años de edad o más, y que configuren causal jubilatoria antes del 1º de enero de 2009, podrán optar por un incentivo de retiro a percibir mensualmente, por un período máximo de cinco años, o hasta que el beneficiario cumpla los setenta años de edad, en cuyo caso dejará de percibir el mismo.

El monto del incentivo, que no tendrá carácter re-munerativo, será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del promedio mensual de la totalidad de las retri-buciones nominales sujetas a montepío, efectivamente cobradas por todo concepto durante el año 2006, ajustándose en la misma oportunidad y porcentaje que se disponga pa-ra los funcionarios de la Administración Central. El incentivo no será materia gravada por tributos de seguridad social.

Los funcionarios podrán acogerse a la opción de retiro hasta el 30 de junio de 2007 inclusive. Dicha opción tendrá carácter irrevocable y el Directorio del Instituto podrá resolver la aceptación de la renuncia, disponiendo que la misma se haga efectiva como máximo dentro de los doce meses siguientes al de la presentación de la opción, siempre que en ese período no cumpla los setenta años de edad.

En caso de fallecimiento o incapacidad del beneficiario, cobrarán vigencia las normas generales en materia de seguridad social, considerándose configuradas, en tales casos, las causales habilitadas para el goce de los beneficios que acuerda el régimen vigente.

A los efectos jubilatorios de la actividad civil, se aplicará como fecha de cese de la condición de activo, el último día del mes de cobro del incentivo.

El 65% (sesenta y cinco por ciento) de las retribuciones nominales sujetas a montepío de quienes hayan optado por acogerse al presente régimen, se suprimirá en el Grupo 0 del Instituto, una vez aceptada y hecha efectiva la renuncia, y se habilitará en el Grupo 5 en el objeto de gasto correspondiente. Una vez que se produzca el cese del cobro del incentivo de retiro se suprimirán del Grupo 5 y se habilitarán en el Grupo 0 del Instituto.

Con el 35% (treinta y cinco por ciento) que se vaya reintegrando al Grupo 0 del organismo, se financiará la creación de cargos que se requieran para cumplir con los objetivos de la Institución.

Artículo 96.- El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay podrá disponer las trasposiciones de créditos requeridas para el mejor funcionamiento de sus servicios de la siguiente forma:

a. Dentro del Grupo 0, "Servicios personales".

b. Dentro de los créditos asignados a inversiones.

c. Dentro de las dotaciones fijadas para los gastos de funcionamiento.

d. Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados a gastos corrientes o al Grupo 0 "Servicios Personales".

e. Para reforzar los créditos del Grupo 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios no Personales", se podrá utilizar hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones.

f. No podrán utilizarse como partidas de refuerzo para otros objetos, las de carácter estimativo, el Grupo 8 "Servicios de Deudas y Anticipos", y Subgrupo 5.7 "Transferencias a Unidades Familiares" por personal en actividad.

El Directorio podrá disponer trasposiciones de crédito entre objetos pertenecientes al Subgrupo 5.7, "Transferencias a Unidades Familiares" con el límite del crédito permanente asignado al Inciso en dicho subgrupo.

g. No podrá ser reforzado ni servir como reforzante al amparo de la presente norma, el Objeto 289.001 "Cuidado de menores de INAU".

Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan, dando cuenta a la Asamblea General e informando a la Contaduría General de la Nación.

Artículo 97.- Comuníquese.

Danilo Astori, Jorge Lepra, Reinaldo Gargano, José Mujica, Azucena Berrutti, Marina Arismendi, José Díaz, María Julia Muñoz, Jaime Ibarra, Jorge Brovetto, Héctor Lescano, Víctor Rossi, Eduardo Bonomi.

Carp. Nº 557/06

Rep. Nº 276/06

Anexo I

Comisión de Presupuesto

integrada con Hacienda

PROYECTO DE LEY

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2005, con un resultado deficitario de:

a) $ 7.044:921.000 (pesos uruguayos siete mil cuarenta y cuatro millones novecientos veintiún mil) correspondiente a la ejecución presupuestaria y;

b) $ 6.271:781.000 (pesos uruguayos seis mil doscientos setenta y un millones setecientos ochenta y un mil) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley como anexo.

Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2007, excepto en aquellas disposiciones en que en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Los créditos establecidos para sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones, están cuantificados a valores de 1º de enero de 2006 y se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 7º, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativas. La base de aplicación de dicho ajuste será la suma de los créditos referidos más los incrementos diferenciales de las remuneraciones otorgadas por el Poder Ejecutivo en el Ejercicio 2006.

SECCION II

INVERSIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPITULO 1

INVERSIONES

Artículo 3º.- Autorízase a los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional a la renovación de su flota vehicular mediante permuta, en los Ejercicios 2007 y 2008. Para aquellos Incisos que no cuenten con proyectos de inversión habilitante, facúltase a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación a habilitar los proyectos de inversión y sus correspondientes créditos presupuestales por el valor de la permuta, con cargo a la Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".

No será de aplicación en estos casos, lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Artículo 4º.- Créase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto", el Proyecto de Inversión Nº 970 "Desarrollo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas".

Asígnase al citado Proyecto una partida anual de $ 1:198.832 (pesos uruguayos un millón ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta y dos) para el período 2007 - 2009 como contraparte nacional del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio del cual se financiará el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

Artículo 5º.- Asígnase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", Programa 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario", Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", Proyecto Nº 731 "Ampliación y modernización del Sistema de Control de Tránsito Aéreo", las siguientes partidas con cargo a Rentas Generales para la adquisición de dos Sensores Radar:

2006 $ 133:000.000

2007 $ 25:000.000

2008 $ 145:000.000

2009 $ 290:000.000

Autorízase al Inciso a destinar la disponibilidad financiera proveniente de los Recursos con Afectación Especial de la Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica" del Programa 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario", en los montos requeridos para contribuir al financiamiento de la adquisición que se autoriza en el inciso precedente.

Por los importes que se destinen en aplicación del inciso anterior, deberá solicitarse a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el correspondiente cambio de fuente de financiamiento.

Artículo 6º.- Increméntanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", los créditos de los proyectos de inversión, en los montos en moneda nacional, financiación y ejercicios que se detallan a continuación:

 

 

Disminúyese en el Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", el crédito presupuestal del Grupo 1 "Bienes de Consumo", Objeto del Gasto 199 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores" con cargo a la Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", en la suma de $ 15:000.000 (pesos uruguayos quince millones) en el Ejercicio 2007, $ 20:000.000 (pesos uruguayos veinte millones) en el Ejercicio 2008, y $ 25:000.000 (pesos uruguayos veinticinco millones) en el Ejercicio 2009.

Artículo 7º.- Asígnase al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", en los programas que se detallan los siguientes créditos presupuestales expresados en moneda nacional:

 

 

El Proyecto Nº 859 "Sistema de Información y Registro Animal (SIRA)", tendrá como destino la adquisición y distribución de dispositivos electrónicos para la implantación y funcionamiento del Sistema de Información y Registro Nacional (SIRA), que estará bajo la administración y operación de la Dirección General de Servicios Ganaderos.

Habilítase asimismo, para el Ejercicio 2006 una partida por una sola vez de $ 12:038.850 (pesos uruguayos doce millones treinta y ocho mil ochocientos cincuenta) que será financiada con la recaudación de la comercialización de identificadores de ganado bovino y lectores adquiridos por el Proyecto de Asistencia de Emergencia para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (PAEFA) en la Licitación Internacional Nº 02/2002, con destino a complementar los gastos de capacitación y funcionamiento del Sistema de Identificación Individual y Registro Animal de ganado bovino, a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 9º.- Créase en el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", Programa 007 "Administración Investigación y Contralor Geológico y Minero", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología", el Proyecto de Inversión Nº 765 "Estudio y Evaluación de Técnicas Geofísicas en la Exploración y Explotación de Piedras Preciosas" por un monto de $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil pesos) por única vez.

Artículo 10.- Créase en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", Programa 001 "Administración Superior", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", el Proyecto Nº 725 "Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos" para el período 2007 - 2009, con una asignación anual de $ 7:976.000 (pesos uruguayos siete millones novecientos setenta y seis mil) con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales" y $ 16:194.000 (pesos uruguayos dieciséis millones ciento noventa y cuatro mil) con cargo a la Financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".

Artículo 11.- Los gastos de funcionamiento e inversiones financiados con cargo al Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP), integrado con los recursos previstos en el artículo 322 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se financiarán con cargo a Rentas Generales.

Los compromisos no devengados al 31 de diciembre de 2006, que se hubieren afectado al referido Fondo se entenderán realizados con cargo a Rentas Generales. El saldo resultante del mismo luego de cancelar las obligaciones registradas en los Ejercicios 2006 y anteriores, será transferido a Rentas Generales.

Los recursos previstos en el artículo 322 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, tendrán como destino Rentas Generales.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a realizar las modificaciones de fuente de financiamiento necesarias a efectos de dar cumplimiento a la presente norma.

Artículo 12.- Increméntanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", los créditos de los proyectos de inversión en los montos en moneda nacional, financiación y ejercicios que se detallan a continuación:

 

 

El Inciso dentro de los noventa días de vigencia de la presente ley, comunicará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la distribución de la partida asignada al Proyecto Nº 999 "Infraestructura de la Sede de los Museos", por programas y unidades ejecutoras, a efectos de la apertura de los correspondientes proyectos. Dicha partida no podrá ser ejecutada hasta que se formalice la referida distribución.

Artículo 13.- Asígnase al Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", Programa 005 "Administración Subsidio para la Atención Médica", Unidad Ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", para el período 2007 - 2009 una partida de $ 50:000.000 (pesos uruguayos cincuenta millones) anuales, en el Proyecto Nº 999 "Inversiones a Reasignar" con destino a equipamiento, mantenimiento y reparaciones mayores de los distintos centros de asistencia médica.

El Inciso dentro de los noventa días de la vigencia de la presente ley, comunicará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto su distribución por programas, unidades ejecutoras y proyectos de inversión. Dicha partida no podrá ser ejecutada hasta que se formalice la referida distribución.

Artículo 14.- Asígnase en el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", los créditos de los proyectos de inversión en los montos en moneda nacional, financiación y ejercicios que se detallan a continuación:

 

 

El Proyecto Nº 724 "Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda", tendrá por objeto otorgar créditos hipotecarios y subsidios a cooperativas de vivienda por ayuda mutua para financiar la construcción de viviendas de las categorías mínima y económica. El referido crédito será disminuido de los restantes proyectos con la misma fuente de financiamiento. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente comunicará, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, a la Contaduría General de la Nación las modificaciones presupuestales necesarias a efectos de dar cumplimiento a la presente norma.

El crédito estimado para el proyecto mencionado en el inciso precedente, se adecuará cuatrimestralmente al monto de los ingresos efectivamente percibidos a partir del 1º de enero de 2007, por los servicios de aquellos créditos hipotecarios concedidos a cooperativas de vivienda de ayuda mutua antes del 31 de diciembre de 2006, por la referida Secretaría de Estado. A la recaudación anual derivada de esos servicios se le adicionará el saldo no utilizado del ejercicio anterior por el mismo concepto.

El Proyecto Nº 771 "Planes de Protección de los Recursos Hídricos", se financiará exclusivamente mediante trasposiciones de créditos de proyectos de inversión del inciso con la misma fuente de financiamiento.

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 446 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 409 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 y la modificación establecida en el artículo 332 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"ARTICULO 446.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá contratar mediante llamado público, prueba de suficiencia o contratación directa, al personal eventual no administrativo, mínimo imprescindible, para la ejecución de estudios, proyectos y obras incluidas en el Plan de Inversiones. Este personal cesará automáticamente una vez finalizada la ejecución de los servicios u obras para los cuales se les contrató.

Dicho Ministerio podrá además abonar horas extras, compensaciones especiales, promoción social a los recursos humanos del Inciso, contratar becarios y pasantes necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Las erogaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto por el presente artículo, se atenderán con cargo al crédito asignado al Proyecto respectivo y al Objeto del Gasto 579 "Otras transferencias a unidades familiares" de gastos de funcionamiento, según corresponda.

En ningún caso, se podrá contratar más de quince personas en carácter de eventuales, ni invertirse por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo más del 30% (treinta por ciento) de las asignaciones presupuestales previstas en los proyectos de inversión aprobados para el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", con excepción de las erogaciones que se financien con cargo al "Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización", las que se imputarán realizadas con cargo al monto autorizado por el artículo 337 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005".

Artículo 16.- Autorízase al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" a transferir al Banco Hipotecario del Uruguay o Instituciones Administradoras de Créditos a la Vivienda, a las que el Banco Hipotecario del Uruguay o el Fondo Nacional de Vivienda hubiera transferido la administración de los créditos, las sumas necesarias a los efectos de realizar contribuciones al pago de cuotas de amortización e intereses de préstamos de vivienda, en las condiciones que establezcan los convenios o contratos respectivos.

Autorízase a dicho Inciso, a percibir de los beneficiarios que accedan a la vivienda en calidad de arrendatarios mediante los subsidios establecidos en el artículo 66 literal E de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 348 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, dentro del marco de la política de arrendamientos, los importes que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo definirá el funcionamiento de las "políticas de arrendamientos", así como el monto, forma de pago, plazo y condiciones. Dichas sumas se destinarán a financiar gastos, inversiones y a retroalimentar el Fondo de Garantía de Alquileres.

Artículo 17.- Transfiéranse las partidas asignadas por el artículo 456 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en el Inciso 24 "Diversos Créditos" con destino a la Cooperación Técnica Reembolsable de Apoyo al Programa de Transformación del Estado, que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las partidas asignadas por el artículo 457 de la citada ley administradas por la Oficina Nacional del Servicio Civil, en los montos que en moneda nacional se detallan a continuación:

 

 

Increméntanse las partidas asignadas en el artículo 457 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, con destino a la Cooperación Técnica referida en el inciso precedente en $ 3:643.486 (pesos tres millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis) anuales, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Créase en el Inciso 24 "Diversos Créditos", el Proyecto de Inversión Nº 901 "Fortalecimiento Informático de la Oficina Nacional del Servicio Civil", dentro del marco del Programa de Transformación del Estado, el que será financiado por las partidas aprobadas en el artículo 457 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, con las siguientes asignaciones presupuestales, expresadas en moneda nacional.

 

 

 

CAPITULO 2

FUNCIONAMIENTO

Artículo 18.- Asígnase al Inciso 02 "Presidencia de la República", Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", Unidad Ejecutora 001 "Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República", una partida anual de gastos de funcionamiento de $ 3:263.274 (pesos uruguayos tres millones doscientos sesenta y tres mil doscientos setenta y cuatro), la que se discrimina de la siguiente forma:

- para publicación mensual de $ 2:376.000 (pesos uruguayos dos millones trescientos setenta y seis mil);

- contrato de Bomberos de $ 497.614 (pesos uruguayos cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos catorce);

- ajuste mantenimiento GEX $ 389.660 (pesos uruguayos trescientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta).

Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", Programa 003 "Elaboración, Supervisión, Coordinación de Estadísticas Nacionales", Unidad Ejecutora 007 "Instituto Nacional de Estadística", las siguientes partidas financiadas con Rentas Generales, con los destinos que se especifican, expresadas en moneda nacional:

 

El Inciso comunicará la distribución por objeto del gasto a la Contaduría General de la Nación, a efectos de la apertura de los créditos correspondientes en un plazo de treinta días de aprobada la presente ley, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Las partidas asignadas no podrán ser ejecutadas hasta tanto no se formalice la referida distribución.

El Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, podrá efectuar contrataciones de carácter zafral en el Inciso 02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 007 "Instituto Nacional de Estadística", para la ejecución de tareas sustantivas y de apoyo inherentes a las actividades estadísticas que lleva a cabo el Instituto.

La duración del contrato será la necesaria al solo efecto de la realización de las tareas específicas para las que se asigne el personal, debiendo existir una partida legal habilitada a esos efectos.

Quienes sean llamados a desempeñar dichas funciones, no adquirirán la calidad de funcionarios públicos.

Artículo 19.- Autorízase a la Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto" del Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento para el Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República" a realizar convenios con la Universidad de la República. A efectos de ser utilizado como contrapartida para dichos convenios, asígnase un monto anual de $ 6:500.000.

Artículo 20.- Autorízase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" a abonar exclusivamente al Personal Subalterno del Escalafón K del departamento de Montevideo, boletos de transporte urbano de pasajeros. Habilítase a esos efecos en el Objeto del Gasto 578 099 "Gastos de promoción y beneficios sociales" una asignación anual de $ 35:500.000 (pesos uruguayos treinta y cinco millones quinientos mil).

Disminúyese la asignación de los Objetos del Gasto 141 "Combustibles líquidos" en $ 22:092.109 (pesos uruguayos veintidós millones noventa y dos mil ciento nueve) y 235 "Viáticos fuera del país" en $ 13:407.891 (pesos uruguayos trece millones cuatrocientos siete mil ochocientos noventa y uno), no pudiendo ser reforzados al amparo del artículo 48 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

El Inciso deberá comunicar la apertura por programas y modificaciones de crédito que se autorizan en el inciso precedente.

Artículo 21.- Modifícanse en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", las siguientes asignaciones presupuestales anuales en moneda nacional:

 

 

Artículo 22.- Asígnase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Programa 002 "Desarrollo Pesquero", Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos", un crédito adicional anual de $ 15:405.000 (pesos uruguayos quince millones cuatrocientos cinco mil) para gastos de funcionamiento de la flota y pago de Observadores Marítimos y de $ 4:008.000 (pesos uruguayos cuatro millones ocho mil) para pago de compensaciones por embarque de la tripulación del buque de investigación Aldebarán. Los mismos se financiarán con Recursos con Afectación Especial correspondientes al Fondo de Desarrollo Pesquero creado por el artículo 200 de la Ley

Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y artículo 270 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, provenientes de la recaudación de tasas de la actividad pesquera.

Artículo 23.- Asígnase al Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", los siguientes créditos anuales en moneda nacional:

 

 

El Inciso comunicará la distribución por objeto del gasto a la Contaduría General de la Nación, a efectos de la apertura de los créditos correspondientes en un plazo de treinta días de aprobada la presente ley. Las partidas asignadas no podrán ser ejecutadas hasta tanto no se formalice la referida distribución.

Increméntase el Grupo 0 "Servicios Personales", incluido aguinaldo y aportes sociales, a efectos de realizar contratos a término de hasta diez profesionales de acuerdo al siguiente detalle:

- Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" $ 813.250 (pesos uruguayos ochocientos trece mil doscientos cincuenta) anuales para la contratación de hasta dos economistas.

- Unidad Ejecutora 008 "Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear" $ 3:415.650 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos quince mil seiscientos cincuenta) anuales para la contratación de hasta seis ingenieros.

- Unidad Ejecutora 010 "Dirección Nacional de Telecomunicaciones" $ 813.250 (pesos uruguayos ochocientos trece mil doscientos cincuenta) anuales para la contratación de hasta dos ingenieros.

Artículo 24.- Agrégase al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por los artículos 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, 6º de la Ley Nº 17.088, de 30 de abril de 1999 y 27 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el siguiente literal:

"T) La compra-venta de energía eléctrica, cualquiera sea su modalidad, por parte de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), con reglamentación previa del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Economía y Finanzas. Las impugnaciones o recursos que en tales casos se interpusieran, en cualquier etapa del procedimiento, no ten-drán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público contratante. El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar al oferente y/o adjudicatario, del depósito de garantías o variar los porcentajes establecidos por el artículo 503 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990".

Artículo 25.- Increméntase en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", Programa 001 "Administración Superior", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", la asignación presupuestal en el Grupo 2 "Servicios No Personales", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", en $ 24:170.000 (pesos uruguayos veinticuatro millones ciento setenta mil) anuales, a efectos de atender una campaña promocional en la región y extraregión así como realizar estudios sobre nuevas realidades en mercados turísticos.

La Contaduría General de la Nación habilitará el crédito presupuestal en un objeto de gasto específico, el que no podrá ser traspuesto al amparo del artículo 48 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 26.- Asígnase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", las siguientes partidas anuales en moneda nacional con cargo a Rentas Generales:

 

 

El Inciso comunicará la apertura por objeto del gasto a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de entrada en vigencia de la presente ley.

Facúltase al Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, a distribuir la partida asignada por el presente artículo entre ambos destinos y a efectuar las referidas contrataciones, previo informe de la Contaduría General de la Nación. Las partidas asignadas no podrán ser ejecutadas hasta tanto no se formalice la referida distribución.

Artículo 27.- Agrégase al artículo 9º de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937 en la redacción dada por la Ley Nº 17.616 de 10 de marzo de 2003 el siguiente inciso:

"En los casos de reventa mencionados en este artículo, la suma que corresponde percibir al Estado en concepto de dominio público proveniente del 3% del precio, será destinada al "Fondo Concursable para la Cultura" creado por el artículo 238 inciso 1º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Las sumas devengadas y que aún no hubieren sido pagas por los sujetos obligados a ello, se verterán asimismo a dicho Fondo".

Artículo 28.- Interprétase que el Fondo Concursable para la Cultura, que establecen los artículos 238 y 250 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, será administrado de la siguiente manera:

a) El Ministerio de Educación y Cultura tendrá a su cargo las partidas presupuestales anuales, establecidas en el artículo 250 de la citada ley y los recursos que se otorguen por medio de las leyes de Presupuesto y de Rendición de Cuentas, así como la definición de su distribución, a través de mecanismos de selección por concurso.

b) El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales tendrá a su cargo los fondos establecidos por el artículo 239 de la citada ley.

Artículo 29.- Créase la Beca "Carlos Quijano", dentro del Ministerio de Educación y Cultura para otorgársele a ciudadanos uruguayos para cursos de postgrado en el exterior. Asígnase una partida de US$ 30.000 (dólares americanos treinta mil) a los efectos de integrar los fondos destinados al otorgamiento de la misma.

Autorízase al Fondo de Solidaridad creado por el artículo 1º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, a reforzar con sus excedentes la partida prevista en el inciso anterior así como para el fondo de becas establecido por el artículo 115 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Artículo 30.- Asígnase al Inciso 12 "Ministerio de Sa-lud Pública", Programa 005 "Administración Subsidio para la Atención Médica", Unidad Ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", una partida anual de $ 49:000.000 (pesos uruguayos cuarenta y nueve millones) con destino a gastos de funcionamiento.

El Inciso dentro de los noventa días de vigencia de la presente ley comunicará a la Contaduría General de la Nación, la distribución de la partida por programas, unidades ejecutoras y objetos del gasto. Las partidas asignadas no podrán ser ejecutadas hasta tanto no se formalice la referida distribución.

Artículo 31.- Prorrógase para el Ejercicio 2007 las partidas establecidas en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" por los artículos 445 y 446 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, con excepción de las modificaciones e incorporaciones que se detallan a continuación:

$

Acción Coordinadora y Reivindicadota del Impedido del Uruguay (ACRIDU) 350.106

Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado 706.744

Instituto Psicopedagógico Uruguayo 543.423

Obra Don Orione 305.575

Pequeño Cotolengo Uruguayo Obra Don Orione 173.903

Comisión Honoraria de la Juventud Rural 100.000

La presente prórroga estará condicionada a la opinión favorable de los Incisos con competencia en las diferentes áreas, que deberá ser remitida al Ministerio de Economía y Finanzas antes del 31 de diciembre de 2006.

Increméntanse los siguientes créditos asignados a los artículos 450 y 458 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en los importes anuales que se detallan a continuación:

- Programa de Desarrollo en Ciencias Básicas (PEDECIBA), en la suma de $ 8:000.000 (pesos uruguayos ocho millones).

- Programa de Fortalecimiento de la Práctica Segura del Deporte - Boxeo entre jóvenes "Knock Out a las Drogas" en la suma de $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil).

SECCION III

FUNCIONARIOS

CAPITULO 1

NORMAS GENERALES

Artículo 32.- Facúltase a la Contaduría General de la Nación a proceder a la habilitación de crédito presupuestal anual en el Inciso, Unidad Ejecutora, financiación y objeto del gasto que corresponda, para atender las erogaciones que resulten, a partir de la vigencia de la presente ley de actos administrativos revocatorios o de sentencias ejecutoriadas, que reconozcan créditos a funcionarios, emanados de procedimientos de redistribución de los mismos.

Lo establecido en el inciso anterior se aplicará cuando el acto administrativo, o el jurisdiccional, en su caso, imponga expresamente la rectificación de la liquidación hacia el futuro. Este requisito no se exigirá para aquellos reclamos deducidos en vía jurisdiccional que, a la fecha de vigencia de esta ley, cuenten con sentencia ejecutoriada.

Artículo 33.- Autorízase a los jerarcas de Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional a redistribuir dentro del mismo Inciso, personal de sus dependencias, cuando las necesidades del servicio lo requieran.

El traslado se dispondrá por resolución fundada, precisando la denominación, serie, escalafón y grado del cargo o función, así como los conceptos que integrarán la retribución del funcionario en la oficina de destino.

La adecuación será realizada previo informe de la Contaduría General de la Nación, por los servicios competentes de cada Inciso, los que determinarán los conceptos retributivos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. Si la adecuación implica un cambio de denominación del cargo o función, corresponderá el informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Contaduría General de la Nación, efectuará las modificaciones presupuestales que correspondan.

Deróganse los artículos 92 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967 y 307 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969 y artículo 18 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 34.- Los funcionarios públicos que registren en sus legajos sanciones de suspensión, como consecuencia de responsabilidad grave comprobada en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia financiera, adquisiciones, gestión de inventarios, manejo de bienes o dinero, no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades, ni ocupar cargos de dirección de unidades ejecutoras. Tampoco podrán integrar en representación del Estado, órganos de dirección de personas jurídicas de derecho público no estatal, debiendo el Poder Ejecutivo o quien por derecho corresponda, designar al reemplazante.

Los órganos y organismos de la Administración que deban decidir sobre tales cuestiones, deberán recabar informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 35.- La remuneración de quienes realicen tareas de investigación derivadas de la ejecución de proyectos concursables, científicos, tecnológicos o de innovación en el ámbito público, será acumulable con cualquiera otra retribución proveniente de organismos públicos. La acumulación de las actividades anteriormente mencionadas no podrá superar el límite de las sesenta horas semanales.

Artículo 36.- A partir de la vigencia de la presente ley, los cargos de confianza incluidos en los literales e), f), g) y h) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, se entenderán asignados al literal d).

Los cargos de particular confianza que se crean por la presente ley, se incluirán en los literales que en cada caso se dispone.

Créase en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", Programa 001 "Administración General", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", los siguientes cargos de particular confianza, con los niveles retributivos que se detallan:

- Director Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social, cuya retribución será la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986;

- Director del Programa de Atención a Colectivos y Población Vulnerable, cuya retribución será la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y dependerá directamente del Director Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social;

- Director del Programa de Asistencia Crítica y Alertas Tempranas, cuya retribución será la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y dependerá directamente del Director Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social.

Artículo 37.- Los funcionarios que ocupen cargos presupuestados en los Escalafones B, C, D, E, F y R, en los Incisos 02 al 15, podrán solicitar, antes del 30 de abril de 2007, la transformación de sus cargos en cargos del Escalafón A, B o C siempre que acrediten haber desempeñado satisfactoriamente, a juicio del jerarca de su Unidad Ejecutora, las tareas propias de ese escalafón durante al menos dos años, con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley.

Para ingresar a los escalafones A y B, los solicitantes deberán presentar los respectivos títulos o créditos habilitantes, expedidos por la Universidad de la República, u otras Universidades e Institutos de Formación Terciaria habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura, que expidan títulos o créditos equivalentes, según corresponda.

El Jerarca del Inciso deberá avalar que la transformación del cargo solicitada es necesaria para la gestión de la Unidad Ejecutora.

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Contaduría General de la Nación, transformará el escalafón, serie y denominación de los cargos respectivos, asignándoles el equivalente al último grado y serie ocupado. Dicha transformación se financiará, de ser necesario, con cargo a los créditos autorizados en la Unidad Ejecutora correspondiente en el Grupo 0 "Servicios Personales".

En todos los casos se mantendrá el nivel retributivo de los funcionarios. Efectuada la transformación, la diferencia que existiere entre la retribución del funcionario en el cargo anterior y al que accede será asignada como una "compensación personal transitoria".

Artículo 38.- A partir de la vigencia de la presente ley, toda mención a cualquiera de las modalidades contractuales que se incluyen en el presente artículo, se entenderá referida a las siguientes definiciones:

a) se considera becario, a quien, siendo estudiante, sea contratado por una entidad estatal, en las condiciones previstas en las normas citadas, con la única finalidad de brindarle una ayuda económica para contribuir a atender el costo de sus estudios a cambio de la prestación de tareas. El contratado no podrá superar las 30 horas semanales. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente literal el régimen de beca de trabajo establecido en los artículos 10 a 13 de la Ley Nº 16.873, de 3 de octubre de 1997;

b) se considera pasante, a quien, habiendo culminado los estudios correspondientes, es contratado por una entidad estatal, en las condiciones previstas en las normas citadas, con la única finalidad que desarrolle una primera experiencia laboral relacionada con los objetivos educativos de la formación recibida;

c) se considera eventual, a quien, por necesidades de trabajo extraordinarias, excepcionales o imprevisibles, siempre de duración limitada, sean contratados para desarrollar dichas tareas a término por una entidad estatal.

El funcionario eventual cesará automáticamente una vez finalizada la tarea para la que se lo contrató;

d) Se considera zafral, a quien, sea contratado por una entidad estatal para desarrollar una tarea que se presenta en forma periódica y previsible, pero no permanente, sea que las mismas constituyan las únicas que cumple el organismo o que representen una intensificación del volumen de trabajo, en ciertas épocas del año. El funcionario zafral cesará automáticamente una vez finalizado el período para el que se le contrató.

Las modalidades contractuales referidas precedentemente no crean derechos ni expectativas jurídicamente invocables.

Los llamados para la contratación de becarios y pasantes posteriores a la vigencia de la presente norma, se efectuarán atendiendo a las definiciones contenidas en este artículo. Autorízase a las Unidades Ejecutoras de los incisos del Presupuesto Nacional a contratar en calidad de becarios o pasantes, de acuerdo con la definición anterior, a estudiantes y egresados, cuando se cuente con crédito presupuestal en el Objeto 057 "Becas de trabajo y pasantías y otras retribuciones", o mediante convenios, con el sistema educativo público y privado con cargo a sus partidas presupuestales, no pudiendo bajo ninguna circunstancia superar el plazo establecido en el artículo 623 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 39.- La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá incluir anualmente en la Rendición de Cuentas o el Presupuesto según corresponda, el número de altas y bajas producidas en la plantilla de personal de los diferentes organismos estatales y la información de la totalidad de las contrataciones realizadas durante el año, discriminadas según el organismo contratante, el tipo de contrato, el mecanismo de selección utilizado y si se trata de renovaciones o nuevas contrataciones.

Artículo 40.- Sustitúyese el inciso sexto del artículo 29 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"Del total de las retribuciones nominales ajustes a montepío de quienes hayan optado para acogerse al presente régimen, el 65% (sesenta y cinco por ciento) se destinará al pago del incentivo de retiro, el 35% (treinta y cinco por ciento) se habilitará en el Objeto del Gasto 092 "Partida Global", a efectos de financiar la reformulación de las estructuras previstas en el artículo 6º de la presente ley.

Finalizado el período de pago o acaecida algunas de las causales de cese del beneficio previstas en el inciso cuarto, la partida correspondiente será restituida al Grupo 0 "Servicios Personales", Objeto del Gasto 092 "Partida Global".

Artículo 41.- Quedan comprendidos en el artículo 29 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los funcionarios públicos de la Administración Central y Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, que al 31 de diciembre de 2006, tengan cincuenta y ocho años de edad o más y que configuren causal jubilatoria antes del 1º de enero de 2010.

Los funcionarios podrán acogerse a la opción de retiro hasta el 31 de diciembre de 2007.

Artículo 42.- Declárase que lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, no es aplicable a los funcionarios en comisión al amparo de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 9.843, de 17 de julio de 1939, en la redacción dada por el artículo 166 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 43.- Autorízase al traslado de funcionarios de organismos estatales y no estatales para desempeñar en comisión, tareas de asistencia directa a los Intendentes Municipales a su expresa solicitud, en las condiciones previstas en el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Los Intendentes Municipales no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión simultáneamente al amparo del presente régimen.

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, por el siguiente:

"ARTICULO 37.- Las personas físicas contratadas bajo el régimen que se crea por los artículos precedentes, tendrán derecho a beneficios sociales, licencia anual ordinaria, por maternidad, por enfermedad así como indemnización por despido en las situaciones expresamente previstas en el inciso final del artículo 34 y literal A) del artículo 36, así como al seguro por desempleo previsto por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, con aplicación de los importes máximos establecidos en el artículo 34 de la presente ley."

Incorpórase al artículo 39 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002 el siguiente inciso:

"Los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, podrán destinar los créditos habilitados en el Grupo 0 "Servicios Personales" para la aplicación de lo establecido por el artículo 8º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, al financiamiento del presente régimen".

Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Artículo 45.- Los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que revistaban en los Puertos de Paysandú y Salto a la fecha de su asignación a la Administración Nacional de Puertos, serán redistribuidos a la misma.

La Comisión de Adecuación Presupuestal dispondrá las adecuaciones conforme a lo establecido por el artículo 60 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

En el mismo acto en que el Poder Ejecutivo, dentro de las facultades previstas en el artículo 20 de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1991, asigne la administración de los puertos estatales existentes fuera del departamento de Montevideo a la Administración Nacional de Puertos, los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se encuentren afectados al servicio, serán redistribuidos a dicha Administración.

Artículo 46.- Extiéndese a los funcionarios públicos que legitimen adoptivamente o adopten menores de edad, el derecho a percibir el equivalente al valor del beneficio de Prima por Nacimiento, establecido por el artículo 18 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985.

Los interesados deberán acreditar la situación referida en el inciso primero mediante testimonio de resolución judicial ejecutoriada, constancia expedida por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o testimonio de la respectiva escritura pública.

Artículo 47.- Prórrogase por única vez el plazo establecido en el inciso 4º del artículo 15 de la Ley de Presupuesto Nacional 2005-2009, Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, por un plazo de 90 días. La prórroga referida comenzará a regir a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

La Oficina Nacional de Servicio Civil deberá dar amplia difusión a todos los organismos estatales de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, así como la prórroga dispuesta en el presente ar-tículo.

CAPITULO 2

ESTRUCTURAS

Artículo 48.- Créanse las siguientes funciones de Alta Especialización en los Incisos y unidades ejecutoras que se detallan a continuación: Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" e Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría". Dichas funciones serán desempeñadas por profesionales universitarios en el área de contabilidad y finanzas, abarcando la planificación estratégica y la supervisión de los procesos presupuestales y financiero - contables.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el Grupo 0 "Servicios Personales" el monto de $ 548.275 (pesos uruguayos quinientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco), incluidos aportes y aguinaldo, a los efectos de financiar la retribución de dichas funciones en cada una de las unidades ejecutoras citadas.

Artículo 49.- Sustitúyese el artículo 72 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"ARTICULO 72.- Créase como órgano desconcentrado dentro del Inciso 02 "Presidencia de la República", el Programa 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información" y la Unidad Ejecutora 010 "Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información", que actuará con autonomía técnica, sin perjuicio de los controles que sea necesario realizar en los aspectos técnicos por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). Se comunicará con el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Tendrá un Consejo Directivo Honorario encargado de diseñar las líneas generales de acción, evaluar el desempeño y resultados obtenidos. Estará integrado por seis miembros designados por el Presidente de la República, uno de los cuales actuará en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Asimismo tendrá los siguientes Consejos Asesores Honorarios:

a) Consejo para la Sociedad de la Información, integrado por los rectores de la Universidad de la República y de las Universidades Privadas, el Presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones y el Presidente de la Cámara Uruguaya de Software o quienes ellos designen como representantes.

b) Consejo Asesor de Empresas, integrado por cinco representantes de empresas nacionales o internacionales instaladas en el país, pertenecientes al sector de las tecnologías de la información y comunicación. Será requisito para integrar el consejo acreditar experiencia a nivel internacional en ventas de servicios o productos vinculados al sector.

c) Consejo Asesor del Sector Público compuesto por siete miembros nombrados anualmente por el Presidente de la República, a propuesta del Consejo Directivo Honorario, elegidos entre los Jerarcas del sector Informática de los organismos estatales."

Artículo 50.- La "Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información", tendrá como objetivo la mejora de los servicios al ciudadano utilizando las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los cometidos asignados por el Poder Ejecutivo a otros órganos u organismos relacionados con áreas de competencia de esta Agencia, se considerarán asignados a ésta.

Agrégase a la nómina del artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, la función de Alta Prioridad de "Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información" a cuyo cargo estará la estructura operativa de la Unidad Ejecutora que se crea.

El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General la estructura organizativa y de puestos de trabajo de esta Agencia, a su iniciativa y previo asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación. Si en un plazo de cuarenta y cinco días no hubiera expresión contraria a la propuesta del Poder Ejecutivo, éste procederá a su aprobación por decreto. El ingreso de funcionarios a esta estructura, será en todos los casos, por concurso de oposición y méritos.

Asígnase al Inciso 02 "Presidencia de la República", Programa 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información", Unidad Ejecutora 010 "Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información", las siguientes partidas anuales expre-sadas en moneda nacional, financiadas con Rentas Generales:

Retribuciones Personales 8:452.500

Gastos de Funcionamiento 2:415.000

Inversiones 1:207.500

La Presidencia de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la distribución de las partidas asignadas, a nivel de objeto del gasto y de proyectos de inversión una vez aprobada la estructura organizativa y puestos de tra-bajo. Las partidas asignadas precedentemente no podrán ser ejecutadas hasta que se formalice la referida distribución.

Artículo 51.- Suprímese la función de Alta Prioridad de "Director del Programa de Inversión Social" del Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento para el Sector Público", Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto", del Inciso 02 "Presidencia de la República" establecida en el artículo 66 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001.

Créanse en la misma Unidad Ejecutora la función de Alta Prioridad "Director de Desarrollo Local", que se considerará incluida en el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 52.- Transfórmase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", Programa 001 "Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría de Estado", Supremo Tribunal Militar, cinco (5) cargos de Soldado de 2da. (JM), en un (1) cargo de Teniente Coronel (JM).

Transfórmase en el Programa 002 "Ejército Nacional", Unidad Ejecutora 004 "Comando General del Ejército", 1.104 (mil ciento cuatro) cargos de Soldado de Segunda en 1.104 (mil ciento cuatro) cargos de Soldado de Primera.

Artículo 53.- Créanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior" los siguientes cargos en el Escalafón "L" Policial, a financiarse con Rentas Generales, en los programas y unidades ejecutoras que se indican.

 

Créase en el Programa 013 "Servicio de Sanidad Policial", Unidad Ejecutora 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", con cargo a Rentas Generales, quince funciones contratadas de Oficial Subayudante (PT) Médicos Residentes Contratados Policiales (CP). La provisión de los cargos, vigencia del contrato y demás aspectos funcionales de-rivados de la residencia médica, se regirá por el Decreto-Ley Nº 15.372, de 4 de abril de 1983, Ley Nº 16.574, de 19 de setiembre de 1994 y normas dictadas por la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias.

Los cargos del Escalafón "L", del Programa 011 "Policía Técnica", Unidad Ejecutora 028 "Dirección Nacional de Policía Técnica", en el subescalafón de Policía Especializada (PE), con excepción de la Serie "Plomero", pasarán a tener la Serie "Criminalística". El ingreso a los cargos de referencia se hará por concurso de oposición, con evaluación de conocimientos relativos a áreas de la ciencia criminalística.

Artículo 54.- Suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001, los siguientes cargos del Escalafón "L" Policial:

 

 

Créanse en el Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001, en el Escalafón "L" Policial, los siguientes cargos a financiarse con Rentas Generales:

 

 

Artículo 56.- Sustitúyese el artículo 94 de la Ley Nº 15.903, del 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 94.- Créase con carácter de particular confianza el cargo de Director Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, que estará comprendido en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

El Director de la Policía Nacional, referido en el inciso segundo del artículo 143 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 135 de la Ley Nº 16.320, del 1º de noviembre de 1992, estará comprendido en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 57.- Autorízase a la Dirección Nacional de Sanidad Policial a prestar asistencia médica integral a título oneroso, a los hijos de Policías en actividad y retiro, mayores de 21 años, o que hubieren quedado inhabilitados por matrimonio.

El Poder Ejecutivo aprobará el valor de dicha contraprestación, a sugerencia de la Dirección Nacional de Sanidad Policial y previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los montos percibidos por este concepto constituirán fondos de terceros. En el artículo 38 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 58.- Facúltase a la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial del Ministerio del Interior, a disponer del uno por ciento de los ingresos del Fondo creado por el artículo 87 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, con las modificaciones introducidas por el artículo 8º de la Ley Nº 14.230, de 23 de julio de 1974 y artículo 1º de la Ley Nº 14.854, de 12 de diciembre de 1978, con destino al Fondo de Vivienda, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 59.- Los servicios permanentes de prevención y protección contra siniestros que, con carácter de exclusividad, preste la Dirección Nacional de Bomberos en función de la especialidad de los riesgos existentes, serán onerosos.

El costo de los mismos se determinará de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 60.- Sustitúyese el inciso 2º del artículo 231 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"Las funciones correspondientes a la Dirección de las mismas, serán desempeñadas por funcionarios de la referida Unidad Ejecutora, que ocupen los cuatro grados superiores de la estructura vigente para cada escalafón".

Elimínase en la Unidad Ejecutora 003 "Auditoría Interna de la Nación", la condición (al vacar Jefe de Departamento - serie Contador), que figura en el planillado adjunto a la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, para el cargo Escalafón A 14 -Jefe de Departamento- serie Escribano.

Artículo 61.- Autorízase al Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", a exceptuar hasta diez funcionarios de los Escalafones A o M, de la rotación prevista en el artículo 40 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, con la redacción dada por el artículo 147 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, a efectos de cumplir funciones de negociadores en el país, asignándolos a la función a partir de los dos años de permanencia en la misma.

Mientras se desempeñen en dicha función percibirán la retribución equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo de Ministro de Estado.

Artículo 62.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", al amparo de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, un cargo del Escalafón C Administrativo, Grado 06, Administrativo III, Serie Administrativo.

Suprímese en la misma Unidad Ejecutora, una función contratada en el Escalafón C Administrativo, Grado 06, Administrativo III, Serie Administrativo.

Créase en el Programa 001 "Administración Superior", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", una función de "Director del Sistema de Identificación y Registro Animal" (SIRA), la que será provista por el régimen de Alta Especialización de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 714 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y normas concordantes.

Los créditos existentes para financiar esta erogación provienen de las economías generadas de acuerdo al artículo 726 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 63.- Autorízase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" a contratar hasta cuarenta becarios y pasantes financiados con partidas provenientes de Recursos con Afectación Especial, al amparo de lo dispuesto por los artículos 620 a 627 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

Artículo 64.- Sustitúyese el inciso 3º del artículo 8º de la Ley Nº 16.105, de 23 de enero de 1990, por el siguiente:

"Sustitúyese la denominación de la Unidad Ejecutora 006 "Junta Nacional de la Granja" por "Dirección General de la Granja".

Créase en dicha Unidad Ejecutora el cargo de Director General de la Granja, de particular confianza, comprendido en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

Artículo 65.- Créase en el Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", la función de Alta Prioridad de Director Nacional de Inversiones y Planificación, que estará comprendida en el régimen dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Derógase el artículo 312 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Créase en el Programa 007 "Planificación, Coordinación y Contralor de Transporte", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Transporte", la Dirección General de Transporte Aéreo, con los cometidos de asesorar al Ministerio en la formulación de las políticas de transporte aéreo y coordinar actividades con la Junta Nacional de Aeronáutica Civil.

Créanse en la misma Unidad Ejecutora los cargos de Director General de Transporte Aéreo y Director General de Transporte Fluvial y Marítimo con carácter de particular confianza, comprendidos en el literal e) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 66.- Créanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", las siguientes funciones de Alta Prioridad de acuerdo al régimen previsto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en los Programas y Unidades Ejecutoras que se detallan:

 

 

Suprímese al vacar en el Programa 007 "Organización de Espectáculos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficial", Unidad Ejecutora 016 "Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos", el cargo de confianza Director de Radiodifusión Nacional.

Artículo 67.- Asígnase al Inciso 11, Programa 001, "Administración General", Unidad Ejecutora 001, "Dirección General de Secretaría", una partida anual de $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) con destino a financiar el funcionamiento del Consejo de Derechos de Autor.

Artículo 68.- Asígnase en el Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura, Unidad Ejecutora 024, Servicio de Televisión Nacional, una partida anual de $ 7:251.000 (pesos uruguayos siete millones doscientos cincuenta y un mil) para refuerzo de gastos de funcionamiento e inversiones.

La Unidad Ejecutora 024 comunicará la distribución de la partida propuesta a la Contaduría General de la Nación a efectos de la apertura de los créditos dispuestos en el presente artículo en un plazo de sesenta días de aprobada la presente ley.

Artículo 69.- Créanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", Programa 001 "Administración General", Unidad Ejecutora 001 "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", el cargo de "Director General de Secretaría" y en el Programa 003 "Preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación", Unidad Ejecutora 007 "Archivo General de la Nación", un cargo de "Director del Archivo General de la Nación", con carácter de particular confianza, cuyas remuneraciones estarán comprendidas en los literales c) y d) respectivamente del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 70.- Facúltase al Poder Ejecutivo a convenir con la Universidad de la República, la incorporación del Centro de Diseño Industrial, creado por el artículo 215 de la Ley Nº 15.903, de noviembre de 1987 en la órbita de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, al mencionado Ente Autónomo. Efectuada la incorporación, se transferirán los créditos y cargos presupuestales correspondientes.

Artículo 71.- Créase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" Programa 010 "Ministerio Público y Fiscal" Unidad Ejecutora 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", dos Fiscalías Letradas Nacionales especializados en materia de violencia doméstica, cuya competencia será asignada por el Poder Ejecutivo, con dos cargos de Fiscal Letrado Nacional escalafón N, dos cargos de Fiscal Letrado Adjunto escalafón N y dos cargos de Secretario Letrado escalafón A grado 13, serie Abogado.

Artículo 72.- Créanse en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", los cargos de particular confianza "Director Nacional de Empleo" y "Director Nacional de Coordinador en el Interior", cuya retribución será la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 73.- Créase en el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" el Programa 005 "Formulación, Supervisión y Control de Planes de Protección de los Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento" y la Unidad Ejecutora 005 "Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento".

Créase el cargo Director Nacional de Aguas y Saneamiento, comprendido en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Derógase el artículo 328 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

CAPITULO 3

REMUNERACIONES

Artículo 74.- Asígnase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", una partida permanente, para abonar mensualmente al personal militar afectado a la vigilancia externa de los establecimientos carcelarios, de acuerdo a la siguiente escala:

Dicha partida será atendida con cargo al Grupo 0 "Servicios Personales" por concepto de "Prima de Seguridad Perimetral en Establecimientos Carcelarios", Financiación 1.1 "Rentas Generales" y no se tomará como base de cálculo en las retribuciones que se calculen en base a porcentajes.

Derógase toda otra disposición que hubiera establecido complementos para el citado personal por la misma causa y transfiéranse los créditos destinados a compensar el referido concepto al objeto del gasto que habilite la Contaduría General de la Nación para el pago de la prima.

Artículo 75.- Créase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", una compensación mensual individual, sujeta a montepío, para cada integrante del Escalafón "L" Policial, de $ 760 (pesos setecientos sesenta), con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Artículo 76.- Sustitúyese el párrafo primero del texto del artículo 141 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Institúyese una compensación por Riesgo de Función a la que tendrá derecho el personal policial perteneciente al Sub-Escalafón de Policía Ejecutiva mientras esté en actividad".

Se sustituye asimismo el párrafo tercero de la misma norma, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"La percepción de esta prima es incompatible con la percepción del beneficio previsto en el artículo 143 de la presente Ley para los sub-escalafones de apoyo".

Artículo 77.- Sustitúyese el párrafo primero del texto del artículo 142 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el artículo 164 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 29.- El personal policial perteneciente al Sub-Escalafón de Policía Ejecutiva, percibirá con carácter permanente y mientras esté en actividad una Prima Técnica cuya percepción es incompatible con el cobro previsto en el artículo 143 de la presente Ley para los sub escalafones de apoyo, de acuerdo con la siguiente escala:".

Artículo 78.- Interprétase que el inciso segundo del artículo 2º de la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003, en lo que refiere a remuneraciones extraordinarias, comprende la prima por rendimiento grupal e individual que corresponda, al personal contratado al amparo de lo dispuesto por la Sección III, Capítulo IV de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, no considerándose para el cálculo la escala retributiva que surge de la aplicación del artículo 42 de la precitada ley.

Artículo 79.- Habilítase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", Programa 014 "Coordinación del Comercio", Unidad Ejecutora 014 "Dirección General de Comercio", una partida de $ 1:578.600 (pesos uruguayos un millón quinientos setenta y ocho mil seiscientos) en el Grupo 0 "Servicios Personales", Objeto 095.002 "Fondo de Contrataciones" y una partida de $ 557.175 (pesos uruguayos quinientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cinco) en el Objeto 057 "Becas de trabajo y pasantías".

Disminúyese en el Inciso 05 "Ministerio de Econo-

mía y Finazas" Programa 001 "Administración, Recursos de Apoyo, Conducción Ecómico Financiera", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", el Objeto 581 "Transferencias corrientes a organismos internacionales" en $ 1:578.600 (pesos uruguayos un millón quinientos setenta y ocho mil seiscientos) y en el Programa 002 "Administración del Sistema Presupuestario y de Contabilidad Integrada de la Nación", Unidad Ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación", el Objeto 095.002 "Fondo de Contrataciones" en $ 557.175 (pesos uruguayos quinientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cinco).

Artículo 80.- Autorízase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", Unidad Ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación" a trasponer del Objeto 099 "Otras Retribuciones" al Objeto 057 "Becas de Trabajo y otras Retribuciones" hasta $ 2:800.000 (pesos uruguayos dos millones ochocientos mil) con Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de contratar hasta treinta becarios y pasantes.

Artículo 81.- Asígnase al Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", Programa 01 "Administración", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y artículo 179 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, no pudiendo superar en el Ejercicio 2007 la suma de $ 15:200.000 (pesos uruguayos quince millones doscientos mil).

Asígnase, en el mismo Programa, una partida de $ 113.761 (pesos uruguayos ciento trece mil setecientos sesenta y uno) anuales, complementaria de la financiación prevista por el artículo 7º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 82.- El Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", podrá atender las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Asesoría de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) que participen en tareas específicas de encuesta fuera de su lugar habitual de trabajo, de acuerdo a lo que determine la reglamentación que a tales efectos dicte el Poder Ejecutivo. Habilítase a estos efectos en el Grupo 0 "Servicios Personales", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", una partida anual de $ 122.000 (pesos uruguayos ciento veintidos mil).

Artículo 83.- Modifícase el artículo 214 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

"ARTICULO 214.- El pago de las compensaciones por embarque del personal afectado a las tareas desarrolladas en buques de investigación y embarcaciones de apoyo, en ríos, lagunas, represas e islas, así como sus correspondientes aportes a la seguridad social, serán financiadas con los Recursos con Afectación Especial generados por la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos", del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 84.- Habilítase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Programa 005 "Servicios Ganaderos", Unidad Ejecutora 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos", una partida anual de $ 30:800.420 (pesos uruguayos treinta millones ochocientos mil cuatrocientos veinte) en el Grupo 0 "Servicios Personales", con destino a abonar compensaciones por dedicación especial a los funcionarios.

Dicha partida se atenderá con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Artículo 85.- Asígnase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", las siguientes partidas anuales en moneda nacional, Financiación 1.1 "Rentas Generales".

 

 

 

El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación, la distribución de las partidas asignadas, a nivel de objeto del gasto. Dichas partidas no podrán ser ejecutadas hasta que se formalice la referida distribución.

La Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, dependiente de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", podrá solicitar el pase en comisión por única vez, de hasta diez funcionarios públicos de la Administración Central, Organismos del artículo 220 y 221 de la Constitución de la República, pertenecientes al Escalafón A, técnico profesional, con título de Abogado, Escribano o Procurador.

A efectos de compensar la mayor dedicación de dichos funcionarios, se habilita un crédito presupuestal en el Grupo 0 "Servicios Personales" de 1:000.000 (pesos uruguayos un millón) en los Ejercicios 2007 y 2008.

El plazo de la comisión a que refiere el presente artículo tendrá una duración de un año, prorrogable por una sola vez, si no existiera decisión previa en contrario.

Artículo 86.- Asígnase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", Programa 014 "Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Económico Financiera del Estado", Unidad Ejecutora 022 "Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado", una partida anual de $ 1:500.000 (pesos uruguayos un millón quinientos mil) para la contratación de profesionales y técnicos. Dichas contrataciones se harán efectivas en el régimen previsto por el artículo 337 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 y podrán comprender todo tipo de actividades de naturaleza técnica.

Artículo 87.- Autorízase a la Unidad Ejecutora 021

- Dirección General del Registro de Estado Civil - a redistribuir entre sus funcionarios las economías correspondientes al Objeto del Gasto 047.002 "Equiparación Salarial Similar Responsabilidad Reforma del Estado", hasta tanto no se apruebe la reestructura escalafonaria de cargos y funciones contratadas de esa Unidad.

Artículo 88.- A los efectos del mejoramiento de la administración de justicia, encomiéndase al Ministerio de Educación y Cultura a establecer una equiparación salarial en forma gradual y progresiva en el término de cinco años, a partir del 1º de enero de 2007, de los funcionarios que cumplen tareas de Secretarios Letrados y Asesores en el Ministerio Público y Fiscal, con el Escalafón N del Poder Judicial.

Artículo 89.- Asígnase en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", en el Grupo 0 "Servicios Personales", las siguientes partidas presupuestales, que incluyen aportes a la seguridad social y aguinaldo:

A efectos de financiar el aumento de valor hora del personal médico y de los odontólogos:

- $ 41:904.000 (pesos uruguayos cuarenta y un millones novecientos cuatro mil), hasta el 31 de diciembre de 2006;

- $ 211:000.000 (pesos uruguayos doscientos once millones) a partir del 1º de enero de 2007.

Con la finalidad de otorgar aumentos salariales a funcionarios no médicos:

- $ 91:500.000 (pesos uruguayos noventa y un millones quinientos mil) hasta el 31 de diciembre de 2006 y

$ 183:000.000 (pesos uruguayos ciento ochenta y tres millones) a partir del 1º de enero de 2007.

Estas partidas se consideran a cuenta de la recuperación salarial dispuesta por el artículo 454 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, que se autorice a los funcionarios públicos de la Administración Central.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de asignación de estas partidas.

Autorízase al Inciso a transferir al Grupo 0 "Servicios Personales", las partidas que se abonan a la fecha de vigencia de la presente ley por concepto de contribuciones, a las comisiones de apoyo a médicos residentes a efectos de regularizar sus remuneraciones, y asígnase una partida anual complementaria de 18:000.000 (pesos uruguayos dieciocho millones). La Contaduría General de la Nación habilitará el objeto de gasto correspondiente.

Créanse hasta ciento cuarenta cargos en el escalafón A, Técnico III Médico, Grado 08, con el fin de incorporar al padrón presupuestal a los Médicos de Familia que al 31 de diciembre de 2006 se encontraren contratados como tales por la Unidad Ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", previa evaluación favorable. El Inciso comunicará la distribución de los referidos cargos entre las Unidades Ejecutoras 002 "Red de atención primer nivel ASSE" y 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado" a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de vigencia de la presente ley.

El Ministerio podrá asignar compensaciones complementarias al salario que corresponda al cargo presupuestal de los referidos médicos, a efectos de retribuir su mayor dedicación en el primer nivel de atención sin que ello signifique incremento en la retribución nominal vigente a la misma fecha.

Autorízase a dicha Secretaría de Estado, a transferir del Objeto del Gasto 282 "Profesionales y técnicos", que en la actualidad financia el pago de las retribuciones (honorarios) de los Médicos de Familia, al Grupo 0 "Servicios Personales", los montos necesarios con el objeto de cubrir los salarios correspondientes al cargo presupuestal y las compensaciones que le fueren asignadas incluyendo aquinaldo y aportes a la seguridad social.

El Poder Ejecutivo reglamentará las referidas compensaciones adecuando la partida presupuestal transferida, previo asesoramiento de la Contaduría General de la Nación, sin que ello implique mayor costo presupuestal ni de caja.

Artículo 90.- Increméntase en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Programa 001 "Admi-nistración General", la partida destinada al pago de una compensación mensual por alimentación para quienes presten funciones en el Inciso, creada por el artículo 375 de la Ley Nº 17.296, de 21 de enero de 2001, en $ 13:400.000 (pesos uruguayos trece millones cuatrocientos mil).

El incremento dispuesto en el inciso precedente será financiado con cargo a los recursos establecidos por el literal D) del artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, en la redacción dada por el artículo 413 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Los créditos autorizados para gastos de funcionamien-to del Programa 006 "Investigación y Asistencia Alimentario - Nutricional", Unidad Ejecutora 006 "Instituto Nacional de Alimentación" serán abatidos en la suma de $ 13:400.000 (pesos uruguayos trece millones cuatrocientos mil). La distribución del abatimiento será comunicada por el Inciso a la Contaduría General de la Nación en un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Deróganse las exoneraciones previstas por el artículo 23 de la Ley Nº 15.800 de 17 de enero de 1986, de los aportes patronales que debiera realizar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con relación a las sumas provenientes del Fondo de Participación, creado por el artículo 567 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 439 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 91.- Habilítase en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Programa 001 "Administración General", una partida anual con cargo a Rentas Generales, equivalente a los créditos prespuestales del Ejercicio 2005 de los grupos de gastos de funcionamiento - Grupos 1 a 9 - financiados con los Recursos con Afectación Especial, correspondiente a las Unidades Ejecutoras integrantes del Inciso, con excepción de la Unidad Ejecutora 006 "Instituto Nacional de Alimentación".

Elimínase a partir del Ejercicio 2007 los créditos presupues-tales financiados con Recursos con Afectación Especial de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso, con excepción de la Unidad Ejecutora 006 "Instituto Nacional de Alimentación".

Asígnase una partida anual de $ 156:000.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta y seis millones) con cargo a Rentas Generales, a fin de otorgar a quienes presten efectivamente funciones en la referida Secretaría de Estado, una compensación mensual de hasta $ 8.850 (pesos uruguayos ocho mil ochocientos cincuenta) a valores de julio de 2006, la que recibirá los ajustes que por todo concepto perciban los funcionarios de la Administración Central.

Derógase las afectaciones dispuestas por los artículos 294 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y 113 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, en la redacción dada por el artículo 430 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Todas las afectaciones de ingresos y referencias realizadas por normas legales y reglamentarias anteriores a la vigencia de la presente ley a los Recursos con Afectación Especial del mencionado Inciso, con excepción de los financiados con cargo a los recursos establecidos por el literal D) del artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, en la redacción dada por el artículo 413 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y los compromisos no devengados al 31 de diciembre de 2006 que tuvieren como fuente de financiamiento dichos recursos, serán considerados a Rentas Generales.

La disponibilidad financiera existente de dichos recursos luego de cancelar las obligaciones registradas en el Ejercicio 2006 y en ejercicios anteriores, será transferida a Rentas Generales.

Autorízase al Inciso a transferir del Grupo 0 "Servicios Personales" al Grupo 2 "Servicios No Personales" los montos correspondientes a las becas y pasantías al vencimiento del plazo de su contratación, siempre que no sean regularizados por aplicación del artículo 7º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en cuyo caso se eliminará el referido crédito. Exceptúase de la transferencia de créditos autorizada, la partida correspondiente a la contratación de pasantías al amparo de lo dispuesto por el artículo 436 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a realizar las modificaciones de fuente de financiamiento necesarias a efectos de dar cumplimiento a la presente norma.

Artículo 92.- Asígnase al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", Programa 001 "Administración General", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", las siguientes partidas anuales:

En el Grupo 0 "Servicios Personales":

- $ 18:415.950 (pesos uruguayos dieciocho millones cuatrocientos quince mil novecientos cincuenta), con destino al Objeto 092 "Partidas Globales a Redistribuir" para financiar la estructura escalafonaria del Inciso. La referida partida sólo podrá distribuirse entre los distintos objetos del gasto del Grupo 0 "Servicios Personales", luego de aprobada la citada estructura;

- $ 3:000.000 (pesos uruguayos tres millones) para la contratación de becarios y pasantes. Esta partida incluye aguinaldo y aportes a la seguridad social.

- para gastos de funcionamiento $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) y;

- Proyecto Nº 999 "Inversiones a Distribuir" $ 1:000.000 (pesos uruguayos un millón) anuales para el período 2007 - 2009.

El Inciso dentro de los noventa días de la vigencia de la presente ley, comunicará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación, su distribución por programas, unidades ejecutoras, objetos del gasto y proyectos de inversión cuando corresponda. Dichas partidas no podrán ser ejecutadas hasta que se formalice la referida distribución.

Interprétase que el Plan de Atención de Emergencia a cargo del Inciso, tendrá vigencia hasta que se agoten los créditos presupuestales habilitados para el mismo.

Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 17.869, de 20 de mayo de 2005, por el siguiente:

"ARTICULO 3º.- (Ingreso Ciudadano).- El Programa de Ingreso Ciudadano se aplicará durante el plazo de vigencia del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social y abarcará a quienes se encuentren en las condiciones previstas en los artículos siguientes."

SECCION IV

UNIDADES REGULADORAS

Artículo 93.- Fíjanse los siguientes niveles retributivos máximos nominales, por todo concepto, con excepción de la prima por antigüedad y los beneficios sociales, correspondientes a la estructura de cargos y funciones contratadas de la "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones" (URSEC):

 

El personal que presta funciones en comisión deberá optar, en un plazo máximo de seis meses, por volver al organismo de origen o incorporarse a la "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones" (URSEC). Vencido dicho plazo, la URSEC no podrá contar con funcionarios en comisión.

A efectos de cubrir las diferencias salariales previstas, y de habilitar la realización de gastos de funcionamiento y proyectos de inversión específicos, increméntase las asignaciones presupuestales en moneda nacional, en los importes y para los destinos que se detallan a continuación:

 

 

 

La URSEC comunicará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación, dentro de los noventa días de vigencia de la presente ley, la distribución por proyecto de las partidas asignadas a inversiones y objeto del gasto para otras partidas, las que no podrán ser ejecutadas hasta que se formalice la precitada distribución.

Las partidas de remuneraciones personales incluye previsiones para aguinaldo y aportes a la seguridad social.

Quienes cumplan funciones en esta Unidad estarán sujetos al régimen de permanencia a la orden y no podrán desempeñar ninguna otra actividad sea pública o privada, nacional o internacional, rentada u honoraria, vinculada con las empresas controladas o con aquellas que directa o indirectamente se encuentren comprendidas dentro del ámbito de su competencia, excepto en lo que respecta al desempeño de funciones docentes en la enseñanza superior.

Los funcionarios que se incorporen a los puestos de trabajo de la Unidad por vía de redistribución, mantendrán su retribución y la condición de presupuestados o contratados según lo fueran en su oficina de origen. Una vez vacantes dichos puestos, se redefinirá la naturaleza del vínculo funcional según las necesidades del servicio por resolución del Poder Ejecutivo, a propuesta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

El programa anual de designación, redistribución y pases en comisión de esta Unidad Ejecutora deberá contar con informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las retribuciones personales y demás prestaciones de carácter salarial de los funcionarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones que se financien con Rentas Generales, incluidas las cargas sociales, serán reembolsados por dicha Unidad con los recursos previstos en el artículo 2º de la Ley Nº 17.820, de 7 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 197 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y en el artículo 98 de esta ley.

Derógase el artículo 196 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 94.- Los funcionarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones que ocupen los puestos de trabajo transferidos según lo dispuesto en los incisos 1º y 2º del artículo 195 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, que cumplan con los requisitos tales como nivel de suficiencia, perfil y experiencia, podrán acceder a los puestos de trabajo definidos en la estructura que aprobará el Poder Ejecutivo al amparo de lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, aquellos funcionarios que no cumplan con los mencionados requisitos, mantendrán su calidad de contratados o presupuestados y su remuneración.

La función o el cargo será la que corresponda según las tareas que se le adjudiquen de acuerdo con la estructura aprobada, atendiendo a su perfil.

Establécese que los niveles jerárquicos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) que a continuación se enumeran: Gerente General, Gerente de División, Secretario General, Auditor General, Asesor General y los niveles de Jefatura de la Gerencia de Planificación Regulatoria que sean determinados en la estructura aprobada, serán funciones contratadas a proveerse únicamente por concurso público abierto.

Artículo 95.- Increméntase en el Inciso 02 "Presidencia de la República, Programa 005 "Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones", Unidad Ejecutora 009 "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones" el crédito anual del Objeto del Gasto 057, en un importe de $ 1:350.000 (pesos uruguayos un millón trescientos cincuenta mil), a los efectos de atender las contrataciones de becarios y pasantes en la mencionada Unidad Ejecutora con cargo a sus propios recursos.

Artículo 96.- Agrégase al artículo 90 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los siguientes literales:

"e) dictar normas generales e instrucciones particulares que aseguren el funcionamiento de los servicios comprendidos en su competencia con arreglo a lo establecido por las políticas sectoriales y los objetivos enunciados en los artículos 72 y 73 de la presente ley, pudiendo requerir a los operadores y agentes postales del sector público y privado todo tipo de información para el cumplimiento de sus fines.

f) lo establecido en los numerales a y f, j a m, ñ a r, y t a w del artículo 86 de la presente ley."

Sustitúyense los literales ñ. y t. del artículo 86 de la Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por los siguientes:

"ñ. dictar normas generales e instrucciones particulares que aseguren el funcionamiento de los servicios comprendidos en su competencia con arreglo a lo establecido por las políticas sectoriales y los objetivos enunciados en los artículos 72 y 73 de la presente ley, pudiendo requerir a los prestadores y agentes de telecomunicaciones, públicos y privados, todo tipo de información para el cumplimiento de sus fines."

"t. Aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 89 -en este último caso, cuando se trate de una sanción exclusiva- y dictaminar preceptivamente ante el Poder Ejecutivo para la adopción de las restantes.".

Artículo 97.- El Poder Ejecutivo podrá delegar en quien crea conveniente, la representación del Estado en las distintas organizaciones internacionales.

Artículo 98.- Sustitúyese el inciso 1º del artículo 2º de la Ley Nº 17.820, de 7 de setiembre de 2004 en la redacción dada por el artículo 197 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"Créase la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones, que se devengará por el control y la regulación de las actividades comprendidas en lo dispuesto en los artículos 71 a 73 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. ANTEL abonará dicha Tasa por todos los servicios que presta, incluyendo la telefonía fija y conmutada sin distinción de la tecnología empleada, que presta en condiciones de exclusividad, con excepción de aquellos servicios de carácter social de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Nº 17.598 de 13 de diciembre de 2002.

Los servicios comerciales de comunicaciones postales comprenderán además de los descriptos en el literal b) del artículo 71, la entrega de envíos de correspondencia, giros postales y productos postales en general, de acuerdo a las leyes vigentes y a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República."

Derógase el artículo 140 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 119 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

SECCION V

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 99.- Las utilizaciones transitorias de Recursos con Afectación Especial, realizadas por los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, al sólo efecto de la cancelación de obligaciones con Financiación 1.1 "Rentas Generales", que se encuentren pendientes de regularización a la fecha de vigencia de la presente ley, serán consideradas aplicaciones definitivas de fondos.

Artículo 100.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 22 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"Las contrataciones a que refiere el presente artículo deberán ser publicadas en la página electrónica del organismo que realice la contratación".

Artículo 101.- Al cierre de cada Ejercicio los Incisos de la Administración Central que tuvieran disponibilidad financiera no comprometida en sus Recursos con Afectación Especial, deberán aplicar las mismas de acuerdo al siguiente orden de prioridades.

En primer lugar, al destino establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

En segundo lugar, al pago de la deuda flotante correspondiente a gastos con financiación Rentas Generales de la Unidad Ejecutora que tiene la titularidad y disponibilidad de los recursos.

En tercer lugar, al pago de la deuda flotante de otras Unidades Ejecutoras del mismo Inciso, correspondiente a gastos con financiación Rentas Generales, de acuerdo con lo que disponga el Jerarca del Inciso.

En caso de existir disponibilidad, una vez aplicados los fondos en la forma establecida en los incisos precedentes, los saldos resultantes serán volcados a Rentas Generales.

Artículo 102.- La diferencia de los recursos que resultare entre el total de certificados recibidos por las agencias de recaudación por concepto de devoluciones de impuestos en el Ejercicio 2006 y el monto de beneficios que se abonarían a las exportaciones para el mismo Ejercicio una vez que se revise y se ajuste el "Régimen de Devolución de Impuestos" por parte del Poder Ejecutivo, incrementarán en igual monto los créditos presupuestales de los Incisos 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", 09 "Ministerio de Turismo y Deporte" y 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" y otros Organismos, a los efectos de financiar proyectos de apoyo al sector productivo.

El diseño y la puesta en práctica del conjunto de proyectos que serán financiados con los fondos descriptos en el inciso anterior, estarán a cargo de una comisión integrada por los Ministerios referidos y para su ejecución tendrán que contar con la autorización del Poder Ejecutivo y éste dará cuenta a la Asamblea General.

Artículo 103.- Autorízase al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" a convenir con el Banco de la República Oriental del Uruguay, la cancelación de las sumas adeudadas al 31 de diciembre de 2005 por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -Comisión Ejecutora del Plan Nacional de Silos-, por concepto de créditos otorgados con fondos propios del Banco de la República Oriental del Uruguay, por un monto total de hasta UI 95.382.000 (unidades indexadas noventa y cinco millones trescientos ochenta y dos mil). La Contaduría General de la Nación registrará la correspondiente amortización de la deuda pública.

Al importe autorizado en el inciso precedente deberá adicionarse los intereses devengados desde el 1º de enero de 2006 hasta el momento de la efectiva cancelación de la referida deuda.

Los importes que perciba el "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" en aplicación de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, artículo 277, numeral 2º, literal a) en la redacción dada por la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, artículo 119 literal A) y concordantes, deberán ser depositados en Rentas Generales.

La presente disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 104.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a convenir con el BANK BOSTON N.A. la cancelación de la deuda de la Administración Nacional de Correos hasta la suma de $ 3:751.741 (pesos uruguayos tres millones setecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y uno) correspondiente a la Sentencia Nº 1806/2003, de 16 de mayo de 2003, y US$ 1:535.199 (dólares de los Estados Unidos un millón quinientos treinta y cinco mil ciento noventa y nueve) por Sentencia 3307/2003, de 5 de setiembre de 2003. La mencionada Secretaría de Estado subrogará automáticamente al acreedor por el monto de la cancelación, quedando facultada a acordar con la Administración Nacional de Correos el plazo y forma de pago de tales sumas.

Artículo 105.- Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar a partir del Ejercicio 2006 hasta $ 604:250.000 (pesos uruguayos seiscientos cuatro millones doscientos cincuenta mil) a efectos de viabilizar los emprendimientos para la mejora de la infraestructura ferroviaria.

Asimismo instrumentará los procedimientos y requisitos para la puesta en práctica del conjunto de proyectos que se financiarán con los fondos autorizados en el inciso anterior.

Artículo 106.- Autorízase al Poder Ejecutivo a través del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" a asumir pasivos y recibir activos del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), con la finalidad de contribuir a la implementación de la reestructura del Banco, que le permite su funcionamiento con la solvencia y liquidez adecuada para desarrollar su actividad hipotecaria.

En virtud de esta autorización, el Poder Ejecutivo podrá:

A) asumir los siguientes pasivos del Banco Hipotecario del Uruguay:

a) con el Banco de la República Oriental del Uruguay originados por el traspaso de depósitos en moneda extranjera dispuestos por el artículo 8 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, los cuales quedaron documentados en Certificados de adeudo del Banco Hipotecario del Uruguay con garantía del Estado;

b) los depósitos de cuentas oficiales en la modalidad Caja de Ahorro Reajustable en Unidades Indexadas;

c) los Depósitos Judiciales en aplicación de lo dispuesto en artículo 387.8 del Código General del Proceso, artículo 7 del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976 y artículo 110 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

d) con el Banco Central del Uruguay originados por deuda vencida por asistencia financiera y por deuda vencida exigible por préstamo Banco Interamericano de Desarrollo Nº 1155;

e) con tenedores de Bonos Hipotecarios pendientes de rescate;

f) otros pasivos que convengan el Poder Ejecutivo y el Banco Hipotecario del Uruguay, para el mejor logro de la finalidad expresada en el acápite de este artículo.

B) recibir, como contrapartida de los pasivos que se asumen conforme al literal A), así como para cancelar saldos provenientes de asistencias o capitalizaciones anteriores, activos que el Banco Hipotecario del Uruguay deberá entregarle de su cartera. A tal efecto el Banco podrá transferir a uno o más fideicomisos o fondos de inversión cuyo beneficiario será el Ministerio de Economía y Finanzas, activos tales como:

a) créditos hipotecarios;

b) inmuebles;

c) derechos de crédito;

d) derechos de promitente vendedor.

Estos activos se tomarán por su valor contable neto de previsiones, según normativa bancocentralista vigente:

En virtud de esta operación, el Poder Ejecutivo recibirá certificados de participación, títulos representativos de deudas o títulos mixtos de dichos fideicomisos o fondos de inversión.

La diferencia entre los montos resultantes de los literales A y B, no podrá exceder el monto máximo de US$ 250:000.000 (dólares de los Estados Unidos doscientos cincuenta millones). La capitalización resultante por este concepto, no será computada a los efectos de la determinación de los límites de endeudamiento del Poder Ejecutivo, según lo establecido en la Ley Nº 17.947, 8 de enero de 2006.

Quedan comprendidos en esta operación, la obligación del Banco Hipotecario del Uruguay de cancelar los créditos contra el Poder Ejecutivo y de ceder créditos contra el sector privado, previstas en los artículos 1º de la Ley Nº 17.513, de 30 de junio de 2002, y 17 de la Ley Nº 17.596, de 13 de diciembre de 2002.

Para la implementación de las operaciones que se autorizan, los organismos pertinentes realizarán los actos y convenios necesarios, y adoptarán las modalidades que mejor convengan al fin propuesto y al marco normativo.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 107.- Créase el "Fondo de la Junta Nacional de Drogas de Bienes Decomisados", que se integrará con el producido de la venta, la renta e intereses de los bienes decomisados en los procedimientos realizados para combatir el tráfico de drogas o delitos vinculados, con la finalidad de financiar las actividades establecidas en los artículos 63 y 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por los artículos 67 y 68 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 108.- Derógase el inciso 2º del lit. O del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 93 de la Ley Nº 17.556.

Artículo 109.- Los exámenes médicos que hubiesen determinado la destitución de funcionarios por incapacidad física o mental, serán suficientes para tramitar la pasividad que les pudiere corresponder. Derógase todas las normas que impidan la aplicación efectiva de la presente disposición.

Artículo 110.- Inclúyase entre los beneficiarios de las mercaderías establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 17.743, del 3 de marzo de 2004 (Incautación de mercaderías, comestibles o bebidas sin alcohol) al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

Artículo 111.- Transfiérese a título gratuito del condominio del Estado al de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) los inmuebles padrones números 31.325 (treinta y un mil trescientos veinticinco) y 180.124 (ciento ochenta mil ciento veinticuatro) con frente a la avenida Brasil entre las calles Alejandro Chucarro y Juan Benito Blanco, 15ª Sección Judicial del departamento de Montevideo.

ANTEL destinará el inmueble a actividades culturales para el cumplimiento de cuyo fin realizará contratos de comodato por plazos de 30 años con la entidad cultural que seleccione de conformidad con los proyectos que se le presenten por agentes culturales privados sin fines de lucro, los que deberán explicitar sus propuestas de infraestructura edilicia y gerenciamiento cultural.

En el contrato de comodato a que refiere el inciso anterior, se determinará la utilización de un espacio en planta baja, en lugar visible, para ser utilizado por ANTEL.

Este artículo operará como título y modo de la traslación del dominio referida en el primer inciso, bastando para su inscripción en la Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad un testimonio de esta disposición, el que podrá ser completado por un certificado notarial que contenga los datos pertinentes para el correcto asiento registral.

Derógase el Decreto-Ley Nº 15.472, de 14 de octubre de 1983.

Artículo 112.- Sustitúyese el literal f) del artículo 11 de la Ley Nº 11.907, de diciembre de 1952, por el siguiente:

"f) proponer al Poder Ejecutivo, en el momento que resulte necesario, las designaciones del personal presupuestado del Organismo; así como disponer por sí las promociones y cesantías del referido personal; en todos los casos deberá proceder de acuerdo a las normas que establece la presente ley;"

Artículo 113.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo tercero de la Ley Nº 17.968, de 29 de mayo de 2006, por el siguiente:

"Todas las resoluciones sobre solicitudes de pensiones graciables serán comunicadas al Poder Ejecutivo y no tendrán carácter vinculante".

Artículo 114.- Sustitúyese el artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y por el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 (artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) por el siguiente:

"Las contrataciones referidas en el literal A) no podrán incluir la participación directa o indirecta de empresas privadas. Las realizadas al amparo del literal I), deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado. Para el Poder Judicial, Administración Nacional de Educación Pública y Universidad de la República, Intendencias Municipales y los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, dicha certificación será realizada por el Tribunal de Cuentas".

Artículo 115.- Sustitúyese el artículo 491 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por los artículos 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y 225 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"La publicación deberá hacerse con no menos de quince días de anticipación a la fecha de apertura de la licitación. El inicio del cómputo de los plazos para realizar los llamados a licitación pública y remate se contará a partir del día hábil siguiente a la primera publicación realizada, sea ésta en el Diario Oficial o en un diario de circulación nacional".

Artículo 116.- En las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas, las entidades del Estado deberán otorgar prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas según las definiciones de las mismas establecidas en los Decretos 54/92 y 266/95.

Dicha prioridad se aplicará en tanto los precios ofertados por dichas empresas no superen en hasta un 20% la mejor oferta realizada en iguales condiciones y el producto ofrecido integre un porcentaje no menor al 40% de valor agregado nacional.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), deberá coordinar acciones en todo el territorio nacional a los efectos del cumplimiento de estas disposiciones tal cual lo establece la Ley Nº 16.170.

SECCION VI

ORGANISMOS DEL 220

Artículo 117.- Asígnase al Inciso 16 Poder Judicial una partida anual de $ 42:262.500 (pesos uruguayos cuarenta y dos millones doscientos sesenta y dos mil quinientos) por el período 2007 - 2009, Financiación 1.1. "Rentas Generales", con destino a obras edilicias y equipamiento de los inmuebles sede del Organismo.

La tasa creada por el artículo 358 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, pasará a denominarse "Timbre Infraestructura Judicial" y su producido se verterá a Rentas Generales, dejando de percibirse el 31 de diciembre de 2010.

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a convenir con el Banco de la República Oriental del Uruguay la cancelación de la deuda que mantiene el Poder Judicial por concepto de préstamo destinado a la construcción del Palacio de Justicia.

Derógase el inciso segundo del artículo 359, los artículos 362, 363, 365 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y el artículo 478 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 118.- Créase en el Inciso 17 "Tribunal de Cuentas", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", el Proyecto de Inversión Nº 999 "Edificio Sede - Tribunal de Cuentas", y asígnase una partida anual de $ 2:417.000 (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos diecisiete mil), para los Ejercicios 2007 - 2009.

Artículo 119.- Agrégase al inciso 1º del artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, lo siguiente:

"Autorízase al Poder Ejecutivo a exonerar del dictamen de auditoría externa citado precedentemente."

Derógase el artículo 417 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 120.- Autorízase al Tribunal de Cuentas a aplicar los créditos presupuestales correspondientes a cargos vacantes, con la finalidad de financiar contratos de función pública, incluyendo la adecuación de las remuneraciones de aquellos celebrados con vigencia a partir del 1º de julio de 2006 al amparo de lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

La remuneración de los contratos será igual a la que corresponda a los funcionarios que revisten en el último grado no ocupado del escalafón respectivo. Será de aplicación lo establecido por el Artículo 509 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 121.- Inclúyense a los funcionarios del Tribunal de Cuentas en régimen dispuesto por el Artículo 29 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los cuales tendrán un plazo hasta el 1º de junio de 2007 para acogerse a dicha norma.

Artículo 122.- A los efectos de la organización y realización de todos los actos electorales cometidos por la Constitución de la República y la ley de la Corte Electoral, así como para abordar la labor de inscripción cívica y las tareas vinculadas con los proyectos de informatización del Organismo, facúltese a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Se la faculta, asimismo, para compensar en forma mensual e igualitaria a su personal -funcionarios presupuestados y contratados permanentes- por su participación en la preparación y ejecución de las tareas referidas en el párrafo anterior, sin detrimento de la compensación prevista en el artículo 504 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

La Corte Electoral establecerá la extensión horaria en sus diferentes dependencias requiriendo personal necesario de acuerdo a las necesidades del servicio y reglamentará la forma de funcionamiento y condiciones para acogerse al nuevo sistema sobre las siguientes bases:

- Tendrán derecho a acogerse al sistema los funcionarios que se encuentren en el régimen de extensión horaria consagrado por el artículo 334 de la Ley Nº 15.903.

- Cada funcionario habilitado para acogerse al nuevo sistema podrá optar por el mismo en un plazo de 30 (treinta) días a partir de su notificación. Si no optara expresamente o dejara transcurrir dicho plazo sólo podrá hacerlo al siguiente año.

- Durante el período en que el funcionario se encuentre en uso de licencia médica no percibirá la cuota parte de la retribución complementaria.

- La Corte Electoral podrá establecer en función de las necesidades de servicio un horario máximo de 10 horas diarias.

No podrán optar por este sistema

1. Quienes se encuentren ocupando cargos políticos o de particular confianza (escalafones P y Q).

2. Los funcionarios que actualmente perciben complemento de permanencia a la orden por el artículo 419 de la Ley Nº 17.930 (secretarios de los miembros de la Corte).

3. Los funcionarios que se encuentren en comisión fuera del organismo.

No percibirán la partida por el período que corresponda

1. Los funcionarios en uso de licencia sin goce de sueldo.

2. Los que se encuentren sujetos a sumario por separación del cargo.

Artículo 123.- Declárase con carácter interpretativo que la Corte Electoral no se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 124.- Asígnase a partir del Ejercicio 2007 las siguientes partidas anuales como adelanto a cuenta del incremento dispuesto en el literal A) del artículo 476 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

- A la Administración Nacional de la Educación Pública, $ 214:200.000 (pesos uruguayos doscientos catorce millones doscientos mil)

De la partida correspondiente al Ejercicio 2007 se adelantará $ 107:100.000 (pesos uruguayos ciento siete millones cien mil) en el Ejercicio 2006 con destino al financiamiento del déficit del Organismo en el Grupo 0 "Servicios Personales".

Al saldo resultante para el Ejercicio 2007, se adicionará para ese ejercicio, un importe de $ 50:000.000 (pesos uruguayos cincuenta millones) que se computará a cuenta del incremento de ingresos del Gobierno Central del Ejercicio 2006 que corresponda habilitar en el Ejercicio 2007. Si el incremento de ingresos del referido ejercicio no fuera suficiente para asegurar este monto adicional, el mismo se imputará a cuenta de la partida correspondiente al Ejercicio 2008.

Las partidas asignadas para el Ejercicio 2007 y siguientes por este mismo concepto deberán destinarse en primer lugar a cubrir los eventuales déficits que se generen en el Grupo 0 "Servicios Personales".

- A la Universidad de la República, $ 38:000.000 (pesos uruguayos treinta y ocho millones) de la cual deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación la distribución de la referida partida, dentro de los treinta días de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 125.- Asígnase al Inciso 25, "Administración Nacional de Educación Pública", para el Ejercicio 2007, un monto de $ 386:720.000 (pesos uruguayos trescientos ochenta y seis millones setecientos veinte mil) equivalente al 80% (ochenta por ciento) de la partida dispuesta por el artículo 476, literal B de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, a valores del 1º de enero de 2006, para financiar los siguientes proyectos de inversión:

 

 

Artículo 126.- Asígnase al Inciso 26 "Universidad de la República", una partida de $ 96:680.000 (pesos uruguayos noventa y seis millones seiscientos ochenta mil) a valores de 1º de enero de 2006, de acuerdo a lo previsto en el artículo 476, literal B de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, para los proyectos de inversión que se detallan:

a) Descentralización - Desarrollo universitario en el interior del país: $ 20:200.000 (pesos uruguayos veinte millones doscientos mil).

b) Proyectos conjuntos con la Administración Nacional de Educación Pública - Educación Tecnológica terciaria: $ 13:000.000 (pesos uruguayos trece millones).

c) Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia: $ 33:800.000 (pesos uruguayos treinta y tres millones ochocientos mil).

d) Capacitación - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes: $ 7:270.000 (pesos uruguayos siete millones doscientos setenta mil).

e) Fortalecimiento de las capacidades de apoyo a los sectores productivos claves para la economía nacional: $ 12:310.000 (pesos uruguayos doce millones trescientos diez mil).

f) Creación de la Facultad de Información y Comunicación: $ 10:100.000 (pesos uruguayos diez millones cien mil).

Artículo 127.- Increméntase en el Inciso 27 "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay", los siguientes créditos presupuestales:

- Retribuciones personales en $ 45:550.000 (pesos uruguayos cuarenta y cinco millones quinientos cincuenta mil);

- Objeto 289.001 "Cuidado de menores de INAU" $ 80:250.000 (pesos uruguayos ochenta millones doscientos cincuenta mil);

- Proyecto Nº 999 "Proyectos a Distribuir" $ 30:000.000 (pesos uruguayos treinta millones) por el período 2007-2009.

Del incremento autorizado para retribuciones personales, se podrá utilizar hasta $ 11:300.000 (pesos uruguayos once millones trescientos mil) con destino a financiar la reestructura del Instituto.

Facúltase al Inciso a abonar una partida de $ 3.500 (pesos uruguayos tres mil quinientos), a cada uno de los efectivos policiales que efectúen tareas de vigilancia en los servicios de privación de libertad, con un máximo de cien, incrementándose a esos efectos los gastos de funcionamiento en $ 4:200.000 (pesos uruguayos cuatro millones doscientos mil).

Facúltase al Instituto a presupuestar a partir del 1º de julio de 2007, a los funcionarios contratados en forma permanente con contratos vigentes anteriores al 31 de diciembre de 2005, que demuestren aptitud para el desempeño de la tarea correspondiente al cargo presupuestado, y que presten efectivamente funciones a la fecha de vigencia de la presente ley.

La presupuestación no podrá lesionar la carrera funcional de los funcionarios presupuestados.

Increméntase las partidas correspondientes al Objeto 289.001 "Cuidado de menores de INAU" en los siguientes montos:

Año

2007 $ 1.000.000

2008 $ 5:000.000

2009 $ 10:000.000

El Directorio reglamentará la aplicación del presente artículo previo asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 128.- Los funcionarios del "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" que al 30 de junio de 2006, tengan cincuenta y ocho años de edad o más, y que configuren causal jubilatoria antes del 1º de enero de 2009, podrán optar por un incentivo de retiro a percibir mensualmente, por un período máximo de cinco años, o hasta que el beneficiario cumpla los setenta años de edad, en cuyo caso dejará de percibir el mismo.

El monto del incentivo, que no tendrá carácter remunerativo, será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del promedio mensual de la totalidad de las retribuciones nominales sujetas a montepío, efectivamente cobradas por todo concepto durante el año 2006, ajustándose en la misma oportunidad y porcentaje que se disponga para los funcionarios de la Administración Central. El incentivo no será materia gravada por tributos de seguridad social.

Los funcionarios podrán acogerse a la opción de retiro hasta el 30 de junio de 2007 inclusive. Dicha opción tendrá carácter irrevocable y el Directorio del Instituto podrá resolver la aceptación de la renuncia, disponiendo que la misma se haga efectiva como máximo dentro de los doce meses siguientes al de la presentación de la opción, siempre que en ese período no cumpla los setenta años de edad.

En caso de fallecimiento o incapacidad del beneficiario, cobrarán vigencia las normas generales en materia de seguridad social, considerándose configuradas, en tales casos, las causales habilitadas para el goce de los beneficios que acuerda el régimen vigente.

A los efectos jubilatorios de la actividad civil, se aplicará como fecha de cese de la condición de activo, el último día del mes del cobro del incentivo.

El 65% (sesenta y cinco por ciento) de las retribuciones nominales sujetas a montepío de quienes hayan optado por acogerse al presente régimen, se suprimirá en el Grupo 0 del Instituto, una vez aceptada y hecha efectiva la renuncia, y se habilitará en el Grupo 5 en el objeto de gasto correspondiente. Una vez que se produzca el cese del cobro del incentivo de retiro se suprimirán del Grupo 5 y se habilitarán en el Grupo 0 del Instituto.

Con el 35% (treinta y cinco por ciento) que se vaya reintegrando al Grupo 0 del organismo, se financiará la creación de cargos que se requieran para cumplir con los objetivos de la Institución.

Artículo 129.- El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay podrá disponer las trasposiciones de créditos requeridas para el mejor funcionamiento de sus servicios de la siguiente forma:

a. Dentro del Grupo 0, "Servicios personales".

b. Dentro de los créditos asignados a inversiones.

c. Dentro de las dotaciones fijadas para los gastos de funcionamiento.

d. Para reforzar las asignaciones de inversiones con crédito asignados a gastos corrientes o al Grupo 0 "Servicios Personales".

e. Para reforzar los créditos del Grupo 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios no Personales", se podrá utilizar hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones.

f. No podrán utilizarse como partidas de refuerzo para otros objetos, las de carácter estimativo, el Grupo 8 "Servicios de Deudas y Anticipos", y Subgrupo 5.7 "Transferencias a Unidades Familiares" por personal en actividad.

El Directorio podrá disponer trasposiciones de crédito entre objetos pertenecientes al Subgrupo 5.7, "Transferencias a Unidades Familiares" con el límite del crédito permanente asignado al Inciso en dicho subgrupo.

g. No podrá ser reforzado ni servir como reforzante al amparo de la presente norma, el Objeto 289.001 "Cuidado de menores de INAU".

Las trasposiciones realizadas regirán hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual se autorizan, dando cuenta a la Asamblea General e informando a la Contaduría General de la Nación.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2006.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Susana Dalmás, Eber Da Rosa, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Gustavo Pena-dés, Lucía Topolansky, Víctor Vaillant, Isaac Alfie, Carlos Baráibar, Carlos Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Miche-lini, Leonardo Nicolini. Senadores.

Carp. Nº 557/06

Rep. Nº 276/06

Anexo II

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 9.843

ADUANA

SE DETERMINA EL PORCENTAJE A DISTRIBUIRSE POR LOS COMISOS Y MULTAS QUE SE APLIQUEN EN LAS VISTURIAS Y RECEPTORIAS

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º.- Los comisos y multas que se apliquen en las Visturías de la Aduana de Montevideo en los casos de diferencia o por otros conceptos serán distribuidos en la siguiente forma: ochenta y cinco por ciento (85%) a favor del Verificador o del Fiscal de Balanza que intervenga en la operación; el nueve por ciento (9%) al Jefe de la División y el seis por ciento (6%) al Segundo Jefe de la misma.

Artículo 2º.- La misma disposición regirá para las Receptorías, en todo lo que sea aplicable, debiendo el Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente ley, dictar las disposiciones adecuadas de acuerdo con la categoría de cada Receptoría.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de julio de 1939.

Ley Nº 11.907

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

SE CREA COMO SERVICIO DESCENTRALIZADO Y SE LE ESTRUCTURA UN REGLAMENTO ORGANICO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

IV - De las autoridades

Artículo 11.- Corresponde al Directorio:

A) Administrar el patrimonio del Organismo.

B) Fijar las tarifas generales de sus servicios con la aprobación del Poder Ejecutivo.

C) Fiscalizar y vigilar todos los servicios y dictar las normas y reglamentos necesarios.

D) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todo el personal.

E) Proyectar el presupuesto del Instituto, el que será elevado al Poder Ejecutivo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución, y con el dictamen previo del Tribunal de Cuentas.

F) Proponer al Poder Ejecutivo, en el momento que resulte necesario, las designaciones, promociones y cesantías del personal presupuestado del Organismo, de acuerdo a las normas que establece la presente ley.

G) Resolver las demás cuestiones que el Presidente o cualquiera de sus miembros someta a su consulta o a su decisión.

Ley Nº 13.640

PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS,

GASTOS E INVERSIONES

SE FIJAN LAS RETRIBUCIONES PERSONALES Y COMPLEMENTARIAS PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, PODER EJECUTIVO Y ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION, SE CREA EL FONDO NACIONAL DE SUBSIDIOS Y SE DAN NORMAS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y DE ORDENAMIENTO FINANCIERO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General

DECRETAN:

CAPITULO III

MINISTERIO DEL INTERIOR

Artículo 87.- Se deducirá mensualmente el 0.5% del sueldo de los funcionarios policiales con destino a la creación de un Fondo de Seguro de Vida e Invalidez y Gastos de Sepelio. El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones y formas en que se percibirán estos beneficios y sus montos respectivos. El habilitado del Ministerio del Interior retendrá el importe del descuento, el que será depositado en una cuenta especial que se abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay.

CAPITULO IV

MINISTERIO DE HACIENDA

Artículo 92.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a redistribuir el personal de sus dependencias cuando las necesidades del servicio lo requieran. Para el ingreso a la Dirección General Impositiva de los funcionarios que se redistribuyan, se exigirá previa prueba de suficiencia.

Ley Nº 13.728

PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS

SE ESTRUCTURA

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 66.- Los subsidios que los organismos de derecho público otorguen a la vivienda podrán tomar las siguientes formas, que se reglamentarán según lo dispuesto por el artículo 75, Inciso 3º.

A) Contribuciones en dinero, especie o mano de obra para la adquisición de una vivienda o para la adquisición de un terreno y/o el pago de construcción y obras complementarias de urbanización;

B) Contribuciones al pago de cuotas de amortización y/o intereses de préstamos de vivienda;

C) Fijación de alquileres inferiores a los que corresponderían para la recuperación de las inversiones realizadas en la vivienda por concepto de terreno, construcción y obras complementarias;

Esta forma estará restringida a inmuebles propiedad de organismos de derecho público;

D) Prestación de servicios gratuitos como el suministro de proyectos tipo, la asistencia técnica a la construcción, la no contabilización de costos administrativos en el valor de la vivienda, la asistencia social, etc.

Ley Nº 13.737

RENDICION NACIONAL DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS

1966 Y 1967

SE MODIFICAN RETRIBUCIONES GENERALES Y ESCALAFONES DEL PRESUPUESTO NACIONAL DEL ESTADO, SE FIJA EL FONDO NACIONAL DE SUBSIDIOS Y DE INVERSIONES Y SE DAN NORMAS SOBRE SUELDOS Y CONTRATACIONES DE FUNCIONARIOS Y ORDENAMIENTO FINANCIERO.

Artículo 307.- Hácese extensivo a todos los Ministerios, lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

*Denominada Decreto-Ley por Ley Nº 15.738

Ley Nº 14.206*

SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, EL QUE SE REGIRA POR LAS PRESENTES NORMAS

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO V

Artículo 40.- Todos los funcionarios del Servicio Exterior deberán obligatoriamente rotar en el desempeño de funciones, alternando períodos máximos de cinco años en el exterior y mínimos de dos años en la Cancillería, respectivamente, siendo facultad de la administración, determinar dentro de los límites establecidos y de acuerdo con las necesidades del servicio, su extensión. Durante la prestación de servicios en el exterior, el funcionario sólo podrá ser trasladado una sola vez. Los funcionarios del Servicio Exterior no podrán ser destinados nuevamente a prestar funciones en un mismo país, hasta tanto hayan cumplido un período de cinco años de servicio en el exterior, en otro diferente.

*Denominada Decreto-Ley por Ley Nº 15.738

Ley Nº 14.230

LEY ORGANICA POLICIAL

SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 8º.- El "Fondo de Seguro de Vida e Invalidez y Gastos de Sepelio" mencionado en el artículo 87 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967 y concordantes, se denominará en el futuro "Fondo de Tutela Social Policial" y será administrado por el Servicio de Tutela Social Policial.

*Denominada Decreto-Ley por Ley Nº 15.738

Ley Nº 14.500*

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SE ESTABLECEN NORMAS PARA LIQUIDAR EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES QUE SE RESUELVAN EN EL PAGO DE UNA SUMA DE DINERO

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 7º.- Toda consignación de importes en procesos jurisdiccionales o arbitrales podrá efectuarse en los valores aludidos en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 6º. Las sumas en consignación hasta la fecha, podrán sustituirse por las especies referidas en esta disposición, debiendo los Jueces autorizarla expresamente.

*Denominada Decreto-Ley Nº 15.738

Ley Nº 14.854

DIRECCION NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL POLICIAL

SE ESTABLECEN LOS RECURSOS CON LOS CUALES ESTARA INTEGRADO EL "FONDO DE TUTELA SOCIAL POLITICA"

"MES DEL XXX ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS"

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El "Fondo de Tutela Social Policial", creado por el artículo 8º de la Ley Nº 14.230, de 23 de julio de 1974, será administrado por la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial.

Estará integrado con los siguientes recursos:

A) Con un 0,5% (un medio por ciento) mensual que se deducirá del sueldo base de los funcionarios policiales en actividad y de los que se encuentran en la situación prevista en el artículo 69 de la Ley Orgánica Policial (Texto Ordenado por Decreto 75/972, de 1º de febrero de 1972), así como de la pasividad de los retirados y pensionistas policiales. El Poder Ejecutivo podrá establecer por uno o varios períodos mensuales un aporte complementario que no podrá exceder el 0,5% (un medio por ciento) mensual y que se aplicará integramente a la financiación de realizaciones concretas que ya hubiesen sido aprobadas por el Ministerio del Interior,

B) Con las donaciones que al mismo se efectúen y sean aceptadas por la autoridad competente.

Decreto-Ley Nº 15.372

Promulgación: 04/04/1983 Publicación 20/04/1983

CAPITULO I - DE LAS RESIDENCIAS MEDICAS HOSPITALARIAS

Artículo 1º.- El régimen de Residencias Médicas Hospitalarias es el sistema de capacitación progresiva que vincula formalmente al recién egresado con un centro asistencial o docente, debidamente acreditados, de carácter público o privado, en el que actúa en forma intensiva bajo la orientación y supervisión del personal superior estable de dicho centro. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 16.574 de 19/09/1994 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Decreto-Ley Nº 15.372 de 04/04/1983 artículo 1.

Artículo 2º.- La denominación del régimen de "Residencias Médicas Hospitalarias" es privativa del sistema regulado por esta ley, no pudiendo denominarse de tal forma a ningún otro régimen.

CAPITULO II - ORGANIZACION

Artículo 3º.- Créase la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias la que estará integrada por tres respresentantes médicos del Ministerio de Salud Pública y tres representantes médicos de la Universidad de la República; la que actuará en la órbita del Ministerio de Salud Pública y de la Facultad de Medicina.

Sus integrantes deberán tener como mínimo cinco años de ejercicio de la profesión.

La presidencia será rotativa en forma anual entre un representante del Ministerio de Salud Pública y un representante de la Facultad de Medicina.

Para el caso en el cual se registrase empate en las votaciones de la Comisión, el Presidente en ejercicio de la misma tendrá doble voto". (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 16.574 de 19/09/1994 artículo 2.

TEXTO ORIGINAL: Decreto-Ley Nº 15.372 de 04/04/1983 artículo 3.

Artículo 4º.- Es competencia de la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias.

A) La supervisión general del régimen de Residencias Médicas Hospitalarias.

B) Decidir en los aspectos éticos y disciplinarios relativos a la actuación del residente.

C) Proponer la reelección anual de los residentes.

D) Autorizar a los residentes la realización de aquellas actividades que a su juicio no interfieran con la Residencia Médica.

E) Designar Comisiones Asesoras Delegadas con potestades de Asesoramiento para cada una de las especialidades en que se capaciten los residentes, disponiendo la cantidad de sus miembros.

F) Establecer convenios con aquellas instituciones de asistencia médica públicas o privadas que decidan vincularse al régimen de Residencias Médicas y que a juicio de la Comisión sean debidamente acreditadas para cumplir los objetivos propuestos.

Sin perjuicio de lo dispuesto como competencias de la Comisión, se faculta a la misma a resolver las diferentes situaciones referidas al régimen de Residencias Médicas Hospitalarias que afecten su normal funcionamiento y desarrollo". (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 16.574 de 19/09/1994 artículo 3.

TEXTO ORIGINAL: Decreto-Ley Nº 15.372 de 04/04/1983 artículo 4.

Artículo 5º.- En cada centro docente o asistencial, debidamente acreditados, habrá Jefes de Residencias Médicas con funciones técnicas, de capacitación y administrativas. Ellos serán responsables del desarrollo del programa de Residencias Médicas ante los Jefes del Servicio y ante la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias. El Jefe de residentes médicos durará un año en sus funciones y podrá ser reelecto hasta por dos años más. Será designado de acuerdo a un llamado a aspirantes entre los ex - residentes, debiendo cumplir un horario de treinta horas semanales.

En cada centro asistencial o docente, debidamente acreditados, habrá como mínimo, un Jefe de Residencias Médicas Hospitalarias por cada disciplina habilitada en ese centro (Medicina, Pediatría, Ginecotología, Cirugía y Especialidades). Cada Jefe de Residencias Médicas Hospitalarias no podrá tener a su cargo más de diez residentes. En el caso de que una especialidad disponga de menos de diez residentes, su jefatura será desempeñada por un Jefe de Residencias Médicas de la orientación relacionada con la especialidad, observando el límite señalado en el inciso anterior.

CAPITULO III - REGIMEN DE RESIDENCIAS MEDICAS HOSPITALARIAS

Artículo 6º.- El régimen de Residencias Médicas Hospitalarias importará para quien a él se acoja:

a) El cumplimiento de un horario de trabajo comprendido entre cuarenta y cuarenta y ocho horas semanales;

b) La prohibición de realizar cualquier otra actividad que a juicio de la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias, interfiera con la Residencia Médica;

c) La observancia al reglamento de Residencias Médicas Hospitalarias que elabore el Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Universidad de la República, el que será sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo, y

d) La sujeción a los dictámenes de la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias. (*)

(*) Notas:

Ver en esta norma, artículo: 15.

Artículol 7º.- Los cargos de Residencias Médicas Hospitalarias serán provistos por concurso de oposición, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a la reglamentación que para el caso se dicte, entre aquellos egresados de la Facultad de Medicina que no tengan más de tres años de titulados a la fecha de la inscripción para el concurso. Se entiende por titulación la fecha de expedición del título por la Universidad de la República. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 16.574, de 19/09/1994, artículo 4º.

TEXTO ORIGINAL: Decreto-Ley Nº 15.372, 04/04/1983 artículo 7º.

Artículo 8º.- La Residencia Médica Hospitalaria se extenderá por un plazo mínimo de tres años, sujeto el primero a las resultancias de los concursos de oposición y los sucesivos a la reelección anual a propuesta de la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias. El residente, en consecuencia, estará sujeto para la continuación en el desempeño de su cargo a la propuesta de relección anual por parte de la Comisión Técnica mencionada, la que tendrá en consideración los informes de los Jefes de Servicio y los Jefes Residentes.

Cada Residencia Médica Hospitalaria se extenderá por el plazo que determine la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias, sujeto al primero a las resultancias de los concursos de oposición y los restantes a la reelección anual a propuesta de la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias, órgano que solicitará los informes pertinentes.

Durante el último año de la Residencia el médico residente deberá efectuar una pasantía mínima de seis meses en el interior del país, salvo situaciones excepcionales contempladas y decididas por la Comisión Técnica. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 16.574 de 19/09/1994 artículo 5º.

TEXTO ORIGINAL: Decreto-Ley Nº 15.372, de 04/04/1983 artículo 8º.

Artículo 9º.- El número de cargos de médicos residentes será fijado anualmente por resolución del Presidente de la República en acuerdo con el Ministro de Salud Pública.

El Ministerio de Salud Pública ofrecerá un número no menor de cien cargos para nuevos residentes por año, para desempeño en sus propias dependencias. Las restantes entidades estatales, paraestatales, públicas o privadas, informarán al Ministerio de Salud Pública, a efectos de su llamado, el número de cargos disponibles anualmente.

Los Jefes de residentes médicos y los médicos residentes, serán designados por la autoridad competente previo dictamen de la Comisión Técnica o del Tribunal actuante en su caso. (*)

(*) Notas:

Fe de Erratas

Inciso 2º) redacción dada por: Ley Nº 16.574 de 19/09/1994 artículo 6.

TEXTO ORIGINAL: Decreto-Ley Nº 15.372 de 04/04/1983 artículo 9.

Artículo 10.- La distribución cuantitativa de los médicos residentes se realizará en hospitales y servicios extra hospitalarios y en las disciplinas médicas de Pediatría, Ginecotología, Medicina Interna, Cirugía y Especialidades, de acuerdo a lo que disponga la Comisión Técnica, con carácter previo a la realización del concurso anual.

Artículo 11.- Cumplido el ciclo de tres años, el residente médico tendrá opción a postularse por el lapso de dos años, para el cargo de Jefe de Residencia Médica.

CAPITULO IV - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo fijará la remuneración a percibir por los Jefes de Residencias Médicas y médicos residentes; la que será de igual monto para todas las instituciones en las que los mismos presten funciones.

Artículo 13.- Las erogaciones que demante la aplicación de la presente ley serán atendidas por los respectivos centros asistenciales o docentes en los cuales los médicos residentes y los Jefes de Residencias Médicas cumplan sus funciones.

Artículo 14.- Los Jefes de Residencias Médicas y los médicos residentes, serán contratados por los organismos donde los mismos cumplan funciones, al amparo de los artículos 8º, 9º y 10 de la Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979 y artículo 7º de la Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981 (renglón 021).

Artículo 15.- Hasta que se produzca la aprobación del reglamento que prevé el inciso c) del artículo 6º de esta ley, el Decreto 215/972, de 22 de marzo de 1971 mantendrá su vigencia en todos los aspectos que no contradigan lo dispuesto en este cuerpo de normas.

Artículo 16.- Deróganse los artículos 188 a 194 de la Ley Nº 13.892, del 9 de octubre de 1970, el Decreto 375/972, de 30 de mayo de 1972, así como toda otra norma que se oponga a la presente ley.

CAPITULO V - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 17.- A los efectos del primer llamado a concurso de residentes y por única vez, se admitirán egresados de hasta cuatro años de titulados.

Artículo 18. (*)

(*) Notas:

Derogado/s por: Ley Nº 15.792 de 17/12/1985 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Decreto-Ley Nº 15.372, de 04/04/1983 artículo 18.

Artículo 19.- Durante los tres primeros años de vigencia de la presente ley, el llamado a aspirantes al cargo de Jefe de Residencias Médicas, será realizado entre los médicos con un máximo de cinco años de ejercicio de la profesión que hayan sido practicantes internos titulares del Ministerio de Salud Pública, sin exigirse a los postulantes la calidad de ex - residentes.

Artículo 20.- Comuníquese, etc.

*Denominada Decreto-Ley por Ley Nº 15.738

Ley Nº 15.472*

MINISTERIOS DE EDUCACION Y CULTURA Y DEFENSA NACIONAL

SE LES AUTORIZA A ENAJENAR TOTAL O PARCIAL-MENTE DETERMINADOS INMUEBLES UBICADOS EN LA DECIMOQUINTA SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970, por el siguiente:

"ARTICULO 121.- Autorízase al Poder Ejecutivo (Ministerios de Educación y Cultura y Defensa Nacional) a enajenar, total o parcialmente, los inmuebles propiedad del Estado, Padrones Nos. 31.325 y 180.124, con frente a la avenida Brasil entre las calles Alejandro Chucarro y Juan Benito Blanco, 15ª Sección Judicial del departamento de Montevideo, ocupado actualmente el primero por dependencias administrativas de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Oficina Telegráfica) y de la Dirección Nacional de Correos (Distrito Nº 2).

El adquirente deberá obligarse a levantar en el terreno que comprende ambos padrones, de ser la enajenación total, o en el de que se trate, de ser parcial un edificio de apartamentos en régimen de propiedad horizontal y de construir, en su planta baja y subsuelo, de acuerdo al anteproyecto que deberán presentar ambos Ministerios, locales independientes, que pertenecerán como contraprestación o precio de enajenación del o los inmuebles, a los referidos Ministerios en régimen de propiedad citada.

A fin de celebrar la contratación respectiva se deberán cumplir las normas vigentes sobre licitación pública y tenerse presente lo establecido en el Proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera, puesto en vigencia por el Decreto 104/968, de 6 de febrero de 1968, según la autorización dada por el artículo 512 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967".

Artículo 2º.- Oportunamente, desaféctase de su destino en el patrimonio del Estado el inmueble que, en virtud del ar-tículo 121 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970, en la redacción dada por el artículo 1º de la presente ley, corresponda al Ministerio de Defensa Nacional afectándose a los servicios de la Administración Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo (Ministerio de Defensa Nacional) y la Administración Nacional de Telecomunicaciones acordarán las compensaciones que pudieren corresponder como consecuencia de dicha mutación dominial.

Artículo 4º.- El Registro de Traslaciones de Dominio procederá a la registración correspondiente con la sola presentación de certificado notarial que se expedirá con referencia precisa a los datos individualizantes del bien raíz, título y modo de adquisición y a la inscripción del instrumento respectivo.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 11 de octubre de 1983.

Ley Nº 15.767

SE APRUEBA LA RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1984

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPITULO V

Normas sobre funcionarios

Artículo 18.- Fíjanse a partir del 1º de abril de 1985, las primas por matrimonio y nacimiento en N$ 7.000 (nuevos pesos siete mil), cada una, las que se actualizarán automáticamente en función de los incrementos que experimente el salario mínimo nacional con posterioridad a esa fecha.

Ley Nº 15.800

SE REINSTITUCIONALIZA EL BANCO DE PREVISION SOCIAL Y SE SUPRIME LA DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 23.- Exoneraciones.

El Banco de Previsión Social estará exonerado de toda clase de tributos nacionales, por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

Dicha exoneración se extiende asimismo a las comisiones por custodias de valores en los Bancos del Estado, las tarifas postales y los precios, tasas y proventos portuarios.

Ley Nº 15.809

PRESUPUESTO NACIONAL DE RECURSOS Y GASTOS

SE APRUEBA PARA EL ACTUAL PERIODO DE GOBIERNO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General

DECRETAN:

SECCION 2

Funcionarios

CAPITULO I

Redistribuciones y complementos

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo, en períodos no menores de tres meses ni mayores de cuatro, adecuará las remuneraciones de los funcionarios comprendidos en los Incisos 02 al 13, de modo de mantener y recuperar progresivamente el poder adquisitivo del trabajador público. Los ajustes serán realizados tomando en consideración la variación del índice general de precios al consumo confeccionado por la Dirección General de Estadística y Censos y las disponibilidades del Tesoro Nacional, efectuándose la próxima adecuación no más allá del 1º de marzo de 1986, para el período comprendido entre el 1º de noviembre de 1985 y la fecha de dicho ajuste.

De dichos ajustes se dará cuenta a la Asamblea General.

Derógase el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974, con la redacción dada por el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975.

Artículo 7º.- Los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, adecuarán las remuneraciones de sus funcionarios en la misma oportunidad y porcentaje que se dispone por el procedimiento establecido en el artículo anterior.

Artículo 9º.- Las retribuciones de los cargos políticos y de particular confianza se determinarán aplicando los porcentajes que se detallan, sobre la retribución correspondiente a los Subsecretarios de Estado:

a) Ministro de Estado, Secretario de la Presidencia de la República, y Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 115% (ciento quince por ciento), incluyendo 15% (quince por ciento) por gastos de representación.

b) Subsecretario de Estado; Prosecretario de la Presidencia de la República; Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Director de la Dirección General de la Seguridad Social, y Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, 100% (cien por ciento), incluyendo 10% (diez por ciento) por gastos de representación.

c) Director General de Secretaría; Jefe de Policía de Montevideo; Contador General de la Nación; Director General de Rentas; Director Nacional de Aduanas; Presidente del Consejo del Niño; Director General de la Salud; Subdirector de la Dirección General de la Seguridad Social; Director de Hidrografía; Director de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia; Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil; Presidente del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, y Presidente de la Comisión Nacional de Educación Física, 85% (ochenta y cinco por ciento).

d) Subdirector General de Secretaría; Consultor I de la Presidencia de la República; Jefe de Policía del Interior; Tesorero General de la Nación; Inspector General de Hacienda; Director de Comercio Exterior; Director Nacional de Turismo; Director Nacional de Energía; Director Nacional de Minería y Geología; Director Nacional de Industrias; Director de Arquitectura; Director Nacional de Correos; Consejero del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos; Vicepresidente de la Comisión Nacional de Educación Física; Vocal de la Comisión Nacional de Educación Física; Consejero del Consejo del Niño; Director Nacional del Trabajo; Director Nacional de Subsistencias, y Director Administrativo del Instituto Nacional de Alimentación, 77% (setenta y siete por ciento).

e) Subcontador General de la Nación; Director General de Estadística y Censos; Director General de Loterías y Quinielas; Director General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado; Director de Zonas Francas; Director Nacional de Costos, Precios e Ingresos; Subdirector Nacional de Vialidad; Director General de Topografía; Director General de Transporte Carretero, Director General de Marina Mercante; Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, y Directores de Dirección de Recaudación, de Fiscalización, de Técnico Fiscal, de Administración y de Sistemas de Apoyo de la Dirección General Impositiva, 70% (setenta por ciento).

f) Director de División de la Presidencia de la República; Consultor II de la Presidencia de la República; Secretario Particular del Presidente de la República; Subdirector Especializado de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia; Subdirector de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia, Subtesorero General de la Nación; Subinspector General de Hacienda; Subdirector de Comercio Exterior; Director del Instituto Nacional de Pesca, Director General de Generación y Transferencia de Tecnología; Director General de Política Agraria; Director General de Recursos Naturales Renovables; Director General de Servicios Agronómicos; Director General de Servicios Veterinarios; Director General de Servicios de Contralor Agropecuarios; Coordinador General de Fomento y Desarrollo Regional; Ejecutor de Proyectos (ingeniero) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Secretario General del Ministerio de Educación y Cultura y Subdirector General de la Salud, 63% (sesenta y tres por ciento).

g) Director de Educación; Director de Cultura; Director Administrativo del Ministerio de Educación y Cultura; Director Nacional de Artes Visuales; Director de la Imprenta Nacional; Director del Diario Oficial; Director de la Biblioteca Nacional; Director del Instituto Nacional del Libro; Director del Archivo General de la Nación; Asesor Letrado Jefe del Ministerio de Educación y Cultura; Director del Museo Histórico Nacional; Director de Ciencias y Tecnología; Director de Justicia (al vacar); Director General del Registro de Estado Civil; Director General de Registros; Director de la Propiedad Industrial; Director Regional de Salud; Director de Dirección Coordinación y Control; Director de División de Servicios de Salud; Inspector General, Director de Recursos Humanos; Director de Recursos Materiales, y Director de Recursos Económicos Financieros, 57% (cincuenta y siete por ciento).

h) Escribano de Gobierno y Hacienda; Asesor Técnico de confianza del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y Director del Registro Nacional de Empresas, 51% (cincuenta y uno por ciento).

Los montos que resulten por aplicación de esta disposición serán las retribuciones que por todo concepto percibirán los titulares por el desempeño de los cargos detallados. Sólo podrán acumularse a éstas, el sueldo anual complementario, los beneficios sociales y la prima por antigüedad, cuando corresponda.

Artículo 68.- Los créditos correspondientes a suministros por el ejercicio 1985 que se aprueban en la presente ley, deberá ajustarse de acuerdo a lo que resulte de la aplicación de las normas vigentes en la materia (artículos 20 y 21 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979).

Artículo 69.- El Poder Ejecutivo ajustará cada cuatro meses los créditos presupuestales para gastos de funcionamiento, excluyendo suministros, de los Incisos 02 al 26.

Los ajustes serán realizados de modo uniforme, aplicando como máximo la variación del índice general de los precios al consumo elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos y tomando en consideración las disponibilidades del Tesoro Nacional.

Durante cada Ejercicio, dichos ajustes se aplicarán sobre el saldo no comprometido de los créditos. A los efectos de la apertura anual dichos ajustes tendrán carácter permanente y se aplicarán sobre la totalidad de los créditos respectivos.

De tales ajustes se dará cuenta a la Asamblea General.

Artículo 70.- Las partidas autorizadas con carácter de proyectos de funcionamiento, subsidios o subvenciones, serán ajustadas en la forma establecida en el artículo anterior.

De tales ajustes se dará cuenta a la Asamblea General.

Artículo 82.- El Poder Ejecutivo ajustará cada cuatro meses los créditos presupuestales para gastos de inversión de los Incisos 02 al 26, con excepción de los referidos en el artículo precedente.

Los ajustes serán realizados de modo uniforme aplicando, como máximo, la variación del índice general de los precios al consumo elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos y tomando en consideración las disponibilidades de las respectivas fuentes de financiamiento.

Durante cada ejercicio, dichos ajustes se aplicarán sobre el saldo no comprometido de los créditos. A los efectos de la apertura anual correspondiente a los ejercicios siguientes, dichos ajustes se aplicarán sobre la totalidad de los créditos respectivos.

De tales ajustes se dará cuenta a la Asamblea General.

Artículo 127.- El Poder Ejecutivo podrá efectuar contrataciones de carácter eventual en la Dirección General de Estadística y Censos, ajustándose a las siguientes condiciones:

a) Que duración del contrato sea, en cada caso, la necesaria al solo efecto de la realización de las tareas específicas a la que se asigne el personal.

b) Que exista una partida legal habilitada a esos efectos.

Artículo 231.- Créanse cuatro áreas funcionales en la Unidad Ejecutora 003 "Inspección General de Hacienda": Area 1, Sector Público; Area 2, Sector Privado; Area 3, Sector Jurídico y Area 4, Administración Geneal.

Las funciones correspondientes a la dirección de las mismas serán desempeñadas por funcionarios designados por la Dirección General de la referida Unidad Ejecutora, entre los titulares de los cargos de Directores y Subdirec-tores de División.

La Dirección General podrá, cuando lo estime conveniente para el mejor cumplimiento de las funciones, revocar dicha designación, en cuyo caso el funcionario pasará a desempeñar las funciones del cargo del cual es titular. Quienes fueron llamados a cumplir las funciones a que se hace referencia en el inciso anterior, percibirán una remuneración complementaria del 25% (veinticinco por ciento).

Ley Nº 15.851

SE APRUEBAN NORMAS PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPITULO III

INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Artículo 115.- Asígnase una partida anual de N$ 100:000.000 (nuevos pesos millones) con destino a otorgamiento de becas de estudio en el territorio nacional, a favor de estudiantes cuya condición económica así lo requiera y para la realización de cursos regulares en la enseñanza media o universitaria.

La administración de dicho Fondo y el establecimiento de las condiciones de funcionamiento del sistema, corresponden a la "Comisión Nacional de Becas", constituida por siete delegados honorarios designados por las siguientes instituciones: uno por el Poder Ejecutivo, que la presidirá; dos por la Universidad de la República; dos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y dos por las Intendencias Municipales del Interior. El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Comisión los funcionarios y los elementos materiales requeridos para su funcionamiento.

La Comisión será instalada dentro del plazo de noventa días a partir de la vigencia de la presente ley.

Ley Nº 15.903

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SE APRUEBA LA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1986

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General

DECRETAN:

Artículo 94.- Créase con el carácter de particular confianza, el cargo de Director Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, y estará comprendido en el literal e) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El titular de dicho cargo será el jerarca inmediato de los directores de todos los establecimientos de reclusión y recuperación del país.

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Inciso 11

Ministerio de Educación y Cultura

Artículo 215.- Créase en el Programa 001 "Administración General", el "Centro del Diseño", destinándose una partida anual de N$ 4:800.000 (nuevos pesos cuatro millones ochocientos mil), con cargo a Rentas Generales, para atender los gastos de funcionamiento en lo atinente al pago de horas docentes, gastos de equipamiento y acondicionamiento del local.

Esta disposición regirá a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Inciso 18

Corte Electoral

Artículo 334.- Facúltase a la Corte Electoral para establecer las cuarenta horas semanales efectivas de labor para los funcionarios que opten por este régimen.

No podrán gozar del mismo:

A) Los funcionarios que cumplan sus tareas en horarios especiales.

B) Aquellos que estén en comisión en otros organismos, con excepción de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley.

C) Los funcionarios que realicen permanentemente tareas de carácter externo.

D) Quienes no obtengan un puntaje de calificación superior al 50% (cincuenta por ciento) del máximo.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el Rubro 0 los créditos que correspondan para mantener la relación porcentual de la suma de las retribuciones por treinta y por cuarenta horas semanales, 33% (treinta y tres por ciento).

A estos fines realizará los incrementos necesarios en los subrubros con los que se atienden las remuneraciones ordinarias de los funcionarios electorales (sueldo básico, compensación máxima al grado y el aumento a que se refiere el inciso segundo, del artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986), con la sola excepción de las partidas que, a la fecha de la presente ley, estuvieren congeladas.

Se harán efectivas a los funcionarios que voluntariamente hubieren cumplido cuarenta horas semanales, a partir del 1º de mayo de 1987, las retribuciones complementarias que correspondieren.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

TITULO I - DE LOS RECURSOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DEL ESTADO

CAPITULO III - DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR DE LAS FORMAS DE CONTRATAR

SECCION 2 - DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Artículo 482.- Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos.

No obstante podrá contatarse:

1) Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de N$ 40:000.000 (nuevos pesos cuarenta millones).

2) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de N$ 2:000.000 (nuevos pesos dos millones);

3) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción;

A) Entre organismos o dependencias del Estado, o con personas públicas no estatales;

B) Cuando la licitación pública, abreviada o remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas o admisibles o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes.

La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento fracasado, y en su caso, con invitación a los oferentes, además de los que estime necesarios la Administración;

C) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares.

La marca de fábrica no constituye por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes. De todas estas circunstancias se dejará constancia en el expediente respectivo;

D) Para adquirir, ejecutar o restaurar obras de arte, científicas o históricas, cuando no sea posible el concurso de méritos o antecedentes o deban confiarse a empresas o personas especializadas o de probada competencia;

E) Las adquisiciones de bienes que no produzcan o suministren en el país y que convenga efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que esté adherida la Nación;

F) Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo resulte oneroso en caso de llamarse a licitación.

Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles;

G) Los contratos que deban celebrarse necesariamente en países extranjeros,

H) Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto;

I) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio;

J) Cuando exista notoria escasez de los bienes o servicios a contratar;

K) La adquisición de bienes que se realicen en remates públicos. El precio máximo a pagar será el que surja de la tasación previamente efectuada;

L) La compra de semovientes por selección, cuando trate de ejemplares de características especiales.

M) La venta de productos destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios o consumidores.

N) La adquisición de material docente o bibliográfico del exterior, cuando el mismo se efectúe a editoriales o empresas especializadas en la materia.

Ñ) La adquisición de víveres frescos existentes en mercados, ferias o directamente a los productores.

O) La adquisición en el exterior de petróleo crudo y sus derivados, aceites básicos, aditivos para lubricantes y sus respectivos fletes.

P) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un intercambio compensado con productos nacionales de exportación.

R) Las compras que realice la Presidencia de la República para el Sistema Nacional de Emergencias a efectos de atender situaciones de emergencia, crisis y desastres excepcionales, dando cuenta a la Asamblea General. (*)

S) La contratación de bienes o servicios, cualquiera sea su modalidad, por parte de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), destinada a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

Las impugnaciones o recursos que en tales casos se interpusieran, en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca de la empresa contratante. (*)

Las contrataciones directas indicadas en las excepciones precedentes deberán ser autorizadas por los ordenadores primarios quienes podrán delegar en los ordenadores secundarios dicha competencia en los casos que determinen fundadamente.

Las contrataciones referidas en el literal A), no podrán incluir la participación, directa o indirecta de empresas privadas.

Las realizadas al amparo del literal I), deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado. (*)

Para el Poder Judicial, la Administración Nacional de educación Pública (ANEP), la Universidad de la República y las Intendencias Municipales, dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas. (*)

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8 del Código Civil). (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 16.170 de 28/12/1990 artículo 653.

Inciso 5º) redacción dada por: Ley Nº 17.930, de 19/12/2005 artículo 429.

Ver vigencia: TOCAF 1996 de 10/06/1997 artículo 33 literales Q) y S).

Incisos 4º), 5º) y 6º) agregado/s por: Ley Nº 16.736, de 05/01/1996 artículo 738.

Literal R) agregado/s por: Ley Nº 17.296, de 21/02/2001 artículo 27.

Literal S) agregado/s por: Ley Nº 17.930 de 19/12/2005 artículo 186.

Numeral 3º) literal n) redacción dada anteriormente por Ley Nº 16.134 de 24/09/1990 artículo 7º.

Ver en esta norma, artículo: 485.

TEXTO ORIGINAL:

Ley Nº 16.736 de 05/01/1996 artículo 738,

Ley Nº 16.134 de 24/09/1990 artículo 7,

Ley Nº 15.903 de 10/11/1987 artículo 482.

Artículo 594.- Toda atribución de titularidad y disponibilidad de fondos públicos extrapresupuestales se entenderá hecha al 50% (cincuenta por ciento) de los mismos, salvo las excepciones dispuestas por ley.

Ley Nº 16.105

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

APRUEBASE LA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1988

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Disposiciones Varias

Artículo 8º.- Créase en la Unidad Ejecutora 026 del Subprograma 03 del Programa 07 del Inciso 07 la Junta Nacional de la Granja, que tendrá a su cargo la dirección y vigilancia del Plan de Promoción Granjera, a cuyo fin actuará con autonomía técnica y dispondrá, en lo pertinente, de las facultades otorgadas por la Ley Nº 12.394, de 2 de julio de 1957 y sus modificativas, a la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario.

Dicha Junta Nacional estará compuesta por nueve miembros honorarios que durarán cuatro años en sus funciones y serán designados: uno por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la presidirá; uno por el Ministerio de Economía y Finanzas; uno por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay; uno por la Cámara de Industrias del Uruguay y cuatro serán electos por los productores granjeros.

Modifícanse las denominaciones del Subprograma 03 de la Unidad Ejecutora 026 y de los cargos de Director de Dirección y Director de Dirección (Adjunto) de la misma, las que pasarán a ser las siguientes: "Plan de Promoción de la Granja", Junta Nacional de la Granja, Director Técnico y Secretario General, respectivamente.

Ley Nº 16.134

SE APRUEBA LA RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1989

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 110.- A partir de la vigencia de la presente ley, los depósitos que por disposición legal deban efectuarse en Obligaciones Hipotecarias Reajustables o en Caja de Ahorro Valores del Banco Hipotecario del Uruguay, se realizarán en Caja de Ahorro Reajustable.

Facúltase al Banco Hipotecario del Uruguay a transferir a cuentas de Caja de Ahorro Reajustable las sumas que por disposición legal, judicial o contractual, se hayan depositado en Unidades Reajustables u Obligaciones Hipotecarias Reajustables.

Las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato que deban constituirse en caso de licitaciones públicas podrán efectuarse en Certificados de Depósito Reajustables e Unidades Reajustables que emita el Banco Hipotecario del Uruguay.

Ley Nº 16.170

PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS, GASTOS E INVERSIONES

SE APRUEBA EL PRESENTE, QUE ENTRA EN VIGENCIA EL 1º DE ENERO DE 1991

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 140.- El Poder Ejecutivo convendrá con la Administración Nacional de Telecomunicaciones la forma en que se verificará la recaudación de los recursos correspondientes a la Dirección Nacional de comunicaciones, que cobra actualmente la citada Administración.

INCISO 04

MINISTERIO DEL INTERIOR

Artículo 143.- El cargo de Subdirector General de Secretaría del Ministerio del Interior, deberá ser necesariamente ocupado por un Oficial Superior de la Policía en situación de actividad o retiro, sin perjuicio de lo cual seguirá manteniendo la característica de particular confianza.

A dicho cargo corresponden los cometidos de la Inspección General de Policía, dependiendo directamente del Director General de Secretaría y éste a su vez, del Ministro y Subsecretario en su calidad de superiores jerárquicos de los servicios policiales.

Artículo 225.- Establécese una compensación de hasta el 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones permanentes sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, en concepto de incentivo por rendimiento a los funcionarios del Inciso y podrá alcanzar hasta un 50% (cincuenta por ciento) de éstos.

No tendrán derecho al cobro de este incentivo los funcionarios pertenecientes al Escalafón M Servicio Exterior y R Personal no incluido en otros Escalafones y se liquidará con cargo a sus recursos propios.

Artículo 446.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, podrá contratar mediante llamado público, prueba de suficiencia o contratación directa, el personal eventual especializado no administrativo, mínimo imprescindible, necesario para la ejecución de estudios, proyectos y obras incluidas en el Plan de Inversiones. Este personal cesará automáticamente una vez finalizada la ejecución de los servicios u obras para los cuales se les contrató.

Dicho Ministerio podrá abonar horas extra o trabajos extraordinarios a sus funcionarios. Las erogaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto por el presente artículo se atenderán con cargo al crédito asignado al proyecto correspondiente.

Artículo 504.- Otórgase a todos los funcionarios una compensación mensual por concepto de régimen de permanencia a la orden a cuyos efectos se habilita una partida de N$ 186:000.000 (nuevos pesos ciento ochenta y seis millones).

Dicho personal no podrá percibir compensación alguna por trabajo en horas extras.

Artículo 567.- Créase un fondo de participación que se integrará con el 30% (treinta por ciento) de las obligaciones tributarias, excepto las multas por defraudación, percibidas en más por el Banco de Previsión Social como consecuencia de las auditorías y avalúos de deudas, inspecciones y actuaciones realizadas por sus funcionarios.

El fondo de participación se distribuirá entre los funcionarios presupuestados y contratados que presten efectivamente funciones en el Banco de Previsión Social, cada cuatro meses y de acuerdo con la reglamentación que dicte el Directorio.

Los recursos del fondo no podrán exceder del 0,5% (medio por ciento) de la recaudación total anual del Banco de Previsión Social.

Dicho fondo tendrá carácter transitorio, debiendo el organismo presentar una evaluación del resultado de su aplicación en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1991.

Ley Nº 16.226

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Apruébase la correspondiente al Ejercicio 1990

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 179.- El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá afectar hasta un 20% (veinte por ciento), de la partida asignada en el artículo 176 de la presente ley, para financiar un incremento del 15% (quince por ciento), en las erogaciones previstas en el artículo 225 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, así como para la capacitación y promoción social de los funcionarios permanentes del Inciso 06.

Artículo 294.- Créase, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el "Fondo de Participación", que se distribuirá entre los funcionarios que efectivamente presten funciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con la reglamentación que se dictará a tales efectos.

Dicho fondo estará integrado con una suma no superior al 25% (veinticinco por ciento), de los ingresos extrapresupuestales que corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ley Nº 16.246

LEY DE PUERTOS

SE APRUEBA

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

De la organización de los puertos del interior

Artículo 20.- Los puertos estatales existentes fuera del departamento de Montevideo a la fecha de esta ley, serán administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, excepto aquellos que el Poder Ejecutivo asigne a la Administración Nacional de Puertos. Será aplicable a estos puertos lo dispuesto en el artículo 9º.

La autoridad de cada puerto tendrá, respecto de éste, los cometidos y poderes jurídicos establecidos en los artículos 10 y 11.

El Poder Ejecutivo determinará, para cada puerto, quién ejercerá las funciones de Capitán de Puerto. Este tendrá los cometidos y facultades establecidas en los artículos 15 a 18.

El Poder Ejecutivo, asimismo, determinará en qué puertos se constituirán Comisiones Honorarias, con las funciones señaladas en el artículo 19 y la integración que en cada caso se determine, incluyendo un representante de la Intendencia Municipal respectiva.

Ley Nº 16.320

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 1991

APROBACION QUE REGIRA DESDE EL 1º DE ENERO DE 1993

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 7º.- Las funciones de alta prioridad que se enumeran a continuación serán desempeñadas por técnicos, contratados por el Poder Ejecutivo en el régimen de dedicación total establecido en el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, por un plazo de un año, renovable no más allá del período de gobierno, previa demostración de su idoneidad para la función ante la Comisión prevista en dicho artículo a efectos de asesorar al Poder Ejecutivo.

Los técnicos contratados en este régimen estarán absolutamente inhabilitados para ejercer cualquiera otra actividad remunerada, excepto la docencia directa en la enseñanza superior; en caso de ser funcionarios públicos estarán comprendidos en el beneficio de reserva de cargo establecido en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, por el período de su contratación.

Las funciones que quedan comprendidas en este régimen son:

Director Técnico de Comunicaciones

Director Técnico de Proyectos de Desarrollo

Director Técnico del Programa de Inversión Social

Director Técnico de Estadística y Censos

Director Técnico de Meteorología

Director del Hospital Policial

Inspector General de Hacienda

Director Técnico de Recaudación

Director Técnico de Fiscalización

Director Técnico de Sistemas de Apoyo

Director Técnico Fiscal

Director Técnico de Sistemas Administrativos

Director Técnico de la Junta Nacional de la Granja

Director Técnico de la Oficina Programación y Política

Agraria

Director Técnico del Plan Agropecuario

Director Técnico de la División Técnica de Servicios Veterinarios

Director Técnico de la Propiedad Industrial

Director Técnico de Tecnología Nuclear

Director Técnico de Energía

Director Técnico de Turismo

Director Técnico de Impresos y Publicaciones Oficiales

Subdirector Técnico de la Salud

Director Técnico de Coordinación y Control

Director Técnico de Planificación

Director Técnico de Economía y Finanzas

Subdirector Técnico de ASSE

Director Técnico de Planeamiento y Desarrollo

Director Técnico de Epidemiología

Director Técnico de Inspección

Director Técnico de Recursos Humanos

Director Técnico de Recursos Materiales

En caso que el crédito derivado de lo dispuesto por el citado artículo 22 resultare insuficiente, la Contaduría General de la Nación habilitará los importes necesarios.

Artículo 39.- Los funcionarios del ex Frigorífico Nacional que al día de la fecha se encuentren cumpliendo funciones finalistas, en la Dirección General Interventora y Liquidadora del Frigorífico Nacional y que, al cierre de éste, según Decreto-Ley Nº 14.810, de 11 de agosto de 1978, eran funcionarios del mismo, tienen derecho a ampararse al artículo 3º de la Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990 (reforma de cédula jubilatoria por ser obligados a jubi-larse).

Artículo 135.- Sustitúyese el artículo 143 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 143.- El cargo de Subdirector General de Secretaría del Ministerio del Interior deberá ser ocupado necesariamente por un Inspector Principal o Inspector General de la Policía Ejecutiva en situación de actividad o retiro, sin perjuicio de lo cual seguirá manteniendo la característica de particular confianza.

A dicho cargo corresponden los cometidos de la Inspección Nacional de Policía, dependiendo directamente de la Dirección General de Secretaría y ésta a su vez, del Ministro y Subsecretario en su calidad de superiores jerárquicos de los servicios policiales".

Artículo 200.- Créase el Fondo de Investigación Pesquera, cuya titularidad y administración corresponderá al Instituto Nacional de Pesca, que se integrará con los siguientes recursos:

A) El producido de la comercialización del excedente de captura de los buques de investigación del Instituto Nacional de Pesca.

B) Los fondos generados por los convenios que se celebren con organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

C) La tasa que por la expedición de permisos de pesca perciba el Instituto Nacional de Pesca, según el artículo 29 de la Ley Nº 13.833, de 29 de diciembre de 1969. Esta será fijada anualmente por el Poder Ejecutivo, relacionándola con el tonelaje de registro bruto de cada embarcación involucrada, sin exceder las 15 UR por tonelada de registro bruto.

D) La tasa que percibe el Instituto Nacional de Pesca por la certificación de calidad de las exportaciones de productos pesqueros, conforme al artículo 82 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

E) Las tasas, tarifas, precios, cánones, derechos, multas y decomisos, que determinen las leyes y reglamentaciones respectivas.

F) Herencias, legados y donaciones.

G) Los otros ingresos que se le asignen por vía legal o reglamentaria.

SECCION V

ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 16

PODER JUDICIAL

Artículo 354.- Créanse dos cargos de Juez Letrado de Primera Instancia del Interior, dos cargos de Actuario, dos cargos de Actuario Adjunto y dos cargos de Defensor de Oficio, para las ciudades de Chuy y de Río Branco, respectivamente.

Artículo 358.- Créase una tasa denominada "Timbre Palacio de Justicia".

Artículo 359.- El valor del tributo a que refiere el artículo anterior será de N$ 30.000 (nuevos pesos treinta mil).

La Suprema Corte de Justicia actualizará semestralmente dicho monto redondeándolo en miles de nuevos pesos.

Dicha actualización se realizará el 1º de enero y el 1º de julio de cada año y se efectuará teniendo en cuenta la variación del Indice de Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, en los períodos 1º de diciembre a 31 de mayo y 1º de junio a 30 de noviembre, respectivamente.

Artículo 362.- El "Timbre Palacio de Justicia" será emitido, recaudado y administrado por la Suprema Corte de Justicia, la que queda autorizada a percibir la tasa en otra forma, pudiendo en su caso convenir con otros organismos o entidades públicas o privadas su distribución, comisiones a abonar y demás actos necesarios para su percepción.

Artículo 363.- Los fondos líquidos resultantes, deducidos los gastos de emisión y distribución, serán destinados a financiar las obras del Palacio de Justicia.

Artículo 365.- Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder un préstamo a la Suprema Corte de Justicia de hasta US$ 10:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América diez millones), destinado a la construcción del Palacio de Justicia.

Dicho préstamo será amortizado con lo que el Poder Judicial recaude por concepto de la tasa denominada "Timbre Palacio de Justicia", creada por la presente ley, y con la venta de sus activos.

INCISO 28

BANCO DE PREVISION SOCIAL

Artículo 439.- Sustitúyese el artículo 567 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 567.- Créase un fondo de participación que se integrará con el 30% (treinta por ciento), de las obligaciones tributarias, excepto las multas por defraudación, percibidas en más por el Banco de Previsión Social como consecuencia de las auditorías y avalúos de deudas, inspecciones y actuaciones realizadas por sus funcionarios.

Dicho fondo se distribuirá cada cuatro meses entre los funcionarios presupuestados y contratados que presten efectivamente funciones en el organismo y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la forma que a continuación se dispone:

A) Un 70% (setenta por ciento), por partida fija y un 20% (veinte por ciento), en proporción al sueldo básico y a la evaluación del desempeño para los funcionarios del organismo, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Directorio.

B) Un 10% (diez por ciento), para los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la forma y condiciones que éste determine, por vía reglamentaria.

Los recursos del fondo no podrán en ningún caso exceder del 1% (uno por ciento), de la recaudación total anual del Banco de Previsión Social".

Ley Nº 16.462

APRUEBASE LA RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1992

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea

General,

DECRETAN:

Artículo 113.- Los ingresos extrapresupuestales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se afectarán de la siguiente manera:

a) un 25% (veinticinco por ciento), para gastos de funcionamiento;

b) un 35% (treinta y cinco por ciento), para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 442 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990;

c) un 40% (cuarenta por ciento), con destino a lo establecido por el artículo 294 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en el cual queda incluido el importe correspondiente a los aportes patronales.

Ley Nº 16.524

BECAS

CREASE UN FONDO DE SOLIDARIDAD, PARA FINANCIAR EL SISTEMA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA Y DEL NIVEL TERCIARIO DEL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea

General,

DECRETAN:

Artículo 1º.- Créase un Fondo de Solidaridad que tendrá como destino financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública).

Ley Nº 16.574

RESIDENCIAS MEDICAS HOSPITALARIAS

SE ESTABLECEN NORMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y SE FIJAN COMETIDOS

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.372, de 4 de abril de 1983, por el siguiente:

"ARTICULO 1º.- El régimen de Residencias Médicas Hospitalarias es el sistema de capacitación progresiva que vincula funcionalmente al recién egresado con un centro asistencial o docente, debidamente acreditados, de carácter público o privado, en el que actúa en forma intensiva bajo la orientación y supervisión del personal superior estable de dicho centro".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.372, de 4 de abril de 1983, por el siguiente:

"ARTICULO 3º.- Créase la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias la que estará integrada por tres representantes médicos del Ministerio de Salud Pública y tres representantes médicos de la Universidad de la República; la que actuará en la órbita del Ministerio de Salud Pública y de la Facultad de Medicina.

Sus integrantes deberán tener como mínimo cinco años de ejercicio de la profesión.

La Presidencia será rotativa en forma anual entre un representante del Ministerio de Salud Pública y un representante de la Facultad de Medicina.

Para el caso en el cual se registrase empate en las votaciones de la Comisión, el Presidente en ejercicio de la misma tendrá doble voto".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.372, de 4 de abril de 1983, por el siguiente:

"ARTICULO 4º.- Es competencia de la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias:

A) La supervisión general del régimen de Residencias Médicas Hospitalarias;

B) Decidir en los aspectos éticos y disciplinarios relativos a la actuación del residente;

C) Proponer la reelección anual de los residentes;

D) Autorizar a los residentes la realización de aquellas actividades que a su juicio no interfieran con la Residencia Médica;

E) Designar Comisiones Asesoras Delegadas con potestades de asesoramiento para cada una de las especialidades en que se capaciten los residentes, disponiendo la cantidad de sus miembros.

F) Establecer convenios con aquellas instituciones de asistencia médica públicas o privadas que decidan vincularse al régimen de Residencias Médicas y que a juicio de la Comisión sean debidamente acreditadas para cumplir los objetivos propuestos.

Sin perjuicio de lo dispuesto como competencias de la Comisión, se faculta a la misma a resolver las diferentes situaciones referidas al régimen de Residencias Médicas Hospitalarias que afecten su normal funcionamiento y desarrollo".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 15.372, de 4 de abril de 1983, por el siguiente:

"ARTICULO 7º.- Los cargos de Residencias Médicas Hospitalarias serán provistos por concurso de oposición, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a la reglamentación que para el caso se dicte, entre aquellos egresados de la Facultad de Medicina que no tengan más de tres años de titulados a la fecha de la inscripción para el concurso. Se entiende por titulación la fecha de expedición del título por la Universidad de la República".

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 15.372, de 4 de abril de 1983, por el siguiente:

"ARTICULO 8º.- La Residencia Médica Hospitalaria se extenderá por un plazo mínimo de tres años, sujeto el primero a las resultancias de los concursos de oposición y los sucesivos a la reelección anual a propuesta de la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias. El residente, en consecuencia, estará sujeto para la continuación en el desempeño de su cargo a la propuesta de reelección anual por parte de la Comisión Técnica mencionada, la que tendrá en consideración los informes de los Jefes de Servicio y los Jefes Residentes.

Cada Residencia Médica Hospitalaria se extenderá por el plazo que determine la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias, sujeto el primero a las resultancias de los concursos de oposición y los restantes a la reelección anual a propuesta de la Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias, órgano que solicitará los informes pertinentes.

Durante el último año de la Residencia el médico residente deberá efectuar una pasantía mínima de seis meses en el interior del país, salvo situaciones excepcionales contempladas y decididas por la Comisión Técnica".

Artículo 6º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 9º del Decreto-Ley Nº 15.372, de 4 de abril de 1983, por el siguiente:

"El Ministerio de Salud Pública ofrecerá un número no menor de cien cargos para nuevos residentes por año para desempeño en sus propias dependencias. Las restantes entidades, estatales, paraestatales, públicas o privadas, informarán al Ministerio de Salud Pública, a efectos de su llamado, el número de cargos disponibles anualmente".

Ley Nº 16.736

PRESUPUESTO NACIONAL

APRUEBASE PARA EL ACTUAL PERIODO DE GOBIERNO, QUE REGIRA A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 1996

SECCION II

FUNCIONARIOS

CAPITULO I

REGIMEN DE REINSERCION LABORAL Y EMPRESARIAL

Artículo 21.- A efectos del cumplimiento de las sentencias anulatorias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de las reparaciones reconocidas en vía administrativa o judicial, en materia de funcionarios públicos pertenecientes a los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional, la Contaduría General de la Nación podrá habilitar el crédito correspondiente hasta la creación del cargo o función contratada en la siguiente instancia presupuestal.

Hasta tanto se disponga legislativamente la creación del cargo o función contratada, se considerará que los funcionarios alcanzados por esta norma gozan de todos los de-rechos inherentes al respectivo cargo o función contratada.

INCISO 03

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 119.- Sustitúyese el inciso primero del artícu-lo 140 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección Nacional de Comunicaciones, dispondrá la forma en que se llevará a cabo la recaudación de sus recursos, ya sea en forma directa o mediante convenios con organismos públicos.

Del total de la recaudación se transferirá un 10% (diez por ciento) al Programa 001 ‘Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional’, el que se aplicará a gastos de funcionamiento e inversiones".

INCISO 04

MINISTERIO DEL INTERIOR

Artículo 141.- Institúyese una compensación por Riesgo de Función a la que tendrá derecho el personal policial perteneciente al Sub-Escalafón de Policía Ejecutiva y PF mientras esté en actividad, excepto aquellos que se encuentren cumpliendo funciones correspondientes a actividades de apoyo, los cuales podrán optar en un plazo de ciento ochenta días por volver a desempeñar la tarea inherente a su situación presupuestal.

La referida compensación será, a partir del 1º de enero de 1997, del 15.50% (quince con cincuenta por ciento) del sueldo base de Comisario, Escalafón L, Grado 10, y se incrementará progresivamente en forma anual el 8.17% (ocho con diecisiete por ciento) hasta alcanzar el 40% (cua-

renta por ciento) del sueldo básico referido al 1º de enero de 1999, y se percibirá mientras el funcionario esté en actividad.

Aquellos funcionarios que no hagan uso de la opción prevista en la presente norma, percibirán la compensación regulada en el artículo 143 de la presente ley.

No percibirán esta compensación quienes se desempeñen en comisión fuera del Inciso, excepto los funcionarios comprendidos en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

En el caso del personal subalterno, la referida compensación no será computable para el cálculo del beneficio del Hogar Constituido.

Artículo 142.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el artículo 164 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 29.- El personal policial perteneciente al Sub-Escalafón de Policía Ejecutiva y PF que cumpla funciones específicas de su Sub-Escalafón percibirá con carácter permanente y mientras esté en actividad una Prima Técnica de acuerdo con la siguiente escala:

                                      $

Inspector General       360

Inspector Principal     300

Inspector Mayor         300

Comisario Inspector 240

Comisario                   240

Sub-Comisario           120

Oficial Principal         120

Oficial Ayudante         120

Oficial Sub-Ayudante 120

Sub-Oficial Mayor       180

Sargento 1º                 180

Sargento                     180

Cabo                            180

Agente de 1ª             64

Agente de 2ª             64

Las partidas establecidas en el presente artículo tendrán un incremento anual progresivo hasta alcanzar, el 1º de enero de 1999, los siguientes montos:

                                        $

Inspector General     1.200

Inspector Principal     1.000

Inspector Mayor         1.000

Comisario Inspector     800

Comisario                        800

Sub-Comisario              400

Oficial Principal             400

Oficial Ayudante             400

Oficial Sub-Ayudante     400

Sub-Oficial Mayor            254

Sargento 1º                     254                        

Sargento                         254

Cabo                                 254

En el caso del Personal Subalterno la referida compensación no será computable para el cálculo del beneficio del Hogar Constituido".

INCISO 05

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 199.- Las personas públicas no estatales y los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado, presentarán sus estados contables, con dictamen de auditoría externa, ante el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 138 del TOCAF y artículo 100 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

Presentarán una copia de dichos estados contables, dentro de los noventa días del cierre del ejercicio, ante la Auditoría Interna de la Nación. Esta Auditoría efectuará los controles sobre dichos estados en forma selectiva, de acuerdo a las conclusiones que se obtengan de la información proporcionada.

Anualmente publicarán estados que reflejen su situación financiera, los cuales deberán estar visados por el Tribunal de Cuentas.

Con respecto a las Cajas Paraestatales de Seguridad Social, se mantendrá exclusivamente el régimen dispuesto por sus respectivas leyes orgánicas o, en su caso, por el artículo 100 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 720 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, así como los regímenes de contralor vigentes a la fecha de sanción de la presente ley en lo que refiere a sus estados contables.

INCISO 07

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Artículo 270.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Fondo creado por el artículo 200 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se denominará Fondo de Desarrollo Pesquero.

INCISO 10

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Artículo 312.- Créase el Programa 009 "Servicios para la Planificación del Transporte y para la Formulación y el Seguimiento de los Planes de Inversión a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas", cuya Unidad Ejecutora será la "Dirección Nacional de Inversiones y Planificación". Dicha Unidad Ejecutora funcionará integrando en sus cuadros administrativos al Instituto de Planificación del Transporte e Infraestructura, creada por Resolución de 26 de noviembre de 1992, a la Asesoría Económico-Financiera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la División Inversiones de la Dirección Nacional de Vialidad del citado Ministerio.

El programa estará dirigido por un ingeniero, un contador o un economista, designado al amparo de lo dispuesto en el artículo 715 de la presente ley.

Artículo 322.- El Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creado por el artículo 8º de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1953, y modificativos, se integrará con los siguientes recursos:

1) Con el porcentaje de IMESI sobre combustibles y lubricantes establecido en el artículo 460 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

2) Con el producido de los peajes en rutas y puentes nacionales creados por los artículos 1º y siguientes de la Ley Nº 13.297, de 3 de noviembre de 1964, y 18 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967, cuya administración y cobro no hayan sido entregados a empresas concesionarias de obra pública.

3) Con el impuesto a los ejes creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, y modificativas.

4) Con el impuesto a las entradas brutas del servicio de ómnibus interdepartamentales y de turismo creados por el artículo 16 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, y modificativas.

5) Con el canon de riego y contribuciones establecidas en los artículos 167, 178 numeral 8º y concordantes del Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978 (Código de Aguas).

6) Con los precios que obtenga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por concesiones o permisos para extracción de arena, canto rodado y otros materiales, en las costas del territorio nacional, bancos, cauces, álveos y riberas de los ríos, arroyos, lagos y lagunas de dominio público nacional.

7) Con las tarifas y los precios por servicios portuarios prestados en los puertos administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

8) Con los ingresos por precios que obtenga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por concepto de venta de recaudos, planos, estudios, proyectos, publicaciones técnicas y por arrendamientos de bienes muebles o inmuebles y de fletes.

9) Con los ingresos que obtenga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el otorgamiento, administración, contralor o concesión de obras o servicios públicos.

10) Con el producido de las multas recaudadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

11) Con la contribución de la Administración Nacional de Puertos creada por el artículo 18 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, excepto en los puertos en que ésta tenga a su cargo el mantenimiento.

12) Con los legados, donaciones y aportes aceptados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

13) Con el producido por la prestación de servicios técnicos.

14) Con cualquier otro recurso que se destine a la ejecución o mantenimiento de obras públicas, constituido o que se constituya por disposición legal a favor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

INCISO 13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 413.- Sustitúyese el literal D) del artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, por el siguiente:

"D) El 10% (diez por ciento) al Instituto Nacional de Alimentación, con destino a asistencia alimentaria, vigilancia y educación nutricional".

Artículo 430.- Sustitúyese el artículo 113 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

"ARTICULO 113.- Los ingresos extrapresupuestales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una vez cumplido con lo dispuesto por el artículo 442 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se afectarán de la siguiente manera:

A) 45% (cuarenta y cinco por ciento) para gastos de funcionamiento.

B) 55% (cincuenta y cinco por ciento) con destino a lo establecido por el artículo 294 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

A los efectos de dar cumplimiento con el artículo 442 citado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá en la oportunidad de la aprobación de la Rendición de Cuentas, justificar la versión a Rentas Generales del monto correspondiente en forma trimestral".

Artículo 436.- Autorízase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a contratar, en carácter de pasante, hasta treinta estudiantes de Derecho que tengan aprobado Derecho Laboral o egresados con una antigüedad no mayor de un año.

Dichos pasantes cumplirán funciones en el Centro de Conciliación de Conflictos Individuales de Trabajo, en la División Consultas y en las Agencias Zonales de Montevideo e Interior.

El plazo de dichas pasantías será de un año, el que podrá prorrogarse por una única vez.

La Contaduría General de la Nación habilitará la partida correspondiente, disminuyendo en el mismo importe la partida asignada en los anexos con cargo al renglón 0.8.4.301.

SECCION V

ORGANISMOS DEL ARTICULO 220

DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

CAPITULO II

GASTOS

Artículo 478.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artícu-lo 365 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, autorízase al Poder Judicial y al Banco de la República Oriental del Uruguay para convenir fórmulas de amortización sustitutivas, en cuyo caso y de quedar liberados los rubros con los que se efectúa actualmente la amortización del préstamo que dicha norma legal prevé, se destinarán los mismos, exclusivamente, a la prosecución de las obras del Palacio de Justicia, en la forma que determine la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO V

OTRAS NORMAS

INCISO 17

TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 509.- Facúltase al Tribunal de Cuentas a realizar las transformaciones de cargos y funciones contratadas a fin de racionalizar el funcionamiento de dicho Inciso. La racionalización administrativa no podrá originar aumento en los créditos presupuestales asignados ni lesión de derechos funcionales.

INCISO 17

TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 525.- Sustitúyese el artículo 491 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 (artículo 47 del TOCAF), por el siguiente:

"ARTICULO 491.- Para las licitaciones públicas y remates se efectuará una publicación en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto, en especial, la comunicación a los servicios de información sobre compras estatales.

El llamado a licitación pública, si fuere necesario estimular la presentación de oferentes radicados en el exterior, se difundirá, además, por intermedio de las representaciones diplomáticas del país, o por avisos cursados a representaciones diplomáticas extranjeras acreditadas en la República. La publicación deberá hacerse con no menos de quince días de anticipación a la fecha de apertura de la licitación o con no menos de treinta días cuando se estime necesaria o conveniente la concurrencia de proponentes radicados en el exterior. Este término podrá ser reducido por el ordenador competente en cada caso, cuando la urgencia o interés así lo requiera, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco o diez días respectivamente. Los motivos de la excepción deberán constar en el acto administrativo que disponga el llamado".

SECCION VIII

NORMAS DE DESREGULACION Y REFORMA ADMINISTRATIVA

CAPITULO II

REFORMULACION DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LOS INCISOS

Artículo 714.- A efectos de establecer un sistema de alta gerencia y fortalecer la capacidad de la Administración Central para cumplir con sus cometidos sustanciales, los Incisos 02 al 14 podrán designar funcionarios contratados al amparo del régimen dispuesto por el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, para el desempeño de funciones de alta especialización en puestos técnicos o de asesoramiento, inmediatamente dependientes del Director de una unidad ejecutora.

Artículo 726.- Una vez que se concrete el efectivo cese del funcionario cuyo cargo o función haya sido declarado excedentario, el jerarca del Inciso podrá disponer de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las economías efectivamente producidas. Un 30% (treinta por ciento) de éstas se destinará a la atención de necesidades salariales del Inciso, tendiendo a corregir las inequidades de remuneración existentes entre aquellos que desempeñen tareas de similar responsabilidad y de acuerdo a las estructuras aprobadas. El restante 20% (veinte por ciento) se destinará a la financiación del sistema de alta gerencia y fortalecer la capacidad de la Administración Central para cumplir con sus cometidos sustanciales a que refieren los artículos 714 y siguientes de la presente ley.

SECCION IX

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 738.- Incorpóranse al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 33 del TOCAF), los incisos siguientes:

"Las contrataciones referidas en el literal A), no podrán incluir la participación, directa o indirecta de empresas privadas.

Las realizadas al amparo del literal I), deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado.

Para el Poder Judicial y Universidad de la República e Intendencias Municipales, dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas.

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8º del Código Civil)".

Ley Nº 16.873

CONTRATOS LABORALES

ESTABLECENSE REQUISITOS Y OTORGANSE BENEFICIOS A EMPRESAS QUE INCORPOREN JOVENES EN LAS MODALIDADES CONTRACTUALES QUE SE PREVEN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

III

BECAS DE TRABAJO

Artículo 10.- El objeto de las becas de trabajo es posibilitar que jóvenes de quince a veinticuatro años pertenecientes a sectores sociales de bajos ingresos se vinculen a un medio laboral y realicen una adecuada primera experiencia laboral.

Artículo 11.- El Instituto Nacional del Menor, el Instituto Nacional de la Juventud y la Administración Nacional de Educación Pública podrán acordar con organismos públicos estatales o no estatales, así como con empresas privadas becas de trabajo. Las organizaciones no gubernamentales requerirán la autorización de una de las instituciones antes mencionadas para acordar becas de trabajo. La autorización supone el reconocimiento de que la beca se refiere a los beneficiarios y al propósito expresado en el artículo anterior.

Artículo 12.- Las becas de trabajo deberán pactarse por escrito y la duración de las mismas no podrá exceder de nueve meses. Los jóvenes se beneficiarán de ellas por única vez.

Artículo 13.- Los empleadores deberán extender una constancia que acredite la experiencia adquirida por el joven en el puesto de trabajo así como la asistencia, el comportamiento y la adaptación al trabajo.

Ley Nº 17.243,

de 29 de junio de 2000

SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y CONDICIONES EN LAS QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

CAPITULO IV

NORMAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Artículo 13.- Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general (artículos 7º y 36 de la Constitución de la República) o que resulten del carácter de servicio público de la actividad de que se trate.

Artículo 14.- Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, tales como:

A) Imponer en forma permanente, directa o indirectamente, precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los consumidores.

B) Restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores.

C) Aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia.

D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los consumidores.

E) En forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las obligaciones fiscales o comerciales.

La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente Capítulo y dispondrá las medidas pertinentes para la aplicación de dichas disposiciones.

Toda contienda que se suscite que refiere a la materia regulada en este Capítulo podrá ser sometida por las partes a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el Título VIII del Libro II del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988). La reglamentación promoverá la habilitación de centros especializados a tales efectos.

Ley Nº 17.296

de 21de febrero de 2001

APRUEBASE EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL ACTUAL PERIODO DE GOBIERNO

SECCION II

FUNCIONARIOS

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo remitirá a la Asamblea General a efectos de su aprobación los proyectos de estructura, organización o reestructura de los Incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional. Pasados cuarenta y cinco días sin pro-nunciamiento expreso, los mismos se considerarán aprobados.

CAPITULO IV

REDISTRIBUCIONES Y ADECUACIONES

Artículo 18.- En todos los casos de redistribución de funcionarios, al amparo de lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, y 307 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969, y en la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, a efectos de la adecuación presupuestal correspondiente, el sueldo y todas las demás compensaciones de carácter permanente efectivamente percibidas integran el total de retribuciones percibidas en el organismo de origen, con excepción de las compensaciones por prestación de funciones específicas, o de tareas distintas a las inherentes a su cargo o función en el organismo al que pertenecen y de los beneficios sociales.

En ningún caso el total de retribuciones del funcionario que surja de la adecuación presupuestal podrá ser inferior al que venía percibiendo antes de la misma. La diferencia de remuneración con la del organismo de destino se mantendrá como compensación personal la cual será absorbida por futuros ascensos o regularizaciones.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce meses previo a la incorporación.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Contaduría General de la Nación en lo pertinente en forma conjunta con la Oficina Nacional del Servicio Civil determinan los conceptos que integran el total de las retribuciones del funcionario redistribuido.

SECCION IV

INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO O2

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Artículo 64.- Encárgase al Instituto Nacional de Estadística el relevamiento y procesamiento del Indice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales, que actualmente elabora el Banco Central del Uruguay.

Artículo 66.- Créase en el Inciso 02 "Presidencia de la República" y en el ámbito del Programa 002, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Programa de Inversión Social (PRIS), que tendrá como cometido la coordinación de proyectos referidos a políticas sociales y que sean financiados por organismos multilaterales.

La Oficina tendrá un Director contratado en el marco de lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Anualmente, el PRIS dará cuenta a la Asamblea General acerca del proceso de ejecución de los proyectos mencionados.

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Artículo 71.- Quedan comprendidas en las disposiciones de la presente ley, las siguientes actividades:

a) Las referidas a telecomunicaciones entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; y

b) Las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores postales.

Artículo 72.- Las actividades comprendidas en el artículo anterior, se cumplirán de conformidad con los siguientes objetivos:

a. la extensión y universalización del acceso a los servicios , que ellas implican;

b. el fomento del nivel óptimo de inversión, para la prestación de los servicios en las condiciones que fije la regulación sectorial;

c. la adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores;

d. la promoción de la libre competencia en la prestación, sin perjuicio de los monopolios y exclusividades legalmente dispuestos;

e. la prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de los servicios;

f. la libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, en base a información clara y veraz; y

g. la aplicación de tarifas que reflejan los costos económicos, en cuanto correspondiere.

Artículo 73.- Compete a esta Unidad la regulación y el control de las actividades referidas a las Telecomunicaciones, entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos y, asimismo, las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores postales.

Artículo 86.- En materia de servicios de telecomunicaciones, la URSEC tendrá los siguientes cometidos y poderes jurídicos:

a. asesorar al Poder Ejecutivo en materia de formulación instrumentación y aplicación de la política de comunicaciones;

b. velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas;

c. administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional;

d. otorgar:

1. Autorizaciones precarias para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico nacional, así como para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas excepto emisoras de radiodifusión.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando previa autorización genérica del Poder Ejecutivo y conforme al reglamento que dictará el mismo, se asigne el uso de frecuencias por la modalidad de subasta u otro procedimiento competitivo, podrá establecer en el llamado a interesados cuál será el plazo de la autorización y sus garantías de funcionamiento y sobre dichas bases autorizará el uso de las frecuencias.

3. Los servicios autorizados en el literal d) 1. estarán sometidos al contralor del autorizante, en todos los aspectos de su instalación y funcionamiento.

e. controlar la instalación y funcionamiento, así como la calidad, regularidad y alcance de todos los servicios de telecomunicaciones, sean prestados por operadores públicos o privados;

f. formular normas para el control técnico y manejo adecuado de las telecomunicaciones, así como controlar su implementación;

g. fijar reglas y patrones industriales que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperabilidad de las redes, incluida la red pública, así como el correcto y seguro funcionamiento de los equipos que se conecten a ellas, controlando su aplicación;

h. presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, un proyecto de reglamento y un pliego único de bases y condiciones para la selección de las entidades autorizadas al uso de frecuencias radioeléctricas conforme lo establecido en el numeral 3 del literal d) del presente artículo.

i. ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones de radiodifusión y de televisión cualesquiera fuere su modalidad;

j. mantener relaciones internacionales con los Organismos de comunicaciones en cuanto a sus funciones específicas y proponer al Poder Ejecutivo la realización o asistencia a reuniones a dichos Organismos, así como los delegados;

k. hacer cumplir la presente ley, sus reglamentaciones, disposiciones emanadas de ella misma, y actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia;

l. asesorar al Poder Ejecutivo respecto a los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades comprendidas dentro de su competencia;

m. dictaminar preceptivamente en los procedimientos de concesión y autorización para prestar servicios comprendidos dentro de su competencia, los que deberán basarse en los principios generales de publicidad, igualdad y concurrencia;

n. preparar y presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, un pliego único de bases y condiciones para el dictado de los actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia, al que deberán ajustarse los pliegos particulares que la Administración competente confeccione en cada caso;

ñ. emitir normas generales e instrucciones particulares que aseguren el funcionamiento de los servicios comprendidos en su competencia con arreglo a lo establecido por las políticas sectoriales y los objetivos enunciados en el artículo 73 de la presente ley;

o. dictar normas técnicas con relación a dichos servicios;

p. controlar el cumplimiento por parte de los operadores públicos y privados, prestadores de servicios comprendidos dentro de su competencia, de las normas jurídicas y técnicas aplicables, pudiendo requerirles todo tipo de información;

q. recibir, instruir y resolver las denuncias y reclamos de los usuarios y consumidores respecto a los servicios comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido atendidos por los prestadores;

r. proteger los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ejercer las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000;

s. en aplicación de los criterios legalmente establecidos, determinar técnicamente las tarifas y precios sujetos a regulación de los servicios comprendidos dentro de su competencia, elevándolos al Poder Ejecutivo para su consideración y aprobación. La tarifa de interconexión deberá establecerse de común acuerdo entre las partes, y si no existe acuerdo lo resolverá la Unidad Reguladora.

t. aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 85 -en este último caso, cuando se trate de una sanción exclusiva- y dictaminar preceptivamente ante el Poder Ejecutivo para la adopción de las restantes;

u. promover la solución arbitral de las diferencias que se susciten entre agentes del mercado;

v. convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, previa notificación a todas las partes interesadas, en los casos de procedimiento iniciados de oficio o a instancia de parte, relacionados con incumplimientos de los marcos regulatorios respectivos;

w. asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en materia de convenios internacionales u otros aspectos comprendidos en su competencia o conexos con ella; y

x. cumplir toda otra tarea que le sea cometida por la ley o por el Poder Ejecutivo.

Artículo 89.- La comisión de infracciones dará lugar a la aplicación de las sanciones que se enumeran a continuación, las cuales se graduarán según su gravedad y considerando la existencia o no de reincidencia:

a. observación;

b. apercibimiento;

c. las establecidas en los actos jurídicos habilitantes de la prestación de la actividad,

d. decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción, sanción que podrá ser aplicada en forma exclusiva o accesoria a las demás previstas;

e. multa;

f. suspensión de hasta noventa días en la prestación de la actividad;

g. revocación de la autorización o concesión.

La aplicación de multas estará basada en el perjuicio económico que le ocasiona a los usuarios recibir prestaciones en condiciones no satisfactorias. La cuantía de las mismas no podrá superar el cien por ciento del perjuicio económico producido y su monto total se repartirá entre los usuarios afectados, sin perjuicio de las acciones que éstos pudieren promover directamente para el resarcimiento de otros daños y perjuicios padecidos. Cuando no sea posible determinar los usuarios afectados o no los haya, el monto máximo de la multa será de 50.000 Unidades Reajustables, excepto para los servicios de radiodifusión (AM, FM, TV abierta), manteniéndose el régimen actualmente vigente.

En todos los casos, la aplicación de sanciones se realizará con ajuste a los principios del debido procedimiento y de la razonable adecuación de la sanción a la infracción.

Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias de acuerdo a lo previsto en la presente ley, constituyen título ejecutivo a todos sus efectos.

Artículo 90.- En materia de servicios postales, la URSEC tendrá los siguientes cometidos y poderes jurídicos:

a. velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas;

b. establecer normas regulatorias de los servicios postales, en conformidad con las normas legales y con los convenios y acuerdos internacionales que refieren a ellos;

c. autorizar la prestación de servicios postales a terceros, establecer los requisitos necesarios para dichas autorizaciones, controlando su cumplimiento; y

d. llevar el registro de empresas autorizadas a prestar servicios postales, en el que deberán inscribirse también los preemisarios habilitados, en las condiciones que se determinen.

INCISO 05

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 157.- La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá a qué repartición del Estado se le asigna competencia en el control de los actos y conductas prohibidos por el artículo 14 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, que serán sancionados de la siguiente forma:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación a costa del infractor.

C) Orden de cese definitivo de los actos o conductas prohibidos y la remoción de sus efectos.

D) Multa de 500 UR (quinientas unidades reajustables) hasta 20.000 UR (veinte mil unidades reajustables) según que la infracción se califique de leve, grave o muy grave.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. En el caso de que la gravedad de la infracción lo amerite, podrá ordenarse el cese provisorio de los actos o conductas prohibidos, sin perjuicio de la iniciación del proceso administrativo que corresponda.

Los criterios que se tendrán en consideración para determinar la gravedad de la infracción serán el daño causado, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la participación del infractor en el mercado, la duración de la práctica prohibida y la reincidencia o antecedentes del infractor.

Artículo 158.- El órgano de aplicación de las normas contenidas en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, tendrán las siguientes funciones y facultades:

A) Requerir a las autoridades nacionales o municipales y a los particulares, la documentación, información y colaboración que juzgue necesarias a los efectos de cumplir con sus cometidos y en especial, con los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes.

B) Habilitar los centros especializados de arbitraje a que refiere el artículo 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

C) Emitir opinión en los asuntos que se sometan a su consideración o que analice en el marco de su competencia e informar y asesorar respecto de acuerdos, prácticas restrictivas, decisiones de empresas y demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia.

D) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley.

E) Dispondrá de la más amplias facultades de investigación y fiscalización, pudiendo requerir de los organismos especializados la colaboración necesaria a los efectos de la realización de inspecciones, investigaciones, pericias, controles y comprobaciones. Podrá asimismo, requerir la comparencia de los investigados, y de terceros a los efectos de proporcionar información. Los datos e informaciones obtenidos solo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta ley.

F) Solicitar en forma fundada, al Juez competente, las medidas cautelares que estime pertinentes, procedimiento en el que estará exonerado de prestar contra cautela.

G) Proyectar y someter a la consideración del Poder Ejecutivo, el procedimiento pertinente, a los efectos de la constatación de la realización de los actos o las prácticas prohibidas y la aplicación de sanciones, ya sea de oficio o por denuncia de parte interesada y legitimada al respecto, garantizándose al denunciado o investigado el ejercicio del derecho de defensa.

H) Promover la celebración de acuerdos, conciliaciones o compromisos de cese, en los asuntos sometidos a su consideración.

Artículo 166.- Sustitúyense los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 9.483, de 17 de julio de 1939, con la modificación introducida al primero de ellos por el inciso primero del artículo 183 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"ARTICULO 1º.- El producido de las multas por la comisión de todo tipo de infracción aduanera, será distribuido del modo siguiente:

A) El 40% (cuarenta por ciento) para quien o quienes hayan denunciado la infracción.

B) El 30% (treinta por ciento) entre todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas que efectivamente presten funciones en la misma, a prorrata de las retribuciones básicas y de compensación máxima al grado.

Las sumas a distribuirse entre los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas conforme a lo dispuesto precedentemente, estarán comprendidas en la limitación establecida por el inciso 1º del artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1984, pudiendo el Poder Ejecutivo establecer nuevos topes a la retribución de las situaciones exceptuadas.

Exceptúase de lo dispuesto en este artículo la multa prevista en el inciso 1º del artículo 254 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 154 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Establécese que el producido de las multas y la distribución dispuesta en los literales A) y B) precedentes, revisten carácter salarial cuando están destinadas a funcionarios públicos y que el mismo debe financiar los aportes patronales y aguinaldos correspondientes.

C) Un 15% (quince por ciento) destinado a la formación de un fondo para el fortalecimiento operativo de la represión del contrabando debiendo aplicarse a erogaciones directamente relacionadas con tal fin.

La distribución de la partida se realizará entre los programas 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico-Financiera" y 007 "Recaudación de Renta Aduanera y Contralor del Tránsito Aduanero de Bienes" del Inciso 05, y en los diversos objetos del gasto y será autorizada anualmente por el Ministro de Economía y Finanzas, pudiendo realizar las modificaciones necesarias dentro del ejercicio. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

El Ministerio de Economía y Finanzas podrá autorizar en los referidos programas la formación de un grupo de funcionarios públicos destinado a realizar o complementar las actuales tareas de represión del contrabando y control de tránsito de mercaderías. Este grupo podrá funcionar en ambos programas y no estará constituido por más de cincuenta funcionarios.

A estos efectos el Ministerio de Economía y Finanzas podrá solicitar el pase en comisión de funcionarios al amparo del régimen dispuesto por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Estos funcionarios tendrán las mismas obligaciones, facultades y derechos que los funcionarios aduaneros, durante el término de su comisión.

Dichos funcionarios podrán ser compensados con cargo a Rentas Generales. Tales compensaciones serán dispuestas por los jerarcas de los programas citados y serán a término y esencialmente revocables sin expresión de causa. Las retribuciones totales de estos funcionarios no podrán superar el monto de veintinueve salarios mínimos nacionales a valores de 1º de enero de 2000.

D) Un 15% (quince por ciento) dirigido al fortalecimiento tecnológico de la Dirección Nacional de Aduanas, la que presentará anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación un plan de proyectos de inversión que incluirán exclusivamente tecnología destinada a detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías. Tales proyectos deberán contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto".

INCISO 07

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Artículo 214.- El pago de la compensación por embarque del personal afectado a las tareas desarrolladas por los buques de investigación así como sus correspondientes aportes a la seguridad social serán financiados con los recursos generados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

INCISO 11

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Artículo 337.- A fin de asistirla en el cumplimiento de las funciones conferidas de asesoramiento a la Justicia Penal, conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, autorízase a la Junta Asesora a otorgar cinco contratos y su importe no podrá superar los 29 salarios mínimos nacionales.

Dicha contratación a ser realizada directamente por la Junta Asesora deberá estar debidamente fundada en cada caso concreto, no requerirá llamado a concurso de mérito u oposición, no excluirá la calidad de funcionario público ni serán de aplicación los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 15 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y en el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Asimismo, deberá dejarse expresa constancia que: a) el contrato asume una obligación de resultado en un plazo determinado y b) que el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo.

A fin de cumplir con los plazos establecidos por el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, el Tribunal de Cuentas podrá habilitar al Contador delegado del Inciso 11 a intervenir directamente en el proceso del gasto de dichas contrataciones.

Dentro de los siguientes diez días de verificada cada contratación la Junta Asesora deberá informar al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Economía y Finanzas de las decisiones adoptadas en materia de estas contrataciones, identificando pormenorizadamente los importes, condiciones y período de cumplimiento de los arrendamientos de obra correspondientes, dando cuenta a la Asamblea General.

INCISO 13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 375.- Asígnase al Programa 001 "Administración General" del Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", una partida anual de $ 8:000.000 (pesos uruguayos ocho millones) con destino al pago de una compensación mensual por alimentación para quienes presten funciones en el inciso.

La asignación será financiada con los recursos establecidos por el literal D) del artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, en la redacción dada por el artículo 413 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

INCISO 14

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 409.- Sustitúyese el artículo 446 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 456 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"ARTICULO 446.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá contratar mediante llamado público, prueba de suficiencia o contratación directa, al personal eventual no administrativo, mínimo imprescindible, para la ejecución de estudios, proyectos y obras incluidas en el Plan de Inversiones. Este personal cesará automáticamente una vez finalizada la ejecución de los servicios u obras para los cuales se les contrató.

Dicho Ministerio podrá abonar horas extra, trabajos especiales y promoción social a los recursos humanos del Inciso.

Las erogaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto por el presente artículo se atenderán con cargo al crédito asignado al proyecto respectivo.

En ningún caso se podrá contratar más de quince personas, ni invertirse por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo más del 30% (treinta por ciento) de las asignaciones presupuestales previstas en los proyectos de inversión aprobados por el Inciso 14 excepto el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización".

SECCION IX

DISPOSICIONES VARIAS

CAPITULO I

Artículo 620.- No podrán contratarse becarios y pasantes sin previa autorización expresa del Poder Ejecutivo.

Los créditos asignados para tales contrataciones serán limitativos no pudiendo aumentarse por medio de trasposiciones ni refuerzos.

En el crédito autorizado se consideran comprendidos el sueldo anual complementario y las cargas legales.

Artículo 621.- El Poder Ejecutivo reglamentará el régimen de contrato de beca y pasantía, en especial lo relativo a los perfiles apropiados de formación para la función, criterios de selección, de remuneración y ajuste, derechos y obligaciones y plazo.

Artículo 622.- Para la contratación de pasantes y becarios, se dará preferencia a los estudiantes universitarios o del Colegio de Educación Técnico-Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) o del Centro de Capacitación y Producción (CECAP). La calidad de estudiante se acreditará con la certificación por parte de un instituto oficial, habilitado o autorizado, de haber aprobado por lo menos una materia en el año anterior a la suscripción del contrato de beca o pasantía.

La convocatoria se hará por llamado público, teniendo en cuenta para su elección la escolaridad mínima exigible y el grado de avance en la carrera. A igualdad de condiciones de los postulantes, la selección se realizará por sorteo ante escribano público.

Artículo 623.- La extensión máxima de los contratos de beca y pasantía que se otorguen en adelante será de doce meses incluida la licencia anual, prorrogables por hasta otro año más.

La remuneración para este tipo de contratos no superará los cuatro salarios mínimos nacionales por un régimen máximo de ocho horas diarias de labor. En caso de pactarse un régimen horario inferior, la remuneración se proporcionará al mismo.

Artículo 624.- Los becarios y pasantes sólo tendrán derecho a una licencia por hasta treinta días hábiles anuales por estudio, que se prorrateará al período de la beca y pasantía si fuera inferior al año, de licencia médica debidamente comprobada, de licencia maternal y de licencia anual. Será causal de rescisión del contrato haber incurrido en cinco o más faltas injustificadas por año.

Artículo 625.- El haber sido contratado bajo el régimen de beca y pasantía inhabilita a la persona a ser contratado bajo este régimen en la misma oficina o en cualquier otro órgano y organismo del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organos y Organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y Gobiernos Departamentales).

La unidad ejecutora contratante, previo a la suscripción del contrato, deberá consultar a la Oficina Nacional del Servicio Civil si el aspirante ha sido contratado en estas modalidades.

Toda extensión de la relación contractual que exceda lo dispuesto por esta norma, dará lugar a la responsabilidad patrimonial del jerarca de la unidad ejecutora que lo haya contratado y de quien, estando encargado en la Oficina Nacional del Servicio Civil de verificar la no reiteración de estos contratos, no informó tal circunstancia (artículo 25 de la Constitución de la República). El Poder Ejecutivo reglamentará el presente inciso en un plazo máximo de noventa días.

Artículo 626.- La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá mantener un registro actualizado con la información de los contratos de beca y pasantía.

Los jerarcas de las unidades ejecutoras solicitarán, en forma previa a la suscripción del contrato, información respecto a si el postulante no fue contratado como pasante o becario.

Suscrito el contrato de beca y pasantía deberán comunicarlo en un plazo de diez días.

Dentro del plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, los jerarcas deberán comunicar los contratos de beca y pasantía vigentes y suscritos con anterioridad.

Artículo 627.- Los becarios y pasantes, para cobrar sus haberes, deberán acreditar el haber inscripto su contrato en la Oficina Nacional del Servicio Civil, dentro de un plazo perentorio de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Ley Nº 17.513

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SE AUTORIZA A PROCEDER A SU CAPITALIZACION POR VIA DE LA SUBROGACION DE SU DEUDA CON EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a capitalizar hasta en US$ 550.000.000 (quinientos cincuenta millones de dólares americanos de los Estados Unidos de América) al Banco Hipotecario del Uruguay, por la vía de la subrogación de su deuda con el Banco Central del Uruguay, refinanciada según convenio entre ambas instituciones de 2 de julio de 1998, y sin perjuicio de lo que se disponga acerca de las gestiones de cobro de la deuda referida.

El Banco Hipotecario del Uruguay:

A) Cancelará todos los créditos contra el Poder Ejecutivo, que se encuentren cubiertos por previsiones de incobrabilidad en por lo menos el 95% (noventa y cinco por ciento);

B) Cederá al Poder Ejecutivo créditos contra el sector privado cubiertos por previsiones de incobrabilidad en por lo menos el 95% (noventa y cinco por ciento).

La suma de lo establecido en los literales a) y b) precedentes, no podrá superar el importe referido en el inciso primero.

La deuda a que refiere el primer inciso del presente artículo no será computada a los efectos de la determinación de los límites de endeudamiento del Poder Ejecutivo.

Ley Nº 17.523

LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO

Artículo 8º.- Las obligaciones del Banco Hipotecario del Uruguay por depósitos en moneda extranjera, serán asumidas por el Banco de la República Oriental del Uruguay, a quien se transferirán dichas cuentas como pasivo a título universal dentro del plazo máximo de treinta días de vigencia de la presente ley.

El Banco de la República Oriental del Uruguay, recibirá certificados de adeudo del Banco Hipotecario del Uruguay, con garantía del Estado, como contrapartida de los depósitos a plazo transferidos.

El Banco de la República Oriental del Uruguay recibirá, por las cuentas corrientes y cajas de ahorros transferidas, un crédito contra el Banco Central del Uruguay, con cargo al Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario.

El Banco Central del Uruguay computará como asistencia al Banco Hipotecario del Uruguay, los saldos de los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro transferidos del Banco Hipotecario del Uruguay al Banco de la República Oriental del Uruguay.

Ley Nº 17.556

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL APROBACION DE LA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001

SECCION III

RACIONALIZACION DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO

CAPITULO IV

REGIMEN DE CONTRATOS A TERMINO

Artículo 29. (Condiciones de la contratación).- Todos los organismos habilitados para la aplicación del presente régimen de contrato de trabajo a término, previo a la solicitud de contratación, deberán dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, modificativas y concordantes, que establecen la obligación de recurrir en forma imperativa al Registro de Personal a Redistribuir.

En toda propuesta de contratación se deberá adjuntar un informe que indique la cantidad total de personas que se desempeñan en la unidad ejecutora o gerencia general solicitante, revistan o no la calidad de funcionarios públicos.

Dicha información deberá comprobar que la o las nuevas contrataciones propuestas no incrementan el número de personas que cumplían actividades en dichas unidades al 30 de junio de 2002. En las propuestas de contratación que se efectúen con posterioridad al 30 de junio de 2003, las diferentes unidades ejecutoras o gerencias generales proponentes deberán acreditar una disminución no inferior al 1,5% (uno con cinco por ciento) anual en relación al total del personal que se desempeñaba en la misma, revista o no la calidad de funcionario público, al 30 de junio del año anterior.

Excepcionalmente, podrán autorizarse nuevas contrataciones que no cumplan con la condición establecida en el inciso anterior, en aquellas unidades ejecutoras o gerencias generales que tengan nuevas competencias otorgadas por ley o por convenios internacionales.

En el caso de organismos en los que se aplique un sistema de retiro incentivado posterior al 30 de junio de 2002, se deberá considerar el total de personal que se desempeñaba en la unidad ejecutora o gerencia general, luego de producidos dichos retiros, a los efectos de la comparación y de la reducción dispuesta en el inciso tercero de este artículo.

Artículo 30. (Ambito de aplicación).- Facúltase al Poder Ejecutivo y a los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República a celebrar contratos de trabajo a término con personas físicas a efectos de atender las necesidades que la Administración no pueda cubrir con sus propios funcionarios.

Artículo 31. (Provisión de los contratos).- Las contrataciones previstas en el artículo 30 se realizarán mediante llamado público abierto y la selección se efectuará a través de concurso de méritos y antecedentes y serán publicadas en medios electrónicos adecuados.

Artículo 32. (Calidad del contratado).- El contratado no adquiere la calidad de funcionario público, ni los beneficios que tal calidad conlleva. Su contrato será a término, revocable por parte del organismo contratante cuando lo estime conveniente y renovable, siempre que subsistan las necesidades del servicio que lo motivaron y el rendimiento haya sido satisfactorio a criterio de la autoridad correspon-diente.

Si se produjeren sucesivas renovaciones del contrato a término, ello no implicará en ningún caso que se adquieran derechos a permanencia e inamovilidad del contratado.

Artículo 33. (Incompatibilidad).- El régimen de contrato a término es incompatible con el desempeño de cualquier cargo o función pública remunerada. Ningún organismo podrá suscribir contratos de esta naturaleza con personas que estén contratadas por ese u otro organismo en igual régimen. Exceptúanse de estas prohibiciones, aquellas situaciones para las cuales la ley autoriza la acumulación de cargos o funciones y la previsión del artículo 147 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. A estos solos efectos, se asimilarán los contratos a término a funciones contratadas.

Artículo 34. (Plazo).- Los contratos de trabajo a término que se otorguen a partir de la vigencia de la presente ley, no podrán tener un plazo inicial superior a los 12 meses.

Al vencimiento del plazo se extingue la relación contractual, excepto que la Administración notifique en forma fehaciente su voluntad de renovación de dicha relación con una anticipación al vencimiento del plazo contractual, no inferior a 30 días. Cada renovación individual no podrá ser por un plazo superior a los 12 meses.

La extinción del plazo contractual inicial o de las sucesivas renovaciones no dará lugar a indemnización por despido ni derecho al beneficio de seguro de desempleo, salvo que el plazo total supere los 24 meses. En este caso, el contratado tendrá derecho a indemnización por despido y seguro de desempleo, conforme los términos de las Leyes Nº 10.489, de 6 de junio de 1944, Nº 10.542, de 20 de octubre de 1944, Nº 10.570, de 15 de diciembre de 1944, Nº 12.597, de 30 de diciembre de 1958, modificativas y concordantes, y del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, respectivamente. La suma de los dos beneficios no podrá superar, en ninguna situación, el equivalente a seis meses de retribución total, por lo que el contratado sólo podrá recibir el beneficio del seguro de desempleo por la eventual diferencia resultante.

Artículo 35. (Provisoriato).- Durante el término de los tres primeros meses del contrato, se podrá poner fin a la relación contractual por voluntad unilateral de la Administración, no generando derecho a indemnización alguna.

Artículo 36. (Rescisión unilateral).- La Administación podrá proceder a la rescisión unilateral de los contratos por los siguientes motivos:

A) Por haber incurrido en cinco o más faltas injustificadas en un período de 12 meses.

B) Por notoria mala conducta debidamente justificada.

Artículo 37. (Derechos).- Las personas físicas contratadas bajo el régimen que se crea por los artículos precedentes, tendrán derecho a beneficios sociales, licencia anual ordinaria (Ley Nº 12.590, de 23 de diciembre de 1958, modificativas y concordantes), indemnización por despido en las situaciones expresamente previstas en el inciso final del artículo 34 y literal A) del artículo 36, así como al amparo al beneficio del seguro por desempleo previsto por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, con aplicación de los importes máximos establecidos en el artículo 34 de la presente ley. Los contratados tendrán también derecho al beneficio de los seguros sociales de enfermedad previsto por el Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, modificativas y concordantes.

Artículo 38. (Suscripción de contratos).- En los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional los contratos a celebrarse deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo, el Presidente de la República con el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro respectivo, previo informa favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación. Los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República para celebrar contratos bajo este régimen deberán contar previamente con el informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

Los contratos que celebren los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo y contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 39. (Financiamiento).- Las erogaciones resultantes de los contratos que se autorizan a celebrar por el régimen que se crea, podrán ser financiadas con cargo al Fondo de Contrataciones que a dichos efectos se creará en cada unidad ejecutora de los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional, con los créditos resultantes de la supresión de vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas, en el marco de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Los créditos resultantes de la supresión de vacantes por reestructuras, podrán acrecentar el Fondo, el que también podrá integrarse con hasta el 100% (cien por ciento) del crédito previsto actualmente para la contratación de becarios y pasantes, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

En el ámbito de los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, el Fondo de Contrataciones se financiará con los créditos resultantes de la supresión de vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas así como las que se originen en reformulación de estructuras organizativas.

El crédito disponible de la supresión de vacantes será el resultante luego de la aplicación del artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En todos los casos, los contratos a celebrarse por el presente régimen podrán ser financiados con cargo a convenios celebrados con otros Estados u organismos internacionales o con fondos provenientes de convenios interadministrativos.

También podrán utilizarse para su financiación, las partidas legales autorizadas en el objeto del gasto 581 "Transferencias corrientes a Organismos Internacionales" y en los objetos del gasto correspondientes a impuestos asociados al mismo.

Toda obligación, cualquiera sea su naturaleza, emergente de los contratos, deberá ser atendida con el mismo financiamiento a cuyo cargo se encuentra en contrato celebrado y que da origen a las mismas.

Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar nuevos financiamientos para el presente régimen, sin que ello implique costo presupuestal ni de caja.

Artículo 40. (Responsabilidad).- El no cumplimiento de lo dispuesto en el presente régimen, dará lugar en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, a la responsabilidad patrimonial del jerarca contratante, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan corresponder.

Artículo 41. (Registro).- Créase en el ámbito de la Oficina Nacional del Servicio Civil el Registro de Contratos Personales del Estado. Una vez suscritos los contratos de trabajo a término a que refieren los artículos precedentes, los mismos deberán ser inscriptos dentro de los 10 días hábiles posteriores a su celebración.

Artículo 42. (Reglamentación).- Dentro de los 60 días posteriores a la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará el régimen dispuesto precedentemente y establecerá las escalas retributivas correspondientes, tomando en consideración entre otros elementos la complejidad, especificidad y los conocimientos técnicos requeridos para el desempeño de las tareas a contratar. Las mismas serán publicadas a través de los diversos medios oficiales de difusión electrónica.

Artículo 43. (Regularización de becarios y pasantes a incorporar al nuevo régimen de contratación con el Estado).- Las personas contratadas bajo el régimen de becarios o pasantes con anterioridad al 1º de enero de 2001, que se encuentren cumpliendo funciones por renovaciones sucesivas de sus contratos a la fecha de promulgación de la presente ley, previa evaluación satisfactoria de los jerarcas, podrán hacer uso de la opción de ser contratadas bajo la modalidad prevista en el presente capítulo. Para ello se requerirá su aceptación expresa, en el plazo que establezca la reglamentación. Para estas contrataciones no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 29, 31 y 35 de la presente ley. A los efectos del artículo 34, se computará como antigüedad el tiempo de desempeño de beca o pasantía. Queda comprendido en la modalidad prevista en la presente disposición el personal referido en el artículo 379 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Podrán ser incorporados a este régimen también los actuales Niños Cantores de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, para quienes regirán las condiciones establecidas en los literales A) y B) del artículo 246 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974. Para ello deberán manifestar por escrito su decisión de ampararse a dicho beneficio dentro del plazo perentorio de 60 días.

Cométese al Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la elaboración de un proyecto de ley determinando el régimen jurídico estatutario aplicable a la totalidad de los becarios o pasantes que, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso anterior, no hubieren quedado incluidos en el régimen de contratación a término.

CAPITULO V

REDISTRIBUCION Y ADECUACION

Artículo 60.- La retribución del funcionario redistribuido comprenderá el sueldo y todas las compensaciones de carácter permanente y retributivo, percibidas en el organismo de origen, con excepción de las compensaciones por prestación de funciones específicas de ese organismo o de tareas distintas a las inherentes a su cargo o función y de los beneficios sociales.

Se entiende por compensaciones de carácter permanente, aquellas cuyo derecho al cobro se genera al menos dos veces al año, con excepción del sueldo anual complementario.

Se considera que tienen carácter retributivo aquellas partidas que independientemente de su denominación o financiación se abonen a los funcionarios por prestar efectivamente servicios.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable, se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos 12 meses previos a la declaración de excedencia.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario.

Si la retribución que le corresponde al cargo o función en el organismo de destino fuere menor, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la cual será absorbida por futuros ascensos o regularizaciones.

CAPITULO VI

NORMAS GENERALES SOBRE FUNCIONARIOS

Artículo 67. (Pases en comisión).- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 32.- Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios y Legisladores Nacionales a expresa solicitud.

Los Legisladores no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión simultáneamente.

Los Ministros de Estado no podrán tener más de diez funcionarios en comisión simultáneamente.

Los Subsecretarios de Estado no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión cada uno. Estas solicitudes deberán ser formuladas por el jerarca del Inciso.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formule la solicitud, salvo que éste resolviera dejarlo sin efecto. Al asumir un nuevo jerarca, éste podrá mantener hasta por 90 días los funcionarios que tenía en comisión su predecesor, en tanto transcurra el período procedimental relativo a la renovación o sustitución de los mismos.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de presupuestados o contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen, en particular en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la renovación de sus contratos, a la bonificación de sus servicios a los efectos jubilatorios, y a su remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Lo dispuesto no será de aplicación para aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente.

Cuando los funcionarios provinieren de la Administración Central o de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República y cuenten con una antigüedad superior a cinco años en comisión, podrán solicitar su incorporación definitiva al organismo en que vinieren desempeñando funciones, (excluidos los Incisos 01 y 02), mediante el mecanismo de redistribución dispuesto por la presente ley.

Las cantidades máximas de funcionarios en comisión simultáneamente, dispuestas en este artículo, no se aplicarán respecto de aquellos funcionarios que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encontraren desempeñando tareas en régimen de comisión, sin perjuicio de su derecho a optar por la incorporación definitiva al Inciso correspondiente, con las exclusiones referidas en el inciso precedente".

SECCION V

INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Artículo 89.- La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Unidad Ejecutora 009, Programa 005, "Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones" del Inciso 02 "Presidencia de la República", dispondrá además de los cometidos y poderes jurídicos establecidos en los artículos 86 y 90 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los de prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en las actividades referidas en el ar-tículo 71 de la precitada ley, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes en materia de servicios públicos y monopolios legalmente establecidos.

Artículo 93.- Agrégase al artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, el siguiente literal:

"O) Los cargos presupuestados de los Escalafones "A" Profesional Universitario, Serie Licenciado en Meteorología "B" Técnico Profesional, Serie Meteorólogo y "D" Especializado, Series Técnico en Meteorología Cuerpo de Observadores y Comunicación, Electrónica y Computación, de la Unidad Ejecutora 039 "Dirección Nacional de Meteorología" y los cargos de los Escalafones A, B, D y F del "Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento" de la Unidad Ejecutora 018 Comando General de la Armada del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional". Establécese a partir del 1º de enero de 2002, la no supresión de vacantes del último grado de los escalafones y series citadas precedentemente.

Autorízase al Poder Ejecutivo a reducir las vacantes necesarias dentro del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" a los efectos de compensar el costo de las designaciones a que dé lugar la aplicación del inciso anterior.

Artículo 119.- Sustitúyese el inciso segundo del numeral 2) del artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 288 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá transferir directamente la titularidad de los silos, plantas de almacenaje, elevadores zonales, depósitos y equipos administrados por la Comisión Técnica Ejecutora del Plan Nacional de Silos a sus actuales tenedores legítimos con título habilitante.

A tales efectos los mismos se deberán comprometer a integrar un capital no menor a US$ 40 (cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) y un máximo de US$ 50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por tonelada de capacidad nominal de los depósitos, en un plazo de hasta 10 años, quedando el Ministerio facultado para contemplar causales de fuerza mayor que justifiquen la ampliación del mismo.

El plazo para acordar las condiciones de integración de capital entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los actuales tenedores no podrá exceder los 180 días a partir de la vigencia de la presente ley.

Dicho plazo podrá ser extendido en la mitad del anterior y por única vez por razones debidamente fundadas.

Vencidos cualquiera de los plazos dispuestos en el inciso anterior, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá enajenar libremente los bienes, sin limitaciones de ninguna índole.

El capital integrado por los actuales tenedores se destinará a los siguientes fines:

A) En hasta un 20% (veinte por ciento), a atender la deuda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ante el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) para la construcción de los silos.

B) El remanente, a atender la deuda que tuvieren, al momento del acuerdo, los actuales tenedores ante el BROU. En caso de que el tenedor no tuviere deudas con el BROU, dicha integración se destinará a la cancelación de pasivos, priorizándose las deudas con el Estado y de no existir deudas se constituirá en una efectiva capitalización de la tenedora.

La deuda que tuvieran, al momento del acuerdo, los actuales tenedores con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por concepto del arrendamiento de las plantas deberá ser cancelada independientemente de la capitalización antes mencionada, según forma de pago que se acordará dentro de los plazos ya definidos.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá gravar con hipoteca a favor del BROU, las plantas de su propiedad en respaldo de créditos de los tenedores que ingresen en la operativa que esta ley consagra.

La enajenación en primera venta de los bienes comprendidos en esta operativa, no estará gravada por el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP).

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de los servicios técnicos correspondientes realizará el seguimiento y control de las operaciones de mantenimiento del funcionamiento de silos, plantas de almacenaje, elevadores, depósitos y equipos que se transfieren a sus tenedores".

Ley Nº 17.596

FORTALECIMIENTO DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

Artículo 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a capitalizar hasta en US$ 258:000.000 (doscientos cincuenta y ocho millones de dólares de los Estados Unidos de América) al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), por la vía de la subrogación de su deuda con el Banco Central del Uruguay, por concepto de adelantos de asistencia financiera. El BHU:

A) Cancelará todos los créditos contra el Poder Ejecutivo, que se encuentren cubiertos por previsiones de incobrabilidad en por lo menos el 95% (noventa y cinco por ciento).

B) Cederá al Poder Ejecutivo créditos contra el sector privado cubiertos por previsiones de incobrabilidad en por lo menos el 95% (noventa y cinco por ciento).

La suma de lo establecido en los literales A) y B) precedentes, no podrá superar el importe referido en el inciso primero.

La deuda a que refiere el primer inciso del presente artículo no será computada a los efectos de la determinación de los límites de endeudamiento del Poder Ejecutivo.

Ley Nº 17.598

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)

CREACION, INTEGRACION Y COMETIDOS

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 24.- En las actividades comprendidas en esta ley y en el artículo 71 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, sujetas a la libre competencia, no podrán establecerse regulaciones discriminatorias para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, que los coloquen en inferioridad de condiciones con respecto a sus competidores privados.

Las regulaciones deberán permitir la libre competencia en el mercado, evitando el abuso de la posición dominante.

Los cometidos sociales que, vinculados a distintas políticas, el Gobierno Nacional decida desarrollar a través de los entes o empresas del dominio industrial o comercial del Estado y cuyo cumplimiento implique pérdidas económicas, deberán estar acompañados de los subsidios explícitos correspondientes para su financiamiento.

Ley Nº 17.616

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

SE MODIFICAN NORMAS RELACIONADAS A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 9º.- En caso de reventa de obras de arte plásticas o escultóricas efectuadas en pública subasta, en establecimiento comercial o con la intervención de un agente o comerciante, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios -hasta el momento en que la obra pase al dominio público-, gozan del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 3% (tres por ciento) del precio de la reventa. Los subastadores, comerciantes o agentes que intervengan en la reventa, serán agentes de retención del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida y estarán obligados a entregar dicho importe, en el plazo de treinta días siguientes a la subasta o negociación, al autor o a la entidad de gestión correspondiente. El incumplimiento de la obligación que se establece, por parte del rematador, comerciante o agente, lo hará responsable solidariamente del pago del referido monto".

Ley Nº 17.706

IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES

MODIFICACION DE LAS TASAS

Artículo 2º. (Mejora de la gestión de la Dirección General Impositiva).- El Poder Ejecutivo dará prioridad a la mejora de la gestión y equipamiento de la Dirección General Impositiva. A tales fines y en la cantidad estrictamente necesaria a su cumplimiento, dicha Dirección podrá destinar hasta el 25% (veinticinco por ciento) de la mejora real de su recaudación, a incrementar sus rubros presupuestales. De todo lo cual dará cuenta a la Asamblea General y ésta a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras.

Establécese un régimen de desempeño en dedicación exclusiva, remuneraciones extraordinarias e incompatibilidades para funcionarios de la Dirección General Impositiva, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo, con la prohibición de realizar tareas que se declaren incompatibles, que se aplicará en forma gradual y optativa, vinculado directamente al incremento real de la recaudación derivado de la mejor gestión del Organismo. A tales efectos se habilitarán los créditos presupuestales correspondientes.

El Poder Ejecutivo establecerá igualmente un régimen optativo de desempeño, sin dedicación exclusiva, y de incompatibilidades de alcance general para los funcionarios de dicha Dirección, no comprendidos en lo dispuesto en el inciso anterior.

En ambos casos lo dispuesto sustituirá a los regímenes actualmente vigentes en la materia para dichos funcionarios y de los mismos dará cuenta a la Asamblea General.

Las reglamentaciones de los regímenes establecidos en este artículo entrarán en vigencia a los treinta días de efectuada la respectiva comunicación a la Asamblea General.

Ley Nº 17.743

INCAUTACION DE MERCADERIAS COMESTIBLES O BEBIDAS SIN ALCOHOL

SE DICTAN NORMAS RELATIVAS A ACTUACIONES JUDICIALES DERIVADAS DE POSIBLES INFRACCIONES ADUANERAS

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º.- El Tribunal interviniente en actuaciones judiciales derivadas de posibles infracciones aduaneras, en las que mediare la incautación o indisponibilidad de mercaderías, productos alimenticios, bebidas sin alcohol, juguetes, prendas de vestir, ropa de cama o medicamentos, perecederos o altamente perecederos, podrá disponer la entrega directa y gratuita de los mismos al Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Instituto Nacional del Menor, a la Administración Nacional de Educación Pública, o en su caso, al Ministerio de Salud Pública.

Los bienes de referencia serán necesariamente destinados a uso y consumo de los organismos nominados. En cada caso se deberá practicar, previo a su destino final, los controles técnicos pertinentes, a cuyo efecto la Sede Judicial, el organismo aprehensor, o la Institución que les reciba, deberá obtener informe urgente de dependencia pública que constate los extremos requeridos en el artículo 4º de esta ley. En lo relativo a medicamentos dicho informe será necesariamente del Ministerio de Salud Pública.

Tanto la Sede Judicial, como en su caso las Autoridades intervinientes, rechazarán cualquier recurso o acción que dilate o entorpezca lo dispuesto, sin perjuicio de sustanciar posteriormente, conforme a derecho, las peticiones, acciones y recursos que correspondan a los interesados.

Ley Nº 17.869

PLAN DE ATENCION DE LA EMERGENCIA SOCIAL Y PROGRAMA DE INGRESO CIUDADANO

Artículo 3º. (Ingreso Ciudadano).- El Programa de Ingreso Ciudadano se aplicará durante el plazo de dos años, a partir de la promulgación de la presente ley y abarcará a quienes se encuentren en las condiciones previstas en los artículos siguientes.

Artículo 4º. (Monto del Ingreso Ciudadano).- El Ingreso Ciudadano consiste en una prestación en dinero por hogar, equivalente al valor fijado por la Base de Prestaciones y Contribuciones creada por el artículo 2º de la Ley Nº 17.856, de 20 de diciembre de 2004, vigente al 1º de marzo de 2005, que se actualizará cuatrimestralmente de acuerdo a la evolución del Indice de Precios al Consumo.

A los efectos de la presente ley, considérase hogar, tanto el constituido por una sola persona como aquel integrado por un grupo de personas, vinculadas o no por lazo de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y contribuyen a su mutua subsistencia.

Artículo 5º. (Caracteres).- El Ingreso Ciudadano es una prestación no retributiva, personal, intransferible e inembargable, que no podrá constituir garantía de obligaciones ni ser afectada por retenciones ni aun de naturaleza alimentaria.

Dicho monto no se computará a los efectos del otorgamiento de las asignaciones familiares (Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, Ley Nº 17.139, de 16 de julio de 1999, y Ley Nº 17.758, de 4 de mayo de 2004), las pensiones por invalidez y por vejez, ni ninguna otra prestación de seguridad social, no es incompatible con ninguno de dichos beneficios.

Artículo 6º. (Condiciones).- Las prestaciones se otorgarán a los hogares cuyos ingresos por todo concepto, exceptuándose las asignaciones familiares, prestaciones por invalidez y vejez, al mes de marzo de 2005, no superen los $ 1.300 (mil trescientos pesos uruguayos) promediales por persona y presenten carencias críticas en sus condiciones de vida.

El Poder Ejecutivo determinará el monto de las prestaciones por invalidez y vejez exceptuadas por el presente ar-tículo.

Artículo 7º. (Requisitos).- La incorporación al Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social se solicitará ante el Banco de Previsión Social o a través de los procedimientos que instrumente el Ministerio de Desarrollo Social.

Están habilitados para presentar dicha solicitud un miembro del hogar mayor de edad o los y las menores de 18 años cuando tengan niños o niñas a su cargo. Dichos menores quedan habilitados a percibir las prestaciones que correspondieran, por sí, sin que se requiera intervención de representante.

El solicitante deberá declarar el número de componentes del hogar, los ingresos que por todo concepto perciba cada uno de ellos y autorizará la verificación de la información aportada.

Verificados los términos de la solicitud y de la declaración formuladas y atendiendo a las carencias críticas que presente el hogar, el Ministerio de Desarrollo Social aceptará o rechazará la solicitud de ingreso al Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social.

Artículo 8º. (Contrapartidas).- Son, además, requisitos indispensables para recibir las prestaciones otorgadas por el Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, el cumplimiento de contrapartidas tales como la inscripción y asistencia regular de los menores al sistema educativo formal, los controles médicos periódicos de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, la participación en actividades comunitarias y, en general y en cada caso, las acciones específicas exigidas para cada programa de acuerdo a las evaluaciones que los distintos organismos involucrados realicen.

La imposibilidad de cumplir con las contrapartidas deberá ser justificada por los procedimientos que establezca la reglamentación.

Artículo 9º. (Pago).- Verificadas las condiciones habilitantes y otorgado el beneficio monetario, el Poder Ejecutivo autorizará el pago y la transferencia de fondos, comunicándolo al Banco de Previsión Social, que será el organismo encargado de abonarlo al miembro del hogar que sus componentes hayan seleccionado al momento de aquella verificación.

Artículo 10. (Suspensión, pérdida y garantías).- El pago del Ingreso Ciudadano se suspenderá por las siguientes causas:

A) Por el incumplimiento injustificado de las contrapartidas a que refiere el artículo 8º.

B) Cuando por cualquier motivo, variaren las condiciones establecidas en el artículo 6º de la presente ley.

El pago se reiniciará, a instancias del interesado, cuando cesen las circunstancias que motivaron la suspensión.

El Ingreso Ciudadano se pierde por la ocultación o falseamiento de los datos o cualquier otra actuación fraudulenta dirigida a obtener o conservar la prestación económica, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Penal vigente.

El Ministerio de Desarrollo Social notificará de manera fehaciente y contemporánea a la fecha de pago siguiente a la resolución a dictar que determine la denegación, la pérdida o la suspensión del Ingreso Ciudadano. El interesado dispondrá de un plazo de diez días hábiles para formular sus descargos. El Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de treinta días para dictar resolución; vencido dicho plazo sin pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social el reclamante conservará el beneficio.

Artículo 11. (Erogaciones).- Las erogaciones resultantes de la ejecución de planes y programas establecidos en el artículo 2º de la presente ley serán de cargo de Rentas Generales, por hasta la suma de $ 1.812:000.000 (mil ochocientos doce millones de pesos uruguayos), para el Ejercicio 2005; $ 2.552:000.000 (dos millones quinientos cincuenta y dos millones de pesos uruguayos), para el Ejercicio 2006; y $ 766:000.000 (setecientos sesenta y seis millones de pesos uruguayos) para el Ejercicio 2007, habilitándose dichas partidas en el Inciso 15 - "Ministerio de Desarrollo Social".

Los montos establecidos en el presente artículo se actualizarán cuatrimestralmente de acuerdo a la evolución del Indice de Precios al Consumo.

Artículo 12. (Información al Poder Legislativo).- El Ministerio de Desarrollo Social remitirá un informe semestral de la gestión del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social a la Asamblea General.

Artículo 13.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Ley Nº 17.947

ENDEUDAMIENTO INTERNO

SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO A EMITIR DEUDA PUBLICA NACIONAL

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º.- A los efectos de la presente ley, la deuda pública neta está constituida por los pasivos netos -de acuerdo con los criterios vigentes de medición del Banco Central del Uruguay- a cargo del Gobierno Central; el Banco Central del Uruguay; la Administración de Ferrocarriles del Estado; la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland; la Administración Nacional de Puertos; la Administración Nacional de Correos; la Administración Nacional de Telecomunicaciones; el Instituto Nacional de Colonización; la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado.

A efectos de la determinación de la deuda neta se incluirá como pasivo la base monetaria.

Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir deuda pública nacional siempre que el incremento de la deuda pública neta en cada ejercicio respecto al último día hábil del año anterior no supere los siguientes montos:

A) US$ 325:000.000 (trescientos veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el Ejercicio 2006.

B) US$ 300:000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el Ejercicio 2007.

C) US$ 275:000.000 (doscientos setenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el Ejercicio 2008.

D) US$ 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el Ejercicio 2009.

Artículo 3º.- Los topes establecidos en los artículos anteriores podrán ser ajustados en los montos equivalentes a:

A) Los aumentos de deuda pública neta originados en la efectivización de la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas por la deuda que el Banco Hipotecario del Uruguay mantiene con el Banco de la República Oriental del Uruguay; por el convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República Oriental del Uruguay, de fecha 12 de febrero de 2004, y su modificación del 29 de setiembre de 2004.

B) Los cambios en la deuda neta derivados de los litigios que mantiene el Estado como consecuencia de la crisis financiera de 2002.

C) Los cambios en la deuda neta que se produjeran como consecuencia de la capitalización de bancos pú-blicos, así como aquéllos productos de modificaciones en las valuaciones de los activos financieros, cobertura de información o reclasificaciones de cuentas.

Artículo 4º.- A partir del 1º de enero de 2009, y hasta la aprobación de una nueva ley de endeudamiento, la deuda pública nacional neta podrá ser incrementada hasta por un volumen equivalente a US$ 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en cada ejercicio anual.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo podrá superar hasta en un 50% el tope de deuda fijado para un año determinado en aquellos casos en los que factores extraordinarios e imprevistos así lo justificaren, dando cuenta a la Asamblea General y sin que ello altere el tope fijado para los ejercicios siguientes.

El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de la facultad prevista en el inciso precedente durante tres ejercicios consecutivos.

Artículo 6º.- A los efectos del control del tope de deuda establecido en la presente ley, los activos disponibles y los pasivos contraídos en moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, serán valuados al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al cierre del último día hábil del ejercicio precedente para la deuda contratada con anterioridad a dicha fecha, y al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al momento de su contratación si ésta hubiera ocurrido en el mismo ejercicio. Igual criterio se utilizará para la deuda denominada en unidades indexadas, a partir de los arbitrajes definidos por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 7º.- En ocasión de la presentación de los proyectos de ley de Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca del estado de utilización del tope establecido para la deuda pública nacional.

Artículo 8º.- La evaluación del cumplimiento de los topes de deuda se realizará conforme a las útlimas cifras publicadas por el Banco Central del Uruguay.

Ley Nº 17.968

PENSIONES GRACIABLES

SE CREA UNA COMISION PERMANENTE EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MISMAS

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 3º.- La Comisión dispondrá de un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de recibo de la correspondiente solicitud, para expedirse al respecto.

Las resoluciones que dispongan favorablemente el envío al Poder Ejecutivo de las solicitudes de pensión graciable que se formulen, deberán ser adoptadas por la Comisión por unanimidad de sus miembros.

Decreto Nº 54/992

Promulgación: 07/02/1992 Publicación: 06/03/1992

Visto: la necesidad de reglamentar la Ley Nº 16.201, de Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de fecha 13 de agosto de 1991.

Considerando. I) Que por Ley Nº 16.170, a la fecha 28/12/90 se creó la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

III) Que es conveniente unificar en un texto reglamentario orgánico, todas las disposiciones que se refieren a esta materia.

Atento: a lo establecido en el Art. 6º de la Ley Nº 16.201, de 13 de agosto de 1991,

El Presidente de la República

DECRETA:

Decreto reglamentario de: Ley Nº 16.201, de 13/08/1991.

Artículo 1º.- La Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, deberá planificar, coordinar y realizar todas las actividades tendientes a la promoción y fomento del desarrollo de las artesanías y de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

Artículo 2º.- Los cometidos de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, son los establecidos en el Art. 3º de la Ley que se reglamenta, debiendo en forma prioritaria cumplir con las siguientes líneas de acción:

Acciones de Fomento

1) Apoyar en forma prioritaria a empresas PYME que tomen medidas que permitan adaptar su gestión a los desafíos de la apertura de la economía y que realicen los esfuerzos correspondientes para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado tanto interno como internacional.

2) Fomentar en las empresas la necesidad de mayor capacitación de sus cuadros directivos, y de su personal operativo. A estos efectos se considera que el desarrollo de las empresas PYME, está basado primordialmente en el desarrollo de los cuadros de la empresa.

3) Fomentar las condiciones necesarias para que las PYME puedan lograr una mayor capacidad tecnológica y tener acceso a las mejores tecnologías.

4) Apoyar y buscar los caminos para lograr el adecuado financiamiento de las PYME, como medio indispensable para el crecimiento y desarrollo de las mismas.

5) Promover todo tipo de asociatividad de empresas que permitan mediante la solidaridad, realizar ofertas más competitivas para acceder a los mercados nacional o internacional, mediante el impulso a la integración productiva.

6) Identificar grupos de empresarios o zona, con elementos en común, para desarrollar acciones que apunten a transformaciones productivas más sustantivas, mediante el fomento de las mismas.

7) Propender a la promoción de grupos consultores, para lograr el mejor asesoramiento a los empresarios PYME.

Acciones de información

1) Potenciar la información disponible, a los efectos de mejorar la toma de decisiones empresariales en las PYME.

Acciones de Coordinación de Esfuerzos

1) Centralizar las políticas de fomento de las PYME, mediante acciones conjuntas con otros organismos que apoyen a las PYME.

2) Crear mecanismos que permitan descentralizar la información, decisiones administrativas y procesos burocráticos, utilizando la capacidad instalada de los organismos gubernamentales y las ONG.

Acciones de Modernización

1) En todos los casos planificar los cambios necesarios para propender a la necesaria adecuación de las empresas a las exigencias de los entornos, desalentando actividades con productividad decreciente.

Artículo 3º.- A los efectos de precisar la terminología en todos los casos cuando se señala empresas PYME, en esta Reglamentación, se está involucrando a las siguientes categorías de Empresas:

- Unidades Artesanales

- Micro Empresas

- Pequeñas Empresas

- Medianas Empresas

Artículo 4º.- La Comisión Honoraria Asesora para el Desarrollo de la Artesanía, Micro, Pequeña y Mediana Empresa tendrá funciones asesoras de la Dirección Nacional y estará integrada tal cual lo estipula el Art. 4º de la Ley que se reglamenta.

Esta Comisión funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, la que suministrará el personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de las tareas.

La Comisión Honoraria Asesora sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cada vez que su Presidente lo estime necesario. Su quórum será de cuatro miembros y si algún integrante faltare a tres sesiones consecutivas sin justificación, se cursará nota, a la entidad que representa, solicitando su remoción.

La Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, recabará la opinión de la Comisión Honoraria Asesora cuando lo estime pertinente. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Decreto Nº 313/992 de 06/07/1992 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 54/992 de 07/02/1992 artículo 4.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas solicitará asesoramiento en las siguientes áreas prioritarias:

a) Programas de asistencia técnica nacional e internacional;

b) Programas de capacitación empresarial;

c) Programas de parques industriales;

d) Programas de agro - industrias y complejos agroindustriales;

e) Diagnósticos sectoriales;

f) Solicitud de exenciones tributarias o similares.

La Comisión Honoraria Asesora tendrá iniciativa en estas áreas efectuando los estudios que considere necesarios y cuyas conclusiones se enviarán a la Dirección Nacional a los efectos que estime conveniente. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Decreto Nº 313/992 de 06/07/1992 artículo 2º.

Ver en esta norma, artículo: 6.

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 54/992 de 07/02/1992 artículo 5º.

Artículo 6º.- Sin perjuicio del asesoramiento referido en el artículo anterior, la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas podrá requerir la opinión de las Instituciones públicas y/o privadas que tengan relación directa o indirecta con las artesanías y las micro, pequeñas y medianas empresas. A tales efectos podrá solicitar a la Comisión Honoraria, que reciba a los representantes de distintas Instituciones Gubernamentales o No Gubernamentales.

Artículo 7º.- La Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas podrá requerir de los demás organismos públicos relacionados con los campos artesanal, comercial, industrial, agroindustrial, tecnológico y de servicios, los informes, datos, estadísticas y estudios que los mismos tengan en su poder y significar, en definitiva, un aporte al desarrollo y fomento de las artesanías y micro, pequeñas y medianas empresas, de todo el territorio nacional.

Artículo 8º.- A todos los efectos que pueda corresponder, de acuerdo a la realidad socio-económico del país, surgida de la información obtenida en el III Censo Económico Nacional y teniendo en cuenta las experiencias internacionales en la materia, las unidades económicas existentes en el país se categorizan y clasifican, considerando el personal empleado, las ventas netas (excluido el IVA) realizadas en períodos anuales y los activos destinados a la actividad de la empresa. En todos los casos se deberá presentar la documentación requerida por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, para su categorización, y así poder acceder a los Beneficios y acciones de fomento que puedan llevarse a cabo.

MICROEMPRESAS: de 1 a 4 personas ocupadas Ventas máximas anuales netas: hasta un equivalente de: US$ 60.000.

Activos máximos: US$ 20.000

PEQUEÑA EMPRESA: de 5 a 19 personas ocupadas Ventas máximas anuales netas: hasta un equivalente de: US$ 180.000

Activos máximos: US$ 50.000

MEDIANA EMPRESA: 20 a 99 personas ocupadas. Ventas máximas anuales netas; hasta un equivalente de:

US$ 5:000.000

Activos máximos: US$ 350.000

Cuando no se tengan datos fehacientes los activos se considerarán como 1/3 (un tercio) de las ventas anuales declaradas, no pudiendo ser inferiores del 10% de los límites para las ventas establecidas para cada categoría.

La presente categorización estará sujeta a los ajustes que la Administración pudiera entender necesario en virtud de la realidad económico-social de momento. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Decreto Nº 266/995 de 19/07/1995 artículo 1º.

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 54/992 de 07/02/1992 artículo 8º.

Artículo 9º.- El Presidente representará, de pleno derecho a la Comisión Honoraria Asesora en los actos nacionales e internacionales, que se correspondan con la índole de sus tareas.

Estará en contacto permanente con el Director Nacional, quien deberá suministrar todos los antecedentes que se soliciten a los efectos de un mejor asesoramiento.

Asimismo podrá solicitar al Director Nacional el nombramiento de comisiones asesoras delegadas y asistirá, si lo considera necesario a sus deliberaciones.

Podrá dirigirse a todos los organismos públicos, paraestatales o privados, solicitando la información necesaria, para el mejor cumplimiento de sus objetivos. (*)

(*) Notas:

Agregado/s por: Decreto Nº 313/992 de 06/07/1992 artículo 3º.

Artículo 10.- Comuníquese, publíquese, etc.

Decreto Nº 266/995

Promulgación: 19/07/1995 Publicación: 07/08/1995

Visto: lo expresado en el Artículo 8º del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 54/92 de 7 de Febrero de 1992, reglamentario de la Ley Nº 16.201, de 13 de agosto de 1991, con respecto a la categorización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas;

Considerando: 1) que luego del período de tiempo transcurrido, es necesario proceder a la adecuación de los parámetros económicos de la categorización referida.

II) que en dicha adecuación deberá tenerse en consideración la categorización MERCOSUR resultante, del Grupo de Trabajo Nº 7, según Resolución GMC Nº 90/93;

Atento: a lo expuesto:

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1

(*)

(*) Notas:

Este artículo dio nueva redacción a: Decreto Nº 54/992 de 07/02/1992 artículo 8.

Artículo 2

Comuníquese, publíquese, etc.

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

Promulgación: 18/10/1988 Publicación: 14/11/1988

LIBRO II - DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO V - PROCESOS DE EJECUCION

CAPITULO II - VIA DE APREMIO

Artículo 387. Remate.-

387.1 Oportunamente, a petición del ejecutante, el Tribunal ordenará el remate sobre la base de las dos terceras partes de la tasación o al mejor postor si así se hubiere acordado y designará el rematador.

387.2 El remate será precedido, a criterio del tribunal, de uno a cinco anuncios en el Diario Oficial, los que comenzarán a publicarse conforme con lo dispuesto en el artículo 89, así como en otro periódico del lugar donde se celebrará el remate.

El anuncio deberá necesariamente, contener:

a) La identificación de los autos;

b) El día, hora y lugar del remate;

c) La individualización del bien a rematarse;

d) La base del remate o, en su caso, si éste se realiza sin ella y al mejor postor;

e) El nombre del rematador;

f) La seña que habrá de consignar el mejor postor en el acto del remate y que el tribunal fijará en suma no inferior al diez por ciento de la oferta así como la comisión y tributos a cargo del comprador;

g) La mención del lugar donde se encuentran los títulos de propiedad a disposición de los interesados, para su consulta. Cuando se rematare un inmueble se colocará en el mismo un cartel que así lo anuncie;

h) Las prevenciones que la Secretaría del Tribunal haga notar en el informe correspondiente y se consideren oportunas. (*)

387.3 El rematador informará al Tribunal, por lo menos diez días antes del remate, la fecha de éste y la publicidad que se hará, la que deberá adecuarse a los usos y costumbres; la omisión de este requisito aparejará la responsabilidad del rematador por los daños y perjuicios causados.

387.4 La diligencia de remate será practicada por el martillero designado y podrá ser presidida por el tribunal, actuario, secretario o alguacil, según se haya dispuesto.

387.5 En acta que se labrará al efecto, el rematador dejará constancia del resultado del remate, de la entrega de la señal que se haya determinado por el tribunal y del nombre y domicilio del mejor postor, el cual será definitivo a los efectos del trámite del proceso, salvo expresa modificación ulterior por parte de aquél. En todo caso, dicho domicilio deberá fijarse dentro del radio del tibunal.

387.6 Dentro de los diez días siguientes al del remate, el rematador deberá rendir cuentas de lo actuado, y acompañar el acta de la diligencia, los comprobantes de los gastos efectuados y el certificado del depósito de la seña, pudiendo descontar de la misma las sumas gastadas -con cargo de devolución si su rendición no resultare aprobada- así como la comisión que corresponda, de conformidad con el Arancel que establezca la Suprema Corte de Justicia.

387.7 Si el ejecutante adquiriere el bien en el remate no tendrá que consignar la seña ni tampoco el precio, en cuanto éste no excediere el monto de su crédito más un diez por ciento correspondiente a los gastos de la ejecución, siempre que acredite que no existen acreedores preferentes. En caso contrario deberá depositar la totalidad del precio ofertado.

387.8 El procedimiento legalmente previsto para la liquidación del valor de las obligaciones, se aplicará también al saldo pendiente de pago del precio de venta obtenido en remate judicial a partir de los sesenta días de ejecutoriado el auto aprobatorio del remate. Este plazo se suspenderá a pedido del mejor postor en caso de impedimento que no le fuera imputable: el comprador podrá hacer entregas a cuenta del precio en todo tiempo, con entera independencia del estado de los procedimienos y del otorgamiento de la escritura. Esas sumas, así como la seña a que refiere el ordinal 5 de este artículo, se consignarán en el Banco Hipotecario del Uruguay, sus sucursales o agencias, en cuenta especial de valores que se abrirá al efecto, a la orden del tribunal y bajo el rubro de los autos.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

CONSTITUCION 1967 CON LAS MODIFICACIONES PLEBISCITADAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1989, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1994, EL 8 DE DICIEMBRE DE 1996 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2004

SECCION XIV

DE LA HACIENDA PUBLICA

CAPITULO III

Artículo 220.- El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá éstos y las modificaciones al Poder Legislativo.

Artículo 221.- Los presupuestos de los Entes Industriales o Comerciales del Estado serán proyectados por cada uno de éstos y elevados al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas cinco meses antes del comienzo de cada ejercicio, con excepción del siguiente al año electoral, en que podrán ser presentados en cualquier momento.

El Tribunal de Cuentas dictaminará dentro de los treinta días de recibidos.

El Poder Ejecutivo con asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá observarlo y, en este caso, así como en el que mediasen observaciones del Tribunal de Cuentas lo devolverá al Ente respectivo.

Si el Ente aceptase las observaciones del Poder Ejecutivo y el dictamen del Tribunal de Cuentas, devolverá los antecedentes al Poder Ejecutivo para la aprobación del presupuesto y su inclusión con fines informativos en el Presupuesto Nacional.

No mediando la conformidad establecida en el inciso anterior, los proyectos de presupuestos se remitirán a la Asamblea General, con agregación de antecedentes.

La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, resolverá en cuanto a las discrepancias con sujeción a lo dispuesto en el artículo 215, por el voto de los dos tercios del total de sus componentes. Si no resolviera dentro del término de cuarenta días se tendrá por aprobado el presupuesto, con las observaciones del Poder Ejecutivo.

El dictamen del Tribunal de Cuentas requiere el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros.

La ley fijará, previo informe de los referidos Entes y del Tribunal de Cuentas y la opinión del Poder Ejecutivo emitida con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los porcentajes que cada Ente podrá destinar a sueldos y gastos de dirección y de administración.

SECCION XVII

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPITULO II

Artículo 309.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.

La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados.

La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado, por el acto administrativo.

Artículo 312.- La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se tratare.

El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado.

En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declarara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Adelanto que no quiero aburrir a los señores Senadores con las proyecciones de "power point" que oportunamente se observarán. Al final de mi intervención aparecerán en pantalla unos gráficos con el comentario de dos o tres de los artículos que también serán distribuidos a los señores Senadores, porque estas cuestiones suelen generar polémica en algunos aspectos.

Agradezco a los funcionarios del Parlamento que han hecho posible esta presentación del trabajo, ya que mi computadora dejó de funcionar este fin de semana. Las nuevas tecnologías también tienen problemas.

En realidad, quisiera hacer algunas consideraciones generales en nombre de la bancada sobre este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Con mucha convicción señalo que a mi juicio esta es una gran Rendición de Cuentas, quizás la mejor de las que tengo memoria, por lo menos desde el retorno a la democracia hasta el presente. No es una Rendición de Cuentas como aquellas de gastos superabundantes que generaban nuevos Presupuestos en un articulado frondoso, ni las de gasto cero que comenzaron a hacerse habituales hace algunos años. Esta toma una vía intermedia, fruto de una definición política adoptada por nuestro Gobierno, por el Poder Ejecutivo y el equipo económico, que creo es la más acertada.

Originalmente, el proyecto de ley tenía 300 artículos, pero en esto el señor Presidente fue muy exigente por lo que finalmente quedó con un centenar de artículos, si bien la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado los incrementó para tratar de precisar cuestiones y tomar en cuenta problemas que no habían sido incluidos. En definitiva, el proyecto de ley quedó conformado por unos 130 artículos, como pueden corroborarlo los señores Senadores en el repartido que tienen en su poder.

Este texto brinda atención a algunas prioridades. Este Gobierno parte de la base de que las cosas van bien -aunque no se puede tirar manteca al techo-, como lo muestran las gráficas que estamos proyectando en este momento, pero en realidad es el inicio o la continuación de un proceso de recuperación de la economía después de un nivel de desastre. En este marco y en este contexto a nuestro juicio hay que ser cuidadosos, pero al mismo tiempo hay que arriesgar, en una onda virtuosa en la cual de alguna manera el Estado a través de las definiciones que toma en su proyecto de ley de Rendición de Cuentas, da las inyecciones, los estímulos y hace apuestas concentradas en prioridades para generar un dinamismo y un potencial que ya viene en la economía y en la sociedad. Asimismo procura, no diría resolver, sino amortiguar los principales déficit, las principales deudas que en materia social, económica, cultural y educativa tiene la sociedad uruguaya como producto de una herencia pesada que se ha producido después de la aplicación, durante un par de décadas, de un modelo que no compartimos, así como después de los desastres de la coyuntura de 2002. Se atiene al respeto de prioridades.

El concepto de prioridad no sólo desata reacciones a favor de parte, obviamente, de los sectores que son priorizados, sino también resistencias y críticas de parte de aquellos que no lo son inicialmente. Es una identificación y una selección de políticas. A nuestro juicio, es la mejor estrategia para enfrentar el déficit social y económico que estamos teniendo como punto de partida en el Gobierno que se inició el 1º de marzo de 2005. Estas prioridades no se han modificado desde la aprobación de la Ley de Presupuesto al presente, sino que se han mantenido y reforzado en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas. ¿A qué prioridades nos referimos? A la prioridad de la emergencia social, a la de los gastos en salud y en educación, a la de la seguridad pública -no ignoramos que tenemos un problema instalado de inseguridad pública en este país, que tiene profundas raíces de destrucción del tejido social, pero en donde hay que reforzar los mecanismos de contención por parte del Ministerio del Interior y la participación de la sociedad a través de una multiplicidad de formas, organizada e institucionalizada- y a la de la inversión. Como se podrá observar después, la inversión en nuestro país ha estado en niveles de desastre, situándose en niveles muy bajos. Diría que la inversión en términos latinoamericanos y la uruguaya -como se verá después en algunas de las gráficas que proyectaremos- es de las más bajas en el continente y sigue siéndolo. Por lo tanto, la inversión pública, particularmente desde la crisis de 2002, ha sido extremadamente baja; en 2005, si tomamos en cuenta la que han realizado las empresas públicas, se ha ubicado en niveles similares a los registrados en 2004. Somos conscientes de que la inversión pública fue muy baja en el año inicial de nuestro Gobierno, pero la inversión privada tuvo una recuperación espectacular, en particular la extranjera, que alcanzó niveles de US$ 660:000.000 en este período y se sigue expandiendo, estando actualmente en el orden de los US$ 1.000:000.000. La inversión privada nacional también se incrementó de manera muy importante y en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas procuramos que sea estimulada por la vía de las compras públicas. Es así que verán aparecer un artículo relativo a las PYMES uruguayas que queremos favorecer, tanto a las de Montevideo como a las del interior, así como estimularlas en su desarrollo.

La inversión tiene otro capítulo, el de la de carácter público, que es de nuestra responsabilidad directa y está siendo favorecida en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Su texto comienza reconociendo un déficit de $ 7.045:000.000, o sea, US$ 291:000.000, según la cotización del dólar a un valor de $ 24,17. A eso cabe agregar el reconocimiento en el artículo inicial del proyecto de ley de Rendición de Cuentas de un déficit extrapresupuestal, que es uno de los coletazos que los uruguayos hemos estado absorbiendo en estos años -no sólo en 2003 y en 2004, sino también en 2005, en 2006 y en 2007-, luego de la crisis de 2002. Digo esto porque, en realidad, esos US$ 259:000.000 ó $ 6.272:000.000 que aparecen como déficit extrapre-supuestal, sumados al de los US$ 300:000.000, son un coletazo del año 2002, un reconocimiento en las cuentas públicas de gastos que efectuamos para aguantar, o "calafatear el barco" para que no zozobrara, en aquellos años absolutamente dramáticos. Y nadie podrá decir que esta fuerza política que integro no se comportó con absoluta lealtad institucional. Según explicó el equipo económico, ese reconocimiento de $ 6.272:000.000 extrapresupuestales que aparecen en el artículo inicial, se componen, por ejemplo, del fideicomiso que el Ministerio de Economía y Finanzas realizó para financiar parte de la debacle del Banco Hipotecario por US$ 140:000.000, absorbiendo parte de su Cartera y aguantando el presupuesto de 200 funcionarios. Teniendo en cuenta las fuentes de que disponemos, hemos podido realizar algunas estimaciones que demuestran que el Banco Hipotecario, en los últimos cinco años, ha significado pérdidas acumuladas y un subsidio o una asistencia global de entre US$ 1.500:000.000 y US$ 1.800:000.000 a US$ 2.000:000.000, aunque todavía existen dudas porque este proceso no ha terminado. Este Banco ha costado y va a costar más que la asistencia brindada por el Estado uruguayo a los cuatro Bancos quebrados, a los cuales cedió la mayor parte de los derechos que tenía sobre ellos en favor de los acreedores privados, que eran los depositantes, para salvar parte del ahorro privado que los ciudadanos de este país tenían en esas instituciones.

Todo esto es resultado de los desastrosos negocios llevados a cabo durante muchísimo tiempo por el Banco Hipotecario del Uruguay. No sólo me estoy refiriendo a la morosidad y al no pago o no repago de los créditos otorgados, sino también a los escandalosos negocios realizados por medio de múltiples mecanismos con el sector privado y a aquellos relativos al endeudamiento en dólares, que iban bien cuando la Unidad Reajustable y el dólar cerraban para un lado, pero mal cuando cerraban para el contrario. Por otra parte, tenía un presupuesto extremadamente alto para el volumen de negocios que realizaba.

En esta Rendición de Cuentas, entonces, aparece el reconocimiento del déficit extrapresupuestal -reitero, coletazo de la crisis del año 2002, al igual que sucede con otras cosas-, pero también se incluye un artículo -que no sé con qué número quedó- por el cual se autoriza la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay; se autoriza hasta la pérdida, digamos, por parte de la sociedad uruguaya, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas o del Tesoro Público, de hasta US$ 250:000.000. Si sumamos esto a los US$ 933:000.000 iniciales y a lo que se agregó, llegamos a este tipo de cifras.

En definitiva, esta Rendición de Cuentas propone un importante aumento de fondos, que oscila entre los US$ 300:000.000 y US$ 310:000.000, como incremento suplementario al crecimiento previsto por el Presupuesto para el año 2007. Quiere decir que es expansiva y dinamizadora -a nuestro juicio- con relación al gasto social, al gasto productivo en inversión y a las necesidades básicas de nuestra población. Esta propuesta respeta cinco prioridades de base: emergencia, salud, educación, seguridad e inversión.

Tal como figura en varias oportunidades en la versión taquigráfica y tal como voy a poder demostrar, esta decisión que se ha adoptado es de índole política y tiene sustento económico. No implica un incremento apreciable del peso del Estado sobre el Producto Bruto Interno, porque este incremento de US$ 300:000.000 -la medida más importante- se funda en que una buena parte de él no es gasto permanente, sino que es venta de activos, o sea, Banco Comercial. Al mismo tiempo, es crédito que se adquiere a largo plazo a buenas tasas de interés para financiar la Corporación Vial. Entonces, tenemos US$ 50:000.000 por la venta del Banco Comercial, US$ 40:00000 de la Corporación Vial para inversiones y US$ 40:000.000, por única vez, del Plan de Emergencia, que no se aplicaron en el 2005 porque tardó en ejecutarse y que, por consiguiente, pasan para el 2007. Quiere decir que de los US$ 300:000.000 -en cifras redondas-, US$ 130:000.000 corresponden a gastos a realizarse por única vez durante el 2007. Por su parte, había una previsión de entre US$ 40:000.000 y US$ 70:000.000 -dependiendo de qué se incluya y cómo se mida- como incremento para el Presupuesto por diversos conceptos: transferencias a los Gobiernos Departamentales, recuperación salarial de los funcionarios públicos y otras cuestiones, como los US$ 20:000000 que se había decidido incorporar a la educación anualmente.

En resumen, esta Rendición de Cuentas incorpora, según lo que uno incluya, entre US$ 100:000.000 y US$ 130:000.000 de gasto nuevo permanente. Este gasto nuevo permanente está financiado en forma sustentable y auténtica por el crecimiento del Producto, que provoca mayor recaudación, y por la mejora en eficiencia de dicha recaudación. Estos dos aspectos combinados son el financiamiento de la mayor parte del incremento del gasto permanente que incorpora la Rendición de Cuentas; el resto es marginal.

En virtud de que la economía ha crecido, de que los sistemas de recaudación han mejorado y de que existe expectativa privada y pública, nacional y extranjera, en el sentido de que esto se mantenga como línea de mediano plazo, esta Rendición de Cuentas ha tenido y tiene un impacto positivo, y ha sido de ciclo virtuoso en el desarrollo de nuestra economía para resolver los problemas económicos, sociales y culturales que tenemos y que son extremadamente fuertes. Se hace en un contexto en el cual la producción de bienes y servicios creció un 6,6% en el año 2005 y, como se ve en la pantalla, ese crecimiento continúa. Al mismo tiempo, las expectativas sobre ese crecimiento se han ido ordenando al alza en el tiempo, no de parte del sector público, sino del privado. Como todos sabemos, el espíritu y el clima que hay acerca de cómo vienen las cosas y pueden seguir viniendo, determina las decisiones de inversión que se adoptan. Junto con otros parámetros que se han tenido en cuenta, esto ha hecho que se hayan dado revisiones al alza, durante todo este año, de las previsiones de crecimiento del Producto. Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a tener un crecimiento del orden del 5%.

A su vez, en una economía que viene creciendo -que tiene un buen contexto internacional, pero también factores adversos en él-, los sectores de bienes participan con una enorme actividad. La inversión pública y privada, pero fundamentalmente estimulada por el sector privado, creció un 24% en el año 2005. Asimismo, la inversión de capital fijo ha crecido ya en el orden del 34% en el primer trimestre de este año. Esta línea se sigue manteniendo y la inversión extranjera directa desempeña, dentro de ella, un papel gravitante, que hoy se aproxima a los US$ 1.000:000.000, sin computar las plantas de celulosa.

Estos niveles de inversión en el año 2006 y en la previsión que se está haciendo sobre el año 2007, son los que están auspiciando un crecimiento sostenido de los niveles de desarrollo de nuestra economía. Por su parte, en este marco de crecimiento del Producto, de la inversión y del consumo, las exportaciones de bienes han alcanzado un máximo histórico, ya que se sitúan en el orden de los US$ 3.900:000.000, y las de bienes y servicios -es decir, la balanza comercial- se sitúan en la actualidad en el mayor nivel histórico que haya tenido al respecto Uruguay: concretamente, en alrededor de US$ 5.000:000.000. Y como la balanza comercial es superavitaria -se sitúa entre los US$ 350:000.000 y los US$ 4.000:000.000 anuales- este nivel de exportación de bienes y servicios ha hecho posible que la balanza de pagos -es decir, la balanza comercial de bienes y servicios más los intereses- sea equilibrada, ya que pagamos mucho por intereses, pero también los recibimos por depósitos y demás.

Por lo tanto, esta es una Rendición de Cuentas que se hace sobre la base de una balanza comercial superavitaria y de una balanza de pagos equilibrada, en un país tremendamente endeudado. Se ha dado un ingreso muy importante de inversiones, y ello se traduce en un incremento sustancial de reservas que se producen por parte del Banco Central del Uruguay.

Esta es la realidad, y ¡ojalá que todo siga así!; nosotros creemos que esta Rendición de Cuentas contribuye a que continúe en ese camino. Consideramos que este es el debate central que se dio en la Comisión y en el ámbito político. Estas decisiones que toma el Poder Ejecutivo y que respalda la unanimidad de esta bancada parlamentaria contribuirán a que esto se siga produciendo y fortaleciendo, o no lo harán -este es el debate-, porque las decisiones están tomadas y dicen que este crecimiento es auténtico y sano. Esta no es la burbuja que nos fabricaron los atrasos cambiarios y los fenómenos lamentables que ocurrieron en el pasado. Reitero que esta no es la burbuja y el gasto no es procíclico ni anticíclico, sino que es -y hemos hecho hacer las estimaciones correspondientes- neutral. Hubiera querido ser anticíclico, pero encuentra tal nivel de ruina en el punto de partida de la inversión pública y social, que decide incrementar el gasto sin aumentar el peso del Producto -porque el Producto y la recaudación están creciendo-, a los efectos de generar y producir estos resultados. Pero no se está habilitado, en un momento en que las cosas crecen, a tomar la decisión de realizar una política anticíclica, es decir, ahorrar, contraer y ahorrar. Esto pudo hacerse en el pasado, cuando las cosas iban muy bien, en la década de 1990, pero no se hizo. Como consecuencia de que esto no se hizo -además del impacto de fenómenos externos- fue que caímos en niveles de desastre, y cuando empezamos a recuperarnos un poco, lo que hacemos es utilizar algo de lo que tenemos para las prioridades que se nos presentan.

Entonces, si las cosas siguen bien -porque no dependen solamente de nosotros- vendrán momentos en los que haremos un colchón para amortiguar los impactos de cambio del ciclo, que siempre se producen, antes o después, por distintos fenómenos. Pero esta es la decisión y la discusión más importante que vamos a tener. Por eso insisto en el punto de que esta Rendición de Cuentas, respecto del ciclo económico, no es ni anticíclica ni procíclica, sino neutral, porque decidió utilizar los recursos para prioridades, ya que el punto de partida era de un nivel desastroso y hay cosas que no pueden esperar.

Por consiguiente, creemos que se trata de decisiones que se fundamentan en un cuerpo sano, aunque el saneamiento no ha terminado en cuanto a lograr que varias de nuestras empresas públicas sean equilibradas. Hemos ido empresa por empresa, tomando la ruina que heredamos y saneándolas una por una. Y si no, pregunten qué pasó y qué está pasando con ANCAP en Argentina. Se podrá discutir desde el punto de vista técnico -porque discusiones técnicas puede haber muchas- pero la realidad prueba, por ejemplo, que había que invertir en UTE, ya que de lo contrario quedábamos a oscuras, y si ello ocurría no sólo iba a sufrir nuestra población sino que, además, esa línea amarilla que indica el crecimiento no se hubiera producido; se hubiera cortado, pues sin energía no hay expansión productiva. El saneamiento siguió por las finanzas de otras empresas; y ahora, por ejemplo, va a pasar por el Banco Hipotecario del Uruguay; y luego en Pluna; y después será en el Correo; y así va a continuar por el conjunto de las empresas que, a nuestro juicio, estaban en situación de debilidad y de déficit central. Por lo tanto, estas decisiones de la Rendición de Cuentas también tienen mucho que ver, señor Presidente, con la situación de las empresas pú-blicas.

Todo esto se toma en el marco de una evolución de los indicadores sociales -a nuestro criterio, básicos- relativos al empleo y a los niveles de ingreso, todos positivos. Digo que son todos positivos porque lo que dan los números es, precisamente, eso. Ahora bien, no lo dan solamente los números, sino también las encuestas sobre cuál es la percepción ciudadana acerca de lo que está pasando en varios de estos temas.

Esta Rendición de Cuentas registra la creación de más de treinta mil puestos de trabajo por el sector privado; registra, a su vez, una modificación cualitativa, un cambio de la calidad del empleo privado. Hay, por ejemplo, una creación de puestos de trabajo en las áreas industrial y de servicios; y también hay una caída de puestos de trabajo precario, de cuenta propia y de otro conjunto de trabajo de enorme vulnerabilidad y oscilación en el tiempo. Registra, además, una formalización creciente del empleo, según lo indican las cifras de cotizantes del Banco de Previsión Social, que están fuera de debate. Son o no son; y, en este caso, son. Registra, también, que hay un descenso, que no es todo el que quisiéramos, pero que empieza a producirse en el sector público; y registra que el número de semanas -esto está medido- para encontrar trabajo ha descendido en 2005 de 15 semanas a 12. Hoy, inclusive, ha descendido más.

Cuando esta Rendición de Cuentas hace la evaluación de que los indicadores sociales son positivos, dice que hay ochenta mil pobres menos en el Uruguay. ¡Bienvenido sea! Claro, es muy poco; este Gobierno es el primero en reconocerlo, puesto que estamos partiendo de un país en el que había un millón de pobres. Repito que esa cifra bajó en ochenta mil y hoy estamos por encima de los cien mil. Es poco, pero es una tendencia. Estamos abiertamente por encima de los cien mil en la caída del número de pobres, porque estas estimaciones se dan fuera del período 2005. La caída en ochenta mil corresponde al período 2005, pero luego, entre principios de 2006 y la actualidad, la tasa de desempleo baja dos puntos más, alcanzando el orden de, poco más o poco menos, 10,5%.

Quiere decir que tenemos, como producto de un conjunto de políticas, un resultado en términos sociales. Recordemos que el compromiso que asumió esta fuerza política en su campaña electoral era bajar el desempleo de dos dígitos a uno. No asumió frente a la población -porque no creyó que ello fuera posible- que el nivel de desempleo se llevaría al 5%; nunca dijo esto. Dijo que se proponía, en un período de Gobierno -que es una cosa extremadamente breve-, bajar el 12% o 15% -en algún momento en el Uruguay estuvimos mucho más arriba, y de subempleo ni hablemos; el Senador Couriel se cansó de decir, en cuanto lugar estuvo, que entre el subempleo y el desempleo estábamos por encima del 50%- en dos puntos. Esto quiere decir que, según estimaciones que se hacen desde el punto de vista técnico, tenemos varias decenas de miles de creaciones de puestos de trabajo en nuestro país. Creo que este es un dato positivo para todos los uruguayos y también para todas las fuerzas políticas de este país, porque 10,7% en mayo de 2006, en una tendencia de desempleo que se viene acentuando cuando la oferta de trabajo ha estado en el máximo, es un dato positivo. Que no es suficiente, obviamente que no lo es. No es suficiente ni siquiera lo que en la Rendición de Cuentas se da en materia de prioridades. Pero es lo que resulta de un enfoque responsable y que apuesta a producir impactos virtuosos y positivos en la situación que tenemos.

Quiero decir, además, señor Presidente, que estos datos sociales han tocado, en particular, a los sectores de pasivos de nuestro país. En 2005, el incremento nominal fue de 7,69%, con una inflación de 4,9%; en 2006 va en 9,15% y seguramente la inflación rondará el orden del 6%. Esto no incluye, por otra parte, el hecho de que en setiembre de 2005, en abril de 2006 y ahora se dio un incremento de 3% -en cada oportunidad- y luego un aumento de partida fija para los pasivos cuya jubilación se encuentra por debajo de $ 4.500, que son ciento diez mil. Creo que este no es un factor desestimable. Sabemos que las capas medias uruguayas tienen malestar y quieren medidas de mayor impacto, pero también registramos -no sólo por encuestas, ni por determinadas medidas, sino porque recorremos el país- que sectores de bajísimos ingresos están percibiendo que se les da una mano por medio de la suba del piso en los Consejos de Salarios, a través del Plan de Emergencia, que llega a ochenta mil hogares, es decir, a trescientas cincuenta mil personas, aparte de los otros planes que vienen descriptos en la exposición de motivos de esta Rendición de Cuentas. Son cincuenta y un mil familias las que acceden a la tarjeta para la compra de alimentos. Que habrá problemas, que habrá casos de injusticia o de gente que se avivó, por supuesto que los hay; y precisamente se está haciendo el seguimiento de esto. Pero el tema es que se han distribuido cincuenta y un mil tarjetas, al margen de la implementación de un conjunto de otros planes.

Ahora bien, esto no quiere decir que no estemos estimando los factores de riesgo -que también están-, porque hay factores de riesgo que nos pueden impactar de forma negativa. Digo más: ya nos están impactando de forma negativa. Está incluido en esta Rendición de Cuentas el sobrecosto en materia de generación de energía eléctrica y el sobrecosto que significan los vaivenes en el precio del petróleo, y sabemos que esto sigue cada vez peor. Pero sabemos que aparte de estos shocks que tienen impacto en lo energético, puede haber otros, por ejemplo, en materia de tasas de interés. No obstante, consideramos que el equipo económico ha estado absolutamente acertado cuando salió a pagar y a endeudarse por anticipado, cuando cambió deuda.

Es tal el nivel de analfabetismo político que hay en este Uruguay, que algunos sectores de opinión confunden lo que es pagar por adelantado una deuda que tiene alta tasa de interés y corto plazo con contraer una deuda a tasas de interés más bajas y a más largo plazo. Confunden esto con: "Se pagó la deuda externa". Esto no sucede acá adentro, pero afuera sí; y dicen que se pagó la deuda externa y no se pagó la deuda social. No; no se pagó nada, se cambió el perfil del endeudamiento y eso permite el ahorro del orden de los US$ 24:000.000 a US$ 28:000.000, en materia de intereses a pagar en el año 2007, a los que se le agregan en el 2008 los de la última colocación de bonos que se realizó. Estos son impactos positivos y negativos que el Uruguay tiene, pero como sabe que puede tener otros impactos negativos procura diversificar el mercado, porque el Uruguay no quiere -creo que en esto hay unanimidad política, aunque tal vez no la haya en la sociedad-, el Gobierno uruguayo no quiere -me refiero a la sociedad política y también a la económica- quedar prisionero de los ciclos de las economías de la región. Quiere pertenecer a la región y, en tal sentido, reivindicamos dicha pertenencia decidida por este Parlamento en 1991, pero no quiere quedar prisionero de la región ni de factores regionales. Por lo tanto, diversifica la apertura comercial hacia el mundo. Este es un factor que busca disminuir los niveles de vulnerabilidad y es uno de los sustentos de esta estrategia. Nosotros creemos que esta idea es absolutamente compartible. Ello no quiere decir que dentro de los impactos negativos no estemos estimando -otra cosa es que no hablemos mucho de ello por razones de política internacional- el efecto intangible negativo que ha tenido el conflicto con la hermana República Argentina. No me refiero al reclamo legítimo que hacemos los uruguayos de los US$ 400:000.000 a U$S 500:000.000, sino al efecto intangible que ha tenido sobre nuestro país y sobre nuestra economía el conflicto como tal en materia de decisiones, de actores externos y también de algunos internos.

Este es el marco en el que se distribuyen las prioridades de acuerdo a lo que sigue. Como he dicho, esta Rendición de Cuentas incorpora este incremento de gasto permanente y no permanente. Dentro del no permanente pasan US$ 40:000.000 al Plan de Emergencia en 2007; y la segunda prioridad que establece es la Educación, por lo menos en el orden del desarrollo que yo tengo. He estimado que los recursos para la Educación y la innovación en su conjunto se incrementan en 2007 en el orden de los US$ 100:000.000. Esta cifra resulta, en parte, de la aplicación del literal b) del artículo 476 del Presupuesto de US$ 20:000.000 para proyectos de inversión de ANEP y de la Universidad de la República. Algunos decían que el compromiso del Presupuesto de llegar al 4.5% del Producto no era cierto, no se iba a cumplir y no constaba. Bueno, señores, la primera oportunidad que hubo para mostrar si estábamos haciendo una afirmación demagógica o en realidad estábamos haciendo una afirmación de convicciones políticas fuertes, es esta Rendición de Cuentas. Como he dicho, aquí se incorporan los US$ 20:000.000 que se había mencionado que iban para proyectos de inversión; 80% para la Enseñanza Media y 20% para la Enseñanza Superior. No sólo esto se incorpora, sino también el literal a) del artículo 476, aquél que provocó muchas sonrisas un poco irónicas de algunos sectores que decían: "Están prometiendo lo que saben que no va a existir". Pues, señores, la sonrisa irónica de aquel momento tiene como respuesta los US$ 8:000.000 que en esta Rendición de Cuentas resultan del plus que hubo de recaudación por encima de lo previsto. Como dije, esto va todo para el sistema educativo uruguayo. ¿Es suficiente? No, no lo es, pero es lo que da la masa de recursos que tenemos los uruguayos y la decisión responsable frente a los recursos que podemos tener. A esto se le agregan US$ 2:000.000, que se acordaron en la Comisión como adelanto del 2008 hacia el 2007 para cubrir los retrasos que tiene la ANEP y que increiblemente viene arrastrando desde hace años en materia de Rubro Cero, más los fondos que se votan para el área cultural, educativa y de investigación al Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable", al PEDECIBA, a los proyectos culturales como la Beca "Carlos Quijano", al Fondo Concursable para la Cultura, al SODRE y a la Televisión Nacional, por decisiones que adoptamos en Comisión, más otros como el Consejo de Derechos de Autor, más los fondos que se van a incorporar para el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que acaba de entrar -como lo dijo el Presidente al principio, como proyecto que va a ser aprobado antes de fin de año por este Parlamento, porque es estratégico y va a tener un préstamo del Banco Mundial muy importante-, más los US$ 10:000.000 para el fortalecimiento de la innovación del Ministerio de Educación y Cultura, más lo que se incorporó para el INAU. Todo esto hace que la diferencia sea sustantiva. Entonces, por Rendición de Cuentas y Presupuesto, la ANEP crece US$ 58:000.000 que se dividen en US$ 32:000.000 del Presupuesto, US$ 24:000.000 del proyecto del Poder Ejecutivo y US$ 2:000.000 que se agregaron en Comisión. Asimismo, va a tener en su presupuesto global para inversiones US$ 52:000.000, es decir, los US$ 36:000.000 que tenía más US$ 16:000.000 que devienen del literal b) del artículo 476.

Por su parte, la Universidad de la República tiene US$ 5:000.000 por Presupuesto más US$ 6:000.000 por Rendición de Cuentas, lo que totaliza US$ 11:000.000. No computo, porque no corresponde, el juicio que se le hizo a Bensión en su momento; según algunos, de US$ 8:000.000, según otros, de US$ 14:000.000, que es uno de los tantos juicios que paga la sociedad uruguaya.

Por otro lado, el INAU incrementa US$ 3:000.000 por Presupuesto y entre US$ 6:000.000 y US$ 7:000.000 por esta Rendición de Cuentas, algunos por decisión del Poder Ejecutivo y otros, acordados por el Ministerio de Economía y Finanzas para fortalecer los convenios, lo que da un total de entre US$ 9:000.000 y US$ 10:000.000. Entonces, entre la ANEP, la Universidad de la República e INAU se suma un total superior a los US$ 80:000.000, más el dinero que viene para innovación -sin contar el juicio que mencioné-, llegamos a los US$ 95:000.000 o US$ 100:000.000 entre los Incisos 25, 26 y 27 de esta Rendición de Cuentas y de este Gobierno. ¿Esto es suficiente? No, pero es muy importante y demanda un esfuerzo de la sociedad que, a mi juicio, no debería ser poco estimado. El hecho de que el punto de partida en materia de salarios de los educadores de este país sea pésimo no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es procurar que ese pésimo punto de partida termine lo antes posible, es decir, que la brecha se vaya achicando rápidamente.

Por otro lado, el sistema judicial recibió un importante refuerzo de rubros en el Presupuesto, que todos estimamos, superior al 30%. En esta Rendición de Cuentas se establece la creación de las Fiscalías de Violencia Doméstica y se incluyen algunas otras decisiones. Terminamos la eterna historia del Palacio de Justicia; acabamos con el tema de los monumentos inconclusos. Creo que Real de Azúa lo dijo en sus brillantes frases. Me refiero a un Uruguay eternamente inconcluso que deja los monumentos por el camino durante 4, 5 ó 7 décadas; en este caso, repito, la obra se va a terminar.

A su vez, se incorporará tecnología de punta, tema que dio motivo a varios debates en la Comisión y que sin duda generará discusión en el tratamiento en particular o general de este proyecto de ley. Hay Senadores que tienen opiniones muy estudiadas y fundadas acerca de lo que representa la compra de radares para el Ministerio de Defensa Nacional, pero personalmente considero que es imprescindible que Uruguay incorpore tecnología en estas áreas en materia de seguridad, teniendo en cuenta los circuitos internacionales que están operando.

A continuación deseo referirme a la tercera gran prioridad de esta Rendición de Cuentas, luego de la emergencia y de la educación. Concretamente, estoy hablando de la seguridad pública y, por ende, del Ministerio del Interior. Entre los artículos 6º, 53 y 75 de esta Rendición de Cuentas se genera un incremento superior a los US$ 20:000.000, US$ 21:000.000 o US$ 22:000.000; se financia la creación de entre 1.600 y 1.700 cargos de policía ejecutivo o que están dedicados al control del sistema carcelario y se financia un incremento salarial de $ 760 a todos los funcionarios vinculados con la Policía que, en realidad, cuando esto comience a ejecutarse a fin de año, serán $ 800 nominales. Esto implica un gasto de $ 349:000.000. Por su parte, la creación de cargos anteriores implicaba, según el Ministro, $ 151:000.000. Estas partidas adicionales, unidas a la recuperación salarial para el Ministerio del Interior, que era común a todo COFE con un plus que se le da año a año, representan un incremento salarial de entre el 15% y el 18% -si computamos lo nuevo o agregamos lo anterior- para todos los integrantes del Ministerio del Interior. Quiere decir, entonces, que se procura fortalecer a nuestra Policía.

Además, se incluyen $ 60:000.000 para equipos y maquinaria, de los cuales $ 15:000.000 son para el 2007. Esto se está realizando en este momento y se destinan, por el artículo 6º, $ 53:500.017 en 2007 para complejos carcelarios. A su vez, por el artículo 74 se refuerza la compensación a los efectivos del Ministerio de Defensa Nacional que realizan la guardia perimetral de los establecimientos carcelarios. En definitiva, son $ 520:000.000 o $ 530:000.000 destinados al Ministerio del Interior a fin de levantar los niveles de desastre que tiene el piso de los efectivos comunes y mayoritarios de esta Cartera que son los encargados de la seguridad ciudadana en el país y que tiene un problema muy importante en ese sentido, el cual ha generado una destrucción del tejido social sobre lo que existe abundante material y diagnóstico para ilustrarse.

La cuarta prioridad refiere a la salud. En forma adicional a lo que estableció el Presupuesto, se asignan entre US$ 20:000.000 y US$ 21:000.000 al Ministerio de Salud Pública, lo cual representa un incremento del 10% sobre el total de las remuneraciones, gastos e inversiones de dicha Cartera. Hay fondos de similar volumen que ya están siendo ejecutados y destinados al Hospital de Clínicas por valor de US$ 20:000.000, pero se trata de una partida por una sola vez con financiamiento de Venezuela, como está en conocimiento de los señores Senadores. A esto se agrega la conversión de deuda con Italia que recién comienza a ejecutarse. Tardó, pero finalmente llegó y, si no recuerdo mal, estamos hablando de 15:000.000, es decir, aproximadamente US$ 20:000.000.

Por el artículo 89 se realiza un nuevo adelanto a médicos, odontólogos y no médicos, a la vez que se presupuesta a los médicos de familia. En definitiva, lo destinado al Ministerio de Salud Pública para 2007 -sin considerar el crédito del acuerdo con Venezuela ni tampoco el arreglo con Italia- es de $ 50:000.000 para infraestructura, $ 49:000.000 para funcionamiento de ASSE y $ 362:404.000 para salarios. Esto hace un total de $ 461:404.000. Se incorporan entre US$ 19:000.000 y US$ 20:000.000 a lo anterior.

Aunque no se trata de uno de los cinco sectores prioritarios, en virtud de su importancia en la Rendición de Cuentas, se toman decisiones tendientes a fortalecer el sistema de cooperativas por ayuda mutua, haciendo un traspaso de los fondos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por $ 125:000.000.

A su vez, como ya señalé, se autoriza la reestructura del Banco Hipotecario hasta por US$ 250:000.000. A esto debemos sumar la propuesta que se ha hecho a FUCVAM, que cubre a las 20.000 familias de cooperativistas, reliquidando sus deudas con el Banco, sin computarles recargos, moras ni grandes intereses como estaban pagando y se le pasa toda la deuda al final al 2% de interés. Asimismo, se fija un tope del 20% de los ingresos para el pago de las cuotas y, si no es suficiente, se subsidia hasta la mitad de los ingresos para poder cubrirlas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe que lo interrumpa, señor Senador, pero la señora Senadora Dalmás hizo moción para que el Cuerpo le acuerde un tiempo complementario.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En materia de inversiones, la otra prioridad que deseo destacar es la siguiente. Se destinan

$ 25:000.000 para distintos organismos con financiamiento del BID. Los US$ 50:000.000 del Banco Comercial se utilizarán para mejorar la Ruta 1 y algunas otras. En el Noroeste del país se realizará un complemento de inversiones de ANTEL en materia de fibra óptica, a los efectos de fortalecer los tres nexos con Brasil. En Uruguay tenemos seis salidas internacionales: tres hacia Argentina y tres hacia Brasil.

También se destina dinero para inversiones en AFE que son muy importantes y que junto con inversiones privadas van a recrear una infraestructura. Al respecto no puedo olvidar -y cada vez que lo recuerdo me viene una especie de rabieta- que cuando entré a la Cámara de Representantes, en el año 1995 -estuve antes en el Senado, pero supliendo al arquitecto Mariano Arana-, debatimos ampliamente con el Ministro de la época, contador Mosca, que lógicamente sabía mucho más que yo de estas cuestiones y una de las cosas que me quedó clara es que se votaban US$ 80:000.000 para inversiones en infraestructura de AFE porque había que encarar el problema forestal. Eso sucedió, reitero, en 1995 y ahora estamos votando inversiones para el 2007 para contar con la infraestructura destinada a sacar la masa forestal. Quiere decir que pasaron solamente once años y catorce sin inversiones significativas.

En lo que tiene que ver con el dragado del Puerto se tomó la opción de hacerlo en complementación con el sector privado y sé que algunos Senadores tienen una opinión distinta al respecto, pero dentro de las decisiones que se pueden tomar esta nos pareció la más adecuada.

A su vez, la Corporación Vial se va a encargar, entre otras cosas, del anillo conector perimetral de Montevideo y de otras inversiones en materia vial. Algunas se harán con financiamiento de la Corporación Andina, otras del BID y otras con emisión de Títulos que irán al mercado.

Creo que estas mejoras en el Uruguay productivo son la base que se complementa con inversiones que hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya que esta Rendición de Cuentas incluye $ 55:000.000 -un poco más de US$ 2:000.000- para la erradicación de la fiebre aftosa, con base en endeudamiento con el Banco Mundial e incluye una revolucionaria inversión tecnológica en el Sistema Integrado de Trazabilidad que va a ser orgullo no sólo de este Gobierno, sino de todos los uruguayos, porque nos permitirá un posicionamiento y una especialización internacional diferencial absolutamente trascendente. Concretamente, se incluyen $ 97:000.000 a cargo de Rentas Generales para financiar esto, es decir que el Estado uruguayo pone US$ 4:000.000 para financiar la trazabilidad.

También se incluyen inversiones para que el Ministerio de Industria, Energía y Minería realice estudios de piedras preciosas, lo que estimo mucho. He estado varias veces en Artigas -en campañas electorales y por otros motivos- y pude comprobar la diferencia de calidad que existe entre los yacimientos uruguayos y los brasileños, así como que los brasileños compran del lado uruguayo para mejorar sus productos, lo cual es bastante increíble. También pude ver que una cooperativa local pidió un crédito internacional por setenta millones pero recibió sólo dos millones; sin embargo, se las ingenió con ese dinero para producir al igual que lo hicieron otros sectores de la actividad privada. Realmente, allí hay una riqueza muy importante en materia de minería extractiva que es un orgullo para los uruguayos, pero también es nuestra responsabilidad permitir que esto se fortalezca.

Por otra parte, hay distintos artículos que se refieren a inversiones en especialización productiva, complementaria y de promoción del turismo a través de campañas en el exterior por US$ 1:000.000.

También está el debatido artículo -y creo que muy acertado- relativo al examen de los reintegros en materia de exportación. A su vez, la Comisión dio garantías en la redacción de los artículos relativos a proyectos de inversión productiva para que tuvieran más claridad en torno a este punto, a fin de usar parte de esto, si es que se justifica, ya que se consideraría la alternativa después del estudio y no antes.

También hemos incorporado cuestiones que tienen que ver con el financiamiento del Estado, que son muy importantes.

Se prevén recursos para el Instituto Nacional de Estadística, lo que es muy importante, porque necesitamos conocer el medio humano en el que estamos.

También hay recursos para seguir mejorando la administración tributaria, para la reestructura de la OPP y para la Oficina Nacional del Servicio Civil, que en el 2007 debe encabezar la reforma del Estado.

Se ha dicho que no hay reformas estructurales, pero creo que todo esto que he venido comentando lo es. Además, en los próximos meses va a aprobarse la reforma tributaria y la de las Cajas Paraestatales, que dan pérdidas realmente siderales. Asimismo, va a ser considerada la reforma del Estado y proyectos que tienen que ver con cuestiones vertebrales de las Fuerzas Armadas, de Defensa Nacional, de Inteligencia, de la Ley Orgánica, de Ley de Defensa, etcétera. Algunas serán estructurales, otras estratégicas, otras sustantivas, pero todas son de fondo, al igual que lo es el saneamiento de instituciones quebradas, por decir algo.

(Ocupa la Presidencia el Senador doctor Eber Da Rosa.)

- Al mismo tiempo, se ha ido absorbiendo gran parte del endeudamiento interno de los uruguayos con el Estado, que no es poca cosa.

En materia de reforma del Estado se hacen algunos avances que pueden ser tímidos, pero avances al fin, porque la reforma viene después.

También se considera el debatido problema del régimen de contratados, pasando a varios funcionarios al régimen de presupuestados, por lo menos en algunas áreas de la Administración. Esto se trata en el polémico artículo 34, que no sé si quedó con ese número. Se autoriza la redistribución de funcionarios en el interior de los Incisos manteniendo todos los derechos. Se habilita el pasaje a los escalafones A y B, por transformación de cargos, de funcionarios de otros escalafones que se hubieran capacitado o titulado. Se redefine lo que son becarios, pasantes, eventuales o zafrales y se incluye una cláusula de transparencia total en la que muchos de nosotros insistimos y que fue bien mirada por la Oficina Nacional del Servicio Civil y por todos los que están en la gestión de esto.

Este Parlamento va a tener anualmente una Rendición de Cuentas y figurará en la página Web todo lo que pasa en materia de funcionarios públicos ya sea becarios, pasantes, zafrales, contratados, permanentes, salida de funcionarios, contratos de obra, contratos de servicio, cargos de confianza, cargos políticos o de cualquiera que se autorice legalmente. Esto que puede parecer tan obvio, no lo es si se mira la historia del último medio siglo de este país. Creo que es un logro democrático y ciudadano, porque la gente tiene derecho a saber quién entra, por qué mecanismos lo hace, adónde va a parar, cuánto se le paga y por dónde sale cuando le toca salir.

En cierta medida, se remodela el sistema de salida anticipada a los mayores de 58 años, lo que va a permitir una salida lenta y gradual, ya que no somos partidarios de políticas de shock en la mayor parte de los campos, sino de una política gradualista. La prueba la vemos en la Intendencia Municipal de Montevideo donde, en quince años, se bajó de 14.000 a 8.500 funcionarios. Además, la última vez que vi una estimación, la edad promedio de los funcionarios de la Intendencia Municipal de Montevideo era de doce años menos. Aspiramos a que cuando termine este período de Gobierno haya bajado significativamente la edad promedio de los funcionarios públicos. La última vez que vi un estudio -me lo alcanzó el contador Davrieux que de esto, entre otras cosas, sabe bastante- fue uno que se hizo en el Gobierno anterior y mostraba que más del 22% de los funcionarios públicos era mayor de sesenta años y no recuerdo si se incluía a los funcionarios de los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República o si sólo se hablaba de la Administración Central. La experiencia de todos nuestros Ministros cuando llegaron a su Cartera -como a todo el que es nuevo en la gestión pública, les ha costado entender cómo funciona- ha sido que el cuerpo de funcionarios estaba tremendamente envejecido, salvo en algunos lugares. Además comprobaron que los mejores cuadros habían emigrado a través de distintos mecanismos de estímulo para la salida de funcionarios de la Administración Pública y que parte de ese personal había sido contratado, desde hacía años, por empresas que, por medio de la tercerización, realizaban funciones en dichas empresas públicas, con lo cual el negocio había sido bastante redondo para muchas personas.

Por otro lado, se habilitan partidas complementarias para proyectos concursables de investigación científica y tecnológica. Precisamente, el eje del trabajo de los nuevos proyectos en materia científica y tecnológica es que todo es concursable y, a su vez, se pone mayor rigor en materia de exámenes médicos, etcétera, para que no suceda lo que pasa en buena parte de la Administración Pública donde si bien hay dignísimos funcionarios también hay de los otros.

En forma directa voy a decir -no para que haya coincidencias, sino para que se sepa- que en este Gobierno estamos convencidos de que la cabeza del Estado, por mandato ciudadano, es política y no tecnocrática. La cabeza de la conducción de los Ministerios es política y esto no lo admitimos, sino que lo reivindicamos porque creemos que es lo correcto. Si este Gobierno crea una División de Aguas dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para fijar políticas -OSE es una empresa, pero no es la que fija ni regula la orientación de las políticas-, buscará a alguien que esté técnicamente capacitado y políticamente identificado con el proyecto que desarrollará y quiere llevar adelante. Esa persona ocupará el cargo mientras esté el Gobierno o mientras lo entienda conveniente el Ministro. Por tanto, no se va a poner a cargo de esta División de Aguas a un técnico que, de repente, tiene mayor capacitación pero otra orientación sobre lo que hay que hacer con el agua. Si está convencido de que lo mejor es privatizar el agua -hablo del agua que tomamos los uruguayos- y la gestión de este recurso natural, impulsaría otras políticas y si se le diera la orden de que llevara adelante determinada política, lo haría sin convicción. En estas cosas medulares, cuando uno ha estudiado mucho un tema y ha llegado a una conclusión, si se le da una orden contraria, no actúa como un autómata y toma otra dirección. Es por ello que queremos, como cabeza del Estado y de cada uno de los Ministerios un cuerpo de Dirección que se identifique con nuestro proyecto político y, si para ello necesitamos crear nuevas Divisiones y Departamentos, así como cargos de confianza, lo haremos. Si se tiene la convicción de que esto está mal, se podrá expresar y lo respetaremos porque en la diversidad democrática cada uno puede tener la opinión que mejor entienda. Esta es la convicción de nuestra fuerza política.

En cuanto al resto, entendemos que habrá que realizar concursos o sorteos y ascender por el régimen pertinente. Esperamos que no se produzca más en el Uruguay la triste historia, ocurrida desde la década del cuarenta en adelante, en que el Estado pasó -no lo recuerdo bien porque como profesor de historia estoy un poco desentrenado- de tener entre 50.000 ó 70.000 funcionarios públicos a 250.000 ó 260.000 y el ingreso no se realizaba por concurso o mediante reglas objetivas. Por eso, entendemos que debe haber una vigilancia del Parlamento porque las tentaciones pueden ser grandes. Tampoco queremos un régimen de becarios y pasantes que, como se prohibió el ingreso a la función pública en determinada época, después sea el método para resolver problemas y termine siendo una situación permanente, como ha sucedido en el Uruguay. Por estos motivos, hemos adoptado estas decisiones en distintos lugares.

Por otra parte, se dan algunos beneficios a funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, como el otorgamiento de boletos, que pueden parecer menores pero que suponen $ 35:500.000. A cambio de esto, en esa Cartera se disminuyen gastos que se entendían excesivos en materia de viáticos y combustibles. Además, se transforman 1.114 cargos de Soldado de 2ª en Soldados de 1ª, con la correspondiente mejora salarial. Si bien el punto de partida es muy bajo, en términos relativos no deja de ser significativo.

A su vez, se crean otras compensaciones y se avanza en materia de saneamiento de empresas y finanzas públicas, arreglando el tema del préstamo del Banco de Boston al Correo, para que no le caigan las fichas como en el taxi.

Por su parte, la inversión en AFE asciende a $ 604:000.000. Lo que se hace con otras empresas también es significativo.

En resumen, estas cuestiones, junto con la decisión que comenté en materia de devolución de impuestos y con su cumplimiento riguroso -muchos Intendentes dicen que es la primera vez que tienen transferencias del Gobierno Central seguras, en tiempo y forma, que estaban previstas en el Presupuesto y que además se incrementan por esta Rendición de Cuentas porque estaban atadas al crecimiento del Producto-, hacen que tengamos una Rendición de Cuentas con un importante resultado para este país. Por tanto, vemos que van al alza las expectativas del sector privado. Lo que ha sucedido con relación a los sectores productores de bienes, incluido el agropecuario, es importante señalarlo para despejar algunas cosas que se han dicho por ahí en cuanto a que el crecimiento es de tipo industrial y frenó el crecimiento del sector agropecuario. Debo decir que tengo demasiados familiares y conocidos en dicho sector, además de haber pertenecido al mismo durante veinte años -después de salir de un lugar donde nunca debí haber estado, la cárcel de Punta Carretas-, y me basta con levantar el teléfono y preguntar a los muchachos cómo van las cosas. La verdad es que hay un arrastre de deuda social tremenda con los productores que quedaron endeudados; ese es el drama social del que no hemos terminado de salir y del que permanentemente habla nuestro amigo, el "Pepe" Mujica.

Es notorio que el sector agropecuario crece y que crecerá aún mucho más; a nadie le puede caber ninguna duda acerca de esto, dadas las inversiones que están llegando a dicho sector. ¿Que reventó una parte del stock, de tanto entusiasmo que hubo por las ventas a Estados Unidos y otros mercados? También es cierto. Pero, en definitiva, es un hecho que va a seguir creciendo, no sólo en el área ganadera, sino también en las demás. Se sabe que la primera semana de setiembre recibiremos la visita de una delegación de China que va a resolver el asunto relacionado con las compras, para que vuelvan a ser -como eran en otro tiempo-fundamentalmente de tops y no de lana sucia. Entonces, el crecimiento en toda esta área es una realidad, lo que no quiere decir que no haya problemas en algunos subsectores, así como un tremendo drama social provocado por el endeudamiento de los pequeños productores fundamentalmente, aunque no exclusivamente.

Ya hemos señalado que los niveles de inversión van creciendo, sobre todo en el sector privado. Y lo que empieza a recuperarse -pues estaba muy, pero muy bajo-, es el nivel de inversión en el sector público en el 2006 y 2007, que creció un 35%, y ahora crece con esta Rendición de Cuentas, aunque no figura en la gráfica. Esto significa que, en términos comparativos, estamos muy mal en América Latina -como es obvio-, ya que un 12% y un 13% de nivel de inversión constituyen porcentajes muy bajos. Entonces, hagamos fuerza para que esto crezca; en realidad, a eso estamos abocados.

En lo que refiere a las exportaciones, podemos constatar la tendencia -de larga duración- a un incremento notable en esa materia, lo que es muy bueno para un país chico que tiene un mercado interno muy restringido. Así, en el año 2005 las exportaciones uruguayas tuvieron gran dinamismo, lo que no ocurrió en el 2004; la verdad es que, de un año al otro, "puntearon" en América Latina -hablando siempre en términos relativos-, lo que no es poca cosa. Esto se relaciona directamente con el tema de la diversificación comercial y el debate planteado al respecto. Todos conocíamos -pero siempre es bueno poder verlo- el cambio de perfil de inserción internacional de Uruguay; me refiero a nuestra ubicación en cuarto o quinto lugar en lo que respecta a la inserción diversificada, que debemos fortalecer. Tenemos que lograr una mejor inserción en el MERCOSUR y una menor dependencia de sus oscilaciones; esto es lo que enseñan todos los economistas y está en la tapa del libro. Esto tiene como resultado, en la balanza de bienes y servicios, un superávit de entre US$ 350:000.000 y US$ 400:000.000, y a veces más. Esto quiere decir que somos sólidos a nivel internacional.

A su vez, todo esto hace que en la cuenta corriente, sumando los intereses y otros conceptos, exista equilibrio, lo que no es poco en esta materia. Esto no es una burbuja, sino la cifra correspondiente al superávit acumulado.

Luego, los indicadores sociales muestran las personas que formalizaron su situación, vemos cómo baja el porcentaje referido a la calidad del trabajo, el número de empleos que se crean por distintos conceptos y también los que desaparecen, así como el valor neto para el año 2005. Conviene aclarar que son datos que, en realidad, no están actualizados; todos sabemos que la actualización hecha al mes de mayo indica que la tasa de desempleo en el Uruguay es de un 10,7%. Esto significa mucho para miles de uruguayos, dado el drama que viven.

En definitiva, estos son los criterios de priorización, responsabilidad fiscal, etcétera, que ha seguido el grupo económico y que compartimos plenamente. Evidentemente, hubo muchas decisiones que tomar y se planteó un dilema entre bajar el gasto en términos de Producto, aumentarlo en términos de Producto o mantenerlo en términos de Producto, optándose por lo tercero. La estrategia que se eligió es la que consta en el repartido con que cuentan los señores Senadores, por lo que no voy a insistir en este tema. Además, en la gráfica figuran las prioridades correspondientes, pero con las diferencias que estableció la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado: las relativas al INAU -relacionadas con los convenios, cuya partida original de cuarenta millones y medio, se duplica- y a la ANEP, con dos millones de dólares. A su vez, se pue-de apreciar el crecimiento del Ministerio de Educación y Cultura, por el esfuerzo realizado por la Televisión Oficial, las Fiscalías y otras cuestiones. Por otro lado, se puede apreciar el decrecimiento en el edificio del Tribunal de Cuentas porque entendimos que en estas circunstancias no se justificaba o, por lo menos, no constituía una prioridad.

En cuanto a lo que se denomina "política neutra", ni anticíclica ni procíclica -podríamos polemizar un rato y después los técnicos se divertirán un poco-, se habrá podido observar que siempre que aumentó el Producto, aumentó el gasto y cuando aquel bajó, también lo hizo el gasto, o sea que fue procíclico. Sin embargo, ahora estamos llevando adelante una política neutral desde este punto de vista; hubiéramos deseado implementar una política anticíclica, pero todavía no están dadas las condiciones para ello.

En términos de Producto, este es el gasto público discriminado considerando el gasto corriente más las inversiones y todo lo demás, lo que nos da un buen nivel de equilibrio en términos de Producto en los años 2007, 2008 y 2009.

Los niveles de inversión pública se recuperan lentamente, con relación a los niveles de desastre que hubo antes y esto incluye tanto lo que está por fuera como por dentro del Presupuesto.

A continuación, los señores Senadores aprecian una gráfica que plantea, de alguna manera, el debate acerca de si el Estado uruguayo es grande o chico y, en términos de comparación regional, estamos ubicados en una línea media.

Por último, figuran otros datos de lo que es comportamiento anticíclico y procíclico en otros países, acerca de lo cual ya hemos hablado lo suficiente. Hasta aquí, pues, mi presentación acerca de esta propuesta. Simplemente, agrego que estamos ante una Rendición de Cuentas que es histórica, pues introduce un punto de inflexión y es el punto de quiebre en la visión que tenemos del quinquenio, de acuerdo con la responsabilidad del Gobierno que encabeza el doctor Tabaré Vázquez. Hemos estado más ajustados en 2005 y 2006, pero tendremos más márgenes en el 2007, para ver si logramos un empuje mayor en los años 2008 y 2009. En estas cuestiones, como en todas, los ciudadanos serán los que tengan la última palabra.

Muchas gracias, señor Presidente.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa fuera de hora.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Saravia solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de agosto de 2006.

Señor Presidente del Senado

Rodolfo Nin Novoa

Presente

Solicito licencia por el día de la fecha por motivos personales y que se convoque a mi suplente correspondiente.

Jorge Saravia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).-

- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Corresponde convocar al señor Senador Breccia, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

7) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2005

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Continúa la discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2005.

Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: la Bancada de Senadores del Partido Nacional me ha designado para hacer uso de la palabra y representarla en este informe en minoría, con relación a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2005, que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, por mayoría, recomienda al Cuerpo aprobar.

La primera sensación que me queda después de haber escuchado al Miembro Informante y haber leído la Rendición de Cuentas, es la íntima satisfacción de que teníamos razón. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos del equilibrio fiscal, de responsabilidad fiscal, de la importancia del sector productivo y de cómo lograr su crecimiento, cuando mencionábamos el sector de los servicios y la necesidad de abrir mercados, de abrirnos al mundo y bajar aranceles, cuando utilizábamos la palabra "competitividad", muchas veces fuimos rotulados de forma bastante desagradable por quienes hoy tardíamente vienen a recorrer el mismo camino.

Francamente, señor Presidente, con cierto grado de frustración me pregunto cuánto más hubiera progresado el Uruguay si esta lipoaspiración de los principios que algunos han tenido la hubieran manifestado antes. Esta es la pregunta que me hago no como integrante de un partido político ni pasando factura chica, porque mire que acá escuchamos y escuchamos atacar y atacar, promover plebiscitos y referéndum por las mismas cosas y por las mismas herramientas que hoy, algunos tímidamente y otros con un desparpajo sorprendente, reivindican como los mecanismos para el desarrollo y para el progreso. La última sensación que me queda es: ¡Tan mal no estuvimos! ¡Tan equivocados no estábamos cuando decíamos que ese era el camino a recorrer! Las últimas gráficas exhibidas por el señor Senador Rubio, que marcan el crecimiento de los sectores productivos, exportadores, industriales y comerciales del país, muestran cifras ciertas y nos tenemos que alegrar de que sea así, pero no vienen de esta Administración. Como respuesta a esa situación de catástrofe que se marcaba como anterior al 1º de marzo de 2005, lo único que haría sería leer la Memoria -pero no lo voy a hacer por falta de tiempo y si el señor Presidente me autoriza, solicitaría que este documento se agregara a la versión taquigráfica-, el Mensaje del actual Poder Ejecutivo, del presidido por el doctor Tabaré Vázquez, sobre la Rendición de Cuentas del 2004, sobre los avances económicos y sobre el crecimiento del país que allí se reconoce. En ese documento se hace referencia a un marcado, a un pronunciado aumento de los ingresos tributarios, al control del gasto público, al crecimiento del país, al aumento de las exportaciones, al 32% de incremento de la inversión de capital fijo, al aumento del 22.7% del volumen exportado de bienes y servicios en el año 2004, etcétera. Es decir, que nadie se coma la píldora de que el crecimiento que el Uruguay viene teniendo es producto de la actual Administración. Diría más; es a pesar de la actual Administración; y voy a decir más, es a pesar, en muchos aspectos, de todo el sistema político. Ese crecimiento que se acaba de ver en las pantallas y que nos debe alegrar a todos, repito, tiene como marco un déficit correspondiente a la ejecución presupuestal del Ejercicio 2005 de US$ 300:000.000 y un déficit de US$ 259:000.000 de operaciones extrapresu-puestales derivadas de la aplicación de normas legales. Pero si a esto le sumamos que el propio Presidente de la República -no el señor Senador Penadés ni el Partido Nacional- hace poco reconoció en un programa de televisión que en realidad la política económica seguida por la actual Administración es la continuación de la política económica de la Administración anterior -repito que no lo digo yo, sino el Presidente de la República-, es palmario que alguien cambió, y no nosotros. El gradualismo en el cambio del que recién se nos estaba hablando, no lo considero una virtud, sino un profundo defecto, porque ese crecimiento del sector agropecuario, de las exportaciones y de los servicios, es a pesar de la presión tributaria más alta de la región, del precio más alto de los combustibles de la zona y del IVA más alto del área. Estamos hablando de que el país crece a pesar del Estado, y esto no es atacar al Estado; que nadie crea que el señor Senador Penadés está atacando o pretende la destrucción del Estado. Tampoco dice el señor Senador Penadés que esto es responsabilidad de la actual Administración; digo que cuando tuvimos y tenemos oportunidad de hacer cambios profundos, en serio, nosotros miramos para otro lado. Si se pretende reivindicar un cambio en la actual Administración, eso no se ve. Entonces, lo primero que tenemos que decir es: ¡Qué fuerte que es el Uruguay, que a pesar del peso que le impone el Estado, crece en algunos sectores, no por ayuda nuestra, sino por factores absolutamente externos que hacen que nuestro país hoy, por suerte, tenga este crecimiento! Considero que el crecimiento de la década del 90 no fue una burbuja de atraso cambiario; creo que en esa época se vivió un crecimiento económico acompañado de una responsabilidad de carácter fiscal, fundamentalmente, en los años en que fue Gobierno el Partido Nacional. Eso permitió un crecimiento que ojalá sea igualado y superado por la actual Administración, porque en política no queremos que a los demás les vaya mal, sino muy bien, porque así nos beneficiamos todos.

Hoy, con sorpresa, nos dirigimos al país diciendo que el Gobierno tiene un déficit de US$ 300:000.000 en ejecución presupuestaria. El país crece y la Rendición de Cuentas es más de lo mismo, más de lo que el actual Gobierno criticó en el pasado y, aunque parezca una contradicción, poco de lo que el Gobierno reivindicó en el pasado, porque no llegaron los más de 300 artículos aditivos a la Rendición de Cuentas a los que estábamos acostumbrados. Obviamente, la mayoría parlamentaria que hoy detenta el Gobierno permite aprobar una Rendición de Cuentas en este escenario y, además, los integrantes del Partido Nacional, como parte de la oposición, no promovimos artículos aditivos que generaran aumento del gasto, como muchas veces en el pasado se hiciera, en que se estaba a favor del bien y en contra del mal, que son de las cosas más fáciles que en la actividad política alguien puede llegar a sustentar cuando se carece de la responsabilidad que implica el saber que el aumento del costo significa un incremento de la presión tributaria, es decir, de los impuestos que pagan los ciudadanos que hoy están trabajando muy lejos de este Palacio Legislativo. Por eso, señor Presidente, sentimos esa sensación agridulce a la que hacía referencia al inicio de mi intervención, esa sensación de haber perdido mucho el tiempo en promover cambios que estamos dispuestos a acompañar. Ayer, el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas aseveraba en un reportaje en un diario capitalino, que es bueno que AFE tenga un paquete mayoritario de capitales privados. Me pregunto por qué si ahora es bueno, antes era malo. ¿Por qué se perdió la oportunidad? Nosotros no fuimos los que suspendimos el servicio ferroviario ni los que subsidiamos en el pasado. Lamentablemente, en muchos casos se pretendió hacer una renovación de ese sistema y se creyó que así podríamos lograr, entre otras cosas, la salida de la producción forestal. Luego, ello no se llevó adelante porque las condiciones comenzaron a ser contrarias y, además, porque ese dinero quizás fuera destinado y derivado a otros menesteres del Presupuesto.

Por otra parte, en esta Rendición de Cuentas queda claro -lo digo al principio de mi intervención para luego introducirme en ella- que en este Gobierno sigue habiendo una supremacía del equipo económico y del Ministerio de Economía y Finanzas por encima de los demás Ministerios del Gabinete nacional. Y también queda claro que el Consejo de Ministros -que se reúne con tanta asiduidad- no logra coordinar políticas aceitadas, lo que quedó palmariamente demostrado cuando el señor Canciller se presentó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a explicar dos artículos del Ministerio de Relaciones Exteriores que habían sido modificados en el Ministerio de Economía y Finanzas sin que se le notificara. En algún caso hasta tuvimos vergüenza ajena al ver que éramos nosotros los que le comentábamos y comunicábamos que los artículos habían sido modificados, no en su Inciso sino en el Ministerio de Economía y Finanzas. Así sucedió también en otros organismos, razón por la cual nos queda esa sensación de supremacía que no es utilizada -como tampoco lo fue en el pasado- con inteligencia. Uno advierte que en muchos casos se recortaron artículos que los Incisos enviaron al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los que, sin tener costo, facilitarían una reestructura. Sin embargo, por sospechar de ellos, por no entender lo que decían o por desconfianza, se procedió a su recorte sin más trámite. Eso también es una continuación de lo que estábamos acostumbrados a ver en las dos últimas Administraciones.

Señor Presidente: bien se ha dicho aquí que el país se encuentra en una instancia de expansión económica. Sin embargo, nada ha cambiado radicalmente. Las inversiones siguen representando el 14% de la Rendición de Cuentas -que nadie crea en una explosión de las inversiones-, los gastos de funcionamiento siguen siendo de un 36%, mientras que un 50% continúan llevándoselo los salarios o los servicios personales. Quiere decir que no hay cambios mágicos y que, además, existe una línea de continuación con Rendiciones de Cuentas anteriores. Sabemos que la inversión extranjera -tantas veces combatida en el pasado por algunos que hoy, por lo menos, se callan; si no la combaten, la pretenden desestimular- se duplicó con relación al año 2004. Las exportaciones siguen aumentando, ya que se han mantenido por encima de los US$ 4.500:000.000 en el 2005. Hay una buena relación con los organismos financieros internacionales y lo debemos reconocer como un elemento positivo. Esto no nos causa prurito, aunque calculo que a muchos sí les causa prurito sostener que el Gobierno mantiene una buena relación con el Fondo Monetario Internacional. Francamente, no somos nosotros los que venimos a sostener algo que consideramos una responsabilidad en el momento de gobernar. Por otra parte, la confianza en el país ha seguido creciendo y el riesgo país continúa siendo muy bajo, ya que hoy está en los 221 puntos. El incremento real de los ingresos del Estado -vía la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la Dirección Nacional de Aduanas y las empresas públicas- crece. En este sentido, la Dirección General Impositiva recaudó US$ 300:000.000 más en el primer semestre del 2006 que en igual período del año anterior. Quiere decir que el país se encuentra en un gran momento de expansión, por lo menos en estos grandes números.

Con respecto a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva, me permito decir que la apertura del actual Gobierno ha llevado a que esos dos organismos principalísimos de recaudación, estén en manos de representantes del Partido Colorado y no del Partido de Gobierno. Me parece que éste es un elemento a tener en cuenta, no porque dudemos de la capacidad técnica de dichos ciudadanos, sino por lo sintomático, si recordamos muchas de las cosas que en el pasado se decían con relación a los partidos políticos que hoy integramos la oposición.

La gran pregunta que nos hacíamos -y que nos hacemos- y en la que el Estado tiene mucho que ver, es si toda esta bonanza que se anuncia y se pregona, le llega a la gente. ¿La gente, la percibe? Creo que no, que todavía no la ha percibido ni entendido. Entonces sí empieza a tener parte de responsabilidad el Estado. Voy a poner un ejemplo. Los contradictorios mensajes que hemos recibido y que el Poder Ejecutivo ha emitido sobre el tema de la política laboral, llevan a que quizá muchos inversores no se vean estimulados para contratar nuevos empleados al nivel que lo podrían hacer, porque si bien la tasa de desempleo -lo debemos decir con alegría- sigue bajando, imaginemos lo que sería si el Gobierno asumiera el liderazgo que debería tener en estas instancias para promover un aumento de la tasa de ocupación en nuestro país.

Todos estos datos han sido enviados por el Poder Ejecutivo en su Mensaje. ¿Qué nos presenta el Ministro Astori en la Rendición de Cuentas? Nos presenta US$ 300:000.000 en aumento, y aquí van los elementos a tener cuenta respecto a lo que decíamos sobre el crecimiento del país y la labor que el Estado debe llevar adelante o ejecutar. Quiere decir que al déficit de la gestión del año 2005, debemos sumar los aproximadamente US$ 300:000.000 que esta Rendición de Cuentas plantea, compuesta por US$ 90:000.000 que se destinan, justamente, a las inversiones, financiados por la venta del Banco Comercial, y US$ 185:000.000, que son de carácter permanente. En algunos casos, consideramos que este aumento del gasto es positivo; no se nos interprete mal, creyendo que el Partido Nacional condena el gasto social, cuando en realidad lo promueve si es eficiente y eficaz y llega a los sectores del núcleo duro, los menos pudientes de nuestra sociedad y, a través de políticas de inserción, logra que la gente pueda abandonar estos estratos sociales que todos condenamos y lamentamos.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

- En consecuencia, señor Presidente, se trata de una Rendición de Cuentas que aumenta los cargos de confianza y de alta especialización y aumenta, indirectamente, los sueldos de algunos de ellos. El señor Senador informante por la mayoría empleó un término que me sorprendió: la cabeza de la conducción del Gobierno la queremos para cargos de particular confianza. La gran pregunta que uno se tiene que hacer es a qué se hace referencia cuando se dice "la cabeza de conducción del Gobierno". Interpreto que esto se refiere a los cargos ya existentes. Incluso, yo me permitiría eliminar alguno; Ministerios, Ministros, Subsecretarios, Directores de las empresas públicas, pero, francamente, en esta Rendición de Cuentas pasamos de 82 cargos de confianza en el año 2004 a 133 cargos de particular confianza. No entendemos su objeto y, además, creemos que se va en contra de una política que debería ser de jerarquización de los funcionarios públicos, otorgándoles responsabilidades que, en muchos casos, se tienen y se deberían acrecentar; no compartimos la idea de que todos los funcionarios públicos no son capaces o no están en condiciones de llevar adelante tareas de dirección. Es así que el gasto en cargos de confianza aumentó un 48% respecto del año 2004. A su vez, hay un aumento en el número de funcionarios públicos, y quiero detenerme en este punto para hacer una pregunta. ¿Dónde está la reforma del Estado que se anunciaba cuando se trató el Presupuesto y que se decía que en el año 2007 se iba a considerar en el Parlamento? El señor Senador Baráibar me acota por lo bajo que esto se hará el año que viene. Creo que a través de los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Rendición de Cuentas se tomó un camino tan errado que el artículo más sustantivo, importante y que proclamaba los mayores cambios -el 34- fue eliminado.

En esa gradualidad a la que los uruguayos somos tan afectos -en algunos casos, lamentablemente-, lo que se planteaba era empezar por lo más fácil, que consiste en establecer algunas medidas sobre los funcionarios públicos sin tocar el núcleo central. ¿Qué es el Estado? ¿Para qué el Estado? ¿Qué tamaño debe tener el Estado? En esta Rendición de Cuentas se debería haber trabajado a partir de las respuestas a esas preguntas y de un análisis estratégico de hacia dónde queremos encaminar al Estado. La gran interrogante es si es necesario tener todos los Ministerios que existen actualmente, si no hay que proceder a una reestructura profunda, a una convocatoria de carácter nacional para discutir el Estado en profundidad. El tema aquí es decidir si hay que superponer Unidades Ejecutoras y suprimir direcciones, o plantearse para qué se hacen las cosas y priorizar aquellas que realmente tienen relevancia en un Estado. El resto se dejaría para lo que hoy se reivindicaba como algo positivo -que considero una reivindicación de carácter histórico por parte de quien la hace y de la fuerza política de la que proviene-, es decir, que los sectores pujantes y que desarrollan el país no tienen nada que ver con el Estado, sino con el sector privado. Es más; no solamente se hablaba del sector privado, sino que se hacía una reivindicación de la inversión extranjera. Ya no me sorprende absolutamente nada; por el contrario, me alegra que esto se haya señalado, pero hay que reconocer que en más de un congreso, durante muchísimo tiempo, se condenaron estas cosas que hoy, la pragmática en que vivimos, nos permite reivindicar, muy sueltos de cuerpo, como necesarias. Considero que aquí hay que preguntarse, reitero, para qué queremos al Estado.

Se ha dicho que tenemos que presupuestar a los funcionarios. Consideramos que esta decisión, en algunos casos, es correcta, pero hay que ir en el sentido de las nuevas técnicas de administración que se emplean en el mundo. Esto no es estar en contra de nadie ni pretender que la gente pierda su trabajo, sino todo lo contrario, pero debemos preguntarnos si el tema era presupuestar y volver a empezar por el inciso de abajo en una norma muy general que, a la vista está, no se puede aplicar y fue retirada. Lamentablemente, en el pasado, como forma de hacernos trampas al solitario, creamos mecanismos que fueron haciendo que hoy el Estado tenga tal grado de complejidad que no se puede analizar ni pensar en solucionarlo solamente con cuatro artículos de la Rendición de Cuentas. De todos modos, los que dijeron que este año se iba a presentar la reestructura del Estado no fuimos nosotros, sino el Gobierno; sin embargo, la reestructura del Estado aún brilla por su ausencia en ese sentido que le queremos dar.

Por otro lado, se autoriza y se habilita la redistribución de los funcionarios dentro de un mismo Inciso, norma con la que estamos de acuerdo y que, en muchos casos, quisimos llevar adelante en el pasado, pero no pudimos aprobar, justamente porque el partido que actualmente ocupa el Gobierno se opuso radicalmente y movió los hilos de dominación sobre algunos sectores de la sociedad para que estas cosas no salieran.

En consecuencia, la creación de nuevos cargos de particular confianza es un paso hacia atrás con relación a lo que se hizo en el pasado, particularmente en la administración del Partido Nacional, que logró la eliminación de casi un 45% de ese tipo de cargos en la Administración Central.

En esa falta de definición de hacia dónde debe ir el Estado, para qué debe existir y qué tamaño debe tener, autorizamos nuevas contrataciones de becarios, pasantes y eventuales y creamos cargos de alta especialización. Hay que destacar que estos últimos fueron combatidos y condenados en el pasado por el actual partido de Gobierno, que ahora utiliza este mecanismo para contratar funcionarios en forma directa. Por ejemplo, se aprueban partidas para el Ministerio de Educación y Cultura con destino a la contratación de funcionarios y técnicos por la suma de $ 900.000; a su vez, la reestructura de la URSEC tiene destinados $ 115:000.000 de gasto para los Ejercicios restantes; la contratación de becarios y pasantes implica $ 4:000.000; por su parte, para el MIDES se han destinado $ 12:000.000 con el fin de contratar becarios y pasantes. Pero el dato más singular de todos es que hay una financiación de $ 55:000.000 prevista para la reestructura escalafonaria del MIDES, que recién tiene un año de existencia. El año pasado creamos el Ministerio de Desarrollo Social y este año ya destinamos $ 55:000.000 para su reestructura.

Entonces, la gran pregunta que deberíamos plantearnos es si no ha llegado la hora de que se concrete la fuerza de cambio que se promovía y si no es este el momento de realizar esos cambios. Para eso prestamos nuestra colaboración, que bastante desechada ha sido en otros temas en los que al Partido Nacional se le debe reconocer conocimiento y autoridad. Esa reestructura, reitero, no pasa por despidos, pero sí por imaginarnos en serio ese país productivo del que tanto se habla y al que en la tarde de hoy queríamos referirnos.

Por otra parte, hay que señalar que la presión fiscal aumenta, y así lo indican los propios datos del Gobierno Central, que revelan que el año pasado el porcentaje de la presión fiscal sobre el Producto Bruto Interno fue de 16,4% y se proyecta que, para el año 2009, alcance el 19%. A su vez, el resultado sobre las empresas públicas muestra un porcentaje del 2,1% y se llegaría al 3,2% en el año 2009. A esto se suma que el incremento de los egresos primarios del servicio público no financiero antes de los intereses, en el 2005, fue del 25% del Producto Bruto Interno y se prevé que en el año 2009 alcance el 27%. De este modo se está pensando en un Uruguay que, para el período 2006 - 2009, tendrá un crecimiento del PBI de un 16%. Por lo tanto, para quienes dicen que esta situación no es procíclica ni anticíclica, sino neutra -que es un concepto que yo desconocía y que francamente en el día de hoy me ha sorprendido-, en un escenario de crecimiento del Producto Bruto Interno, podemos decir que vamos a aumentar la presión fiscal sobre la población.

SEÑOR PRESIDENTE .- ¿Me permite, señor Senador?

Ha llegado a la Mesa una moción del señor Senador Long para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 19 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- ¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Dispone de treinta minutos más, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- ¿No es Miembro Informante?

SEÑOR PRESIDENTE.- La condición de Miembro Informante está referida únicamente a los informes en mayoría; en el Reglamento no está contemplada en ninguna disposición la definición de Miembro Informante por la minoría. Es más, si cada uno de los señores Senadores contara con treinta minutos, más otros treinta de prórroga, teniendo en cuenta que hay dos partidos en la oposición, éstos tendrían más tiempo para hablar que el Gobierno.

Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Espero que esta intervención sea descontada de mi tiempo, a la que permito agregar que nunca se pensó en la organización del Parlamento entre oficialismo y oposición, sino entre partidos políticos. En el Senado están representados tres partidos políticos; no son dos, es decir, el oficialismo y la oposición, sino el oficialismo, que integra un partido político, y la oposición, que está integrada por dos partidos políticos.

Continuando con mi exposición, quiero decir que por la instrumentación de la Reforma Tributaria que está pensada -que esperemos llegue algún día-, las empresas públicas no financieras tendrán un ahorro por disminución del 24,5% al 7,5% en el pago de los aportes patronales. Dicho ahorro es de aproximadamente un punto del PBI y no se transferirá a las tarifas, para que éstas disminuyan, como nos hubiera gustado sino que, por el contrario, va a ser considerado una ganancia de las empresas públicas -OSE, UTE, ANTEL y ANCAP- y se lo utilizará en un 50% para inversiones y en otro 50% para remuneraciones. Basta recordar las gráficas sobre el crecimiento registrado en los distintos sectores y el país pujante que estamos viviendo desde 2003.

Señor Presidente: se estima que el resultado primario para las empresas públicas pasará de un 1,9% a un 3,2% del PBI, lo que habla de un aumento de la presión sobre el ciudadano común.

En este proyecto de ley de Rendición de Cuentas está previsto un aumento del endeudamiento por tres vías: el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Proyecto 749 "Mejora de la Gestión", por un valor de $ 60:000.000 en los tres años; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para el Programa "Transformación del Estado", por una cifra de $ 10:000.000; y la Oficina Nacional del Servicio Civil, para equipamiento informático, por un valor de $ 11:000.000. O sea que por este proyecto de ley se está generando un incremento de US$ 14:000.000 por financiación responsable contratada con organismos internacionales, para hacer lo mismo que en el pasado y que no surtió efecto. Me viene a la memoria el triste CEPRE -que por suerte yo no voté-, cuyos resultados brindados a la postre en torno a la reforma del Estado no fueron nada alentadores, y ese es el mismo camino que viene transitando el actual Gobierno.

A lo expuesto debemos sumar el aumento del endeudamiento por compra de petróleo, que es un elemento que, tanto en los análisis como en la visión estratégica a la que hacíamos referencia anteriormente, no ha estado del todo marcado. Queda claro que el descenso en el precio internacional del barril de petróleo es algo que no vamos a presenciar, sino que, por el contrario, el aumento va a ser sistemático y permanente de aquí en adelante. A esto debemos sumar también que el Uruguay está dependiendo de que llueva para mantener sus recursos energéticos. Y debemos agregar un tema que ha sido sustentado por el señor Senador Heber, entre otros señores Senadores del Partido Nacional, que es el de la negativa inversión en la nueva central aeroderivada que el Gobierno está implementando. Además, si a ello sumamos el anuncio que acaba de hacer Bolivia en el sentido de que no nos va a vender gas, que tampoco lo hará Argentina, y que no se concretará la construcción del Anillo Energético desde el Perú que había anunciado el Canciller de la República a su regreso de ese país, advertimos que en materia energética tenemos un problema realmente preocupante que creo amerita que rápidamente el actual Gobierno comience a convocar a los partidos de la oposición a efectos de analizar, entre otras eventualidades, una que el Partido Nacional ha manejado y manejará en los próximos tiempos, como es la utilización de la energía nuclear.

El señor Senador Long me acota -hoy el señor Senador Abreu lo hacía en el seno del Directorio del Partido Nacional- que es necesario trabajar en este aspecto, tema respecto al cual en poco tiempo más se tendrá noticia a través de una propuesta de nuestra fuerza política.

¿Qué se puede hacer en el escenario actual en donde la economía crece? En torno a esta interrogante nos preguntamos si en lugar de destinar los US$ 300:000.000 que tiene de gastos el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, no hubiera convenido bajar algún punto del IVA. ¿No hubiera convenido derogar el IRP en su totalidad? ¿No hubiera convenido bajar el precio de la nafta a $ 20, ya que son US$ 200:000.000 los que se recaudan por concepto de IMESI provenientes de la nafta y el gasoil juntos, y todavía nos quedarían US$ 100:000.000 para hacer lo que nos pareciera? ¿Todo esto no hubiera impactado mucho más que el actual proyecto sobre el Uruguay Productivo que el Gobierno pretende promover a través de un único artículo en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas?

Si estos US$ 300:000.000 hubieran estado destinados a una disminución de las tarifas públicas, ¿no hubiéramos ayudado a lograr competitividad a los sectores exportadores industriales y comerciales del país para que éstos, a su vez, generaran empleo, porque mal que les pese a algunos, la generación de empleo no proviene del Estado sino del sector privado? ¿No hubiera convenido dinamizar ese sector para que el impacto en la absorción de mano de obra desocupada fuera mayor que el actual?

Estas son preguntas que nos quedan en el tintero porque, francamente, no entendemos el camino que transita el Gobierno que, a nuestro juicio, es negativo, procíclico y, a su vez, tiene una debilidad al sustentarse en factores externos -de los que nos hemos beneficiado para las exportaciones, como la situación regional y el intercambio comercial con los Estados Unidos- y presentar un gran signo de interrogación en lo que dice relación con otros elementos de alta vulnerabilidad en nuestro país. Nos referimos, por ejemplo, al precio del petróleo y a las tasas de interés que en el mundo se están dando y que hoy generan la pregunta de hasta qué punto no se comenzará a implementar una política de alza como consecuencia de la situación económica que están atravesando, fundamentalmente, los Estados Unidos de Norteamérica.

En este proyecto de ley de Rendición de Cuentas el Uruguay Productivo, del que tanto habla el Gobierno, tiene, como decíamos, un solo artículo que, a nuestro juicio, es de dudosa aplicabilidad. Decimos esto porque el mecanismo de devolución de impuestos que se prevé nos genera muchas dudas en torno a cómo se va a aplicar, cuáles van a ser los criterios a seguir, qué políticas y qué direccionamiento deberían tener.

Es por lo expuesto, señor Presidente, que consideramos que este proyecto de ley de Rendición de Cuentas poco y nada tiene para hacer posible el país productivo. Creo que se hace un manejo bastante raro de las cifras: en un momento se habla de un millón de pobres y en otro de trescientos cincuenta mil beneficiarios del PANES. Es decir que tenemos que pensar que al Gobierno todavía le falta llegar a seiscientos cincuenta mil personas que hoy no están atendidas y que podrían ser beneficiarias del PANES. ¿O una cosa es la marginalidad y otra la pobreza? ¿Una cosa es el método por el que se calculan estas cifras y otra el análisis de la suba y de la baja que tiene relación -y lo sabemos- con los cálculos que hacen los organismos internacionales sobre el precio del dólar? No nos hagamos trampas al solitario; aquí también juega un papel el atraso cambiario, que ahora se llama inflación en dólares, que sobre estos cálculos surge de un elemento beneficioso al Gobierno. En ese sentido, reconocemos que a pesar de los muchos intentos por abandonar la política cambiaria en dólares que han impulsado algunos sectores del Frente Amplio, el Gobierno se mantiene firme en esa disciplina fiscal de la que hace gala y que el señor Presidente reivindica como continuación de la política económica del Gobierno anterior.

En el análisis por Incisos que rápidamente haremos, debemos decir que algunas cosas nos llaman la atención; cosas que no van en la dirección de una atención y priorización del gasto, a lo que se hacía referencia en el informe en mayoría. Por ejemplo, en lo que refiere a la Presidencia de la República -que en el Presupuesto fue atendida, y con creces, en gastos que consideramos absolutamente innecesarios-, se van a destinar $ 200.000 por mes para financiar una publicación mensual que el Poder Ejecutivo va a llevar adelante y que parecería ser la puesta en práctica de una política de "autobombo" que el señor Presidente de la República ha anunciado que es importante para el Gobierno. Me refiero al hecho de que tenga un órgano oficial de propaganda para difundir sus buenas noticias.

Por otro lado, cabe recordar la creación y el desarrollo del Gobierno electrónico y de las sociedades de información, que entendemos y promovemos como sustantivos. En esa reforma del Estado, de la que nos hacíamos eco por su asignatura pendiente en esta Rendición de Cuentas, el Gobierno electrónico tiene una parte fundamental, más concretamente el expediente electrónico, que algún día nos permitirá terminar con el bendito expediente o con el anuncio del Gobierno, reiterativo de Administraciones anteriores, de la ventanilla única como elemento promocional para destrabar la burocracia que enlentece y desestimula la inversión privada en nuestro país. Para ese Gobierno electrónico se generan cargos de particular confianza y se destinan $ 12:000.000.

Con relación al Ministerio del Interior, podemos decir que acompañamos la creación de nuevos cargos para el personal ejecutivo. Creemos que ahí está parte del problema de la inseguridad que hoy vive nuestro país, puesto que la misma existe por la falta de personal, pero también por la carencia de políticas contra la delincuencia; no alcanza con presentar un proyecto para la humanización de las cárceles y soltar seiscientos presos, pasando luego a otro según el cual se autoriza el ingreso al hogar de la fuerza pública en horas nocturnas. Francamente, me parece que es demasiado grande el espectro a cubrir por parte del Gobierno, cosa que realmente nos sorprende y, por qué no decirlo, nos preocupa. También debemos señalar que en este Ministerio se crean cinco cargos de arquitecto, lo que no creemos que sea tan necesario. Si utilizáramos ese concepto de Estado inteligente, ¿por qué no pedir ese personal a la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene una Dirección justamente destinada a los asuntos referidos a la inversión pública? No; se crean cinco cargos de arquitecto para el Ministerio del Interior.

En lo que hace al Ministerio de Defensa Nacional, compartimos el criterio de pagar el boleto urbano de pasajeros al personal del escalafón K, aunque no estamos de acuerdo con que esa financiación se realice con la disminución de combustibles líquidos por $ 22:000.000. Por otro lado, aquí todos conocemos un informe de la Armada Nacional que expresa que no tiene combustible para cumplir con una de las funciones que justifican su existencia: el patrullaje del mar territorial uruguayo.

Reitero que se dan de baja $ 22:000.000 para el combustible líquido. Esto me parecería muy bien si se sacaran de la partida para combustible de vehículos. Yo no hubiera destinado a esto la cifra que se quiere sacar al transporte del personal de particular confianza, sino a que la Armada cumpla con la tarea que debe realizar y que hoy no hace porque, como bien agrega el señor Senador Moreira, sólo le alcanza para patrullar un día al mes.

En lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa Nacional, se establece la compra de dos radares, hecho que compartimos totalmente. Entendemos la importancia de que el Uruguay tenga radares para ejercer el control aeroespacial de su territorio y, fundamentalmente, para que realice el control de los vuelos clandestinos. No obstante, lo que no nos queda claro es el mecanismo. A su vez, nos genera preocupación el altísimo costo que tienen. ¿Por qué? Porque cuando el señor Presidente de la República vino de España, anunció que ese país nos los donaba. Luego, en el artículo se establece una partida que surge de una mezcla de Rentas Generales con Aviación Civil, Aviación Civil que el propio señor Ministro de Transporte y Obras Pública reivindica que debe estar bajo la órbita de su Cartera. Él señala que la DINACIA debe dejar de pertenecer a la Fuerza Aérea uruguaya y al Ministerio de Defensa Nacional y pasar a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tan es así que en dicho Ministerio creamos un cargo de Director Nacional de Transporte Aéreo; cuando digo "creamos", me refiero a que el Gobierno crea un cargo de particular confianza. Esa Dirección Nacional va a tener estos radares, que van a cumplir un claro objetivo militar, que no se puede expresar porque, de lo contrario, no se podría acceder a un crédito FAD que el Gobierno de España nos daría. Entonces, partiendo de que el Uruguay necesita estos radares, nos preguntamos por qué el Gobierno no es claro y dice qué es lo que realmente quiere hacer: comprar los radares o beneficiarse con un crédito FAD tantas veces criticado.

(Intervención del señor Senador Baráibar que no se escucha.)

- ¿Que no sabe? Lo sé; esto y tantas otras cosas.

Francamente, me parece que con esto se generan suspicacias, desencuentros y, por qué no, dudas sobre los mecanismos por los cuales se van a adquirir estos radares, que ahora se llaman sensores para que puedan entrar dentro del crédito FAD. Algunos creen que en el Senado hay una sarta de tontos -por no decir una palabra un poco más fuerte- que no se da cuenta de cómo son las cosas.

Yo pregunto: ¿por qué no se nos expresa cómo son esas cosas? Se nos podría decir: "Miren, es capaz que España nos va a dar", no nos lo va a regalar, por supuesto, "pero quizás vamos a usar un crédito FAD", cuya utilización por parte de Administraciones anteriores tanto se condenó en el pasado. Estas son las preocupaciones que nos merece el Inciso Ministerio de Defensa Nacional, aunque después haremos más consideraciones.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores se plantea la política de crear un grupo negociador, lo que nos parece muy bien. El mensaje del señor Ministro de Relaciones Exteriores es realmente simpático. Dice textualmente: "En lo que refiere al eje político, el Ministerio vuelve a insistir en que su objetivo es reposicionar al Estado uruguayo en el esquema internacional bajo una nueva visión." Francamente, he leído varias veces este texto y no lo entendí. Se propone "reposicionar al Estado uruguayo en el esquema internacional bajo una nueva visión", pero no se recibe el mensaje de cierre de embajadas ni de ninguna reorientación.

(Intervención de un señor Senador que no se escucha.)

- Exacto. ¿Qué cambios se han implementado en lo que hace a la política exterior? Se crea un grupo de negociadores y en la concepción estatista que tiene el Uruguay, se proyecta darle un salario equivalente al 75% del sueldo del señor Ministro, tal como quiso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas propuso un 85%, pero primó el criterio del anterior, en algunos casos tan gris a la hora de hacer su propuesta.

Sé que en el Servicio Exterior hay grandes patriotas que están dispuestos a negociar. A mi juicio, creo que este mecanismo lo tenemos que utilizar, pero en serio. Es decir, que al diplomático que se quede y sea bueno para realizar negociaciones se le remunere de tal manera que no esté pensando en irse al exterior. Si alguien cree que un ciudadano que tiene oportunidad de ganar promedialmente US$ 10.000 por mes -que es la remuneración promedio de un Jefe de Misión de Uruguay en cualquier Embajada del mundo- se va a quedar en el Uruguay a negociar por $ 35.000, está equivocado. Así, estamos frente al medio punto a la uruguaya, que nosotros no compartimos. Hay que decirlo sin vergüenza: necesitamos un grupo de negociadores. Pero hagámoslo en forma profesional y démosle las herramientas adecuadas que necesita. Digo esto pensando en la política internacional que tiene Uruguay que, a nuestro juicio, es errática, para decirlo de una manera generosa.

Con respecto al Ministerio de Educación y Cultura, no entiendo por qué dentro de la Dirección Nacional de Educación y de la Dirección Nacional de Cultura se crean los cargos de Director de Educación y de Director de Cultura que ya existen y que tienen que encargarse de esas funciones de alta prioridad. Reitero que el Director Nacional de Educación tiene que encargarse de la educación y el de Cultura, de la Cultura. Pero como ya expresé, dentro de estas dos Unidades Ejecutoras se crean otros cargos de particular confianza del partido de Gobierno que son, justamente, el de Director Nacional de Educación y el de Director Nacional de Cultura. Realmente, esto no lo entendemos y creemos que se trata de una política equivocada, aunque hemos acompañado otras partidas que se han otorgado y a las que consideramos positivas, a pesar de que algunas nos generen dudas. Además, se volvió a retirar el cargo que el Ministro de Educación y Cultura -y me gustaría detener la atención del Senado en este punto- había propuesto, denominado "Subdirector Gerente de Administración". Parecería que el señor Ministro se enteró que la Directora había ganado la pulseada -me imagino la conversación que habrán tenido- y, entonces, se decide crear nuevamente en Sala el cargo de Subdirector Gerente.

SEÑOR ALFIE.- Es el lenguaje del Fondo Monetario Internacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores desean solicitar una interrupción, diríjanse a la Mesa.

SEÑOR PENADES.- Como muy bien dice el señor Senador Alfie, el Gobierno ya está utilizando el lenguaje del Fondo Monetario Internacional hasta en la creación de cargos de particular confianza de la Administración.

Asimismo, se destina para el SODRE y para la Televisión Nacional $ 8:000.000, cifra que consideramos absolutamente insuficiente, más si tenemos en cuenta que la semana pasada aprobamos para Telesur un Tratado por US$ 2:500.000.

Con relación a otros Organismos como, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable", nos parece importante que se les apoye.

En lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quiero reivindicar la utilización de la herramienta de la megaconcesión o concesión de obra pública -un instrumento tan cuestionado y combatido en el pasado-, que es la que le va a permitir al actual Gobierno -y ojalá que así sea- hacer todo lo que tiene previsto. Cuando se creó esta herramienta no se acompañó sino que, por el contrario, se condenó y criticó su utilización.

Tal como señalamos al comienzo de nuestra intervención, hoy tenemos que escuchar al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas decir que la futura AFE tendrá un paquete accionario mayoritario de capitales privados. Entonces, parafraseando al Quijote digo: "Cosas vederes Sancho".

Con respecto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, quiero señalar que lo hemos visto con bajo perfil en los últimos tiempos y, por momentos, hasta ausente, teniendo en cuenta la situación política nacional. En el Proyecto 724 "Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda" se destinan $ 125:000.000 al otorgamiento de créditos hipotecarios y subsidios, lo que compartimos. Este mecanismo está dirigido a las cooperativas de ayuda mutua. Quisiera saber por qué es sólo para esas cooperativas, que en el Uruguay también tienen nombre y apellido. ¿Por qué no se puede destinar a todo el sistema cooperativo en general, lo cual me parecería una herramienta mucho más inteligente? ¿Cómo se va a financiar, cuando todos conocemos la situación del Banco Hipotecario, así como también la de los cooperativistas que actualmente no pagan y que tendrían que comenzar a hacerlo para la creación de este Fondo? Realmente, señor Presidente, no entendemos el mecanismo que se llevará adelante, como tampoco la contratación directa de personal en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que antes se consideraba que estaba mal. El propio Miembro Informante anunció que este llamado iba a ser por concurso o por sorteo, pero el artículo 15, en su redacción original, permite a dicho Ministerio la contratación directa de personal.

En cuanto al Ministerio de Turismo y Deporte hay una partida de US$ 1:000.000 para la promoción del turismo. Realmente, si tenemos en cuenta lo que este rubro le genera al Uruguay -y esto no es nuevo- nos tendría que dar un poco de vergüenza lo que el Estado invierte en él. En esto estaría la confirmación oficial de que, justamente, el sector privado es el gran motor del desarrollo de los servicios -uno de los cuales es el del turismo- que es el que genera más mano de obra y más ocupación de trabajadores en nuestro país.

En lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, ha sido muy comentado el hecho de que se crean tres cargos más de particular confianza.

La joyita, señor Presidente, la tenemos en la URSEC, donde se profundiza la inequidad en los ingresos del Estado, ya que su Gerente General pasará a ganar $ 83.000 y el último de los auxiliares, $ 7.000.

Voy a hacer un somero pasaje por los Organismos del 220. El año pasado el gasto en educación -reconocido por las propias autoridades de la ANEP- creció un 2,5%, mientras que el Producto Bruto Interno lo hizo en el entorno del 6,6%. Por esta razón, salvo que hagan milagros de aquí en más, parece difícil que puedan llegar al 4,5% famoso al final de la gestión, salvo que comiencen a sumar boniatos con zapallos o zapallos con zanahorias, algo que ya hemos visto. Realmente, no creo que logren alcanzar ese objetivo. A mi juicio, no se está cumpliendo con lo que se había puesto como meta en cuanto a ir aumentando el gasto de la educación con relación al crecimiento del Producto Bruto Interno. Por el contrario, señor Presidente, la inversión real en educación cayó un 35% en el 2005, si lo comparamos con el año 2004. Es más; un Senador del partido de Gobierno, en Comisión -está registrado en la versión taquigráfica- reconoció que la sujeción de las inversiones en educación llegaba al 43%.

Allí hay un doble problema: el primero -por todos conocido- es que el Ministerio de Economía y Finanzas no le libera las partidas a la ANEP. En el pasado solíamos ver a Presidentes del CODICEN reclamar y tener problemas con el Gobierno por las partidas que les correspondían, pero en el presente las autoridades parecerían ser un poco más mansas en relación con la Administración Central.

Aquí, señor Presidente, hay un problema de gestión en la ejecución de los programas del CODICEN y lo queremos denunciar. La tasa de escolarización entre los 15 y los 17 años -me refiero al bachillerato- cayó del 57,9% al 57,5% en el año 2005. Además, la inversión es la más baja de los últimos años.

Con respecto a la Universidad de la República, podemos decir que recibe nuevamente fondos. Luego de un debate que todos presenciamos sobre la Universidad, parecería ser que la misma le sigue dando la espalda al Uruguay, porque recibe fondos que todos votamos y que estamos dispuestos a aumentar pero de autocrítica, de control de calidad y de análisis externos, de eso, no se habla. En este sentido, solamente voy a mencionar la afirmación del actual Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, a quien escuché decir públicamente que de la administración de la Universidad no se le podía responsabilizar a lo que él llamó "partidos tradicionales", porque desde 1958 a la fecha la izquierda era la que la había gobernado y que había llegado la hora -me parece que esta afirmación se cae por su propio peso- de que hiciera una autocrítica en lo que hace a la gestión que debe llevar adelante. Nosotros decimos que no sólo la Universidad debe hacer esa autocrítica -aunque no debe ser solamente una visión introspectiva-, sino que todo el país tiene que analizar su gestión.

Con relación al INAU, quiero mencionar únicamente una cifra. Hoy, las Organizaciones No Gubernamentales -cuyas partidas asignadas han sido mejoradas por el Senado- que atienden al 70% u 80% de los niños beneficiarios del Instituto en realidad reciben menos del 6% de su presupuesto. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es a dónde va a parar el resto del dinero que todos los contribuyentes le destinamos todos los años.

Es por estas razones, señor Presidente, que el Partido Nacional va a votar en contra de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas entendiendo que él, por falta de creatividad y de espíritu de profundo cambio, no merece que lo acompañemos.

Nada más.

8) SUSPENSION DE LA SESION ORDINARIA PREVISTA PARA EL DIA MARTES 15

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- La idea de nuestra bancada es que en la sesión de hoy terminemos con la discusión general del proyecto y su posterior votación. Quiere decir que en ese momento daríamos por finalizada esta reunión y continuaríamos mañana alrededor de la hora 10 -en principio, fue eso lo que se acordó-; pero, claro, habría que ajustar esto en función de la hora que se levante la presente sesión.

De cualquier manera, formulo moción concreta para que se suspenda la sesión ordinaria del día de mañana, a los efectos de poder continuar, en régimen de sesión extraordinaria, el tratamiento de la Rendición de Cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Hay ya una hora concreta para continuar mañana de mañana?

SEÑOR BARAIBAR.- Lo que se ha previsto en principio es continuar a partir de la hora 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pregunto a los señores Senadores si hay acuerdo para que la moción pueda incluir los dos aspectos.

SEÑOR COURIEL.- Por ejemplo, si termináramos a las tres de la mañana, seguramente tendremos que cambiar esa hora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Lo que se plantea es que la sesión de mañana sea una continuación de la de hoy. Es decir que pasaríamos a cuarto intermedio cuando se termine esta sesión, estableciendo que lo hacemos hasta tal hora; por tanto, no precisamos fijarlo en la moción de suspensión de la sesión ordinaria de mañana. Digo esto para que no nos compliquemos, puesto que todo dependerá de la hora que nos vayamos hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, se va a votar la moción de orden del señor Senador Baráibar, en el sentido de suspender la sesión ordinaria del día de mañana.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Por lo tanto, queda por fijar la hora en que se levantará el cuarto intermedio de la sesión de mañana martes.

9) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión del proyecto de ley.

Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en nombre del Partido Colorado, vamos a presentar el informe y los comentarios que nos merece exclusivamente en general esta Rendición de Cuentas y lo que ha sido el comportamiento en materia financiera de la actual Administración de Gobierno.

Lamento si voy a aburrir a algún Senador con la multimedia, pero fue lo que anuncié en su momento; por otra parte, me parece que es mi obligación de Legislador cumplir con la mayor responsabilidad y exponer las cosas de la manera más clara posible. Tendré la ventaja de que como personalmente preparé el material, podré ser más práctico y mucho más elocuente en la descripción de las transparencias.

En primer lugar, debo decir que creo que la agresividad demostrada por el Miembro Informante por la mayoría es la mejor indicación de que carece totalmente de razón y de que, obviamente, ha usado los argumentos y valores que toda su fuerza política entendió eran los mejores para defender una postura, lo cual me parece válido. De todos modos, pienso que a este respecto tanta agresividad es desproporcionada.

Es más, el Miembro Informante por la mayoría realizó una increíble descripción de lo que yo llamaría "la herencia bendita", porque habló de un crecimiento exportador fenomenal que claramente no empezó ahora sino en el año 2003; habló de una creación de empleos que por supuesto, medida en términos brutos -cosa que nunca en nuestra vida vimos; es una innovación absoluta-, fue de magros 16.000 puestos de trabajo el año pasado contra más de 85.000 del año anterior y habló de inversión extranjera directa récord en la historia. Que nosotros sepamos, todos son proyectos aprobados y comenzados antes del 1º de marzo de 2005. Todos, no hay ninguno nuevo.

Habló de una balanza comercial de bienes y servicios superavitaria, lo que es cierto. El gráfico a que se recurrió mostró el menor valor de superávit de los últimos tres años; es más, en términos de Producto Bruto Interno, fue el menor de los últimos cuatro años.

Hay mucha cosa, pero nosotros simplemente vamos a volver a leer párrafos muy escuetos de lo que fue el informe económico financiero hecho por esta Administración, firmado por este Presidente, el doctor Vázquez y todos sus Ministros, sobre lo que fue la "performance" y cómo era el estado de la economía en el año 2004, cuando se asume el Gobierno.

Se decía que en el transcurso de 2004 la economía uruguaya consolidó el proceso de recuperación que había iniciado en 2003 tras la salida diseñada para la crisis del sistema financiero y la solución brindada a la concentración de vencimientos de deuda; que en ese sentido la producción global creció fuertemente 12,3%; que el dinamismo productivo se sustentó en un entorno externo favorable y en un contexto interno de mejora en la situación financiera del Gobierno y de una política monetaria prudente.

Se señalaba también que en un marco de un pronunciado aumento de ingresos tributarios y de control del gasto público, el Gobierno registró un aumento del superávit fiscal primario; que adicionalmente se consolidó el proceso de fortalecimiento del sistema financiero, iniciado en 2003, constatándose una significativa mejora de los indicadores de solidez y liquidez de las Instituciones de Intermediación Financiera; que el dinamismo de la actividad económica posibilitó un sensible aumento de puestos de trabajo y la mejora de algunos indicadores del mercado laboral.

Hablando del ingreso de los hogares, se decía que, por su parte, en los últimos meses del año 2004 se revirtió la tendencia descendente del ingreso medio de los hogares que, en definitiva, exhibió un incremento real del 2% en el promedio del año; que en materia de remuneraciones, en un contexto de sensible aumento de los puestos de trabajo, el salario líquido medio interrumpió su tendencia descendente y, en cambio, registró una suba del 2,9%. Y así suma y sigue.

Obviamente, como las cosas no crecen de golpe, sino que requieren de una serie de pasos, a partir de esto fue que comenzaron a mejorar otros indicadores que fueron citados, entre ellos, la pobreza, el desempleo. Quizá más adelante hablemos algo sobre algunos indicadores de pobreza.

Entonces, señor Presidente, déjeme pasar a lo que entendemos es el núcleo central de la posición del Partido Colorado. Acá se muestra el superávit primario del Gobierno, es decir, los ingresos menos los gastos, excluyendo intereses que presentan un deterioro llamativo. Y vamos a ver por qué: 4,1% del PBI en 2004; 4,4% cuando se entrega el Gobierno en febrero de 2005. En términos actuales, significa US$ 845:000.000 de superávit primario. El año pasado llega a 3,8% y a junio de este año a 3,5%, que es el último valor conocido. Claramente, va a ser difícil que mejore este resultado con esta Rendición de Cuentas; seguramente empeore.

¿Por qué se puede sostener un resultado así? Los intereses son más pero representan menos. En el año 2004 los intereses del Gobierno central eran el 4,9% del Producto Bruto Interno; a febrero de 2005 habían bajado a 4,7% -vamos a ver, en parte, por qué habían bajado-, en todo 2005 fueron el 4,4 %, y a junio de 2006 siguen en 4,4%. Eso es lo que muestran las barras rojas con medición en el eje izquierdo; la medición en el eje derecho y la línea amarilla indican cuánto se paga de interés en dólares, el monto en valor absoluto.

Como la mayoría de la deuda del Gobierno Central -diría que casi el 100%- está en dólares, para tener idea sobre qué estamos haciendo con el monto de la deuda, hay que mirar el monto de intereses. Así vemos que se pasa de un monto del entorno de los US$ 640:000.000 en el 2004, con una leve tendencia descendente que venía presentando a fin del anterior gobierno, a casi US$ 800:000.000 en poco más de un año. Los intereses bajan en términos reales, todo producto de la apreciación del peso o de la baja del dólar y nada más, con una inflación moderada el año pasado, pero más alta en este. Hay que tener presente que el año pasado el peso se valorizó 15% frente al dólar y este año, en promedio, hay una valorización adicional del orden del 2%. La inflación de este año está en el entorno del 7% promedio y en el 2004 fue de 4,7%. Entonces, mientras que el año pasado tuvimos alrededor del 20% de inflación en dólares, seguramente este año vamos a tener cerca del 9% adicional de inflación en dólares.

Si hacemos comparaciones -y decíamos que había un fenomenal atraso cambiario antes de que el dólar subiera, en julio del año 2002-, tomando como base junio de 2002, la cotización del dólar subió 41% y los precios en su conjunto subieron un 56%. Entonces, si en aquel momento había un fenomenal atraso cambiario, no sé cómo catalogar esto de ahora. Esto, la baja del tipo de cambio, es lo que permite esa baja real de intereses; lo permitió el año pasado, pero como empezó a subir la deuda producto del déficit, a menos que queramos poner el dólar a $ 17 de vuelta, es bastante complicado que la carga en términos de pesos constantes y de PBI siga cayendo. Por lo tanto, al menos en términos reales, empieza a subir, o sea que esta fuente de financiamiento, que fue una fuente de financiamiento del resto de los gastos, deja de existir marginalmente, tiene un stock acumulado, pero para adelante, en el flujo, no financia más. Todo pasa porque la deuda crece.

Permítanme señalar qué pasó con la deuda entre fines de setiembre de 2004 y cuando entregamos el Gobierno: bajó casi US$ 300:000.000, porque ese superávit primario de 4,4% estaba marcando que en el margen, en esos meses, un superávit global con el que se pagó deuda genuina-mente. En total, se pagaron US$ 300:000.000 de deuda; netos, no brutos. Si mi memoria no me falla, se pagaron al Fondo Monetario Internacional sólo en ese período US$ 400:000.000 largos, y un poco antes se había pagado alrededor de US$ 200:000.000. Aclaro que estos números son netos, no brutos; no nos endeudamos en un lado para pagar en otro, sino que se usó el superávit.

Si me permiten volver para atrás, esa es la tendencia de los intereses, porque esta raya amarilla -que nos marca el monto de intereses en dólares- había empezado a tener cierta inclinación descendente en dólares porque la deuda estaba cayendo, no subiendo; pero ahora la deuda bruta sube casi US$ 1.000:000.000 en el último año. Obviamente hay que pagar más intereses, que por ahora se han financiado con la baja del tipo de cambio, pero no hay que olvidar que esta Administración no emitió un solo papel internacional, de los US$ 2.700:000.000 que emitió, en moneda local, todos en moneda extranjera.

Este resultado fiscal se da a pesar de que la recaudación aumenta. Aumenta la recaudación de la Dirección General Impositiva y, tal como lo dijimos en Comisión y vamos a reiterar, los números de esa Dirección son los únicos que realmente muestran un aumento y una mejora. Los números del Banco de Previsión Social realmente siguen siendo muy pobres y la mejora no es producto de la formalización sino que es meramente producto del juego de los mínimos de los Consejos de Salarios que no están recogidos en el Índice Medio de Salarios, y nada más.

Aumenta el comercio exterior y, en parte, la Dirección General Impositiva también se ve beneficiada por ello, por una mayor importación pero sesgada a bienes de mayor gravabilidad. ¿Qué significa? Bienes más gravados; cuando el ingreso crece, normalmente se adquieren más bienes de consumo duradero que son los más gravados de todos, los que tienen más impuestos de aduana y más alto IVA; entonces, se recauda fácil y por eso aumenta la recaudación de comercio exterior. Aumenta porque, como vimos cuando estuvo el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, las transferencias de las empresas públicas al Gobierno aumentaron bastante, más de $ 800:000.000 en el año 2005 frente al año 2004. Todo eso hace que la recaudación aumente; sin embargo, el resultado primario -la recaudación se toma entera para el primario como ingreso- es menor.

El resultado discrecional empeora, y esto es lo que nos parece realmente grave. El déficit de 2005, en el resultado ordinario, fue de $ 7.045:000.000. Si uno le saca el efecto de los intereses por el tipo de cambio, que se lo suma al déficit para mantener constante, y le saca la diferencia de la transferencia de las empresas públicas, llega a un déficit ajustado de $ 12.000:000.000 contra $ 11.600:000.000 del año anterior. Quiere decir que si no hubieran existido estas fuentes de financiamiento alternativo -ya vimos que las transferencias de las empresas fueron hechas en base al aumento de tarifas; no vale la pena reiterarlo- y este financiamiento producido por la baja del dólar, el resultado hubiera sido peor y las complicaciones aún mayores.

Lo más grave es que nadie puede saber si la cotización del dólar realmente es de equilibrio real de mediano y largo plazo o si es una cotización que ya está por debajo de sus niveles normales. Por lo tanto, esta fuente de financiamiento puede revertirse y como los gastos están consolidados habrá que hacer algo cuando llegue el momento.

¿Y por qué pasó esto? ¿Será que ha habido más inversión social? Casi todas las gráficas que tenemos a la vista comienzan en 1996 y podemos observar que la ANEP tiene la menor inversión de los últimos trece años. Es más; las autoridades de la ANEP expresaron que se pensaba duplicar la matrícula de niños en las escuelas de tiempo completo en cinco años, y cuando uno ve los datos observa que apenas subió 1,9% en el primer año de gestión. De por sí, se trata del peor registro desde que empezó; pero aun dejando de lado eso, si nos situamos en medio de la crisis notaremos que los registros fueron de 5,7%, 5% y 9,1% de aumento. ¿Por qué no se puede aumentar? Porque para la escuela de tiempo completo es necesario invertir y con estos registros de inversión es absolutamente imposible hacerlo. Podrá ser muy lindo y se podrá construir con el pico, como los horneros, pero no se va a poder aumentar la matrícula sin nuevas escuelas. Mencionaban cantidad de inversiones, pero cuando mirábamos los números nos dábamos cuenta de que era otra la situación; quizás antes no se veían tan bien, pero es indudable que fueron mayores.

En lo que tiene que ver con la Universidad de la República, sucede lo mismo: decrece la inversión sobre niveles ya bajos como consecuencia de la crisis. La gráfica que tienen delante los señores Senadores es muy elocuente: muestra la suma de la ANEP y la Universidad, y vemos que se trata del menor registro de inversión física desde 1986. Ni en 2002, cuando en medio de la crisis hubo una caída muy importante, pasó esto; y en 2004 ya se había recuperado a niveles medios de acuerdo con los últimos 10 años.

Con respecto a la salud, que venía cayendo a raíz de la crisis, observamos que comenzó una recuperación en 2004 pero volvió a caer en 2005. En materia de vivienda se da idéntica situación. Quiere decir que no se trata de mayor inversión social física.

Los gastos en alimentos de personas -que refiere, básicamente, a la alimentación de los niños en las escuelas de tiempo completo y al INDA- caen en un 5% real, al igual que los gastos en medicamentos.

¿Habrá habido más inversión en infraestructura? Tampoco. La inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas cayó; ligeramente, pero cayó.

¿Qué fue lo que pasó? Obviamente, se comenzó a gastar mal, en muchos casos, comprando por fuera de la Unidad Central de Compra de Alimentos, con entregas fuera de tiempo y de lugar, lo que originó las quejas de los maestros, de los merenderos y de las escuelas. Empezaron a proliferar las duplicaciones. En esta Rendición de Cuentas hay varios casos de oficinas cuya función es atender inversores, en vez de que esa tarea la continúe realizando una oficina única. Quiere decir que empezamos otra vez a construir los feudos. El único gasto que contrarresta esto es el del Plan de Emergencia, con algo más de $ 700:000.000. Si en el resultado tomamos en cuenta el Plan de Emergencia, los números son similares a los de 2004, pero con muchos más ingresos.

Por otra parte, en esta Rendición de Cuentas se crean más cargos, lo cual equivale a mayor cantidad de funcionarios públicos. En la Exposición de Motivos se decía que durante el año pasado había bajado en 9.000 el número de funcionarios públicos; consultamos cómo era posible eso, cuando los registros del Banco de Previsión Social, de la Caja Militar y de la Caja Policial -aunque no teníamos los datos de la Caja Bancaria, era obvio que no había disminuido la cantidad de funcionarios bancarios públicos- hacían ver que esa cantidad se mantenía, y se nos respondió que el dato había surgido de la encuesta. Es la primera vez que, teniendo registros, se mide por encuesta a los funcionarios públicos. Estos se mantienen en igual número; no bajaron. Lo que sucede es que en la encuesta cada uno de los grupos individualmente considerados es más chico en tamaño muestral, hay una probabilidad de variación mucho más grande y, por lo tanto, el error es mayor. No se trata de que esté mal hecha la encuesta sino de que el error es más grande. Repito: no bajó el número de funcionarios públicos. Incluso, ahora está subiendo. En el Presupuesto se creó una cantidad de cargos y en esta Rendición de Cuentas sucede lo mismo: se crean 12 cargos más de particular confianza, que se suman a los 46 del Presupuesto. Cabe recordar que antes de iniciarse esta Administración había 138; ahora hay 58 sobre 138, con lo cual dentro de poco llegaremos al 50% más de cargos de particular confianza. En muchos casos, esto demuestra prejuicios y amiguismos, porque se designan o pasan a cargos de particular confianza directores de línea. Por ejemplo, se crea el cargo de Director del Archivo General de la Nación como de particular confianza.

A todo esto, hay que sumar los cargos de alta prioridad, que son lo mismo con otro nombre. A su vez, tenemos 6 cargos de alta especialización y, al menos, 2.358 otros cargos. Digo "al menos", porque hay lugares en los que el crédito no está bien determinado y ni siquiera se puede estimar.

Más funcionarios públicos implica más gastos y, en consecuencia, más impuestos.

Se nos dice que ahora viene la revolución productiva, que este gasto es fenomenal; la realidad indica que es puro gasto procíclico. El gasto bajo control, el discrecional, el que puede manejarse, el que está dentro de esta Rendición de Cuentas -después veremos lo que está por fuera-, crece 5,2% por encima de un Presupuesto bien dispendioso en aumento de gastos, por cierto. ¿Dónde crece? En funcionamiento, aumenta $ 1.600:000.000 en salarios y casi $ 1.400:000.000 en otros gastos. En las llamadas inversiones, de los $ 600:000.000 totales que aumenta por año, $ 200:000.000 refieren a contratos, a meros contratos de asistencia técnica. Hay que leer los nombres para darse cuenta de ello. A su vez, $ 403:000.000 obedecen a inversiones físicas, de los cuales la mitad -dividiendo la partida de AFE en tres- son para AFE. Veremos si se concreta. Los famosos $ 20:000.000 adicionales de inversión en educación -de acuerdo con el artículo 476 del Presupuesto-, en su gran mayoría también refieren a contratos. Reitero: no son inversiones físicas sino contratos para el fortalecimiento institucional, mejora de la coordinación, etcétera. Además, a nuestro entender hay una parte muy importante de gasto público que queda fuera del Presupuesto Nacional y de todo control, de una manera que nosotros preguntamos si hay transparencia o mera discrecionalidad.

Las inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ahora se van a disfrazar a través de la Corporación Vial del Uruguay, empresa de Derecho Privado cuyo 100% de capital pertenece a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esto está fuera de todo control. Antes, al menos, se hacía con el dinero del subsidio del Estado y se buscaba algún mecanismo diferente; ahora se va a emitir deuda, sobre la que tenemos diversas cifras, ya que el señor Ministro de Economía y Finanzas habló de US$ 40:000.000, pero el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas habló de US$ 57:000.000, en principio, y si conseguía más, todo lo que consiguiera. En medio de esta expansión de la economía -hay un gráfico elocuente sobre el punto-, si eso no es gasto procíclico, yo no sé lo que es el prociclo. Verdaderamente, no conozco otra definición para esto que no sea la de gasto procíclico.

Además, se dice que a través de las empresas públicas se va a gastar US$ 50:000.000 más, lo que es un gasto escondido detrás del llamado Resultado Operativo, o sea, de los ingresos menos los egresos corrientes de las empresas públicas. En definitiva, con la expansión económica y con muchos aumentos -en muchos casos importantes- de los ingresos por ventas se esconde una muy mala gestión. Al respecto, voy a dar un solo ejemplo: ANTEL.

Contado en años móviles, en los doce meses cerrados a junio de este año, de acuerdo con el último dato conocido, el gasto corriente -no las inversiones, que bajaron- subió casi un 50% en términos reales sobre el gasto que había en el año finalizado en febrero de 2005. Hay que tener en cuenta que los ingresos están volando, porque se trata de un sector de punta. En definitiva, el gasto está escondido. Se podría proponer que se bajara, en todo caso, la tarifa de Internet, que es la más cara del mundo. El propio Subsecretario de Economía y Finanzas manifestaba su asentimiento cuando aseverábamos que en Uruguay la tarifa de Internet, convertida a igual velocidad, es ocho veces más alta que la de Argentina. Entonces, entre ambos componentes de aumento de gasto, el presupuestal y el por fuera del presupuesto, tomando las cifras oficiales que aparecen en la Exposición de Motivos, se adiciona más de 8,5% de gasto a lo que ya estaba en el Presupuesto.

SEÑOR PENADES.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Pregunto qué consecuencias trae ese aumento del gasto. La barra roja que se puede ver en el gráfico que tenemos delante corresponde al aumento del gasto discrecional, después de economías estimadas que establecía el Presupuesto Nacional en 35% o 36%. Con esta adición llegamos a un 46% de aumento del gasto discrecional del Gobierno, en términos reales. ¿Financiado con qué? Con la baja en los intereses en términos reales. Esa barra roja muestra la evolución de los intereses según el Presupuesto de las previsiones del Gobierno. Por su parte, la barra amarilla no quiere simular los nuevos intereses, que son mayores, sino que lo único que hace es corregir la cifra de acuerdo al tipo de cambio hasta lo conocido, que es el año 2006, y luego toma para adelante los mismos números corregidos por tipo de cambio. Lo que estamos diciendo es que los intereses van a bajar en términos reales, por un tipo de cambio menor y esto financia parte del gasto.

Detrás de esto está el tipo de cambio. Por lo tanto, así como vamos, tenemos peor resultado fiscal para el futuro, sin duda, porque ese aumento del gasto, aunque parte de él se haga por fuera del Presupuesto, de alguna manera se va a ver. También tendremos más deuda, porque habrá más déficit y un tipo de cambio que conviene que esté deprimido para financiar la fiesta que tenemos presente en estas gráficas.

¿Qué le falta a esto? Realmente, le falta mucha cosa a esta Rendición de Cuentas, al igual que le faltó al Presupuesto, pero especialmente existe una total ausencia de reforma estructural. No había una sola reforma estructural planteada en el Presupuesto ni la hay ahora. Ni una: ni una de peso, ni una en serio. A esto se le puede poner el título que se quiera o usar el eufemismo que se desee, pero en definitiva no hay reformas estructurales.

A esta iniciativa le falta audacia para encarar el futuro en un mundo tan favorable como pocas veces se dio, ya que nos encontramos en la mejor situación de los últimos sesenta años o por lo menos de los últimos cincuenta a nivel mundial.

Obviamente, también falta liderazgo para encarar los cambios necesarios. Debemos tener presente que la "performance" económica, por buena que parezca y buena que efectivamente sea en términos absolutos, es mediocre en términos relativos. América Latina y Uruguay -nuestro país crece a la media de América Latina o por debajo de ella- están creciendo menos que Africa; no menos que el Sudeste Asiático, que se sabe, repito, sino menos que África. Entonces, no nos podemos engañar con la "performance" económica en valores absolutos, porque lo que importa siempre son los valores relativos. Y el riesgo país, que está bajando, para Uruguay está, en términos relativos, en los valores más altos -salvo en lo que correspondió al período de la crisis-, porque se encuentra en un nivel de casi 40% por encima del promedio de los mercados emergentes, cuando siempre estuvo bastante por debajo del promedio de dichos mercados.

A modo de conclusión quiero decir que en esta Rendición de Cuentas claramente no hay inversión; prácticamente no la hay. En esta Rendición de Cuentas se aumentó moderadamente el gasto en la Comisión en US$ 6:000.000. Nosotros creemos que en cualquier momento se encienden las luces amarillas.

El señor Senador Penadés hablaba de usos alternativos de los dineros, al igual que lo habíamos hecho nosotros. Quizás para impulsar y tener la mejor "performance" económica habría muchos usos alternativos. Uno de ellos podría ser el bajar cinco puntos el IVA y, en lo personal, entiendo que se podrían eliminar totalmente el IRP y el IMESI al gasoil, así como reducir en $ 5 -no en $ 15- el IMESI a las naftas, con lo que nos sobrarían $ 1.100:000.000 para, quizás, gastar en algunas cosas que pueden ser necesarias. Eso hubiera representado un impulso mucho más grande por el lado de la oferta, siempre y cuando se quiera tener el mismo resultado fiscal.

Desde nuestro punto de vista, de todas maneras habría que tener superávit, y en realidad ya deberíamos tenerlo.

Es claro que un aumento de 8,5% del gasto, sumado al 7,3% previsto en el Presupuesto, no es financiable con ingresos puros. Por ende, el tipo de cambio va a tener que seguir jugando un rol central en la estrategia de financiamiento; y si el tipo de cambio no lo puede lograr, vamos a tener otra clase de problemas: el resultado fiscal se va a deteriorar y la deuda va a seguir creciendo.

Recuerdo que antes se nos hablaba de atraso cambiario, de déficit fiscal, de deuda. En ese sentido digo que si en estas condiciones -que son las mejores de los últimos sesenta años- no logramos un superávit, cuando mostramos cómo el Partido Colorado dejó al país en superávit -la deuda bruta bajó por esa razón y no por otras, porque sería imposible-, hoy estamos desperdiciando esa oportunidad. Además -y discúlpenme el término que voy a utilizar-, con esta historia de sacar partidas por fuera del Presupuesto estamos volviendo a la contabilidad creativa, esa que inventó Menem para esconder el deterioro fiscal. Los acreedores que cobran hacen la vista gorda, pero el problema no es de los acreedores sino del país, porque es éste el que responde por las deudas. Podrán venir y decir que está todo magnífico y maravilloso, porque total, mientras cobremos a lo pampa, no hay problema; la deuda crece y sigue creciendo, y solamente cambiamos de acreedor.

Los mejores usos alternativos, a los que aludió el señor Senador Penadés y también quien habla en algún momento, fueron desechados. Si se me permite el atrevimiento, la Administración no resiste ya no una recesión, ni siquiera que el crecimiento sea bajo, por ejemplo, del 2%. No se puede financiar esto con crecimiento bajo; se requiere un crecimiento altísimo. Pero el crecimiento alto no es infinito. Así como vamos, de una manera u otra, vamos camino a algún ajuste fiscal. Si esta Administración tiene suerte, lo dejará de legado para la próxima; si no, lo tendrá que hacer de frente y, en parte, lo está haciendo con la reforma tributaria que figuraba en el Presupuesto -estaba incluida una financiación vía presupuestal- o por medio de la inflación. Algún impuesto habrá que recaudar, porque no creo que los mercados nos den más deuda tan alegremente.

Desde nuestro punto de vista, el marco de estabilidad macroeconómica se está precarizando, porque hay total ausencia de reformas y, entonces, la única apuesta que está quedando es el TLC. Sería la única reforma que, quizás, pueda impulsar un crecimiento más alto y sostener este dadivoso -se podría catalogar así- gasto público que sólo tiene su contrapartida en impuestos. Tengamos en cuenta que más impuestos son menos ingresos disponibles para el sector privado, más distorsión para éste, menos dinero para la generación genuina de la riqueza y, por lo tanto, menos desarrollo futuro. Uruguay es el país con una de las tasas más altas de gasto público en relación con su Producto y en comparación con su nivel de ingreso; casi el 20% más de la que debería tener. De hecho, supo tener una aún mayor y también supo bajarla, pero ahora comenzó a subirla. Pero, qué fácil es bajarla, no bajando los gastos, sino tratando de mantenerlos lo más constantes posible cuando el Producto crece en este marco externo tan favorable, que crece a tasas tan apreciables que permite una reducción rápida.

Por todas estas razones y por entender que estamos perdiendo una oportunidad de oro que, seguramente, llevará mucho tiempo volver a tener, es que el Partido Colorado va a votar en general en contra de este proyecto de Rendición de Cuentas, sin perjuicio de apoyar algunos artículos del mismo.

Muchas gracias.

(Se incluyen a continuación gráficos presentados por el Sr. Senador Alfie:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Para una aclaración, tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: no pienso usar el tiempo como Miembro Informante para prolongar la sesión, y prefiero que intervengan otros señores Senadores.

Quisiera decir que, realmente, no comprendo la agresividad a que se refiere el señor Senador Alfie. Puedo entender que se sienta implicado en alguno de los juicios que estamos emitiendo, porque corresponden al período en que él ejerció el cargo, pero eso va de suyo. Sin embargo, cuando hablé de "la herencia no bendita", me refería a que teníamos el mayor endeudamiento mundial con el Fondo Monetario Internacional, en términos de Producto Bruto. Ocupábamos el primer lugar en el mundo, como quedó muy claramente establecido el día que el señor Senador discutió con el equipo económico este tema. Me estaba refiriendo al millón de pobres, así como a la colección de empresas de este país, financieras o no, quebradas, y al nivel de endeudamiento interno que teníamos. Ahora bien, lo que no entiendo es que se nos haya predicado durante una década y media cuando éramos oposición, y que cada vez que decíamos que el endeudamiento del país crecía, que estábamos en una burbuja, que eso iba a reventar y que se iban a comer las reservas que teníamos -creo que llegaron a ser de U$S 3:500.000 o US$ 3:600.000 en el Banco Central-, se nos haya contestado que el problema no era la deuda bruta, sino la deuda neta. Sin embargo, ahora que tenemos una cuenta corriente equilibrada, ingresos de capitales y aumento de las reservas, resulta que no computamos más en deuda neta, sino, exclusivamente, en deuda bruta. Debo decir que me parece que hay que tener en cuenta, por lo menos, los dos elementos.

Por otra parte, debo agregar que no creo que sea justo achacar el problema de la baja inversión que hubo en el período, haciendo del problema de la ANEP con dos créditos internacionales, el centro de la cuestión. Todos sabemos -y fue admitido- que, en realidad, el MEMFOD prácticamente no se aplicó, porque estos programas internacionales fueron institucionalizados y llevó tiempo redimensionarlos, hacer nuevos llamamientos y nuevas contrataciones. En todo caso, esos datos corresponden al año 2005, pero no a lo que está sucediendo este año.

En cuanto a que acá no hay nada propuesto en materia de inversión, debo decir que me resulta sorprendente porque, por lo menos, un tercio de esos US$ 300:000.000 y una importante cantidad que se destina a otros proyectos son de inversión, incluida una gran parte de los US$ 20:000.000 que se incorporan por el artículo 476 B al sistema educativo. Por tanto, creo que eso no es justo, pero integra el debate que seguirá por parte de otros señores Senadores.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita licencia desde el 21 al 29 de agosto del corriente año."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de agosto de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

Por este medio solicito licencia, por motivos personales, al Cuerpo que Ud. preside del 21 al 29 de agosto del corriente año.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente

Prof. Enrique Rubio. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente.

11) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- Prosiguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- En primer lugar, quisiera hacer una precisión de carácter formal relativa a la condición que puede revestir un integrante de este Cuerpo como Miembro Informante de un proyecto de ley. Si bien es cierto que el Reglamento de la Cámara de Senadores solamente reserva esa condición a uno de los integrantes de la Comisión o de las Comisiones integradas en las que se trató el proyecto, por lo menos en la Legislatura anterior pudimos asumir -en más de una oportunidad- la condición de Miembro Informante en minoría, teniendo una opinión discrepante con la de la mayoría. Esto sí lo prevé el Reglamento de la Cámara de Representantes y, eventualmente, podríamos tenerlo en cuenta para una modificación del que rige la forma de funcionamiento de este Cuerpo. En realidad, la condición de Miembro Informante no necesariamente está vinculada a la pertenencia a un partido político y a ejercerla en su nombre. Hoy podríamos estar considerando un proyecto de ley como, por ejemplo, la aprobación del Tratado de Libre Comercio con una nación, y el Miembro Informante en mayoría o a favor del proyecto podría ser un integrante de la fuerza mayoritaria de este Parlamento, y el Miembro Informante en minoría podría ser un representante de esa misma fuerza política. Si mañana tratáramos -como probablemente lo haremos- un proyecto de ley de salud reproductiva, que tanto debate ha generado en la Legislatura anterior -creo que el señor Senador García Costa fue uno de los miembros informantes del proyecto, si no fue el único-, en ese caso también podríamos tener posiciones que cortaran transversalmente a los partidos políticos y, en consecuencia, eso habilitaría la existencia de más de un Miembro Informante.

Por supuesto que el señor Presidente aplicó el Reglamento de la Cámara de Senadores correctamente; sin embargo, me permito recordar las experiencias que vivimos, por lo menos, en la Legislatura anterior. También quisiera agregar que para poder abrir el paso a la existencia de dos miembros informantes, más allá de la tolerancia que el Cuerpo pueda tener, vamos a tener que proceder a una modificación del Reglamento.

Con respecto al Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2005, el Partido Nacional se ha expresado a través de la palabra del señor Senador Penadés quien, por otra parte, ha sido muy claro en sus conceptos y en la definición de la opinión que nos merece el proyecto. Por mi parte, quería hacer dos afirmaciones y extenderme en ellas, pero en una forma por demás sintética.

En primer lugar, creo que se terminó el tiempo de hablar de la herencia y que esta Rendición de Cuentas marca el final de la época en que se podía hablar de esa herencia bendita o maldita.

En segundo término, pienso que la política económica definida y clara que el Gobierno comenzó a instrumentar el 1º de marzo del año pasado -con la que se puede coincidir o discrepar, pero que está en la autoridad y legitimidad del Gobierno el llevarla adelante de acuerdo con los principios que inspiran su accionar político-económico- se ha venido desnaturalizando, ha comenzado a debilitarse a partir de esta instancia de Rendición de Cuentas y tendrá un cambio aún más importante a partir de la discusión y eventual aprobación de la Reforma Tributaria.

En cuanto al tema de por qué se terminó, a nuestro juicio, a partir de la Rendición de Cuentas, el tiempo de hablar de la herencia -sea ésta bendita o maldita-, pienso, por un lado, se debe a lo que se expresaba muy claramente en algunas partes del Mensaje del Presupuesto Nacional del año pasado que el actual Poder Ejecutivo envió a consideración del Parlamento, en el que se establecen definiciones muy claras y concretas sobre algunas de las virtudes de la política económica que se ha venido implementando en el país en el transcurso de los últimos años.

Por otro lado, entendemos que no puede hablarse de la herencia maldita en los sectores de la economía que están complicados e ignorarlos en aquellos en los que la economía atraviesa por un momento favorable. Además, han pasado ya dieciocho meses desde que se instauró el actual Gobierno; en consecuencia, me parece que ha transcurrido el tiempo suficiente como para que éste comience de una vez a hablar de su propia acción y de sus propias obras.

Por último, creo que se terminó el tiempo de hablar de las herencias porque, de otra manera, el Gobierno se falta el respeto a sí mismo y no muestra la personalidad que debe si no es capaz de hablar de su acción, de sus rumbos, de sus definiciones y, por sobre todas las cosas, de sus concreciones, por lo menos en el ámbito teórico y en el legislativo; no me refiero a los logros, sino a los cambios que se van introduciendo en la economía en su conjunto de manera que en un momento determinado empiece -si ya no lo ha hecho- a mostrar resultados en las diferentes áreas.

De acuerdo con la visión que tenemos sobre esta Rendición de Cuentas, es bueno expresar algunas circunstancias económicas que hacen a la realidad que hoy enfrenta el país. La inflación de los últimos doce meses, a junio de 2006, ha sido de un 6,7%, lo que significa que está en ascenso, y aunque algunos agentes sostienen que está bajo control -lo que felizmente todavía es así-, comienzan a evidenciarse presiones inflacionarias que hacen poner en duda la estabilidad de los precios. Además, en el transcurso de estos últimos doce meses, a junio del presente año, hemos tenido una devaluación del -1,57% -reitero, menos uno con cincuenta y siete por ciento-, y a pesar de las importantes compras que el Banco Central ha hecho, el dólar se mantiene en el entorno de los $ 24.

A mayo de este año, tenemos un índice de desempleo del 10,7%, y ahí sí vemos que dicha tasa disminuyó por tercer mes consecutivo, alcanzando su mejor nivel desde la crisis de 2002. De seguir este ritmo -que hay que proteger y que nos preocupa por la posible desnaturalización de una línea de conducción en materia económica-, probablemente sobre fin de año estemos llegando a un índice de desocupación de un dígito, lo que sería por demás beneficioso para los intereses del país.

La expectativa de crecimiento del Producto, de acuerdo con las encuestas del Banco Central para el año 2006, se ubica en un 5,2% para este año, lo que significa que hay un optimismo creciente porque a principios de este año se ubicaba en el entorno del 4%.

Nadie puede ignorar -por eso van llegando los tiempos de dejar a un lado las referencias permanentes a la herencia, sobre todo cuando no son tan tangibles o no se exteriorizan con tanto entusiasmo cuando los resultados son positivos- que la economía mundial está creciendo sin excepción, que la situación económica regional es por demás favorable -en Argentina y en Brasil el crecimiento ha estado por encima de sus medias históricas-, que hacia los países emergentes hay un flujo muy importante de capitales, que los precios de las "commodities" se ubican en niveles muy altos y que se está avanzando en la incorporación de algunos mercados. Quizás como único factor externo negativo se podría señalar el alza de las tasas internacionales, que provoca un encarecimiento del servicio de la deuda del país. Todos los otros elementos son absolutamente indiscutibles y hacen, además, a una realidad que por el momento y desde hace muchos años no tenemos más remedio que definir como coyuntural. Ojalá sea esta la realidad de los próximos años y por mucho tiempo. Sin embargo, hay algunas señales que empiezan a aparecer, sobre todo en el mercado externo, que ponen en tela de juicio la posibilidad de que, efectivamente, se mantengan todos esos valores coyunturales.

¿Qué ha pasado con las finanzas públicas, más allá de los factores externos? El Gobierno ha obtenido un resultado fiscal superior al esperado, con un superávit primario cercano al 4% del Producto, donde los números cierran.

Si bien es destacable el cumplimiento de las metas establecidas con el Fondo Monetario Internacional, debemos señalar que este resultado no se ha obtenido a partir de una política de gastos austera -que sería lo deseado, por lo menos en distintas áreas-, sino que, como se ha dicho en Sala, se explica por el gran aumento de los ingresos y de la recaudación a través de la Dirección General Impositiva, que ha tenido un crecimiento más que considerable. Esto ha llevado a que la economía esté en la fase alta del ciclo, lo que nos lleva a reiterar lo que habíamos señalado en ocasión de la discusión del Presupuesto Nacional: ni el Presupuesto ni mucho menos la Rendición de Cuentas, como primera expresión de modificación de lo que es y fue el Presupuesto Nacional, muestran una política anticíclica que nos pueda poner a salvaguarda de dificultades externas, sobre todo las que puedan aparecer en el transcurso de los últimos tiempos. Esto se da, sobre todo, cuando los índices de conflictividad internacional, lamentablemente, han aumentado en forma alarmante en el transcurso de las últimas semanas y eso puede derivar en costos, en materia de energía, muy apreciables para la región y especialmente para nuestro país.

Pero señalábamos también que aquella política económica que el Gobierno empieza a aplicar a partir del 1º de marzo del año pasado, con una presencia soberana y excluyente del señor Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, comienza a mostrar algunos flancos débiles que no pueden dejar de ser motivo de preocupación, para el país en su conjunto y para quienes estamos parados en la oposición. Esto no implica que se comparta o se discrepe con la política económica del Gobierno, porque está por encima de esas afinidades o discrepancias. El Gobierno se da la política económica que entiende conveniente y nosotros podemos señalar las diferencias y las críticas que entendamos pertinentes. Podemos proponer caminos alternativos, pero en definitiva siempre es el Gobierno el que termina definiendo la política económica que, a mi juicio, para quien ostenta el poder, es absolutamente irrenunciable, más allá de las coincidencias que puedan plantearse en alguna oportunidad. Esta debilidad se está dando dentro del propio Gobierno; este cambio de rumbo en algunas áreas se está produciendo en la propia Administración. El señor Ministro Astori anunció al comenzar este año que, en atención a la Rendición de Cuentas que se estaba elaborando y al año 2007, que es su objeto principal, el Estado no estaba en condiciones de disponer nuevos gastos. Como había sucedido el año anterior, cuando se había discutido en la consideración del Presupuesto Nacional respecto a la inversión en materia de educación y la posibilidad de destinar un 4.5% del Producto Bruto Interno a la Educación, nuevamente en esta instancia el señor Presidente de la República le enmienda la plana al señor Ministro de Economía y Finanzas y comienza a disponer una serie de gastos que no responden a un concepto estructural, no tienen una filosofía concreta y, en la mayoría de los casos, como muy bien dijo el señor Senador Penadés, son ineficientes e ineficaces, lo que nos hace temer respecto al rumbo que se pueda materializar en el transcurso de los tiempos inmediatos. Hay que tener en cuenta que atrás de la Rendición de Cuentas viene la reforma del sistema tributario y, lamentablemente, a pesar de que el propio Gobierno había anunciado en el segundo semestre del año pasado, en la primera presentación que se hizo de ese proyecto de reforma, que iba a tener un debate público y un debate parlamentario hasta agosto o setiembre de este año, en ambas Cámaras, ese debate no se está produciendo y hoy la reforma tributaria es objeto de discrepancias y diferencias internas dentro de la fuerza política que gobierna al país. Esto impide el debate en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, donde supuestamente está a estudio una reforma tributaria que está congelada porque la fuerza política que la ha enviado a consideración del Parlamento no tiene acuerdo sobre cuáles van a ser los cambios más importantes que se le van a introducir. Esta situación impacta muy fuertemente sobre el Presupuesto Nacional que se votó el año pasado, sobre las Rendiciones de Cuentas que puedan venir en el transcurso de los próximos, sobre la política económica del Gobierno y sobre los gastos e inversiones que este Gobierno pueda impulsar en el futuro. Nosotros, que discrepamos con la reforma tributaria -por lo menos con la que llegó al Parlamento nacional este año-, no tenemos conocimiento hoy de cuáles son los cambios que se le van a hacer. Se habla de que un solo sector del Frente Amplio está impulsando 19 ó 23 modificaciones y esto obviamente va a terminar desnaturalizando la propia reforma y, probablemente, cambiando el rumbo que el equipo económico pretendía dar a este Gobierno en esa materia. Si a ello sumamos que la Rendición de Cuentas, como bien se ha expresado, carece de reformas estructurales, de reformas profundas, y no hay un solo instrumento que permita saber qué va a pasar con los monopolios en el país y de qué manera se van a bajar las tarifas públicas que tan fuertemente impactan sobre la producción nacional, son aspectos que nos reafirma aún más en que existe una ausencia absoluta de definiciones que permitan dar certezas para los tiempos por venir. Además, esta Rendición de Cuentas tiene una gran falta de realismo, en tanto no solamente no deja satisfechos a quienes supuestamente eran sus principales beneficiarios -los cuestionamientos más graves en la Comisión surgieron, precisamente, de la Universidad de la República y de la ANEP-, sino que además tampoco atiende al tema que más preocupa hoy al país en su conjunto y a la población de nuestra nación, que es el de la seguridad. No surgen en esta Rendición de Cuentas elementos de mayor importancia que contribuyan a actuar en una materia que requiere de urgentes definiciones, que puede necesitar leyes pero que básicamente exige actitudes de Gobierno.

Finalmente, aunque este tema lo vamos a dejar para cuando llegue la instancia de la reforma tributaria, pesa mucho sobre las definiciones en materia económica las decisiones que el Gobierno ya ha tomado en materia de endeudamiento externo. En primer lugar, como se ha expresado, hoy el país tiene una deuda externa por lo menos US$ 1.000:000.000 superior respecto al 1º de marzo de 2004. En segundo término, esa deuda ha sido sustituida, en lo que tiene que ver con los préstamos internacionales, por emisión de títulos públicos. En tercer lugar -y este es el tema que dejamos para plantear cuando se discuta la reforma tributaria-, en nuestra visión y teniendo en cuenta la información que manejamos, el nuevo endeudamiento es más caro que el que se viene de sustituir. Pero en todos los casos, esa actitud del Gobierno respecto al endeudamiento externo y en particular al Fondo Monetario Internacional, marca un nivel de prioridades que hace imposible que en un Presupuesto, en una Rendición de Cuentas o en una reforma tributaria se haga lo primero que hay que hacer con la economía nacional para darle fuerza a su reactivación, para mejorar el poder adquisitivo de la gente y para incrementar la inversión y de esa manera aumentar también las fuentes de trabajo, que es la de reducir la carga impositiva, la carga tributaria. A nuestro juicio, este debería haber sido el pilar sobre el cual orientar el Presupuesto Nacional, la Rendición de Cuentas y la reforma tributaria.

Es cuanto tenía para señalar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: anuncio -como lo hacen algunos señores Senadores antes de empezar su exposición, que no va a ser muy extensa-.que voy a conceder todas las interrupciones que me soliciten, y no al revés, contra lo que se suele dar en la discusión parlamentaria. De modo que con gusto las daré, aunque hay temas que, a mi juicio, no las van a requerir, porque cuando repasemos lo que pasó en la Comisión, quizás van a estar tan azorados o asombrados como lo estuve yo.

Suscribo cada una de las palabras de nuestro Miembro Informante, el señor Senador Penadés, así como todos los juicios de carácter político que acaba de emitir el señor Senador Gallinal, lo que muestra a un Partido que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer en el país, dónde quizás hay que meter el bisturí y dónde, por el contrario, el Estado tiene que seguir cumpliendo la tarea con mano suave y cariñosa que genere la igualdad de oportunidades que la sociedad debe brindar.

De las manifestaciones de los señores Senadores Penadés y Gallinal surge claramente cuál es nuestra visión del punto. Lamentablemente, el Miembro Informante por la mayoría no está presente, pero creo que los números que el ex Ministro Alfie nos mostró esta tarde, generaron un silencio aprobatorio y no fueron cuestionados, ni levantados, ni rebatidos.

SEÑOR NICOLINI.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Agradezco mucho al señor Senador Heber que me conceda esta interrupción.

El señor Senador hacía referencia a exposiciones realizadas aquí en Sala. Muy brevemente queremos decir que nosotros escuchamos a nuestro Miembro Informante, con cuyas apreciaciones coincidimos, pero que también escuchamos otras cosas. Quiero parafrasear a un gran presidente de una institución deportiva -aunque no sé si hoy lo sigue siendo-, quien sostiene -y sostuvo- que los números no mienten, sino aquellos que a veces los hacen o, por la forma en que son presentados, los dan a conocer. En ese sentido, quiero decir que estoy asombrado de las exposiciones que he escuchado acá porque uno descubre lo que parecía increíble. Reitero que, parafraseando a ese presidente, quiero decir al señor Senador Heber que estoy asombrado por el manejo que se ha hecho de ciertos números hoy en Sala.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: creo que el señor Senador Nicolini no hace más que confirmar lo que yo ya había dicho en el sentido de que algunos señores Senadores se iban a asombrar. Me parece que el asombro del señor Senador Nicolini radica en haber confirmado que los números no fueron rebatidos, lo cual es muy importante, porque va aclarando la discusión y, así, vamos despejando lo que ya no se cuestiona. Hoy tenemos una Rendición de Cuentas con más gasto -como se dijo-, que no es destinado a las inversiones; de hecho, no hay una mayor inversión. Tenemos una Rendición de Cuentas que, lamentablemente, no baja ninguno de los impuestos que cargan sobre todo a los sectores populares del país, aliviando así su situación, y cumpliendo con las palabras empeñadas en tiempos electorales. Es bueno para el sistema político -no sólo para el Gobierno- cumplir con algo de lo que se prometió en las campañas electorales. Hay un tema en el que todos hemos prometido y todos, gustosamente, podíamos llegar a cumplir con la gente -puedo hablar por mi Partido, pero no por el Partido Colorado- respecto a lo que se manifestó en las campañas electorales por el Encuentro Progresista, en el sentido de eliminar el Impuesto a las Retribuciones Personales. Se dijo -coincidimos con el anunciado Ministro de Economía y Finanzas ya en tiempos electorales para el caso de que el Frente Amplio ganara, y que a la postre ganó- que teníamos amplia coincidencia en cuanto a que de veintinueve impuestos que tenemos, cinco de ellos recaudan el 90% del total de la Dirección General Impositiva. Hoy se me dirá que lo que pasa es que eso está en un proyecto de Reforma Tributaria, que se encuentra a estudio en la Cámara de Representantes. No sé si estamos jugando a las escondidas con los proyectos, las promesas y los cumplimientos. Ahora, el argumento es que está todo incluido en la Reforma Tributaria, donde esencialmente debemos estudiar estos temas. Nos referimos a la posibilidad de bajar imposición que, en estas etapas presupuestales de la Rendición de Cuentas -la pasada y la actual- brilla por su ausencia; en otras palabras, de "aflojarle la cincha" a la gente, como decimos en campaña, es decir, de bajarle los impuestos.

Hace muchos años vengo escuchando que se habla de que la Rendición de Cuentas puede ser procíclica o anticíclica, como si eso fuera bueno o malo. Parecería que si es anticíclica, es buena, y si es procíclica, es mala, producto de que nos hemos venido acostumbrado a estar en recesión. Por lo tanto, toda política, visión o percepción anticíclica de la Rendición de Cuentas, puede generar a veces el empleo y la inversión. Así, nos hemos enfrascado en una discusión acerca de si es anticíclica o procíclica. También recordando a ese gran dirigente de un cuadro de fútbol y a otro que a su vez pasó por aquí, quiero decir que nadie sale a festejar balances. De la misma manera, yo diría al Senado que nadie sale a festejar si la Rendición de Cuentas es anticíclica. ¿Hay aumento para los funcionarios de COFE? No; están en franco enfrentamiento con el Gobierno, pero éste les dice que no se preocupen porque es anticíclica. El problema está en el aumento que se les prometió y que, "por supuesto"-entre comillas-, un Gobierno popular iba a dar a la gente que precisaba, mientras que la insensibilidad de los Gobiernos anteriores no se lo había querido dar para que tuviera la posibilidad de vivir dignamente de su salario. Ahora llegó un Gobierno que, con magia, iba a lograr lo que nosotros, hombres que deseábamos el mal a los obreros y a los empleados públicos, no les dábamos de ninguna manera. ¿Qué pasa? Lo que pasaba antes; creo que los miembros informantes de nuestro Partido y los números del señor Senador Alfie -que, vuelvo a decir, nadie ha rebatido ni cuestionado como para poder mantener una discusión seria- lo expresaron muy bien.

Cuando comenzaba mi exposición, decía que una cosa son los números y otra la actitud del Estado que, a nuestro juicio, debe tener esa doble responsabilidad de generar igualdad. Uno de los temas que en la Comisión me generó un sabor amargo al haberlo escuchado y haberlo visto, surgió en ocasión de la visita del señor Ministro de Educación y Cultura. Como allí mantuvo una discusión con nosotros de la que muy poco se ha publicado en la prensa, quiero mencionarlo en este momento para que se sepa lo que se discutió -y eso se puede corroborar con la versión taquigráfica- con él frente a una propuesta para la cual, en su momento, buscábamos tener consenso. Manifesté al señor Ministro que no quería entrar a discutir cuándo pasó o dejó de pasar, pero hemos leído y chequeado documentos y libros que aseguran que, con respecto a las mediciones de la educación superior en el mundo, América Latina está quedando muy rezagada. Me refiero a documentos y afirmaciones de prestigiosos periodistas que han escrito libros recientemente y lo han señalado y no he visto a nadie que lo haya cuestionado en sus análisis. Quizás sea iluso, porque todavía sigo creyendo que con un ex Rector de la Universidad podíamos hacer un análisis interesante de lo que había pasado en Uruguay en los últimos tiempos en lugar de achacarnos las culpas. En ese sentido, el actual Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, tal como lo citó algún Legislador en el día de hoy, decía "Si hay culpas que hay que cargar cuando se hable de la Universidad, las tenemos que cargar sobre la izquierda que hace treinta o cuarenta años que viene gobernando la Universidad". Pero ni siquiera era eso lo que nosotros buscábamos. Tratábamos de encontrar la actitud positiva de un hombre que con cabeza abierta pudiera reconocer un problema para buscar una solución junto con la oposición.

No sé si la Universidad de la República está permitiendo que se la mida, que se la evalúe, porque hay formas objetivas de hacerlo, tal como determinando el grado de inversión que se hace en el estudiante, en su aprendizaje y en las publicaciones que esos mismos estudiantes y los egresados hacen. Esas mediciones, por lo menos, están sirviendo para medir a universidades muy importantes del mundo. He podido tener ese tipo de información y no salgo de mi asombro ante esa situación, ya que he constatado que la primera universidad que aparece después de otras 200 del mundo, es la Universidad de México. Veo que el señor Presidente tiene la misma información.

SEÑOR PRESIDENTE.- Leímos el mismo libro.

SEÑOR HEBER.- Creo que el tema no es el libro, sino si los datos son ciertos o no.

Lo primero que le preguntamos al señor Ministro fue si eso era verdad. ¿La primera universidad después de las 200 mejores en el mundo es la de México y nosotros no figuramos en el mapa? En segundo lugar, le preguntamos: ¿Qué pasa, no queremos que la Universidad Mayor, la Universidad del Estado sea evaluada por gente que se dedica a esto en el mundo? ¿No lo queremos? ¿No lo permitimos? El Uruguay no aparece en esa información y sigo recordando, creyendo o queriendo creer que, en materia educativa, en distintos aspectos y estamentos podíamos dar lección, no sólo a América, sino a muchas partes de mundo.

Estas inquietudes no pretendían reprocharle nada al Ministro. ¿Por qué iba a reprocharle si apenas asumió hace un año? Mi intención era invitarlo a discutir, a imaginar y a analizar lo que había pasado. Reitero que, en estos días, vemos al ex Rector de la Universidad, ingeniero Guarga, afirmar que la Enseñanza Secundaria en el Uruguay prepara mal a los estudiantes para el ingreso a la Universidad. Esto lo dijo en un reportaje que leí. ¿Eso es verdad? Si lo es, ¿no hay que hacer algo para unir las dos etapas fundamentales de formación y preparación de nuestros hijos? Se dicen cosas, pero nada se hace al respecto.

En estos días, por fin se planteó -aclaro que fui estudiante de la Facultad de Medicina durante cuatro años en la época de la dictadura y tuve que soportar un horror de facultad por esos tiempos- por parte de las autoridades de la Universidad que la carrera de Medicina es muy larga y que deben realizarse modificaciones sustanciales. ¡Por fin hubo un llamado de atención de los propios docentes de la Facultad! Personalmente, pregunté al Ministro de Educación y Cultura si estaba siguiendo esto con atención, pero tuve una de las peores desilusiones que recibí en mi actividad política, ya que buscaba una discusión diferente. El Ministro salió con una arenga política del 4,5%, hablando de lo que estaba dando la Biblioteca Nacional y generando reproches, ante todas estas reflexiones que, palabra más, palabra menos y en este tono, buscaban entablar una discusión. Frente a lo que planteamos al Ministro, él tomó una actitud "sesentona", no de los sesenta, sino "sesentista", con anteojeras, pequeño para mirar para adelante y para identificar los problemas del Uruguay en su educación, buscando el reproche del 4,5% como si eso fuera suficiente para que nuestros estudiantes estubieran bien preparados. Todo se sabe, porque en el mismo libro que cité se dice que, con respecto al gasto, es tan importante cuánto se gasta como la forma en que se distribuye ese gasto. Queríamos ingresar en esa discusión: "Este señor dice esto; yo no sé, ¿es verdad o no?" ¿Es verdad que le estamos dando los mismos aumentos a quien desempeña una labor docente que a quien cumple una labor de servicios en la Universidad? ¿Es lo mismo para el Estado y para el Gobierno de la Universidad quien enseña que quien limpia? Sin menospreciar las tareas, no quiero significar que limpiar sea menos que enseñar, pero creo que para el Estado tiene que ser importante que un docente esté lo mejor pago posible y, si se cuenta con pocos recursos, debe existir la posibilidad de que los docentes sean premiados en su carrera. Eso es lo que quería escuchar por parte de quien fue Rector de la Universidad y ahora es Ministro de Educación y Cultura. Mi desilusión, reitero, fue muy grande y quiero manifestarla acá, porque este tipo de cosas son las que hacen bajar los brazos. Pensé que un hombre que no venía de la actividad política no iba a reaccionar como el peor de nosotros, sintiendo que todo era un agravio hacia él y, por lo tanto, no contestando ni aceptando una discusión que podía dar, porque viene de la labor docente, a no ser que nunca lo haya sido y siempre se haya tratado de un hombre politizado. Cuando venía a negociar con él en la época en que era Diputado y los presupuestos ingresaban por la Cámara de Representantes, en forma ilusa creía que él venía representando los intereses de la Universidad, pero terminaba reflejando los de un Partido político. Lo vi reaccionar de esa manera; fue algo triste y desilusionante, porque en algún momento pensé que podíamos tener otro tipo de discusión diferente a las que usualmente mantenemos en el Parlamento.

No se respondió a ninguna de mis preguntas y me retiré de la Sala de la Comisión antes de que el señor Ministro de Educación y Cultura terminara su arenga, por lo que quedé sin saber si hay algo de cierto en lo que ahora acabo de expresar. ¿Estamos en esos niveles de enseñanza? ¿Se está enseñando mal? ¿Las Universidades privadas tampoco están calificando? ¿Qué ocurre en materia educativa? Por encima de la explicación presupuestal, el Gobierno ha dicho varias veces que la Universidad está bien porque tiene un dinero para cobrar de un juicio que ganó por un monto de entre US$ 8:000.000 y US$ 12:000.000. Eso le da garantías para cumplir con esa Casa de estudios en función de ese cobro contra el propio Estado por un diferendo, reitero, que existía en la administración del entonces Ministro de Economía y Finanzas, economista Bensión. Creo que se vuelve a errar el camino.

Advierto una invitación del Gobierno a discutir el tema de la enseñanza media del país, pero no el que tiene que ver con la Universidad. Espero que con las nuevas autoridades recientemente electas podamos tener un cambio en el horizonte a través de una ley que debemos ver y analizar, pero no para cuestionarla, sino para mejorarla. A propósito, vuelvo a decir algo que me parece que ha sido una concepción revolucionaria: cuando alguien cuestiona algo no es para liquidarlo, sino para mejorarlo. Es más, cuando uno cuestiona con cariño a la Universidad estatal -es decir, a la Universidad de todos- no es para que esté socavada o para que retroceda, sino para sacudirla, que se mire al espejo y se analice. No puede haber una institución, y menos esta educativa, que no esté dispuesta a tener una cabeza abierta a la discusión, al análisis y al cuestionamiento que debe hacerse.

Por estos motivos, señor Presidente, pensé en abordar solamente este tema. Si bien fue analizado por el Miembro Informante, señor Senador Penadés, cuando se refirió al Ministerio de Educación y Cultura y a los números vinculados con la enseñanza, yo quería poner el dedo en el timbre, ya no con la pretensión de sacudir la cabeza a quien está al frente de esa Cartera, sino para hacer lo propio a nivel de este ámbito, porque a veces son los que pueden mover las telarañas de gente que cree que cuando las cosas se plantean para su discusión es para cuestionar a las personas o a las gestiones.

Por tales razones, insisto, queríamos plantear este tema y, en función del resultado de estos números, comprobar la desilusión que tenemos sobre lo que va a pasar en materia educativa en estos años, así como de la imposibilidad de poder "aflojar" a muchos sectores paupérrimos de nuestra sociedad los impuestos que, en algunos casos, significarán aumentos realmente muy bienvenidos por ellos. Sigue estando la promesa de bajar impuestos. Sigue estando este viejo, antiguo Partido Nacional dispuesto a ayudar en la eliminación de 24 imposiciones, cuya implementación cuesta más que la recaudación correspondiente, así como a buscar justicia social e igualdad de oportunidades que esencialmente se dan en la educación.

Esperamos que estas palabras lleguen a donde corresponda para que se modifique lo que mínimamente tiene que cambiar y generar una esperanza, ya no a nosotros, sino al país entero.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: después de escuchar al señor Senador Heber como último anotado en la lista de oradores, varios de ellos del Partido Nacional y el señor Senador Alfie del Partido Colorado, advierto que todo lo dicho han sido críticas, que nada es bueno. Unos critican por un tema y otros por uno contrario. Sinceramente me alegro, porque si la crítica se hiciera en una sola dirección podríamos estar en discrepancia, pero generar reflexión. Sin embargo, los mismos que nos piden que seamos austeros, nos dicen que podríamos ampliar el gasto. Incluso, en el seno de la Comisión, todos los artículos referidos a los Organismos del 220, salvo los relativos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -¡Vaya a saber por qué razón!-, fueron votados a favor por los integrantes de la oposición que en ese momento estaban presentes. Cabe aclarar que todos suponían un aumento del gasto.

Es tal la crítica, señor Presidente, que en un momento se nos dice que con todo este dinero se podría rebajar $ 15 el litro de combustible, y después otro señor Senador, también de la oposición, agrega que tanto no se podría disminuir y que sólo se podría bajar $ 5. Sinceramente creo que son bienvenidas la crítica y la información que se expresa en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, porque tienen un nivel de discusión y de fundamento. Por supuesto podemos estar equivocados, pero cuando la discusión y las críticas que se nos hacen van en direcciones contrarias, incluso contradiciéndose algunos en sus propios fundamentos, pienso que no estamos haciendo tan mal las cosas. En la misma línea, cabe tener presente que cuando el Frente Amplio asumió el Gobierno, incluso antes de que ello ocurriera, se decía que le iba a ir horrible. Era el apocalipsis. Luego se da a entender que no lo está haciendo tan mal, pero se verá qué ocurre con el Presupuesto. Ahora es el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, y ya no se trata de lo que iba a pasar en los meses posteriores del Gobierno, sino de lo que se viene en el futuro. Se habla, por ejemplo, de que el Presidente de la República le dobló la mano al Ministro de Economía y Finanzas y parece que éste no sabe qué hay que hacer, que el resto de los Ministros pide más, pero que el contador Danilo Astori -que es el superministro- dice que no se puede dar más. Tratemos de encarrilar las cosas en un razonamiento en el que podamos ver algunas de las críticas y tratar de discutirlas.

El señor Senador Gallinal decía que se terminó "la herencia" y que no se puede hablar más de ella. Incluso habló de la "maldita" y de la "bendita", puntualización que no es menor, porque es un hombre detallista. Se ve que no le gusta que se hable de herencia, porque permanentemente él y otros integrantes del Partido Nacional han dicho que el Gobierno anterior, al que nosotros denominamos de coalición, no era de ellos, sino del Partido Colorado -allá este último con su Gobierno- y entonces nos trasmiten que ya no hay que hablar más de herencia. Ahora bien, ¿es que ya se han solucionado todos los problemas? Ojalá fuera así, pero todavía tenemos pobres, indigentes, desocupación, deudas, angustias y falta de oportunidades. Hay muchos temas por resolver de esa situación que heredamos. Algunos dirán: "No tenemos toda la responsabilidad" -¡Vaya a saber quién la tiene!-, "Vino la crisis de 2002". Seguramente es así, pero lo cierto es que hay una situación de endeudamiento y cuando hago referencia a esto último no me refiero sólo al tema vinculado a la deuda de dinero, sino también a la de carácter social. Efectivamente, aquí existe una deuda social que estamos tratando de saldar. No es fácil y quizás no estemos tan capacitados ni seamos tan competentes como para que quienes gobernaron hasta ahora nos tengan que decir cómo deberían hacerse las cosas en este contexto internacional tan favorable. Se ve que no lo estamos haciendo bien; se ve que nuestra capacidad e inteligencia no son lo suficientemente buenas como para aprovechar este momento. Pero ¿qué sucede en este momento? Hay récord de empleo. Entonces, tan mal no lo estaremos haciendo, señor Presidente. Se podrá decir que eso ya venía del año 2004; sí, se creció mucho en ese año, pero la toma de empleo sigue aumentando. ¡Y estoy hablando de un récord de empleos formales!, o sea, cotizantes del Banco de Previsión Social. Entonces, tampoco lo estaremos haciendo tan mal. Si no me equivoco, el Producto Bruto Interno, en volumen, está por encima del 98%, aunque en términos de dólares todavía falta. Quiere decir que ¡tan mal no lo estaremos haciendo! Se podrá decir que el empuje ya venía de antes y que, además, hay un contexto internacional sumamente beneficioso. ¿No hay algo de talento, de capacidad, de ingenio y de generar confianza para aprovechar este momento? ¿No hemos aprovechado las oportunidades que se nos dieron, señor Presidente? ¿No hemos actuado, en algunos temas, con capacidad como para aprovechar la ola? Creo que sí. Hemos salido a abrir mercados; a veces hemos tenido éxito como, por ejemplo, en el caso de la carne, con México o con Rusia. Asimismo, estamos intentando abrir aún más el comercio con Estados Unidos.

Se podrá señalar que hay líos internos y discusiones en esta fuerza política tan grande; es cierto, los hay. Pero nadie puede decir que la apertura del comercio con todos los países del mundo no es un objetivo de todos los sectores que integran nuestra fuerza política. En cuanto a las modalidades, ese es otro tema. Lo importante es que todos estamos contestes en que los uruguayos tenemos que vender más afuera, pero ello implica más recursos, más empleo, más inversión.

Por lo tanto, mal que le pese al señor Senador Gallinal, vamos a seguir hablando de lo que recibimos; el país no estaba bien y todavía no lo está. Se dijo que el manejo que se hizo de la deuda era obvio: la alargamos, la tiramos para adelante, esperando que el crecimiento del Producto Bruto Interno provocara su disminución. No es lo mismo ganar $ 10.000 y deber $ 10.000, que ganar $ 50.000 y deber $ 14.000. Es verdad, la deuda creció un poco, pero en términos de Producto Bruto Interno ha ido bajando, que es lo que importa.

Creemos que esta línea de ir disminuyendo la deuda con relación al Producto Bruto Interno, sin estridencias, sin generar situaciones altisonantes, sin que este sea un tema para el conjunto del país y para los mercados nacionales e internacionales -que son compradores de nuestros Bonos y, por lo tanto, acreedores del Estado uruguayo-, no genera una situación de delicadeza, sino que provoca confianza, más confianza y más confianza. Mucho se habla del mercado, pero el mercado nos está demostrando que tan mal no lo estamos haciendo, que hay confianza en el Uruguay y que se toman Bonos a diez, quince y veinte años.

Por ahí también se dice que como la deuda era cara y a corto plazo, era obvio que había que cambiarla, extendiendo los plazos y bajando el interés. También se dijo que se podía hacer esto con el Fondo Monetario Internacional, pero nosotros queremos tener las manos lo más libres posible y ser quienes construimos nuestro propio destino, tanto en las decisiones con acierto como en aquellas erradas. No queremos que quienes no conocen el país ni su idiosincrasia sean los que determinen el destino de nuestros recursos.

Curiosamente, hace un tiempo participé en una discusión sobre la reforma tributaria y un miembro del Partido Nacional, en el mismo acto, aludió a que íbamos a bajar el IVA en un punto o en dos, más el COFIS. Se dijo que los empresarios no iban a bajar nada, y los comercios menos. Entonces, el razonamiento fue que si nos sobraba plata, podríamos bajar más el IVA. Si lo primero era cierto, al bajar más el IVA, más dinero se embolsarían los empresarios y los comerciantes. Si realmente lo segundo era cierto, señor Presidente, las posibilidades de bajar impuestos vienen de la mano de una reforma tributaria. Si en la Rendición de Cuentas estuviéramos bajando impuestos o toqueteando la parte impositiva, ¿qué seriedad y qué vida estaríamos dando a la reforma tributaria? ¿Qué nos estarían diciendo los señores Senadores Penadés o Heber? Se estarían preguntando: "¿Hay una reforma tributaria y se generan más impuestos?" Es lo mismo: damos un paso y hay críticas pero, si no lo damos, también las hay.

El proyecto de ley de reforma tributaria hoy se encuentra en la Cámara de Representantes; se está debatiendo a lo largo y ancho del país, y el Senado ya lo habrá de considerar. Por supuesto que también hay discusión en nuestra fuerza política en torno a este tema, ¿por qué no? Vamos a discutir sobre eso, vamos a lograr acuerdos. Tenemos la mayoría y si esa mayoría se expresa en ambas Cámaras, tendremos reforma tributaria. Si no hubiera mayoría y no se llegara a acuerdos, no saldría la reforma. ¿Está mal que la fuerza política que tiene la mayoría parlamentaria haga un esfuerzo para ponerse de acuerdo? ¿No es de orden, no es obvio que tenemos que hacer un esfuerzo para que la conducción tenga esa responsabilidad que nos dio el electorado, obtenga esa mayoría parlamentaria que permite que durante cinco años se mantenga ese mandato de los ciudadanos? No veo nada traumático en ello, máxime tratándose de una reforma tan importante. ¿Dónde están las reformas? Se están discutiendo en el Parlamento. Se trata de una reforma tan sustancial que, si repaso -y no es intención discutirlo en este momento-, creo que estamos en el punto 2 de un proyecto de ley que tiene numerosos artículos cuyos aspectos tributarios pretenden ser modificados. En este caso se nos dice que también deberíamos bajar el IVA, pero la rebaja del IVA ya está incluida en el proyecto de ley de reforma tributaria. Y esperemos que esa reforma sea tan exitosa, que nos permita bajar aún más el IVA. Por supuesto, los discursos van a versar sobre la idea de que esto es apocalíptico, de que la reforma tributaria va a ser lo peor. En el mismo sentido -y aclaro que no pretendo introducir temas de discusión-, se refirieron al proyecto de ley de humanización de cárceles; dijeron que venía lo peor. Evidentemente, hubo algunas reincidencias, pero hay muchos uruguayos a quienes se dio una oportunidad y hoy la están aprovechando. ¡Ojalá siga así!; todos teníamos dudas en ese momento, pero la situación que se nos planteaba, en el sentido de que se terminaba el Uruguay, no ocurrió. Y no he escuchado a nadie de la oposición decir: "Honestamente, creí que esa Ley de Humanización de Cárceles iba a ser lo peor, pero reconozco que hoy muchos uruguayos están teniendo una segunda oportunidad de vida por esa ley."

Existen otros temas que se vienen planteando. Es curioso, en cuanto a las estadísticas, que sean todas fiables con excepción de algún aspecto y nosotros, con seriedad, vamos a estudiar y a avanzar en ese sentido. Se nos ha dicho que existe una situación bastante caótica con respecto al total de empleos públicos, no en el sentido estricto, sino en cuanto se trata, de una u otra forma -inclusive encubierta- de empleados del Estado y muchos son contratados, de los cuales unos cuantos han caído y otros lo harán.

Hay una serie de cifras que se manejan por parte del Instituto Nacional de Estadística, todas ellas confiables, que son para atender los supuestos y los presupuestos; sin embargo, en el tema de los empleos públicos se pone a dicho Instituto en tela de juicio. Creo que ha disminuido el sector de empleos públicos en el sentido amplio de la palabra; me refiero a gente que, de una u otra forma, ha sido empleada por el Estado. Naturalmente, aquí incluyo a las Intendencias y a los contratos, porque esos casos la persona se siente empleada pública. Hago esta observación porque cuando viene el encuestador esta persona no le dice que es presupuestada, contratada, que tiene un contrato de servicios o que está tercerizada, sino que trabaja en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en una Intendencia, etcétera.

Creo, señor Presidente, que los cargos públicos han ido disminuyendo. Quizás no hemos adoptado el punto de vista de disminuir empleos públicos ni este es un objetivo a cumplir ya, sino que hemos tratado de empezar por ordenar la casa -esto no es fácil- y analizar los tipos de contrato que existen, no renovando aquellos que no corresponden. En la actualidad ya hay ocho Intendencias que son de nuestro Gobierno y muchos de los contratos que había en ellas no se han renovado. Por lo tanto, en estos temas el espíritu es seguir en esa línea.

Obviamente, queda mucho por hacer y esperamos que el año que viene se pueda apretar una tecla y saber todas las personas que dependen del Estado e, inclusive, si tienen doble salario, porque sabemos que estos casos existen -sobre todo, en el ámbito de los docentes- y queremos saber cuáles son las modalidades. Si no me equivoco, se presentó un artículo en el proyecto, después del de los becarios, que va en esa línea de responsabilidad, exigiendo que todas las contrataciones de pasantes, becarios y zafrales sean enviadas a este Parlamento, no tanto para que realice un control perfecto en tiempo y forma, sino para que el tema sea transparente, para que exista esa información y para que el conjunto de la Administración Pública se sienta controlada.

Estoy absolutamente convencido de esa deuda social que empezamos a pagar con el proyecto vinculado a la emergencia social, creando el Ministerio correspondiente y con los Programas de Emergencia, acerca de los que el Gobierno, antes de asumir el Poder Ejecutivo electo, ya decía que eran prioridad y que iban a ser financiados por fondos propios si no se conseguían las financiaciones internacionales correspondientes.

Hay Programas sociales de emergencia que estamos atendiendo y hay otros de salida a dichos Programas, porque no queremos enclaustrarnos solamente en la emergencia. Asimismo, ha mejorado el empleo que es el que termina, realmente, sacando a la gente de la pobreza. Se ha dado una cifra récord de empleos formales; por lo tanto, ello permite al conjunto de la gente jubilarse en algún momento. Además, los números son, a todas luces, extraordinarios en cuanto al desempeño de la economía.

Se nos podrá decir que con este contexto internacional podríamos tener un desempeño mejor. El contexto internacional tiene muchas maduras, pero también tiene algunas verdes. No está bien el tema de la energía, no sólo por el precio del petróleo, sino por nuestra dependencia, a nivel energético, de nuestros propios vecinos, porque no hemos desarrollado energías alternativas. En ese sentido, en este momento estamos dando algún paso, pero quizás sea un paso más moderado que los que algunos quisiéramos. En cuanto al tema de las energías alternativas desearíamos ir más rápido, no porque vaya a solucionar el hoy, sino porque nos puede dar las claves para empezar a solucionar el mañana. Por ejemplo, un parque eólico puede ayudar mucho más al manejo de las represas que lo que imaginan muchos de los más formados técnicos en la materia. Es cierto que un parque eólico da energía que no se puede acumular; nadie lo discute, pero cada molino que está en funcionamiento y da energía, es agua que no gastamos. Alguien puede decir que en la represa de Salto Grande no se puede guardar el agua y es cierto, pero tenemos todas las represas en el Río Negro y eso puede ser un elemento de conservación de gran parte de nuestra reserva de agua. ¿Que queremos ir más rápido? Es verdad, algunos Legisladores queremos ir más rápido. ¿Que el Gobierno está dando pasos demasiado prudentes? No tengo problema por que se diga que Michelini dijo que deberíamos ir en forma más acelerada hacia las energías alternativas. Lo cierto es que estamos dando pasos que se hubieran podido dar hace cinco, diez o quince años; los estamos dando con el sector privado y no con la inversión pública, porque no contamos con los recursos necesarios para estos emprendimientos. Entonces, si se hubieran hecho hace diez años, quizás hoy la crisis sería mucho menor, porque tendríamos experiencia acumulada, podríamos abocarnos más a ello y podríamos haber hecho reservas en nuestros lagos energéticos, cosa que no pudimos hacer en estos primeros meses del año.

El tema energético nos impacta, nos impacta en la energía, en la relación con los vecinos y porque si no tuviéramos el nivel de crecimiento que tenemos hoy, las necesidades energéticas serían menores. Pero a un país que está creciendo le resulta imprescindible incorporar rápidamente sistemas de energía que acompañen dicho crecimiento y den confianza en cuanto a que va a haber energía y no se van a producir cortes. De esa forma, quien venga a realizar un emprendimiento podrá hacerlo y quien quiera poner una planta nueva y contratar trabajadores no se va a encontrar luego con cortes de energía, etcétera. Por lo tanto, el tema de la energía nos está impactando. Que hoy se diga que la energía, en el volumen de producción a nivel mundial y también en el Uruguay, es menor que hace 20 años, está bien, es cierto; pero de lo que no hay duda es acerca de que tiene impacto.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Es sólo para aclarar una aseveración que hizo el señor Senador Michelini con respecto a qué habría ocurrido si hace diez o quince años se hubieran producido asociaciones en materia de energía. Yo le contesto que en ese caso ustedes hubieran impulsado un plebiscito. De hecho lo intentaron hacer y entre 1997, en que se aprobó la ley de marco regulatorio, y fines de 1999 no se pudo hacer nada. Cuando estuvo libre el camino vino la crisis y no se pudo hacer nada. Por eso la respuesta es que en caso de que hubiera asociaciones, seguramente íbamos a tener muchos plebiscitos.

Otra precisión sobre un tema que dejé pasar, pero ya que el señor Senador me concedió tan gentilmente la interrupción le quiero decir que no hubo contradicción entre lo que señaló el señor Senador Penadés y lo que yo expresé. El señor Senador Penadés se refirió a todo el IMESI; nosotros dijimos que una alternativa era esa, todo el IMESI, y que otra es $ 5 el IMESI al gasoil -es decir casi un tercio del IMESI de las naftas- y todo el IRP, y sobraba plata.

Gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Puede ser que el Gobierno que integró el señor Senador Alfie -y que también integraron los blancos- no haya tenido capacidad en algunos temas puntuales para convencernos -si es que ese era el objetivo-; pero lo concreto es que a mí ni a ningún otro nadie nos buscó para plantearnos el desarrollo de energías alternativas. Ni nos buscaron para hacerlo con capital público ni con capital privado, ni con capitales mixtos. Inclusive, señor Presidente, estando vigente el ordenamiento jurídico -ya no había ningún tipo de plebiscito de por medio; estaba todo despejado- y contando con la voluntad de arroceros que se habían planteado un proyecto para generar energía a través de la quema de la cáscara de arroz -componente que poluye el medio ambiente, aunque tiene un grado menor cuando se procede a su quema-, el emprendimiento no tuvo éxito porque la energía que podían utilizar para consumo propio sólo alcanzaba para cuatro meses.

Agrego que cuando se hicieron consultas -no está aquí el Subsecretario Ponce de León, pero como en más de una oportunidad él ha expresado lo que voy a señalar, ahora me siento con la tranquilidad de nombrarlo- para empujar lo máximo posible -por las necesidades que había- algunas licitaciones, luego de que fueran chequeadas una a una, la izquierda -sobre todo el último año- no planteó ningún problema.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Me permite, señor Senador?

Varios señores Senadores han solicitado que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Muchas gracias.

El contexto internacional, señor Presidente, no sólo roza el tema de la energía. Hemos atravesado situaciones delicadas, inclusive, con nuestro país hermano, que a todos nos desgarran por dentro. Varios, en tono de burla -no estoy hablando de Senadores aquí presentes-, han dicho que como había una relación buena entre la fuerza política que en el Uruguay ganó las elecciones -aunque todavía no habíamos asumido- y la que gobierna en Argentina, se podían lograr cosas, que luego, en virtud de la realidad del MERCOSUR, no se obtuvieron. Lamento que con nuestros hermanos la relación no sea todo lo buena que quisiéramos no sólo nosotros, sino todos; no me alegro por lo que está sucediendo, pero justo es decir que eso tiene un impacto, ya que no es menor que estén cuestionadas las inversiones más importantes que ha habido en el Uruguay. Nos hemos mantenido con firmeza y creo que todos estamos contestes en que esas inversiones deben llevarse adelante, y esperamos que no hayan tenido efectos negativos reales. Lo cierto es que debe haber habido problemas en otros Gobiernos, inclusive, por ejemplo, alguna suspensión de las relaciones del Estado uruguayo con algún otro Estado, pero la tensión que ha vivido el Gobierno de izquierda y todo el país no ha sido menor. Sin embargo, los números muestran que la confianza que ha generado el Gobierno es muy alta. Quizá no habremos hecho nada bien, pero algo de confianza hemos generado.

Acerca de la discusión sobre los niveles del gasto, cómo podemos decirle al país que con los niveles de producción, de exportación, de consumo y, sobre todo, de recaudación que tenemos, vamos, además de bajar impuestos por medio de la reforma tributaria, a volcarlo a la inversión en obras tanto y tanto menos en educación, aunque, de pronto, ponemos algún objetivo de inversión que algún Senador puede considerar con legítimo derecho que debe estar ubicado en segundo, tercero o cuarto lugar y que la prioridad la debe tener una determinada ruta u otra obra, cosa que siempre es discutible.

Se podrá decir que la Universidad no capacita como nosotros queremos que lo haga; esa es una discusión, pero no por la crítica que hace el señor Senador Heber. Me alegro que haya recuperado su capacidad crítica, porque no era tan crítico antes. Es de los pocos integrantes del Partido Nacional -si no el único- que dos meses después que renunció el contador Bensión lo seguía apoyando. Ahora critica con saña al Ministerio de Educación y Cultura, y me alegro de ello. Lo digo con total sinceridad, porque si hay algo que queremos es estar alertas, expectantes; queremos tener una discusión difícil y no bajar los brazos o decir "aquí no hay problemas". No voy a defender al Ministro de Educación y Cultura, ¡qué vaya si se defiende, y bien! Hasta hoy nos está reprochando la ausencia de algunos integrantes de la Comisión que fortuitamente -y digo fortuitamente porque permanentemente hemos asistido a la Comisión- no pudimos estar debido a que teníamos que cumplir algún deber, y ello llevó a que no hubiera número para continuar sesionando y que el Ministro pudiera expresar todo lo que sentía que debía. ¡Vaya que tiene cosas para decir! Y yo, que lo veo más de una vez por semana por mil temas políticos, siempre le escucho decir: "¿Cuándo vamos a seguir el otro ‘round’?"

Vuelvo a lo que estaba diciendo. Cómo le explicamos en este momento a los ciudadanos, con el nivel de recaudación que hay, que el nivel de inversiones en obras es tanto y otro en materia educativa. Si hay algo que distingue al Uruguay es, precisamente, su capacidad educativa. Que los integrantes de este Cuerpo son exigentes respecto a evaluar qué nivel de capacidad educativa estamos dando a este país, claro que es cierto, y yo me sumo a ello, señor Presidente. Quisiera que la ejecución de las obras en la ANEP este año fuera más elevada que la del año pasado y también que la del que viene sea superior a la de éste. No nos convence, por ejemplo, que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estando la plata y estando estudiadas las obras, tengamos un nivel de ejecución del 99% mientras que en la ANEP esté bastante por debajo. Está el dinero, tenemos escuelas y liceos, hay obras y ampliaciones por hacer, por lo que uno quiere un nivel de ejecución mayor. Hay varias explicaciones pero no me quiero quedar con ninguna. Quienes están llevando adelante la ANEP manifestaron que tenían tales y cuales explicaciones; acá hubo señoras y señores Senadores que expresaron que las explicaciones están, que las pueden dar, pero hay que ejecutar las obras. Nuestra preocupación es que las obras se comiencen a realizar. Además, esto conlleva empleo. Personalmente, soy muy exigente y quiero que el Gobierno que estoy apoyando y que he apoyado con todas mis fuerzas para que gane la elección, cuando le demos el dinero para las construcciones que tienen que ver con el nivel educativo, las lleve adelante. En consecuencia, explicaciones hay y algunas con fundamento; unas son razonables y otras hay que discutirlas más a fondo. Repito: deseo que la voz de muchos de los que estamos acá respaldando al Gobierno se oiga y que tam-bién se entienda que sobre ese tema tenemos gran preocupación.

Señor Presidente: aquí se ha discutido mucho acerca de la situación fiscal futura y voy a terminar diciendo que, sinceramente, la veo sólida. Es cierto; hay algún gasto más, no los seis millones de los que hablaba el señor Senador Alfie porque hay alguna corrección muy moderada que nosotros vamos a tener que hacer como, por ejemplo, respecto de un artículo vinculado a los Organismos del artículo 220 de la Constitución. Incluso, no tengo ningún problema en decir que algunos integrantes de la bancada, con razón, legítimamente y con mucho fundamento -que también nos hace dudar-, son de la opinión de dar algún recurso adicional para algún centro de enseñanza. Esto es muy responsable y no va a generar una modificación en los números que tenemos. ¿Por qué lo digo? Porque el Gobierno es uno y el Presidente de la República anunció cuáles eran las líneas fundamentales y que la Rendición de Cuentas incorporaba US$ 300:000.000 -pocas veces se ha hecho- de gastos que se van a ejecutar y nosotros no queremos generar una situación de fragilidad. No tenga dudas el señor Senador Alfie u otros señores Senadores; es más, esté seguro el país entero de que esto va a ser así. En primer lugar, porque el presupuesto trae instrumentos. Por ejemplo, cuando conducimos un vehículo llevamos una rueda auxiliar que, por supuesto, no queremos usar, pero está y en tal sentido, no nos vamos a quedar en la ruta, porque tenemos los instrumentos para recurrir. En segundo término, hay responsabilidad. En tercer lugar, hay una bancada parlamentaria que se ha comportado, en comparación a otras, con mucha responsabilidad, midiendo gastos, viendo de dónde se puede sacar dinero, estudiando cada artículo y en dónde se puede reasignar. En ese sentido, también colabora el hecho de que hay una bancada parlamentaria respaldando a su Gobierno, al Gobierno del Presidente Tabaré Vázquez que, en una actitud responsable asigna US$ 300:000.000. Una parte de esta cantidad ya figuraba en el Presupuesto de 2005, además hay gastos presupuestales permanentes y puntuales y hay recursos permanentes y puntuales.

Termino, señor Presidente, diciendo que esa fragilidad no se va a dar porque estamos convencidos de que el país va a seguir creciendo. Si no estuviéramos convencidos de eso, naturalmente, actuaríamos con algunas alertas. Queremos dar tranquilidad y ninguna alerta a la población. Por el contrario, hay seriedad en el Gobierno, responsabilidad, profesionalismo, sentido de ser competente en lo que estamos haciendo y no vamos a dar ninguna alarma que genere dudas a los inversores que están tomando decisiones para brindar empleo en el Uruguay, para exportar o para vender en el mercado interno -que ya no es menor, que ha ido creciendo- y también para vender al MERCOSUR. En este sentido, ha habido una inversión importante a nivel de la industria frigorífica que tiene que ver con una empresa que quiere llevar productos dentro de la región.

Por lo tanto, lo que le queremos trasmitir al conjunto de la población es que acá hay una Rendición de Cuentas equilibrada, acorde al futuro del país, que hace inversión social, educativa y en obra, que está financiada, y la bancada de Gobierno se siente muy orgullosa del trabajo que ha llevado adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores inscriptos para hacer uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley sustitutivo aprobado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

(Se vota:)

- 17 en 27. Afirmativa.

12) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR BARAIBAR.- Formulo moción para que el Senado pase a cuarto intermedio hasta el día de mañana a la hora 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 25 en 27. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 1 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.