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Nº 70 - TOMO 430 - 20 DE DICIEMBRE DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

69ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

- El Senado resuelve levantar el receso y celebrar sesión extraordinaria en el día de la fecha.

4) Asuntos entrados

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Penadés solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo;

- y otro al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Universidad de la República, relacionado con el funcionamiento de las obras de remodelación, mantenimiento y/o equipamiento del Hospital Universitario "Doctor Manuel Castro Quintela".

- Oportunamente fueron tramitados.

6) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Senado y de sus Comisiones.

7) Alteración del Orden del Día

- Por moción del señor Senador Michelini, el Senado resuelve considerar en segundo lugar el tema que figura en el numeral 10.

8) Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9) Turismo social

- Proyecto de ley por el que se establecen normas para su reglamentación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica y Técnico-Cultural con el Gobierno de la República de Angola

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Confección del Orden del Día para la sesión extraordinaria prevista para el día miércoles 21 del corriente

- Por moción del señor Senador Couriel, se autoriza al señor Presidente a incorporar los temas que puedan presentarse.

12) Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Acuerdo Comercial con el Gobierno de la República Islámica de Irán

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Beneficios tributarios para la actividad turística

- Proyecto de ley por el que se los establece.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Endeudamiento público

- Proyecto de ley por el que se establece el marco legal necesario para cumplir con el artículo 85, numeral 6º), de la Constitución de la República.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Consorcios de exportación

- Proyecto de ley por el que se dictan normas para su constitución y funcionamiento.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 19 de diciembre de 2005.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana martes 20 de diciembre, a la hora 16, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se crea el Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio en la órbita de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para el desempeño y ejecución de actividades profesionales y técnicas de apoyo que los Servicios requieren, conforme a los procedimientos, condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.

Carp. Nº 301/05 - Rep. Nº 173/05

2º) por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica y Técnico-Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Angola, suscrito en Luanda, el 20 de octubre de 2003.

Carp. Nº 268/05 - Rep. Nº 174/05

3º) por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, suscrito en Montevideo el 2 de marzo de 2005, entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela.

Carp. Nº 288/05 - Rep. Nº 175/05

4º) por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en La Paz.

Carp. Nº 294/05 - Rep. Nº 176/05

5º) por el que se aprueban el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia.

Carp. Nº 296/05 - Rep. Nº 177/05

6º) por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, suscrito el 11 de junio de 2004.

Carp. Nº 313/05 - Rep. Nº 178/05

7º) por el que se establecen beneficios tributarios a diversos sectores de la actividad turística.

Carp. Nº 427/05 - Rep. Nº 180/05

8º) por el que se establece el marco legal necesario para cumplir con el artículo 85, numeral 6º de la Constitución de la República, referido al endeudamiento interno.

Carp. Nº 402/05 - Rep. Nº 179/05

9º) por el que se crean los Consorcios de Exportación y se establecen normas para su funcionamiento.

Carp. Nº 185/05 - Rep. Nº 182/05

10) por el que se crean disposiciones para reglamentar el turismo social.

Carp. Nº 271/05 - Rep. Nº 181/05

Santiago González Barboni Hugo Rodríguez Filippini Secretario Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

Con licencia: el señor Senador Baráibar y, falta con aviso, el señor Senador Heber.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto. El Senado ha sido convocado para que se levante el receso y se consideren los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 21 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes:

- solicitando la venia correspondiente para designar

como miembro del Directorio del Banco Central del Uruguay al economista Alvaro Correa Alsina.

- HA SIDO REPARTIDA. PASE A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se sustituye el artículo 341 del Código Penal referido a las circunstancias agravantes de las penas en materia de hurto.

- por el que se aprueba el Presupuesto Nacional correspondiente al período 2005-2009.

- por el que se designa "Enfermera Ana Packer de Davison" el Centro Auxiliar de Minas de Corrales, 5ª Sección del departamento de Rivera, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

- por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo a los trabajadores del Hospital Español.

- por el que se aprueban los Acuerdos sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, suscritos en la ciudad de Brasilia, Repú-blica Federativa del Brasil, el 6 de diciembre de 2002.

- por el que se autoriza la salida del país, a partir del 1º de diciembre de 2005, de una Compañía de Infantería del Ejército Nacional, con el fin de incrementar el Contingente Militar que participa en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, en la República de Haití.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

El Ministerio de Educación y Cultura remite copia de las siguientes resoluciones disponiendo:

- la modificación del Considerando IV) de la Resolución Nº 4 Acta Nº 9 de fecha 17 de febrero de 2005 relacionado con la modificación del Estimado de Ingresos y Egresos de Libre Disponibilidad para el Ejercicio 2005 de Herencias, Legados y Donaciones.

- la rectificación del Numeral 2 de la Resolución Nº 1 del Acta Nº 60 de fecha 23 de agosto de 2005 relacionado a los valores correspondientes al Aumento Especial Julio 2005 y Aumento Especial Mayo Dec. 203/92.

- la trasposición de crédito en el Inciso 25, Programa 01, Financiación 1.1 del Objeto 198 del Programa 01, Financiación Rentas Generales al objeto 793 "Indemnizaciones" del Programa 01, Financiación Rentas Generales.

- TENGANSE PRESENTES.

La Cámara de Representantes:

- comunica:

- que en sesión de fecha 13 de diciembre próximo pasado eligió a los señores Representantes de la Comisión Permanente que actuará durante el Primer Período de la presente Legislatura.

- TENGASE PRESENTE.

- la aprobación del proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país del Buque ROU 03 "Montevideo" y su tripulación, con la finalidad de efectuar el viaje de fin de año de la Escuela Naval, entre el 15 y el 22 de diciembre de 2005, y participar en la Operación ESNAL I.

- la aprobación de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor José Luis Pomi Miracle.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- remite aprobado un proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país del Buque Escuela ROU 20 "Capitán Miranda" y su tripulación, a fin de realizar el XXV Viaje de Instrucción, entre el 22 de febrero y el 11 de setiembre de 2006.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El señor Senador Gustavo Penadés remite disposiciones aditivas al proyecto de resolución de Presupuesto de la Cámara de Senadores.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica y Técnico-Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Angola, suscrito en Luanda, el 20 de octubre de 2003.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, suscrito en Montevideo el 2 de marzo de 2005, entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela.

- por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en La Paz.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia.

- por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, suscrito el 11 de junio de 2004.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se crean los Consorcios de Exportación y se establecen normas para su funcionamiento.

La Comisión de Industria, Energía y Minería eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas para la reglamentación del turismo social.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establecen beneficios tributarios a diversos sectores de la actividad turística del país.

- por el que se establece el marco legal necesario para cumplir con el artículo 85, numeral 6º de la Constitución de la República, referido al endeudamiento interno.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado un proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio en la órbita de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para el desempeño y ejecución de actividades profesionales y técnicas de apoyo que los Servicios requieren, conforme a los procedimientos, condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Intendencia Municipal de Montevideo remite nota adjuntando Resolución de la Junta Departamental de Montevideo por la que aspira se otorgue una pensión graciable al escritor Prof. Washington Benavídes.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL."

5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Gustavo C. Penadés solicita los siguientes pedidos de informes:

- al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio al Directorio de la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo.

- al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Universidad de la República, relacionado con el financiamiento de obras de remodelación, mantenimiento y/o equipamiento del Hospital Universitario "Dr. Manuel Quintela".

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS."

(Textos de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 14 de diciembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se remita el presente Pedido de Informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio al Directorio de la Administración Nacional de Puertos, de conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República.

Motiva el presente pedido, que el suscrito Legislador, desea información relacionada con el dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo, y en especial en relación a los siguientes puntos.

1. Cuáles fueron los criterios utilizados para proceder a la selección de la empresa adjudicataria de la licitación mencionada precedentemente.

2. Conocer si el organismo cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para atender la erogación resultante de la referida contratación.

3. Asimismo, se desea conocer si se prevé continuar con la profundización del canal y cómo se planifica dicha acción.

Gustavo C. Penadés. Senador.

PEDIDO DE INFORMES

Montevideo, 14 de diciembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se remita el presente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Universidad de la República, de conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República en referencia a los siguientes puntos:

1. Si en ocasión de la visita que realizara a nuestro país el señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela fue suscripto algún acuerdo por el cual dicho Estado se obliga a financiar obras de remo-delación, mantenimiento y/o equipamiento del Hospital Universitario "Manuel Quintela".

2. En caso de ser afirmativo lo expuesto en el punto anterior, se solicita explicitar el monto de recursos comprometidos y la naturaleza de la operación.

3. En el caso de que se tratare de un negocio de préstamo, explicitar plazo del mismo, período de gracia si lo hubiera; y porcentaje de intereses moratorios y compensatorios pactados.

4. Especificar, sin perjuicio de los anteriores, cualquiera otra obligación que hubiera sumido nuestra República en relación a la operación de referencia.

5. Especificar las obras y equipamientos que se efectuarían con citados recursos.

6. Explicitar si se consideraron otras opciones de financiamiento como, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo.

7. En el caso de que la respuesta al punto anterior fuera afirmativa, se solicita se expliciten los motivos por los que se prefirió la propuesta concretada con la República Bolivariana de Venezuela.

Gustavo C. Penadés. Senador."

6) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión extraordinaria del día 14 de diciembre faltó sin aviso el señor Senador Korzeniak y en la sesión ordinaria del mismo día no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 13 de diciembre, faltó con aviso el señor Senador Lara.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda del mismo día, faltó con aviso el señor Senador Lara.

- A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Gamou, Michelini y Ríos.

- A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del día 14 de diciembre, faltó con aviso el señor Senador Lorier.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 15 de diciembre, faltó sin aviso el señor Senador Heber Füllgraff.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado ingrese al Orden del Día.

7) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito al Cuerpo que el punto que figura en décimo lugar del Orden del Día pase a ser el segundo, en la medida en que soy Miembro Informante y algunos minutos tendré que estar fuera de Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

8) SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION DE VETERINARIOS DE LIBRE EJERCICIO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día para tratar el asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio en la órbita de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para el desempeño y ejecución de actividades profesionales y técnicas de apoyo que los Servicios requieren, conforme a los procedimientos, condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. (Carp. Nº 301/05 - Rep. Nº 173/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 301/05

Rep. Nº 173/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Cométese a la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la creación del Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio, como apoyo para el desempeño y ejecución de actividades profesionales y técnicas que sus servicios requieran, conforme a los procedimientos, condiciones y requisitos que establece la presente ley.

Artículo 2º.- El Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio, tendrá los siguientes cometidos:

a) Llevar Registros de Veterinarios acreditados por ramas de actividad, de aquellos profesionales que cumplan con los requisitos exigidos para su acreditación.

b) Estimular en materia sanitaria el esfuerzo conjunto del sector privado y el sector público, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

c) Instrumentar un sistema de registro, especialización y capacitación de profesionales veterinarios de libre ejercicio, con el objetivo de garantizar y mejorar la calidad de las actividades sanitarias y facilitar el control de las mismas.

d) Realizar un relevamiento permanente de las altas exigencias de los mercados internacionales en relación con el status zoosanitario, a efectos del cumplimiento de los cometidos asignados en el literal anterior.

Artículo 3º.- Los interesados en acceder al Sistema Nacional de Acreditación que se crea en la presente ley, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Poseer título de Profesional Veterinario o equivalente expedido o reconocido por la Universidad de la República y constancia anual de ejercicio de la profesión expedido por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

b) Cumplir con las actividades de capacitación técnico-profesional, en caso de que la autoridad competente lo requiera;

c) Cumplir con los procedimientos de evaluación requeridos para la acreditación.

Artículo 4º.- En cumplimiento de las normas sanitarias legales y reglamentarias, el profesional Veterinario acreditado tendrá las siguientes obligaciones:

a) Cumplir con los plazos, requisitos y procedimientos determinados por el Servicio Oficial, en el desarrollo de las actividades sanitarias que supone la acreditación;

b) Inspeccionar los animales personalmente y de acuerdo con las exigencias impuestas por las normas sanitarias, antes de certificar;

c) En los sistemas de identificación, aplicar las marcas, caravanas, tatuajes personalmente, o en su presencia y bajo su supervisión, en los casos que las normas sanitarias pongan a cargo del veterinario de libre ejercicio, dicha obligación;

d) Denunciar la existencia o sospecha de enfermedades de denuncia obligatoria, inmediatamente de constatadas;

e) Aplicar las medidas sanitarias adecuadas para prevenir la propagación de enfermedades, de acuerdo a las normas sanitarias y manuales correspondientes;

f) Conocer las normas y procedimientos de los programas sanitarios correspondientes al Area de Acreditación;

g) Extender las certificaciones en forma correcta y verificar que todos los datos se ajusten a la realidad.

Artículo 5º.- La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispondrá la suspensión de los registros respectivos, en los casos de pérdida superviniente o incumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el mantenimiento en los registros, de los profesionales referidos en el artículo 1º de la presente ley.

Las conductas previstas precedentemente y las infracciones de naturaleza grave y cuya comisión sea susceptible de irrogar daño a la salud humana, animal o al medio ambiente, podrán ser sancionadas con suspensión de hasta por 10 (diez) años de los registros respectivos, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Artículo 6º.- Los profesionales registrados en el Sistema Nacional de Acreditación no podrán realizar actividades vinculadas a las funciones asignadas, en empresas o explotaciones de las que sean titulares, copropietarios, asociados o administradores, o mantengan con sus titulares una relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Los funcionarios de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no podrán acreditarse.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de su promulgación.

Sala de la Comisión, a 6 de octubre de 2005.

Jorge Saravia, Miembro Informante; Eber Da Rosa, con salvedades en el artículo 6º; Francisco Gallinal, con salvedades en el artículo 6º; Gustavo Lapaz, con salvedades en el artículo 6º; Eduardo Lorier, Lucía Topolansky. Senadores.

Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca

Montevideo, 16 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley, relativo a la acreditación de Veterinarios de libre ejercicio, para el desempeño de actividades profesionales y técnicas de apoyo a la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El M.G.A.P. tiene como cometido fundamental, promover el desarrollo e incremento de la productividad de los sectores agropecuario y pesquero, tanto a nivel nacional como internacional. Ello implica el desarrollo de funciones eminentemente técnicas y de contralor, que exigen estimular la especialización y capacitación del personal, a fin de cumplir con los objetivos y metas específicos. En tal sentido, cumple un rol estratégico fundamental en la economía del país. La recuperación sostenida del Sector Agropecuario, luego de los brotes de Fiebre Aftosa en los años 2000 y 2001, constituye el resultado del esfuerzo conjunto del sector privado y el sector público a través del M.G.A.P. Ello ha permitido el aumento sustancial de la producción, la reactivación del mercado interno, la rehabilitación de los mercados internacionales, el incremento de las exportaciones de productos pecuarios, y por ende, el aumento considerable de divisas para el país.

El acceso a los mercados internacionales de altas exigencias, tiene una íntima relación con el status zoosanitario del país, y un peso económico de notable relevancia.

La falta de asignación de recursos financieros, y la sostenida disminución de los recursos humanos en el M.G.A.P., resultan en la época actual, un escollo insuperable para cumplir con los cometidos básicos que demanda el Sector, en especial, el mantenimiento del status sanitario del país.

Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, los Servicios Veterinarios han integrado a los profesionales veterinarios de libre ejercicio en las actividades de certificación sanitarias, ya desde la Ley de Policía Sanitaria Nº 3.606, de 13 de abril de 1910 hasta la fecha. Su actuación es regulada por las distintas normas legales y reglamentarias específicas, pero no cuenta con un marco jurídico general e integral. De manera que, la actividad de los veterinarios privados no es ajena al Sector, sino que participan activamente en las campañas sanitarias dispuestas por el Servicio Oficial.

La acreditación implica la instrumentación de un sistema de capacitación y registro de profesionales de libre ejercicio, con el objetivo de garantizar y mejorar la calidad de las actividades sanitarias y facilitar el control de las mismas.

Las misiones internacionales que han visitado nuestro país con el objetivo de evaluar la situación sanitaria en relación a Fiebre Aftosa, observaron la ausencia de un sistema de control de las certificaciones sanitarias de productos de origen animal de exportación. En virtud de ello, han recomendado la implementación de un sistema de acreditación de profesionales, que garanticen las certificaciones sanitarias de acuerdo a las exigencias de dichos mercados.

En síntesis, urge la necesidad de capacitar y acreditar profesionales veterinarios de libre ejercicio, para desempeñar actividades sanitarias profesionales y técnicas de apoyo, sin las cuales resulta imposible cumplir con los cometidos asignados al Organismo.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José Mujica.

PROYECTO DE LEY

ACREDITACION DE VETERINARIOS - D.G.S.G.

Artículo 1º.- Créase el Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio en la órbita de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para el desempeño y ejecución de actividades profesionales y técnicas de apoyo que los Servicios requieran, conforme a los procedimientos, condiciones y requisitos que establezca la reglamenta-ción.

A dichos efectos se llevarán Registros de Veterinarios acreditados por ramas de actividad, cumpliendo con los requisitos exigidos para la Acreditación.

Artículo 2º.- La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispondrá la suspensión de los Registros respectivos, en los casos de pérdida superviniente o incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos para el mantenimiento en los Registros, de las personas referidas en el artículo 1º de la presente ley.

Las conductas previstas precedentemente y las infracciones de naturaleza grave y cuya comisión sea susceptible de irrogar daño a la salud humana, animal o al medio ambiente, podrán ser sancionadas con suspensión de hasta 10 (diez) años de los Registros respectivos, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de fecha 5 de enero de 1996 y la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Artículo 3º.- Las personas a que se refiere el artículo 1º de la presente ley, no podrán realizar actividades vinculadas a las funciones asignadas en empresas, establecimientos o explotaciones de las que sean titulares, copropietarios, asociados o mantengan una relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Los funcionarios de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no podrán acreditarse.

José Mujica.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 16.736

de 5 de enero de 1996

SECCION IV - INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO 7 - MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Artículo 285.- En ejercicio de sus potestades sanciona-torias desconcentradas, la Dirección de Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá aplicar a los infractores de las normas legales y reglamentarias que regulan el sector agropecuario, agroindustrial, la pesca y los recursos naturales renovables, las sanciones siguientes:

1) cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturaleza y éstas sean calificadas como leves, deberá preceptivamente aplicarse la sanción de apercibimiento, sin perjuicio de los decomisos que correspondan;

2) en aquellos casos en que, de conformidad con las normas en vigencia corresponda sancionar con multa a los infractores, la misma será fijada entre 10 UR (unidades reajustables diez) y 2000 UR (unidades reajustables dos mil) excepto en los casos de normas que regulan la actividad pesquera, en cuyo caso el monto máximo será de 5000 UR (unidades reajustables cinco mil);

3) cuando corresponda el decomiso de los productos en infracción podrá decretarse, asimismo, el comiso secundario sobre vehículos, embarcaciones, aeronaves, armas, artes de pesca y demás instrumentos directamente vinculados a la comisión de la infracción o al tránsito de los productos, pudiendo, en caso de infracciones graves, considerarse irrelevante la propiedad de los mismos;

En los casos en que por distintas razones la mercadería decomisada deba ser destruida, los gastos en que incurra la Administración serán de cargo del infractor, constituyendo la cuenta de los mismos, título ejecutivo.

Cuando los decomisos efectivos resulten imposibles, procederá el decomiso ficto al valor corriente en plaza al momento de constatarse la infracción.

Cuando se decomisen animales silvestres vivos deberá procederse a su suelta donde los servicios técnicos lo indiquen, sin perjuicio de su entrega a reservas de fauna o zoológicos, su reintegro al país de origen a costa del infractor o su sacrificio por razones sanitarias, según corresponda.

El importe de las multas, de los decomisos fictos y del producido de la venta de los decomisos efectivos constituirán recursos de libre disponibilidad de las unidades ejecutoras de la Secretaría de Estado.

Hasta el 50% (cincuenta por ciento) de los mismos podrá ser distribuido entre los funcionarios actuantes en la constatación de la infracción, con excepción de aquellos que cumplan funciones de dirección de unidades ejecutoras o divisiones, en la forma, monto y condiciones que determine la reglamentación.

Deróganse todas las normas legales y reglamentarias que establezcan una distribución distinta del producto de las sanciones.

4) en caso de infracciones calificadas de graves y cuya comisión sea susceptible de causar daño a la salud humana, animal o vegetal, o al medio ambiente, los infractores podrán ser sancionados en forma acumulativa a las multas y decomisos que en cada caso correspondan, con:

A) suspensión por hasta ciento ochenta días de los registros administrados por las distintas dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca;

B) suspensión por hasta ciento ochenta días de habilitaciones, permisos o autorizaciones para el ejercicio de la actividad respectiva;

C) clausura por hasta ciento ochenta días del establecimiento industrial o comercial directamente vinculado a la comisión de la infracción. La interposición de recursos administrativos y la deducción de la pretensión anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá efecto suspensivo de esta medida;

D) publicación de la resolución sancionatoria en dos diarios de circulación nacional a elección de la Administración, a costa del infractor.

Para determinar la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor, deberá recabarse el asesoramiento de los servicios técnicos de las dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en las que se originen las respectivas actuaciones administrativas.

Las sanciones determinadas en el presente artículo, podrán ser aplicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura en el marco de sus competencias de control de la actividad vitivinícola.Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

ACTA Nº 14

En Montevideo, a los seis días del mes de octubre del año dos mil cinco, a la hora diez y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, la señora Senadora Lucía Topolansky y los señores Senadores Daniel Camy, Francisco Gallinal, Gustavo Lapaz, Eduardo Lorier, Jorge Saravia y Albérico Segovia.

Concurre el señor Senador Ricardo Alcorta.

Preside su titular, el señor Senador Francisco Gallinal.

Actúa en Secretaría la Secretaria de la Comisión señora Lidia El Helou con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

Concurren, por haber solicitado audiencia, en representación de la Confederación Granjera del Uruguay, el señor Remo di Leonardi; por la Cámara de Exportadores Citrícolas, el asesor jurídico doctor Juan Andrés Ramírez, el ingeniero agrónomo Gonzalo Arocena y los señores Pierre Darricarrere, Bolívar Conti y Gabriel Calabuig y, en representación de los Productores Citrícolas Unidos del Litoral Norte y de la Mesa Hortícola de Salto, la doctora Luz Marina Favier, la contadora Anabella Bozo, el contador Obdulio Rubido, la señora Graciela Gabrielli y el señor Ruben Gabrielli.

Abierto el acto, se procede a la toma de la versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 484/2005 que integra este documento.

La delegación visitante expone sobre la resolución del Banco de Previsión Social por la que se cambia el régimen de aportación de los packings.

A la hora doce y doce minutos se retiran de Sala y se pasa a considerar el Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que crea el Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio. (Carpeta Nº 301/2005, Distribuido Nº 365/2005).

La Comisión aprueba un proyecto de ley sustitutivo, por 6 votos en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. 

Se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia (informe verbal).

Inmediatamente, se pone a consideración el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se declara a Villa Cardal, ubicada en la octava sección judicial del departamento de Florida, capital de la Cuenca Lechera. (Carpeta Nº 339/2005, Distribuido Nº 471/2005).

El mismo se aprueba por 6 votos en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Lorier (Informe verbal).

Por último la Comisión resuelve:

1. Remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca y solicitarles que envíen un representante para la sesión del próximo jueves trece, a fin de conocer su opinión sobre lo expuesto por la delegación recibida y convocar, a los mismos efectos, al Directorio del Banco de Previsión Social.

2. Cursar invitación al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en forma conjunta con el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, para la sesión del jueves veinte de octubre, a fin de abordar el tema relacionado con el combustible agrícola.

A la hora doce y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la Secretaria de la Comisión.

Francisco Gallinal Presidente

Lidia El Helou Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca prácticamente por unanimidad, con una salvedad del señor Senador Lapaz al artículo 6º de este proyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio, aprobó el proyecto de ley.

La creación del Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios tiene como objetivo principal la instrumentación de un sistema de registro, capacitación y especialización de profesionales veterinarios de libre ejercicio que desempeñen actividades sanitarias, profesionales y técnicas de apoyo, con el objetivo de garantizar y mejorar la calidad de las actividades sanitarias y facilitar el control de las mismas.

Si bien los Servicios Veterinarios han integrado a los profesionales veterinarios de libre ejercicio en las actividades de certificación sanitaria y su actuación es regulada por las distintas normas legales y reglamentarias específicas, no cuentan con un marco jurídico general e integral, siendo que el sector privado participa activamente en las campañas sanitarias dispuestas por el Servicio Oficial.

Se deben tener en cuenta las observaciones y sugerencias de las Misiones Internacionales que han visitado nuestro país con el objetivo de evaluar la situación sanitaria en relación con la fiebre aftosa, respecto de la ausencia de dicho sistema de control de las certificaciones sanitarias de productos de origen animal de exportación.

A grandes rasgos, el contenido del proyecto de ley es el siguiente.

El artículo 1º le comete a la Dirección General de los Servicios Ganaderos crear el Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio y destaca que servirá de apoyo a las actividades profesionales y técnicas que lo requieran, de conformidad con lo establecido por esta ley.

El artículo 2º establece los cometidos del Sistema: a) llevar registros de veterinarios acreditados por rama de actividad que cumplan con los requisitos exigidos para su acreditación; b) estimular el esfuerzo conjunto del sector público y privado en materia sanitaria; c) instrumentar un sistema de registro, especialización y capacitación; y d) realizar relevamientos de las exigencias de los mercados internacionales en relación con el estatus zoosanitario para poder cumplir con la capacitación.

El artículo 3º describe los requisitos que deben cumplir los interesados en acceder a este Sistema.

El artículo 4º establece las obligaciones del profesional acreditado de acuerdo a normas sanitarias legales y reglamentarias.

El artículo 5º establece el régimen de sanciones y responsabilidades para determinadas conductas e infracciones graves.

Y, por último, el artículo 6º se refiere a la prohibición del ejercicio de las actividades vinculadas a las funciones asignadas en empresas o explotaciones con las que tengan algún tipo de vínculo, ya sea titularidad, copropiedad, parentesco, asociación o administración. No podrán acreditarse los funcionarios de la Dirección General de los Servicios Ganaderos.

Por todo esto, la Comisión recomienda al Cuerpo que apruebe este proyecto de ley.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: en la Comisión habíamos expresado que nos parecía que correspondía que en el artículo 6º los profesionales que están trabajando en forma directa con las distintas empresas, por ese enlace comercial, profesional o de tareas que tienen, no deberían participar, por razones obvias, del Registro para trabajar con la empresa en cuestión, es decir, con la que están trabajando directamente.

Simplemente quería dejar constancia de esta salvedad que, en definitiva, la Comisión compartía en su espíritu. No obstante ello, resolvimos aprobar en general este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: creo que se han planteado algunas salvedades y, en lo que me es personal, tengo una pregunta para efectuar porque me parece que la extensión de la incompatibilidad del artículo es de una profundidad casi ilimitada y, más allá de que pueda ser atendible, la excesiva regulación termina facilitando la evasión.

Concretamente, mi pregunta refiere a la incompatibilidad con quienes mantengan con los titulares de las empresas en cuestión una relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. ¿Qué alcance tiene este tipo de incompatibilidad? Digo esto porque, a este nivel de relación de familia, parecería que no están permitidas las vinculaciones familiares sanguíneas o por afinidad.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- El informe se refiere a la consanguinidad en los veterinarios que trabajan y son propietarios en los establecimientos rurales.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Entiendo lo que dice el señor Senador Saravia, pero me parece que es importante saber hasta dónde llega este grado de incompatibilidad, es decir, qué alcance tiene el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esto es para ver si, realmente, las incompatibilidades no son de tal naturaleza que el ejercicio libre de la profesión de veterinario vinculado con este Registro termine siendo de una limitación casi exagerada.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- En este caso, el grado de consanguinidad sería del cuarto grado directo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º.

(Se vota:)

- 18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

9) TURISMO SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al décimo punto del Orden del Día que, por moción del señor Senador Michelini, pasa a considerarse en segundo lugar: "Proyecto de ley por el que se crean disposiciones para reglamentar el turismo social. (Carp. Nº 271/05 - Rep. Nº 181/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 271/05

Rep. Nº 181/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- El Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales podrán otorgar, por un plazo de diez años prorrogables como máximo por otros diez, concesiones de uso gratuito de inmuebles de su propiedad que no estén afectados al cumplimiento de sus cometidos, para la operación de establecimientos o instalaciones turísticas.

Artículo 2º.- Las concesiones de uso gratuito a que se refiere el artículo anterior sólo podrán ser otorgadas a organizaciones gremiales, con personalidad jurídica, así como a asociaciones civiles de jubilados y pensionistas u otras instituciones sin fines de lucro, que persigan fines sociales.

Artículo 3º.- Cométese al Ministerio de Turismo y Deporte el relevamiento de todos los bienes inmuebles, propiedad de las personas jurídicas públicas mencionadas en el artículo 1º que, por su ubicación y características, pudieran ser aplicadas a los fines de fomento del turismo social.

Artículo 4º.- El Ministerio de Turismo y Deporte, una vez completado el relevamiento previsto en el artículo anterior, formulará un llamado público a las entidades mencionadas en el artículo 2º, pondrá a su disposición los resultados de dicho relevamiento y abrirá un registro de aquellas interesadas en operar establecimientos o instalaciones turísticas en las condiciones previstas por esta ley.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará las condiciones que deberán reunir las entidades beneficiarias, así como las exigencias en cuanto a inversiones a realizar, garantías adecuadas de ejecución de las obras proyectadas y plazos acordados, condiciones de operación y mantenimiento de las instalaciones, plazo, régimen de contralor y caducidad de las concesiones otorgadas, en caso de que el uso no se ajuste a lo convenido, buscando en todos los casos garantizar, en la medida más amplia posible, los objetivos de fomento turístico y de bienestar social.

Artículo 6º.- Para el caso en que exista más de un interesado para la explotación de un inmueble, la selección del mismo resultará de un procedimiento competitivo, regido bajo los principios de contratación previstos en el Texto Ordenado de Contabilidad de Administración Financiera (TOCAF 1996). La competencia podrá realizarse considerando únicamente las obras a realizar y las garantías otorgadas.

Artículo 7º.- La reglamentación deberá prever mecanismos para el contralor y la caducidad de las concesiones en caso de que el uso no se ajuste a lo convenido o se haya desnaturalizado.

Artículo 8º.- El proceso para recuperar el inmueble será el previsto en el artículo 364 del Código General del Proceso, el cual se promoverá contra la institución beneficiaria, estableciéndose que en ocasión de solicitarse el desapoderamiento de la finca en el marco de dicho proceso, la medida comprenderá a todas las personas que se encuentren ocupando la misma cuando esta se efectivice por parte del Juzgado competente.

Artículo 9º.- Todos los gastos que genere el inmueble, incluyendo los impuestos municipales y nacionales, serán de cargo exclusivo del concesionario desde la fecha de la toma de posesión del inmueble por parte de éste. La reglamentación preverá la forma de establecer las garantías adecuadas para el cumplimiento de este requisito.

Artículo 10.- Las concesiones a que se refiere esta ley podrán otorgarse asimismo a favor de organizaciones sociales o gremiales o asociaciones civiles de jubilados y pensionistas de países integrantes del MERCOSUR. La reglamentación preverá la posibilidad de exigir, en tales casos, garantías adecuadas.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo acordará con los Gobiernos Departamentales su participación en el desarrollo de actividades de turismo social, en las condiciones previstas en la presente ley.

Sala de la Comisión, a 16 de diciembre de 2005.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Isaac Alfie, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Arturo Heber, Carlos Gamou, Ruperto Long. Senadores.

TURISMO SOCIAL

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales podrán otorgar concesiones de uso gratuito de inmuebles de su propiedad que no estén afectados al cumplimiento de sus cometidos, para la operación de establecimientos o instalaciones turísticas.

Artículo 2º.- Las concesiones de uso gratuito a que se refiere el artículo anterior sólo podrán ser otorgadas a organizaciones gremiales, con personalidad jurídica, así como a asociaciones civiles de jubilados y pensionistas.

Artículo 3º.- Cométese al Ministerio de Turismo y Deporte el relevamiento de todos los bienes inmuebles, propiedad de las personas jurídicas públicas mencionadas en el artículo 1º que, por su ubicación y características, pudieran ser aplicadas a los fines de fomento del turismo social.

Artículo 4º.- El Ministerio de Turismo y Deporte, una vez completado el relevamiento previsto en el artículo anterior, formulará un llamado público a las entidades mencionadas en el artículo 2º, pondrá a su disposición los resultados de dicho relevamiento y abrirá un registro de aquellas interesadas en operar establecimientos o instalaciones turísticas en las condiciones previstas por esta ley.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará las condiciones que deberán reunir las entidades beneficiarias, así como las exigencias en cuanto a inversiones a realizar, condiciones de operación y mantenimiento de las instalaciones, plazo, régimen de contralor y caducidad de las concesiones otorgadas, buscando en todos los casos garantizar en la medida más amplia posible los objetivos de fomento turístico y bienestar social.

Artículo 6º.- La reglamentación preverá, asimismo, el orden de adjudicación y los criterios objetivos a aplicar para realizarla, en caso de existir varias entidades interesadas en un mismo inmueble. En todos los casos se otorgará prioridad a aquellos proyectos susceptibles de alcanzar un mayor impacto en cuanto al desarrollo regional.

Artículo 7º.- Las concesiones a que se refiere esta ley podrán otorgarse asimismo a favor de organizaciones sociales o gremiales o asociaciones civiles de jubilados y pensionistas de países integrantes del MERCOSUR. La reglamentación preverá la posibilidad de exigir, en tales casos, garantías adecuadas.

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo acordará con los Gobiernos Departamentales su participación en el desarrollo de actividades de turismo social, en las condiciones previstas en la presente ley.

Cr. Ricardo Alcorta. Senador.

TURISMO SOCIAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

No resulta necesario extenderse sobre la importancia de la industria turística, tanto desde el punto de vista económico como social, en la medida en que supone una importante fuente de creación de empleos.

Nuestro país ha obtenido importantes logros en este campo, al tiempo que se ha implementado una política de fomento de inversiones relacionadas con esta industria.

Existe no obstante un sector todavía poco desarrollado y que ha alcanzado en otros países una importancia significativa. Se trata del turismo social, es decir el organizado por entidades de naturaleza gremial o que tiene por objetivo beneficiar a colectivos de trabajadores o pasivos, permitiéndoles un mejor disfrute de sus vacaciones. Al mismo tiempo, este tipo de programas al desarrollar el turismo interno contribuye a desestacionalizar la actividad, objetivo de importancia para el desarrollo de la industria.

El proyecto se propone abrir nuevas posibilidades a una actividad todavía incipiente en nuestro país. Con ese fin se habilitaría a las entidades estatales a conceder el uso gratuito de inmuebles de su propiedad que, no estando directamente afectados al cumplimiento de sus cometidos, pudieran tener utilidad turística.

Dichas concesiones de uso gratuito podrían beneficiar a entidades gremiales o asociaciones civiles de jubilados y pensionistas, interesadas en operar instalaciones turísticas, tales como zonas de camping, alojamientos, campos deportivos, etc.

El Ministerio de Turismo y Deporte sería el órgano encargado de evaluar y articular la información recogida de las entidades estatales, formular los llamados y realizar las adjudicaciones pertinentes.

Se prevé la posibilidad de que, no existiendo en el país entidades gremiales interesadas o en condiciones de utilizar algún inmueble disponible y de eventual interés turístico, el mismo pueda ser concedido a entidades de similar naturaleza, de países integrantes del MERCOSUR. Implementada con las consiguientes garantías, esta posibilidad podría resultar altamente beneficiosa, canalizando una corriente turística proveniente del exterior y hasta ahora al margen de los circuitos habituales.

Por último, se prevé que los Gobiernos Departamentales podrán participar en las actividades previstas por el proyecto, de estar interesados y acordar lo necesario para ello.

Cr. Ricardo Alcorta. Senador.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

ACTA Nº 16

En Montevideo, el día catorce de diciembre de dos mil cinco a la hora once y once minutos, se reúne la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Isaac Alfie, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Carlos Gamou, Arturo Heber, Ruperto Long y Rafael Michelini.

Preside el señor Senador Rafael Michelini, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Raquel Suárez Coll, Secretaria de la Comisión, y el señor César González.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en los Distribuidos Nos. 649 y 650/2005, que forman parte de la presente acta.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1) Carpeta Nº 185/2005. CONSORCIOS DE EXPORTACION. Se dictan normas para su constitución y funcionamiento. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Ruperto Long. Distribuido Nº 182/2005.

El señor Senador Ruperto Long presenta un nuevo texto sustitutivo, que de inmediato se pasa a considerar.

Se votan en bloque los dieciocho artículos del proyecto: siete votos en siete señores Senadores presentes. Afirmativa. Unanimidad.

El texto del proyecto de ley aprobado tiene la redacción que a continuación se transcribe:

Se designa Miembro Informante al señor Senador Ruperto Long, quien lo hará por escrito.

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO.

Artículo 1º. (Concepto).- Se denominará "Consorcio de Exportación" a los grupos de interés económico cuyo objeto principal o exclusivo sea el de facilitar, promover, preparar, celebrar, ejecutar o tramitar la exportación de los bienes o servicios producidos por sus integrantes. Todos los miembros del consorcio deberán ser titulares de empresa en actividad.

Artículo 2º. (Denominación).- La denominación de los consorcios deberá contener el agregado "Consorcio de Exportación" o su sigla ("CE").

Artículo 3º. (Capital).- Los consorcios de exportación tendrán un capital mínimo igual al establecido para las sociedades de responsabilidad limitada, que se integrará de la misma forma que el de dicho tipo de sociedades.

Artículo 4º. (Participaciones de los miembros).- La participación de cada integrante del consorcio no podrá exceder del doble ni ser inferior a la mitad de la que hubiere correspondido si todos sus miembros tuvieren igual participación. Los integrantes del consorcio que formen parte de un mismo grupo económico se tomarán como una unidad a los efectos de la aplicación de este artículo. La determinación del alcance del concepto de grupo económico a los efectos indicados resultará de la reglamentación.

Artículo 5º. (Resoluciones sociales. Mayorías).- Salvo que en el contrato constitutivo se establezca otra cosa, la asamblea de los miembros del consorcio adoptará sus resoluciones por mayoría, entendiéndose por tal la mayoría absoluta del capital. Si el consorcio tiene sólo dos miembros, las resoluciones se adoptarán por unanimidad. La modificación del contrato constitutivo y la disolución anticipada del Consorcio requerirán, salvo disposición contractual en contrario, el consentimiento de al menos dos tercios del capital.

Los derechos de las minorías serán los mismos establecidos en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) y sus modificativas.

Artículo 6º. (Responsabilidad).- Los miembros de los consorcios de exportación no responderán por las obligaciones contraídas por éstos. 

Artículo 7º. (Modalidades de actuación).- En sus relaciones externas, los consorcios de exportación podrán actuar como intermediarios comerciales por cuenta propia, como mediadores entre sus integrantes y los terceros que con ellos contraten, como mandatarios, comisionistas o consignatarios de sus miembros o bajo cualquier otra modalidad establecida en el contrato constitutivo o dispuesta por la asamblea del consorcio. 

La asamblea podrá asimismo autorizar que hasta un 30% (treinta por ciento) de los bienes en cuya compra o venta a terceros participe anualmente el consorcio, no se destinen a miembros del mismo ni hayan sido producidos por ellos.

Artículo 8º. (Representación).- En sus relaciones con terceros, los administradores del consorcio lo obligarán por todo acto comprendido en su objeto o conexo con el mismo.

Artículo 9º. (Financiamiento del Consorcio).- El consorcio de exportación se financiará en la forma establecida en el contrato constitutivo o, en su defecto, como lo determine la asamblea. 

Artículo 10. (Apoyo institucional).- El Poder Ejecutivo promoverá la constitución y desarrollo de los consorcios de exportación y adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en las materias relacionadas con el objeto de dichos consorcios, presten a éstos la máxima colaboración y las mayores facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas y las comunicará a la Asamblea General. 

Artículo 11. (Autoridad de aplicación).- La supervisión y control de los consorcios de exportación estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el que llevará un Registro de los mismos. 

Artículo 12. (Neutralidad fiscal).- Los consorcios de exportación se regirán por el principio de neutralidad fiscal. En consecuencia, las rentas que accidentalmente obtengan y el patrimonio de que sean titulares se imputarán a sus miembros, a los efectos tributarios, en proporción a su participación en el consorcio. Al reglamentar las disposiciones contenidas en la presente ley, el Poder Ejecutivo cuidará que de la existencia y funcionamiento de los consorcios de exportación no derive para ellos ni para sus miembros la pérdida de beneficios o un costo tributario superior al que se generaría si las operaciones canalizadas a través de los consorcios hubieran sido llevadas a cabo directamente por sus miembros. A tales efectos, podrá asimilar a exportaciones las ventas que realicen dichos miembros y los terceros que participen en las condiciones del inciso segundo del artículo 7º de la presente ley, a los consorcios de exportación de los que forman parte, para la posterior reventa de los bienes adquiridos por éstos en el exterior del país. 

Artículo 13. (Impuesto a las Comisiones).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Comisiones a las comisiones y otras retribuciones percibidas por los consorcios de exportación en cumplimiento de su objeto.

Artículo 14. (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a la enajenación de bienes inmuebles y de los derechos de usufructo efectuada por los miembros de los consorcios de exportación a favor de éste para el cumplimiento de sus cometidos, así como las que realicen dichos consorcios, en el marco del proceso de su liquidación, a favor de sus miembros. 

Artículo 15. (Aportes patronales a la previsión social).- El Poder Ejecutivo podrá eximir a los consorcios de exportación del pago de los aportes patronales a la seguridad social correspondientes a un número máximo de cinco empleados por consorcio, por hasta un sueldo mensual equivalente a 20 BPC (veinte Bases de Prestaciones y Contribuciones) por cada empleado.

Artículo 16. (Concesión y pérdida de beneficios).- A los efectos de que se les concedan los beneficios previstos en los artículos anteriores, los consorcios de exportación deberán acreditar. 

a) haberse inscripto en el Registro previsto en el artículo 11 de la presente ley; 

b) que la mayoría de sus miembros que representen al menos un 50% (cincuenta por ciento) del capital del consorcio, son titulares de pequeñas o medianas empresas (PYMES), definidas de acuerdo con los criterios que a tales efectos determine el Poder Ejecutivo.

Dichos beneficios cesarán:

a) en el caso de que los consorcios de exportación realicen actividades ajenas a su objeto o incumplan cualquiera de las disposiciones de la presente ley;

b) en el caso de que no acrediten dentro del plazo de 24 (veinticuatro) meses contado a partir del momento de su registro (artículo 11 de la presente ley), que por su intermedio o en virtud de su participación se realizaron exportación por un mínimo de U$S 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América).

Artículo 17. (Conservación de ventajas financieras y tributarias).- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que la participación de los consorcios de exportación en operaciones de comercio exterior no represente para éstos ni para sus miembros la pérdida total o parcial de las ventajas derivadas de la aplicación del régimen general vigente para la prefinanciación de exportaciones.

Artículo 18. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de su promulgación".

2) Carpeta Nº 271/2005. TURISMO SOCIAL. Se establecen normas para su reglamentación. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Ricardo Alcorta. Distribuido Nº 320/2005.

Se realiza un intercambio de ideas sobre varios artículos del proyecto.

La Comisión encomienda al señor Senador Alfie la redacción de dos artículos aditivos.

Luego de un cuarto intermedio se pasa a votar el articulado:

Artículo 1º.- Se vota: siete votos en siete señores Senadores presentes. Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

Artículo 2º.- Se vota: siete en siete. Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

Artículo 3º.- Se vota: siete en siete. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 4º.- Se vota: siete en siete. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 5º.- Se vota: siete en siete: Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

Artículo 5/1 ADITIVO.- Se vota: siete en siete: Unanimidad.

Artículo 6º.- Se vota: siete en siete. Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

Artículo 6/1 ADITIVO.- Se vota: siete en siete. Unanimidad.

Artículo 6/2 ADITIVO.- Se vota: siete en siete. Unanimidad.

Artículo 7º.- Se vota: siete en siete. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 8º.- Se vota: siete en siete. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini (informe verbal).

El proyecto de ley aprobado tiene la redacción que a continuación se transcribe:

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- El Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales podrán otorgar, por un plazo de diez años prorrogables como máximo por otros diez, concesiones de uso gratuito de inmuebles de su propiedad que no estén afectados al cumplimiento de sus cometidos, para la operación de establecimientos o instalaciones turísticas.

Artículo 2º.- Las concesiones de uso gratuito a que se refiere el artículo anterior sólo podrán ser otorgadas a organizaciones gremiales, con personalidad jurídica, así como a asociaciones civiles de jubilados y pensionistas u otras instituciones sin fines de lucro, que persigan fines sociales.

Artículo 3º.- Cométese al Ministerio de Turismo y Deporte el relevamiento de todos los bienes inmuebles, propiedad de las personas jurídicas públicas mencionadas en el ar-tículo 1º que, por su ubicación y características, pudieran ser aplicadas a los fines de fomento del turismo social.

Artículo 4º.- El Ministerio de Turismo y Deporte, una vez completado el relevamiento previsto en el artículo anterior, formulará un llamado público a las entidades mencionadas en el artículo 2º, pondrá a su disposición los resultados de dicho relevamiento y abrirá un registro de aquellas interesadas en operar establecimientos o instalaciones turísticas en las condiciones previstas por esta ley.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará las condiciones que deberán reunir las entidades beneficiarias, así como las exigencias en cuanto a inversiones a realizar, garantías adecuadas de ejecución de las obras proyectadas y plazos acordados, condiciones de operación y mantenimiento de las instalaciones, plazo, régimen de contralor y caducidad de las concesiones otorgadas, en caso de que el uso no se ajuste a la convenido, buscando en todos los casos garantizar, en la medida más amplia posible, los objetivos de fomento turístico y de bienestar social.

Artículo 5/1.- Para el caso en que exista más de un interesado para la explotación de un inmueble, la selección del mismo resultará de un procedimiento competitivo, regido bajo los principios de contratación previstos en el Texto Ordenado de Contabilidad de Administración Financiera (TOCAF 1996). La competencia podrá realizarse considerando únicamente las obras a realizar y las garantías otorgadas.

Artículo 6º.- La reglamentación deberá prever mecanismos para el contralor y la caducidad de las concesiones en caso de que el uso no se ajuste a lo convenido o se haya desnaturalizado.

Artículo 6/1.- El proceso para recuperar el inmueble será el previsto en el artículo 364 del Código General del Proceso, el cual se promoverá contra la institución beneficiaria, estableciéndose que en ocasión de solicitarse el desapoderamiento de la finca en el marco de dicho proceso, la medida comprenderá a todas las personas que se encuentren ocupando la misma cuando esta se efectivice por parte del Juzgado competente.

Artículo 6/2.- Todos los gastos que genere el inmueble, incluyendo los impuestos municipales y nacionales, serán de cargo exclusivo del concesionario desde la fecha de la toma de posesión del inmueble por parte de éste. La reglamentación preverá la forma de establecer las garantías adecuadas para el cumplimiento de este requisito.

Artículo 7º.- Las concesiones a que se refiere esta ley podrán otorgarse asimismo a favor de organizaciones sociales o gremiales o asociaciones civiles de jubilados y pensionistas de países integrantes del MERCOSUR. La reglamentación preverá la posibilidad de exigir, en tales casos, garantías adecuadas.

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo acordará con los Gobiernos Departamentales su participación en el desarrollo de actividades de turismo social, en las condiciones previstas en la presente ley".

A la hora doce y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Rafael Michelini Presidente

Raquel Suárez Coll Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: este proyecto de ley referido al turismo social, presentado en su oportunidad por el señor Senador Alcorta, fue considerado en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, tal cual su nombre actual, ya que fue cambiado hace muy poco. Esta iniciativa contó, sobre todo, con el trabajo del señor Senador Alfie y se le introdujeron algunas modificaciones que permitieron, en su oportunidad, mejorar el proyecto.

Esto tiene por objeto, señor Presidente, que el Estado uruguayo haga un relevamiento de todos los terrenos o propiedades que tengan algún valor turístico -seguramente se considerarán los que estén cerca de arroyos o de lugares de agua- con el fin de darlos en concesión de uso gratuito, por ejemplo, a entidades gremiales, de jubilados o pensionistas, o a instituciones sin fines de lucro que persigan fines sociales.

El objeto de esta iniciativa es estimular el turismo. A esos efectos se va a hacer un relevamiento de tierras que hoy no tienen ningún valor para el Estado -sean de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, el propio Poder Ejecutivo o la Administración Central-, y esta tarea se comete al Ministerio de Turismo y Deporte. Esto va a permitir unir a aquellos que hacen turismo social durante todo el año con propiedades o tierras para, de alguna forma, utilizarlas con ese cometido.

Cabe aclarar que la finalidad no es sólo la estimulación del turismo interno, en la medida en que permite que entidades extranjeras también puedan instalarse llegado el caso, así como también el aprovechamiento de esas tierras con el fin de llevar a cabo esas actividades. No es turismo solamente el que se desarrolla en el área del Río de la Plata o en las termas, sino también lo es el que se realiza en todo el país. Hay infinidad de lugares turísticos en los que hay tierras o propiedades del Estado -en ese sentido, estoy pensando en UTE, AFE, ANTEL y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- y hoy, haciendo un gran esfuerzo, se puede realizar un relevamiento con esa finalidad.

En la Comisión se escucharon los aportes que se hicieron para saber si hay más de un interesado en esas propiedades y, en ese caso, cómo se dirime esa situación y qué se hace si a quienes se les otorga la concesión incumplen. También se tuvo en cuenta que se debe salvaguardar al Estado para que los costos del mantenimiento de ese inmueble o de esa propiedad que se da en concesión no recaigan sobre él, de tal manera que el objeto del proyecto de ley no se vuelva luego un costo para el conjunto de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados o de la Administración Central cuando otorguen en concesión dichos inmuebles.

Se podrá preguntar si el proyecto de ley logrará el objeto. No lo sé, pero si de aquí a algunos años se tuviera algunos terrenos o propiedades donde se hayan instalado cabañas -por ejemplo cien- por parte de entidades sociales, gremiales, colegios profesionales, jubilados, pensionistas u otras instituciones sin fines de lucro, que efectivicen el turismo en esa zona durante todo el año, ya sería todo un logro teniendo en cuenta que hoy no tienen utilidad alguna.

A esos efectos, pedimos la aprobación del proyecto de ley a que hacemos referencia.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: deseo consultar al señor Miembro Informante sobre la participación de los Gobiernos Departamentales y sus autonomías, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 1º y, luego, lo que se comete al Ministerio de Turismo y Deporte en los llamados públicos que habrá de realizar, en donde el Poder Ejecutivo determinará las condiciones que deben reunir las entidades para entregar los predios por más de diez años. No obstante ello, en el artículo 11 se dice que el Poder Ejecutivo acordará con los Gobiernos Departamentales su participación en el desarrollo de actividades de turismo social en las condiciones previstas en la presente ley.

Nos parece que en la redacción del artículo 11 no se comprende la autonomía de los Gobiernos Departamentales, por lo que entiendo que debería haber quedado más clara. Además, pienso que no sólo se debe acordar, por parte del Poder Ejecutivo con los Gobiernos Departamentales, la participación en el desarrollo, sino también hacer lo propio si está de acuerdo en realizar el llamado público. Quien lo debe hacer es, a nuestro entender, el Gobierno departamental y no el Poder Ejecutivo, si es el propietario del bien.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: como se puede leer en el artículo 1º, se trata de una potestad. No queremos dejar a los Gobiernos Departamentales afuera; éstos pueden decir que no participan, o bien hacer el llamado público de acuerdo con las determinaciones que la ley actual establece, a través de la Junta Departamental respectiva. Queremos que el Ministerio de Turismo y Deporte haga un llamado público, al que se presenten organizaciones sociales de todo tipo y que se tenga un relevamiento de todos los terrenos que se pueden destinar a esos fines. Esto es como un casamiento entre los que quieren tener la oportunidad de llevar a cabo un emprendimiento turístico social y los que tienen los terrenos pero no encuentran quién se interese en ellos.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Es más; puede ocurrir que los Gobiernos Departamentales que no hayan incluido sus terrenos con cierto valor turístico se encuentran con que no hay interesados. Por ejemplo, Treinta y Tres -estoy hablando de la Intendencia de ese departamento- puede tener algunos terrenos sobre la laguna Merín y puede haber interesados, pero puede suceder que éstos nunca se enteren de su existencia. Naturalmente, las disposiciones, las formas y todo lo demás lo determinará el Gobierno Departamental por sí mismo o en acuerdo con el Poder Ejecutivo.

Me pide una interrupción el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda al señor Senador Michelini que está haciendo uso de la palabra por la vía de una aclaración. El señor Senador Korzeniak está anotado para hablar inmediatamente después del señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Termino mi aclaración diciendo que no queremos excluirlos; en todo caso se puede eliminar la referencia en este artículo, pero sería un pecado que en un instrumento como este, en definitiva, dejáramos afuera a los Gobiernos Departamentales. Insisto en que éstos pueden decir que no participan, pero si quieren hacerlo, que ello esté avalado por la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz Correa.

SEÑOR LAPAZ.- Creo que en función de su autonomía, los Gobiernos Departamentales pueden por sí realizar el llamado y no se les debe marcar a través de una ley el plazo correspondiente para hacerlo, ni siquiera como una sugerencia. Digo esto porque el término "podrá" es muy amplio pero, en definitiva, me parece que dado que existe autonomía de los Gobiernos Departamentales, sería una injerencia que estaríamos cometiendo en ese sentido y ello no corresponde.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LAPAZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no integré el proceso de elaboración de este proyecto de ley, pero creo que el que se envía al Senado cubre adecuadamente lo vinculado a la autonomía de los Gobiernos Departamentales, con la posibilidad de que la ley se remita a un eventual acuerdo que se realice entre las dos partes, o sea, entre el Poder Ejecutivo y un Gobierno Departamental. ¿De dónde extraigo esto? Lo deduzco del proceso que ha tenido esta iniciativa.

En el artículo 1º del proyecto de ley original se decía que el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales podrán otorgar concesiones. Mientras tanto, en el proyecto de ley sustitutivo se eliminó a los Gobiernos Departamentales para respetar su autonomía. Quiere decir que en el artículo 1º no están incluidos los Gobiernos Departamentales, aunque sí lo estaban en el proyecto original. Si se mantiene la inclusión es porque la ley no establece una orden para que los Gobiernos Departamentales lo lleven a cabo, sino que señala que se podrá hacer.

Por lo tanto, creo que el artículo 11 quiere conceder por ley una potestad que ya tienen los Gobiernos Departamentales, que es hacer acuerdos con el Poder Ejecutivo, en función de la reforma del artículo 262 de la Constitución de la República. Me parece que se cubren adecuadamente las independencias y autonomías de los Gobiernos Departamentales con la posibilidad de cierta coordinación que, desde luego, debe ser consentida por todos.

Esta es la idea que quería agregar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz Correa.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LAPAZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Me surgía la duda cuando el señor Senador Korzeniak estaba hablando, porque parecería haber una cierta contradicción en la facultad prevista en el artículo 1º, en el que parece que "per se" le da la facultad a los Gobiernos Departamentales, a los Entes Autónomos, a los Servicios Descentralizados y al Estado, que pueden otorgar comodatos de uso gratuito. En ese sentido, parece ser muy claro el artículo. Parcialmente, por lo menos, podrían hacer la aplicación de la ley por la referencia al artículo 1º, donde se otorga el comodato en uso gratuito en forma directa, no condicionado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Parecería haber una cierta contradicción porque luego dice que hay que acordar la participación en el desarrollo de actividades de turismo social.

Entonces, en un artículo lo faculta para hacerlo, pero creo que quizás ya tiene dicha facultad sin necesidad de la ley, como me señala el señor Senador Korzeniak.

Después, se enlaza esto con el artículo 11. Advierto que es facultativo y no hay ninguna duda de que los Gobiernos Departamentales pueden hacerlo, pero habría que ver si es conveniente hacer un acuerdo después, aunque no es porque esté mal. De todas formas, habría una pequeña contradicción entre los dos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz Correa.

SEÑORA PERCOVICH.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LAPAZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Simplemente, quiero complementar lo que señalaba el señor Senador Korzeniak.

Me parece que este es un típico tema de lo que establece la nueva Constitución para la Comisión de Descentralización y la discusión sobre proyectos de desarrollo entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales. El turismo es un clásico tema de desarrollo de una comunidad en el que no puede estar ausente el Gobierno Departamental donde está asentado el proyecto. Me parece que, justamente, no se está violando la iniciativa autónoma que el Gobierno Departamental tenga al respecto, sino que resulta bien interesante que el Poder Ejecutivo tenga una iniciativa de apoyo a esos proyectos y que refuerce el papel de coordinación -sin establecerlo claramente en el artículo 11- de la Comisión de Descentralización, donde tienen que discutirse los proyectos de desarrollo que establece la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz Correa.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LAPAZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el Miembro Informante.

SEÑOR MICHELINI.- Además, se está viendo el tema desde la perspectiva de los terrenos, propiedades o predios de los Gobiernos Departamentales, pero también hay que analizar el artículo 11 teniendo en cuenta que pueden ser propietarios de los terrenos o predios los Entes Autónomos o Ministerios y, en ese caso, el Gobierno Departamental no tendría nada que hacer. Por lo tanto, lo que estamos intentando hacer aquí es coordinar la manera de llevar esto adelante entre el Gobierno Departamental, el Estado -en este caso representado por el Poder Ejecutivo- y aquel Ente o Ministerio -o incluso la Administración Central- que tenga el predio.

Reitero que si podemos hacer un relevamiento de predios con cierto valor turístico y coordinamos las actividades entre todos, quizás lograremos que alguien se instale y realice la inversión. Naturalmente, esto siempre se puede redactar mejor, pero aclaro que fuimos muy cuidadosos en evitar vulnerar las autonomías, porque siempre son potestades, posibilidades y oportunidades. Entonces, la idea es que cuando el Poder Ejecutivo tenga predios, no esté al margen de esto ni se desentienda el Gobierno Departamental sino, por el contrario, que se lo consulte y acuerde en qué términos va a llevar dicha situación o dicha concesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz Correa.

SEÑORA DALMAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LAPAZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Pido disculpas al señor Senador por las sucesivas interrupciones, pero quiero señalar lo siguiente.

En mi opinión, al leer rigurosamente el artículo 11, se puede observar que lo que hace es preservar la autonomía departamental. Según mi lectura, el Poder Ejecutivo no podrá -y esto parece preceptivo- hacer actividades de turismo social "per se", sino que acordará con los Gobiernos Departamentales su participación en el desarrollo de actividades de turismo social. Esto va un poco en la línea que venía argumentando el señor Miembro Informante y creo que la redacción es clara con respecto a eso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz Correa.

SEÑOR LAPAZ.- Creo que debería excluirse a los Gobiernos Departamentales de esta redacción, pues cada uno de ellos está autorizado para realizar los acuerdos correspondientes, dentro de la política de desarrollo social en todo el país. Cada uno es libre y estamos totalmente de acuerdo en que tiene que haber una gran tarea de descentralización de turismo social a nivel nacional, para los jóvenes, los adultos y los de la tercera edad, pero no es necesario marcar el camino que cada Gobierno Departamental debe seguir. El Ministerio de Turismo y Deporte debe formular un llamado público sin establecer que previamente deberá contener el consentimiento del Gobierno Departamental. Además, éste lo puede hacer, por lo que nos parece que los Gobiernos Departamentales no deberían estar incluidos en este proyecto, a pesar de lo cual estamos absolutamente de acuerdo en que se trabaje con todos los que tengan interés.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Voy a formular dos preguntas concretas al Miembro Informante, una referida al artículo 2º, vinculada al artículo 10, y la otra relacionada con el artículo 6º.

Voy a comenzar por la consulta sobre el artículo 6º que establece que para el caso en que exista más de un interesado se implementará un procedimiento competitivo, de acuerdo con las normas del TOCAF. Pero ocurre que la propia norma limita la competencia a dos aspectos: a la obra a realizar y a las garantías a otorgar. Es decir que en el ámbito de la ley, en el proceso licitatorio de competencia -si lo podemos llamar así-, las ofertas de los eventuales concesionarios quedan limitadas a lo que se refiere, exclusivamente, a las obras a realizar y a las garantías que se ofrezcan. Reflexionando un poco, ya que en el artículo anterior estamos otorgando una amplísima facultad a la reglamentación, ¿no sería mejor evitar el establecimiento de un régimen excepcional respecto de los elementos que juegan en la adjudicación licitatoria competitiva y dejar que la reglamentación o las normas generales sobre adjudicación licitatoria sigan rigiendo? Parecería que aquí otros elementos, que bien podrían ser tenidos en cuenta en la adjudicación licitatoria, no lo serán porque exclusiva y taxativamente sólo se refieren a las inversiones a realizar y a las garantías que se ofrezcan. Esta es la primera reflexión que tengo en cuanto a este artículo 6º, y preferiría que esta limitación no estuviera en la ley para poder tener la discrecionalidad adecuada, ya que el artículo 5º, con anterioridad, da una amplísima facultad.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR MICHELINI.- Entiendo que hay que situarse en lo que es el objeto del proyecto de ley. Estamos hablando de tierras que, prácticamente, no tienen valor, pero por estar a orillas de un río pueden servir a alguna entidad social para realizar una inversión. Se trata de lugares que, seguramente, no son habitualmente de turismo -en general, las encontramos en el interior- y que surgirán a través de un relevamiento que realice el Ministerio de Turismo y Deporte, ayudado por los Gobiernos Departamentales que quieran estar. Aquí no excluimos a nadie, porque el que quiera estar puede hacerlo. Se puede dar que en alguna circunstancia haya más de dos interesados. En ese sentido, entendemos que va a ganar el que quiera hacer más obras o el que brinde más garantías de que esas obras se van a realizar. Aclaro que de eso no se pretende sacar un provecho económico porque si fueran tierras que lo tuvieran, seguramente irían por otro canal. Por ejemplo, si UTE posee tierras que tienen un valor económico forestal o agropecuario, no va a utilizar esto. Estamos hablando de tierras que a veces quedan, por su extensión o porque se construye un puente, y no tienen valor aunque sí lo pueden tener, en forma mínima, desde el punto de vista turístico y puede ocurrir que a una entidad que quizás agrupa a miles de ciudadanos uruguayos o extranjeros le interese hacer una construcción allí.

Entonces, cuando se adopta el perfil de "vamos a sacar dinero" se pierde el objetivo de instalar a la gente, permitirles hacer la inversión y favorecer el turismo. Quizás, después de veinte o treinta años se genere un polo y sí se pueda "sacar dinero". Ha habido algunas experiencias departamentales que por querer darle un valor inicial a la tierra, nunca lograron que se hicieran las inversiones y se instalara la gente. Por el contrario, acá lo que proponemos es que si hay interesados, realice las obras, se instale, obtenga un usufructo y haga turismo en el Uruguay. Reitero que este es el objetivo de este proyecto de ley.

De modo que, si se tratara de "sacar valor", tendríamos que pensar en aquellas tierras que tuvieran valor agropecuario forestal y el Estado tendría que sacarle otro provecho, que no es este.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Creo que estamos en la misma sintonía que el señor Senador Michelini. Pero el motivo de mi interrogante y mi reflexión están más allá, pues no se trata de si le agregamos valor o no, sino de cuál es el alcance con que se maneja la norma. Aclaro que nos estamos refiriendo a inmuebles, es decir, que no estamos hablando sólo de tierras. Un inmueble puede ser inclusive determinada construcción, sobre la que vamos a poder dar la oportunidad de explotar a determinadas organizaciones con características singulares que establece la ley. Sin embargo, si nos limitamos a las obras a realizar y tenemos un edificio, parecería que exclusivamente lo estamos limitando a las obras que se van a hacer sobre él -por decirlo de esta manera- con las garantías otorgadas.

Entonces, le estaríamos quitando a la Administración la posibilidad de agregar algún otro elemento más que les permita a los que compitan por esa concesión -aun con el sentido social que éstas tienen-, estar sujetos a la coyuntura especial que la Administración pueda tener en función de las características de cada inmueble.

SEÑOR MICHELINI.- Eso está plasmado en el articulado, señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Insisto en que me gustaría más que las condiciones estuvieran en el ámbito de la reglamentación del Poder Ejecutivo y no establecerlas por vía legislativa. Pero, en todo caso, esta es una contribución al culto, por decirlo de esta manera.

La segunda pregunta tiene relación con los beneficiarios. Sería bueno que los eventuales beneficiarios -tanto los del artículo 2º como los del artículo 10º- tuvieran una misma denominación para que no se dieran algunas discriminaciones respecto a quienes son los eventuales beneficiarios, ya sean interesados a nivel nacional o de países integrantes del MERCOSUR. En una de las normas se los define como beneficiarios de uso gratuito a "organizaciones gremiales, con personería jurídica, así como a asociaciones civiles de jubilados y pensionistas u otras instituciones sin fines de lucro, que persigan fines sociales". Pero, a las instituciones del MERCOSUR se las define de forma distinta, por cuanto se habla de "organizaciones sociales o gremiales o asociaciones civiles de jubilados y pensionistas de países integrantes del MERCOSUR".

Por último, quiero saber -y no es por excesiva meticulosidad- a qué miembros del MERCOSUR se refiere la disposición. Por ejemplo, una empresa chilena, ¿se beneficia? ¿Es un miembro pleno o un miembro asociado? Entonces, cuando son miembros del MERCOSUR tenemos que definir cuáles son los miembros plenos y los miembros asociados, para después definir cuáles son los eventuales beneficiarios de una posible concesión.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En realidad, creo que no hay ningún problema en aclarar en el artículo 10º, que son los mismos beneficiarios del artículo 2º del MERCOSUR. Aclaro que hablamos de MERCOSUR para acotar la norma a una región. Pero, si hoy o mañana, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Chile -más allá de la discusión de si está o no dentro del MERCOSUR- encuentra que hay un lugar o una zona específica que, en la medida en que se la ofrecen de uso gratuito, pueda ser buena para la inversión, a raíz de la cual comienzan a venir chilenos a un recodo del Río Negro -cuya propiedad es del Gobierno Departamental y de AFE-, en buena hora, pues esas tierras no están generando nada ahora.

Reitero que hablamos del MERCOSUR porque estamos frente a una experiencia. ¿Qué puede ocurrir? Que esto sea muy exitoso y que se presenten todo tipo de interesados. En ese caso, algunas tierras que hoy no le dan ninguna riqueza al Uruguay podrían recibir esa inversión de carácter social. Incluso, terminado el plazo de veinte años, hasta se podría volver a llamar a licitación. En definitiva, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es ver si hay interesados para aquellas tierras que no tienen valor.

Con respecto al hecho de acotarlo al MERCOSUR, debo decir que se debe a que queremos que haya una visión amplia y estimular a la gente para que venga al Uruguay. No se trata, entonces, de pensar con suspicacia "¿por qué vendrá? Si hay un terreno que no tiene mucho valor pero despierta el mismo interés para una entidad uruguaya y una entidad del MERCOSUR, naturalmente, tendrá prioridad la uruguaya. Pero, en el caso de que no haya ningún interesado uruguayo, por qué no aceptar a la Asociación de Bancarios de Brasil que puede tener un proyecto quizás en acuerdo con los bancarios del Uruguay, por ejemplo, en una zona de la Laguna Merín que está en poder del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que hoy desecha. Pues bien, se da en concesión de uso gratuito y dentro de veinte años la puede recuperar y volver a llamar a interesados para otra concesión. De todas formas, creo que hay cosas a corregir que abordaremos en la discusión particular.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Quiero dejar claramente sentado que cuando nos referimos a inmuebles no hablamos exclusivamente de terrenos, sino de inmuebles en toda la extensión del concepto jurídico, de edificios y de una serie de bienes que son muy atractivos. Pero, además, estamos previniendo la eventual competencia nacional y extranjera que se puede producir en estos casos. Si no tenemos un criterio más o menos uniforme, la fuente de conflicto puede ser mucho más importante que los objetivos. Simplemente, pretendo buscar una redacción más habilitante y menos conflictiva en el futuro, teniendo en cuenta la cantidad de perspectivas que se abren con este proyecto, cuya filosofía compartimos.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: me quedé pensando en el tema de los Gobiernos Departamentales, tema que recién se había planteado en Sala por parte del señor Senador Lapaz.

En realidad, en la medida en que entramos en el tema y nos introducimos en el análisis del artículo 1º, que creo puede ser el más problemático, surgen dudas, porque si bien es cierto que, como bien dice el señor Senador Michelini, la norma también se refiere a Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que tienen su grado de descentralización y autonomía con respecto al Gobierno central, también es cierto que el grado de autonomía existente es diferente por cuanto los Gobiernos Departamentales, entre sus cometidos, tienen el de desarrollar actividades de promoción de turismo a nivel local. Es más, a nivel local, todas las Intendencias Municipales del país tienen sus propias Direcciones de Turismo.Además, se corre el riesgo de que puedan haber normas en este sentido, o en dirección diferente, que sean aprobadas por las respectivas Juntas Departamentales. Es más; me consta que hay Gobiernos Departamentales que han promovido iniciativas de este tipo y tienen normas aprobadas por las respectivas Juntas Departamentales, que pueden establecer modalidades o características diferentes a las que este proyecto de ley propone.

Por otro lado, me parece perfecto, y comparto absolutamente el artículo 11, que dice: "El Poder Ejecutivo acordará con los Gobiernos Departamentales su participación en el desarrollo de actividades de turismo social...". Es decir que el Gobierno Departamental y el Poder Ejecutivo pueden acordar o establecer fórmulas de acuerdo a través de convenios -que son una práctica muy común y frecuente en la relación entre organismos del Gobierno central y los Gobiernos Departamentales- y, perfectamente, pueden incluir tal o cual objetivo dentro de la normativa que propone este proyecto de ley.

Lo que no me parece en puridad ajustado es que en el artículo 1º se incluya el tema de los Gobiernos Departamentales, primero, por la protección del principio de autonomía a que refería el señor Senador Lapaz y, en segundo lugar, porque los Gobiernos Departamentales en esta materia tienen normativas y órganos propios, además de competencias asumidas que en algunos aspectos hasta pueden colidir con este proyecto de ley. Por lo tanto, parece más sano resguardar para este proyecto de ley las facultades y los poderes de coordinación que el Poder Ejecutivo pueda tener con los Gobiernos Departamentales.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR DA ROSA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: no tengo ningún inconveniente en excluir a los Gobiernos Departamentales del artículo 1º. Estos tienen mucha mayor autonomía y en la medida en que se mantenga el artículo 11, podrá haber una articulación. El espíritu, en realidad, no es excluirlos, sino que puedan ser alcanzados por los beneficios de la ley. Se trata de que todos debemos tirar del mismo carro. Entonces, sugiero que vayamos haciendo las correcciones correspondientes a medida que analicemos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: comparto totalmente la motivación expresada por el señor Senador Michelini. Es más, creo que es importante que conste que esta es la interpretación de la norma, pero me parece que el sentido de inclusión de los Gobiernos Departamentales queda perfectamente resguardado mediante el artículo 11, que expresa que el Poder Ejecutivo acordará y firmará convenios con los Gobiernos Departamentales para llevar adelante esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en este artículo, entonces, deberíamos excluir a los Gobiernos Departamentales, quedando redactado de la siguiente manera: "El Estado, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados podrán otorgar", etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con la aclaración realizada por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Sugeriría cambiar el término "personalidad" por "personería" jurídica.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con el cambio propuesto.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: estaríamos de acuerdo en votar este artículo quitando la última frase, que dice: "La competencia podrá realizarse considerando únicamente las obras a realizar y las garantías otorgadas".

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: formulo moción en el mismo sentido que el señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º con las modificaciones introducidas por los señores Senadores Michelini y Abreu.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: propondría que en este artículo se excluyeran los impuestos municipales, de manera que quedaría redactado de la siguiente forma: "Todos los gastos que genere el inmueble, incluyendo los impuestos nacionales, serán de cargo exclusivo del concesionario desde la fecha de la toma de posesión del inmueble por parte de éste". En ese caso, el tema de los impuestos municipales quedará para ese acuerdo.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LAPAZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: de lo que se trata es de que quien tiene la concesión se haga cargo de todos los gastos, o sea que le pague a las Intendencias Municipales los impuestos departamentales y al Gobierno nacional los impuestos nacionales, para que no suceda que durante diez años haga usufructo del inmueble en forma gratuita, luego se vaya y le "deje el clavo" al Gobierno Departamental. Si el concesionario no se hace cargo de todos los gastos que genere el inmueble, incluyendo los impuestos municipales y nacionales, podríamos estar habilitando la posibilidad de que los impuestos departamentales los termine pagando AFE, ANTEL o UTE, cuando se tendría que hacer cargo de ellos el que va a tener su uso gratuito. Esta tiene que ser una condición sustancial, porque no se trata de dar un terreno en gratuidad y, además, pagar para que te quedes. Para mí, en el artículo 9º debe quedar claro que todos los impuestos departamentales y nacionales son de cargo del concesionario que va a hacer usufructo del bien.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Entiendo lo que manifiesta el señor Senador Michelini, pero en ese caso estamos marcando a las Intendencias qué es lo que tienen que hacer con los impuestos departamentales, o sea que otra vez estamos con el tema de la autonomía de los Gobiernos Departamentales. Los que deben determinar que los impuestos de un bien de su propiedad sean pagados por el concesionario, son las Intendencias Municipales con las Juntas Departamentales, a los efectos de respetar su autonomía.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LAPAZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: no por afán de polemizar, pero simplemente quiero decir que la Constitución de la República dice que serán fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales los impuestos sobre la propiedad inmueble. Pongamos el ejemplo de un concesionario notoriamente insolvente al cual el Municipio le quiera cobrar su crédito. En este caso la ley no puede, so pena de invadir la autonomía municipal, disponer que él sea el responsable del pago, sino que debe ser el inmueble el que responda. Hay una forma de afectación tributaria por la que responde el inmueble. De modo que de ninguna manera se puede invadir esa autonomía, lo que, además, puede ir en detrimento de las finanzas municipales.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LAPAZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la segunda frase de este artículo expresa: "La reglamentación preverá la forma de establecer las garantías adecuadas para el cumplimiento de este requisito". El hecho de que establezcamos por ley que todos los gastos que genere el inmueble, incluyendo los impuestos municipales y nacionales, serán de cargo exclusivo del concesionario desde la fecha de toma de posesión del inmueble por parte de éste y que le exijamos garantías, no significa que el inmueble, en definitiva, responda por el inmueble. Nadie está diciendo eso, ni nadie está quitando impuestos a los Municipios. Hasta ahora -en la medida en que excluimos a los Gobiernos Departamentales del artículo 1º- éstos no habían entrado en juego y recién lo hacen ahora en el artículo 11.

Lo que estamos queriendo significar es lo siguiente. Por ejemplo, si la UTE da un terreno en concesión, que se obligue y que haya garantías para que ese concesionario pague todos los impuestos nacionales y departamentales. Además, la omisión de este pago será fruto de recesión de la concesión al año de iniciada. Quiere decir que si se constata que el concesionario no pagó, se le debe decir que no puede seguir con la concesión. Mediante este artículo estamos obligando a que los impuestos se paguen. Si no ponemos esto, señor Presidente, el concesionario podría venir, instalarse, no dar garantías, hacer usufructo durante diez años, no pagar sus impuestos e irse, dejándonos "el clavo". Realmente, eso no parece lógico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lapaz Correa.

SEÑOR LAPAZ.- Con respecto a los impuestos nacionales, estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por el señor Senador Michelini; pero lo referido a los impuestos municipales es una cuestión exclusiva de los Gobiernos Departamentales y, por lo tanto, son ellos los que deben determinar en la materia. Además, en el artículo 11 se expresa que el Poder Ejecutivo va a acordar con los Gobiernos Departamentales el desarrollo de las actividades, entre lo que podrá incluir el tema de los impuestos municipales. Pero no podemos nosotros estar marcando, desde aquí, que los impuestos municipales sean de resorte exclusivo del concesionario, cuando el gobierno departamental puede hacer lo que le parezca, según su manera de analizar la situación.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Reitero lo afirmado: para mí, eso invade la autonomía y viola la Constitución. No habría ningún problema, en los hechos, de que en el contrato de concesión de comodato se ponga en una cláusula, como motivo de rescisión, que hay que pagar los impuestos municipales, que son de cargo de las partes. Sin embargo, la ley no puede privar al Gobierno Departamental de su potestad tributaria, ya que si quiere ir contra el propietario, puede hacerlo. Entonces, cuando se haga el contrato de concesión, habría que poner que se obliga a las partes, pero no se puede obligar al Gobierno Departamental porque, repito, a mi juicio, eso es inconstitucional.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: no solamente comparto el razonamiento que está realizando el señor Senador Moreira y el que ha hecho el señor Senador Lapaz Correa, sino que también me parece que es extensivo a los impuestos nacionales; tiene el mismo valor. Doy un ejemplo: la Contribución Inmobiliaria Rural es un impuesto nacional con destino departamental. Entonces, no se puede exonerar a un concesionario del pago de un impuesto de estas características. Como bien señala el señor Senador Moreira, eso se podría incluir en las cláusulas contractuales. Se puede establecer aquí, por ejemplo, que sean de su cargo determinadas responsabilidades, pero no en la redacción dada al artículo en cuestión. O sea que, en definitiva, el razonamiento del señor Senador Moreira vale para los impuestos municipales, pero me parece que también para los impuestos nacionales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En la misma línea, expreso que no se trata de ir en un desmedido afán municipalista. Creemos que este artículo puede directamente suprimirse, porque no se debe confundir las obligaciones del concesionario con el sujeto pasivo tributario, que es algo diferente. El sujeto pasivo tributario es el titular del inmueble. Eso emerge de lo establecido en el Código Tributario.

Como decía el señor Senador Gallinal, lo mismo vale para los impuestos nacionales. Me parece que no le agregamos ningún bien al proyecto con la incorporación de este artículo, sobre todo cuando las partes van a acordar que el concesionario se hará cargo de lo que le corresponde por vía de la reglamentación y del propio contrato de concesión. Creemos que suprimiendo el artículo 9 no se lesiona ningún principio y no se confunden las obligaciones del concesionario con el sujeto pasivo tributario, que es un tema bien diferente. El concesionario no es sujeto pasivo tributario y ahora, por ley, se lo quiere dejar establecido aquí, cuando es materia del contrato de concesión que se firme oportunamente.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Lejos de redactar en Sala y con la idea de que quede bien claro que los gastos van por cuenta de quien hace usufructo de la concesión, sugeriría decir en el artículo 9: "Los impuestos municipales y nacionales estarán a cargo del concesionario desde la fecha de la toma de posesión del inmueble por parte de éste." Creo que de este modo salvamos la inquietud que han planteado algunos señores Senadores, porque no estamos hablando del inmueble como generador de esos impuestos, sino de que los impuestos estarán a cargo, a partir de la fecha de su toma de posesión, del concesionario. En fin, con esto creo que queda salvado el problema que se había planteado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Creo que tampoco con esa redacción queda salvado el problema. No es una interpretación piedeletrista que busque contrariar el texto de lo que ha venido de la Comisión, sino que la forma sugerida termina confundiendo obligaciones del concesionario con el sujeto pasivo tributario. La mejor forma de compaginar después las relaciones obligacionales del dueño del terreno con el concesionario, es eliminar el artículo. Insisto en que esa es la mejor solución legal. Creo que en este proyecto de ley ni siquiera se podría poner que los tributos municipales son de cargo del concesionario, porque eso terminaría violando el principio de autonomía de los Gobiernos Departamentales. Por esta disposición, tampoco se podrían resignar, por ejemplo, tributos nacionales que corresponden al Estado.

En consecuencia, la mejor contribución que podemos hacer al proyecto -termino, porque no quiero demorar su discusión, simplemente estoy haciendo un aporte- es suprimir el artículo porque, en definitiva, no lo entorpece.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- En el mismo sentido de lo que se ha expresado, quiero recordar que el tema tributario está regido por las normas, la ley y la Constitución. Me refiero a quién es el hecho generador, a quién es el sujeto pasivo, etcétera. Todo esto puede ser modificado por ley, pero parecería que no es esa la intención. Entonces, si hay que modificar la potestad tributaria de los Gobiernos Departamentales, no resulta ser lo más adecuado.

En consecuencia, para evitar dudas sobre el tema, o se elimina el artículo -de pronto podríamos hacer hincapié en este punto- o, simplemente, habría que referirse a que todos los gastos que genere la concesión serán de cargo del concesionario, quitando la expresión "los impuestos municipales y nacionales", porque eso queda en el ámbito de las normas tributarias que se aplican con carácter general.

SEÑOR VAILLANT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Con gran franqueza digo que, a mi juicio, estamos cometiendo un error de interpretación de lo que establece el artículo. El artículo 9º no modifica el sujeto pasivo; el sujeto pasivo sigue siendo el mismo. Entonces, a lo que se refiere este artículo es a que los gastos que genere el inmueble -insisto en que el sujeto pasivo sigue siendo el mismo, es decir, el dueño del inmueble- son de cargo del concesionario. El sujeto pasivo se lo puede exigir al concesionario, porque así lo establece la ley. Repito una vez más que no se está cambiando el sujeto pasivo, sino que la disposición se refiere a los gastos que se originen.

Por lo tanto, las obligaciones con los gobiernos municipales son del titular del inmueble. Los gastos que esos impuestos generen son reembolsables; pueden exigirse de acuerdo con lo que establece este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- En la misma línea que el señor Senador Vaillant, con esa preocupación, me parece que lo más conveniente es eliminar este artículo, porque estas interpretaciones ambiguas podrían dar lugar a conflictos futuros. Entonces, hay que dejar que los principios del Derecho Tributario y la Constitución de la República se apliquen y poner exclusivamente a cargo del beneficiario los gastos que genere la concesión.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En aras de lograr un acuerdo, señor Presidente, sugiero que se elimine la expresión "incluyendo los impuestos municipales y nacionales". No tenemos problema en esto, entre otras cosas, porque no estaba en el proyecto original.

SEÑOR PRESIDENTE.- Exactamente; se dio por un afán de perfeccionamiento.

En consecuencia, lo que se está proponiendo es, concretamente, eliminar del artículo 9º la expresión "incluyendo los impuestos municipales y nacionales".

SEÑOR ABREU.- Y, además, sustituir la palabra "inmueble" por "concesión".

SEÑOR PRESIDENTE.- El comienzo del artículo 9º quedaría, entonces, de la siguiente manera: "Todos los gastos que genere la concesión serán de cargo exclusivo del concesionario", etcétera.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º con las modificaciones propuestas en Sala.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: simplemente, deseo advertir que el señor Senador Abreu había sugerido una redacción sustitutiva.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: propongo el siguiente texto: "Las concesiones a que se refiere esta ley podrán otorgarse asimismo a favor de organizaciones del MERCOSUR de igual naturaleza a las referidas en el artículo 2º. La reglamentación preverá la posibilidad de exigir, en tales casos, las garantías adecuadas".

Según el ámbito en el cual viene el espacio libre de comercio por la Resolución 59, casi todos los países de América del Sur quedan incluidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo, con la redacción propuesta por el señor Senador.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 10.- Las concesiones a que se refiere esta ley podrán otorgarse asimismo a favor de organizaciones del MERCOSUR de igual naturaleza a las referidas en el artículo 2º. La reglamentación preverá la posibilidad de exigir, en tales casos, las garantías adecuadas".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- El Estado, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados podrán otorgar, por un plazo de diez años prorrogables como máximo por otros diez, concesiones de uso gratuito de inmuebles de su propiedad que no estén afectados al cumplimiento de sus cometidos, para la operación de establecimientos o instalaciones turísticas.

ARTICULO 2º.- Las concesiones de uso gratuito a que se refiere el artículo anterior sólo podrán ser otorgadas a organizaciones gremiales, con personería jurídica, así como a asociaciones civiles de jubilados y pensionistas u otras instituciones sin fines de lucro, que persigan fines sociales.

ARTICULO 3º.- Cométese al Ministerio de Turismo y Deporte el relevamiento de todos los bienes inmuebles, propiedad de las personas jurídicas públicas mencionadas en el artículo 1º que, por su ubicación y características, pudieran ser aplicadas a los fines de fomento del turismo social.

ARTICULO 4º.- El Ministerio de Turismo y Deporte, una vez completado el relevamiento previsto en el artículo anterior, formulará un llamado público a las entidades mencionadas en el artículo 2º, pondrá a su disposición los resultados de dicho relevamiento y abrirá un registro de aquellas interesadas en operar establecimientos o instalaciones turísticas en las condiciones previstas por esta ley.

ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará las condiciones que deberán reunir las entidades beneficiarias, así como las exigencias en cuanto a inversiones a realizar, garantías adecuadas de ejecución de las obras proyectadas y plazos acordados, condiciones de operación y mantenimiento de las instalaciones, plazo, régimen de contralor y caducidad de las concesiones otorgadas, en caso de que el uso no se ajuste a lo convenido, buscando en todos los casos garantizar, en la medida más amplia posible, los objetivos de fomento turístico y de bienestar social.

ARTICULO 6º.- Para el caso en que exista más de un interesado para la explotación de un inmueble, la selección del mismo resultará de un procedimiento competitivo, regido bajo los principios de contratación previstos en el Texto Ordenado de Contabilidad de Administración Financiera (TOCAF 1996).

ARTICULO 7º.- La reglamentación deberá prever mecanismos para el contralor y la caducidad de las concesiones en caso de que el uso no se ajuste a lo convenido o se haya desnaturalizado.

ARTICULO 8º.- El proceso para recuperar el inmueble será el previsto en el artículo 364 del Código General del Proceso, el cual se promoverá contra la institución beneficiaria, estableciéndose que en ocasión de solicitarse el desapoderamiento de la finca en el marco de dicho proceso, la medida comprenderá a todas las personas que se encuentren ocupando la misma cuando ésta se efectivice por parte del Juzgado competente.

ARTICULO 9º.- Todos los gastos que genere la concesión, serán de cargo exclusivo del concesionario desde la fecha de la toma de posesión del inmueble por parte de éste. La reglamentación preverá la forma de establecer las garantías adecuadas para el cumplimiento de este requisito.

ARTICULO 10.- Las concesiones a que se refiere esta ley podrán otorgarse asimismo a favor de organizaciones del MERCOSUR de igual naturaleza a las referidas en el artículo 2º. La reglamentación preverá la posibilidad de exigir, en tales casos, garantías adecuadas.

ARTICULO 11.- El Poder Ejecutivo acordará con los Gobiernos Departamentales su participación en el desarrollo de actividades de turismo social, en las condiciones previstas en la presente ley."

10) ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNICO-CULTURAL CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ANGOLA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica y Técnico-Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Angola, suscrito en Luanda, el 20 de octubre de 2003. (Carp. Nº 268/05 - Rep. Nº 174/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 268/05

Rep. Nº 174/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 19 de julio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica y Técnico-Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Angola, suscripto el 20 de octubre de 2003 en Luanda.

Este Acuerdo consta de un preámbulo y diez artículos.

Se trata de un Acuerdo marco de cooperación, de carácter muy general que abarca las áreas económica, científica y técnico-cultural.

En su artículo 3, las Partes Contratantes se comprometen a estudiar los mecanismos apropiados para promover todas las formas de asociación entre empresas u organismos de sus respectivos países y a establecer un régimen satisfactorio mutuo de estímulo y de promoción y protección recíproca de inversiones.

Por el artículo 5 del Acuerdo se crea una Comisión Bilateral de Cooperación Uruguayo-Angoleña con el propósito de implementar el presente Acuerdo General así como otros acuerdos entre ambos Estados.

La Comisión Bilateral, se reunirá una vez cada dos años, en cada uno de los dos Estados alternadamente y tendrá las siguientes funciones:

a) definir las orientaciones que se darán a la cooperación entre los dos Estados en las áreas propias del presente Acuerdo;

b) evaluar los resultados obtenidos y modificar, eventualmente las orientaciones anteriormente adoptadas;

c) examinar los programas de intercambio y cooperación así como las modalidades de ejecución.

Toda controversia que pueda surgir entre las Partes Contratantes, respecto de este Acuerdo y de los Acuerdos sectoriales que puedan surgir en el futuro, se resolverá por la vía diplomática (Artículo 6).

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo, mediante el canje de notas o por negociaciones directas entre las partes contratantes.

En virtud de que el presente Acuerdo General de Cooperación con Angola puede ser un instrumento jurídico útil para dar marco a la cooperación con ese país, la cual presenta auspiciosas perspectivas en diversos planos, el Poder Ejecutivo solicita a ese Alto Cuerpo su aprobación.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, José Mujica, Jorge Brovetto, Martín Ponce de León.

Montevideo, 19 de julio de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica y Técnico-Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Angola, suscrito en Luanda, el 20 de octubre de 2003.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, José Mujica, Jorge Brovetto, Martín Ponce de León.

ACUERDO GENERAL

DE COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNICO-CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ANGOLA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Angola, en adelante denominados "Partes Contratantes";

Deseosos de consolidar sus relaciones de amistad y de cooperación basadas en los principios de igualdad, de respeto mutuo de su soberanía y de su independencia nacional y de impulsar una comprensión cada vez más profunda entre los dos Estados;

Conscientes de la necesidad de fortalecer la paz y la seguridad internacionales de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas;

Empeñados en la rápida instauración de un nuevo orden económico internacional más justo y deseosos de promover el progreso económico-social en sus dos Estados;

Acuerdan lo siguiente:

Artículo I

Las Partes Contratantes deciden estimular sus relaciones de cooperación en las áreas económica, científica y técnico-cultural, estando definidas las condiciones de aplicación de esta cooperación en cada una de esas áreas por la vía de instrumentos jurídicos, en función de las necesidades y posibilidades de cada Parte Contratante.

Artículo II

Las Partes Contratantes acuerdan en desarrollar una cooperación técnico-económica que favorezca la contribución al desarrollo en las área socio-económicas.

Artículo III

Las Partes Contratantes se comprometen en estudiar los mecanismos apropiados para promover todas las formas de asociación entre empresas u organismos de sus respectivos países y a establecer un régimen satisfactorio mutuo de estímulo y de promoción y protección recíproca de las inversiones.

Artículo IV

Las Partes Contratantes acuerdan en desarrollar su cooperación cultural, científica y técnica, basándose en la experiencia de cada Estado en distintas áreas.

Artículo V

1.- Las Partes Contratantes, mediante el presente Acuerdo deciden constituir una Comisión Bilateral de Cooperación Uruguayo-Angoleña, (en adelante denominada Comisión Bilateral) con el propósito de implementar el presente Acuerdo General así como otros Acuerdos entre los dos Estados.

2.- La Comisión Bilateral cuyos miembros son designados respectivamente por las Partes Contratantes, a la cual pueden integrarse especialistas, se reunirán una vez cada dos años, en cada uno de los dos Estados alternadamente.

3.- La Comisión Bilateral ejercerá expresamente las siguientes funciones:

a) definir las orientaciones que se darán a la cooperación entre los dos Estados en las áreas propias del presente Acuerdo;

b) evaluar los resultados obtenidos y modificar, eventualmente las orientaciones anteriormente adoptadas;

c) examinar los programas de intercambio y cooperación así como las modalidades de ejecución.

4.- Las conclusiones de la Comisión Bilateral se someterán a la aprobación de las autoridades competentes de las Partes Contratantes.

Artículo VI

Toda controversia que pueda surgir entre las Partes Contratantes, en la interpretación y en la aplicación del presente Acuerdo General y de los Acuerdos sectoriales que se concluyan en el futuro, se resolverá por la vía diplomática.

Artículo VII

Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la última notificación escrita, después de concluir las formalidades internas de las Partes Contratantes.

Artículo VIII

Este Acuerdo es válido por un período de cinco (5) años, pudiendo ser renovado por períodos sucesivos de cinco años, salvo si una de las Partes Contratantes notifica a la otra por escrito, con antelación de por lo menos seis (6) meses de la fecha de vencimiento, su intención de darlo por concluido.

Artículo IX

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo, mediante el canje de notas o por negociaciones directas entre las Partes Contratantes.

ARTICULO X

Cualquiera de las Partes Contratantes puede, en cualquier momento, denunciar por escrito el presente Acuerdo que producirá efectos seis (6) meses después de su notificación.

Hecho en 20 días del mes de octubre de 2003 en dos ejemplares originales, en español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha remitido para su aprobación el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica y Técnico cultural celebrado entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la República de Angola el día 20 de octubre de 2003.

El Acuerdo remitido es un acuerdo marco que procura estimular las relaciones de cooperación en las áreas mencionadas.

Dicha cooperación será definida en instrumentos jurídicos posteriores cuyas condiciones de aplicación se determinarán en función de las necesidades y posibilidades de cada Parte Contratante, y teniendo en cuenta su contribución al desarrollo (artículos 1 y 2).

En el mismo sentido, se establecen compromisos ge-nerales para el estudio de mecanismos apropiados para la promoción de todas las formas de asociación entre em-presas u organismos de ambos países, para la promoción y protección recíproca de inversiones, y para el desarrollo de la cooperación cultural, científica y técnica (artículos 3 y 4).

Con el propósito de implementar el presente Acuerdo, las Partes instituyen en el artículo 5 una Comisión Bilateral, la cual se reunirá una vez cada dos años en cada uno de los Estados alternadamente, y que tiene como propósi-tos el definir las orientaciones que se le dará a la cooperación; evaluar los resultados obtenidos de la misma y modificar eventualmente las orientaciones antes señaladas. Además podrá examinar los programas de intercambio y cooperación así como las modalidades de ejecución de los mismos.

Las conclusiones de la Comisión se someterán a la aprobación de las autoridades competentes de las Partes Contratantes.

Las restantes disposiciones son de rigor, sobre solución de controversias, entrada en vigor, enmiendas y denuncia, debiendo destacarse la cláusula de vigencia que establece un plazo de 5 años renovable por períodos sucesivos similares.

Por considerar que este tipo de acuerdos, como el suscrito con Angola, pueden ser instrumentos eficaces para incrementar nuestro relacionamiento general con la región del oeste africano, se recomienda la aprobación del presente instrumento internacional.

Sala de la Comisión, 15 de diciembre de 2005.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Milton Antognazza, Julio María Sanguinetti, Albeto Couriel, Jorge Larrañaga, José Korzeniak, Enrique Rubio, Rafael Michelini. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 18

En Montevideo, el día quince de diciembre del año dos mil cinco, a la hora trece y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Sergio Abreu, Milton Antognazza, Alberto Couriel, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini y Enrique Rubio.

Falta con aviso el señor Senador Arturo Heber.

Asiste el señor Senador Isaac Alfie.

Concurren especialmente invitados el señor Ministro de Industria, Energía y Minería Don Jorge Lepra; Subsecretario ingeniero Martín Ponce de León; Director de Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) señor Germán Riet; por la Dirección Nacional de Energía Nuclear, contador Carmen Villasante e ingeniero Pablo Mosto.

Presiden los señores Senadores Julio María Sanguinetti, Vicepresidente de la Comisión y Alberto Couriel en calidad de -ad hoc.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dacilográfica luce en el Distribuido Nº 664/2005 que consta de treinta y cinco fojas útiles y forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

1.- CARPETA Nº 411/2005.- TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS Y LAS DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS CONFERENCIA Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 637/2005.

2.- CARPETA Nº 413/2005.- CONVENIO DE MONTREAL DE 1999 PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en reiteración del Mensaje de fecha 23 de marzo de 2004. Distribuido Nº 636/2005.

3.- CARPETA Nº 414/2005.- TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RELATIVO A LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRITO EN MAR DEL PLATA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, Texto del Tratado. Distribuido Nº 623/2005.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- Se recibe al señor Ministro de Industria, Energía y Minería para la consideración del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, suscrito en Montevideo el 2 de marzo de 2005, entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela. 

RESOLUCIONES:

1.- El señor Senador Vicepresidente de la Comisión Julio María Sanguinetti, en virtud de tener que asistir a otra Comisión propone al señor Senador Alberto Couriel para ocupar la Presidencia -ad hoc-.

Se vota: 7 en 8: afirmativa.

2.- CARPETA Nº 288/2005. ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS, SUSCRITO EN MONTEVIDEO EL 2 DE MARZO DE 2005, ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y DE LA REPUBLICANA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Mensaje

y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 349/2005.

Se vota: 6 en 6. afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Alberto Couriel.

3.- CARPETA Nº 294/2005.- CONVENCION INTERA-MERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCION DE MENORES, SUSCRITA POR LA REPUBLICA EN LA TERCERA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO QUE TUVO LUGAR EN LA PAZ. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo en reiteración del Mensaje de fecha 24 de mayo de 1995. Distribuido Nº 411/2005.

Se vota 6 en 6: afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

4.- CARPETA Nº 296/2005.- ACUERDO SOBRE REGULARIZACION MIGRATORIA INTERNA DE CIUDADANOS DEL MERCOSUR Y EL ACUERDO SOBRE REGULARIZACION MIGRATORIA INTERNA DE LOS CIUDADANOS DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE, HECHOS EN LA CIUDAD DE BRASILIA. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 413/2005.

Se vota: 6 en 6. afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

5.- CARPETA Nº 268/2005.- ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNICO - CULTURAL, ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ANGOLA, SUSCRITO EN LUANDA, EL 20 DE OCTUBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 309/2005.

Se vota: 6 en 6. afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante - escrito - al señor Senador Sergio Abreu.

6.- CARPETA Nº 313/2005. ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL GOGBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, SUSCRITO EL 11 DE JUNIO DE 2004. REITERANDO EL REMITIDO EN FECHA 4 DE AGOSTO DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 400/2005.

Se vota: 6 en 6. afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante - escrito - al señor Senador Sergio Abreu.

A la hora diecisiete se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Albero Couriel Presidente -ad hoc-

Julio Duran Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Este Acuerdo de Cooperación ha sido celebrado el 20 de octubre de 2003 derivado, entre otras cosas, del restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República de Angola y con la República de Mozambique, desde 1994. Es importante, en el entendido de que va anunciando una cooperación de carácter bilateral, con la constitución de alguna Comisión para trabajar en conjunto, dadas las características que tiene cada Estado y, en particular, la República de Angola que, como sabemos, a través de su Puerto de Luanda tiene acceso al Océano Atlántico y una intensa actividad en el ámbito comercial, relacionándose con los países del Atlántico en una organización existente hoy entre parte de los países del MERCOSUR y parte de los países del Atlántico africano.

Podríamos hacer una serie de reflexiones sobre la importancia que tiene este acuerdo y la propia República de Angola, que cuenta con 13:000.000 de habitantes. Para darnos cuenta de la distancia que tenemos con esta República, que se vio enfrentada a una guerra civil de 25 años a partir de su independencia en 1975, podemos decir que la mortalidad infantil es de 140 por 1.000 habitantes, que la esperanza de vida es de 40 años y el analfabetismo asciende al 44% en los hombres y al 72% en las mujeres. A esto, debemos agregar una deuda externa que representa el triple de sus exportaciones y la riqueza de que dispone ese Estado, fundamentalmente identificada con las riquezas naturales y la comercialización de diamantes, que tiene una especial significación en el comercio internacional.

Las posibilidades de cooperaciones y relacionamiento son muy importantes y amplias, motivo por el cual creemos que debe refrendarse este Acuerdo lo antes posible para asegurar que las relaciones externas del país en materia comercial vayan consolidando una diversificación de mercados y productos que permita, entre otras cosas, como en el caso de estos países, ingresar en un área de esta naturaleza. No olvidemos que en la Reunión de Dojha del día de ayer se resolvió otorgar concesiones a 32 países -entre los cuales se encuentra Angola- para ingresar al mercado internacional en forma diferencial. No se verá beneficiado el Uruguay ni aquellos países que no tienen los niveles de pobreza de estas naciones africanas que están al margen de las posibilidades de su desarrollo. En ese sentido, entiendo fundamental que el Uruguay extienda su mano, no solamente firmando Acuerdos de Cooperación de carácter jurídico, sino también profundizando estos relacionamientos y tratando de buscar una cooperación más importante en el ámbito internacional.

Por todas estas razones, por unanimidad, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Cuerpo la aprobación de este Acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica y Técnico-Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Angola, suscrito en Luanda, el 20 de octubre de 2003."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

11) CONFECCION DEL ORDEN DEL DIA PARA LA SESION EXTRAORDINARIA PREVISTA PARA EL DIA MIERCOLES 21 DEL CORRIENTE

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- La Mesa dispone de una solicitud de reunión para el día de mañana, a fin de considerar el Tratado de Inversiones con los Estados Unidos. Como pueden surgir otros temas, por ejemplo, de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social o de alguna otra, sugiero que el Senado permita a la Presidencia poder incorporar al Orden del Día aquellos asuntos que entienda conveniente, a los efectos de no quedar limitado solamente al análisis del Tratado de Inversiones con los Estados Unidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en ese caso, también podríamos tratar en el día de mañana el Acuerdo con la República Islámica de Irán y lo relativo a la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Votamos por la afirmativa confiando en la ecuanimidad proverbial del señor Presidente y esperamos que se incluya el proyecto de ley sobre los mozos de cordel.

12) ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, suscrito en Montevideo el 2 de marzo de 2005, entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela. (Carp. Nº 288/05 - Rep. Nº 175/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 288/2005

Rep. Nº 175/2005

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 5 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, suscrito en Montevideo, el 2 de marzo de 2005, entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela.

Al reafirmar los vínculos de amistad y cooperación tradicionalmente existente entre ambas Repúblicas, el exordio del Acuerdo considera que las acciones de cooperación son indispensables para alcanzar los objetivos de progreso económico y social en un ambiente de paz y libertad, reconociendo la necesidad de adaptación a las cambiantes condiciones de los mercados de hidrocarburos y financieros.

La parte dispositiva del instrumento, establece que la República Bolivariana de Venezuela suministrará crudo, productos refinados y GLP, a la República Oriental del Uruguay por la cantidad de hasta cuarenta y tres mil ochocientos barriles diarios (43,8 MBD) o sus equivalentes energéticos, suministro éste que quedará sujeto a evaluación y ajuste en función de la evolución de las compras uruguayas, las disponibilidades venezolanas, las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo u otras circunstancias que obligen a modificar la cuota asignada por la parte proveedora.

La cuota de suministro pactada, se cancelará bajo condiciones especiales de financiación, a corto y largo plazo, con una tasa del dos por ciento de interés anual, admitiendo, asimismo, mecanismos de compensación comercial a través de la entrega de bienes y la prestación de servicios, para los pagos de intereses y de amortización de capital.

Como corolario, desde la perspectiva uruguaya, este Acuerdo permitirá el aprovisionamiento de un volumen constante de petróleo, derivados y gas, con un financiamiento que permitirá aliviar el impacto causado en la balanza de pagos por el aumento de los precios del crudo, a la vez que contribuirá a generar una corriente exportadora de productos y servicios uruguayos hacia el mercado venezolano, lo que se reflejará en la balanza comercial.

El Acuerdo entrará en vigor y permanecerá vigente por un período de un año, a partir de la fecha de notificación por escrito y por vía diplomática, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del cumplimiento de las formalidades internas, y se renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos, pudiendo ser denunciado en cualquier momento.

Al expresar su interés en la aprobación del mencionado Acuerdo, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, José Mujica, Mario Vergara, Jorge Lepra.

Montevideo, 5 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, suscrito en Montevideo, el 2 de marzo de 2005, entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela.

Reinaldo Gargano, José Mujica, Mario Vergara, Jorge Lepra.

ACUERDO DE COOPERACION

ENERGETICA DE CARACAS

El Presidente de la República Oriental del Uruguay y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en Montevideo, República Oriental del Uruguay, suscriben el siguiente Acuerdo.

Los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela,

REAFIRMANDO los estrechos lazos de amistad y cooperación que han existido tradicionalmente entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela,

TOMANDO EN CUENTA que las acciones de cooperación solidaria entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela son indispensables para alcanzar sus objetivos de progreso económico y social en un ambiente de paz y libertad,

RECONOCIENDO la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados de hidrocarburos y financieros,

ACUERDAN poner en ejecución el "Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas", que se especifica a continuación:

PRIMERO: La República Bolivariana de Venezuela suministrará crudo, productos refinados y GLP a la República Oriental del Uruguay por la cantidad de hasta cuarenta y tres mil ochocientos barriles diarios (43,8 MBD) o sus equivalentes energéticos. Dicho suministro será objeto de evaluación y ajuste en función de la evolución de las compras de la República Oriental del Uruguay, de las disponibilidades de la República Bolivariana de Venezuela y de las decisiones que adopte la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y de cualquier circunstancia que obligue a la República Bolivariana de Venezuela a cambiar la cuota asignada según lo especificado en este Acuerdo.

SEGUNDO: La aplicación de este Acuerdo será exclusiva para los entes públicos avalados por la República Bolivariana de Venezuela y por la República Oriental del Uruguay.

TERCERO: Los suministros que la República Boli-variana de Venezuela efectúe a los entes públicos designados por la República Oriental del Uruguay conforme con este Acuerdo se regirán por las políticas y prácticas comerciales de Petróleos de Venezuela S.A., la cual administrará las entregas de acuerdo con la cuota establecida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a solicitud del Ejecutivo Nacional, administrará los requerimientos basada en la cuota establecida en este Acuerdo.

CUARTO: La República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con la cuota de suministro establecida en este documento, otorgará esquemas de financiamiento a la República del Uruguay bajo las siguientes condiciones:

a) De Corto Plazo de hasta noventa (90) días, para la parte principal de los pagos, que generará un interés del dos por ciento (2%) flat.

b) De Largo Plazo de hasta quince (15) años para la amortización del capital, con un período de gracia de pago del capital de hasta dos (2) años y una tasa de interés anual del dos por ciento (2%). El monto de los recursos financiados aplicables se determinará con la siguiente escala:

 

 

La facturación de las ventas realizadas a los entes públicos designados por República Oriental del Uruguay, se hará con bases de precios referenciados al mercado internacional.

QUINTO: Los pagos de intereses y de amortización de capital de las deudas contraídas por la República Oriental del Uruguay podrán realizarse mediante mecanismos de compensación comercial, cuando así sea propuesto y acordado entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay, pudiendo la compensación comprender tanto la entrega de bienes como la prestación de servicios.

SEXTO: Para los efectos de este Acuerdo, los volúmenes de las ventas financiadas por la República Bolivariana de Venezuela serán para el uso del consumo interno de la República Oriental del Uruguay. Los volúmenes que serán ratificados en cada oportunidad por la República Bolivariana de Venezuela.

SEPTIMO: La República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay, a través de sus Ejecutivos Nacionales, designarán a los organismos responsables y ejecutores, así como los mecanismos y los procedimientos para la instrumentación de este Acuerdo.

OCTAVO: Este Acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mutuo de las Partes, a través del intercambio de notas diplomáticas. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo en cualquier momento mediante notificación, escrita y por la vía diplomática, dirigida a la otra Parte. La denuncia tendrá efecto a los noventa (90) días de recibida por la otra Parte la comunicación correspondiente.

NOVENO: Este Acuerdo entrará en vigor, a partir de la fecha en que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay notifique, por escrito y por la vía diplomática, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela haber cumplido sus formalidades legales internas. Permanecerá vigente por un período de un (1) año y se renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos.

DECIMO: Las controversias y discrepancias concernientes a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se resolverán de manera amistosa por las Partes, a través de negociaciones directas y de común acuerdo.

El Presidente de la República Oriental del Uruguay y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela suscriben este Acuerdo, el día 02 de marzo del año 2005, en dos originales en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Se trata de un Acuerdo de Cooperación energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. Sin ninguna duda, consideramos que es un acuerdo importante que, como se dice en la exposición de motivos, es de cooperación solidaria entre Uruguay y Venezuela.

No tengo ninguna duda de que América Latina está viviendo una nueva etapa; dentro de ella, algunos resultados electorales, como el que acaba de darse en Bolivia -y vamos a ver qué pasa en Chile el mes que viene-, están cambiando un poco la situación de la región.

Probablemente, este Acuerdo energético entre Uruguay y Venezuela también marca un estilo novedoso desde el punto de vista de la cooperación y la solidaridad internacional.

El Acuerdo en sí mismo significa, fundamentalmente, un suministro de petróleo crudo por parte de la República Bolivariana de Venezuela de hasta 43.800 barriles diarios. El motivo de ese monto es que sería exclusivamente para el consumo interno del Uruguay. Por lo tanto, no nos van a dar un petróleo crudo para que luego podamos exportarlo; nos dan la cantidad indispensable que requiere el consumo diario de nuestro país.

Por esta razón, este artículo 1º se vincula con el artículo 6º del Tratado, que dice: "Los volúmenes de las ventas financiadas por la República Bolivariana de Venezuela serán para el uso del consumo interno de la República Oriental del Uruguay".

Por su parte, el artículo 2º hace referencia a que este Acuerdo es válido para los Entes Públicos, por lo que habría que hacer uno distinto si quisiesen participar establecimientos o empresas del sector privado.

El artículo 4º genera esquemas de financiamiento, y me parece extraordinariamente importante. En el financiamiento de corto plazo, de hasta 90 días -normalmente, el petróleo se compra a 60 días-, para la parte principal de los pagos, según dice el artículo 2º, "generará un interés del dos por ciento (2%) flat". Esto fue tratado en la Comisión de Asuntos Internacionales y lo preguntó, en concreto, el señor Senador Alfie. La respuesta fue que para el 75% de los suministros, si el financiamiento está entre 30 y 90 días, hay un recargo del 2%; no se trata de una tasa de interés anual, sino de un recargo del 2%.

En lo que tiene que ver con el largo plazo, hay 15 años para la amortización del capital, con un período de dos años de gracia -es decir que estamos hablando de un período de 17 años-, y una tasa de interés anual del 2%, que tiene una escala. Esa escala va de un promedio de precios de U$S 15 a U$S 30 y el financiamiento es del 5% al 25%. Este artículo también generó en la Comisión no necesariamente puntos de vista distintos, pero sí interpretaciones de distinta naturaleza. Yo creo que debiera haberse dicho: "hasta 15", "de 15 a 20"; en cambio, se estableció: "mayor o igual a 15", "mayor o igual a 20", "mayor o igual a 30". En realidad, habla de una escala determinada y la interpretación que se ha hecho hasta el momento con respecto a las compras que se han realizado a Venezuela es: hasta U$S 15, un 5%; entre U$S 15 y U$S 20, un 10%. Por lo tanto, como el precio hoy está por encima de U$S 30, el financiamiento sería de un 25%.

De manera que también desde este punto de vista estamos haciendo el esfuerzo de contemplar las particularidades que se plantearon en la sesión de la Comisión.

En el mismo artículo se determina que los precios son los "referenciados al mercado internacional". En este sentido, quiero señalar que este año se han efectuado compras a empresas holandesas, francesas -porque hay licitaciones-, además de cuatro a Venezuela, y en las cuatro oportunidades se tomaron los precios del mercado internacional.

El artículo 5º-que me parece de lo más novedoso e interesante- permite que el 75% del precio pueda ser compensado con la entrega de bienes o servicios por parte de empresas uruguayas a Venezuela. Esto me parece muy importante. Hasta el momento se han hecho pagos a Venezuela por U$S 43:000.000, de los cuales U$S 33:000.000 han sido reinvertidos en el Uruguay. Todavía no está suficientemente aceitado el mecanismo como para que uno pueda decir: "Acá está la oferta de productos uruguayos, para poder compensar medidas de esta naturaleza". De todas maneras, con respecto a esa reinversión me gustaría decir que Conex -empresa vinculada a UTE- está prestando servicios a empresas de energía eléctrica venezolanas y ya ha cobrado U$S 10:000.000; hay U$S 10:000.000 para el Hospital de Clínicas que se van a pagar con la formación de profesionales venezolanos; U$S 5:000.000 para empresas recuperadas por trabajadores -del tipo de FUNSA o Cristalerías del Uruguay-; y hay chances de exportar etanol, portland y alcohol.

Personalmente, siento que todos estos elementos son extraordinariamente importantes. En el pasado, recuerdo que Brasil tenía un "trade" por el cual compraba petróleo sobre la base de poder vender determinados productos de exportación. Precisamente eso es lo que se está haciendo con Venezuela a través de este convenio y, desde ese punto de vista, me parece muy importante.

El convenio es por un año y se puede renovar automáticamente por períodos iguales y sucesivos.

Por último, el artículo 10 dice que si hay controversias y discrepancias, se resolverán de manera amistosa para las Partes, a través de negociaciones directas y de común acuerdo.

Este es el Acuerdo Energético con Venezuela, que entendemos es extraordinariamente valioso para el futuro comercial con ese país.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el Miembro Informante, señor Senador Couriel, ha aclarado algunas de las dudas que habíamos planteado en la Comisión en relación con la cláusula cuarta de este Convenio. Esta cláusula tiene dos literales. Con respecto al literal a), ahora queda claro que el petróleo tiene un recargo del 2% en una financiación de hasta noventa días. Según lo que expresó el señor Senador Couriel, al 75% del precio habría que agregar un 2%.

Por otro lado, en cuanto al literal b) de esta cláusula, el señor Senador Couriel hace la interpretación que se ha dado hasta ahora con respecto a este tema. El asunto es que como la interpretación poco menos que la hace Venezuela, tal como está redactado no hay posibilidad de cambiarla y el vendedor puede decir que financia sólo el 5%, aun cuando el precio sea mayor de U$S 30, porque establece que cuando el precio del barril es mayor o igual a U$S 15, se aplica el 5%, y como U$S 30 es mayor a U$S 15, puede elegir desde un 5% a un 25% para financiar a 15 años lo que quiera. Entonces, si bien hasta ahora ha sido del 25%, no es algo que quede claro, por lo que se trata de un error en el convenio que debería ser arreglado a efectos de ser votado por el Parlamento. Repito: esto es claramente un error. Quizás se pueda poner una venda al convenio, haciendo una interpretación para no cambiarlo todo, para que en definitiva quede claro cuáles son los límites.

Por otra parte, señor Presidente, en la primera cláusula se habla de un suministro que no está asegurado, porque dice: "Dicho suministro será objeto de evaluación y ajuste en función de la evolución de las compras de la República Oriental del Uruguay, de las disponibilidades de la República Bolivariana de Venezuela y de las decisiones que adopte la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y de cualquier circunstancia que obligue a la República Bolivariana de Venezuela a cambiar la cuota asignada según lo especificado en este Acuerdo".

Por lo tanto, nos parece que hablar de "acuerdo de cooperación energético" es demasiado pomposo, porque lo que hay en realidad es un contrato con determinadas condiciones, en el que Venezuela se reserva todos los derechos y Uruguay tendrá el derecho a comprar; y si Venezuela le quiere vender, puede usar estas condiciones. Es nada más que eso.

Además, creemos que la quinta cláusula del convenio, si bien habilita la posibilidad de mecanismos de compensación -que hasta ahora no han sido usados y que tienen grandes dificultades-, parece más declarativa que efectiva. En el tema del cemento portland los números que dio el Director de ANCAP, el señor Riet, fueron más que elocuentes. Concretamente, expresó que el costo de producir cemento en Uruguay -no sabemos a qué se refería, si a tonelada o a tonelada métrica- era de 50, en Venezuela de 100, y el de trasladarlo de Uruguay a Venezuela costaba 100, lo que quiere decir que llegaría a Venezuela a un costo de 150. En definitiva, ahorrar 50% en el traslado parece bastante difícil, por lo que esto funcionaría como una expresión de deseo pero no como algo cierto.

Ahora bien, la información de que disponemos indica que, de todas maneras, Venezuela haría una compra simbólica por una única vez, para hacer una compensación y evitar esta mala imagen que quedaría por el no uso de la compensación, que parece inviable desde el punto de vista económico, por los números que presenta la propia ANCAP.

Desde el punto de vista de la compensación con CONEX, todos sabemos que esta empresa tiene trabajo permanente y que vende a varios lugares del mundo. Está bien, está compensando con Venezuela, pero en realidad está restando ingresos de otros lugares; basta mirar los balances de UTE para advertir la facturación anual de CONEX, que es permanente y bastante superior a U$S 10:000.000.

Por último, quiero hacer una constatación que también se deriva de la cláusula cuarta del contrato de cooperación energética, y es que la facturación se hará en base a los precios de referencia del mercado internacional. De hecho, lo que se dijo el otro día en la Comisión es que los precios a los cuales Uruguay ha comprado petróleo a Venezuela oscilan entre U$S 60 y U$S 65 el barril, dando por tierra las expresiones del Canciller -que constan en la versión taquigráfica- en el sentido de que Uruguay había pagado U$S 43 el barril.

Por todo esto, porque no lo vemos como un acuerdo sino más bien como un otorgamiento unilateral o un convenio donde una de las partes tiene derechos y la otra no tiene forma de salir de esas reglas que se le pueden llegar a fijar, es que vamos a votar en contra.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- En la misma orientación que se ha venido reflexionando, queremos aportar algunas inquietudes sobre este Tratado, recalcando que todos estos son tratados internacionales. Este, precisamente, está vinculado al Acuerdo marco de Cooperación Energética -como lo dijéramos en Comisión- y, desde el punto de vista práctico, ya ha tenido una ejecución concreta a través de contratos celebrados entre PDVSA y ANCAP.

Como primera reflexión, tenemos que hacer hincapié en que las partes contratantes no están en pie de igualdad. En este Tratado, Venezuela tiene una gran discrecionalidad para manejar los términos de la comercialización del crudo y, por tanto, puede afectar las expectativas e incluso la forma y la conducción económica y comercial de la empresa estatal uruguaya, como la de tantos empresarios privados que van a estar vinculados a un mecanismo de compensación al que haremos referencia con mayor profundidad más adelante.

Es cierto -tal como lo han dicho el señor Senador Alfie y el señor Miembro Informante- que esto es un acuerdo marco de carácter general, donde todas las condiciones están del lado de la República Bolivariana de Venezuela. La primer cláusula dice: "La República Bolivariana de Venezuela suministrará crudo, productos refinados y GLP a la República Oriental del Uruguay por la cantidad de hasta cuarenta y tres mil ochocientos barriles diarios (43,8 MBD) o sus equivalentes energéticos. Dicho suministro será objeto de evaluación y ajuste en función de la evolución de las compras de la República Oriental del Uruguay, de las disponibilidades de la República Bolivariana de Venezuela y de las decisiones que adopte la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y de cualquier circunstancia que obligue a la República Bolivariana de Venezuela a cambiar la cuota asignada según lo especificado en este Acuerdo". Un tratado de esta naturaleza deja en manos de una de las partes contratantes una excesiva discrecionalidad, más allá de las eventuales aproximaciones a los criterios de cooperación y de relacionamiento que deben existir entre los Estados.

Pero esto, además, está vinculado con el contrato firmado entre PDVSA y ANCAP, que tuvimos oportunidad de repartir en la Comisión para poder analizarlo. Su Cláusula 3, relativa al volumen, refiere exclusivamente a los mismos montos de crudo que establece el Tratado marco. Dice: "El volumen de Crudo y/o Producto a ser vendido y comprado"... "será hasta por la cantidad de Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Barriles diarios"... "o la cuota que resulte de un eventual cambio establecido por la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo Primero del Acuerdo de Cooperación". Además dice: "Queda entendido entre las Partes, que EL VENDEDOR no está obligado a vender, ni EL COMPRADOR a comprar, los volúmenes que hayan dejado de nominarse y entregarse, durante cualquiera de los trimestres programados de acuerdo con lo establecido en esta Cláusula".

Pero a su vez, señor Presidente, la relación asimétrica que existe en este Tratado tiene una explicación difícil de alcanzar cuando nos referimos a las cláusulas 15 y 18. Justamente, la cláusula Nº 15 refiere a la ley aplicable y dice: "Todos los aspectos relacionados con la validez, interpretación y ejecución de este contrato, se regirán por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela".

Más adelante tiene una cláusula de arbitraje -tema que ha tenido y tiene una gran vigencia, y seguramente mañana, en el abordaje del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, lo veremos- que dice: "Cualquier controversia, reclamo o incumplimiento relacionado a este contrato, será resuelto a través de arbitraje llevado a cabo en idioma español e inglés en la ciudad de Miami en los Estados Unidos de América o cualquier otra ciudad acordada por ambas partes, estará integrada por tres árbitros designados de acuerdo con las reglas de la cámara internacional de comercio"...

Obviamente, aquí se incorpora lo que, en general, es costumbre en el ámbito del comercio internacional, o sea, establecer cómo será la designación de estos árbitros y, al final, la designación de un tercero que será nombrado por la Corte de Arbitraje de la Comisión Internacional de Arbitraje. Pero agrega: "Nada en este contrato será interpretado para evitar que cualquier Tribunal competente emita decretos, medidas u órdenes con cualquier otra finalidad similar en ayuda de cualquier arbitraje iniciado (o a ser iniciado) y el cual persiga el pago de cantidades de dinero debidas al vendedor. El laudo arbitral dictado por los árbitros podrá ser presentado ante cualquier Tribunal competente para su reconocimiento y ejecución". ¿Qué quiere decir esto? Esta asimetría que notamos en el Tratado se concreta con una excesiva discrecionalidad a favor de la República Bolivariana de Venezuela, que simplemente nos anuncia que hará determinadas inversiones en función de la contraparte que Uruguay pueda tener.

Yendo al tema de la contraparte, señalamos que cuando se firmó el acuerdo inicial, se habló de la importancia que tenían los acuerdos comerciales con Venezuela y del interés que tiene la República Bolivariana de Venezuela en comprar nuestro cemento y otros productos, así como también del interés que tienen los sectores privados en particular de seguir exportando los tan cuestionados productos lácteos que han tenido tantas dificultades en el acceso al mercado de aquel país. Esa compensación está vinculada, entre otras cosas, a un sistema de comercio de la República Bolivariana de Venezuela, que es de licencias de importación concedidas con total discrecionalidad. Acá no se ha establecido un acceso al mercado, como es normal, para que los productores y los exportadores puedan tener una corriente fluida de comercio sin estar sujetos a la discrecionalidad de Venezuela, por un lado, en la modificación de las cuotas, de los cupos o de la venta del petróleo y, por otro, en la administración discrecional de sus licencias de exportación.

Esto quiere decir que nuestro socio pleno en el ámbito político -no todavía comercial, porque tendrá que adherirse a todas esas disposiciones- tendrá que modificar su sistema de licencias de importaciones para ser miembro del MERCOSUR. A su vez, para modificar dicho sistema -lo que es de estilo-, hacemos hincapié en que el mecanismo que aquí se establece debe ser modificado en el futuro porque el acceso al mercado en materia de comercio tiene que ser irrestricto y, además, en función de negociaciones puntuales que se realizan de Estado a MERCOSUR o a bloque.

Entonces, las expectativas comerciales están muy limitadas, y si bien se puede prestar servicios, como en el caso de CONEX -entre otras cosas, porque está ayudada por una empresa que tiene un importante aporte de subsidios a su competitividad, que le permite ingresar en los mercados internos y ser una organización de carácter monopólico en ámbitos de distribución y no de generación, logrando un ejercicio a favor de la competitividad-, no vemos cómo vamos a asegurar una mejora en el trabajo, la producción y las exportaciones uruguayas. En definitiva, creemos que esto será en detrimento de las exportaciones de nuestro país.

El anuncio que hacía la República Bolivariana de Venezuela era que iba a comprar cemento portland, y este último no ha sido vendido todavía -como bien lo ha reconocido el señor Ministro de Industria, Energía y Minería- debido a que las condiciones del flete sacan fuera del mercado las posibilidades de su exportación. Es más; se anuncia que se pondrá a disposición de los fletes una flota de Venezuela para poder subsidiar o, mejor dicho, facilitar el ingreso de cemento al mercado venezolano. Hay otros productos que también tenemos que colocar en la República Bolivariana de Venezuela, entre los cuales mencionamos los lácteos, que están sujetos a esta cuota o licencia de importación y que han sido limitados por la decisión de aquel país, de hace unos años, de establecer en la Organización Mundial de Comercio una cuota menor a las tradicionales exportaciones uruguayas; es decir, comercio administrado, proteccionismo y, además, un acceso al mercado absolutamente errático en función de los vaivenes que supongan los volúmenes de crudo que la República Bolivariana de Venezuela decida exportar al Uruguay según la cuota o las circunstancias que ella misma administra a su propio antojo y discreción.

Este es un tema que debemos manejar con mucho cuidado, porque tiene repercusiones de toda naturaleza, no sólo en el ámbito comercial, sino también en el político y, particularmente, en lo que refiere al relacionamiento de carácter estructural o institucional del Uruguay con la República Bolivariana de Venezuela.

Por nuestra parte, planteamos todas estas inquietudes en el seno de la Comisión; algunas de ellas fueron contestadas y otras no, en particular las de tipo comercial. La balanza comercial con Venezuela sigue siendo de aproximadamente U$S 30:000.000. Nuestras exportaciones están marcadas por un sector lácteo que debería crecer y, además, cuando hay desfase o un balance con la República Bolivariana de Venezuela es particularmente porque las exportaciones de petróleo -que, como bien se ha dicho, se han producido durante mucho tiempo; es decir que no son nuevas- son parte de una relación natural y comercial entre los dos países.

Por consiguiente, creemos que este Tratado debió y debe ser analizado con mayor profundidad para no confundir las afinidades -que son muy legítimas- respecto de cómo se encaran algunos temas de carácter internacional y regional, con los aspectos de interés comercial que se relacionan, nada más y nada menos, que con el productor uruguayo, con el trabajador y con todo aquel que quiere tener oportunidades más ciertas, sin incertidumbres a nivel comercial, evitando discrecionalidades que los países ricos, algunos circunstancialmente y otros de manera permanente, siempre imponen a los que quieren buscar una salida mejor para su relacionamiento comercial.

Por estos motivos, planteamos este tipo de dudas, tanto en Comisión como en el Plenario del Cuerpo, entre otras cosas, para que el Poder Ejecutivo pueda tomar en cuenta algunas de estas sugerencias a fin de dar a la inserción externa del país y a su estrategia comercial un adecuado rumbo, de manera de evitar que las asimetrías terminen condicionando -como ocurre siempre- la suerte de los países más pequeños.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: voy a intentar responder algunas de las inquietudes planteadas por los señores Senadores del Partido Colorado y del Partido Nacional.

Ante todo, se dice que no hay condiciones de igualdad entre los dos Estados. Eso es exactamente así. En realidad, los beneficios son, fundamentalmente, para Uruguay. Venezuela tiene petróleo, lo puede vender a donde quiera y puede hacerlo al contado, a treinta o a sesenta días. Ese país no tiene beneficios especiales; en cambio, Uruguay sí los tiene, y muchos. Por eso, estoy de acuerdo cuando se dice que no son condiciones de igualdad. El más beneficiado es nuestro país en una situación de esta naturaleza.

Por otro lado, se dice que es Venezuela quien tiene derecho a definir si mantiene el suministro o no. Eso es verdad, y es fruto de los imprevistos que se pueden dar en el mercado internacional del petróleo. Venezuela dice: "Estoy dando el 25% del precio del petróleo a una tasa de interés del 2% -mucho más baja que la del mercado financiero internacional-; estoy dando dos años de gracia". Y si hay un hecho imprevisto en el mercado internacional, es muy lógico que ese país diga: "Voy a parar el suministro que le estoy dando en estas condiciones a Uruguay". Entonces, desde ese punto de vista, también es muy clara la situación.

En lo que refiere al artículo 4º, es verdad que el 2% sobre el 75% termina siendo un recargo. Lo acepto, pues creo que es así. Probablemente, en el momento en que se hizo el acuerdo, esto era una característica propia de distintos Tratados que Venezuela había hecho y se dificultó el hecho de poder modificarlo. De todas maneras, aunque hay un 2% en el 75% que no sería beneficioso para nosotros, hay tantas otras compensaciones que el acuerdo, en general, termina siendo extremadamente favorable a nuestro país.

Tal vez, en un futuro Acuerdo, habría que tener más claridad sobre la escala de 15 a 20 -es posible-, pero en estos momentos tengo la total tranquilidad acerca de cuál es la interpretación y la expresión "escala".

Por último, en lo que tiene que ver con las compensaciones, debemos decir que es un Acuerdo que recién empieza. Estamos en pleno diálogo. El señor Presidente del Senado concurrió con una delegación empresarial para ver qué posibilidades hay. Si UTE - Conex pone diez millones, se puede entender que no es bueno. Fantástico, pero los está poniendo, y si los pone allí, del mismo modo los puede poner en otro lado. Si Venezuela nos está ayudando con las empresas recuperadas como Cristalerías del Uruguay y FUNSA, es positivo. Si mañana el Pórtland se va a poder vender o no, francamente no lo sé; ojalá se pueda vender y ojalá se puedan vender también otros productos, por ejemplo, los lácteos, tal como lo dice el señor Senador Abreu. Démosle el tiempo correspondiente. Este proyecto establece el plazo de un año y se puede renovar sucesivamente, pero insisto: démosle el tiempo correspondiente, porque siento que es muy beneficioso.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Fernández Huidobro)

- Sobre otros dos temas a que hizo referencia el señor Senador Abreu, pienso que no es el momento de responder. Si Venezuela va a ser miembro pleno, por supuesto que tiene que modificar la licencia de importación, pero no es tema de este Tratado. La verdad es que cuando hay controversias, en estas circunstancias, el artículo 10º es muy claro. El señor Senador Abreu hablaba del Acuerdo entre PDVSA y ANCAP, que desde ese punto de vista tiene elementos distintos a éste. Pero lo que estamos considerando aquí es este Acuerdo energético, a través de cuyo artículo 10º se deja a las partes la posibilidad de que resuelvan por negociaciones directas y de común acuerdo cualquier tipo de problema que haya.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: nosotros nos sumamos a las reflexiones de nuestro compañero de Bancada, el señor Senador Abreu, quien como siempre tiene un punto de equilibrio, de conocimiento y de experiencia sobre Acuerdos de estas características. Pero también reflexionamos en el sentido de que este Acuerdo nos genera más interrogantes que certezas. Es más, tenemos la percepción de que el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas -que no sabemos por qué se rotula "de Caracas" cuando, según tenemos entendido, fue firmado en Montevideo- se parece más a un contrato de adhesión que a un Tratado entre dos naciones. Nosotros creemos -y así lo dejamos como constancia en la Comisión, a través de algunas preguntas- que este Acuerdo puede involucrar una dependencia de un único proveedor de petróleo, hecho que, de por sí, es peligroso. El mecanismo de financiación al que se hace mención con el pago en el plazo que se establece, puede crear, precisamente, esa dependencia en función de que el flujo de endeudamiento puede seguir condicionando la relación de comercio con la República de Venezuela.

Además -digámoslo todo-, Uruguay compraba petróleo a Venezuela hasta el 2001. Después, cuando sobrevino la crisis del 2001 -y ANCAP no estuvo ajena a ella-, la empresa estatal solicitó a sus proveedores 90 días de plazo para el pago de los cargamentos de crudo, pero PDVSA no se lo concedió.

El Convenio prevé el suministro de petróleo por una cantidad de hasta 1:314.000 barriles por mes. No se establece un piso y sí un techo en la cantidad, pero se deja constancia de que ese suministro puede ser objeto de evaluación y ajuste en función de las compras del Uruguay. Entonces, puede suceder que el endeudamiento se vaya generando, más allá de que reconocemos que el plazo del Tratado es por un año y, por lo tanto, puede denunciarse. Sin embargo, en un año igualmente se puede generar un fuerte endeudamiento, porque por algunas cuentas a través de este mecanismo se podría llegar a un endeudamiento anual de entre U$S 70:000.000, U$S 80:000.000 o U$S 90:000.000, lo que no es poco, y se puede seguir construyendo esa especie de control que puede darse por parte de PDVSA en lo que tiene que ver con el mercado de combustibles en el Uruguay. Esto, sumado al Acuerdo que ya votó este Parlamento, al Acuerdo de Cooperación Energética Integral, al Convenio Integral de Cooperación Energética, nos parece que genera lo que ya dijimos al principio: más incertidumbres y preguntas que respuestas concretas y certezas.

Se ha argumentado por parte del Gobierno que es un gran logro lo establecido en la Cláusula Quinta del Acuerdo, referente al pago de intereses y amortización de capital de la deuda generada mediante mecanismos de compensación comercial. Pero el propio tenor de la Cláusula Quinta establece que es facultativo y que, de hecho, la relación comercial entre Venezuela y Uruguay todavía no está en el punto de simetría como para poder acudir con practicidad a estos mecanismos de compensación que podrían ser de interés para nuestro país. Por lo tanto, eso es eventual con respecto a la ocurrencia.

Aquí se citaban determinadas asignaciones de partidas sobre las que, francamente, nuestro Partido, el Partido Nacional, todavía no tiene conocimiento oficial. Se tendrá que comprender por parte de los señores Senadores de la Bancada de Gobierno que hay muchos Convenios y Tratados firmados entre la República Bolivariana de Venezuela y el Uruguay que todavía no han venido a este Parlamento. Recordamos de la sesión anterior, en lo que significaba un Acuerdo del cual tomamos conocimiento a través de la prensa, los temas de la cesión de un espacio orbital en las comunicaciones a Venezuela, de Telesur; de todas las partidas que el Miembro Informante reseñaba, nosotros nos habíamos enterado por la prensa. Esa es la realidad: nos enteramos por la prensa en función de la gimnasia un poco ostentosa que en forma pública hizo el propio Presidente Chávez en una suerte de reparto de cheques y de partidas económicas que, evidentemente, no tenemos el gusto de conocer, pero que ojalá sean beneficiosas para el país.

En consecuencia, señor Presidente, por las interven-ciones que se han dado en este Plenario y las interrogantes -mucho más versadas que nuestros humildes aportes en la materia- realizadas por el señor Senador Abreu, vamos a votar en contra de este Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- No pensaba intervenir en este tema, pero me llaman poderosamente la atención las reflexiones de algunos miembros de la oposición del Senado. Lo único que advierto es una profunda antipatía por el señor Chávez. Si el país se guiara por este tipo de cosas, no votaríamos el Tratado con Estados Unidos. En realidad, este es un acuerdo marco de intenciones. Se dice que Venezuela se compromete poco, pero Uruguay se compromete muy poco. ¿Le conviene o no al país un programa de intercambio compensado de petróleo por bienes y servicios del Uruguay? Creo que como idea le conviene y después, si el negocio se concreta o no, va a depender de cuáles sean los términos del mismo. En todo caso, lo evaluará ANCAP y posteriormente lo hará con responsabilidad política el Parlamento si quiere tener la información y no comparte alguno de los negocios. Lo único que ha hecho ANCAP en el pasado ha terminado en ruinas. Seguimos padeciendo el bochorno y la ruina y no veo que haya tanta alarma. Aquí se está programando un intercambio con un proveedor mundial de petróleo de primera magnitud. ¿Es conveniente o no para el país que aparezca este tipo de oportunidades? Me parece que es altamente conveniente. También lo es que se dé la posibilidad -que se usará o no de acuerdo con los términos de conveniencia del negocio- de que una parte bastante significativa pueda pagarse en un período prolongado con una tasa de interés baja y que haya una contrapartida de productos uruguayos.

Si existe un problema de cupos, no depende de esto, tal como lo expresó el señor Senador Couriel. Depende de un proceso en el cual se está dando la integración de Venezuela al MERCOSUR. Tendrá que suscribir una serie de acuerdos que son parte del paquete y eso llevará un tiempo.

El problema de fondo acá es que no se está de acuerdo con que Venezuela se integre al MERCOSUR ni que Uruguay establezca un vínculo comercial interesante con ese país por razones políticas. Del análisis en estos términos tan generales de un Acuerdo marco, no advierto otras razones para no estar de acuerdo.

He escuchado con atención y puedo compartir algunas observaciones del señor Senador Abreu en cuanto a que ciertos aspectos podrían haber sido redactados mejor, pero estos son términos muy generales de un proceso de intercambio prometido en el que cada una de las partes va hasta cierto punto y luego deberán evaluarse los términos específicos del negocio.

A mi juicio, si mañana no se da un proceso de apertura desde el punto de vista comercial con Venezuela en el marco del MERCOSUR, esto va a generar dificultades y la ejecución de este tipo de Acuerdos va a ser muy limitada. Me parece que en el día de hoy, el Parlamento simplemente está aprobando un Acuerdo marco que fija parámetros muy genéricos y los negocios serán más o menos brillantes cuando se traten y estén arriba de la mesa.

Actualmente, tenemos intenciones de llegar a un punto de aproximación. Hasta dónde llegaremos, la vida lo dirá. Ahora, desde el punto de vista parlamentario, que no habilitemos un acuerdo con un carácter tan general como este me llama poderosamente la atención.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- No quisiera entrar en una polémica que podría ser interminable, pero sí deseo hacer una reflexión puntual sobre lo que ha expresado el señor Senador Rubio.

No es un buen elogio para quienes trabajamos como Senadores que se nos endilgue que actuamos por simpatía o antipatía en las relaciones de Estado. Este tipo de relaciones son de intereses, señor Presidente, y el nuevo Gobierno se habrá dado cuenta de que los amigos cuentan muy poco a la hora de vender los intereses. Basta preguntarle al Presidente Kirchner qué conducta tiene con respecto a nuestras papeleras, lo que hoy están reclamando algunos exportadores uruguayos a Brasil o lo que está sucediendo con algún tipo de cláusula de salvaguardia con la República Argentina, para apreciar cuán poco se nos tiene en cuenta, más allá de los aspectos de simpatía, cuando se trata de temas comerciales.

Al referirnos a los temas comerciales, estamos hablando de los uruguayos, no de una reunión académica. Aquí existen expectativas importantes de exportadores uruguayos al mercado venezolano. Es cierto, tal como lo manifiesta el señor Senador, que esto puede quedar librado a las circunstancias y a una serie de variables no controlables solas, pero a la hora de firmar un contrato o un tratado, desde nuestro punto de vista, el tema no se mira por simpatías, sino por cuáles son las mejores condiciones que el país asegura a su sector productivo. No se trata sólo de la ayuda que le pueda dar a una fábrica en particular, porque no la hace competitiva de por vida. Lo importante es cuál sector productivo se fortalece en ese sentido. Por esa preocupación reflexionamos acerca de cómo se ha avanzado con la República Bolivariana de Venezuela.

No se trata de que nos resulte simpático o antipático el señor Presidente Chávez, que por su locuacidad natural, hace méritos suficientes para tener simpatías o antipatías alrededor del mundo. Si no, preguntémosles a todos los hermanos latinoamericanos, ya que algunos han recibido

-por ejemplo, el Presidente Uribe, el Presidente mexicano- sus alusiones directas, que son parte también de sus licencias poéticas, que están dentro de las prerrogativas de cada Jefe de Estado. Más allá de eso, nuestra preocupación es que tenemos Tratados como el de Telesur, que todavía no ha llegado al Senado. Ese Tratado se ha firmado y se está ejecutando. Tenemos dificultades y nos hemos enterado por los diarios de que existe un gran problema con el Canal 5, porque el señor Gerente General de Telesur discute a través de la prensa con la Directora de Canal 5 y el Gobierno parecería que no interviene en este tema. Son cuestiones que hacen al relacionamiento armónico entre los Estados. Tenemos que evitar que, por estas asimetrías, demos demasiada amplitud a los Estados con los que negociamos para que sean dueños de decisiones que luego nos afectan. Nuestra preocupación no es que nos guste o no determinado Estado. Mañana vamos a votar el Tratado con los Estados Unidos y no es que unos sean pro yankis y otros estén en contra de ellos. Hasta ahora no hemos definido todavía hasta dónde quiere ir Uruguay. Si nuestro país tiene un proyecto estratégico, comercial y político y no se ajusta en su momento por las condiciones y los términos de un Tratado con Venezuela, con Estados Unidos, con Irán o con la República del Congo, debemos decir que Uruguay recorre otro camino, porque es el único ejercicio que nos permite esta menguada soberanía.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Comparto el criterio del señor Senador, pero no lo entiendo. Si me voy a guiar por los intereses económicos, sociales y de soberanía del país y no por las simpatías o antipatías, no veo reparos fundamentales a este Acuerdo. Advierto posibilidades que se abren en un marco de incertidumbre en cuanto a si se van a concretar o no. Todos los Acuerdos que tenemos con otros países, incluidos los de intercambio comercial y los de inversión, son Acuerdos marco que habilitarán o no la concreción de negocios interesantes. Eso ya lo sabemos. El asunto es si existe o no un programa que apunta en una dirección que hace a un compromiso básico que después nos habilita algunos caminos.

Desde ese punto de vista, analizando el articulado, me parece que se interponen temores con otras cosas que pueden aparecer como el asunto de Telesur, que tendrá que ver con algunos estilos, pero no con lo que dice concretamente este Tratado.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: como ya he hecho uso de la palabra en dos oportunidades, no pretendo extenderme mucho en mi exposición. Simplemente deseo dejar una constancia.

No sé cuáles son las motivaciones políticas, pero me interesa que quede claro que quienes estuvieron presentes en la Comisión de Asuntos Internacionales durante el tratamiento de este tema, finalmente votaron favorablemente este Acuerdo y ahora vienen al Plenario del Senado y lo hacen en contra.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, hay un techo en cuanto a lo que Venezuela puede ofrecer como suministro. Dado el volumen anual que maneja el Uruguay no advierto el menor riesgo de que nuestro país quede en alguna forma de dependencia. Además, entiendo que el Directorio de ANCAP fue enfático en cuanto a la diversificación de la fuente de suministro como política estratégica permanente.

Creo haber advertido en el Directorio de ANCAP y en el señor Ministro una línea consistente de defensa de los intereses del país, analizándose en ese marco los términos de este Acuerdo.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: nosotros no votamos en contra por un problema de aversión o simpatía hacia un determinado país; para nada. Lo hacemos por lo que hemos fundamentado en cuanto a que el Tratado como tal tiene errores, agujeros, falencias. No es un tratado de cooperación energética, sino que es algo totalmente sesgado y permite que un país pueda hacer lo que quiera y el otro acepte o no. En realidad, este último acepta. Esto es lo que nos hace votar en contra del Tratado, más allá que, desde nuestra óptica, comprar combustible a quince años es un error. En nuestra opinión, nadie puede tener un gasto de consumo corriente financiado a quince años, porque todos sabemos cómo terminamos. Este es otro factor fuera del Tratado como tal y del marco que se le quiere dar al decir que aquí se ofrece un estímulo, lo que desde nuestro punto de vista es equivocado. No quiere decir que se vaya a usar plenamente, porque es claro que no es necesario, pero se corre un riesgo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En lo personal no advierto ningún riesgo, ya que la decisión la toman las empresas del país o el Ministro correspondiente. Ellos son quienes decidirán si hacen negocios o no. Si se entiende conveniente hacer un intercambio de acuerdo con el artículo 5º, relativo al pago de intereses y amortizaciones de capital por deudas contraídas, mediante mecanismos de compensación comercial, pudiendo comprender la misma la entrega de bienes y la prestación de servicios, así se hará.

Todas las personas con las que he hablado, tanto las que pertenecen a UTE como a CONES, me han dicho que, en realidad, se abre una posibilidad totalmente conveniente para el país, que permitirá una expansión y contar con un nuevo punto de apoyo en el mundo. Ojalá siga creciendo mucho más pero, que se haga un acuerdo en una dirección, no significa que no se pueda realizar una expansión con empresas donde la base fundamental son los recursos humanos. Nuestro país tiene, en este sentido, un capital social nada desestimable. Entonces, si tenemos la posibilidad de que empresas públicas o asesorías vinculadas a las mismas se expandan, lo único que puedo decir es: ¡Bienvenido para los uruguayos! Sin embargo, otras cosas tienen mayores dificultades y dependen de lo que decía el señor Senador Abreu, pero en todo caso se van a resolver en el marco de otra negociación que no es la que estamos discutiendo en la actualidad.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: adhiero a lo anteriormente expresado en el sentido de que no se trata de votar por simpatía o antipatía hacia nadie, sino que lo que importa es aprobar un Tratado que le sirva al país. Ojalá así sea. Nosotros estamos planteando nuestras reservas por todas las interrogantes que hemos señalado aquí en Sala y las que expusimos en la Comisión. En ésta se votó un determinado proyecto para habilitar su discusión en el Plenario, pero ello no significa que aquí se termine apoyando un Tratado de estas características.

Además, este Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas debe analizarse en forma conjunta con el Convenio Integral de Cooperación Energética que ya fue aprobado por el Parlamento. Este último otorga facultades a ANCAP en relación con PDVSA que son muy similares a las que figuraban en la Ley de ANCAP que fue objeto de plebiscito en este país.

En consecuencia, hemos manifestado nuestra posición por las interrogantes que hemos señalado y por la dependencia económica que se puede generar en este marco de endeudamiento por quince años para comprar petróleo, como se ha señalado. ¿Ese sería un buen negocio? No lo sé.

SEÑOR COURIEL.- Es excelente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Para finalizar y tratando de no encender una polémica a la que no rehuimos, pero que está lejos del ánimo de los señores Senadores en el día de hoy, queremos recordar que en febrero de este año se firmó un acuerdo programático en el área internacional, económica y de la educación, en el que todos los Partidos nos comprometimos a impulsar políticas de Estado en materia de política exterior. Luego de diez meses de Gobierno, realmente sentimos que no hemos recibido consultas en el marco de la política exterior de nuestro país, la que involucra tratados de estas características que se firmaron en la ocasión que todos conocemos. Existen dudas en cuanto a sus contenidos y redacción y por eso no vamos a acompañar este Tratado. Ojalá que dentro de un año este Parlamento reciba el informe correspondiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de ANCAP y del Poder Ejecutivo, en el sentido de que ha sido provechoso y que por ello nuestro país se va a acoger a una prórroga del mismo puesto que es de beneficio para el Uruguay. Sin embargo, también hay que reconocer a nuestra fuerza política, al Partido Nacional, el derecho a disentir con un Tratado como el que hoy se está sometiendo a consideración del Senado de la República.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley sobre el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, suscrito en Montevideo el 2 de marzo de 2005.

(Se vota:)

- 17 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, suscrito en Montevideo, el 2 de marzo de 2005, entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

13) CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE MENORES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en La Paz. (Carp. Nº 294/05 - Rep. Nº 176/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 294/05

Rep. Nº 176/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 24 de mayo de 1995 que se adjunta, por el cual se reiteran las solicitudes de fecha 3 de mayo de 1988, y 7 de enero de 1992 y 2 de mayo de 2000 de aprobación parlamentaria de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación de la misma.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención Interameri-cana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que tuviera lugar en la Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

Montevideo, 24 de mayo de 1995.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Doctor Hugo Batalla:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar los Mensajes de fechas 3 de mayo de 1988 y 7 de enero de 1992, cuyo texto se transcribe, por el que se solicita la aprobación de las Convenciones suscritas por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que convocada por la Organización de los Estados Americanos tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984, al permanecer vigentes para los intereses de la República, los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío:

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con el artículo 168, inciso 20 de la Constitución de la República a efectos de someter a su consideración para la correspondiente aprobación legislativa las Convenciones suscritas por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que convocada por la Organización de los Estados Americados tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Las Convenciones aprobadas en dicha Conferencia, (en adelante CIDIP III), cuyos textos separados se acompañan, son las siguientes:

"1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores;

2.- Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado;

3.- Convención Ineramericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras;

4.- Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

Tales Convenciones y el Protocolo Adicional fueron suscritas en la sesión de clausura, celebrada el día 24 de mayo de 1984, por delegados de los países: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, República Oriental del Uruguay y Venezuela.

Además de los ya mencionados, asistieron a la CIDIP III delegados de los siguientes países: Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay.

La solicitud de aprobación de los precitados instrumentos interamericanos de Derecho Internacional Privado se fundamenta en la exposición que se desarrolla a continuación:

"I) Antecedentes.

1. La conferencia es un órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos, tal como lo prevé la Carta en el artículo 130.

Hasta el presente tres han sido las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado: la CIDIP I celebrada en Panamá (14 a 20 de enero de 1975), la CIDIP II reunida en Montevideo (23 de abril a 8 de mayo de 1979), y la CIDIP III, cumplida en La Paz, en la fecha arriba indicada.

2. En cuanto a las Convenciones aprobadas con la CIDIP I han sido:

1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés, Facturas;

2.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Cheques;

3.- Convención Interamericana sobre arbitraje Comercial Internacional;

4.- Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias;

5.- Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero;

6.- Convención Interamericana sobre régimen legal de los Poderes para ser utilizados en el Extranjero.

Todas ellas, ratificadas por el Gobierno de la República por Decreto-Ley Nº 14.534 del 24 de junio de 1976.

3.- Las Convenciones aprobadas por CIDIP II han sido:

1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques;

2.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles;

3.- Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros;

4.- Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares;

5.- Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero;

6.- Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado;

7.- Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado;

8.- Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos a Cartas Rogatorias.

También aprobadas por el Gobierno de la República mediante Decreto-Ley Nº 14.953 del 6 de noviembre de 1979.

4. La obra de las tres CIDIP ha tenido por objeto actualizar a nivel interamericano la normativa convencional de los Tratados de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1889 y de 1939-40, así como el Código Bustamante aprobado en 1928 por la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana.

En tal sentido, se trata de una codificación progresiva que procura, básicamente, regular los conflictos de leyes, propios del Derecho Internacional Privado clásico, sin perjuicio de la aprobación de leyes uniformes para ciertas materias del tráfico internacional.

En cuanto a las materias abordadas son varias: predomina la material procesal -como se advierte de la nómina de las Convenciones-, aun cuando también se alcanzan las materias civil y comercial.

5. Existe en la obra de las CIDIP una hilazón determinada por el objeto acordado: en este sentido, a título de ejemplo, adviértese que la Convención aprobada por la CIDIP II sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ha sido complementada por la Convención aprobada por la CIDIP III sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia de las Sentencias Extranjeras.

Similar situación se constata en materia de Sociedades Mercantiles y Personas Jurídicas.

6. A modo de síntesis puede señalarse:

a. en materia procesal se ha partido de la cooperación judicial internacional a través de la Convención Exhortos y Cartas rogatorias (CIDIP I) para extenderse luego a la regulación de los diferentes institutos del proceso jurisdiccional en la esfera internacional;

b. en cuanto a las materias sustantivas, la obra de CIDIP abarca los instrumentos documentarios del comercio internacional (cheques, letras y facturas), y las "sociedades mercantiles" como sujeto principal en el ámbito mercantil internacional: al extenderse a la Adopción Internacional de Menores, se incluye en la obra codificadora una tipifica figura del Derecho Civil de Familia.

7. Tal proceso codificador se ha visto reafirmado por la convocatoria de la CIDIP IV (Res. AG/RES. 771 (XV-0/85) respecto de la cual el Gobierno uruguayo ha anunciado su interés en ser sede, así como por el temario provisional de la reunión aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, el que incluye:

1.- Secuestro y Restitución de Menores;

2.- Transporte Terrestre;

3.- Contratación Internacional;

4.- Obligaciones de Alimentos.

Además, como un quinto punto optativo, el divorcio.

8. Es preciso consignar que el creciente número de Estados ratificantes, según consta en las Tablas anexas, muestra de modo inequívoco la receptividad que ha tenido y tiene en los países del sistema interamericano la obra codificadora de la CIDIP.

Igualmente, es oportuno señalar que las Delegaciones del Uruguay han cumplido en las tres CIDIP una destacada labor, teniendo a su cargo en todas ellas, algunas de las Relatorias, tal como se registra en el documento anexo con indicación de las respectivas autoridades y división de las tareas de las Conferencias.

Con ello no se ha hecho sino continuar una verdadera tradición nacional en el ámbito del Derecho Internacional Privado, magistralmente inaugurada por Gonzalo Ramírez en el Primero Congreso Sudamericano de Montevideo de 1889, seguida por la brillante actuación del Profesor Alvaro Vargas Guillemette en el Segundo Congreso de 1939-40, y llevada a un grado superior en el campo de la construcción doctrinaria por el eximio Profesor Quintín Alfonsín.

9. Finalmente, es importante establecer que las Convenciones Interamericanas en vigor vienen siendo objeto de aplicación por la jurisprudencia de los distintos Estados Partes y en lo que refiere en particular al Uruguay, ello se advierte con frecuencia cada vez mayor en los respectivos repertorios especializados.

II. Análisis de las Convenciones.-

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCION DE MENORES

I) Naturaleza del instituto y finalidad de la Convención.

La adopción constituye un instituto del Derecho Privado cuya fuente se encuentra en la ley que lo crea y lo regula en los diversos aspectos vinculados a los sujetos, modalidades y efectos, optando por uno u otro tipo de solución según las características por las cuales se incline en definitiva la política legislativa de los Estados en la materia.

El Derecho Internacional Privado se ve convocado a la regulación de la adopción cuando la categoría en juego involucra a más de un Estado -y a su orden jurídico- sea en el momento de la constitución del vínculo, sea posteriormente en el acto de la invocación de su eficacia extraterritorial y, en particular, de sus efectos.

En el ámbito de los países del sistema interamericano en general, la adopción está prevista en los derechos internos, los que carecen en la mayoría de los casos de normas nacionales sobre el tema destinadas a resolver las cuestiones jurídicas vinculadas al Derecho Internacional Privado y de modo especial, la cuestión de la ley y jurisdicción competente. Es por ello que la Convención pretende llenar dicho vacío de previsión normativa, con referencia al área internacional interamericana, sin que ello implique en modo alguno fijar pautas políticas nacionales o internacionales en relación a la adopción, ni fomentándola ni desechándola como solución.

Es preciso indicar aquí que la ley de la residencia habitual del menor, de conformidad con la Convención, rige la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como los procedimientos y formalidades extrínsecas para la constitución del vínculo.

Queda garantizada de este modo la incumbencia, decisiva, del país del adoptado y sus propias políticas en materia de adopción internacional de menores.

II) Antecedentes de la Convención de La Paz.

El Cuarto Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Santiago de Chile en 1924, invitó a los gobiernos americanos a incorporar a sus legislaciones la adopción de menores, como una institución favorable al adoptado y no sólo como medio de proveer descendencia.

En las décadas de los años treinta y cuarenta se aprueban las primeras leyes en la materia y en Francia, en 1939.

Este tipo de adopción plena cuya característica esencial es romper el vínculo anterior al tiempo que crea uno nuevo de carácter irrevocable, se incorpora a nuestro sistema positivo en 1945.

Este instituto se prevé en los textos internacionales interamericanos aún antes de su consagración en los derechos internos de los Estados latinoamericanos. En 1928, el Código de Bustamente aprobado en La Habana (Sexta Conferencia Panamericana) trata de la adopción internacional en los Arts. 73 a 77. También el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 hace lo propio en los Arts. 23 y 24.

A pesar de que a partir de la década del 40 adquiere incremento la adopción internacional por razones de índole diversa (disolución familiar, pobreza crítica, guerras y violencia, etc.) la Décima Asamblea General de la OEA, reunida en Washington resuelve incluirlo como tema de la CIDIP III. En 1981, la Undécima Asamblea General, reunida en Santa Lucía apoya la iniciativa del Instituto Interamericano del Niño de llevar a cabo una reunión con el cometido de examinar el tema, la que tiene lugar en Quito en 1983. En ella, grupos de trabajo interdisciplinarios (médico, sociológico y jurídico) intercambiaron valiosa información y llegaron a conclusiones que constituyeron el fundamento de la regulación posterior. El grupo de Derecho Internacional Privado optó por utilizar como documento básico de trabajo el preparado por el experto uruguayo, el que incluía un proyecto de Convención Interamericana de normas de conflicto que fue aprobado con algunas modificaciones. El proyecto de Quito fue elevado a consideración del Comité Jurídico Interamericano, el que en su período de sesiones de enero de 1984 aprobó un proyecto sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores. Este último proyecto, así como el de Quito y el presentado por la delegación uruguaya, constituyeron los documentos básicos sobre los que trabajó la respectiva Comisión en La Paz más los que luego se agregaron, uno de Argentina y otro de Nicaragua en materia de nacionalidad del adoptado.

III) Examen de la Convención

III.1. Ambito de aplicación de la Convención y definición de la adopción internacional.

El Art. 1 dispone que la Convención "se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparan al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte".

Esta fórmula -a la vez que señala el carácter internacional de la categoría en relación a la conexión domicilio o residencia en su caso- favorece las llamadas adopciones plenas y afines, habida cuenta del inconveniente de la revocación de tales actos en la esfera internacional.

No obstante, el Art. 2 dispone que cualquier Estado Parte, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, puede declarar que extiende su aplicación a cualquier otra forma de adopción internacional de menores, de modo de posibilitar por esta vía, la extensión de la Convención también al tipo de adopciones simples. La fórmula resulta lógica en un sistema de conflicto donde en definitiva resulta aplicable la ley nacional escogida, aunque cabe señalar que la moderna tendencia, como en la Convención de Estrasburgo de 1968, lleva al desplazamiento de la adopción simple por la plena.

También pueden los Estados Partes "en todo momento", como señala el Art. 20 extender la Convención a las adopciones puramente internas, en las que adoptante y adoptado tienen residencia en un mismo Estado "cuando de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interviniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se proponga constituir domicilio en otro Estado Parte después de constituida la adopción".

El Art. 25 por su parte establece el efecto extraterritorial de pleno derecho de las adopciones internas, cuando adoptante y adoptado residan en un mismo Estado "sin perjuicio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo domicilio del adoptante (o adoptantes)".

III.2 La ley aplicable.

El Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940 consagra en el Art. 23, una solución de tipo acumulativo y regula la adopción internacional por las "leyes de los domicilios de las partes en cuanto sean concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público".

La Convención de La Paz se aparta de este antecedente y distribuye entre la ley de la residencia habitual del menor y la del domicilio del adoptante la regulación de las condiciones de fondo de la adopción, atribuyéndoles, respectivamente, "la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado... "por un lado y "a) la capacidad para ser adoptante; b) los requisitos de edad y estado civil del adoptante; c) el consentimiento del cónyuge del adoptante... d) los demás requisitos para ser adoptante", por el otro (Arts. 3 y 4).

En cuanto a los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo" el art. 3 los somete a la ley de residencia habitual del menor; solución conveniente pues esta última es a la vez la "lex fori", ya que la competencia para el otorgamiento de las adopciones se atribuye por el Art. 15 a las autoridades del mismo Estado.

La Convención se inclina por la ley del adoptado, atendiendo a las soluciones normativas señaladas: dicha adopción se corrobora en el mismo Art. 4 precitado in fine, cuando establece que ‘en el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante (o adoptantes) sean manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia habitual del adoptado, regirá la ley de éste’. Se señaló la ventaja de esta solución, pues al ser la ley escogida la del adoptado, se minimiza la posibilidad de aplicación del orden público internacional, que pudiere surgir por incompatibilidad entre las reglas vinculadas al menor y las del adoptante.

III.3. La jurisdicción competente.

Las disposiciones relativas a la competencia internacional se circunscriben a efectuar su distribución en el espacio, obviando un pronunciamiento acerca de las autoridades competentes para el otorgamiento d e las adopciones en cada Estado, tal como se efectuara en la Reunión de Expertos de Quito.

Los Arts. 15 y 16 establecen que el otorgamiento, la anulación y la revocación de la adopción son de la competencia de las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado.

Esta solución se aparta de los precedentes de la Reunión de Expertos de Quito y del Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, en los que resultaban competentes las autoridades de los Estados de residencia habitual del adoptado y del adoptante, sea a opción del promotor de la adopción -en uno de los proyectos- o bajo otras alternativas.

La regla finalmente aprobada implicaría el traslado de los adoptantes para concretar la adopción o constituir apoderados que lleven a cabo las gestiones pertinentes. Esta última modalidad -no prevista en la Convención- suscitó controversias, aunque cabe concluir de una interpretación contextual e histórica que ésta no prohíbe la adopción por poder y que correspondería a la ley de residencia habitual del menor resolver acerca del punto, si se opta por una calificación que permita encuadrarla dentro de los procedimientos y formalidades previstos en el Art. 3.

En cuanto a la conversión de la adopción simple en plena, cabe indicar aquí que son competentes las autoridades del Estado de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción, o las del Estado donde tenga domicilio el adoptante o las del Estado donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio al momento de pedirse la conversión (Art. 16 inc. 2).

Los jueces del domicilio del adoptante, mientras el adoptado no constituya domicilio propio decidirán las cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado y adoptante y entre las respectivas familias.

III.4. Los efectos de la adopción.

Los artículos 9, 10 y 11 prevén el régimen de los efectos de la adopción internacional, en una fórmula que supera tanto a la Convención de La Haya de 1964, que ignoró el punto, como a los Tratados de Montevideo de 1940, respecto del cual surgieron dudas interpretativas en cuanto a la eventual regulación implícita de dichos efectos en su formulación normativa.

Al respecto, la Convención regula:

- las relaciones de adoptante y adoptado en las adopciones plenas o equivalentes se regulan por la misma ley que rige las relaciones del adoptante (o adoptantes) con su familia legítima, incluyendo las relaciones alimentarias (Art. 9).

- en las restantes formas de adopción rige la ley del domicilio del adoptante en las relaciones entre adoptante y adoptado: las relaciones entre este último y su familia de origen se regulan por la ley de residencia habitual del menor al momento de la adopción.

- el Art. 11 inc. 2 establece que la adopción plena o equivalente equipara el hijo adoptivo al legítimo, norma de tipo material que impondría para los Estados Partes, una modificación eventual en su legislación sucesoria. En cuanto a la ley aplicable a los derechos sucesorios entre adoptante y adoptado, el inc. 1 del mismo artículo dispone que se regulará por la ley de las respectivas sucesiones. Los impedimentos para contraer matrimonio no fueron objeto de previsión específica, simplemente se menciona que subsisten entre el adoptado y su familia de origen (Art. 9 b.). Ello autoriza a interpretar que se regirían por la ley de la celebración, ya que es ésta la conexión por la que optaron nuestro sistema de Derecho Internacional Privado nacional y los Tratados de Montevideo.

- el Art. 9 b. dispone que los vínculos entre el adoptado y su familia de origen "se considerarán disueltos", norma material que pone fin a toda discusión al respecto y torna irrelevante la cuestión relativa a si dicha ruptura integra los efectos de la adopción.

III. 5. Revocación, anulación y conversión.

Sólo son revocables las adopciones simples, aspectos que se somete a la ley de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción (Art. 12).

La anulación se rige por la ley de su otorgamiento -la de la residencia habitual del adoptado- "velándose por los intereses del menor de conformidad con el Art. 19 de la Convención" (Art. 14). El Art. 19 establece una solución favor negotii en favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado, disponiéndose además -en consonancia con la Convención sobre Normas Generales de Montevideo de 1979- que las leyes aplicables "se interpretarán armónicamente".

Se prevé la posibilidad de conversión de adopción simple en adopción plena, figura que tiende a favorecer las formas plenas de adopción y tiene antecedentes en los precitados documentos que sirvieron de antecedentes a la Convención (Art. 13). Ella se regirá, a elección del actor, por la ley de residencia habitual del adoptado -al momento de la adopción- o la del Estado donde tenga domicilio el adoptante -al momento de pedirse la conversión-, conformidad mediante del menor de más de 14 años.

III.6 La eficacia extraterritorial de las adopciones internas.

La Convención consagra el efecto de pleno derecho de las adopciones internas en todos los Estados Partes (Art. 25). Se resuelve con ello un problema frecuente, en una solución -ley del nuevo domicilio del adoptante- que difiere de la prevista para los efectos de la adopción internacional plena, cuya ley aplicable es la misma que rige las relaciones del adoptante con su familia legítima (la cual podrá no ser la del domicilio del adoptante). Tendríamos entonces una ley diversa para los efectos, según fuera la adopción interna o internacional.

En cuanto a los efectos de pleno derecho de estas adopciones, serían las consustanciales a la institución, como el parentesco, el nombre, la patria potestad, el derecho alimentario, los impedimientos matrimoniales.

III.7. La institución desconocida y el orden público internacional.

El Art. 5 establece que las adopciones surtirán efectos de pleno derecho en los Estados Partes, sin que pueda invocarse la excepción de institución desconocida. Se avanza aún más que en la prealudida Convención sobre Normas Generales de 1979, que condiciona el mecanismo al criterio de la analogía. Aunque cabe advertir que resulta obvio que no podría darse el caso de que la adopción fuere desconocida por los Estados cuyas leyes intervienen en su constitución, aspecto que fuera así consignado en los antecedentes.

La fórmula de orden público (Art. 18) es similar a la recogida en las restantes Convenciones del ámbito de las CIDIP, aunque cabe destacar ciertas limitaciones específicas como en el Art. 5 en el Art. 4 in fine (requisitos para adoptar), el referido Art. 19, etc.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

I) El campo de aplicación de la Convención.

La Convención abarca tres grandes categorías de personas jurídicas, las personas jurídicas privadas, el Estado y las personas jurídicas de derecho público actuando en actividad privada y las personas jurídicas internacionales, cuya regulación y características pasaremos a analizar seguidamente.

II) Las personas jurídicas privadas.

II) 1. Ambito pasivo y definición.

El Art. 1 se refiere a las personas jurídicas en general, toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, constituidas en los Estados Partes, aunque la sede o domicilio se halle en un Estado no Parte. El mismo artículo introduce una definición uniforme de la persona jurídica, con la ventaja de que la misma podría ser aplicada a las relaciones con los Estados no signatarios en los casos ante los tribunales de un Estado signatario. Sería persona jurídica "toda entidad que tenga existencia y responsabilidad jurídicas", toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, "distintas a las de sus miembros o fundadores" y que "sea calificada como persona jurídica por la ley de su constitución". El Art. 1 in fine refiere a "categorías especiales de personas jurídicas" que podrán regularse por "convenciones específicas". Es éste el caso de la Convención sobre Sociedades Mercantiles de 1979 que regula ese tipo de personas jurídicas y que debe integrar sus eventuales vacíos o lagunas dentro de su propio sistema; no así respecto de las sociedades civiles -excluidas del campo de aplicación de la mencionada Convención sobre Sociedades- las que, si fueren personas jurídicas, entrarían en el ámbito de aplicación de la Convención sobre personas jurídicas en su análisis.

II.2. La "circunstancia de aplicabilidad".

La constitución en alguno de los Estados Parte es la circunstancia que hace aplicable la Convención, aspecto denominado por la doctrina en el campo del derecho material uniforme internacional como "circunstancia de aplicabilidad". Naturalmente que ello es diferente del factor de conexión o conexión, en sentido estricto, propio de las normas en conflicto -mayoría de los Tratados de Montevideo, por ejemplo-, que lleva a la determinación de la ley aplicable, sin regular por si la relación, aunque la precitada circunstancia resulta especialmente útil, en cuanto señala con precisión los casos que en definitiva se "conectan" con la Convención por inclusión preceptiva de su ámbito de aplicación.

II.3. El lugar de la constitución.

Se reitera -en el método empleado y en sus términos específicos- la definición de la "ley del lugar de constitución" de la Convención de Sociedades Mercantiles de 1979, en cuanto al Art. 2 dispone que aquélla es "la del Estado donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dicha persona".

En consecuencia, la Convención no será aplicable a las personas jurídicas que, teniendo su sede social en un Estado Parte, han sido constituidas en un Estado no Parte. Situación diversa ocurre cuando el lugar de constitución y de sede se encuentran en Estados diferentes, pero ambos Estados son Partes de la Convención. Para este caso se prevé -de modo equivalente a, como ocurre en la precitada Convención sobre Sociedades Mercantiles- la posibilidad de que la persona jurídica sea obligada a cumplir con los requisitos de la ley de la sede (Art. 5), con la finalidad de impedir, en ambas Convenciones, el fraude a la ley.

Es destacable que el relieve asignado al lugar de constitución se proyecta en forma significativa sobre la ley aplicable a la personalidad y a la capacidad, aspectos que, tal como se verá a continuación, conllevan un retorno a la fórmula del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1989 y el abandono de la del Tratado de 1940.

II.4. La existencia y capacidad.

Se trabajó sobre la base del proyecto del Comité Jurídico Interamericano y de un proyecto presentado por la delegación uruguaya que tuviera decisiva influencia sobre el texto final aprobado.

La existencia y capacidad se someten a la ley del lugar de constitución, la que también abarca el funcionamiento, disolución y fusión (Art. 2). La norma aprobada es más amplia que la propuesta por el Comité y que la Convención de Sociedades Mercantiles de 1979, ya que ninguna de ellas es aplicable a la fusión. La mención del "funcionamiento" se vincula puramente al interno, ya que el ejercicio de la actividad está previsto en el Art. 4.

II.5. El reconocimiento.

También en este punto, se aprecia su equivalencia de soluciones respecto de la Convención sobre Sociedades Mercantiles de 1979. Se consagra en el Art. 3 el reconocimiento de pleno derecho, sin perjuicio de la facultad de comprobación de la existencia de la persona jurídica. La norma resulta adecuada y coherente con un sistema jurídico que adopta como ley reguladora la de constitución.

II.6. La capacidad de ejercicio.

a. La ley aplicable.

El Art. 4 dispone que "para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del Estado donde se realicen tales actos". Aunque con intención similar, resulta más precisa la fórmula adoptada en la Convención de Sociedades Mercantiles donde se dispone que la ley del lugar de actuación regula la capacidad de ejercicio. La redacción de 1984 podría inducir en confusión en cuanto aparece como regulado por dicha ley "el ejercicio de actos" y no la capacidad misma, siendo ésta la interpretación adecuada, tal como surge de los antecedentes.

b. El ejercicio directo o indirecto: acertada eliminación de la distinción.

Luego de un amplio debate se resolvió no incorporar la distinción recogida en el Art. 4 de la Convención sobre Sociedades Mercantiles. La multiplicidad de casos de dudosa inclusión abarcados para la calificación de ejercicio indirecto provocaron críticas y complejidades interpretativas respecto de aquella designación, circunstancia que determinó la vuelta a fórmulas anteriores, en las que dicha distinción no se recogía.

c. La supresión de la habitualidad.

En este aspecto si, se reitera la solución de la Convención sobre Sociedades Mercantiles que recoge la fórmula de los Tratados de Derecho Civil de Montevideo de 1889 y deja de lado la de 1940, por fundamentos análogos a los expresados en IV.2.. La dificultad de precisar el alcance de "ejercicio habitual" auspicia su eliminación y coloca en manos de la jurisprudencia la identificación concreta de cuando se verifica el "ejercicio de actos comprendidos en el objeto social", o, meramente, se trate de actos preparatorios.

II.7. La representación.

El Art. 6 contempla la actuación de representantes fuera del lugar de constitución de la persona jurídica, modalidad natural de actuación dentro del reconocimiento de pleno derecho que la propia Convención prevé y dispone, acerca de la legitimación procesal del representante de la persona jurídica para responder de pleno derecho a los reclamos y demandas que contra ellas pudieran intentarse con motivo de los actos en cuestión".

III) El Estado y demás personas jurídicas de Derecho Público.

Al Derecho Internacional Privado siempre le preocupó la cuestión del Estado extranjero actuando como sujeto de Derecho Privado. Ello estaba previsto ya en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1889 (Art. 3) y en el mismo de 1940 (art. 3) extendiéndolo a las "demás personas jurídicas de derecho público extranjeras".

La Convención asegura el reconocimiento de pleno derecho de la personalidad jurídica del Estado y personas de derecho público (Art. 7) sometiéndola a dos limitaciones: las restricciones establecidas por la ley local y, en particular, las relativas a actos jurídicos referentes a derechos reales. Además, se salvaguarda el derecho a invocar la inmunidad de jurisdicción (Art. 7 in fine). La Convención se limita a sentar ciertas pautas muy generales, ya que la fijación de los límites de los derechos y obligaciones a que puedan estar sujetos los Estados extranjeros es competencia de la ley local, la cual será, en definitiva, la que determinará la extraterritorialidad de pleno derecho de la personalidad jurídica en cada caso.

El Estado extranjero no está en principio sujeto a admisión; de ahí la importancia de identificar sus potestades como sujeto de derecho.

Cabe aclarar que cuando la actividad estatal se realice a través de una sociedad mercantil, dicha actividad no estaría regulada por la Convención de 1984 sino por la de 1979 sobre Sociedades Mercantiles, que no distingue entre sociedades privadas y públicas.

IV) Las personas jurídicas internacionales.

IV.1. Alcance extensivo de la categoría.

El Art. 8 sigue, en este tema, los conceptos básicos de los proyectos del Comité Jurídico Interamericano, en especial el de 1983 que contempla a las personas jurídicas internacionales emanadas de resoluciones de un Organismo internacional.

En atención a sus antecedentes, el referido artículo tendría el alcance que sigue:

"a) Comprende a los sujetos secundarios o derivados del acuerdo entre Estados.

b) Se trata de sujetos públicos en virtud del nexo que mantienen, por su génesis, con los Estados. Estarían, en ciertos aspectos, regulados por el Derecho Internacional Público, sin perjuicio de que la Convención los abarque en su calidad de sujetos de Derecho Internacional Privado.

c) La personalidad jurídica los convierte en entes independientes respecto de su Estado de creación y pueden, en consecuencia, relacionarse con aquellos o con otros Estados.

d) La Convención les atribuye personalidad jurídica de pleno derecho en los Estados Partes, aunque ella no surja del instrumento constitutivo.

e) Entrarían en el campo de aplicación de la Convención, de modo amplio, todos los sujetos de derecho público surgidos del acuerdo entre los Estados o de resoluciones de un Organismo Internacional, sea éste de naturaleza política (OEA) o de otra índole (ALADI, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Yaciretá, etc.).

f) No quedarían comprendidas las organizaciones internacionales no gubernamentales, cuya inclusión en el proyecto del Comité Jurídico Interamericano fuera expresamente rechazada. Quedarían, no obstante, incluidas en la Convención, las personas interetáticas, si éstas fueran resultado de un acuerdo entre Estados y no exclusivamente de las propias personas jurídicas entre sí.

IV.2. El Derecho aplicable.

a. La ley aplicable a la personalidad y a la vida interna.

El estatuto regulador de las personas jurídicas internacionales surge del contenido del acuerdo internacional o de la resolución que las crea. En consecuencia, se aplicará una ley nacional en tanto el acto constitutivo así lo determine. Dicha posibilidad no será, en este caso, consecuencia de un conflicto de leyes.

La vida interna de la persona jurídica se sujetará a dicho acto constitutivo exclusivamente o complementado por desarrollos jurídicos posteriores vinculados al desenvolvimiento de la actividad de la propia entidad, cuando ello sea permitido.

b. La ley aplicable al ejercicio.

La Convención dispone que estas entidades revisten, en todos los Estados Partes, la condición de sujetos de derecho privado; pueden actuar, en consecuencia, del mismo modo que las personas jurídicas privadas. Habida cuenta de que estas personas jurídicas pueden ser creadas por dos o más Estados Partes, pero no necesariamente por todos, queda abierta a la práctica la actitud de estos terceros países cuando las personas jurídicas actuaren en éstos, ya que la Convención guarda silencio al respecto.

V. Conclusiones.

En síntesis: se trata de una Convención que ajustándose a criterios aceptados doctrinariamente tiende a establecer dentro del sistema interamericano, normas ciertas y adecuadas con relación a la personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho Internacional Privado.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS

I) Antecedentes.

La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo en 1979, exigía como requisito procesal básico que el juez o tribunal sentenciador tuviera competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde la sentencia deba surtir efecto (Art. 2 inciso d).

Dicha norma no conformó a la totalidad de los Estados participantes de la CIDIP II, al supeditar la eficacia extraterritorial del fallo a las soluciones que en materia de competencia hubiera establecido el Estado receptor.

La nueva Convención aprobada en La Paz en 1984 tiene por finalidad posibilitar la debida aplicación de la Convención de 1979, evitando conflictos de jurisdicción entre los Estados Parte del sistema interamericano, mediante normas expresas vinculantes sobre competencia internacional.

Al pretender cumplirse en otro Estado contratante la sentencia que pone fin a un litigio, el juez del Estado receptor deberá apreciar -con arreglo a normas internacionales- si el Juez de la causa era competente al dictar el fallo.

Para el estudio del tema la CIDIP III tuvo especialmente en cuenta los documentos elaborados por la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado -celebrada en Washington en abril de 1980-, el proyecto de Convención elaborado por el Comité Jurídico Interameri-cano en 1982, y las modificaciones propuestas por la Delegación del Uruguay en la Conferencia, basadas en los estudios efectuados por la Sala de Derecho Internacional Privado del Instituto de Derecho y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo.

II) Características generales de la Convención.

A diferencia del sistema global, regulador de la competencia internacional, directa e indirecta, se ha aceptado un sistema especial, regulador de la temática al exclusivo efecto del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras.

Indice elocuente del gradualismo de la codificación interamericana contemporánea del Derecho Internacional Privado.

La Convención revela un intento de acercamiento entre las soluciones del sistema del Derecho Civil y del Common Law, lo que se refleja en algunas soluciones acordadas y en significativas exclusiones.

Se trata, asimismo, de una Convención independiente y autónoma, pudiendo los Estados que lo deseen ser únicamente partes en esta Convención de La Paz, sin quedar al mismo tiempo obligados a ratificar la Convención aceptada por la CIDIP II. Sin perjuicio de aquellos Estados que deseen vincular ambos instrumentos y complementarlos puedan hacerlo a través de la declaración del Artículo 12.

La Convención es, en principio, favorable a aceptar criterios alternativos de competencia, admitiéndose con flexibilidad diversas posibilidades de actuación judicial. Como excepción se admiten criterios exclusivos para los accionamientos reales sobre bienes inmuebles y para aquellos derivados de la contratación mercantil internacional en que se haya pactado válidamente la jurisdicción.

Las normas adoptadas son subsidiarias, en el sentido de que son aplicables si no coexisten otras -convencionales o consuetudinarias- más amplias y generosas (Art. 8).

Finalmente, se trata de una reglamentación fragmentaria que se limita exclusivamente a las situaciones que contempla, sin posibilidades de extenderse a las materias excluídas y sin pretensiones de configurar una normativa completa y exhaustiva de la jurisdicción internacional indirecta (Art. 6 acápite).

III) Alcance de la Convención.

La Convención se aplica a las sentencias judiciales extranjeras en general, sean éstas constitutivas, declarativas o de condena. Quedan excluidos los laudos o sentencias arbitrales en tanto la Convención no rige en materia de arbitraje (Art. 6 literal i).

Los Estados Partes están facultados a extender el alcance de la misma a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de daños y perjuicios derivados del delito.

Nuestro país no hizo uso de esta misma facultad al momento de ratificar la Convención de 1979 sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, caducando una posibilidad de extensión que en dicha Convención se justificaba.

No resulta aconsejable, sin embargo, extender el ámbito de esta Convención de 1984 en tanto los criterios de competencia indirecta de la misma no han sido pensados para actos de jurisdicción voluntaria ni tampoco existe base jurisdiccional que contemple los efectos civiles de las sentencias penales.

IV) Ambito espacial y material de aplicación.

Se circunscribe en forma precisa el ámbito geográfico en el artículo primero de la Convención, comprendiéndose a las sentencias dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado Parte.

Dicho marco regional no descarta la posibilidad de alcanzarse eventualmente a aquellas sentencias extraregionales dictadas en cualquier otro Estado ajeno al sistema interamericano, que se haya adherido a la Convención.

La Convención se aplicará exclusivamente a los fallos dictados en materia civil o comercial -no obstante no haberlo indicado de modo expreso- quedando excluidos los fallos en cuestiones laborales (Art. 6, literal g).

Se eliminan del ámbito de la Convención, de acuerdo al artículo 6 determinadas materias, como por ejemplo, capacidad de las personas físicas, divorcio, sucesión testamentaria o intestada, daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, cuestiones marítimas y aéreas, etc.

Las materias excluidas, en su casi totalidad, se inspiran en las Convenciones sobre competencia, ejecución de decisiones del Mercado Común Europeo de 1968, 1970 y de La Haya de 1971, así como en el Convenio Franco-Español en 1969, instrumentos todos ellos limitativos del campo de su aplicación material.

Se ha buscado evitar áreas muy complejas, sumamente sensibles al orden público de los Estados, en las que también los sistemas del Common y Civil Law varían sustancialmente.

Algunas de las categorías excluidas, como las pensiones alimenticias y la responsabilidad extracontractual deberán ser contempladas en una próxima instancia codificadora, encontrándose incluidas en el temario tentativo de la CIDIP IV.

V) Análisis de los criterios de competencia indirecta.

La Convención clasifica en cuatro secciones, los criterios de competencia indirecta aceptada, tomando como base la naturaleza de las acciones:

"A) Acciones personales de naturaleza patrimonial;

B) Acciones reales sobre bienes muebles corporales;

C) Acciones reales sobre bienes inmuebles; y

D) Acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales.

A. Acciones personales de naturaleza patrimonial.

Siguiendo una terminología ya empleada en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (Art. 56 inc. 3) se prevén en esta sección cuatro supuestos que dicen relación con las especiales características del demandado o con sus actitudes procesales en el juicio.

Tratándose de personas físicas se acepta el criterio tradicional del domicilio o residencia habitual del demandado, de plena adaptación en los distintos sistemas jurídicos coexistentes en la región. El texto aprobado sigue los lineamientos de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, aprobada en la CIDIP II, que al identificar el domicilio con el lugar de la residencia habitual de la persona se pliega a la concepción objetiva.

Siendo un criterio de competencia en la esfera internacional, y no de competencia interna del órgano interviniente, resulta acertada la precisión establecida de que se requiere el domicilio en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia.

Para el caso de acciones contra personas jurídicas, sociedades civiles o comerciales de carácter privado se sigue también el criterio del domicilio, el que se identifica con el lugar del establecimiento principal. Se acepta también como criterio alternativo -para ambas formas societarias- el lugar de constitución de la sociedad.

Aunque no existe definición en el propio documento del sentido a darse a la expresión "establecimiento principal", del análisis de las deliberaciones emana que fue admitida como equivalente a "sede de la administración central", coincidentemente con el Art. 5 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles de 1979.

Quedan excluidas del ámbito de la Convención las sociedades de carácter público, obviándose indirectamente un pronunciamiento sobre el delicado tema de la inmunidad de jurisdicción.

Se prevén también los accionamientos contra sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, estableciéndose como base de jurisdicción válida el lugar en donde se realizan las actividades, objeto de las respectivas demandas. La norma implica un desarrollo especial del principio general del domicilio para el caso concreto, en armonía con la solución dada por el art. 3 inc. 2 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940, que las considera domiciliadas en el lugar en donde funcionan, y sujetas a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que allí practiquen.

Finalmente, en materia de fueros renunciables se admite la autonomía de la voluntad como criterio atributivo de jurisdicción, pero limitada exclusivamente a la prórroga post litem, requieriéndose que el demandado haya consentido expresamente por escrito la competencia del juez o implícitamente a través de su comparecencia en el juicio sin cuestionar la misma.

B. Acciones reales sobre bienes muebles corporales.

La naturaleza de los bienes tiene influencia en la determinación de los jueces que deben conocer en las acciones reales que recaigan sobre los mismos.

Tratándose de bienes muebles corporales la Convención establece criterios alternativos, aceptando el tradicional que atribuye competencia a los jueces del lugar en que se encuentren situados al momento de la demanda, así como los criterios vigentes en materia de acciones personales patrimoniales (Sección A del artículo 1).

Quedan excluidos del ámbito de la Convención los bienes muebles incorporales, de más difícil localización y regulados normalmente por convenciones específicas.

C. Acciones reales sobre bienes inmuebles.

La Convención recoge como criterio de competencia exclusivo en esta materia el del territorio del Estado Parte en que se hayan encontrado situados los bienes inmuebles, al momento de entablarse la demanda. Temperamento ya aceptado por los Tratados de Montevideo y el Código de Bustamante, y en general en el Derecho Comparado.

No se tienen en cuenta, en cambio, a las acciones mixtas, por entenderse que esta clasificación podría no encontrar exacta ubicación dentro del sistema del Common Law.

D. Acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales.

De modo excepcional la Convención recoge la autonomía de la voluntad como base atributiva de jurisdicción. Se establecen límites expresos atinentes a la materia, en tanto el criterio se admite sólo en el ámbito de la contratación mercantil internacional. La razonabilidad de la conexión entre la jurisdicción elegida y el objeto de la controversia y la ausencia de abusos en la determinación del Juez, como criterios restrictivos de la autonomía de las partes, quedan sujetos a la apreciación judicial, la que opera tanto en el proceso original como en la etapa de reconocimiento o ejecución del fallo.

VI) Jurisdicción de emergencia.

Se incorpora un nuevo criterio de competencia indirecta, pensado para situaciones extremas en que existen conflictos negativos de jurisdicción internacional y determinado órgano judicial asume competencia para evitar denegación de justicia.

La apreciación de las circunstancias en que asumió la competencia el tribunal que dictó la sentencia quedará siempre a criterio del tribunal requerido.

VII) Jurisdicción Funcional.

Se contemplan los casos de contrademandas independientes y conexas, abarcándose las distintas situaciones que el tema ofrece en los sistemas procedimentales de los Estados Americanos.

Si se considera la reconvención como una acción independiente -posibilidad bien conocida en los Estados Unidos de América- será reconocida la sentencia que decida la contrademanda solamente si se ha cumplido algún criterio de competencia aceptado por la Convención.

En caso de contrademanda estrechamente ligada a la demanda principal, segundo supuesto del Convenio, queda satisfecho el requisito si ya hubo criterio jurisdiccional cumplido respecto a la demanda principal.

VIII) Competencia exclusiva del Estado requerido.

La competencia exclusiva estará regulada en la Convención de La Paz como excepción jurídica a través de la cual el Estado Parte receptor puede rechazar la eficacia del fallo extranjero dentro de sus fronteras.

El uso abusivo de esta norma puede desvirtuar el funcionamiento de la Convención aprobada. La interpretación contextual del Convenio de La Paz así como sus antecedentes inmediatos circunscriben -sin embargo- la denominada competencia exclusiva a sus justos límites.

En primer lugar, con rango de norma supranacional, la propia Convención contempla dos casos de competencia exclusiva: en materia de acciones reales sobre bienes inmuebles y en materia de acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales con pacto atributivo de jurisdicción válido.

En segundo lugar, en las sesiones de la Reunión de Expertos de Washington, antecedente obligado de la CIDIP III, existió consenso de que la jurisdicción exclusiva siempre afecta el orden público internacional, aun cuando no se recogió en el documento aprobado la fórmula propuesta en esta sentido por el Profesor Werner Goldschmidt.

Finalmente, cabe inferir a través de las actas de la Comisión que estudió el tema en la CIDIP III, como interpretación auténtica del texto aprobado, que los participantes en dicho evento entendieron por competencia exclusiva aquella jurisdicción única basada en consideraciones de orden público.

Y al excluirse del ámbito de la Convención varias materias en las que prevalece el interés o el orden público (Art. 6), las posibilidades prácticas de la invocación de la excepción quedan reducidas a la mínima expresión.

XI) Sentencias provenientes de Estados con estructura federal.

Proviniendo el fallo extranjero de un Estado con estructura federal, es necesario que el mismo tenga plena eficacia en el país de origen y no solamente en la circunscripción política de donde emana. Resultaría ilógico que la sentencia que no tenga plena eficacia intraterritorial pretenda desplegar eficacia extraterritorial.

La norma aprobada resuelve acertadamente un problema práctico que plantea el reconocimiento extraterritorial de estas sentencias.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

I) Precisiones.

1. El Protocolo de La Paz, al igual que el de Montevideo de 1979 a la Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, busca conciliar el sistema latinoamericano de cooperación jurídica internacional de mero trámite y probatorio y el régimen del Common Law en la materia. El primero, fundado en la acción de cooperación de los tribunales del Estado donde deben diligenciarse las actuaciones al servicio del proceso foráneo y, el segundo, en la intervención de comisionados y agentes diplomáticos o consulares del país del juicio, acreditados ante el Estado donde deban efectuarse notificaciones e intimaciones u obtenerse pruebas.

2. El texto prevé, en consecuencia, dos procedimientos respecto a la recepción de pruebas en el extranjero:

a) diligenciamiento de rogatorias recibidas vía Autoridades Centrales por los tribunales del país exhortado; y

b) intervención de agentes diplomáticos o consulares del Estado donde se desarrolla el proceso, que actuarán donde se tramitará la prueba.

3. Constituyen antecedentes inmediatos o directos del texto aprobado: el Proyecto presentado por la Delegación de los Estados Unidos de América en ocasión de la CIDIP II de Montevideo de 1979, instancia en la que se resolviera encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que, a través de la actual Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, designara expertos para realizar estudios sobre el tema y convocara a una reunión a efectos de elaborar un anteproyecto: el Anteproyecto preparado

-en cumplimiento de la resolución anterior- por la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado, celebrada en Washington en abril de 1980; y el Proyecto del Comité Jurídico Interamericano de agosto de 1980.

II) Ambito del Protocolo

II.1. Ambito material.

4. Surge del Art. 18, una fuerte identidad entre el Pro-tocolo y la Convención a la que accede, siendo únicamen-te posible la adhesión o ratificación por aquellos Estados que a su vez hubieren ratificado o adherido a la Con-vención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. La vinculación señalada resulta igualmente del Art. 17 norma que ordena que las disposiciones del Protocolo sean interpretadas de modo que contemplen las de la Convención.

Las materias alcanzadas por el Protocolo, Art. 14, son asimismo, las regladas por la Convención -materias civil y mercantil, Art. 2 del texto de 1975- pudiendo ser ampliadas al tiempo de la firma, ratificación o adhesión a aquellas otras respecto a las cuales la propia regulación de Panamá admitía su extensión: criminal, laboral, contencioso-administrativa, juicios arbitrales (Art. 15 Convención sobre Recepción de Pruebas).

II.2. Ambito espacial.

5. El Protocolo, al igual que los demás textos aprobados en ocasión del proceso codificador constituido por las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado, se encuentra abierto tanto a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, como a aquellos ajenos a la misma. (Art. 18).

III) Las soluciones consagradas.

III.1. Actividad de cooperación cumplida por tribunales del país donde deba diligenciarse la prueba.

6. La misma es reglada en los numerales I a IV del Protocolo, en base a la actuación de las Autoridades Centrales, que constituyen organismos especializados en cooperación jurídica internacional. A través de ellas, resulta posible la rápida remisión de exhortos entre tribunales de distintos países sin necesidad de legalización, atento al carácter oficial de la vía empleada, y han sido recibidos en el Derecho Internacional Privado Interamericano por diversos textos multilaterales, algunos vigentes entre más de una docena de naciones (Convenciones de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero y de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, etc.). Igualmente, diversos Convenios bilaterales vigentes entre nuestro país y otros del continente, organizan la cooperación en base a la existencia de Autoridades Centrales; v.gr., Convenios uruguayo argentinos sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos; Aplicación e Información del Derecho Extranjero y Protección Internacional de Menores.

a) Designación de Autoridades Centrales.

7. De Acuerdo al Art. 1, cada Estado designará una Autoridad Central y comunicará tal designación a la Secretaría General de la OEA. Con un criterio que busca evitar dispersiones burocráticas y concentrar la actividad en un único organismo especializado, la norma dispone que los países parte también del Protocolo Adicional de 1979 a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, designen la misma Autoridad Central. Nuestra República ha ratificado el Protocolo de 1979 y la Autoridad Central en relación al mismo, así como respecto a todos aquellos Tratados Internacionales que prevén su existencia, es la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, organizada por Decreto 407/985 del 31 de julio de 1985 en el Ministerio de Educación y Cultura, al que se transfiere el organismo anteriormente constituido en la órbita del ex - Ministerio de Justicia, cuya nueva ubicación ha sido comunicada a la Secretaría General de la OEA.

b) Empleo de formularios.

8. Con finalidad de simplificar la prestación de cooperación y uniformizar la redacción de exhortos en que se requiere la misma, así como las constancias del cumplimiento o no de las medidas impetradas, el Art. 2 prevé el empleo de fórmulas según modelos, cuyos textos se acompañan en un Anexo.

c. Deber de comunicar los idiomas oficiales de los Países Partes, dadas ciertas hipótesis.

9. Atento a la posibilidad que accedan al Protocolo Estados con más de un idioma oficial -en el continente americano caso de Canadá- el Art. 2 dispone, a efectos de facilitar la remisión de rogatorias, que los Estados Partes con tal característica comuniquen a la Secretaría General de la OEA -al momento de la firma, adhesión o ratificación- cual o cuales idiomas, deberán ser considerados oficiales.

d. Diligenciamiento de las rogatorias.

d.1. Remisión.

10. El Art. 3 dispone que los exhortos sean remitidos a la Autoridad Central del Estado rogado por la Autoridad Central del país requirente.

La Autoridad Central requerida trasmitirá el exhorto al órgano jurisdiccional nacional competente, de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno, de manera inmediata. En nuestro país, el Decreto Nº 392/986 de 28 de julio de 1986 prevé a tales efectos una comunicación directa entre la Suprema Corte de Justicia y la Autoridad Central, pro-cedimiento que se ha demostrado en la práctica muy efectivo.

d.2. Medios de apremio.

11. El Art. 4 busca evitar la discriminación entre el diligenciamiento de la prueba nacional y la solicitada desde el extranjero, disponiendo que el tribunal exhortado aplique las medidas de apremio apropiadas previstas en su legislación", luego de verificado que se han cumplido los requisitos exigidos por su propia legislación para que tales medidas se apliquen en procesos locales.

d.3. Presencia e intervención de abogados y apoderados de las partes en el cumplimiento de las rogatorias.

12. El Art. 5 autoriza la presencia de abogados o apoderados de las partes pertenecientes al país en que se lleva a cabo el juicio en el Estado de diligenciamiento de la rogatoria. La regulación aprobada resultó más restrictiva que la proyectada, que además permitía la actuación de tales letrados. La intervención de abogados y procuradores actuantes en el país del juicio en el Estado rogado, de acuerdo al artículo citado, queda en definitiva sujeta a lo que al respecto disponga la legislación de este último.

d.4. Gratuidad del diligenciamiento de la rogatoria.

13. La solución de principio, es la gratuidad en la tramitación de la rogatoria, Art. 6, criterio compartible en tanto el Protocolo busca estrechar la cooperación jurisdiccional entre los Estados Partes. La gratuidad empero no es absoluta; el Estado podrá reclamar a la parte requirente el pago de actuaciones que conforme a su ley interna deban ser sufragadas. El exhorto extranjero es equiparado por el Protocolo al nacional pero con criterio lógico, se busca evitar que en definitiva resulte privilegiado respecto a éste.

A efectos de costear gastos, la parte solicitante de la medida deberá desingar en el Estado rogado la persona que atienda los mismos o acompañar cheque por el costo de las actuaciones.

Con la finalidad de facilitar los pagos, el Art. 7 dispone que los Estados al depositar en la Secretaría General de OEA el instrumento de ratificación o adhesión, informen qué actuaciones según su legislación interna son onerosas y el valor razonable estimado: extremo éste que ha de resultar necesario tener presente al momento en que nuestra República deposite el respectivo instrumento de ratificación.

En base a la reciprocidad, los Estados podrán indicar al momento de realizar la declaración aludida precedentemente, que no cobrarán gastos que de lo contrario los requirentes del acto de cooperación deberían abonar (Art. 8).

III.2. Recepción de pruebas por agentes diplomáticos o consulares.

14. El Capítulo V regula este procedimiento cuya posibilidad ya estaba prevista en la Convención de Panamá de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero -ratificada por Uruguay por Decreto-Ley Nº 14.534 del 24 de junio de 1976- Art. 14 in fine.

15. El Art. 9 dispone especialmente que la actuación de agentes consulares o diplomáticos en la recepción de pruebas dentro del ámbito de su jurisdicción no puede suponer el empleo de medios de apremio.

El artículo distingue entre actividad probatoria llevada a cabo por tales agentes respecto a sus nacionales y en relación a los de terceros países, caso en el cual sus potestades pueden ser más restringidas.

Límites a la actividad probatoria de diplomáticos y cónsules en la recepción de pruebas relativas a no nacionales del Estado al que pertenecen.

16. Los Estados Partes en el momento de firmar, ratificar o adherir al Protocolo (Art. 10) podrán limitar las actuaciones probatorias de diplomáticos y cónsules respecto a los no nacionales del Estado acreditante de dichos agentes, tanto en razón de materia, como respecto a las condiciones de tiempo y lugar en que deban desarrollar sus actividades (Art. 9).

Las posibilidades de reducción de la actividad probatoria en razón de materia deben tener en cuenta el Art. 2 de la Convención Interamericana de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, en función del cual el Protocolo queda circunscripto a la temática civil y mercantil, excepto declaración extensiva de los Estados (Art. 14). Por consiguiente, la reducción deberá circunscribirse a las categorías pertenecientes a una de las dos ramas jurídicas enunciadas y, atento a la naturaleza de los intereses protegidos, podría resultar conveniente excluir de la competencia de funcionarios ajenos al foro, las cuestiones relativas a la minoridad.

Respecto a condicionamientos relativos a lugar, autorizados también por el Art. 10, puede resultar conveniente que la actividad probatoria de cónsules y diplomáticos se realice fuera de sus sedes, en oficinas del Estado acreditante, especializadas en la cooperación jurídica internacional, v.gr., la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, como medio de velar por el adecuado cumplimiento de los límites y garantías previstas por el Art. 12.

Diligenciamiento de las pruebas.

17. El Art. 12 autoriza al agente diplomático o consular a someter su actuación a las reglas y procedimientos del país al que pertenece -pues es funcionario de dicho Estado y la actividad que desarrolla se encuentra al servicio, de un proceso allí tramitado- a condición que "la diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el Estado requerido que expresamente la prohíban" (Art. 2 literal 2, Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero).

18. En materia de prestación de testimonio, se prevé expresamente que el declarante ante cónsul o diplomático puede rehusarse a prestarlos, tanto (de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 12 de la Convención) conforme a la ley del Estado requerido, como del Estado requirente.

19. Las personas a quienes se requiera pruebas o información podrán estar asistidas por abogados, intérpretes o auxiliares de su confianza (Art. 12 in fine), como medio de asegurar plenamente sus derechos.

Medidas de apremio.

20. En tanto los agentes diplomáticos o consulares no se encuentran autorizados a emplear por sí medios de apremio (Art. 9), puede requerir la adopción de los mismos a los órganos jurisdiccionales del Estado en que se desarrollen sus actividades, los que únicamente podrán acceder cuando estimen que se han cumplido las condiciones exigidas por su ley (Art. 11).

21. El Art. 13 se basa en la índole no excluyente de los dos procedimientos legislados en materia de obtención de pruebas y en consecuencia la frustración en el diligenciamiento de la prueba en base al procedimiento del Art. 9 no impide acudir a la vía Autoridades Centrales.

III.3. Procedimientos especiales.

22. Las autoridades del Estado exhortante podrán solicitar que se cumplan procedimientos especiales, propios del ordenamiento requirente, pedido que los tribunales rogados en principio deberán observar (Art. 15), excepto que fueren de imposible cumplimiento en dicho país, o resultaren incompatibles con su legislación (Art. 6 Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas).

La facultad de requerir por los tribunales rogantes el cumplimiento de procedimientos específicos no es nueva para el Derecho Internacional Privado Procesal uruguayo (además de la Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas -Art. 6-, admiten tal hipótesis la Convención de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias -Art. 10- y los Convenios bilaterales uruguayo-argentino y uruguayo-chileno sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, Arts. 5 de ambos textos), se funda en la naturaleza accesoria del proceso cooperativo respecto del principal, a cuyo servicio se llevan a cabo las actuaciones en el extranjero.

III.4. Exhibición o transcripción de documentos.

23. El diligenciamiento de las rogatorias es objeto de severo condicionamiento (Art. 16); se exige:

a) que el proceso esté iniciado; se evita de esta forma el deber de acceder a exhibiciones o informaciones documentarias requeridas con carácter prejudicial, lo que el sistema del common law denomina "pretrial discovery of documents" -conforme informe del Relator de la Comisión II de la Conferencia de La Paz de 1984, Frederick Feller, págs. 4 y 5-;

b) que los documentos sean razonablemente identificados; y

c) que se especifique la razón por la cual la parte requirente cree que los documentos se encuentran en posesión o son de conocimiento de la persona requerida.

La parte a la que se solicite la información, puede siempre negar ésta de acuerdo a los términos de la Convención sobre Recepción de Pruebas.

24. Los Estados, al momento de firmar, ratificar o adherir a la Convención, pueden declarar que cumplirán los exhortos referidos en el artículo en examen, a condición que la rogatoria precise la relación entre la prueba requerida y el proceso en relación al cual ésta se solicita. Juzgamos conveniente que Uruguay efectúe en su oportunidad la mencionada declaración, como medio de evitar, requerimientos abusivos o cuando menos, no seriamente fundados.

III.5. Conclusiones.

25. Como evaluación del Protocolo examinado, creemos que al igual que su precedente de Montevideo de 1979 (Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, texto ya vigente; constituye un intento serio por conciliar las soluciones en materia de recepción de pruebas en el extranjero propias de los países latinoamericanos, con aquellas características de los Estados del common law. Se prevén dos procedimientos; uno fundado en la actuación de los tribunales del país de recepción de la prueba y la trasmisión de la rogatoria por intermedio de las Autoridades Centrales, vía nueva pero suficientemente asentada de la cooperación jurídica internacional a nivel mundial y continental, que la experiencia -inclusive nacional- ha demostrado como sumamente ágil y segura; y la recepción de prueba por intermedio de diplomáticos o cónsules del país del proceso, forma propia de los sistemas anglosajones, que ha sido suficientemente atemperada por la Convención. En tal sentido, los agentes extranjeros carecen de facultades para disponer por sí medidas de apremio; las diligencias relativas a los no nacionales de sus Estados acreditantes pueden ser limitadas en razón de materia y condicionadas respecto al lugar y tiempo en que deben ser practicadas; cualquiera que sea, el declarante puede invocar la legislación del Estado donde se practica la diligencia o del país del juicio, para negarse a declarar y puede exigir estar acompañado de auxiliares o abogados de su confianza durante las actuaciones llevadas a cabo.

Respecto a la exhibición y transcripción de documentos, los condicionamientos para la recepción de pruebas y la declaración que al respecto se prevé puedan hacer los Estados, son garantía suficiente para el correcto cumplimiento de un deber básico impuesto por la práctica de las naciones civilizadas, cooperar en la realización de la Justicia."

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 3 de mayo de 1988.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con el artículo 168, inciso 20 de la Constitución de la República a efectos de someter a su consideración para la correspondiente aprobación legislativa las Convenciones suscritas por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que convocada por la Organización de los Estados Americanos tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Las Convenciones aprobadas en dicha Conferencia, (en adelante CIDIP III), cuyos textos separados se acompañan, son las siguientes:

1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores;

2.- Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado;

3.- Convención Interamericana sobre Competencia en la esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras;

4.- Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

Tales Convenciones y el Protocolo Adicional fueron suscritos en la sesión de clausura celebrada el día 24 de mayo de 1984, por delegados de los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, República Oriental del Uruguay y Venezuela.

Además de los ya mencionados, asistieron a la CIDIP III delegados de los siguientes países: Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay.

La solicitud de aprobación de los precitados instrumentos interamericanos de Derecho Internacional Privado se fundamenta en la exposición que se desarrolla a continuación:

I. Antecedentes.

1. La Conferencia es un órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos, tal como lo prevé la Carta en el artículo 130.

Hasta el presente tres han sido las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado: la CIDIP I, celebrada en Panamá (14 a 30 de enero de 1975), la CIDIP II, reunida en Montevideo (23 de abril a 8 de mayo de 1979), y la CIDIP III, cumplida en La Paz, en la fecha arriba indicada.

2. En cuanto a las Convenciones aprobadas por la CIDIP I han sido:

1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas;

2.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques;

3.- Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional;

4.- Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias;

5.- Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero;

6.- Convención Interamericana sobre Régimen Legal de los Poderes para ser utilizados en el extranjero.

Todas ellas, ratificadas por el Gobierno de la República por Decreto-Ley Nº 14.534 del 24 de junio de 1976.

3. Las Convenciones aprobadas por CIDIP II han sido:

1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques;

2.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles;

3.- Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros;

4.- Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares;

5.- Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero;

6.- Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado;

7.- Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado;

8.- Protocolo Adicional a la Convención Intera-mericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

También aprobadas por el Gobierno de la República mediante Decreto-Ley Nº 14.953, del 6 de noviembre de 1979.

4. La obra de las tres CIDIP ha tenido por objeto actualizar a nivel interamericano la normativa convencional de los Tratados de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1889 y de 1939-40, así como el Código Bustamante aprobado en 1928 por la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana.

En tal sentido, se trata de una codificación progresiva que procura, básicamente, regular los conflictos de leyes, propios del Derecho Internacional Privado clásico, sin perjuicio de la aprobación de leyes uniformes para ciertas materias del tráfico internacional.

En cuanto a las materias abordadas son varias; predomina la materia procesal -como se advierte de la nómina de las Convenciones-, aun cuando también se alcanzan las materias civil y comercial.

5. Existe en la obra de las CIDIP una hilazón determinada por el objeto abordado; en este sentido, a título de ejemplo, adviértese que la Convención aprobada por la CIDIP II sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ha sido complementada por la Convención aprobada por la CIDIP III sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia de las Sentencias Extranjeras.

Similar situación se constata en materia de Sociedades Mercantiles y Personas Jurídicas.

6. A modo de síntesis puede señalarse:

a. en materia procesal se ha partido de la cooperación judicial internacional a través de la Convención sobre Exhortos y Cartas rogatorias (CIDIP I) para extenderse luego a la regulación de los diferentes institutos del proceso jurisdiccional en la esfera internacional;

b. en cuanto a las materias sustantivas, la obra de CIDIP abarca los instrumentos documentarios del comercio internacional (Cheques, Letras y Facturas), y las sociedades mercantiles como sujeto principal en el ámbito mercantil internacional; al extenderse a la Adopción Internacional de Menores, se incluye en la obra codificadora una típica figura del Derecho Civil de Familia.

7. Tal proceso codificador se ha visto reafirmado por la convocatoria de la CIDIP IV (Res. AG/RES. 771 (XV-0/85) respecto de la cual el Gobierno uruguayo ha anunciado su interés en ser sede, así como por el temario provisional de la reunión aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, el que incluye:

1.- Secuestro y Restitución de Menores;

2.- Transporte terrestre;

3.- Contratación Internacional;

4.- Obligaciones de Alimentos.

Además, como un quinto punto optativo, el divorcio.

8. Es preciso consignar que el creciente número de Estados ratificantes, según consta de las Tablas anexas, muestra de modo inequívoco la receptividad que ha tenido y tiene en los países del sistema interamericano la obra codificadora de la CIDIP.

Igualmente, es oportuno señalar que las Delegaciones del Uruguay han cumplido en las tres CIDIP una destacada labor, teniendo a su cargo en todas ellas, algunas de las Relatorías, tal como se registra en documento anexo con indicación de las respectivas autoridades y división de las tareas de las Conferencias.

Con ello no se ha hecho sino continuar una verdadera tradición nacional en el ámbito del Derecho Internacional Privado, magistralmente inaugurada por Gonzalo Ramírez en el Primer Congreso Sudamericano de Montevideo de 1889, seguida por la brillante actuación del Profesor Alvaro Vargas Guillemette en el Segundo Congreso de 1939-40, y llevada a un grado superior en el campo de la construcción doctrinaria por el eximio Profesor Quintín Alfonsín.

9. Finalmente, es importante establecer que las Convenciones Interamericanas en vigor vienen siendo objeto de aplicación por la jurisprudencia de los distintos Estados Partes y en lo que refiere en particular al Uruguay, ello se advierte con frecuencia cada vez mayor en los respectivos repertorios especializados.

II. Análisis de las Convenciones.-

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCION DE MENORES

1) Naturaleza del Instituto y finalidad de la Convención.

La adopción constituye un instituto del Derecho Privado cuya fuente se encuentra en la ley, que lo crea y lo regula en los diversos aspectos vinculados a los sujetos, modalidades y efectos, optando por uno u otro tipo de solución según las características por las cuales se incline en definitiva la política legislativa de los Estados en la materia.

El Derecho Internacional Privado se ve convocado a la regulación de la adopción cuando la categoría en juego involucra a más de un Estado -y a su orden jurídico- sea en el momento de la constitución del vínculo, sea posteriormente en el acto de la invocación de su eficacia extraterritorial y, en particular, de sus efectos.

En el ámbito de los países del sistema interamericano en general, la adopción está prevista en los derechos internos, los que carecen en la mayoría de los casos de normas nacionales sobre el tema destinadas a resolver las cuestiones jurídicas vinculadas al Derecho Internacional Privado y de modo especial, la cuestión de la ley y jurisdicción competente. Es por ello que la Convención pretende llenar dicho vacío de previsión normativa, con referencia al área internacional interamericana, sin que ello implique en modo alguno fijar pautas políticas nacionales o internacionales en relación a la adopción, ni fomentándola ni desechándola como solución.

Es preciso indicar aquí que la ley de la residencia habitual del menor, de conformidad con la Convención, rige la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como los procedimientos y formalidades extrínsecas para la constitución del vínculo.

Queda garantizada de este modo la incumbencia, decisiva, del país del adoptado y sus propias políticas en materia de adopción internacional de menores.

II) Antecedentes de la Convención de La Paz.

El Cuarto Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Santiago de Chile en 1924, invitó a los gobiernos americanos a incorporar a sus legislaciones la adopción de menores, como una institución favorable al adoptado y no sólo como medio de proveer descendencia.

En las décadas de los años treinta y cuarenta se aprueban las primeras leyes en la materia y en Francia, en 1939.

Este tipo de adopción plena cuya característica esencial es romper el vínculo anterior al tiempo que crea uno nuevo de carácter irrevocable, se incorpora a nuestro sistema positivo en 1945.

Este instituto se prevé en los textos internacionales interamericanos aun antes de su consagración en los derechos internos de los Estados latinoamericanos. En 1928, el Código de Bustamante aprobado en La Habana (Sexta Conferencia Panamericana) trata de la adopción internacional en los Arts. 73 a 77. También el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 hace lo propio en los arts. 23 y 24.

A pesar de que a partir de la década del 40 adquiere incremento la adopción internacional por razones de índole diversa (disolución familiar, pobreza crítica, guerras y violencia, etc.), la Décima Asamblea General de la OEA, reunida en Washington resuelve incluirlo como tema en la CIDIP III. En 1981, la Undécima Asamblea General, reunida en Santa Lucía apoya la iniciativa del Instituto Interamericano del Niño de llevar a cabo una reunión con el cometido de examinar el tema, la que tiene lugar en Quito en 1983. En ella, grupos de trabajo interdisciplinarios (médico, sociológico y jurídico) intercambiaron valiosa información y llegaron a conclusiones que constituyeron el fundamento de la regulación posterior. El grupo de Derecho Internacional Privado optó por utilizar como documento básico de trabajo el presentado por el experto uruguayo, el que incluía un proyecto de Convención Interamericana de normas de conflicto que fue aprobado con algunas modificaciones. El proyecto de Quito fue elevado a consideración del Comité Jurídico Interamericano, el que en su período de sesiones de enero de 1984 aprobó un proyecto sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores. Este último proyecto, así como el de Quito y el presentado por la delegación uruguaya, constituyeron los documentos básicos sobre los que trabajó la respectiva Comisión en La Paz más los que luego se agregaron, uno de Argentina, y otro de Nicaragua en materia de nacionalidad del adoptado.

III. Examen de la Convención.

III.1. Ambito de aplicación de la Convención y definición de la adopción internacional.

El Art. 1 dispone que la Convención "se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparan al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte".

Esta fórmula -a la vez que señala el carácter internacional de la categoría en relación a la conexión domicilio o residencia en su caso- favorece las llamadas adopciones plenas y afines, habida cuenta del inconveniente de la revocación de tales actos en la esfera internacional.

No obstante, el Art. 2 dispone que cualquier Estado Parte, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, puede declarar que extiende su aplicación a cualquier otra forma de adopción internacional de menores, de modo de posibilitar por esta vía, la extensión de la Convención también al tipo de adopciones simples. La fórmula resulta lógica en un sistema de conflicto donde en definitiva resulta aplicable la ley nacional escogida, aunque cabe señalar que la moderna tendencia, como en la Convención de Estrasburgo de 1968, lleva al desplazamiento de la adopción simple por la plena.

También pueden los Estados Partes "en todo momento", como señala el Art. 20, extender la Convención a las adopciones puramente internas, en las que adoptante y adoptado tienen residencia en un mismo Estado "cuando de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interveniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se proponga constituir domicilio en otro Estado Parte después de constituida la adopción".

El Art. 25 por su parte establece el efecto extraterritorial de pleno derecho de las adopciones internas, cuando adoptante y adoptado residan en un mismo Estado "sin perjuicio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo domicilio del adoptante (o adoptantes)".

III.2. La ley aplicable.

El Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940 consagra en el Art. 23, una solución de tipo acumulativo y regula la adopción internacional por las "leyes de los domicilios de las partes en cuanto sean concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público".

La Convención de La Paz se aparta de este antecedente y distribuye entre la ley de la residencia habitual del menor y la del domicilio del adoptante la regulación de las condiciones de fondo de la adopción, atribuyéndoles, respectivamente, "la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado…" por un lado y "a) la capacidad para ser adoptante; b) los requisitos de edad y estado civil del adoptante; c) el consentimiento del cónyuge del adoptante… y d) los demás requisitos para ser adoptante", por el otro.

En cuanto a "los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo" el Art. 4 los somete a la ley de residencia habitual del menor; solución conveniente pues esta última es a la vez la "lex fori", ya que la competencia para el otorgamiento de las adopciones se atribuye por el Art. 15 a las autoridades del mismo Estado.

La Convención se inclina por la ley del adoptado, atendiendo a las soluciones normativas señaladas; dicha opción se corrobora en el mismo Art. 4 precitado in fine, cuando establece que "en el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante (o adoptantes) sean manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia habitual del adoptado, regirá la ley de este". Se señaló la ventaja de esta solución, pues al ser la ley escogida la del adoptado, se minimiza la posibilidad de aplicación del orden público internacional, que pudiere surgir por incompatibilidad entre las reglas vinculadas al menor y las del adoptante.

III.3. La jurisdicción competente.

Las disposiciones relativas a la competencia internacional se circunscriben a efectuar su distribución en el espacio, obviando un pronunciamiento acerca de las autoridades competentes para el otorgamiento de las adopciones en cada Estado, tal como se efectuará en la Reunión de Expertos de Quito.

Los Arts. 15 y 16 establecen que el otorgamiento, la anulación y la revocación de la adopción son de la competencia de las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado.

Esta solución se aparta de los precedentes de la Reunión de Expertos de Quito y del Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, en los que resultaban competentes las autoridades de los Estados de residencia habitual del adoptado y del adoptante, sea a opción del promotor de la adopción -en uno de los proyectos- o bajo otras alternativas.

La regla finalmente aprobada implicaría el traslado de los adoptantes para concretar la adopción o constituir apoderados que lleven a cabo las gestiones pertinentes. Esta última modalidad -no prevista en la Convención- suscitó controversias, aunque cabe concluir de una interpretación contextual e histórica que esta no prohíbe la adopción por poder y que correspondería a la ley de residencia habitual del menor resolver acerca del punto, si se opta por una calificación que permita encuadrarla dentro de los procedimientos y formalidades previstos en el Art. 3.

En cuanto a la conversión de la adopción simple en plena, cabe indicar aquí que son competentes las autoridades del Estado de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción o las del Estado donde tenga domicilio el adoptante o las del Estado donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio al momento de pedirse la conversión (Art. 16 inc. 2).

Los jueces del domicilio del adoptante, mientras el adoptado no constituya domicilio propio decidirán las cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado y adoptante y entre las respectivas familias.

III.4. Los efectos de la adopción.

Los artículos 9, 10 y 11 prevén el régimen de los efectos de la adopción internacional, en una fórmula que supera tanto a la Convención de La Haya de 1964, que ignoró el punto, como a los Tratados de Montevideo de 1940, respecto del cual surgieron dudas interpretativas en cuanto a la eventual regulación implícita de dichos efectos en su formulación normativa.

Al respecto, la Convención regula:

- las relaciones de adoptante y adoptado en las adopciones plenas o equivalentes se regulan por la misma ley que rige las relaciones entre adoptante y adoptado, incluyendo los alimentos (Art. 9).

- en las restantes formas de adopción rige la ley del domicilio del adoptante en las relaciones entre adoptante y adoptado; las relaciones entre este último y su familia de origen se regulan por la ley de residencia habitual del menor al momento de la adopción.

- el Art. 11 inc. 2 establece que la adopción plena o equivalente equipara el hijo adoptivo al legítimo, norma de tipo material que impondría, para los Estados Partes, una modificación eventual en su legislación sucesoria. En cuanto a la ley aplicable a los derechos sucesorios entre adoptante y adoptado, el inc. 1 del mismo artículo dispone que se regulará por la ley de las respectivas sucesiones -los impedimentos para contraer matrimonio no fueron objeto de previsión específica; simplemente se menciona que subsisten entre el adoptado y su familia de origen (Art. 9.b)-. Ello autoriza a interpretar que se regirían por la ley de la celebración, ya que es esta la conexión por la que optó nuestro sistema de Derecho Internacional Privado nacional y los Tratados de Montevideo.

- el Art. 9.b dispone que los vínculos entre el adoptado y su familia de origen "se considerarán disueltos", norma material que pone fin a toda discusión al respecto y torna irrelevante la cuestión relativa a si dicha ruptura integra los efectos de la adopción.

III.5. Revocación, anulación y conversión.

Sólo son revocables las adopciones simples, aspecto que se somete a la ley de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción (Art. 12).

La anulación se rige por la ley de su otorgamiento -la de la residencia habitual del adoptado- "velándose por los intereses del menor de conformidad con el Art. 19 de la Convención" (Art. 14). El Art. 19 establece una solución "favor negotii" a favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado, disponiéndose además -en consonancia con la Convención sobre Normas Generales de Montevideo de 1979- que las leyes aplicables "se interpretarán armónicamente".

Se prevé la posibilidad de conversión de adopción siemple en adopción plena, figura que tiende a favorecer las formas plenas de adopción y tiene antecedentes en los precitados documentos que sirvieron de antecedente a la Convención (Art. 13). Ella se regirá, a elección del actor, por la ley de residencia habitual del adoptado -al momento de la adopción- o la del Estado donde tenga domicilio el adoptante -al momento de pedirse la conversión-, conformidad mediante del menor de más de 14 años.

III.6. La eficacia extraterritorial de las adopciones internas.

La Convención consagra el efecto de pleno derecho de las adopciones internas en todos los Estados Partes

(Art. 25). Se resuelve con ello un problema frecuente, en una solución -ley del nuevo domicilio del adoptante- que difiere de la prevista para los efectos de la adopción internacional plena, cuya ley aplicable es la misma que rige las relaciones del adoptante con su familia legítima (la cual podría no ser la del domicilio del adoptante). Tendríamos entonces una ley diversa para los efectos, según fuera la adopción interna o internacional.

En cuanto a los efectos de pleno derecho de estas adopciones, serían las consustanciales a la institución, como el parentesco, el nombre, la patria potestad, el derecho alimentario, los impedimentos matrimoniales.

III.7. La institución desconocida y el orden público internacional.

El Art. 5 establece que las adopciones surtirán efectos de pleno derecho en los Estados Partes, sin que pueda invocarse la excepción de institución desconocida. Se avanza aún más que en la prealudida Convención sobre Normas Generales de 1979, que condiciona el mecanismo el criterio de la analogía. Aunque cabe advertir que resulta obvio que no podría darse el caso de que la adopción fuere desconocida por los Estados cuyas leyes intervienen en su constitución, aspecto que fuera así consignado en los antecedentes.

La fórmula de orden público (Art. 18) es similar a la recogida en las restantes Convenciones del ámbito de las CIDIP, aunque cabe destacar ciertas limitaciones específicas como en el Art. 5 en el Art. 4 in fine (requisitos para adoptar), el referido Art. 19, etc.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

I) El campo de aplicación de la Convención.

La Convención abarca tres grandes categorías de personas jurídicas, las personas jurídicas privadas, el Estado y las personas jurídicas de derecho público actuando en actividad privada y las personas jurídicas internacionales, cuya re-gulación y características pasaremos a analizar seguidamente.

II) Las personas jurídicas privadas.

II.1. Ambito pasivo y definición.

El Art. 1 se refiere a las personas jurídicas en general, constituidas en los Estados Partes, aunque la sede o domicilio se halle en un Estado no Parte. El mismo artículo introduce una definición uniforme de la persona jurídica, con la ventaja de que la misma podría ser aplicada a las relaciones con los Estados no signatarios en los casos ante los tribunales de un Estado signatario. Sería persona jurídica "toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias", "distintas a las de sus miembros o fundadores" y que "sea calificada como persona jurídica por la ley de su constitución". El Art. 1 in fine refiere a "categorías especiales de personas jurídicas" que podrán regularse por "convenciones específicas". Es éste el caso de la Convención sobre Sociedades Mercantiles de 1979 que regula ese tipo de personas jurídicas y que debe integrar sus eventuales vacíos o lagunas dentro de su propio sistema; no así respecto de las sociedades civiles -excluidas del campo de aplicación de la mencionada Convención sobre Sociedades- las que, si fueren personas jurídicas, entrarían en el ámbito de aplicación de la Convención sobre personas jurídicas en análisis.

II.2. La "circunstancia de aplicabilidad".

La constitución en alguno de los Estados Partes es la circunstancia que hace aplicable la Convención, aspecto denominado por la doctrina en el campo del derecho material uniforme internacional como "circunstancia de aplicabilidad". Naturalmente que ello es diferente del factor de conexión o conexión, en sentido estricto, propio de las normas en conflicto -mayoría en los Tratados de Montevideo, por ejemplo-, que lleva a la determinación de la ley aplicable, sin regular por sí la relación, aunque la precitada circunstancia resulta especialmente útil, en cuanto señala con precisión los casos que en definitiva se "conectan" con la Convención por inclusión preceptiva de su ámbito de aplicación.

II.3. El lugar de constitución.

Se reitera -en el método empleado y en sus términos específicos- la definición de la "ley del lugar de constitución" de la Convención de Sociedades Mercantiles de 1979, en cuanto al Art. 2 dispone que aquélla es "la del Estado donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dicha persona".

En consecuencia, la Convención no sería aplicable a las personas jurídicas que, teniendo su sede social en un Estado Parte, han sido constituidas en un Estado no Parte. Situación diversa ocurre cuando el lugar de constitución y de sede se encuentran en Estados diferentes, pero ambos Estados son Partes de la Convención. Para este caso se prevé -de modo equivalente a como ocurre en la precitada Convención sobre Sociedades Mercantiles- la posibilidad de que la persona jurídica sea obligada a cumplir con los requisitos de la ley de la sede (Art. 5), con la finalidad de impedir, en ambas Convenciones, el fraude a la ley.

Es destacable que el relieve asignado al lugar de constitución se proyecta en forma significativa sobre la ley aplicable a la personalidad y a la capacidad, aspectos que, tal como se verá a continuación, conllevan un retorno a la fórmula del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889 y el abandono de la del Tratado de 1940.

II.4. La existencia y capacidad.

Se trabajó sobre la base del proyecto del Comité Jurídico Interamericano y de un proyecto presentado por la delegación uruguaya que tuviera decisiva influencia sobre el texto final aprobado.

La existencia y capacidad se someten a la ley del lugar de constitución, la que también abarca el funcionamiento, disolución y fusión (Art. 2). La norma aprobada es más amplia que la propuesta por el Comité y que la Convención de Sociedades Mercantiles de 1979, ya que ninguna de ellas es aplicable a la fusión. La mención del "funcionamiento" se vincula puramente al interno, ya que el ejercicio de la actividad está previsto en el Art. 4.

II.5. El reconocimiento.

También en este punto, se aprecia una equivalencia de soluciones respecto de la Convención sobre Sociedades Mercantiles de 1979. Se consagra en el Art. 4 el reconocimiento de pleno derecho, sin perjuicio de la facultad de comprobación de la existencia de la persona jurídica. La norma resulta adecuada y coherente con un sistema jurídico que adopta como ley reguladora la de constitución.

II.6. La capacidad de ejercicio.

a. La ley aplicable.

El Art. 4 dispone que "para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del Estado donde se realicen tales actos". Aunque con intención similar, resulta más precisa la fórmula adoptada en la Convención de Sociedades Mercantiles donde se dispone que la ley del lugar de actuación regula la capacidad de ejercicio. La redacción de 1984 podría inducir en confusión en cuanto aparece como regulado por dicha ley "el ejercicio de actos" y no la capacidad misma, siendo ésta la interpretación adecuada, tal como surge de los antecedentes.

b. El ejercicio directo o indirecto: acertada eliminación de la distinción.

Luego de un amplio debate se resolvió no incorporar la distinción recogida en el Art. 4 de la Convención sobre Sociedades Mercantiles. La multiplicidad de casos de dudosa inclusión abarcados para la calificación de ejercicio "indirecto" provocaron críticas y complejidades interpretativas respecto de aquella designación, circunstancia que determinó la vuelta a fórmulas anteriores, en las que dicha distinción no se recogía.

c. La supresión de la habitualidad.

En este aspecto sí, se reitera la solución de la Convención sobre Sociedades Mercantiles que recoge la fórmula de los Tratados de Derecho Civil de Montevideo de 1889 y deja de lado la de 1940, por fundamentos análogos a los ex-presados en IV.2. La dificultad de precisar el alcance de "ejercicio habitual" auspicia su eliminación y coloca en manos de la jurisprudencia la identificación concreta de cuando se verifica el "ejercicio de actos comprendidos en el objeto social", o, meramente, se trate de actos preparatorios.

II.7. La representación.

El Art. 6 contempla la actuación de representantes fuera del lugar de constitución de la persona jurídica, modalidad natural de actuación dentro del reconocimiento de pleno derecho que la propia Convención prevé y dispone, acerca de la legitimación procesal del representante de la persona jurídica para "responder de pleno derecho a los reclamos y demandas que contra ellas pudieran intentarse con motivo de los actos en cuestión".

III) El Estado y demás personas jurídicas de Derecho Público.

Al Derecho Internacional Privado siempre le preocupó la cuestión del Estado extranjero actuando como sujeto de Derecho Privado. Ello estaba previsto ya en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1889 (Art. 3) y en el mismo de 1940 (Art. 3) extendiéndolo a las "demás personas jurídicas de derecho público extranjeras".

La Convención asegura el reconocimiento de pleno derecho de la personalidad jurídica del Estado y personas de derecho público (Art. 7) sometiéndola a dos limitaciones: las restricciones establecidas por la ley local y, en particular, las relativas a actos jurídicos referentes a derechos reales. Además, se salvaguarda el derecho a invocar la inmunidad de jurisdicción (Art. 7 in fine). La Convención se limita a sentar ciertas pautas muy generales, ya que la fijación de los límites de los derechos y obligaciones a que puedan estar sujetos los Estados extranjeros es competencia de la ley local, la cual será, en definitiva, la que determinará la extraterritorialidad de pleno derecho de la personalidad jurídica según cada caso.

El Estado extranjero no está en principio sujeto a admisión; de ahí la importancia de identificar sus potestades como sujeto de derecho.

Cabe aclarar que cuando la actividad estatal se realice a través de una sociedad mercantil, dicha actividad no estaría regulada por la Convención de 1984 sino por la de 1979 sobre Sociedades Mercantiles, que no distingue entre sociedades privadas y públicas.

IV) Las personas jurídicas internacionales.

IV.1. Alcance extensivo de la categoría.

El Art. 8 sigue, en este tema, los conceptos básicos de los proyectos del Comité Jurídico Interamericano, en especial el de 1983 que contempla a las personas jurídicas internacionales emanadas de resoluciones de un Organismo internacional.

En atención a sus antecedentes, el referido artículo tendría el alcance que sigue:

a) Comprende a los "sujetos secundarios" o derivados del acuerdo entre Estados.

b) Se trata de sujetos públicos en virtud del nexo que mantienen, por su génesis, con los Estados. Estarían, en ciertos aspectos, regulados por el Derecho Internacional Público, sin perjuicio de que la Convención los abarque en su calidad de sujetos de Derecho Internacional Privado.

c) La personalidad jurídica los convierte en entes independientes respecto de su Estado de creación y pueden, en consecuencia, relacionarse con aquellos o con otros Estados.

d) La Convención les atribuye personalidad jurídica de pleno derecho en los Estados Partes, aunque ella no surja del instrumento constitutivo.

e) Entrarían en el campo de aplicación de la Convención, de modo amplio, todos los sujetos de derecho público surgidos del acuerdo entre los Estados o de resoluciones de un Organismo Internacional, sea éste de naturaleza política (OEA) o de otra índole (ALADI, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Yaciretá, etc.).

f) No quedarían comprendidas las organizaciones internacionales no gubernamentales, cuya inclusión en el proyecto del Comité Jurídico Interamericano fuera expresamente rechazada. Quedarían, no obstante, incluidas en la Convención, las personas interetáticas, si éstas fueran resultado de un acuerdo entre Estados y no exclusivamente de las propias personas jurídicas entre sí.

IV.2. El Derecho aplicable.

a. La ley aplicable a la personalidad y a la vida interna.

El estatuto regulador de las personas jurídicas internacionales surge del contenido del acuerdo internacional o de la resolución que las crea. En consecuencia, se aplicará una ley nacional en tanto el acto constitutivo así lo determine. Dicha posibilidad no será, en este caso, consecuencia de un conflicto de leyes.

La vida interna de la persona jurídica se sujetará a dicho acto constitutivo exclusivamente o complementado por desarrollos jurídicos posteriores vinculados al desenvolvimiento de la actividad de la propia entidad, cuando ello sea permitido.

b. La ley aplicable al ejercicio.

La Convención dispone que estas entidades revisten, en todos los Estados Partes, la condición de sujetos de derecho privado; pueden actuar, en consecuencia, del mismo modo que las personas jurídicas privadas. Habida cuenta de que estas personas jurídicas pueden ser creadas por dos o más Estados Partes, pero no necesariamente por todos, queda abierta a la práctica la actitud de estos terceros países cuando las personas jurídicas actuaren en éstos, ya que la Convención guarda silencio al respecto.

V. Conclusiones.

En síntesis: se trata de una Convención que ajustándose a criterios aceptados doctrinariamente tiende a establecer dentro del sistema interamericano, normas ciertas y adecuadas con relación a la personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho Internacional Privado.

 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COM-PETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS

I) Antecedentes.

La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo en 1979, exigía como requisito procesal básico que el juez o tribunal sentenciador tuviera competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde la sentencia deba surtir efecto (Art. 2 inciso d).

Dicha norma no conformó a la totalidad de los Estados participantes de la CIDIP II, al supeditar la eficacia extraterritorial del fallo a las soluciones que en materia de competencia hubiera establecido el Estado receptor.

La nueva Convención aprobada en La Paz en 1984 tiene por finalidad posibilitar la debida aplicación de la Convención de 1979, evitando conflictos de jurisdicción entre los Estados Partes del sistema interamericano, mediante normas expresas vinculantes sobre competencia internacional.

Al pretender cumplirse en otro Estado contratante la sentencia que pone fin a un litigio, el juez del Estado receptor deberá apreciar -con arreglo a normas internacionales- si el Juez de la causa era competente al dictar el fallo.

Para el estudio del tema la CIDIP III tuvo especialmente en cuenta los documentos elaborados por la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado -celebrada en Washington en abril de 1980-, el proyecto de Convención elaborado por el Comité Jurídico Interamericano en 1982, y las modificaciones propuestas por la Delegación del Uruguay en la Conferencia, basadas en los estudios efectuados por la Sala de Derecho Internacional Privado del Instituto de Derecho y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo.

II) Características generales de la Convención.

A diferencia del sistema global, regulador de la competencia internacional, directa e indirecta, se ha aceptado un sistema especial, regulador de la temática al exclusivo efecto del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras.

Indice elocuente del gradualismo de la codificación interamericana contemporánea del Derecho Internacional Privado.

La Convención revela un intento de acercamiento entre las soluciones del sistema del Derecho Civil y del Common Law, lo que se refleja en algunas soluciones acordadas y en significativas exclusiones.

Se trata, asimismo, de una convención independiente y autónoma, pudiendo los Estados que lo deseen ser únicamente partes en esta Convención de La Paz, sin quedar al mismo tiempo obligados a ratificar la Convención aceptada por la CIDIP II. Sin perjuicio de aquellos Estados que deseen vincular ambos instrumentos y complementarlos puedan hacerlo a través de la declaración del artículo 12.

La Convención es, en principio, favorable a aceptar criterios alternativos de competencia, admitiéndose con flexibilidad diversas posibilidades de actuación judicial. Como excepción se admiten criterios exclusivos para los accionamientos reales sobre bienes inmuebles y para aquellos derivados de la contratación mercantil internacional en que se haya pactado válidamente la jurisdicción.

Las normas adoptadas son subsidiarias, en el sentido de que son aplicables si no coexisten otras -convencionales o consuetudinarias- más aplicas y generosas (Art. 8).

Finalmente, se trata de una reglamentación fragmentaria que se limita exclusivamente a las situaciones que contempla, sin posibilidades de extenderse a las materias excluidas y sin pretensiones de configurar una normativa completa y exhaustiva de la jurisdicción internacional indirecta (Art. 6º, acápite).

III) Alcance de la Convención.

La Convención se aplica a las sentencias judiciales extranjeras en general, sean éstas constitutivas, declarativas o de condena. Quedan excluidos los laudos o sentencias arbitrales en tanto la Convención no rige en materia de arbitraje (Art. 6º literal i).

Los Estados Partes están facultados a extender el alcance de la misma a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de daños y perjuicios derivados del delito.

Nuestro país no hizo uso de esta misma facultad al momento de ratificar la Convención de 1979 sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, caducando una posibilidad de extensión que en dicha Convención se justificaba.

No resulta aconsejable, sin embargo, extender el ámbito de esta Convención de 1984 en tanto los criterios de competencia indirecta de la misma no han sido pensados para actos de jurisdicción voluntaria ni tampoco existe base jurisdiccional que contemple los efectos civiles de las sentencias penales.

IV) Ambito espacial y material de aplicación.

Se circunscribe en forma precisa el ámbito geográfico en el artículo primero de la Convención, comprendiéndose a las sentencias dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado Parte.

Dicho marco regional no descarta la posibilidad de alcanzarse eventualmente a aquellas sentencias extraregionales dictadas en cualquier otro Estado ajeno al sistema interamericano, que se haya adherido a la Convención.

La Convención se aplicará exclusivamente a los fallos dictados en materia civil o comercial -no obstante no haberlo indicado de modo expreso- quedando excluidos los fallos en cuestiones laborales (Art. 6, literal g).

Se eliminan del ámbito de la Convención, de acuerdo al artículo 6 determinadas materias, como por ejemplo, capacidad de las personas físicas, divorcio, sucesión testamentaria o intestada, daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, cuestiones marítimas y aéreas, etc.

Las materias excluidas, en su casi totalidad, se inspiran en las Convenciones sobre competencia, ejecución de decisiones del Mercado Común Europeo de 1968 y 1970 y de La Haya de 1971, así como en el Convenio Franco-Español de 1969, instrumentos todos ellos limitativos del campo de su aplicación material.

Se ha buscado evitar áreas muy complejas y sumamente sensibles al orden público de los Estados, en las que también los sistemas del Common y Civil Law varían sustancialmente.

Algunas de las categorías excluidas, como las pensiones alimenticias y la responsabilidad extracontractual deberán ser contempladas en una próxima instancia codificadora, encontrándose incluidas en el temario tentativo de la CIDIP IV.

V) Análisis de los criterios de competencia indirecta.

La Convención clasifica en cuatro secciones, los criterios de competencia indirecta aceptados, tomando como base la naturaleza de las acciones:

A) Acciones personales de naturaleza patrimonial;

B) Acciones reales sobre bienes muebles corporales;

C) Acciones reales sobre bienes inmuebles; y

D) Acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales.

A. Acciones personales de naturaleza patrimonial.

Siguiendo una terminología ya empleada en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (Art. 56 inc. 3º) se prevén en esta sección cuatro supuestos que dicen relación con las especiales características del demandado o con sus actitudes procesales en el juicio.

Tratándose de personas físicas se acepta el criterio tradicional del domicilio o residencia habitual del demandado, de plena adaptación en los distintos sistemas jurídicos coexistentes en la región. El texto aprobado sigue los lineamientos de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, aprobada en la CIDIP II, que al identificar el domicilio con el lugar de la residencia habitual de la persona se pliega a la concepción objetiva.

Siendo un criterio de competencia en la esfera internacional, y no de competencia interna del órgano interviniente, resulta acertada la precisión establecida de que se requiere el domicilio en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia.

Para el caso de acciones contra personas jurídicas, sociedades civiles o comerciales de carácter privado se sigue también el criterio del domicilio, el que se identifica con el lugar del establecimiento principal. Se acepta también como criterio alternativo -para ambas formas societarias- el lugar de constitución de la sociedad.

Aunque no existe definición en el propio documento del sentido a darse a la expresión "establecimiento principal" del análisis de las deliberaciones emana que fue admitida como equivalente a "sede de la administración central" coincidentemente con el Art. 5 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles de 1979.

Quedan excluidas del ámbito de la Convención las sociedades de carácter público, obviándose indirectamente un pronunciamiento sobre el delicado tema de la inmunidad de jurisdicción.

Se prevén también los accionamientos contra sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, estableciéndose como base de jurisdicción válida el lugar en donde se realizan las actividades, objeto de las respectivas demandas. La norma implica un desarrollo especial del principio general del domicilio para el caso concreto, en armonía con la solución dada por el Art. 3 inc. 2 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940, que las considera domiciliadas en el lugar en donde funcionan, y sujetas a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que allí practiquen.Finalmente, en materia de fueros renunciables se admite la autonomía de la voluntad como criterio atributivo de jurisdicción, pero limitada exclusivamente a la prórroga post litem, requiriéndose que el demandado haya consentido expresamente por escrito la competencia del juez o implícitamente a través de su comparecencia en el juicio sin cuestionar la misma.

B. Acciones reales sobre bienes muebles corporales.

La naturaleza de los bienes tiene influencia en la determinación de los jueces que deben conocer en las acciones reales que recaigan sobre los mismos.

Tratándose de bienes muebles corporales la Convención establece criterios alternativos, aceptando el tradicional que atribuye competencia a los jueces del lugar en que se encuentren situados al momento de la demanda, así como los criterios vigentes en materia de acciones personales patrimoniales (Sección A del artículo 1).

Quedan excluidos del ámbito de la Convención los bienes muebles incorporales, de más difícil localización y regulados normalmente por convenciones específicas.

C. Acciones reales sobre bienes inmuebles.

La Convención recoge como criterio de competencia exclusivo en esta materia el del territorio del Estado Parte en que se hayan encontrado situados los bienes inmuebles, al momento de entablarse la demanda. Temperamento ya aceptado por los Tratados de Montevideo y el Código de Bustamante, y en general en el Derecho Comparado.

No se tienen en cuenta, en cambio, a las acciones mixtas, por entenderse que esta clasificación podría no encontrar exacta ubicación dentro del sistema del Common Law.

D. Acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales.

De modo excepcional la Convención recoge la autonomía de la voluntad como base atributiva de jurisdicción. Se establecen límites expresos atinentes a la materia, en tanto el criterio se admite sólo en el ámbito de la contratación mercantil internacional. La razonabilidad de la conexión entre la jurisdicción elegida y el objeto de la controversia y la ausencia de abusos en la determinación del Juez, como criterios restrictivos de la autonomía de las partes, quedan sujetos a la apreciación judicial, la que opera tanto en el proceso original como en la etapa de reconocimiento o ejecución del fallo.

VI) Jurisdicción de emergencia.

Se incorpora un nuevo criterio de competencia indirecta, pensado para situaciones extremas en que existen conflictos negativos de jurisdicción internacional y determinado órgano judicial asume competencia para evitar denegación de justicia.

La apreciación de las circunstancias en que asumió la competencia el tribunal que dictó la sentencia quedará siempre a criterio del tribunal requerido.

VII) Jurisdicción Funcional.

Se contemplan los casos de contrademandas independientes y conexas, abarcándose las distintas situaciones que el tema ofrece en los sistemas procedimentales de los Estados Americanos.

Si se considera la reconvención como una acción independiente -posibilidad bien conocida en los Estados Unidos de América- será reconocida la sentencia que decida la contrademanda solamente si se ha cumplido algún criterio de competencia aceptado por la Convención.

En caso de contrademanda estrechamente ligada a la demanda principal, segundo supuesto del Convenio, queda satisfecho el requisito si ya hubo criterio jurisdiccional cumplido respecto a la demanda principal.

VIII) Competencia exclusiva del Estado requerido.

La competencia exclusiva está regulada en la Convención de La Paz como excepción jurídica a través de la cual el Estado Parte receptor puede rechazar la eficacia del fallo extranjero dentro de sus fronteras.

El uso abusivo de esta norma puede desvirtuar el funcionamiento de la Convención aprobada. La interpretación contextual del Convenio de La Paz así como sus antecedentes inmediatos circunscriben -sin embargo- la denominada competencia exclusiva a sus justos límites.

En primer lugar, con rango de norma supranacional, la propia Convención contempla dos casos de competencia exclusiva: en materia de acciones reales sobre bienes inmuebles y en materia de acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales con pacto atributivo de jurisdicción válido.

En segundo lugar, en las sesiones de la Reunión de Expertos de Washington, antecedente obligado de la CIDIP III, existió consenso de que la jurisdicción exclusiva siempre afecta el orden público internacional, aun cuando no se recogió en el documento aprobado la fórmula propuesta en esta sentido por el Profesor Werner Goldschmidt.

Finalmente, cabe inferir a través de las actas de la Comisión que estudió el tema en la CIDIP III, como interpretación auténtica del texto aprobado, que los participantes en dicho evento entendieron por competencia exclusiva aquella jurisdicción única basada en consideraciones de orden público.

Y al excluirse del ámbito de la Convención varias materias en las que prevalece el interés o el orden público (Art. 6), las posibilidades prácticas de la invocación de la excepción quedan reducidas a la mínima expresión.

IX) Sentencias provenientes de Estados con estructura federal.

Proviniendo el fallo extranjero de un Estado con estructura federal, es necesario que el mismo tenga plena eficacia en el país de origen y no solamente en la circunscripción política de donde emana. Resultaría ilógico que la sentencia que no tenga plena eficacia intraterritorial pretenda desplegar eficacia extraterritorial.

La norma aprobada resuelve acertadamente un problema práctico que plantea el reconocimiento extraterritorial de estas sentencias.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

I) Precisiones.

1. El Protocolo de La Paz, al igual que el de Montevideo de 1979 a la Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, busca conciliar el sistema latinoamericano de cooperación jurídica internacional de mero trámite y probatorio y el régimen del common law en la materia. El primero, fundado en la acción de cooperación de los tribunales del Estado donde deban diligenciarse las actuaciones al servicio del proceso foráneo y, el segundo, en la intervención de comisionados y agentes diplomáticos o consulares del país del juicio, acreditados ante el Estado donde deban efectuarse notificaciones e intimaciones u obtenerse pruebas.

2. El texto prevé, en consecuencia, dos procedimientos respecto a la recepción de pruebas en el extranjero:

a) diligenciamiento de rogatorias recibidas vía Autoridades Centrales por los tribunales del país exhortado; y

b) intervención de agentes diplomáticos o consulares del Estado donde se desarrolla el proceso, que actuarán donde se tramitará la prueba.

3. Constituyen antecedentes inmediatos o directos del texto aprobado: el Proyecto presentado por la Delegación de los Estados Unidos de América en ocasión de la CIDIP II de Montevideo de 1979, instancia en la que se resolviera encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que, a través de la actual Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, designara expertos para realizar estudios sobre el tema y convocara a una reunión a efectos de elaborar un anteproyecto; el Anteproyecto preparado -en cumplimiento de la resolución anterior- por la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado, celebrada en Washington en abril de 1980; y el Proyecto del Comité Jurídico Interamericano de agosto de 1980.

II) Ambito del Protocolo

II.1. Ambito material.

4. Surge del Art. 18, una fuerte identidad entre el Protocolo y la Convención a la que accede, siendo únicamente posible la adhesión o ratificación por aquellos Estados que a su vez hubieren ratificado o adherido a la Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. La vinculación señalada resulta igualmente del Art. 17 norma que ordena que las disposiciones del Protocolo sean interpretadas de modo que contemplen las de la Convención.

Las materias alcanzadas por el Protocolo, Art. 14, son asimismo, las regladas por la Convención -materias civil y mercantil, Art. 2 del texto de 1975- pudiendo ser ampliadas al tiempo de la firma, ratificación o adhesión a aquellas otras respecto a las cuales la propia regulación de Panamá admitía su extensión: criminal, laboral, contencioso-administrativa, juicios arbitrales (Art. 15 Convención sobre Recepción de Pruebas).

II.2. Ambito espacial.

5. El Protocolo, al igual que los demás textos aprobados en ocasión del proceso codificador constituido por las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado, se encuentra abierto tanto a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, como a aquellos ajenos a la misma. (Art. 18).

III) Las soluciones consagradas.

III.1. Actividad de cooperación cumplida por tribunales del país donde deba diligenciarse la prueba.

6. La misma es reglada en los numerales I a IV del Protocolo, en base a la actuación de las Autoridades Centrales, que constituyen organismos especializados en cooperación jurídica internacional. A través de ellas, resulta posible la rápida remisión de exhortos entre tribunales de distintos países sin necesidad de legalización, atento al carácter oficial de la vía empleada, y han sido recibidos en el Derecho Internacional Privado Interamericano por diversos textos multilaterales, algunos vigentes entre más de una docena de naciones (Convenciones de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero y de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, etc.). Igualmente, diversos Convenios bilaterales vigentes entre nuestro país y otros del continente, organizan la cooperación en base a la existencia de Autoridades Centrales; v.gr., Convenios uruguayo argentinos sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos; Aplicación e Información del Derecho Extranjero y Protección Internacional de Menores.

a) Designación de Autoridades Centrales.

7. De Acuerdo al Art. 1º, cada Estado designará una Autoridad Central y comunicará tal designación a la Secretaría General de la OEA. Con un criterio que busca evitar dispersiones burocráticas y concentrar la actividad en un único organismo especializado, la norma dispone que los países parte también del Protocolo Adicional de 1979 a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Roga-torias de 1975, designen la misma Autoridad Central. Nuestra República ha ratificado el Protocolo de 1979 y la Autoridad Central en relación al mismo, así como respecto a todos aquellos Tratados Internacionales que prevén su existencia, es la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, organizada por Decreto 407/985 del 31 de julio de 1985 en el Ministerio de Educación y Cultura, al que se transfiere el organismo anteriormente constituido en la órbita del ex - Ministerio de Justicia, cuya nueva ubicación ha sido comunicada a la Secretaría General de la OEA.

b) Empleo de formularios.

8. Con finalidad de simplificar la prestación de cooperación y uniformizar la redacción de exhortos en que se requiere la misma, así como las constancias del cumplimiento o no de las medidas impetradas, el Art. 2 prevé el empleo de fórmulas según modelos, cuyos textos se acompañan en un Anexo.

c) Deber de comunicar los idiomas oficiales de losPaíses Partes, dadas ciertas hipótesis.

9. Atento a la posibilidad que accedan al Protocolo Estados con más de un idioma oficial -en el continente americano caso de Canadá- el Art. 2 dispone, a efectos de facilitar la remisión de rogatorias, que los Estados Partes con tal característica comuniquen a la Secretaría General de la OEA -al momento de la firma, adhesión o ratificación- cuál o cuáles idiomas, deberán ser considerados oficiales.

d. Diligenciamiento de las rogatorias.

d.1. Remisión.

10. El Art. 3 dispone que los exhortos sean remitidos a la Autoridad Central del Estado rogado por la Autoridad Central del país requirente.

La Autoridad Central requerida trasmitirá el exhorto al órgano jurisdiccional nacional competente, de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno, de manera inmediata. En nuestro país, el Decreto Nº 392/986 de 28 de julio de 1986 prevé a tales efectos una comunicación directa entre la Suprema Corte de Justicia y la Autoridad Central, procedimiento que se ha demostrado en la práctica muy efectivo.

d.2. Medios de apremio.

11. El artículo 4 busca evitar la discriminación entre el diligenciamiento de la prueba nacional y la solicitada desde el extranjero, disponiendo que el tribunal exhortado aplique "las medidas de apremio apropiadas previstas en su legislación", luego de verificado que se han cumplido los requisitos exigidos por su propia legislación para que tales medidas se apliquen en procesos locales.

d.3. Presencia e intervención de abogados y apoderados de las partes en el cumplimiento de las rogatorias.

12. El artículo 5 autoriza la presencia de abogados o apoderados de las partes pertenecientes al país en que se lleva a cabo el juicio en el Estado de diligenciamiento de la rogatoria. La regulación aprobada resultó más restrictiva que la proyectada, que además permitía la actuación de tales letrados. La intervención de abogados y procuradores actuantes en el país del juicio en el Estado rogado, de acuerdo al artículo citado, queda en definitiva sujeta a lo que al respecto disponga la legislación de este último.

d.4. Gratuidad del diligenciamiento de la rogatoria.

13. La solución de principio, es la gratuidad en la tramitación de la rogatoria, Art. 6, criterio compartible en tanto el Protocolo busca estrechar la cooperación jurisdiccional entre los Estados Partes. La gratuidad empero no es absoluta; el Estado podrá reclamar a la parte requirente el pago de actuaciones que conforme a su ley interna deban ser sufragadas. El exhorto extranjero es equiparado por el Protocolo al nacional pero, con criterio lógico, se busca evitar que en definitiva resulte privilegiado respecto a éste.

A efectos de costear gastos, la parte solicitante de la medida deberá desingar en el Estado rogado la persona que atienda los mismos o acompañar cheque por el costo de las actuaciones.

Con la finalidad de facilitar los pagos, el Art. 7 dispone que los Estados al depositar en la Secretaría General de OEA el instrumento de ratificación o adhesión, informen qué actuaciones según su legislación interna son onerosas y el valor razonable estimado; extremo éste que ha de resultar necesario tener presente al momento en que nuestra República deposite el respectivo instrumento de ratificción.

En base a la reciprocidad, los Estados podrán indicar al momento de realizar la declaración aludida precedentemente, que no cobrarán gastos que de lo contrario los requirentes del acto de cooperación deberían abonar (Art. 8).

III.2. Recepción de pruebas por agentes diplomáticos o consulares.

14. El Capítulo V regula este procedimiento cuya posibilidad ya estaba prevista en la Convención de Panamá de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero -ratificada por Uruguay por Decreto-Ley Nº 14.534 del 24 de junio de 1976- art. 14 in fine.

15. El Art. 9 dispone especialmente que la actuación de agentes consulares o diplomáticos en la recepción de pruebas dentro del ámbito de su jurisdicción no puede suponer el empleo de medios de apremio.

El artículo distingue entre actividad probatoria llevada a cabo por tales agentes respecto a sus nacionales y en relación a los de terceros países, caso en el cual sus potestades pueden ser más restringidas.

Límites a la actividad probatoria de diplomáticos y cónsules en la recepción de pruebas relativas a no nacionales del Estado al que pertenecen.

16. Los Estados Partes al momento de firmar, ratificar o adherir al Protocolo (Art. 10) podrán limitar las actuaciones probatorias de diplomáticos y cónsules respecto a los no nacionales de dichos agentes, tanto en razón de materia, como respecto a las condiciones de tiempo y lugar en que deban desarrollar sus actividades.

Las posibilidades de reducción de la actividad probatoria en razón de materia debe tener en cuenta el Art. 2 de la Convención Interamericana de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, en función del cual el Protocolo queda circunscripto a la temática civil y mercantil, excepto declaración extensiva de los Estados (Art. 14). Por consiguiente, la reducción deberá circunscribirse a las categorías pertenecientes a una de las dos ramas jurídicas enunciadas y, atento a la naturaleza de los intereses protegidos, podría resultar conveniente excluir de la competencia de funcionarios ajenos al foro, las cuestiones relativas a la minoridad.

Respecto a condicionamientos relativos a lugar, autorizados también por el Art. 10, puede resultar conveniente que la actividad probatoria de cónsules y diplomáticos se realice fuera de sus sedes, en oficinas del Estado acreditante, especializadas en la cooperación jurídica internacional, v.gr., la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, como medio de velar por el adecuado cumplimiento de los límites y garantías previstas por el Art. 12.

Diligenciamiento de las pruebas.

17. El Art. 12 autoriza al agente diplomático o consular a someter su actuación a las reglas y procedimientos del país al que pertenece -pues es funcionario de dicho Estado y la actividad que desarrolla se encuentra al servicio, de un proceso allí tramitado- a condición que "la diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el Estado requerido que expresamente la prohiban" (Art. 2 literal 1, Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero).

18. En materia de prestación de testimonios, se prevé expresamente que el declarante ante cónsul o diplomático pueda rehusarse a prestarlos, tanto (de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 12 de la Convención) conforme a la ley del Estado requerido, como del Estado requirente.

19. Las personas a quienes se requiera pruebas o información podrán estar asistidas por abogados, intérpretes o auxiliares de su confianza (Art. 12 "in fine"), como medio de asegurar plenamente sus derechos.

Medidas de apremio.

20. En tanto los agentes diplomáticos o consulares no se encuentran autorizados a emplear por sí medios de apremio (Art. 9), puede requerir la adopción de los mismos a los órganos jurisdiccionales del Estado en que desarrollen sus actividades, los que únicamente podrán acceder cuando estimen que se han cumplido las condiciones exigidas por su ley (Art. 11).

21. El Art. 13 se basa en la índole no excluyente de los dos procedimientos legislados en materia de obtención de pruebas y en consecuencia la frustración en el diligenciamiento de la prueba en base al procedimiento del Art. 9 no impide acudir a la vía Autoridades Centrales.

III.3. Procedimientos especiales.

22. Las autoridades del Estado exhortante podrán solicitar que se cumplan procedimientos especiales, propios del ordenamiento requirente, pedido que los tribunales rogados en principio deberán observar (Art. 15), excepto que fueren de imposible cumplimiento en dicho país, o resultaren incompatibles con su legislación (Art. 6 Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas).

La facultad de requerir por los tribunales rogantes el cumplimiento de procedimientos específicos no es nueva para el Derecho Internacional Privado Procesal uruguayo (además de la Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas -Art. 6-, admiten tal hipótesis la Convención de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (Art. 10 y los Convenios bilaterales uruguayo-argentino y uruguayo-chileno sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, Arts. 5 de ambos textos) y se funda en la naturaleza accesoria del proceso cooperativo respecto del principal, a cuyo servicio se llevan a cabo las actuaciones en el extranjero.

III.4. Exhibición o transcripción de documentos.

23. El diligenciamiento de las rogatorias es objeto de severo condicionamiento (Art. 16); se exige:

a) que el proceso esté iniciado; se evita de esta forma el deber de acceder a exhibiciones o informaciones documentarias requeridas con carácter prejudicial, lo que el sistema del common law denomina "pretrial discovery of documents" -conforme informe del Relator de la Comisión II de la Conferencia de La Paz de 1984, Frederick Feller, págs. 4 y 5-;

b) que los documentos sean razonablemente identificados; y

c) que se especifique la razón por la cual la parte requirente cree que los documentos se encuentran en posesión o son de conocimiento de la persona requerida,

La parte a la que se solicite la información, puede siempre negar ésta de acuerdo a los términos de la Convención sobre Recepción de Pruebas.

24. Los Estados, al momento de firmar, ratificar o adherir a la Convención, pueden declarar que cumplirán los exhortos referidos en el artículo en examen, a condición que la rogatoria precise la relación entre la prueba requerida y el proceso en relación al cual ésta se solicita. Juzgamos conveniente que Uruguay efectúe en su oportunidad la mencionada declaración, como medio de evitar, requerimientos abusivos o cuando menos, no seriamente fundados.

III.5. Conclusiones.

25. Como evaluación del Protocolo examinado, creemos que al igual que su precedente de Montevideo de 1979 (Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, texto ya vigente) constituye un intento serio por conciliar las soluciones en materia de recepción de pruebas en el extranjero propias de los países latinoamericanos, con aquellas características de los Estados del common law. Se prevén dos procedimientos: uno fundado en la actuación de los tribunales del país de recepción de la prueba y la trasmisión de la rogatoria por intermedio de las Autoridades Centrales, vía nueva pero suficientemente asentada de la cooperación jurídica internacional a nivel mundial y continental, que la experiencia -inclusive nacional- ha demostrado como sumamente ágil y segura; y la recepción de pruebas por intermedio de diplomáticos o cónsules del país del proceso, forma propia de los sistemas anglosajones, que ha sido suficientemente atemperada por la Convención. En tal sentido, los agentes extranjeros carecen de facultades para disponer por sí medidas de apremio; las diligencias relativas a sus no nacionales pueden ser limitadas en razón de materia y condicionadas respecto al lugar y tiempo en que deben ser practicadas; cualquiera que sea, el declarante puede invocar la legislación del Estado donde se practica la diligencia o del país del juicio, para negarse a declarar y puede exigir estar acompañado de auxiliares o abogados de su confianza durante las actuaciones llevadas a cabo.

Respecto a la exhibición y transcripción de documentos, los condicionamientos para la recepción de pruebas y la declaración que al respecto se prevé puedan hacer los Estados, son garantía suficiente para el correcto cumplimiento de un deber básico impuesto por la práctica de las naciones civilizadas, cooperar en la realización de la Justicia.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo,

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase la ratificación de las Convenciones suscritas por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984: Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores; Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado; Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras y Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 7 de enero de 1992.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 3 de mayo de 1988, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación de las Convenciones suscritas por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que convocada por la Organización de los Estados Americanos tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984, al permanecer vigentes para los intereses de la República, los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con el artículo 168, inciso 20 de la Constitución de la República a efectos de someter a su consideración para la correspondiente aprobación legislativa las Convenciones suscritas por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que convocada por la Organización de los Estados Americanos tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Las Convenciones aprobadas en dicha Conferencia, (en adelante CIDIP III), cuyos textos separados se acompañan, son las siguientes:

1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores;

2.- Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado;

3.- Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras;

4.- Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

Tales Convenciones y el Protocolo Adicional fueron suscritos en la sesión de clausura celebrada el día 24 de mayo de 1984, por delegados de los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, República Oriental del Uruguay y Venezuela.

Además de los ya mencionados, asistieron a la CIDIP III delegados de los siguientes países: Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay.

La solicitud de aprobación de los precitados instrumentos interamericanos de Derecho Internacional Privado se fundamenta en la exposición que se desarrolla a continuación:

I. Antecedentes.-

1. La Conferencia es un órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos, tal como lo prevé la Carta en el artículo 130.

Hasta el presente tres han sido las conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado; la CIDIP I, celebrada en Panamá (14 a 30 de enero de 1975), la CIDIP II, reunida en Montevideo (23 de abril a 8 de mayo de 1979), y la CIDIP III, cumplida en La Paz, en la fecha arriba indicada.

2. En cuanto a las Convenciones aprobadas por la CIDIP I han sido:

1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas;

2.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques;

3.- Convención Interamericana sobre Arbitraje Comerciol Internacional;

4.- Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias;

5.- Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero;

6.- Convención Interamericana sobre Régimen Legal de los Poderes para ser utilizados en el Extranjero;

Todas ellas, ratificadas por el Gobierno de la República por Decreto-Ley Nº 14.534 del 24 de junio de 1976.

3.- Las Convenciones aprobadas por CIDIP II han sido:

1.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques;

2.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles;

3.- Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros;

4.- Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares;

5.- Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero;

6.- Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado;

7.- Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado;

8.- Protocolo Adicional a la Convención Intera-mericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

También aprobadas por el Gobierno de la República mediante Decreto-Ley Nº 14.953 del 6 de noviembre de 1979.

4. La obra de las tres CIDIP ha tenido por objeto actualizar a nivel interamericano la normativa convencional de los Tratados de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1889 y de 1939-40, así como el Código Bustamante aprobado en 1928 por la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana.

En tal sentido, se trata de una codificación progresiva que procura, básicamente, regular los conflictos de leyes, propios del Derecho Internacional Privado clásico, sin perjuicio de la aprobación de leyes uniformes para ciertas materias del tráfico internacional.

En cuanto a las materias abordadas son varias; predomina la material procesal -como se advierte de la nómina de las Convenciones-, aun cuando también se alcanzan las materias civil y comercial.

5. Existe en la obra de las CIDIP una hilazón determinada por el objeto abordado; en este sentido, a título de ejemplo, adviértese que la Convención aprobada por la CIDIP II sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ha sido complementada por la Convención aprobada por la CIDIP III sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia de las Sentencias Extranjeras.

Similar situación se constata en materia de Sociedades Mercantiles y Personas Jurídicas.

6. A modo de síntesis puede señalarse:

a. en materia procesal se ha partido de la cooperación judicial internacional a través de la Convención sobre Exhortos y Cartas Rogatorias (CIDIP I) para extenderse luego a la regulación de los diferentes institutos del proceso jurisdiccional en la esfera internacional;

b. en cuanto a las materias sustantivas, la obra de CIDIP abarca los instrumentos documentarios del comercio internacional (Cheques, Letras y Facturas), y las "sociedades mercantiles" como sujeto principal en el ámbito mercantil internacional; al extenderse a la Adopción Internacional de Menores, se incluye en la obra codificadora una típica figura del Derecho Civil de Familia.

7. Tal proceso codificador se ha visto reafirmado por la convocatoria de la CIDIP IV (Res. AG/RES. 771 (XV-0/85) respecto de la cual el Gobierno uruguayo ha anunciado su interés en ser sede, así como por el temario provisional de la reunión aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, el que incluye:

1.- Secuestro y Restitución de Menores;

2.- Transporte Terrestre;

3.- Contratación Internacional;

4.- Obligaciones de Alimentos.

Además, como un quinto punto optativo, el divorcio.

8. Es preciso consignar que el creciente número de Estados ratificantes, según consta en las Tablas anexas, muestra de modo inequívoco la receptividad que ha tenido y tiene en los países del sistema interamericano la obra codificadora de la CIDIP.

Igualmente, es oportuno señalar que las Delegaciones del Uruguay han cumplido en las tres CIDIP una destacada labor, teniendo a su cargo en todas ellas, algunas de las Relatorías, tal como se registra en el documento anexo con indicación de las respectivas autoridades y división de las tareas de las Conferencias.

Con ello no se ha hecho sino continuar una verdadera tradición nacional en el ámbito del Derecho Internacional Privado, magistralmente inaugurada por Gonzalo Ramírez en el Primer Congreso Sudamericano de Montevideo en 1889, seguida por la brillante actuación del Profesor Alvaro Vargas Guillemette en el Segundo Congreso de 1939-40, y llevada a un grado superior en el campo de la construcción doctrinaria por el eximio Profesor Quintín Alfonsín.

9. Finalmente, es importante establecer que las Convenciones Interamericanas en vigor vienen siendo objeto de aplicación por la jurisprudencia de los distintos Estados Partes y en lo que refiere en particular al Uruguay, ello se advierte con frecuencia cada vez mayor en los respectivos repertorios especializados.

II. Análisis de las Convenciones.-

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCION DE MENORES

I) Naturaleza del instituto y finalidad de la Convención.

La adopción constituye un instituto del Derecho Privado cuya fuente se encuentra en la ley, que lo crea y lo regula en los diversos aspectos vinculados a los sujetos, modalidades y efectos, optando por uno u otro tipo de solución según las características por las cuales se incline en definitiva la política legislativa de los Estados en la materia.

El Derecho Internacional Privado se ve convocado a la regulación de la adopción cuando la categoría en juego involucra a más de un Estado -y a su orden jurídico- sea en el momento de la constitución del vínculo, sea posteriormente en el acto de la invocación de su eficacia extraterritorial y, en particular, de sus efectos.

En el ámbito de los países del sistema interamericano en general, la adopción está prevista en los derechos internos, los que carecen en la mayoría de los casos de normas nacionales sobre el tema destinadas a resolver las cuestiones jurídicas vinculadas al Derecho Internacional Privado y de modo especial, la cuestión de la ley y jurisdicción competente. Es por ello que la Convención pretende llenar dicho vacío de previsión normativa, con referencia al área internacional interamericana, sin que ello implique en modo alguno fijar pautas políticas nacionales o internacionales en relación a la adopción, ni fomentándola ni desechándola como solución.

Es preciso indicar aquí que la ley de la residencia habitual del menor, de conformidad con la Convención, rige la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como los procedimientos y formalidades extrínsecas para la constitución del vínculo.

Queda garantizada de este modo la incumbencia, decisiva, del país del adoptado y sus propias políticas en materia de adopción internacional de menores.

II) Antecedentes de la Convención de La Paz.

El Cuarto Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Santiago de Chile en 1924, invitó a los gobiernos americanos a incorporar a sus legislaciones la adopción de menores, como una institución favorable al adoptado y no sólo como medio de proveer descendencia.

En las décadas de los años treinta y cuarenta se aprueban las primeras leyes en la materia y en Francia, en 1939.

Este tipo de adopción plena cuya característica esencial es romper el vínculo anterior al tiempo que crea uno nuevo de carácter irrevocable, se incorpora a nuestro sistema positivo en 1945.

Este instituto se prevé en los textos internacionales interamericanos aún antes de su consagración en los derechos internos de los Estados latinoamericanos. En 1928, el Código de Bustamente aprobado en La Habana (Sexta Conferencia Panamericana) trata de la adopción internacional en los Arts. 73 a 77. También el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 hace lo propio en los Arts. 23 y 24.

A pesar de que a partir de la década del 40 adquiere incremento la adopción internacional por razones de índole diversa (disolución familiar, pobreza crítica, guerras y violencia, etc.) la Décima Asamblea General de la OEA, reunida en Washington resuelve incluirlo como tema de la CIDIP III. En 1981, la Undécima Asamblea General, reunida en Santa Lucía apoya la iniciativa del Instituto Interamericano del Niño de llevar a cabo una reunión con el cometido de examinar el tema, la que tiene lugar en Quito en 1983. En ella, grupos de trabajo interdisciplinarios (médico, sociológico y jurídico) intercambiaron valiosa información y llegaron a conclusiones que constituyeron el fundamento de la regulación posterior. El grupo de Derecho Internacional Privado optó por utilizar como documento básico de trabajo el preparado por el experto uruguayo, el que incluía un proyecto de Convención Interamericana de normas de conflicto que fue aprobado con algunas modificaciones. El proyecto de Quito fue elevado a consideración del Comité Jurídico Interamericano, el que en su período de sesiones de enero de 1984 aprobó un proyecto sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores. Este último proyecto, así como el de Quito y el presentado por la delegación uruguaya, constituyeron los documentos básicos sobre los que trabajó la respectiva Comisión en La Paz más los que luego se agregaron, uno de Argentina y otro de Nicaragua en materia de nacionalidad del adoptado.

III. Examen de la Convención

III.1. Ambito de aplicación de la Convención y defini-

ción de la adopción internacional.

El Art. 1 dispone que la Convención "se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparan al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte".

Esta fórmula -a la vez que señala el carácter internacional de la categoría en relación a la conexión domicilio o residencia en su caso- favorece las llamadas adopciones plenas y afines, habida cuenta del inconveniente de la revocación de tales actos en la esfera internacional.

No obstante, el Art. 2 dispone que cualquier Estado Parte, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, puede declarar que extiende su aplicación a cualquier otra forma de adopción internacional de menores, de modo de posibilitar por esta vía, la extensión de la Convención también al tipo de adopciones simples. La fórmula resulta lógica en un sistema de conflicto donde en definitiva resulta aplicable la ley nacional escogida, aunque cabe señalar que la moderna tendencia, como en la Convención de Estrasburgo de 1968, lleva al desplazamiento de la adopción simple por la plena.

También pueden los Estados Partes "en todo momento", como señala el Art. 20 extender la Convención a las adopciones puramente internas, en las que adoptante y adoptado tienen residencia en un mismo Estado "cuando de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interviniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se proponga constituir domicilio en otro Estado Parte después de constituida la adopción".

El Art. 25 por su parte establece el efecto extraterritorial de pleno derecho de las adopciones internas, cuando adoptante y adoptado residan en un mismo Estado "sin perjuicio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo domicilio del adoptante (o adoptantes)".

III.2. La ley aplicable.

El Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940 consagra en el Art. 23, una solución de tipo acumulativo y regula la adopción internacional por las "leyes de los domicilios de las partes en cuanto sean concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público".

La Convención de La Paz se aparta de este antecedente y distribuye entre la ley de la residencia habitual del menor y la del domicilio del adoptante la regulación de las condiciones de fondo de la adopción, atribuyéndoles, respectivamente, "la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado..." por un lado y "a) la capacidad para ser adoptante; b) los requisitos de edad y estado civil del adoptante; c) el consentimiento del cónyuge del adoptante... y d) los demás requisitos para ser adoptante", por el otro (Arts. 3 y 4).

En cuanto a "los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo" el Art. 3 los somete a la ley de residencia habitual del menor; solución conveniente pues esta última es a la vez la "lex fori", ya que la competencia para el otorgamiento de las adopciones se atribuye por el Art. 15 a las autoridades del mismo Estado.

La Convención se inclina por la ley del adoptado, atendiendo a las soluciones normativas señaladas; dicha opción se corrobora en el mismo Art. 4 precitado in fine, cuando establece que "en el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante (o adoptantes) sean manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia habitual del adoptado, regirá la ley de éste". Se señaló la ventaja de esta solución, pues al ser la ley escogida la del adoptado, se minimiza la posibilidad de aplicación del orden público internacional, que pudiere surgir por incompatibilidad entre las reglas vinculadas al menor y las del adoptante.

III.3. La jurisdicción competente.

Las disposiciones relativas a la competencia internacional se circunscriben a efectuar su distribución en el espacio, obviando un pronunciamiento acerca de las autoridades competentes para el otorgamiento de las adopciones en cada Estado, tal como se efectuara en la Reunión de Expertos de Quito.

Los Arts. 15 y 16 establecen que el otorgamiento, la anulación y la revocación de la adopción son de la competencia de las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado.

Esta solución se aparta de los precedentes de la Reunión de Expertos de Quito y del Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, en los que resultaban competentes las autoridades de los Estados de residencia habitual del adoptado y del adoptante, sea a opción del promotor de la adopción -en uno de los proyectos- o bajo otras alternativas.

La regla finalmente aprobada implicaría el traslado de los adoptantes para concretar la adopción o constituir apoderados que lleven a cabo las gestiones pertinentes. Esta última modalidad -no prevista en la Convención- suscitó controversias, aunque cabe concluir de una interpretación contextual e histórica que ésta no prohíbe la adopción por poder y que correspondería a la ley de residencia habitual del menor resolver acerca del punto, si se opta por una calificación que permita encuadrarla dentro de los procedimientos y formalidades previstos en el Art. 3.

En cuanto a la conversión de la adopción simple en plena, cabe indicar aquí que son competentes las autoridades del Estado de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción, o las del Estado donde tenga domicilio el adoptante o las del Estado donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio al momento de pedirse la conversión (Art. 16 inc. 2).

Los jueces del domicilio del adoptante, mientras el adoptado no constituya domicilio propio decidirán las cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado y adoptante y entre las respectivas familias.

III.4. Los efectos de la adopción.

Los artículos 9, 10 y 11 prevén el régimen de los efectos de la adopción internacional, en una fórmula que supera tanto a la Convención de La Haya de 1964, que ignoró el punto, como a los Tratados de Montevideo de 1940, respecto del cual surgieron dudas interpretativas en cuanto a la eventual regulación implícita de dichos efectos en su formulación normativa.

Al respecto, la Convención regula:

- las relaciones de adoptante y adoptado en las adopciones plenas o equivalentes se regulan por la misma ley que rige las relaciones del adoptante (o adoptantes) con su familia legítima, incluyendo las relaciones alimentarias (Art. 9).

- en las restantes formas de adopción rige la ley del domicilio del adoptante en las relaciones entre adoptante y adoptado: las relaciones entre este último y su familia de origen se regulan por la ley de residencia habitual del menor al momento de la adopción.

- el Art. 11 inc. 2 establece que la adopción plena o equivalente equipara el hijo adoptivo al legítimo, norma de tipo material que impondría... para los Estados Partes, una modificación eventual en su legislación sucesoria. En cuanto a la ley aplicable a los derechos sucesorios entre adoptante y adoptado, el inc. 1 del mismo artículo dispone que se regulará por la ley de las respectivas sucesiones. Los impedimentos para contraer matrimonio no fueron objeto de previsión específica, simplemente se menciona que subsisten entre el adoptado y su familia de origen (Art. 9 b.). Ello autoriza a interpretar que se regirían por la ley de la celebración, ya que es ésta la conexión por la que optaron nuestro sistema de Derecho Internacional Privado nacional y los Tratados de Montevideo.

- el Art. 9 b. dispone que los vínculos entre el adoptado y su familia de origen "se considerarán disueltos", norma material que pone fin a toda discusión al respecto y torna irrelevante la cuestión relativa a si dicha ruptura integra los efectos de la adopción.

III. 5. Revocación, anulación y conversión.

Solo son revocables las adopciones simples, aspectos que se somete a la ley de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción (art. 12).

La anulación se rige por la ley de su otorgamiento -la de la residencia habitual del adoptado- "velándose por los intereses del menor de conformidad con el Art. 19 de la Convención" (Art. 14). El art. 19 establece una solución favor negotii en favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado, disponiéndose además -en consonancia con la Convención sobre Normas Generales de Montevideo de 1979- que las leyes aplicables "se interpretarán armónicamente".

Se prevé la posibilidad de conversión de adopción simple en adopción plena, figura que tiende a favorecer las formas plenas de adopción y tiene antecedentes en los precitados documentos que sirvieron de antecedente a la Convención (Art. 13). Ella se regirá, a elección del actor, por la ley de residencia habitual del adoptado -al momento de la adopción- o la del Estado donde tenga domicilio el adoptante -al momento de pedirse la conversión-, conformidad mediante del menor de más de 14 años.

III.6 La eficacia extraterritorial de las adopciones internas.

La Convención consagra el efecto de pleno derecho de las adopciones internas en todos los Estados Partes (Art. 25). Se resuelve con ello un problema frecuente, en una solución -ley del nuevo domicilio del adoptante- que difiere de la prevista para los efectos de la adopción internacional plena, cuya ley aplicable es la misma que rige las relaciones del adoptante con su familia legítima (la cual podría no ser la del domicilio del adoptante). Tendríamos entonces una ley diversa para los efectos, según fuera la adopción interna o internacional.

En cuanto a los efectos de pleno derecho de estas adopciones, serían las consustanciales a la institución, como el parentesco, el nombre, la patria potestad, el derecho alimentario, los impedimientos matrimoniales.

III.7. La institución desconocida y el orden público internacional.

El Art. 5 establece que las adopciones surtirán efectos de pleno derecho en los Estados Partes, sin que pueda invocarse la excepción de institución desconocida. Se avanza aún más que en la prealudida Convención sobre Normas Generales de 1979, que condiciona el mecanismo al criterio de la analogía. Aunque cabe advertir que resulta obvio que no podría darse el caso de que la adopción fuere desconocida por los Estados cuyas leyes intervienen en su constitución, aspecto que fuera así consignado en los antecedentes.

La fórmula de orden público (Art. 18) es similar a la recogida en las restantes Convenciones del ámbito de las CIDIP, aunque cabe destacar ciertas limitaciones específicas como en el Art. 5 en el Art. 4 in fine (requisitos para adoptar), el referido Art. 19, etc.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

I) El campo de aplicación de la Convención.

La Convención abarca tres grandes categorías de personas jurídicas, las personas jurídicas privadas, el Estado y las personas jurídicas de derecho público actuando en actividad privada y las personas jurídicas internacionales, cuya regulación y características pasaremos a analizar seguidamente.

II) Las personas jurídicas privadas.

II.1. Ambito pasivo y definición.

El Art. 1 se refiere a las personas jurídicas en general, constituidas en los Estados Partes, aunque la sede o domicilio se halle en un Estado no Parte. El mismo artículo introduce una definición uniforme de la persona jurídica, con la ventaja de que la misma podría ser aplicada a las relaciones con los Estados no signatarios en los casos ante los tribunales de un Estado signatario. Sería persona jurídica "toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias", "distintas a las de sus miembros o fundadores" y que "sea calificada como persona jurídica por la ley de su constitución". El Art. 1 in fine refiere a "categorías especiales de personas jurídicas" que podrán regularse por "convenciones específicas". Es éste el caso de la Convención sobre Sociedades Mercantiles de 1979 que regula ese tipo de personas jurídicas y que debe integrar sus eventuales vacíos o lagunas dentro de su propio sistema; no así respecto de las sociedades civiles -excluidas del campo de aplicación de la mencionada Convención sobre Sociedades- las que, si fueren personas jurídicas, entrarían en el ámbito de aplicación de la Convención sobre personas jurídicas en análisis.

II.2. La "circunstancia de aplicabilidad".

La constitución en alguno de los Estados Partes es la circunstancia que hace aplicable la Convención, aspecto denominado por la doctrina en el campo del derecho material uniforme internacional como "circunstancia de aplicabilidad". Naturalmente que ello es diferente del factor de conexión o conexión, en sentido estricto, propio de las normas en conflicto -mayoría de los Tratados de Montevideo, por ejemplo-, que lleva a la determinación de la ley aplicable, sin regular por sí la relación, aunque la precitada circunstancia resulta especialmente útil, en cuanto señala con precisión los casos que en definitiva se "conectan" con la Convención por inclusión preceptiva de su ámbito de aplicación.

II.3. El lugar de la constitución.

Se reitera -en el método empleado y en sus términos específicos- la definición de la "ley del lugar de constitución" de la Convención de Sociedades Mercantiles de 1979, en cuanto al Art. 2 dispone que aquélla es "la del Estado donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dicha persona".

En consecuencia, la Convención no será aplicable a las personas jurídicas que, teniendo su sede social en un Estado Parte, han sido constituidas en un Estado no Parte. Situación diversa ocurre cuando el lugar de constitución y de sede se encuentran en Estados diferentes, pero ambos Estados son Partes de la Convención. Para este caso se prevé -de modo equivalente a, como ocurre en la precitada Convención sobre Sociedades Mercantiles- la posibilidad de que la persona jurídica sea obligada a cumplir con los requisitos de la ley de la sede (Art. 5), con la finalidad de impedir, en ambas Convenciones, el fraude a la ley.

Es destacable que el relieve asignado al lugar de constitución se proyecta en forma significativa sobre la ley aplicable a la personalidad y a la capacidad, aspectos que, tal como se verá a continuación, conllevan un retorno a la fórmula del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1989 y el abandono de la del Tratado de 1940.

II.4. La existencia y capacidad.

Se trabajó sobre la base del proyecto del Comité Jurídico Interamericano y de un proyecto presentado por la delegación uruguaya que tuviera decisiva influencia sobre el texto final aprobado.

La existencia y capacidad se someten a la ley del lugar de constitución, la que también abarca el funcionamiento, disolución y fusión (Art. 2). La norma aprobada es más amplia que la propuesta por el Comité y que la Convención de Sociedades Mercantiles de 1979, ya que ninguna de ellas es aplicable a la fusión. La mención del "funcionamiento" se vincula puramente al interno, ya que el ejercicio de la actividad está previsto en el Art. 4.

II.5. El reconocimiento.

También en este punto, se aprecia su equivalencia de soluciones respecto de la Convención sobre Sociedades Mercantiles de 1979. Se consagra en el Art. 3 el re-conocimiento de pleno derecho, sin perjuicio de la facultad de comprobación de la existencia de la persona jurídica. La norma resulta adecuada y coherente con un sistema jurídico que adopta como ley reguladora la de constitución.

II.6. La capacidad de ejercicio.

a. La ley aplicable.

El Art. 4 dispone que "para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del estado donde se realicen tales actos". Aunque con intención similar, resulta más precisa la fórmula adoptada en la Convención de Sociedades Mercantiles donde se dispone que la ley del lugar de actuación regula la capacidad de ejercicio. La redacción de 1984 podrá inducir en confusión en cuanto aparece como regulado por dicha ley "el ejercicio de actos" y no la capacidad misma, siendo ésta la interpretación adecuada, tal como surge de los antecedentes.

b. El ejercicio directo o indirecto: acertada eliminación de la distinción.

Luego de un amplio debate se resolvió no incorporar la distinción recogida en el Art. 4 de la Convención sobre Sociedades Mercantiles. La multiplicidad de casos de dudosa inclusión abarcados para la calificación de ejercicio indirecto provocaron críticas y complejidades interpretativas respecto de aquella designación, circunstancia que determinó la vuelta a fórmulas anteriores, en las que dicha distinción no se recogía.

c. La supresión de la habitualidad.

En este aspecto si, se reitera la solución de la Convención sobre Sociedades Mercantiles que recoge la fórmula de los Tratados de Derecho Civil de Montevideo de 1889 y deja de lado la de 1940, por fundamentos análogos a los expresados en IV.2.. La dificultad de precisar el alcance de "ejercicio habitual" auspicia su eliminación y coloca en manos de la jurisprudencia la identificación concreta de cuando se verifica el "ejercicio de actos comprendidos en el objeto social", o, meramente, se trate de actos preparatorios.

II.7. La representación.

El Art. 6 contempla la actuación de representantes fuera del lugar de constitución de la persona jurídica, modalidad natural de actuación dentro del reconocimiento de pleno derecho que la propia Convención prevé y dispone, acerca de la legitimación procesal del representante de la persona jurídica para responder de pleno derecho a los reclamos y demandas que contra ellas pudieran intentarse con motivo de los actos en cuestión".

III. El Estado y demás personas jurídicas de Derecho Público.

Al Derecho Internacional Privado siempre le preocupó la cuestión del Estado extranjero actuando como sujeto de Derecho Privado. Ello estaba previsto ya en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1889 (Art. 3) y en el mismo de 1940 (Art. 3) extendiéndolo a las "demás personas jurídicas de derecho público extranjeras".

La Convención asegura el reconocimiento de pleno derecho de la personalidad jurídica del Estado y personas de derecho público (Art. 7) sometiéndola a dos limitaciones: las restricciones establecidas por la ley local y, en particular, las relativas a actos jurídicos referentes a derechos reales. Además, se salvaguarda el derecho a invocar la inmunidad de jurisdicción (Art. 7 in fine). La Convención se limita a sentar ciertas pautas muy generales, ya que la fijación de los límites de los derechos y obligaciones a que puedan estar sujetos los Estados extranjeros es competencia de la ley local, la cual será, en definitiva, la que determinará la extraterritorialidad de pleno derecho de la personalidad jurídica en cada caso.

El Estado extranjero no está en principio sujeto a admisión; de ahí la importancia de identificar sus potestades como sujeto de derecho.

Cabe aclarar que cuando la actividad estatal se realice a través de una sociedad mercantil, dicha actividad no estaría regulada por la Convención de 1984 sino por la de 1979 sobre Sociedades Mercantiles, que no distingue entre sociedades privadas y públicas.

IV) Las personas jurídicas internacionales.

IV.1. Alcance extensivo de la categoría.

El Art. 8 sigue, en este tema, los conceptos básicos de los proyectos del Comité Jurídico Interamericano, en especial el de 1987 que contempla a las personas jurídicas internacionales emanadas de resoluciones de un Organismo internacional.

En atención a sus antecedentes, el referido artículo tendría el alcance que sigue:

a) Comprende a los sujetos secundarios o derivados del acuerdo entre Estados.

b) Se trata de sujetos públicos en virtud del nexo que mantienen, por su génesis, con los Estados. Estarían, en ciertos aspectos, regulados por el Derecho Internacional Público, sin perjuicio de que la Convención los abarque en su calidad de sujetos de Derecho Internacional Privado.

c) La personalidad jurídica los convierte en entes independientes respecto de su Estado de creación y pueden, en consecuencia, relacionarse con aquellos o con otros Estados.

d) La Convención les atribuye personalidad jurídica de pleno derecho en los Estados Partes, aunque ella no surja del instrumento constitutivo.

e) Entrarían en el campo de aplicación de la Convención, de modo amplio, todos los sujetos de derecho público surgidos del acuerdo entre los Estados o de resoluciones de un Organismo Internacional, sea éste de naturaleza política (OEA) o de otra índole (ALADI, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Yaciretá, etc.).

f) No quedarían comprendidas las organizaciones internacionales no gubernamentales, cuya inclusión en el proyecto del Comité Jurídico Interamericano fuera expresamente rechazada. Quedarían, no obstante, incluidas en la Convención, las personas interetáticas, si éstas fueran resultado de un acuerdo entre Estados y no exclusivamente de las propias personas jurídicas entre sí.

IV.2. El Derecho aplicable.

a. La ley aplicable a la personalidad y a la vida interna.

El estatuto regulador de las personas jurídicas internacionales surge del contenido del acuerdo internacional o de la resolución que las crea. En consecuencia, se aplicará una ley nacional en tanto el acto constitutivo así lo determine. Dicha posibilidad no será, en este caso, consecuencia de un conflicto de leyes.

La vida interna de la persona jurídica se sujetará a dicho acto constitutivo exclusivamente o complementado por desarrollos jurídicos posteriores vinculados al desenvolvimiento de la actividad de la propia entidad, cuando ello sea permitido.

b. La ley aplicable al ejercicio.

La Convención dispone que estas entidades revisten, en todos los Estados Partes, la condición de sujetos de derecho privado; pueden actuar, en consecuencia, del mismo modo que las personas jurídicas privadas. Habida cuenta de que estas personas jurídicas pueden ser creadas por dos o más Estados Partes, pero no necesariamente por todos, queda abierta a la práctica la actitud de estos terceros países cuando las personas jurídicas actuaren en éstos, ya que la Convención guarda silencio al respecto.

V. Conclusiones.

En síntesis: se trata de una Convención que ajustándose a criterios aceptados doctrinariamente tiende a establecer dentro del sistema interamericano, normas ciertas y adecuadas con relación a la personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho Internacional Privado.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS

I) Antecedentes.

La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo en 1979, exigía como requisito procesal básico que el juez o tribunal sentenciador tuviera competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde la sentencia deba surtir efecto (Art. 2 inciso d).

Dicha norma no conformó a la totalidad de los Estados participantes de la CIDIP II, al supeditar la eficacia extraterritorial del fallo a las soluciones que en materia de competencia hubiera establecido el Estado receptor.

La nueva Convención aprobada en La Paz en 1984 tiene por finalidad posibilitar la debida aplicación de la Convención de 1979, evitando conflictos de jurisdicción entre los Estados Partes del sistema interamericano, mediante normas expresas vinculantes sobre competencia internacional.

Al pretender cumplirse en otro Estado contratante la sentencia que pone fin a un litigio, el juez del Estado receptor deberá apreciar -con arreglo a normas interna-cionales- si el Juez de la causa era competente al dictar el fallo.

Para el estudio del tema la CIDIP III tuvo especialmente en cuenta los documentos elaborados por la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado -celebrada en Washington en abril de 1980-, el proyecto de Convención elaborado por el Comité Jurídico Interamericano en 1982, y las modificaciones propuestas por la Delegación del Uruguay en la Conferencia, basados en los es-tudios efectuados por la Sala de Derecho Internacional Privado del Instituto de Derecho y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo.

II) Características generales de la Convención.

A diferencia del sistema global, regulador de la competencia internacional, directa e indirecta, se ha aceptado un sistema especial, regulador de la temática al exclusivo efecto del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras.

Indice elocuente del gradualismo de la codificación interamericana contemporánea del Derecho Internacional Privado.

La Convención revela un intento de acercamiento entre las soluciones del sistema del Derecho Civil y del Common Law, lo que se refleja en algunas soluciones acordadas y en significativas exclusiones.

Se trata, asimismo, de una Convención independiente y autónoma, pudiendo los Estados que lo deseen ser únicamente partes en esta Convención de La Paz, sin quedar al mismo tiempo obligados a ratificar la Convención aceptada por la CIDIP II. Sin perjuicio de aquellos Estados que deseen vincular ambos instrumentos y complementarlos puedan hacerlo a través de la declaración del artícu-lo 12.

La Convención es, en principio, favorable a aceptar criterios alternativos de competencia, admitiéndose con flexibilidad diversas posibilidades de actuación judicial. Como excepción se admiten criterios exclusivos para los accionamientos reales sobre bienes inmuebles y para aquellos derivados de la contratación mercantil internacional en que se haya pactado válidamente la jurisdicción.

Las normas adoptadas son subsidiarias, en el sentido de que son aplicables si no coexisten otras -convencionales o consuetudinarias- más amplias y generosas (Art. 8º).

Finalmente, se trata de una reglamentación fragmentaria que se limita exclusivamente a las situaciones que contempla, sin posibilidades de extenderse a las materias excluidas y sin pretensiones de configurar una normativa completa y exhaustiva de la jurisdicción internacional indirecta (Art. 6, acápite).

III) Alcance de la Convención.

La Convención se aplica a las sentencias judiciales extranjeras en general, sean éstas constitutivas, declarativas o de condena. Quedan excluidos los laudos o sentencias arbitrales en tanto la Convención no rige en materia de arbitraje (Art. 6 literal i).

Los Estados Partes están facultados a extender el alcance de la misma a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de daños y perjuicios derivados del delito.

Nuestro país no hizo uso de esta misma facultad al momento de ratificar la Convención de 1979 sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, caducando una posibilidad de extensión que en dicha Convención se justificaba.

No resulta aconsejable, sin embargo, extender el ámbito de esta Convención de 1984 en tanto los criterios de competencia indirecta de la misma no han sido pensados para actos de jurisdicción voluntaria ni tampoco existe base jurisdiccional que contemple los efectos civiles de las sentencias penales.

IV) Ambito espacial y material de aplicación.

Se circunscribe en forma precisa el ámbito geográfico en el artículo primero de la Convención, comprendiéndose a las sentencias dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado Parte.

Dicho marco regional no descarta la posibilidad de alcanzarse eventualmente a aquellas sentencias extraregionales dictadas en cualquier otro Estado ajeno al sistema interamericano, que se haya adherido a la Convención.

La Convención se aplicará exclusivamente a los fallos dictados en materia civil o comercial -no obstante no haberlo indicado de modo expreso- quedando excluidos los fallos en cuestiones laborales (Art. 6, literal g).

Se eliminan del ámbito de la Convención, de acuerdo al artículo 6 determinadas materias, como por ejemplo, capacidad de las personas físicas, divorcio, sucesión testamentaria o intestada, daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, cuestiones marítimas y aéreas, etc.

Las materias excluidas, en su casi totalidad, se inspiran en las Convenciones sobre competencia, ejecución de decisiones del Mercado Común Europeo de 1968 y 1970 y de La Haya de 1971, así como en el Convenio Franco-Español en 1969, instrumentos todos ellos limitativos del campo de su aplicación material.

Se ha buscado evitar áreas muy complejas y sumamente sensibles al orden público de los Estados, en las que también los sistemas del Common y Civil Law varían sustancialmente.

Algunas de las categorías excluidas, como las pensiones alimenticias y la responsabilidad extracontractual deberán ser contempladas en una próxima instancia codificadora, encontrándose incluidas en el temario tentativo de la CIDIP IV.

V) Análisis de los criterios de competencia indirecta.

La Convención clasifica en cuatro secciones, los criterios de competencia indirecta aceptados, tomando como base la naturaleza de las acciones:

A. Acciones personales de naturaleza patrimonial;

B. Acciones reales sobre bienes muebles corporales;

C. Acciones reales sobre bienes inmuebles; y

D. Acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales.

A. Acciones personales de naturaleza patrimonial.

Siguiendo una terminología ya empleada en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (Art. 56 inc. 3º) se prevén en esta sección cuatro supuestos que dicen relación con las especiales características del demandado o con sus actitudes procesales en el juicio.

Tratándose de personas físicas se acepta el criterio tradicional del domicilio o residencia habitual del demandado, de plena adaptación en los distintos sistemas jurídicos coexistentes en la región. El texto aprobado sigue los lineamientos de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, aprobada en la CIDIP II, que al identificar el domicilio con el lugar de la residencia habitual de la persona se pliega a la concepción objetiva.

Siendo un criterio de competencia en la esfera internacional, y no de competencia interna del órgano interviniente, resulta acertada la precisión establecida de que se requiere el domicilio en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia.

Para el caso de acciones contra personas jurídicas, sociedades civiles o comerciales de carácter privado se sigue también el criterio del domicilio, el que se identifica con el lugar del establecimiento principal. Se acepta también como criterio alternativo -para ambas formas societarias- el lugar de constitución de la sociedad.

Aunque no existe definición en el propio documento del sentido a darse a la expresión "establecimiento principal" del análisis de las deliberaciones emana que fue admitida como equivalente a "sede de la administración central" coincidentemente con el Art. 5 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles de 1979.

Quedan excluidas del ámbito de la Convención las sociedades de carácter público, obviándose indirectamente un pronunciamiento sobre el delicado tema de la inmunidad de jurisdicción.

Se prevén también los accionamientos contra sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, estableciéndose como base de jurisdicción válida el lugar en donde se realizan las actividades, objeto de las respectivas demandas. La norma implica un desarrollo especial del principio general del domicilio para el caso concreto, en armonía con la solución dada por el Art. 3 inc. 2 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940, que las considera domiciliadas en el lugar en donde funcionan, y sujetas a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que allí practiquen.

Finalmente, en materia de fueros renunciables se admite la autonomía de la voluntad como criterio atributivo de jurisdicción, pero limitada exclusivamente a la prórroga post litem, requiriéndose que el demandado haya consentido expresamente por escrito la competencia del juez o implícitamente a través de su comparecencia en el juicio sin cuestionar la misma.

B. Acciones reales sobre bienes muebles corporales.

La naturaleza de los bienes tiene influencia en la determinación de los jueces que deben conocer en las acciones reales que recaigan sobre los mismos.

Tratándose de bienes muebles corporales la Convención establece criterios alternativos, aceptando el tradicional que atribuye competencia a los jueces del lugar en que se encuentren situados al momento de la demanda, así como los criterios vigentes en materia de acciones personales patrimoniales (Sección A del artículo 1).

Quedan excluidos del ámbito de la Convención los bienes muebles incorporales, de más difícil localización y regulados normalmente por convenciones específicas.

C. Acciones reales sobre bienes inmuebles.

La Convención recoge como criterio de competencia exclusivo en esta materia el del territorio del Estado Parte en que se hayan encontrado situados los bienes inmuebles, al momento de entablarse la demanda. Temperamento ya aceptado por los Tratados de Montevideo y el Código de Bustamante, y en general en el Derecho Comparado.

No se tienen en cuenta, en cambio, a las acciones mix-tas, por entenderse que esta clasificación podría no encontrar exacta ubicación dentro del sistema del Common Law.

D. Acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales.

De modo excepcional la Convención recoge la autonomía de la voluntad como base atributiva de jurisdicción. Se establecen límites expresos atinentes a la materia, en tanto el criterio se admite sólo en el ámbito de la contratación mercantil internacional. La razonabilidad de la conexión entre la jurisdicción elegida y el objeto de la controversia y la ausencia de abusos en la determinación del Juez, como criterios restrictivos de la autonomía de las partes, quedan sujetos a la apreciación judicial, la que opera tanto en el proceso original como en la etapa de reconocimiento o ejecución del fallo.

VI) Jurisdicción de emergencia.

Se incorpora un nuevo criterio de competencia indirecta, pensado para situaciones extremas en que existen conflictos negativos de jurisdicción internacional y determinado órgano judicial asume competencia para evitar denegación de justicia.

La apreciación de las circunstancias en que asumió la competencia el tribunal que dictó la sentencia quedará siempre a criterio del tribunal requerido.

VII) Jurisdicción Funcional.

Se contemplan los casos de contrademandas independientes y conexas, abarcándose las distintas situaciones que el tema ofrece en los sistemas procedimentales de los Estados Americanos.

Si se considera la reconvención como una acción independiente -posibilidad bien conocida en los Estados Unidos de América- será reconocida la sentencia que decida la contrademanda solamente si se ha cumplido algún criterio de competencia aceptado por la Convención.

En caso de contrademanda estrechamente ligada a la demanda principal, segundo supuesto del Convenio, queda satisfecho el requisito si ya hubo criterio jurisdiccional cumplido respecto a la demanda principal.

VIII) Competencia exclusiva del Estado requerido.

La competencia exclusiva está regulada en la Convención de La Paz como excepción jurídica a través de la cual el Estado Parte receptor puede rechazar la eficacia del fallo extranjero dentro de sus fronteras.

El uso abusivo de esta norma puede desvirtuar el funcionamiento de la Convención aprobada. La interpretación contextual del Convenio de La Paz así como sus antecedentes inmediatos circunscriben -sin embargo- la denominada competencia exclusiva a sus justos límites.

En primer lugar, con rango de norma supranacional, la propia Convención contempla dos casos de competencia exclusiva: en materia de acciones reales sobre bienes inmuebles y en materia de acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales con pacto atributivo de jurisdicción válido.

En segundo lugar, en las sesiones de la Reunión de Expertos de Washington, antecedente obligado de la CIDIP III, existió consenso de que la jurisdicción exclusiva siempre afecta el orden público internacional, aun cuando no se recogió en el documento aprobado la fórmula propuesta en esta sentido por el Profesor Werner Goldschmidt.

Finalmente, cabe inferir a través de las actas de la Comisión que estudió el tema en la CIDIP III, como interpretación auténtica del texto aprobado, que los participantes en dicho evento entendieron por competencia exclusiva aquella jurisdicción única basada en consideraciones de orden público.

Y al excluirse del ámbito de la Convención varias materias en las que prevalece el interés o el orden público (Art. 6), las posibilidades prácticas de la invocación de la excepción quedan reducidas a la mínima expresión.

IX) Sentencias provenientes de Estados con estructura federal.

Proviniendo el fallo extranjero de un Estado con estructura federal, es necesario que el mismo tenga plena eficacia en el país de origen y no solamente en la circunscripción política de donde emana. Resultaría ilógico que la sentencia que no tenga plena eficacia intraterritorial pretenda desplegar eficacia extraterritorial.

La norma aprobada resuelve acertadamente un problema práctico que plantea el reconocimiento extraterritorial de estas sentencias.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

I) Precisiones.

1. El Protocolo de La Paz, al igual que el de Montevideo de 1979 a la Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, busca conciliar el sistema latinoamericano de cooperación jurídica internacional de mero trámite y probatorio y el régimen del common law en la materia. El primero, fundado en la acción de cooperación de los tribunales del estado donde deban diligenciarse las actuaciones al servicio del proceso foráneo y, el segundo, en la intervención de comisionados y agentes diplomáticos o consulares del país del juicio, acreditados ante el Estado donde deban efectuarse notificaciones e intimaciones u obtenerse pruebas.

2. El texto prevé, en consecuencia, dos procedimientos respecto a la recepción de pruebas en el extranjero:

a) diligenciamiento de rogatorias recibidas vía Autoridades Centrales por los tribunales del país exhortado; y

b) intervención de agentes diplomáticos o consulares del Estado donde se desarrolla el proceso, que actuarán donde se tramitará la prueba.

3. Constituyen antecedentes inmediatos o directos del texto aprobado: el Proyecto presentado por la Delegación de los Estados Unidos de América en ocasión de la CIDIP II de Montevideo de 1979, instancia en la que se resolviera encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que, a través de la actual Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, designara expertos para realizar estudios sobre el tema y convocara a una reunión a efectos de elaborar un anteproyecto; el Anteproyecto preparado -en cumplimiento de la resolución anterior- por la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado, celebrada en Washington en abril de 1980; y el Proyecto del Comité Jurídico Interamericano de agosto de 1980.

II) Ambito del Protocolo

II.1. Ambito material.

4. Surge del Art. 18, una fuerte identidad entre el Protocolo y la Convención a la que accede, siendo únicamente posible la adhesión o ratificación por aquellos Estados que a su vez hubieren ratificado o adherido a la Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. La vinculación señalada resulta igualmente del Art. 17 norma que ordena que las disposiciones del Protocolo sean interpretadas de modo que contemplen las de la Convención.

Las materias alcanzadas por el Protocolo, Art. 14, son asimismo, las regladas por la Convención -materias civil y mercantil, Art. 2 del texto de 1975- pudiendo ser ampliadas al tiempo de la firma, ratificación o adhesión a aquellas otras respecto a las cuales la propia regulación de Panamá admitía su extensión: criminal, laboral, contencioso-administrativa, juicios arbitrales (Art. 15 Convención sobre Recepción de Pruebas).

II.2. Ambito espacial.

5. El Protocolo, al igual que los demás textos aprobadas en ocasión del proceso codificador constituido por las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado, se encuentra abierto tanto a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, como a aquellos ajenos a la misma. (Art. 18).

III) Las soluciones consagradas.

III.1. Actividad de cooperación cumplida por tribunales del país donde deba diligenciarse la prueba.

6. La misma es reglada en los numerales I a IV del Protocolo, en base a la actuación de las Autoridades Centrales, que constituyen organismos especializados en cooperación jurídica internacional. A través de ellas, resulta posible la rápida remisión de exhortos entre tribunales de distintos países sin necesidad de legalización, atento al carácter oficial de la vía empleada, y han sido recibidos en el Derecho Internacional Privado Interamericano por diversos textos multilaterales, algunos vigentes entre más de una docena de naciones (Convenciones de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero y de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, etc.). Igualmente, diversos Convenios bilaterales vigentes entre nuestro país y otros del continente, organizan la cooperación en base a la existencia de Autoridades Centrales; v.gr., Convenios uruguayo argentinos sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos; Aplicación e Información del Derecho Extranjero y Protección Internacional de Menores.

a. Designación de Autoridades Centrales.

7. De Acuerdo al Art. 1, cada Estado designará una Autoridad Central y comunicará tal designación a la Secretaría General de la OEA. Con un criterio que busca evitar dispersiones burocráticas y concretar la actividad en un único organismo especializado, la norma dispone que los países parte también del Protocolo Adicional de 1979 a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, designen la misma Autoridad Central. Nuestra República ha ratificado el Protocolo de 1979 y la Autoridad Central en relación al mismo, así como respecto a todos aquellos Tratados Internacionales que prevén su existencia, es la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, organizada por Decreto 407/985 del 31 de julio de 1985 en el Ministerio de Educación y Cultura, al que se transfiere el organismo anteriormente constituido en la órbita del ex - Ministerio de Justicia, cuya nueva ubicación ha sido comunicada a la Secretaría General de la OEA.

b. Empleo de formularios.

8. Con finalidad de simplificar la prestación de cooperación y uniformizar la redacción de exhortos en que se requiere la misma, así como las constancias del cumplimiento o no de las medidas impetradas, el Art. 2 prevé el empleo de fórmulas según modelos, cuyos textos se acompañan en un Anexo.

c. Deber de comunicar los idiomas oficiales de los Países Partes, dadas ciertas hipótesis.

9. Atento a la posibilidad que accedan al Protocolo Estados con más de un idioma oficial -en el continente americano caso de Canadá- el Art. 2 dispone, a efectos de facilitar la remisión de rogatorias, que los Estados Partes con tal característica comuniquen a la Secretaría General de la OEA -al momento de la firma, adhesión o ratificación- cuál o cuáles idiomas, deberán ser considerados oficiales.

d. Diligenciamiento de las rogatorias.

d.1. Remisión.

10. El Art. 3 dispone que los exhortos sean remitidos a la Autoridad Central del Estado rogado por la Autoridad Central del país requirente.

La Autoridad Central requerida trasmitirá el exhorto al órgano jurisdiccional nacional competente, de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno, de manera inmediata. En nuestro país, el Decreto Nº 392/986 de 28 de julio de 1986 prevé a tales efectos una comunicación directa entre la Suprema Corte de Justicia y la Autoridad Central, proce-dimiento que se ha demostrado en la práctica muy efectivo.

d.2. Medios de apremio.

11. El Art. 4 busca evitar la discriminación entre el diligenciamiento de la prueba nacional y la solicitada desde el extranjero, disponiendo que el tribunal exhortado aplique "las medidas de apremio apropiadas previstas en su legislación", luego de verificado que se han cumplido los requisitos exigidos por su propia legislación, para que tales medidas se apliquen en procesos locales.

d.3. Presencia e intervención de abogados y apoderados de las partes en el cumplimiento de las rogato-rias.

12. El Art. 5 autoriza la presencia de abogados o apoderados de las partes pertenecientes al país en que se lleva a cabo el juicio en el Estado de diligenciamiento de la rogatoria. La regulación aprobada resultó más restrictiva que la proyectada, que además permitía la actuación de tales letrados. La intervención de abogados y procuradores actuantes en el país del juicio en el Estado rogado, de acuerdo al artículo citado, queda en definitiva sujeta a lo que al respecto disponga la legislación de este último.

d.4. Gratuidad del diligenciamiento de la rogatoria.

13. La solución de principio, es la gratuidad en la tramitación de la rogatoria, Art. 6, criterio compartible en tanto el Protocolo busca estrechar la cooperación jurisdiccional entre los Estados Partes. La gratuidad empero no es absoluta; el Estado podrá reclamar a la parte requirente el pago de actuaciones que conforme a su ley interna deban ser sufragadas. El exhorto extranjero es equiparado por el Protocolo al nacional pero, con criterio lógico, se busca evitar que en definitiva resulte privilegiado respecto a éste.

A efectos de costear gastos, la parte solicitante de la medida deberá designar en el Estado rogado la persona que atienda los mismos o acompañar cheque por el costo de las actuaciones.

Con la finalidad de facilitar los pagos, el Art. 7 dispone que los Estados al depositar en la Secretaría General de OEA el instrumento de ratificación o adhesión, informen qué actuaciones según su legislación interna son onerosas y el valor razonable estimado; extremo éste que ha de resultar necesario tener presente al momento en que nuestra República deposite el respectivo instrumento de ratificación.

En base a la reciprocidad, los Estados podrán indicar al momento de realizar la declaración aludida precedentemente, que no cobrarán gastos que de lo contrario los requirentes del acto de cooperación deberían abonar (Art. 8).

III.2. Recepción de pruebas por agentes diplomáticos o consulares.

14. El Capítulo V regula este procedimiento cuya posibilidad ya estaba prevista en la Convención de Panamá de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero -ratificada por Uruguay por Decreto-Ley Nº 14.534 del 24 de junio de 1976- Art. 14 "in fine".

15. El Art. 9 dispone especialmente que la actuación de agentes consulares o diplomáticos en la recepción de pruebas dentro del ámbito de su jurisdicción no puede suponer el empleo de medios de apremio.

El artículo distingue entre actividad probatoria llevada a cabo por tales agentes respecto a sus nacionales y en relación a los de terceros países, caso en el cual sus potestades pueden ser más restringidas.

Límites a la actividad probatoria de diplomáticos y cónsules en la recepción de pruebas relativas a no nacionales del Estado al que pertenecen.

16. Los Estados Partes en el momento de firmar, ratificar o adherir al Protocolo (Art. 10) podrán limitar las actuaciones probatorias de diplomáticos y cónsules respecto a los no nacionales del Estado acreditante de dichos agentes, tanto en razón de materia, como respecto a las condiciones de tiempo y lugar en que deban desarrollar sus actividades. (Art. 9º).

Las posibilidades de reducción de la actividad probatoria en razón de materia deben tener en cuenta el Art. 2º de la Convención Interamericana de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, en función del cual el Protocolo queda circunscripto a la temática civil y mercantil, excepto declaración extensiva de los Estados (Art. 14). Por consiguiente, la reducción deberá circunscribirse a las categorías pertenecientes a una de las dos ramas jurídicas enunciadas y, atento a la naturaleza de los intereses protegidos, podría resultar conveniente excluir de la competencia de funcionarios ajenos al foro, las cuestiones relativas a la minoridad.

Respecto a condicionamientos relativos a lugar, autorizados también por el Art. 10, puede resultar conveniente que la actividad probatoria de cónsules y diplomáticos se realice fuera de sus sedes, en oficinas del Estado acreditante, especializadas en la cooperación jurídica internacional, v.gr., la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, como medio de velar por el adecuado cumplimiento de los límites y garantías previstas por el Art. 12.

Diligenciamiento de las pruebas.

17. El Art. 12 autoriza al agente diplomático o consular a someter su actuación a las reglas y procedimientos del país al que pertenece -pues es funcionario de dicho Estado y la actividad que desarrolla se encuentra al servicio, de un proceso allí tramitado- a condición que "la diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el Estado requerido que expresamente la prohíban" (Art. 2 literal 1, Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero).

18. En materia de prestación de testimonios, se prevé expresamente que el declarante ante cónsul o diplomático pueda rehusarse a prestarlos, tanto (de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 12 de la Convención) conforme a la ley del Estado requerido, como del Estado requirente.

19. Las personas a quienes se requiera pruebas o información podrán estar asistidas por abogados, intérpretes o auxiliares de su confianza (Art. 12 "in fine"), como medio de asegurar plenamente sus derechos.

Medidas de apremio.

20. En tanto los agentes diplomáticos o consulares no se encuentran autorizados a emplear por sí medios de apremio (Art. 9), puede requerir la adopción de los mismos a los órganos jurisdiccionales del Estado en que desarrollen sus actividades, los que únicamente podrán acceder cuando estimen que se han cumplido las condiciones exigidas por su ley (Art. 11).

21. El Art. 13 se basa en la índole no excluyente de los dos procedimientos legislados en materia de obtención de pruebas y en consecuencia la frustración en el diligenciamiento de la prueba en base al procedimiento del Art. 9 no impide acudir a la vía Autoridades Centrales.

III.3. Procedimientos especiales.

22. Las autoridades del Estado exhortante podrán solicitar que se cumplan procedimientos especiales, propios del ordenamiento requirente, pedido que los tribunales rogados en principio deberán observar (Art. 15), excepto que fueren de imposible cumplimiento en dicho país, o resultaren incompatibles con su legislación (Art. 6 Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas).

La facultad de requerir por los tribunales rogantes el cumplimiento de procedimientos específicos no es nueva para el Derecho Internacional Privado Procesal uruguayo (además de la Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas -Art. 6-), admiten tal hipótesis la Convención de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (Art. 10 y los Convenios bilaterales uruguayo-argentino y uruguayo-chileno sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, Arts. 5 de ambos textos) y se funda en la naturaleza accesoria del proceso cooperativo respecto del principal, a cuyo servicio se llevan a cabo las actuaciones en el extranjero.

III.4. Exhibición o transcripción de documentos.

23. El diligenciamiento de las rogatorias es objeto de severo condicionamiento (Art. 16); se exige:

a) que el proceso esté iniciado; se evita de esta forma el deber de acceder a exhibiciones o informaciones documentarias requeridas con carácter prejudicial, lo que el sistema del common law denomina "pretrial discovery of documents" -conforme informe del Relator de la Comisión II de la Conferencia de La Paz de 1984, Frederick Feller, págs. 4 y 5-;

b) que los documentos sean razonablemente identificados; y

c) que se especifique la razón por la cual la parte requirente cree que los documentos se encuentran en posesión o son de conocimiento de la persona requerida.

La parte a la que se solicite la información, puede siempre negar ésta de acuerdo a los términos de la Convención sobre Recepción de Pruebas.

24. Los Estados, al momento de firmar, ratificar o adherir a la Convención, pueden declarar que cumplirán los exhortos referidos en el artículo en examen, a condición que la rogatoria precise la relación entre la prueba requerida y el proceso en relación al cual ésta se solicita. Juzgamos conveniente que Uruguay efectúe en su oportunidad la mencionada declaración, como medio de evitar, requerimientos abusivos o cuando menos, no seriamente fundados.

III.5. Conclusiones.

25. Como evaluación del Protocolo examinado, creemos que al igual que su precedente de Montevideo de 1979 (Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, texto ya vigente) constituye un intento serio por conciliar las soluciones en materia de recepción de pruebas en el extranjero propias de los países latinoamericanos, con aquellas características de los Estados del common law. Se prevén dos procedimientos: uno fundado en la actuación de los tribunales del país de recepción de la prueba y la trasmisión de la rogatoria por intermedio de las Autoridades Centrales, vía nueva pero suficientemente asentada de la cooperación jurídica internacional a nivel mundial y continental, que la experiencia -inclusive nacional- ha demostrado como sumamente ágil y segura; y la recepción de prueba por intermedio de diplomáticos o cónsules del país del proceso, forma propia de los sistemas anglosajones, que ha sido suficientemente atemperada por la Convención. En tal sentido, los agentes extranjeros carecen de facultades para disponer por sí medidas de apremio; las diligencias relativas a los no nacionales de sus Estados acreditantes pueden ser limitadas en razón de materia y condicionadas respecto al lugar y tiempo en que deben ser practicadas; cualquiera que sea, el declarante puede invocar la legislación del Estado donde se practica la diligencia o del país del juicio, para negarse a declarar y puede exigir estar acompañado de auxiliares o abogados de su confianza durante las actuaciones llevadas a cabo.

Respecto a la exhibición y transcripción de documentos, los condicionamientos para la recepción de pruebas y la declaración que al respecto se prevé puedan hacer los Estados, son garantía suficiente para el correcto cumplimiento de un deber básico impuesto por la práctica de las naciones civilizadas, cooperar en la realización de la Justicia.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA, Presidente de la República; Guillermo García Costa, Héctor Gros Espiell.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébanse las Convenciones y el Protocolo suscritos por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984; Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores; Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado; Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras y Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

Guillermo García Costa, Héctor Gros Espiell.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCION DE MENORES

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una convención sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, han acordado lo siguiente:

Artículo 1

La presente Convención se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte.

Artículo 2

Cualquier Estado Parte podrá declarar, al momento de firmar o ratificar esta Convención, o de adherirse a ella, que se extiende su aplicación a cualquier otra forma de adopción internacional de menores.

Artículo 3

La ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimientos y for-malidades extrínsecas necesarios para la constitución del vínculo.

Artículo 4

La ley del domicilio del adoptante (o adoptantes) regirá:

a. La capacidad para ser adoptante;

b. Los requisitos de edad y estado civil del adoptante;

c. El consentimiento del cónyuge del adoptante, si fuere del caso, y

d. Los demás requisitos para ser adoptante.

En el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante (o adoptantes) sean manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia habitual del adoptado, regirá la ley de éste.

Artículo 5

Las adopciones que se ajustan a la presente Convención surtirán sus efectos de pleno derecho, en los Estados Partes, sin que pueda invocarse la excepción de la institución desconocida.

Artículo 6

Los requisitos de publicidad y registro de la adopción quedan sometidos a la ley del Estado donde deben ser cumplidos.

En el asiento registral, se expresarán la modalidad y características de la adopción.

Artículo 7

Se garantizará el secreto de la adopción cuando correspondiere. No obstante, cuando ello fuere posible, se comunicarán a quien legalmente proceda los antecedentes clínicos del menor y de los progenitores si se los conociere, sin mencionar sus nombres ni otros datos que permitan su identificación.

Artículo 8

En las adopciones regidas por esta Convención las autoridades que otorgaren la adopción podrán exigir que el adoptante (o adoptantes) acredite su aptitud física, moral, psicológica y económica, a través de instituciones públicas o privadas cuya finalidad específica se relacione con la protección del menor. Estas instituciones deberán estar expresamente autorizadas por algún Estado u organismo internacional.

Las instituciones que acrediten las aptitudes referidas se comprometerán a informar a la autoridad otorgante de la adopción acerca de las condiciones en que se ha desarrollado la adopción, durante el lapso de un año. Para este efecto la autoridad otorgante comunicará a la institución acreditante, el otorgamiento de la adopción.

Artículo 9

En caso de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines:

a. Las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado, inclusive las alimentarias, y las del adoptado con la familia del adoptante (o adoptantes), se regirán por la misma ley que rige las relaciones del adoptante (o adoptantes) con su familia legítima;

b. Los vínculos del adoptado con su familia de origen se considerarán disueltos. Sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer matrimonio.

Artículo 10

En caso de adopciones distintas a la adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines, las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado se rigen por la ley del domicilio del adoptante (o adoptantes).

Las relaciones del adoptado con su familia de origen se rigen por la ley de su residencia habitual al momento de la adopción.

Artículo 11

Los derechos sucesorios que corresponden al adoptado o adoptante (o adoptantes) se regirán por las normas aplicables a las respectivas sucesiones.

En los casos de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines, el adoptado, el adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), tendrán los mismos derechos sucesorios que corresponden a la filiación legítima.

Artículo 12

Las adopciones referidas en el artículo 1 serán irrevocables. La revocación de las adopciones a que se refiere el artículo 2 se regirá por la ley de la residencia habitual del adoptado al momento de la adopción.

Artículo 13

Cuando sea posible la conversión de la adopción simple en adopción plena o legitimación adoptiva o instituciones afines, la conversión se regirá, a elección del actor, por la ley de la residencia habitual del adoptado, al momento de la adopción, o por la del Estado donde tenga su domicilio el adoptante (o adoptantes) al momento de pedirse la conversión.

Si el adoptado tuviera más de 14 años de edad será necesario su consentimiento.

Artículo 14

La anulación de la adopción se regirá por la ley de su otorgamiento. La anulación sólo será decretada judicialmente, velándose por los intereses del menor de conformidad con el artículo 19 de esta Convención.

Artículo 15

Serán competentes en el otorgamiento de las adopciones a que se refiere esta Convención las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado.

Artículo 16

Serán competentes para decidir sobre anulación o revocación de la adopción los jueces del Estado de la residencia habitual del adoptado al momento del otorgamiento de la adopción.

Serán competentes para decidir la conversión de la adopción simple en adopción plena o legitimación adoptiva o figuras afines, cuando ello sea posible, alternativamente y a elección del actor, las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado al momento de la adopción o las del Estado donde tenga domicilio el adoptante (o adoptantes), o las del Estado donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio, al momento de pedirse la conversión.

Artículo 17

Serán competentes para decidir las cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado y adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), los jueces del Estado del domicilio del adoptante (o adoptantes) mientras el adoptado no constituya domicilio propio.

A partir del momento en que el adoptado tenga domicilio propio será competente, a elección del actor, el juez del domicilio del adoptado o del adoptante (o adoptantes).

Artículo 18

Las autoridades de cada Estado Parte podrán rehusarse a aplicar la ley declarada competente por esta Convención cuando dicha ley sea manifiestamente contraria a su orden público.

Artículo 19

Los términos de la presente Convención y las leyes aplicables según ella se interpretarán armónicamente y en favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado.

Artículo 20

Cualquier Estado Parte podrá, en todo momento, declarar que esta Convención se aplica a las adopciones de menores con residencia habitual en él por personas que también tengan residencia habitual en el mismo Estado Parte, cuando de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interviniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se proponga constituir domicilio en otro Estado Parte después de constituida la adopción.

Artículo 21

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 22

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 23

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 24

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 25

Las adopciones otorgadas conforme al derecho interno, cuando el adoptante (o adoptantes) y el adoptado tengan domicilio o residencia habitual en el mismo Estado Parte, surtirán efectos de pleno derecho en los demás Estados Partes, sin perjuicio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo domicilio del adoptante (o adoptantes).

Artículo 26

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 27

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a to-das sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 28

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 29

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto a la Secretaría de las Naciones Unidas, para su registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en los artículos 2, 20 y 27 de la presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

HECHA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, el día veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 2 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 24 de mayo de 1995 que se adjunta, por el cual se reiteran las solicitudes de fecha 3 de mayo de 1988 y 7 de enero de 1992, de aprobación parlamentaria de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación de la misma.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Antonio Mercader.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha remitido a este Cuerpo un proyecto de ley solicitando la aprobación de la "Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores", suscrita por la República en la tercera conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional privado que tuvo lugar en La Paz del 15 al 24 de mayo de 1984, reiterando el mensaje remitido con fecha 24 de mayo de 1995.

El artículo 1 de la Convención establece que la misma se aplicará a los menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva u otras formas que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte. El artículo 2 sin embargo señala la posibilidad, para cualquier Estado Parte, al momento de firmar, ratificar o adherir al Convenio, de declarar que extiende su aplicación a cualquier otra forma de adopción internacional de menores, de manera a posibilitar por esta vía la extensión de la Convención también a las adopciones simples.

El artículo 5 advierte que las adopciones que se ajusten a la presente Convención surtirán sus efectos de pleno derecho, en los Estados Partes, sin que pueda invocarse la excepción de la institución desconocida.

Los artículos 20 y 25 por su parte facultan a los Estados Partes a extender la aplicación de la Convención a las adopciones puramente internas, esto es aquellas en que el adoptante y adoptado tiene residencia en el mismo Estado, cuando resulta que el adoptante se propone constituir domicilio en otro Estado Parte después de formalizada la adopción. En este caso se consagra el efecto extraterritorial de pleno derecho de la adopción interna realizada.

La ley aplicable a las condiciones de fondo de la adopción y a los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarios para la constitución del vínculo, se regulan en los artículos 3 y 4 del Convenio que establecen que es la ley de residencia habitual del menor la que regirá la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimientos y formalidades extrínsecos necesarios para la constitución del vínculo.

En cambio regirá la ley del domicilio del adoptante para determinar los requisitos para ser adoptante, entre los que se menciona especialmente a la capacidad, los requisitos de edad y estado civil del adoptante y el consentimiento del cónyuge del adoptante, si fuere del caso. La referida ley del domicilio del adoptante se aplicará salvo en los casos en que los requisitos de la ley del adoptante sean mani-fiestamente menos estrictos a los señalados por la ley dela residencia del adoptado en cuyo caso regirá la ley de éste.

En cuanto a la jurisdicción competente para entender en el otorgamiento, la anulación y la revocación de la adopción, la misma será la del Estado de residencia habitual del adoptado, de acuerdo a lo que se señala al respecto en los artículos 15 y 16 del Convenio. Esta solución implica el traslado de los adoptantes para concretar la adopción o que deban constituir apoderados que lleven a cabo las gestiones pertinentes a tales efectos. La jurisdicción competente para decidir las cuestiones relativas a las relaciones entre el adoptado y el adoptante y la familia de éste se resuelve en el artículo 17, estableciéndose el domicilio del adoptante mientras el adoptado no constituya domicilio propio, en cuyo caso se abrirá la opción para la competencia, a elección del actor, del juez del domicilio del adoptado o del adoptante.

Los artículos 9, 10 y 11 regulan los efectos de la adopción internacional:

En las adopciones plenas, las relaciones entre adoptante y adoptado y las del adoptado con la familia del adoptante se regirán por la misma ley que rige las relaciones del adoptante con su familia legítima.

En la adopción plena, los vínculos del adoptado con su familia de origen se considerarán disueltos. Sin embargo subsistirán los impedimentos para contraer matrimonio.

En la adopción plena, el adoptado, el adoptante y la familia de éste tendrán los mismos derechos sucesorios que corresponden a la filiación legítima.

En los casos distintos a la adopción plena, las relaciones entre adoptante y adoptado se rigen por la ley del domicilio del adoptante. Las relaciones del adoptado con su familia de origen se rigen por la ley de su residencia habitual al momento de la adopción.

El artículo 12 establece que sólo serán revocables las adopciones simples, siendo las plenas irrevocables. La revocación de las adopciones simples estará sometida a la ley de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción.

El artículo 13 posibilita la conversión de la adopción simple en adopción plena, disponiendo la ley aplicable, mientras el artículo 14 hace lo propio para el caso de la anulación de la adopción.

El artículo 18 hace referencia a la excepción de orden público que existe en este tipo de acuerdos, y el artículo 19 establece una presunción interpretativa a favor de la adopción y en beneficio del adoptado.

Los demás artículos guardan relación con las disposiciones finales habituales en este tipo de tratados internacionales, en materia de firma, ratificación, adhesión, en-trada en vigor, declaraciones unilaterales hechas al momento de firmar, ratificar o adherir, vigencia, denuncia y depósito.

Por lo antes expuesto, y por considerarlo de interés para la República, se recomienda la aprobación de la presente Convención.

Sala de la Comisión, 15 de diciembre de 2005.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Milton Antognazza, Alberto Couriel, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Considero que la aprobación de este Tratado va a tener menos dificultades que la del que estudiamos anteriormente. En realidad, se trata de la reiteración de un Tratado que se deriva de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrito el 20 de mayo de 1984. Hubo varios Mensajes de los respectivos Poderes Ejecutivos: el de 1988, el de 1992, el de 1995, el de 2000 y el del actual Gobierno, en el año 2005. Hasta ahora esta Convención no ha podido ser ratificada por parte de nuestro país, y lo cierto es que desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado representa uno de los avances más importantes que se han producido en el sistema interamericano.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

-Como los señores Senadores saben, los Tratados de Derecho Internacional Privado de 1889 y de 1940 son el eje de muchas de las armonizaciones que se producen en este ámbito. La adopción, vinculada al Derecho de Familia, es uno de los institutos que mayor importancia tiene en continentes donde las familias sufren perjuicios y dificultades de toda naturaleza, entre otras cosas por la desagregación del núcleo familiar y por una serie de circunstancias, no sólo de carácter social sino también natural y geográfico, que han determinado situaciones muy trágicas para la sociedad interamericana.

En este sentido, creo que es importante el mensaje que debe enviar el Senado a través de los distintos artículos que recogen la adopción plena de los menores, la legitimación adoptiva y otras formas que equiparan al adoptado a la condición de hijo, cuya filiación está legalmente establecida cuando el adoptante tenga domicilio en el Estado Parte. Quiere decir que se brinda seguridad jurídica al régimen de adopción y transfiere el Derecho Privado al ámbito internacional para que el régimen de adopción, ya sea pleno o simple, permita no sólo la estabilidad familiar, sino también la seguridad jurídica en este relacionamiento.

Por otra parte, debo informar que una de las principales propuestas de este Tratado firmado en 1984 fue elaborada por un técnico y experto uruguayo, y fue recibida por el sistema interamericano junto a propuestas de otros Estados. Como tantas veces ocurre, los técnicos y diplomáticos uruguayos han hecho punta en muchos aspectos de esta naturaleza y, en particular, en los temas sociales vinculados al régimen de Derecho Privado en América Latina.

El articulado de este proyecto de ley figura en el informe que tienen en las carpetas los señores Senadores, por lo que simplemente queremos referir que esto significa incorporarse al sistema interamericano con clasificaciones de adopción simple y plena pero, además, con determinadas normas que regulan las distintas circunstancias de conflicto que se plantean entre el adoptante y el adoptado, lo que da seguridad jurídica a una norma de carácter internacional que está armonizada entre los distintos países que suscriben el Tratado. Es por este motivo que en la Comisión apoyamos por unanimidad su aprobación.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Simplemente quiero agregar a lo mencionado por el señor Miembro Informante, que se trata de un debe que tenía el país, porque esto es anterior al Tratado del Sistema Universal de las Naciones Unidas votado en 1993, por lo que complementa la legislación interamericana.

Por tratarse de un Tratado redactado antes de la aprobación de la Convención Internacional del Derecho del Niño y del Adolescente, quizás tiene un lenguaje que es anterior y que refiere a la minoridad y a los incapaces. Sin embargo, no debe llamar la atención y de todas maneras es un complemento necesario.

Quería aprovechar la consideración de este Tratado para decir que quizás el capítulo de adopción que intentamos adaptar en el Código de la Niñez y la Adolescencia -aprobado en la Legislatura anterior- a la Convención de Derechos del Niño y del Adolescente, quizás pueda sufrir alguna modificación en función de estos Tratados aprobados por nuestro país. El tema de la adopción en el Uruguay no es menor, porque nacen pocos niños y, en este sentido, la demanda es mayor que la oferta.

Lamentablemente, debemos decir que se deben ajustar más los controles a las disposiciones que estamos suscribiendo como país, por el posible tráfico que se está dando fuera de las normas legales y de los controles del Es-tado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) ACUERDOS SOBRE REGULARIZACION MIGRATORIA INTERNA DE CIUDADANOS DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueban el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MECOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia. (Carp. Nº 296/05 - Rep. Nº 177/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 296/05

Rep. Nº 177/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 30 de mayo de 2004, que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación del Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

Al mantenerse los fundamentos que dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar la aprobación del mencionado instrumento multilateral.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi, José Díaz, Reinaldo Gargano.

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébanse los Acuerdos entre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

Reinaldo Gargano, José Díaz, Eduardo Bonomi.

Montevideo, 30 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueban el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de los ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

En virtud de los principios, fines y objetivos enunciados en el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 y del Protocolo de Ouro Preto sobre la estructura institucional del MERCOSUR, firmado el 17 de diciembre de 1994, los Estados Partes convinieron en la suscripción de estos Acuerdos sobre Regularización Migratoria interna, reafirmando el deseo del fortalecimiento de los fraternales vínculos existentes entre ellos y enfatizando la trascendencia de procurar, a través de instrumentos jurídicos de cooperación, la facilitación de los trámites migratorios para sus ciudadanos, permitiendo la regularización migratoria sin la necesidad de regresar a sus países de origen.

El procedimiento se aplicará con independencia de la categoría migratoria con la que hubiera ingresado el peticionario y del criterio en el que pretendiere encuadrar su situación, debiendo tenerse presente que su finalidad es estrictamente migratoria, no contemplando la regularización de bienes y valores que hayan ingresado en el territorio de los Estados Partes.

Con la suscripción de ambos instrumentos, los Estados Partes acuerdan facilitar la movilidad de sus ciudadanos, fortaleciendo vínculos y profundizando el espíritu del Tratado de Asunción.

Al expresar su interés en la aprobación de los Acuerdos precedentemente individualizados, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; William Ehlers, Daniel Borrelli, Santiago Pérez del Castillo.

Montevideo, 30 de mayo de 2004.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébanse los Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

William Ehlers, Daniel Borrelli, Santiago Pérez del Castillo.

ACUERDO SOBRE REGULARIZACION MIGRATORIA INTERNA DE CIUDADANOS DEL MERCOSUR, BOLIVIA E CHILE

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, República de Bolivia y de la República de Chile, Países Asociados, en adelante denominados "Partes".

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del MERCOSUR, firmado el 17 de diciembre de 1994 por esos mismos Estados.

REAFIRMANDO el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile de fortalecer los fraternales vínculos existentes entre ellos.

ENFATIZANDO la importancia de procurar, en instrumentos jurídicos de cooperación, la facilitación de los trámites migratorios para los ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile en el sentido de permitir su regularización migratoria sin la necesidad de regresar a su país de origen.

ACUERDAN:

Artículo 1

Los nacionales de un Estado Parte, que se encuentren en el territorio de otro Estado Parte, podrán efectuar la tramitación migratoria de su residencia en este último, sin necesidad de egresar del mismo.

Artículo 2

El procedimiento previsto en el artículo anterior se aplicará con independencia de la categoría con la que hubiera ingresado el peticionante y del criterio en el que pretendiere encuadrar su situación migratoria.

Artículo 3

Para la aplicación del presente Acuerdo, las Partes podrán conceder residencia temporaria o permanente, de conformidad con las categorías migratorias previstas en sus legislaciones internas.

Artículo 4

El presente Acuerdo contiene una finalidad estrictamente migratoria, no contemplando la regularización de los eventuales bienes y valores que hayan ingresado en el territorio de los Estados Partes y Asociados.

Artículo 5

El presente Acuerdo entrará en vigencia después de la notificación por los Estados Partes, Bolivia y Chile a la República del Paraguay de que fueron cumplidas las formalidades internas necesarias para su entrada en vigor.

Artículo 6

Las Partes pueden en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al Depositario que notificará a las demás Partes.

La denuncia producirá sus efectos ciento ochenta (180) días después de la referida notificación.

Artículo 7

Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente acuerdo se solucionarán conforme el mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse el problema y que hubiere sido consensuado entre las Partes.

Artículo 8

La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de las notificaciones a las demás Partes cuanto a la vigencia y denuncia.

La República del Paraguay presentará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a las demás Partes.

Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

ACUERDO SOBRE REGULARIZACION MIGRATORIA INTERNA DE CIUDADANOS DEL MERCOSUR

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, en adelante denominados "Partes", a los efectos del presente Acuerdo.

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del MERCOSUR firmado el 17 de diciembre de 1994 por esos mismos Estados.

REAFIRMANDO el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR de fortalecer los fraternales vínculos existentes entre ellos.

ENFATIZANDO la importancia de procurar, en instrumentos jurídicos de cooperación, la facilitación de los trámites migratorios para los ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR, en el sentido de permitir su regularización migratoria sin la necesidad de regresar a su país de origen.

ACUERDAN:

Artículo 1

Los nacionales de un Estado Parte, que se encuentren en el territorio de otro Estado Parte, podrán efectuar la tramitación migratoria de su residencia en este último, sin necesidad de egresar del mismo.

Artículo 2

El procedimiento previsto en el artículo anterior se aplicará con independencia de la categoría con la que hubiera ingresado el peticionante y del criterio en el que pretendiere encuadrar su situación migratoria.

Artículo 3

Para la aplicación del presente Acuerdo, los Estados Partes podrán conceder residencia temporaria o permanente, de conformidad con las categorías migratorias previstas en sus legislaciones internas.

Artículo 4

El presente Acuerdo contiene una finalidad estrictamente migratoria, no contemplando la regularización de los eventuales bienes y valores que hayan ingresado en el territorio de los Estados Partes.

Artículo 5

El presente Acuerdo entrará en vigencia después de la notificación por los cuatro Estado Partes a la República del Paraguay de que fueron cumplidas las formalidades internas necesarias para su entrada en vigor.

Artículo 6

Los Estados Partes pueden, en cualquier momento, denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al depositario que notificará a las demás Partes. La denuncia producirá sus efectos ciento ochenta (180) días, después de la referida notificación.

Artículo 7

Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente Acuerdo se solucionarán conforme el mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse el problema y que hubiere sido consensuado entre las Partes.

Artículo 8

La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de las notificaciones a las demás Partes cuanto a la vigencia y denuncia.

La República del Paraguay presentará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a las demás Partes.

Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha remitido a este Cuerpo un proyecto de ley solicitando la aprobación del "Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR" y del "Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile" suscritos por la República el día 5 de diciembre de 2002 en la ciudad de Brasilia, reiterando el Mensaje remitido con fecha 30 de mayo de 2004.

Ambos Acuerdos son idénticos en su contenido, con las mínimas variantes de forma para adaptarse al diferente número de Partes Signatarias, cuatro y seis respectivamente.

Suponemos que la existencia de estos dos textos idénticos y superpuestos en su contenido debe haber obedecido al tradicional apuro de las negociaciones regionales. De lo contrario no se entiende porqué no se celebró solamente un texto entre los seis países, con una cláusula de vigencia que resuelva la entrada en vigor para los Estados Partes del MERCOSUR independientemente de las ratificaciones de Chile y Bolivia, y una similar en materia de foro para la solución de controversias.

El propósito de estos textos es la facilitación de los trámites migratorios para los ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR, Chile y Bolivia en el sentido de permitir su regularización migratoria sin la necesidad de tener que regresar a su país de origen.

A tales efectos se dispone que los nacionales de un Estado Parte que se encuentren en el territorio de otro Estado Parte podrán efectuar la tramitación de su residencia en éste último, sin necesidad de egresar del mismo (Artículos 1 de ambos Acuerdos).

El procedimiento previsto en los artículos 1 se aplicará con independencia de la categoría con la que hubiera ingresado el peticionante y del criterio en el que pretendiere encuadrar su situación migratoria (artículos 2).

Estos Acuerdos tienen una finalidad exclusivamente migratoria y no contemplan la regularización de los eventuales bienes y valores que hayan ingresado en el territorio de las Partes. De la misma forma, los Acuerdos permiten a las Partes conceder residencia temporaria o permanente, de conformidad con las categorías migratorias previstas en sus legislaciones internas (Artículos 3 y 4).

Los demás artículos de los Acuerdos se refieren a las habituales disposiciones finales en este tipo de tratados, aunque una mención crítica merece a nuestro juicio la poco clara solución retenida en el artículo 7 de ambos Acuerdos para la resolución de los conflictos que se pudieran originar en virtud de la aplicación, alcance o interpretación de cada Acuerdo.

Pese a las salvedades expuestas, se considera importante para la República la aprobación de los dos Acuerdos que se informan sobre regularización migratoria.

Esos Acuerdos son pasibles de las críticas formales que se mencionan en el texto y que pueden ser destacadas, pero que no obstarían a su aprobación.

Sala de la Comisión, 15 de diciembre de 2005.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Milton Antognazza, Alberto Couriel, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: a través de este acuerdo se unifican el celebrado entre los países del MERCOSUR y el que agrega a Bolivia y Chile. Por esa razón en el artículo único se establece "Apruébanse los Acuerdos" y no "Apruébase el Acuerdo". Estos Acuerdos complementarios reflejan, de alguna forma, la excesiva urgencia que a veces se tiene, sin reparar en la simpleza de unificar los tratados en uno solo. De esta manera, se aprueba un solo Tratado que habla de los miembros plenos con los asociados.

Este es un tema muy importante, porque es parte de la dinámica de los Acuerdos de integración. Los mercados comunes se alcanzan en su plenitud cuando se consagran cuatro libertades: de bienes, de servicios, de capitales y de personas. Esta última es la libertad migratoria, de forma tal que ese mercado común no sólo le permite emigrar, sino también celebrar determinadas actividades de carácter comercial sin limitaciones, como si fueran ciudadanos en el propio territorio aduanero o de la integración. En este sentido se produce un avance, ya que somos conscientes de las carencias y ausencias en materia de normas de esta naturaleza que tiene el actual proceso de integración del MERCOSUR que, en otros aspectos requiere de una profundización que acompañen estas disposiciones de carácter social y migratorio. De todas formas es importante porque, entre otras cosas, establece que los trámites migratorios para los ciudadanos de los Estados del MERCOSUR, Chile y Bolivia se realizarán sin necesidad de regresar al país de origen. Por lo tanto, sin importar la condición en la que están residiendo en los Estados, ya sea legal o ilegal, pueden comenzar a regularizarla sin necesidad de trasladarse y, obviamente, someterse a las dificultades que se producen cuando quieren ingresar sin la documentación en regla.

En ese sentido, este es un avance muy importante, entre otras cosas, porque países como los nuestros, que tienen una gran tendencia migratoria, desde el punto de vista de su realización laboral en el área, pueden encontrar la posibilidad de ampliar el mercado para todos aquellos que quieran utilizar el sistema de integración con las debidas potencialidades en plenitud.

Los distintos artículos son de carácter general, pero el centro de esta propuesta es una corriente migratoria que se produce sin necesidad de hacer traslados con los trámites que ello implica, en función del conocimiento de la nacionalidad en el área del proceso de integración.

Por estas razones, apoyamos la aprobación de este Tratado cuya consideración estaba pendiente desde el año pasado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Apruébanse los Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) ACUERDO COMERCIAL CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, suscrito el 11 de junio de 2004. (Carp Nº 313/05 - Rep. Nº 178/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 313/05

Rep. Nº 178/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 22 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 4 de agosto de 2004, que se adjunta por el cual se solicitó la aprobación parlamentaria del "Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán", suscrito por la República el 11 de junio de 2004.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, José Mujica, Danilo Astori.

Montevideo, 22 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, suscrito en Montevideo, el 11 de junio de 2004.

Reinaldo Gargano, José Mujica, Danilo Astori.

Montevideo, 4 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Islámica de Irán firmado el 11 de junio del año 2004 en Montevideo.

Antecedentes

En ocasión de la visita a Montevideo del Señor Vicecanciller iraní Morteza Sarmadi en marzo de 2000 con motivo de la transmisión del mando presidencial, se intercambiaron Notas Reversales constitutivas de un Acuerdo de Creación de la Comisión Mixta Económico - Comercial.

En ocasión de la segunda reúnión de la Comisión Mixta Económico - Comercial celebrada entre los días 16 y 18 de setiembre de 2002 en Montevideo, la parte iraní presentó un proyecto de texto de Acuerdo Comercial, el cual es el antecedente directo del Acuerdo alcanzado.

Aspectos Sustantivos del Acuerdo

En virtud de este Acuerdo, se encuadran las relaciones comerciales con Irán en un marco normativo moderno.

Tiene por finalidad dinamizar el intercambio comercial entre los dos países, que en los últimos cinco años alcanzó a U$S 136 millones.

El Convenio que consta de un preámbulo y doce artículos, es compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio y del MERCOSUR.

Este Acuerdo permitirá diversificar las exportaciones del Uruguay a Irán que en la actualidad se concentran en el arroz y la lana y constituye un avance importante para la profundización de las relaciones comerciales entre ambos países, las cuales se procura que avancen hacia la liberalización total del intercambio de mercancías.

El Acuerdo -que no contemplaba rubros específicos- tendrá una vigencia de cinco años. Luego de dicho término se prorrogará por períodos anuales salvo que una parte notifique a la otra por escrito seis meses antes de la terminación del período respectivo su intención de no prorrogarlo (artículo 12).

Este Acuerdo es preparatorio para un Acuerdo de libre comercio que deberá negociarse en el marco del MERCOSUR.

Por el artículo segundo del Acuerdo se establece la cláusula de la Nación más favorecida con Irán, país que no forma parte aún de la Organización Mundial del Comercio.

De acuerdo al artículo diez, a la Comisión Mixta Uruguayo - Iraní, esatblecida con fecha 3 de marzo de 2000, le corresponde implementar este Acuerdo.

Cualquier controversia que surja en relación con este Acuerdo se someterá a consideración de una Comisión Conjunta integrada por un representante de cada Parte y una o tres personalidades internacionales de nacionalidad distinta a la de las Partes, elegidas de común acuerdo por dichos representantes. La Comisión examinará los hechos y someterá la solución adoptada en base a las normas y costumbres a las Partes (artículo 11).

Al expresar su vivo interés en la aprobación del Acuerdo Comercial entre la República y el Gobierno de la República Islámica de Irán, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Willam Ehlers, Isaac Alfie, Martín Aguirrezabala.

Montevideo, 4 de agosto de 2004.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, suscrito en Montevideo, el 11 de junio de 2004, que consta de un preámbulo y doce artículos.

Willam Ehlers, Isaac Alfie, Martín Aguirrezabala.

ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, en adelante denominados "Las Partes".

Teniendo en cuenta los lazos de amistad que unen a los dos países.

Tomando en consideración el estatus de la República Oriental del Uruguay como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como el deseo de la República Islámica de Irán de ingresar a dicha organización.

Considerando el mutuo interés en intensificar y desarrollar los lazos comerciales y expandir y diversificar los intercambios comerciales y reforzar el nivel de la cooperación comercial con base en la igualdad, la no discriminación y el mantenimiento de intereses mutuos.

Han convenido lo siguiente

ARTICULO 1

Las Partes respaldarán el desarrollo y el afianzamiento de las relaciones comerciales entre ambos países de acuerdo con la legislación vigente en cada uno de ellos. Con tal finalidad apoyarán, facilitarán y promoverán la cooperación comercial entre las personas físicas y/o jurídicas de ambos países.

ARTICULO 2

Cada Parte deberá en relación con las importaciones y exportaciones de la otra Parte, otorgarle el mejor tratamiento, exactamente como los concedidos a un tercer Estado, respecto a:

- formalidades de importación y exportación;

- el monto, método y criterio de recaudación de derechos de aduana;

- cualquier otra carga debida aplicada actualmente o que se aplique en el futuro;

Lo anteriormente dispuesto en este Artículo no se aplicará a:

A) Beneficios, concesiones, privilegios y excepciones que cada Parte otorgue actualmente o en el futuro a cualquiera de sus países vecinos para facilitar el tráfico fronterizo.

B) Beneficios, concesiones, privilegios y excepciones que hayan sido otorgados o sean otorgadas en el futu-ro por cada Parte como consecuencia de su participación en zonas de libre comercio, uniones aduaneras y acuerdos de preferencias comerciales bilaterales.

ARTICULO 3

Las exportaciones e importaciones de mercancías se llevarán a cabo con sujeción a la legislación y disposiciones vigentes en los países Partes de acuerdo con las reglas internacionales de comercio.

ARTICULO 4

De conformidad con las normas nacionales vigentes, las Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar el otorgamiento de las licencias de exportación o importación a efectos de promover y facilitar el intercambio comercial en el marco del presente Acuerdo, siempre que tales licencias sean necesarias.

ARTICULO 5

Las disposiciones del presente Acuerdo no limitarán los derechos de cada Parte respecto a la imposición de cualquier prohibición o restricción en relación a la protección de sus intereses nacionales, la salud pública y/o la prevención de enfermedades o plagas animales o vegetales.

ARTICULO 6

El pago de transacciones comerciales entre ambos países será hecho en moneda convertible y de acuerdo a las normas y prácticas bancarias internacionales, sin perjuicio de cualesquiera otro acuerdo establecido entre los Bancos Centrales de los dos países.

ARTICULO 7

Cada Parte alentará la participación de sus empresas e instituciones comerciales en ferias internacionales o específicas que se lleven a cabo en el territorio de la otra Parte y proveerán en la medida de lo posible a las empresas e instituciones comerciales de la otra Parte las facilidades necesarias de acuerdo a la legislación vigente de cada Parte.

ARTICULO 8

Las Partes acuerdan alentar a sus cámaras de comercio a mantener una cooperación cercana y efectiva y si es necesario a establecer cámaras de comercio conjuntas, intercambiar delegaciones comerciales y a la convocatoria de seminarios y conferencias especializados a efectos de familiarzarse con los productos de ambas Partes y su marketing, y a proveer las facilidades requeridas a tal fin.

ARTICULO 9

Las Partes se concederán de conformidad con la legislación vigente en cada país, la autorización para exportaciones e importaciones exentas de aranceles aduaneros, impuestos y demás derechos para:

a) muestras y mercancías sin valor comercial y materiales de publicidad comercial;

b) objetos y mercancías importadas temporalmente y destinadas a ferias y exposiciones siempre que no sean objeto de venta;

c) Equipos destinados a pruebas, exámenes e investigación científica conforme a los programas que se establezcan en el marco de este Acuerdo.

ARTICULO 10

La Comisión Mixta Uruguayo - Iraní, establecida con fecha 3 de Marzo de 2000, correspondiente al día 10 de Esfand de 1379, implementará asimismo el presente Acuerdo, conforme a los siguientes cometidos:

1. Supervisar el buen cumplimiento del Acuerdo.

2. Presentar soluciones a las dificultades que surjan de la aplicación del Acuerdo.

3. Revisar y estudiar las formas de incrementar y diversificar el comercio bilateral y presentar recomendaciones ejecutivas en este sentido a las Partes.

4. Sugerir enmiendas o revisión del presente Acuerdo.

ARTICULO 11

Cualquier controversia que surja en relación con este Acuerdo se someterá a consideración de una Comisión Conjunta integrada por un representante de cada Parte y una o tres personalidades internacionales de nacionalidad distinta a la de las Partes, elegidas de común acuerdo por dichos representantes. La Comisión examinará los hechos y someterá la solución adoptada en base a las normas y costumbres a las Partes.

ARTICULO 12

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación hecha por una de las Partes a la otra indicando que ha cumplido con los requisitos constitucionales requeridos para la entrada en vigencia del presente Acuerdo, y permanecerá vigente por un término de cinco años. Luego de la expiración de dicho término el presente Acuerdo se prorrogará por períodos anuales, salvo que una Parte notifique a la otra por escrito seis meses antes de la terminación del período respectivo, su intención de no prorrogar el Acuerdo.

Al expirar el presente Acuedo, sus previsiones con respecto a los contratros firmados oportunamente y en ejecución mantendrán su validez por el término de un año a partir de la terminación del presente Acuerdo, salvo que las Partes acuerden una solución diferente.

Hecho en un preámbulo y doce artículos en Montevideo, el 11 de Junio del año 2004, correspondiente al día 22 de Khordad de 1383, en tres originales del mismo tenor, en idiomas español, persa e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos.

En caso de divergencia en la interpretación de los textos, prevalecerá el texto en inglés.

 

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha remitido para su aprobación el Acuerdo Comercial celebrado entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, el día 11 de junio de 2004, reiterando el Mensaje de fecha 4 de agosto de 2004.

El Acuerdo Comercial que se presenta a consideración de este Cuerpo es un acuerdo marco a través del cual se pretenden encaminar las relaciones comerciales con Irán en vistas a la futura celebración de un acuerdo comercial específico que contemple la liberalización total del intercambio de bienes entre las Partes. En este sentido, el acuerdo presentado es una antesala para una negociación comercial futura con Irán que deberá realizarse en el marco ampliado del MERCOSUR por tratarse de una materia referida a la política comercial común de los países del bloque.

El Acuerdo celebrado institucionaliza la Comisión Mixta uruguayo iraní ya existente desde el 3 de marzo de 2000 y le encarga el cometido de implementar lo dispuesto en el Acuerdo, y en particular la tarea más importante de revisar y estudiar las formas de incrementar y diversificar el comercio bilateral.

El artículo 2 establece la cláusula de la nación más favorecida respecto de las formalidades de importación y exportación entre las Partes; el monto, método y criterio de recaudación de derechos de aduana; y cualquier otra carga debida aplicada actualmente o que se aplique en el futuro. Esto se hará sin perjuicio del tratamiento comercial preferencial que ya otorguen las Partes en lo referido a tráfico fronterizo con sus vecinos o como consecuencia de su participación en otros acuerdos comerciales preferenciales.

La inclusión de esta cláusula adquiere sentido en virtud de no pertenecer aún Irán a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los artículos 3 y 4 se refieren a la sujeción de las exportaciones e importaciones a las leyes nacionales pero de acuerdo a las reglas internacionales de comercio y a la facilitación recíproca de licencias de exportación o importación, cuando correspondiere, a la que se comprometen las Partes.

El artículo 5 mantiene la facultad de las Partes de imponer restricciones por motivos de protección del interés nacional, salud pública o prevención de enfermedades o plagas animales o vegetales, en una disposición similar a la que se encuentra en el OMC o en el artículo 50 del Tratado de Montevideo 1980 que instituyó la ALADI y que fuera recogido por el MERCOSUR en Tratado de Asunción.

El artículo 6 asegura la convertibilidad de las monedas para las transacciones comerciales entre los países.

Los artículos 7 y 8 alientan a las Partes a la cooperación, pública y privada, de sus empresas y cámaras de comercio para la promoción de sus productos respectivos.

El artículo 9 autoriza y exime de aranceles y demás derechos a la importación o exportación a las muestras sin valor comercial; a los objetos destinados a ferias comerciales -siempre que no sean objeto de venta- y a los equipos destinados a pruebas, exámenes o investigación científica.

En sus cláusulas finales se establece un procedimiento somero para la solución de los conflictos que pudieren surgir en relación con el Acuerdo (artículo 11) y se indica la vigencia del mismo (artículo 12). A este respecto se indica que el Acuerdo tendrá una vigencia de 5 años, vencidos los cuales se prorrogará automáticamente por períodos anuales salvo que una Parte manifieste su intención de no prorrogar con una antelación de seis meses.

Curiosamente el Acuerdo fue firmado en tres originales en idiomas español, persa e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos, pero siendo el original en idioma inglés el que prevalecerá en caso de divergencia en la interpretación de los textos (artículo 12 in fine).

Consideramos de interés para la República la aprobación del presente Acuerdo, el cual puede contribuir a mejorar el comercio recíproco entre nuestro país y un mercado potencialmente importante como el de la República Islámica de Irán.

Sala de la Comisión, 15 de diciembre de 2005.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Milton Antognazza, Julio María Sanguinetti, Alberto Couriel, Jorge Larrañaga, José Korzeniak, Enrique Rubio, Rafael Michelini. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: este Acuerdo tiene sus aspectos particulares, porque viene siendo celebrado desde el año 2000.

Cabe señalar que su aprobación implica un avance en el sentido de que con posterioridad se pueda perfeccionar el Acuerdo de Comercio con Irán a través del MERCOSUR o de otros países.

Se trata de un acuerdo marco, pero que tiene características especiales porque Irán no es miembro de la Organización Mundial de Comercio y, por lo tanto, no se aplica la cláusula de nación más favorecida. Para que esta cláusula, que significa extender a terceros Estados los beneficios que se otorgan en acuerdos bilaterales, sea aplicable, debería expresamente incorporarse al Tratado, tal como se ha hecho en estas condiciones.

Por cierto, la República de Irán es un socio importante del Uruguay en materia comercial, particularmente en lo que tiene que ver con la lana y el arroz. Además, Irán integra una sociedad y un mercado que actualmente puede llegar a 66:000.000 de habitantes, y se prevé que para el año 2050 pueda ser de 100:000.000.

Debo agregar que este país, la República Islámica de Irán, que no es árabe ni forma parte de la Liga Árabe precisamente por su naturaleza persa, desde el punto de vista religioso integra un mercado de aproximadamente 300:000.000 de habitantes que, obviamente, está unificado por su visión Islámica. Como una de las expresiones de comercio, entre otras, tiene una zona de depresión de la economía internacional, derivada de algunos aspectos vinculados a los temas de la dualidad y del ejercicio del poder entre la religión y la política, así como a las dificultades que ha tenido, que derivaron en confrontaciones tan importantes como la guerra con Irak hace pocos años, que le determinó pérdidas importantísimas desde el punto de vista humano y económico.

De todos modos, es una República que, más allá de sus problemas y de sus definiciones actuales en materia de energía nuclear o de otros temas, es un socio importante para el Uruguay.

En consecuencia, apoyamos la aprobación de este Convenio, para que después se puedan profundizar aquellos aspectos comerciales que más nos interesan, en el intento de ir distinguiendo los elementos de cercanía o de lejanía, pero teniendo en cuenta que este Acuerdo tiende a la defensa de los exportadores, de los productores y de los trabajadores uruguayos.

Por estos motivos, la Comisión ha considerado conveniente este Acuerdo y lo ha aprobado por unanimidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, suscrito en Montevideo, el 11 de junio de 2004, que consta de un preámbulo y doce artículos."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

16) BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen beneficios tributarios a diversos sectores de la actividad turística. (Carp Nº 427/05 - Rep. Nº 180/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 427/05

Rep. Nº 180/05

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir en hasta nueve puntos porcentuales la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las siguientes operaciones, a condición de que las mismas sean abonadas mediante la utilización de tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros instrumentos análogos a juicio del Poder Ejecutivo:

A) Servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hosteles, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

B) Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos.

C) Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en el literal anterior.

D) Arrendamiento de vehículos sin chofer.

E) Servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico.

Artículo 2º.- Los prestadores facturarán y liquidarán el tributo a la tasa general vigente sin abatimiento y tendrán derecho a un crédito por el monto que surja de aplicar la rebaja de alícuota al total de la operación excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El crédito referido se deducirá del IVA correspondiente a las operaciones gravadas del mismo modo que el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el costo de tales operaciones.

Si de la liquidación surgiera un excedente por tal concepto, dicho excedente integrará el costo de ventas, por lo que no podrá ser trasladado a la liquidación del IVA de futuros ejercicios.

Artículo 3º.- El beneficio a los consumidores se materializará mediante un descuento en la liquidación que les realicen las entidades emisoras, por el monto del crédito a que refiere el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 4º.- Al efectuar los pagos a los comercios alcanzados por este régimen las empresas administradoras de tarjetas informarán a los mismos respecto a los montos acreditados a los usuarios de las tarjetas por las operaciones comprendidas.

Artículo 5º.- La reglamentación establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir los establecimientos que pretendan beneficiarse con la reducción de la alícuota.

Artículo 6º.- Las operaciones comprendidas en la presente norma se documentarán exclusivamente en com-probantes destinados a consumo final y no podrán ser computadas por los adquirentes para la liquidación de los tributos administrados por la Dirección General Imposi-tiva.

La documentación citada establecerá expresamente que el adquirente es beneficiario de la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), establecida en la presente ley.

Artículo 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, los sorteos previstos por el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, en la redacción dada por el artículo 23 de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, con la frecuencia, la forma y las condiciones que establezca la reglamenta-ción.

La realización de los mismos será encomendada a la Dirección General Impositiva.

Derógase el inciso tercero del artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, en la redacción dada por el artículo 23 de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de diciembre de 2005.

Beatriz Argimón 1ª Vicepresidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Turismo y Deporte

Montevideo, 14 de noviembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitirle el presente proyecto de ley, por el que se otorgan beneficios tributarios a determinadas actividades de relevancia significativa en el sector turístico, asociándolas a un mayor grado de formalización de las mismas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Turismo constituye una actividad socio cultural y económica de primera importancia para el país, no sólo por su aporte de ingresos sino por la generación de fuentes de trabajo y mejora de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.

La mejora en las condiciones para la captación de turistas y los servicios que se brindan, deben constituir una preocupación permanente, así como generar condiciones para la mayor formalización del sector.

Se entiende que los servicios gastronómicos, las diversas formas de alojamientos turísticos, los prestados por empresas arrendadoras de automóviles, y los de mediación en el alquiler de fincas de temporada que realizan los agentes inmobiliarios, constituyen un componente esencial de la oferta turística.

Esa oferta ha mejorado sustancialmente en los últimos tiempos, tanto en calidad como en variedad, erigiéndose en un factor que distingue a nuestro país.

El Poder Ejecutivo tiene el propósito de contribuir, dentro de las restricciones fiscales vigentes, a una mejora de las condiciones de competencia del sector, mediante procedimientos que premien a los consumidores y a aquellos empresarios que cumplen cabalmente con sus obligaciones tributarias.

A tal fin, se propone un descuento en el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones que los usuarios de los referidos servicios realicen mediante tarjetas de crédito, de débido y similares.

La utilización de estos instrumentos financieros, asegura la formalización de este tipo de operaciones, caracterizadas por un elevado incumplimiento.

Debe destacarse que los importantes niveles de valor agregado que genera el sector, no se traducen habitualmente, en ausencia de una correcta documentación de las operaciones, en una disminución de costos para el consumidor.

Con medidas como la propuesta, se le otorga un beneficio efectivo al usuario, ya que se le acredita en su liquidación mensual parte del Impuesto al Valor Agregado y se neutralizan situaciones de competencia desleal entre los contribuyentes con distinto grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El proyecto incluye además una disposición por la que se confiere a la Dirección General Impositiva la responsabilidad de desarrollar sorteos fiscales, flexibilizando la disposición que los creó originalmente en relación a la frecuencia de los mismos. Este instrumento se ha demostrado idóneo para inducir la formalización de las operaciones de los contribuyentes, tanto por la oposición de intereses generada con los adquirentes de bienes y servicios a la hora de exigir la factura, como por el control posterior ejercido por la Administración en relación a la documentación incluida en el sorteo.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Héctor Lescano.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir en hasta nueve puntos porcentuales la tasa del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las siguientes operaciones, a condición de que las mismas sean abonadas mediante la utilización de tarjetas de crédito, tarjetas de débido u otros instrumentos análogos a juicio del Poder Ejecutivo:

a) Servicios prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, ya sea en establecimientos independientes, o cuando forme parte de Hoteles, Moteles, Apart Hoteles, Hosterías, Estancias Turísticas, Hoteles de Campo, Granjas Turísticas, Posada de Campo, Casas de Campo y Camping Hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

b) Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos.

c) Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en el literal anterior.

d) Arrendamiento de vehículos sin chofer.

e) Servicios de mediación en el arrendamiento de inmueble con destino turístico.

Artículo 2º.- Los prestadores facturarán y liquidarán el tributo a la tasa general vigente sin abatimiento y tendrán derecho a un crédito por el monto que surja de aplicar la rebaja de alícuota al total de la operación excluido el Impuesto al Valor Agregado.

El crédito referido se deducirá del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las operaciones gravadas del mismo modo que el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el costo de tales operaciones.

Si de la liquidación surgiera un excedente por tal concepto, dicho excedente integrará el costo de ventas, por lo que no podrá ser trasladado a la liquidación del Impuesto al Valor Agregado de futuros ejercicios.

Artículo 3º.- El beneficio a los consumidores se materializará mediante un descuento en la liquidación que les realicen las entidades emisoras, por el monto del crédito a que refiere el artículo segundo.

Artículo 4º.- Al efectuar los pagos a los comercios alcanzados por este régimen las empresas administradoras de tarjetas informarán a los mismos respecto a los montos acreditados a los usuarios de las tarjetas por las operaciones comprendidas.

Artículo 5º.- La reglamentación establecerá las formalidades que deberán cumplir los establecimientos que pretendan beneficiarse con la reducción de la alícuota.

Artículo 6º.- Las operaciones comprendidas en la presente norma se documentarán exclusivamente en comprobantes destinados a consumo final y no podrán ser computadas por los adquirentes para la liquidación de los tributos administrados por la Dirección General Impositiva.

Artículo 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar a partir de diciembre de 2005, los sorteos previstos por el inciso primero del artículo 23 de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990 con la frecuencia, forma y condiciones que establezca la reglamentación.

La realización de los mismos será encomendada a la Dirección General Impositiva.

Danilo Astori, Héctor Lescano.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 23

En Montevideo, el día quince de diciembre del año dos mil cinco, a la hora diez y quince minutos, en la Sala de Ministros, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Alberto Couriel.

Asisten los señores miembros Senadores Sergio Abreu, Isaac Alfie, Milton Antognazza, Alberto Breccia, Arturo Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini y Enrique Rubio.

Asisten especialmente invitados por el Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretario economista Mario Bergara; Director de Políticas Macroeconómicas, economista Fernando Lorenzo y asesores, contador David Eibe, economista Andrés Masoller y contador Michael Borchardt y por la Dirección General Impostiva, Director y Subdirector General de Rentas, contadores Eduardo Zaindensztat y Nelson Hernández, respectivamente.

Actúa en Secretaria el Secretario de Comisión, señor Walter Alex Cofone con la colaboración de la Jefe de Departamento, señora María Celia Desalvo.

Asunto entrado:

Carpeta Nº 427/2005. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA. Establecimiento. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 651/2005.

Asuntos considerados:

1) Carpeta Nº 427/2005. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA. Establecimiento. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 651/2005.

Se aprueba sin modificaciones el texto remitido por la Cámara de Representantes.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Rubio (Informe verbal).

2) Carpeta Nº 402/2005. ENDEUDAMIENTO PUBLICO. Marco Legal necesario para cumplir con el artículo 85, numeral 6º de la Constitución de la República. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 566/ 2005.

Se realizan modificaciones a los artículos 1º, 3º y 4º siendo su redacción definitiva la siguiente:

"Artículo 1º.- A los efectos de la presente ley, la deuda pública neta está constituida por los pasivos netos -de acuerdo con los criterios vigentes de medición del Banco Central del Uruguay- a cargo del Gobierno Central; el Banco Central del Uruguay; la Administración de Ferrocarriles del Estado; la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland; la Administración Nacional de Puertos; la Administración Nacional de Correos; la Administración Nacional de Telecomunicaciones; el Instituto Nacional de Colonización; Obras Sanitarias del Estado, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado.

Queda excluida de esta definición la deuda correspondiente a las emisiones de Letras de Regulación Monetaria realizadas por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir deuda pública nacional siempre que el incremento de la deuda pública neta no supere los siguientes montos:

a) US$ 325:000.000 (trescientos veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2006;

b) US$ 300:000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2007;

c) US$ 275:000.000 (doscientos setenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2008;

d) US$ 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2009.

Artículo 3º.- Los topes establecidos en los artículos anteriores podrán ser ajustados en los montos equivalentes a:

a) los aumentos de deuda pública neta originados en la efectivización de la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas por la deuda que el Banco Hipotecario del Uruguay mantiene con el Banco de la República Oriental del Uruguay; por el convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República Oriental del Uruguay de fecha 12 de febrero de 2004 y su modificación del 29 de setiembre de 2004.

b) Los cambios en la deuda neta derivados de los litigios que mantiene el Estado como consecuencia de la crisis financiera de 2002;

c) Los cambios en la deuda neta que se produjeron como consecuencia de la capitalización de bancos públicos, así como aquéllos producto de modificaciones en las valuaciones de los activos financieros, cobertura de información o reclasificaciones de cuentas.

Artículo 4º.- A partir del 1º de enero de 2009 y hasta la aprobación de una nueva ley de endeudamiento, la deuda pública nacional neta podrá ser incrementada hasta por un volumen equivalente a US$ 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en cada ejercicio anual.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo podrá superar hasta en un 50% el tope de deuda fijado para un año determinado en aquellos casos en los que factores extraordinarios e imprevistos así lo justificaren, dando cuenta a la Asamblea General y sin que ello altere el tope fijado para los ejercicios siguientes. El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de la facultad prevista en el inciso precedente durante tres ejercicios consecutivos.

Artículo 6º.- A los efectos del control anual del tope de deuda establecido en la presente ley, los activos disponibles y los pasivos contraídos en moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, serán valuados al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al cierre del último día hábil del ejercicio precedente para la deuda contratada con anterioridad a dicha fecha y al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al momento de su contratación si ésta hubiera ocurrido en el mismo ejercicio. Igual criterio se utilizará para la deuda denominada en Unidades Indexadas, a partir de los arbitrajes definidos por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 7º.- En ocasión de la presentación de los proyectos de ley de Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca del estado de utilización del tope establecido para la deuda pública nacional.

Artículo 8º.- La evaluación del cumplimiento de los topes de deuda se realizará conforme a las últimas cifras publicadas por el Banco Central del Uruguay".

Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Couriel (Informe verbal).

De lo actuado, se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 667/2005, que forma parte de este documento.

A la hora doce y cuarenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Alberto Couriel Presidente

Walter Alex Cofone Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en mi opinión, este es un proyecto inteligente y oportuno -que llega en el momento adecuado- para promover el turismo y formalizar una actividad donde la Dirección General Impositiva arriesga, porque aquí se propone la rebaja de hasta nueve puntos del IVA sobre un conjunto de servicios y de intercambios relacionados con este sector. Cabe señalar que la propia formalización de esta actividad por sí misma la va a compensar y que, además, va a poder aplicarse con rapidez, porque este proyecto ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes.

En síntesis, estamos proponiendo que se vote tal como vino, pues se había planteado algún reparo menor desde el punto de vista formal, pero en aras de que entre en vigencia en esta temporada turística, preferimos optar por aprobarlo sin modificaciones, en lugar de entrar al preciosismo que puede implicar la corrección de una coma o algún otro aspecto. En todo caso, se verá cómo evoluciona y sus resultados.

Tal como se plantea en la Exposición de Motivos, el objetivo es mejorar las condiciones para la captación de turistas y los servicios que se brindan, así como formalizar un sector que abarca también los servicios gastronómicos, de alojamiento turístico, el arrendamiento de automóviles, la intermediación en materia de fincas de alquiler, la realización de eventos y otras actividades.

Desde el punto de vista de su funcionamiento, la propuesta es relativamente sencilla. Concretamente, busca aunar las inquietudes y los intereses de los consumidores, los empresarios y la propia Dirección General Impositiva.

Lo que aquí se dispone es de carácter facultativo y, en sustancia, se propone la autorización para un descuento en el IVA incluido en las adquisiciones que realicen los usuarios de estos servicios mediante tarjeta de crédito, de hasta nueve puntos. De este modo, se otorga un beneficio directo al usuario, porque ese descuento se le acreditaría en la liquidación mensual de su tarjeta.

Además, se abre la posibilidad de obtener un beneficio complementario, flexibilizando el sistema de sorteos fiscales para que se pueda intervenir.

Se trata de un proyecto de ley de siete artículos. Por el primero, se faculta al Poder Ejecutivo a hacer esta reducción, a condición de que las transacciones se realicen mediante tarjeta de crédito. Se optó por este camino porque en los uruguayos existe la cultura generalizada de que, si pagan al contado, ante la pregunta del comerciante de si se prefiere pagar el IVA o no, los clientes responden que no y, por consiguiente, la operación queda sin documentar o se extiende un comprobante que no sirve a los efectos de la recaudación. Por esa razón es que se propone este camino. En síntesis, por este artículo 1º se autoriza un descuento de hasta nueve puntos a una serie de servicios que pueden ser pagados con tarjeta de crédito.

Por su parte, el artículo 2º establece que los prestadores facturarán sin el abatimiento del IVA y que luego esto se les va a deducir cuando realicen su pago en la Dirección General Impositiva.

En el artículo 3º se establece cómo será el beneficio para los consumidores, que van a tener un descuento de determinados puntos en el IVA, lo que será acreditado en la liquidación de la tarjeta de crédito. O sea que en la liquidación mensual que les llegue va a aparecer la quita de una serie de puntos de IVA que estaban en la facturación inicial cuando se hizo la transacción.

El resto de los artículos son instrumentales. En el último se autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar o a flexibilizar el sistema de sorteos para que puedan participar de ellos y tener un beneficio complementario. Esto es aplicable a los consumos que -por ejemplo, en materia de gastronomía, servicios de restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té, etcétera- se realicen utilizando tarjetas de crédito, tanto por parte de los turistas que lleguen como de residentes que paguen con este tipo de documentación. Quiere decir que acá no se distingue entre residentes y no residentes; esta es una forma de abaratar estos servicios directamente vinculados con el turismo y altamente reproductores en materia de generación de empleo. En definitiva, esto sería para cualquier consumidor, sea uruguayo o extranjero.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en la Comisión hemos trabajado en torno a este proyecto de ley y hemos realizado una serie de reflexiones sobre su alcance.

Cabe aclarar que esta iniciativa terminó siendo legislada en Comisión con la presencia del Poder Ejecutivo, con una celeridad que no nos ha permitido trabajar con el debido tiempo, entre otras cosas porque viene de la Cámara de Representantes y se nos advirtió que su modificación podía obligar a su vuelta a ese Cuerpo, lo que afectaría la urgencia con que se estaba manejando el tema.

La primera reflexión que nos merece es que este es un proyecto de ley de carácter permanente y no una excepción. Esto fue dicho por el Poder Ejecutivo, de manera que es un adelanto de la reforma tributaria que tiene proyectada. Quiere decir que en este caso existen determinados sujetos pasivos que van a beneficiarse de una facultad del Poder Ejecutivo para reducir hasta nueve puntos porcentuales el IVA a aplicar a las operaciones que contempla este proyecto de ley. Reitero que no es una excepción, sino que es algo de carácter permanente. Además, se trata de una delegación que se otorga al Poder Ejecutivo, que no respeta en forma estricta la aplicación de un principio de legalidad tributaria, si es que vamos a analizarlo con la rigidez con que algunos especialistas en Derecho Tributario lo hacen.

Por otro lado, existe un tema importante en cuanto al alcance de esta iniciativa. Con respecto al artículo 1º hicimos algunas referencias que motivaron que votáramos negativamente para poder discutir sobre este tema -sin perjuicio de la resolución final que podamos adoptar en la votación- y permitir un tiempo de reflexión. Aquí hay una relación entre política tributaria y administración tributaria. La primera supone una orientación del Poder Ejecutivo en cuanto a buscar tasas diferenciales para el incentivo de determinadas actividades; en eso estamos totalmente de acuerdo, dado que el turismo abarca la fuente más importante de ingreso de divisas al país. Y en materia tributaria existe una especie de negociación interna en el área del Poder Ejecutivo.

Esta administración, en su preocupación por recaudar -como es lógico-, encuentra un mecanismo formal que permite una mayor facilidad para esta recaudación y, por lo tanto, reduce la actividad a un solo circuito, que es el de las tarjetas de crédito. Por este proyecto de ley sólo se van a beneficiar los operadores de tarjetas de crédito o de instrumentos de carácter análogo -como bien dice su texto- y, por lo tanto, tal como planteó el señor Senador Larrañaga en Comisión, queda excluido quien paga al contado. Este va a tener la tendencia natural a la informalidad y a no pagar el IVA, simplemente porque no se beneficia con el descuento. Pero además se va a dar un importantísimo impulso al funcionamiento de las tarjetas de crédito en el Uruguay, sin que esto signifique que estas operaciones, que se manejan en el circuito financiero de la tan cuestionada plaza financiera uruguaya, vayan a ser el elemento que dé importantes ganancias y grandes márgenes a las tarjetas de crédito, más allá de los beneficios que puedan tener los sujetos pasivos de los tributos cuando se vean beneficiados en la liquidación. Esta no es sólo una expresión nuestra; hemos tenido reuniones con la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay -quienes nos visitaron en el día de ayer-, con el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservistas y Afines del Uruguay, con la Corporación Gastronómica de Punta del Este, con el Centro de Hoteles y Restaurantes de Piriápolis, con el Centro de Hoteles y Restaurantes de La Paloma, con la Liga de Fomento de Daymán y con la Cámara de Empresas de Servicios para Eventos, Fiestas y Afines, y todos nos plantearon esta discrepancia con respecto a la discriminación que se está haciendo, que favorece a las empresas de crédito. En este sentido, en el día de ayer nos entregaron una carta en la cual manifiestan que, sin perjuicio de estar a favor del proyecto de ley, le han realizado planteos a los integrantes de las Cámaras de Tarjetas de Crédito solicitándoles el arancel máximo para todo el país del 3%, pagos a catorce días -o sea, dos pagos mensuales-, el arancel sobre el monto neto a pagar y no sobre el "voucher", como le llaman -entonces, es sobre 1,14 y no sobre 1,23-, que las propinas estén libres de aranceles y que las tarjetas asuman los gastos de emisión y correspondencia. Y no lo lograron. El diálogo se dio entre las tarjetas de crédito y, eventualmente, los integrantes del Poder Ejecutivo que apoyaban este proyecto de ley.

Esto significa que va a haber recaudación y formalidad en los aspectos vinculados con las tarjetas de crédito, pero se va a alimentar la informalidad y la falta de pago porque cuando éste es al contado, no hay ninguna clase de descuento. Si a esto agregamos lo que dice el inciso final del artículo 2º, estaríamos ante otro estímulo a la evasión porque la administración tributaria no está en condiciones o no tiene la voluntad de realizar inspecciones adecuadas. A este respecto se dice: "Si de la liquidación surgiera un excedente por tal concepto, dicho excedente integrará el costo de ventas, por lo que no podrá ser trasladado a la liquidación del IVA de futuros ejercicios". Quiere decir que, terminado el Ejercicio, se pierde la ventaja del beneficio de imputar el exceso de IVA al siguiente Ejercicio contable. El perder ese beneficio también es un desestímulo para el pago de los tributos por parte de quienes están involucrados.

Estas son preocupaciones que marcamos sin perjuicio de acompañar la filosofía de este proyecto de ley y de tratar de buscar que éste resulte un estímulo adecuado para el operador turístico.

Por otra parte, vemos con cierta satisfacción el reconocimiento a los sorteos fiscales, que tantas críticas recibieron en su momento pero que ahora el Poder Ejecutivo toma con gran entusiasmo, ya que se autoriza a realizar a partir de la fecha los sorteos previstos por el artículo 24 del Decreto-Ley de 1982, en la redacción dada por la norma del 31 de marzo de 1990, con la frecuencia, la forma y las condiciones que establezca la reglamentación. Quiere decir que esto no está vinculado con los incentivos que se dan en el ámbito social, sino que es un artículo incorporado a este proyecto de ley -como bien ha reconocido el Poder Ejecutivo-, de carácter general, en función de que autoriza al Poder Ejecutivo a poder hacer funcionar el sistema de sorteo fiscal, en el cual pueden participar aquellos contribuyentes que tienen facturas al contado y no están en el circuito de las tarjetas de crédito.

Es con este espíritu que planteamos esta serie de inquietudes. Lamentablemente, la celeridad con la que tuvimos que legislar no permitió -inclusive con la presencia del Poder Ejecutivo- aclarar algunas dudas o, por lo menos, avanzar en mejoras de redacción. Por estos motivos y teniendo en cuenta, además, la importancia que reviste esto desde el punto de vista social y económico, apoyamos este proyecto de ley. En Comisión hemos votado negativamente el artículo 1º, pero ahora probablemente lo votemos para poder dejar en claro que nuestra discrepancia en ningún momento va a condicionar nuestro apoyo, tal como procedimos en el caso del Tratado anterior.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Lamentablemente, señor Presidente, el Poder Ejecutivo se perdió la oportunidad de mejorar este proyecto de ley. Lo vamos a acompañar no obstante entender que se trata de una iniciativa renga. Y es un proyecto de ley rengo porque confunde política tributaria con administración tributaria; confunde la promoción de una actividad, en este caso, los servicios turísticos, con un instrumento de fiscalización. Desgraciadamente, solamente comprende a las operaciones que sean abonadas -esa es la condición- mediante la utilización de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito u otras herramientas análogas a juicio del Poder Ejecutivo. Entonces, la pregunta inmediata surge sola: ¿por qué no hay deducción del IVA en las operaciones al contado? ¿Por qué? Lo preguntamos en la Comisión. Repetimos que nos parece que el Poder Ejecutivo pierde la oportunidad de dar a la actividad turística, al comienzo de la temporada, un estupendo instrumento de incentivo, de promoción. Eso sí, la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas que concurrió a la Comisión confesó, clara y acabadamente, que esto se hacía porque no se quería perder ingresos tributarios. Tenían miedo, pues, de perder ingresos tributarios. Eso lo confesaron todos, así como también que esto era un instrumento de fiscalización. ¿Qué hubiera pasado, señor Presidente, si este proyecto de ley lo hubiese presentado un Gobierno del Partido Nacional?

Nos parece que realmente rompe el principio de igualdad de la ley al no incorporar las operaciones al contado. Cuando insistimos en el tema, se acudió a muy elaboradas frases respecto a por qué no se incorporaban estas operaciones. Bien, lo concreto es que no se las incluye y nos parece muy mal que se entregue a las empresas emisoras de tarjetas de crédito un paquete, un negocio de estas características. Esta es la realidad: a las empresas emisoras de tarjetas de crédito les estamos entregando la posibilidad de deducir el IVA para que nos fiscalicen, puesto que el Poder Ejecutivo -a través del Director de Rentas y el señor Subsecretario de Economía y Finanzas- claramente ha dicho que este proyecto de ley tenía ese objetivo, esa finalidad.

Como decíamos, lo vamos a acompañar, porque algo es algo; pero insistimos en que creemos que es un error porque, precisamente, se confiesa esa condición instrumental de fiscalización del proyecto, que es más de administración tributaria que de política activa tributaria promocional para una actividad tal cual está instrumentada en buena parte de los países exitosos en materia de desarrollo turístico. En fin, entendemos que es una equivocación.

Se nos dijo claramente que si se incluía en las operaciones al contado la reducción de hasta 9 puntos porcentuales -es una facultad que se da al Poder Ejecutivo para reducir hasta en esa cantidad la tasa del Impuesto al Valor Agregado-, podría darse pérdida de renta fiscal, de ingreso tributario, en buena medida, de recaudación.

En definitiva, entendemos que es un proyecto incompleto, no sólo por las circunstancias que anotamos, sino también por otras que creemos hubieran podido facilitar la aprobación de una iniciativa que tal vez podía haber llegado a constituirse en un verdadero instrumento de promoción a una actividad política de la cual el país entero, todos, estamos esperando beneficios, ingresos económicos de importancia.

En consecuencia, es con estas salvedades que, en la discusión general de este proyecto de ley, hemos dejado constancia de nuestra posición.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- No es con ánimo de prolongar la discusión cuando estamos tan cargados de asuntos a tratar, pero creo que cabe una explicación. En realidad, aquí se puede hacer una reducción de hasta 9 puntos de IVA, y me parece que esto va a ser muy bien recibido por los turistas y por los uruguayos. Los reparos tienen que ver con que esto no se puede hacer en operaciones al contado y la explicación fue dada por el Director de Rentas: "Cuando cualquiera de nosotros va como consumidor a un restaurante, a un bar, realiza un casamiento o una fiesta de quince años, es donde aparecen los problemas ciertos de evasión". Se supone que en esto alguna experiencia tiene. Y continúa: "¿Por qué? Porque hoy el consumidor final no se ve beneficiado y aparte de un problema cultural, no tiene interés en pedir una factura." Está claro, entonces, que no se quiere perder ingresos; sí, no se quiere perder ingresos, porque hay muchos millones de dólares en juego. Por lo tanto, se busca un mecanismo que implique que se puede rebajar el IVA en forma sustancial, apostando a que haya una formalización que lo compense por otro lado.

Insisto en que esto va a ser muy beneficioso para esta actividad y también muy bien recibido. Ahora bien, el problema es que, además, hay una tendencia -cada vez más generalizada- de usar instrumentos de crédito para todo tipo de transacciones. Eso va por otro lado. Desde ya adelanto que hay una regulación que viene en otro proyecto de ley que ya ingresó, que tiene que ver con las tasas de interés y que implica limitaciones importantes a las tarjetas de crédito. Espero que cuando se trate recuerden esta historia también, porque la tendencia en los empresarios es a olvidar las partes que los favorecen y a recordar mucho aquellas que eventualmente pueden limitar sus ingresos.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: la exposición del señor Senador preopinante da razón a lo que venimos expresando. Tanto él como el Director de Rentas están confundiendo las cosas. Que no se diga que este proyecto tiene por objetivo la promoción de los servicios turísticos, puesto que es un instrumento de fiscalización. Son ciertos los problemas que se aducen y que ha explicitado en la Comisión el Director de Rentas respecto a la evasión. Pero si tampoco se da el incentivo a quien compra al contado para que reclame la boleta en la seguridad de que le van a abatir el IVA en hasta 9 puntos porcentuales, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso el contribuyente pagando al contado no puede también ayudar a la fiscalización y a la formalización de la economía?

En consecuencia, no se puede expresar que este es un proyecto de verdadera promoción del sector turístico y de formalización de la economía porque, además, los integrantes de la delegación del Poder Ejecutivo que nos visitó fueron confesos acerca de que esto les servía para entrecruzar conocimiento respecto a la base de datos de lo que, en definitiva, puede ser la potencial y futura reforma del sistema tributario.

Quería hacer esta fundamentación porque me pareció muy poco sólida la contestación del Director de Rentas y de la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a por qué no otorgar el beneficio en las operaciones al contado. Se nos explicó que obedece a que no quieren perder ingresos tributarios porque, obviamente, en las operaciones al contado este sector va a tener beneficios. Lo que no se toma en cuenta, a mi juicio de manera equivocada, es que el incremento de la formalización va a hacer que pague la propia reducción tributaria, aún en las operaciones al contado.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: simplemente deseo hacer un agregado a lo que manifestó el señor Senador Larrañaga. Nos hemos entrevistado con comerciantes del rubro gastronómico y hotelero, quienes nos señalaban que las operaciones realizadas con tarjeta de crédito representan, aproximadamente, el 30% del total del volumen de los negocios en varios rubros de los servicios vinculados con el turismo. Además, nos hicieron saber que la utilización de las tarjetas de crédito les significa una detracción en sus propias utilidades porque, si no me equivoco, deben pagar un 5%. Incluso, no olvidemos que el pago no se realiza al contado puesto que a los emisores de tarjetas de crédito se les está pagando a los 20 días de plazo. Entonces, este proyecto de ley va a generar un incremento de las operaciones a través de las tarjetas de crédito y desestimulará el pago contado, lo cual tampoco evitará la evasión. Como no se beneficia el pago al contado, muchos van a preferir que no se les dé factura. De esa manera, puede darse el efecto contrario al que procura esta norma. El espíritu es muy bueno pero, repito, puede darse un efecto no deseado.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: este proyecto de ley tiene dos objetivos. En primer lugar, busca promover el turismo, dando un descuento de compra a determinadas actividades. En segundo término, procura la formalización de la economía a fin de bajar la evasión tributaria. Debe quedar claro que ambos fines van juntos, que no son independientes. En la relación cambiaria entre Uruguay y Argentina, no hay dudas de que existe atraso cambiario como consecuencia de la caída del valor del dólar en nuestro país y de su mantenimiento en la Argentina. Desde ese punto de vista, aquellos turistas se verán beneficiados con una rebaja de IVA que se anuncia que, en principio, sería del 9%.

Por otro lado, hay un objetivo concreto y específico en el sentido de tratar de reducir la evasión, que es muy importante. La administración tributaria funcionó muy mal en este país y es relevante que mejore. Entonces, no se trata de un objetivo menor sino importante. Precisamente, se apuntó a aquellas actividades donde hay más evasión. Se tuvo en cuenta las inmobiliarias cuando arriendan inmuebles, el alquiler de vehículos y los servicios gastronómicos porque es donde hay mayor evasión, y no por otra cosa. Lo que se pretende es controlar. En estos días he advertido que la Dirección General Impositiva está solicitando más información a las inmobiliarias de Punta del Este. Es posible que esté pidiendo más de lo necesario, pero su Director fue muy claro al expresar que algunas inmobiliarias declaran por debajo de los ingresos que obtienen por las tarjetas de crédito. Eso hay que resolverlo y es parte de este proyecto de ley. Por lo tanto, si también se incluyen las operaciones de contado, la posibilidad de rebaja de ingresos es de tal naturaleza que puede implicar una importante pérdida de recaudación.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: hemos adelantado que vamos a acompañar este proyecto de ley, pero estamos intentando realizar aportes constructivos.

Coincidimos con lo que ha expresado el señor Senador Couriel en cuanto a la lucha contra la evasión. ¡Cómo no vamos a coincidir si, cuanto más evasión controlemos, menos impuestos pagarán los uruguayos! Sin embargo, me temo -y lo quiero dejar como constancia- que si se formaliza todo lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, las operaciones al contado van a seguir haciéndose sin boleta o, incluso, creo que puede llegar a incrementarse el porcentaje de transacciones en las cuales no se entregue factura, por la sencilla razón de que no hay un gancho para que, quien no teniendo tarjeta de crédito y quiera pagar al contado, la reclame.

El Poder Ejecutivo intenta apuntar a un objetivo con el cual muchos coincidimos pero, me temo -¡ojalá me equivoque!- que va a lograr un efecto positivo en la formalización, en lo que tiene que ver con el tema de las tarjetas -con el aditamento que señalaba el señor Senador Moreira, que no es menor en el cálculo del comerciante y del propio comprador por los recargos que muchas veces implican las operaciones con tarjeta de crédito, que no necesariamente pueden ser compensados con la reducción del IVA-, pero al no incorporar incentivos en las operaciones al contado, se corre el riesgo de que se dé una exoneración del total del IVA y no del 9%.

Como dije, quería hacer este aporte y agradezco al señor Senador Couriel por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- No tengo ninguna duda de que el señor Senador Larrañaga está intentando hacer un aporte constructivo. En realidad, simplemente señalo que con las tarjetas de crédito tengo un agente de retención y, de esa manera, me aseguro que no haya evasión y la devolución del IVA. Es verdad que en las operaciones al contado hay mayor evasión. No obstante, tengamos en cuenta que el contado incluirá a las inmobiliarias cuando arriendan inmuebles, a los que alquilan automóviles y al sector de la gastronomía. Seguramente, habrá muchas más inspecciones y controles de los que hubo históricamente en el país. Entonces, esta combinación de mayor contralor sobre este tipo de actividades para ver las operaciones de contado, y la reducción de IVA con agentes de retención a través de las tarjetas de crédito, procura cumplir con los dos objetivos que hemos señalado.

De todas maneras, es verdad que la ley es permanente, que se da una facultad -no lo niego- y que los mismos integrantes del equipo económico señalaron que iban a probar con el 9%, estudiándose hasta dónde se puede llegar. Hay un poco de juego de prueba y error, que no me parece mal desde ese punto de vista.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Estamos todos en la misma sintonía. Cuando se legisla, se trata...

SEÑOR PRESIDENTE.- Silencio, por favor, está exponiendo el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Cuando se legisla, se trata de laudar entre intereses contrapuestos. El tema de la formalización es muy importante y todos estamos de acuerdo con ello; sabemos la importancia que tiene la evasión tributaria en la economía nacional. Sin embargo, para laudar a favor de la formalización, en este caso se beneficia nada menos que a los más fuertes, a las tarjetas de crédito, a los bancos internacionales, que son los que las administran en general -muchos de ellos; no todos-, que no van a bajar ni un ápice sus costos y que, además, no le han dado una respuesta favorable a los pequeños y medianos empresarios del Uruguay. Precisamente, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Autoservicios, señala en una carta que tengo en mi poder: "Señores: tengan un poco de consideración en esta relación de carácter económico". Permítanme decir, por lo menos, que asuman las tarjetas de crédito los gastos de comisión y correspondencia, que reduzcan el arancel máximo, y que den otros plazos de pago. ¿Qué es lo que va a suceder? Que estos señores, cuando compran tienen que pagar al contado, cuando tienen que proveerse de algún insumo, lo pagan al contado, pero cuando tienen que facturar, lo hacen a través de tarjetas de crédito y reciben con una dilatación en el tiempo la parte correspondiente a este tipo de actividad comercial.

Desde nuestro punto de vista, lo que faltó fue una negociación más intensa entre los actores y, como la formalización prevaleció -es lógico que así suceda-, se tiene que decir claramente que acá el que queda en el camino es el pequeño y mediano empresario uruguayo que, de acuerdo con el sistema que se pondrá en funcionamiento, no se verá beneficiado y va a tender a la evasión, porque no tendrá la posibilidad de deducir el impuesto. Si a ello le sumamos el artículo que mencionábamos en el sentido de que no hay posibilidades a la finalización del período de imputarlo al siguiente, no hay ningún estímulo para poder descontar la diferencia de IVA que le quedaría al empresario.

De modo que estamos todos de acuerdo en relación con algunos puntos. Por su parte, en la Comisión se manifestó que no se iba a admitir una sola modificación porque, de otro modo, el proyecto de ley tendría que volver nuevamente a la Cámara de Representantes y, entonces, no llegaría a tiempo para contemplar los momentos y las urgencias que se establecen en esta iniciativa.

Entonces, si estamos a favor del Uruguay productivo y de la pequeña y mediana empresa, alguien tiene que salir a defenderlos y no dejar que en función de la formalización las tarjetas terminen teniendo pingües ganancias. En ese sentido, quedamos a la espera de una futura reglamentación en cuanto a sus tasas de interés y a su régimen de financiación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: el señor Senador preopinante se preguntaba por qué no se incluían a los almaceneros y baristas. Está claramente determinado adónde va y adónde no va. ¿Ustedes quieren agregar otras actividades? Está claro que los almacenes y los baristas no entran. Yo me pregunto, ¿cuáles son los pequeños que arriendan inmuebles? ¿Cuáles son los pequeños que arriendan vehículos? ¿Cuáles son los pequeños -que acá no los tomamos en cuenta- que brindan servicios gastronómicos? Desde ese punto de vista, lo que expresó el señor Senador Abreu está un poco fuera de la realidad de este proyecto de ley.

Por lo tanto, vamos a acompañar esta iniciativa, aclarando que estamos a la espera de que la reglamentación y la evaluación permitan ver si es necesario hacer modificaciones o no en el futuro.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En discusión particular.

- Léase el artículo 1º.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Moreira.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quiero dejar constancia de que este proyecto de ley ha sido aprobado con los votos del Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) ENDEUDAMIENTO PUBLICO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa en el asunto que figura en octavo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establece el marco legal necesario para cumplir con el artículo 85, numeral 6º de la Constitución de la República, referido al endeudamiento interno (Carp. Nº 402/05 - Rep. Nº 179/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 402/05

Rep. Nº 179/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ENDEUDAMIENTO PUBLICO

Artículo 1º.- A los efectos de la presente ley, la deuda pública neta está constituida por los pasivos netos -de acuerdo con los criterios vigentes de medición del Banco Central del Uruguay- a cargo del Gobierno Central; el Banco Central del Uruguay; la Administración de Ferrocarriles del Estado; la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; la Administración Nacional de Puertos; la Administración Nacional de Correos; la Administración Nacional de Telecomunicaciones; el Instituto Nacional de Colonización; Obras Sanitarias del Estado, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado.

Queda excluida de esta definición la deuda correspondiente a las emisiones de Letras de Regulación Monetaria realizadas por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir deuda pública nacional siempre que el incremento de la deuda pública neta no supere los siguientes montos:

a) US$ 325:000.000 (trescientos veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2006;

b) US$ 300:000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2007;

c) US$ 275:000.000 (doscientos setenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2008;

d) US$ 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2009.

Artículo 3º.- Los topes establecidos en los artículos anteriores podrán ser ajustados en los montos equivalentes a:

a) los aumentos de deuda pública neta originados en la efectivización de la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas por la deuda que el Banco Hipotecario del Uruguay mantiene con el Banco de la República Oriental del Uruguay; por el convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República Oriental del Uruguay de fecha 12 de febrero de 2004 y su modificación del 29 de setiembre de 2004.

b) Los cambios en la deuda neta derivados de los litigios que mantiene el Estado como consecuencia de la crisis financiera de 2002;

c) Los cambios en la deuda neta que se produjeron como consecuencia de la capitalización de bancos públicos, así como aquéllos producto de modificaciones en las valuaciones de los activos financieros, cobertura de información o reclasificaciones de cuentas.

Artículo 4º.- A partir del 1º de enero de 2009 y hasta la aprobación de una nueva ley de endeudamiento, la deuda pública nacional neta podrá ser incrementada hasta por un volumen equivalente a US$ 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en cada ejercicio anual.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo podrá superar hasta en un 50% el tope de deuda fijado para un año determinado en aquellos casos en los que factores extraordinarios e imprevistos así lo justificaren, dando cuenta a la Asamblea General y sin que ello altere el tope fijado para los ejercicios siguientes.

El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de la facultad prevista en el inciso precedente durante tres ejercicios consecutivos.

Artículo 6º.- A los efectos del control anual del tope de deuda establecido en la presente ley, los activos disponibles y los pasivos contraídos en moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, serán valuados al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al cierre del último día hábil del ejercicio precedente para la deuda contratada con anterioridad a dicha fecha, y al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al momento de su contratación si ésta hubiera ocurrido en el mismo ejercicio. Igual criterio se utilizará para la deuda denominada en Unidades Indexadas, a partir de los arbitrajes definidos por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 7º.- En ocasión de la presentación de los proyectos de ley de rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca del estado de utilización del tope establecido para la deuda pública nacional.

Artículo 8º.- La evaluación del cumplimiento de los topes de deuda se realizará conforme a las últimas cifras publicadas por el Banco Central del Uruguay.

Sala de la Comisión, Montevideo, 15 de diciembre de 2005.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Sergio Abreu, Isaac Alfie, Milton Antognazza, Alberto Breccia, Arturo Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio. Senadores.

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 24 de noviembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

Sr. Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General a los efectos de remitir el proyecto de ley de endeudamiento público, a efectos de establecer el marco legal necesario para cumplir con el artículo 85 numeral 6º de la Constitución de la República.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el proyecto de Presupuesto Nacional que elevó el Poder Ejecutivo al Parlamento para su aprobación el pasado 31 de agosto de 2005 se propuso la derogación de los artículos 602 y 604 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, referidos al tope de circulante de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería, manteniéndose únicamente el tope global establecido en el artículo 606 de la referida norma. Dada la importancia del tema, el Poder Ejecutivo optó por desglosar de la Ley de Presupuesto el capítulo correspondiente al endeudamiento público y elevar a consideración del Parlamento Nacional un proyecto separado.

En esta exposición de motivos se presentan los principales lineamientos que fundamentan este proyecto de ley, enfatizando los aspectos vinculados a la consistencia financiera global, la cobertura de los topes establecidos, la sostenibilidad fiscal y la optimización de la estrategia de manejo de pasivos.

En ocasiones anteriores, los límites de endeudamiento se fijaban únicamente sobre una parte de la deuda del sector público. Así, la Ley Nº 17.296 establecía dos topes simultáneos sobre el circulante de títulos públicos:

Artículo 602.- El circulante de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería se regirá por los siguientes valores máximos:

a) partir del 1º de enero de 2001 será de US$ 5.100:000.000 (cinco mil cien millones de dólares de los Estados Unidos de América).

b) a partir del ejercicio 2001 inclusive el límite referido se incrementará en cada ejercicio con la adición acumulada del monto de déficit autorizado.

Artículo 604.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un tope máximo de Letras de Tesorería de US$ 1.250:000.000,00 (mil doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en otras monedas, durante todo el período de vigencia de la presente ley.

De este modo, el límite estaba referido a una definición parcial de endeudamiento del sector público, que contemplaba únicamente la emisión de títulos por parte del gobierno. La ley no establecía límites para la deuda del sector público con organismos internacionales -bilaterales y multilarales-, con el sistema bancario residente o no residente, o con proveedores del Estado. Por otra parte, dichos límites se definían en términos brutos, es decir, sin tener en cuenta la acumulación de activos financieros por parte del sector público.

La fijación de límites de emisión de deuda pública nacional en función de esos criterios presenta varios inconvenientes. En primer lugar, los mismos no operan como topes efectivos, ya que dejan de lado varias modalidades de endeudamiento público. En particular, en años recientes el Poder Ejecutivo hizo un uso intensivo de otros instrumentos, fundamentalmente préstamos con instituciones financieras internacionales. En la crisis financiera de 2002, por ejemplo, el tope de endeudamiento no fue violado, a pesar del extraordinario aumento que registró la deuda pública nacional. Así, el artículo 602 de la Ley Nº 17.296 autorizó para 2002 y 2003 incrementos de los topes de US$ 428 millones y US$ 407 millones respectivamente, en tanto que en ese período, la deuda bruta total del sector público aumentó en US$ 2.091 millones.

En segundo lugar, el régimen vigente impone rigideces innecesarias a la estrategia de financiamiento del gobierno, lo que impide optimizar el manejo de la deuda pública nacional. Por un lado, el establecimiento de topes sobre la emisión de títulos públicos dificulta los cambios que se proyectan en la estructura de deuda. En efecto, en los próximos años el gobierno se propone reducir paulatinamente su nivel de endeudamiento con los organismos financieros internacionales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sustituyendo dichos pasivos por deuda de mercado. Este proceso se vería severamente dificultado con la normativa actual, a menos que se establecieran topes muy elevados sobre la emisión de títulos públicos. Cabe acotar que al 31 de octubre de 2005, la deuda del país con el FMI se ubicaba en US$ 2.341 millones.

Por otra parte, la existencia de límites sobre el crecimiento de la deuda bruta -es decir, sin considerar los activos que mantiene el sector público- puede significar un obstáculo importante para la colocación de deuda soberana en los momentos más propicios de los mercados financieros internacionales. Dada la alta volatilidad que presentan los mercados de capitales, el gobierno debe aprovechar las ventanas de oportunidad para realizar emisiones internacionales, minimizando los costos de financiamiento y mejorando la estructura de la deuda tanto por monedas como por plazos. La fijación de topes sobre la deuda neta permite adelantar el financiamiento del ejercicio siguiente, en la medida que los recursos captados sean mantenidos como activos de reserva en el Banco Central.

La deuda pública neta es también un concepto relevante a los efectos de evaluar la sostenibilidad de la política fiscal. Si lo que procura evitar el Legislador con la normativa de topes de endeudamiento es un comportamiento fiscal irresponsable, este objetivo no se logra estableciendo límites sobre la emisión de deuda bruta, en la medida en que el gobierno podría financiar la expansión del gasto reduciendo las reservas internacionales del país.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el proyecto de ley que se adjunta propone limitar el crecimiento de la deuda neta del sector público definida de acuerdo a los criterios metodológicos del Banco Central del Uruguay. Se excluye de dicha definición únicamente a los Gobiernos Departamentales, en el entendido que la contratación de deuda por parte de las Intendencias ya está limitada por los artículos 225 y 301 de la Constitución de la República.

Respetando el criterio de responsabilidad fiscal que ha guiado y guiará la acción del gobierno en los próximos años, los montos que se proponen de incremento de endeudamiento neto en cada ejercicio son consistentes con el programa financiero del gobierno y con el proyecto de Ley de Presupuesto. Dichos límites cuantitativos aseguran una senda descendente del cociente entre la deuda pública y el Producto Bruto Interno, al tiempo que confieren al régimen de topes de deuda de una mayor flexibilidad, permitiendo recurrir al financiamiento doméstico y del exterior en los momentos en que los mercados presentan las mejores condiciones.

Es importante también destacar que los montos establecidos en el artículo 1º del proyecto de ley consideran un cierto margen de cobertura por los siguientes factores:

1. Aumentos no previstos de las tasas de interés internacionales. Las mismas no son controladas por el gobierno. Las variaciones de las tasas internacionales afectan severamente el resultado fiscal, por lo que es necesario prever un margen en los topes de endeudamiento por este concepto.

2. Amortización de deudas del gobierno con proveedores del Estado que no se encuentran comprendidas en la medición del Banco Central (deuda flotante). El gobierno se propone un gradual abatimiento de dichas deudas, por lo que la programación de los topes de endeudamiento debe considerar un margen adicional en la contratación de deuda incluida en la mediación del BCU a los efectos de hacer viable esta política.

3. Colocación neta de Letras de Regulación Monetaria por parte del Banco Central del Uruguay. El BCU utiliza estos instrumentos por motivos de política monetaria. El régimen de topes de deuda no debe constituirse en una traba que impida a la autoridad monetaria desarrollar su tarea en el control de la inflación.

En resumen, el proyecto de ley que se presenta a consideración del Parlamento Nacional representa una mejora significativa del régimen de control del endeudamiento público respecto a la situación previa. Asimismo, no sólo facilita buenas prácticas de gobierno, sino que da credibilidad al compromiso fiscal asumido y contribuye a asegurar la predictibilidad de la gestión de las cuentas públicas.

Los nuevos topes de endeudamiento presentan un mayor grado de cobertura, son transparentes tanto en su cálculo como en su control, son consistentes en sí mismos y respecto a la Ley de Presupuesto y proveen la flexibilidad necesaria para un manejo eficiente de los pasivos del Estado uruguayo.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori.

PROYECTO DE LEY DE ENDEUDAMIENTO

Artículo 1º.- A los efectos de la presente ley, la deuda pública neta está constituida por los pasivos netos -de acuerdo con los criterios de medición del Banco Central del Uruguay- a cargo del Gobierno Central; el Banco Central del Uruguay; la Administración de Ferrocarriles del Estado; la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; la Administración Nacional de Puertos; la Administración Nacional de Correos; la Administración Nacional de Telecomunicaciones; el Instituto Nacional de Colonización; Obras Sanitarias del Estado, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado.

Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir deuda pública nacional siempre que el incremento de la deuda pública neta no supere los siguientes montos:

a) US$ 325.000.000 (trescientos veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2006;

b) US$ 300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2007.

c) US$ 275.000.000 (doscientos setenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2008;

d) US$ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2009.

Artículo 3º.- Los topes establecidos en los artículos anteriores se ajustarán por los montos equivalentes a.

a) los aumentos de deuda pública neta destinados a atender los eventuales faltantes de fondos originados en la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas por la deuda que el Banco Hipotecario del Uruguay mantiene con el Banco de la República Oriental del Uruguay; por el convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República Oriental del Uruguay de fecha 12 de febrero de 2004 y su modificación del 29 de setiembre de 2004; así como por las erogaciones a las que eventualmente tuviera que hacer frente el Estado derivadas de los litigios que mantiene como consecuencia de la crisis financiera de 2002;

b) los cambios en la deuda neta que se produjeran como consecuencia de la emisión de títulos destinados a la capitalización de bancos públicos, así como aquellos producto de modificaciones en las valuaciones de los activos financieros, cobertura de información, reclasificaciones de cuentas, o cambios metodológicos en la medición de la deuda definidos por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 4º.- A partir del 1º de enero de 2010 y hasta la aprobación de una nueva ley de endeudamiento, la deuda pública nacional neta podrá ser incrementada hasta por un volumen equivalente a US$ 250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en cada ejercicio anual.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo podrá superar hasta en un 50% el tope de deuda fijado para un año determinado en aquellos casos en los que factores extraordinarios e imprevistos así lo justificaren, dando cuenta a la Asamblea General y sin que ello altere el tope fijado para los ejercicios siguientes.

El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de la facultad prevista en el inciso precedente durante tres ejercicios consecutivos.

Artículo 6º.- A los efectos del control anual del tope de deuda establecido en la presente ley, los activos disponibles y los pasivos contraídos en moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América serán valuados al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al cierre del último día hábil del ejercicio precedente para la deuda contratada con anterioridad a dicha fecha, y al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al momento de su contratación si ésta hubiera ocurrido en el mismo ejercicio. Igual criterio se utilizará para la deuda denominada en Unidades Indexadas, a partir de los arbitrajes definidos por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 7º.- En ocasión de la presentación de los proyectos de ley de rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca del estado de utilización del tope establecido para la deuda pública nacional.

Artículo 8º.- La evaluación del cumplimiento de los topes de deuda se realizará conforme a las últimas cifras publicadas por el Banco Central del Uruguay.

Danilo Astori."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: este proyecto de ley viene con iniciativa del Poder Ejecutivo y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

Básicamente, es un proyecto de ley de topes al endeudamiento de todo el sector público. Plantea diversas modificaciones con respecto al régimen vigente. En éste se toma como tope las emisiones de Letras y Bonos, mientras que en esta iniciativa se toma la deuda total del sector público. Es decir que, por un lado, además del Gobierno Central se agregan las empresas públicas y los bancos estatales; por otro lado, además de tener el endeudamiento de Bonos y Letras emitidos por el Estado -que tenía tope-, se agregan diversos instrumentos como los préstamos de organismos internacionales, de bancos residentes o no y de proveedores. Quiere decir que acá se está incluyendo toda la deuda. Se agrega además la deuda pública, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, para lo cual se requiere de un arbitraje en un momento determinado. Además de tomar estos elementos globales -que podríamos denominar como deuda bruta-, se trabaja con la deuda neta, que es la diferencia entre pasivos y activos. Desde este punto de vista, se fijan topes anuales y se amplían en función de riesgos y contingencias que puedan darse en la economía nacional o internacional.

Diría que los objetivos centrales pasan por la optimización de la estrategia de pasivos y permitir un mayor control del endeudamiento público.

En la exposición de motivos se siente que el régimen vigente no funciona adecuadamente en el sentido de que no opera como topes efectivos. Por ejemplo, en la crisis del 2002 ocurrió que la deuda se incrementó, fundamentalmente, en aquellos instrumentos que no tenían tope como los préstamos de los organismos financieros internacionales.

Por lo tanto, se aumentó la proporción de la deuda bruta como consecuencia de estos préstamos que no tenían tope. El nuevo régimen, que se basa en la deuda neta, por un lado permite mayor flexibilidad y, por otro, cambios de estructura de la deuda. En ese sentido, el Poder Ejecutivo expresó en la Comisión que buscan que en la estructura de la deuda haya una menor participación de los organismos financieros internacionales quedando, tal vez, una mayor participación de los títulos que emite el Estado.

En estas últimas dos semanas ha habido acontecimientos en el plano regional de la misma naturaleza. Tanto Brasil como Argentina decidieron adelantar los pagos de amortizaciones para no tener deudas con un Organismo financiero internacional; me refiero al Fondo Monetario Internacional. Probablemente, lo que se está buscando por esta vía es tener una menor dependencia o menor subordinación y mayor poder de decisión en las políticas de corto plazo, zafando de las condiciones que normalmente ponen los Organismos del estilo del Fondo Monetario Internacional. Como he dicho muchas veces -y lo puedo seguir diciendo- la receta que tiene para Uruguay puede ser la misma que para Haití, Rusia o Bolivia porque normalmente interpretan los fenómenos de la misma forma sin tener en cuenta las especificidades de cada uno de los países.

Se me ha preguntado muchas veces si Uruguay está en condiciones de adelantar los pagos a un Organismo como el Fondo Monetario Internacional y he contestado que no porque, en primer lugar, no tiene un superávit tan alto como el que tienen en estos momentos Brasil y Argentina, lo que les permite tener un aumento de reservas internacionales para hacer efectivo ese pago por adelantado.

Además, trabajando con deuda neta, se pueden aprovechar las oportunidades que puedan darse en los mercados financieros internacionales. Concretamente, lo que se hace es adelantar un financiamiento que se precisa para el año que viene, porque la tasa de interés está en mejores condiciones. Puede hacer esto porque, sin duda, aumenta el pasivo, pero como es deuda neta también aumenta el activo, ya que los fondos que adquiere los mantiene como reservas internacionales. Entonces, también desde este punto de vista me parece que este proyecto de ley es positivo.

Según nos informó el equipo económico, los criterios de tope derivan básicamente de los resultados proyectados de déficit fiscal en cada año, más un margen de alrededor de U$S 150:000.000 por año, que equivalen a menos del 1% del Producto Bruto Interno. Diría que esta es la caracterización de los topes anuales que se está presentando.

A su vez, estos topes pueden ser ajustados por diversos factores de riesgo o contingencia y se explicitan algunos casos. Por ejemplo, existe la posibilidad de que el Estado tenga que asumir la garantía que tiene por las deudas que el Banco Hipotecario tiene con el Banco de la República, por pasarle sus pasivos, ya que en caso de que haya incumplimiento por parte del Banco Hipotecario, el Estado se tiene que hacer cargo y por eso quiere poner un límite para que no le afecte los topes de deuda neta que están fijados en este caso. A su vez, el Estado sale de garantía del fideicomiso del Banco de la República por carteras categoría 4 y 5.

(Intervención del señor Senador Alfie que no se escucha)

SEÑOR COURIEL.- No, yo lo tengo como del Banco de la República.

La primera es la del Banco Hipotecario, que ya expliqué, y la segunda es al fideicomiso del Banco de la República. Entonces, como el Estado salió de garantía por ese fideicomiso, ante cualquier incumplimiento, otra vez el Estado tendría que hacerse cargo de las deudas que no se pudieron concretar. También puede tratarse de cambios por litigios del Estado derivados de la crisis financiera del 2002. Por ejemplo, puede haber litigios con los socios del ex Banco Comercial o por el tema de los Eurobonos. A su vez, puede haber cambios en la deuda por capitalización de los Bancos Públicos. En un momento determinado, se puede necesitar la capitalización del Banco Central con títulos de deuda y quieren que quede fuera de los topes. Lo mismo sucede con diversas formas de capitalización al Banco Hipotecario; a veces, simplemente se han colocado depósitos y se puede capitalizarlos, pero se desea que queden fuera de los topes de la deuda neta. También puede haber cambios por modificaciones en las valuaciones de los activos financieros. Por ejemplo, el Estado puede ser acreedor de determinadas deudas que tiene el ex Banco de Montevideo a determinado valor que mañana puede bajar considerablemente, por lo que tampoco quiere que una situación de esta naturaleza le modifique los topes correspondientes. Incluso, puede haber cambios por cobertura de información. Supongamos que en un momento determinado, se decide que también ingresen a la deuda neta, organismos que hoy no están involucrados -como podría ser la Corporación Nacional para el Desarrollo- y, por lo tanto, también se busca atender una situación de esta naturaleza.

Por otra parte, hay otro artículo que busca un aumento del tope del 50% por factores extraordinarios, sean externos o internos, como puede ser el aumento de la tasa de interés en el mercado financiero internacional, pérdidas importantes en los términos de intercambio fruto de las relaciones comerciales con el mundo exterior, problemas de carácter regional como los que ocurrieron en la debacle de Argentina del 2001, o problemas internos como inundaciones o la aftosa. Por supuesto que todo esto es con independencia del año electoral correspondiente o del año que correspondiere. Por lo tanto, también se explicita que no se puede usar este incremento del tope durante tres ejercicios consecutivos.

Por último, se trata de que en cada rendición de cuentas se informe sobre la utilización de los topes correspondientes.

Deseo expresar algo en forma personal. Yo estoy preocupado por la elevadísima deuda que recibimos de los Gobiernos anteriores. En los hechos, si en un momento determinado tomamos un tipo de cambio único y constante, de 26,43, y se proyecta la deuda sobre el producto -la deuda proyectada por el equipo económico, por el Poder Ejecutivo, que viene en el Presupuesto-, lo que va a ocurrir es que la deuda sobre el producto sólo baja de 84% a 75%, por lo que sigue siendo una deuda bastante alta con respecto al Producto. De manera que poner topes es un elemento importante y no deben quedar fuera determinadas empresas del Estado, instituciones o instrumentos, como sucedió en el pasado con los préstamos de los Organismos financieros internacionales.

Para terminar, quiero explicitar que en conversaciones -formales, informales o como se las quiera llamar- con el señor Senador Alfie, él expresó sus dudas sobre la posibilidad de que quedasen excluidas de esta definición de deuda las Letras de regulación monetaria. Luego de las conversaciones con el señor Senador Alfie llegamos a la conclusión de no excluir estas letras de regulación monetaria y que el inciso final del artículo 1º quede redactado de la siguiente manera: "A efectos de la determinación de la deuda neta se incluirá como pasivo la base monetaria". De esta forma, tratamos de resolver la preocupación que tenía el señor Senador y que surgieron en las conversaciones que tuvimos después de la reunión de la Comisión.

Insisto en esto, porque en la Comisión se trabajó con todo el equipo económico, artículo por artículo, y se fueron recibiendo las sugerencias o propuestas que hicieron, no sólo los Legisladores oficialistas, sino también los del Partido Nacional y del Partido Colorado. Sin embargo, como el señor Senador Alfie sintió que después de la reunión de la Comisión había necesidad de hacer otros cambios, también pusimos el esfuerzo en atender sus preocupaciones y sugerencias.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Voy a empezar por el final. Es exactamente así como señala el señor Miembro Informante. Nosotros sentíamos -de hecho, se nos dio la razón por parte del Poder Ejecutivo- que, tal como había quedado redactado el artículo 1º, la deuda quedaba sin tope y, además, se estaba en un camino muy peligroso que iba en el sentido de convertir el déficit parafiscal en fiscal directamente y de generar espacios al Gobierno hasta el infinito, meramente mediante la emisión monetaria. Con este cambio del inciso segundo del artículo 1º queda salvada esa situación y ahora la deuda, efectivamente, tiene tope; luego nos vamos a referir a qué tipo de tope tiene.

En primer lugar, el articulo 1º, en la definición de deuda neta, es exactamente igual a la definición que consta en el Acuerdo de Uruguay con el Fondo Monetario Internacional, en su memorándum de entendimiento técnico, con la excepción de que aquí está faltando la deuda de la CND, que debería estar.

En segundo término, hicimos una observación en Sala que fue admitida como técnicamente válida, pero quedaría fuera de esta definición, por lo menos por el momento, aunque quizás se podría arreglar en una futura Rendición de Cuentas -según lo que se me dijo por parte del Poder Ejecutivo-, y es que desde el punto de vista económico, en el caso de un Ente público -ya sea ANCAP, UTE, ANTEL, OSE, etcétera- que sea acreedor neto y no deudor neto, deja de tener sentido económico restar su acreencia neta del total de deuda del sector público. Esto sucede por una razón muy sencilla: es un Ente solo y el único sentido que tiene que posea un superávit en ese caso, es bajar deuda o pasarla al Gobierno. Si no hay deuda para bajar, si no se la pasa al Gobierno y acumula activos, desde el punto de vista económico no tiene sentido. Sin embargo, esto también quedó de lado y no será óbice para que apoyemos el proyecto en esta circunstancia.

Más allá de lo que hemos dicho y de lo que expresó el Miembro Informante, básicamente acerca de correcciones técnicas hechas en la Comisión y ésta última que trajo el señor Senador Couriel, quisiera resaltar que, efectivamente, tal como está definida ahora la deuda, el Gobierno se asegura dos cosas que no necesariamente son buenas ni malas, aunque quiero dejar sentada mi preocupación. Por un lado, se asegura el poder adelantar todo un financiamiento para cinco años de Gobierno o más, en un año. Por ejemplo, con esta definición, el Gobierno podría emitir U$S 4.000:000.000 o U$S 5.000:000.000 -si el mercado lo toma- ahora, el año que viene. De esta forma, el Gobierno se podría estar asegurando un colchón -por decirlo de alguna manera- hacia adelante y estaríamos pagando un costo bastante importante, porque todos sabemos que la tasa a la cual colocamos nuestros títulos es bastante superior que aquella con la que se nos remunera nuestras reservas; actualmente, llega aproximadamente al doble. Nosotros apostamos a que esto no pase, a que sea una facultad de manejo, pero no un manejo que, desde el pique, pueda conseguir el financiamiento para cinco años aprovechando circunstancias internacionales.

Por otro lado, está claro que la manera en que el Gobierno define esto, evita poner números más altos en las emisiones. De hecho, sólo el pago previsto al Fondo Monetario Internacional estaría dando una emisión bruta de más de U$S 2.000:000.000. De nuevo, no es necesariamente una buena cosa hacer un pago y cancelar totalmente la deuda, más allá de que pueda ser discutible con el tema de las condicionalidades y puedo explicar por qué no. La consulta del artículo 4º del Estatuto del Fondo Monetario Internacional es obligatoria para todos sus miembros, todos los años. A su vez, el informe de la consulta de este artículo es tan válido y tan fuerte como un informe del cumplimiento de un programa "stand by". Por lo tanto, cuando los mercados internacionales y los agentes locales miran, también ven el informe del artículo 4º, tanto como un acuerdo "stand by". No creo que allí haya mayores diferencias, ni siquiera un relajamiento de lo que uno debe hacer. Lo que uno debe hacer, lo debe hacer, independientemente de si tiene un acuerdo o no. Además, está claro -y así quedará- que hay dos aspectos más. Uno de ellos es que pagar al Fondo Monetario Internacional aumenta el costo de la deuda y también duplica, más o menos, la tasa de interés sobre el préstamo. El otro es que todos sabemos que es bastante más fácil una renegociación, en caso de dificultades, con los organismos de crédito internacionales que con el mercado y los infinitos tomadores de bonos.

En tercer lugar, y yendo a las preocupaciones por la deuda, creo que este proyecto de ley deja en claro algo que dijimos en su momento. El pedido del Poder Ejecutivo de aumento de deuda neta está en línea con el déficit consolidado del sector público que muestra el Presupuesto del Gobierno Central, pero multiplica por 2,3 ó 2,4 aproximadamente, lo que dicho Poder dice en la Exposición de Motivos. O sea que se nos decía que el Gobierno estaba planificando no tener déficit fiscal o tener déficit menores, pero esto no se avala con su pedido de deuda; de hecho, pide un aumento de la deuda neta -no bruta- del orden del 9% del Producto Bruto Interno. Esto equivale a un déficit promedio de 1,8% por año. Si se lee la Exposición de Motivos del Poder Ejecutivo, se verá que allí se habla de déficit del entorno del 0,7 % en promedio. Sin embargo, esto es de 1,8%, casi dos veces y media más. Además, no sabemos exactamente cómo puede terminar la deuda bruta. Por su parte, la deuda neta, al día de hoy, está en el entorno de los U$S 10.000:000.000, medida de esta manera. En los cinco años le estamos agregando aproximadamente U$S 1.700:000.000 o U$S 1.800:000.000. Es decir que la deuda neta prevista puede subir, como máximo, un 18%. Si se nos decía que teníamos el país más endeudado, ahora vamos a tener un país más endeudado aún.

Por último, señor Presidente quiero aclarar dos cosas con respecto al artículo 3º. En primer lugar, el literal a) permite al Poder Ejecutivo colocar deuda o cualquier otro título por la garantía que tiene del pago de la nota que el Banco Hipotecario debe al Banco de la República. No se trata del fideicomiso, sino de esa nota que menciono, que fue servida religiosamente hasta febrero de este año y que ahora -dicho sea de paso- tiene algunos meses de atraso. La garantía por el eventual faltante del fideicomiso del Banco de la República está en un artículo de la Ley de Presupuesto. Ahí ya lo autorizamos.

En segundo término, el literal b) del mismo artículo 3º habla de los cambios en la deuda neta como consecuencia de la capitalización de bancos públicos. En la Comisión quedó claro que es una autorización general, pero que la capitalización de Bancos públicos requiere una ley especial. El Miembro Informante asiente con la cabeza.

En definitiva, vamos a votar todos los artículos con excepción del artículo 5º, por una sola razón. Al igual que en otros, en el artículo 5º la forma de establecer el tope de deuda está tomada, en parte -a veces con criterios distin-tos, pero el concepto es el mismo-, de la Ley de Presupuesto Nº 17.296 del año 1990. Sin embargo, en este proyecto de ley, el artículo 5º establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de la facultad prevista durante tres ejercicios consecutivos, ya que, por decirlo de alguna manera, en el medio tiene que haber un respiro. Asimismo, dice que se podrá incrementar el monto autorizado de la deuda en hasta un 50% más. Por ejemplo, si el año que viene el monto neto a emitir es de U$S 325:000.000, se podrán emitir U$S 162:500.000 más de deuda. Eso es lo que dice el artículo 5º.

Ahora bien, lo que decía la ley anterior era que este exceso -que estaba medido de otra manera- se descontaba de las emisiones futuras. Aquí, en cambio, expresamente no se descuenta, porque la frase final del primer inciso expresa: …"y sin que ello altere el tope fijado para los ejercicios siguientes".

Por tales motivos vamos a votar en contra. Nos parece bien la flexibilidad; lo que no nos parece bien es que eso después quede como monto permanente.

De la misma manera, en la ley anterior no estaba permitido establecer este aumento o flexibilidad en el último año de una Administración; sin embargo, aquí sí lo está.

Estas son las dos razones por las que votaremos en contra el artículo 5º, únicamente. El resto del articulado lo vamos a acompañar, con las salvedades y las advertencias expresadas, para ser coherentes y no dejar al país sin financiamiento, dado el Presupuesto que se votó.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: el Partido Nacional estuvo representado en la Comisión de Hacienda, de manera que tiene que hacer alguna reflexión sobre el tema.

Hemos escuchado con mucha atención las exposiciones del Miembro Informante, así como las del señor Senador Alfie, sobre todo porque este es un tema árido, que ha sido discutido e, incluso, votado con la presencia del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, los aportes que se plantearon al principio, los que se agregan ahora a través de propuestas realizadas fuera de la Comisión en estas últimas horas y, en particular, la aspiración del Miembro Informante de que la deuda no se vuelva infinita -por decirlo así-, sino que se autorice el margen sin que adquiera ese carácter -como lo planteó el señor Senador Alfie- han sido recogidos por la mayoría y, por tanto, se van a incorporar al proyecto de ley. Eso es muy importante, porque la filosofía del proyecto es buscar un margen adecuado para levantar los topes del endeudamiento y modificar algunos criterios técnicos, que se resumen en lo que el propio Poder Ejecutivo expresa en su Mensaje, al afirmar que "representa una mejora significativa del régimen de control del endeudamiento público respecto a la situación previa", a lo que agrega: "Asimismo, no sólo facilita buenas prácticas de gobierno, sino que da credibilidad al compromiso fiscal asumido y contribuye a asegurar la predictibilidad de la gestión de las cuentas públicas".

Quiere decir que este paquete de carácter financiero está vinculado a metas y a determinadas obligaciones asumidas en el ámbito internacional y, en particular, de los organismos financieros de crédito. Esto es en sintonía -como decía el señor Senador Alfie en la propia definición de la deuda neta- con lo que establece la Carta del Fondo Monetario Internacional. Esto debe quedar claro. El equipo económico y el Gobierno hacen todo este esfuerzo -que es digno de apoyo y que vamos a votar- en función de las obligaciones asumidas y de los compromisos fiscales, sin perjuicio de las modificaciones naturales que manifestaba el señor Senador Alfie, producidas, entre otras cosas, por características especiales de la situación financiera del país.

Esto es muy importante para nosotros, señor Presidente, porque es parte de la prédica que realizamos durante muchos años. Recordemos que en la Comisión de Hacienda, en 1991, proyectos similares, que pedían un margen que nos permitiera movernos con esta flexibilidad, fueron votados negativamente por el actual Gobierno. Todos fueron votados negativamente y argumentados en forma clara y contundente, con la voz diáfana y definida -entre otras- del actual Ministro de Economía y Finanzas.

Pero más allá de las discusiones políticas que se puedan producir, lo que rescatamos como partido político es la coherencia del pensamiento, ya que hoy hacemos lo mismo que antes, votamos. Y lo que antes se votó, no para dar un margen de cumplimiento abyecto a las obligaciones del Fondo Monetario Internacional, sino para que se pudiera manejar el endeudamiento adecuado, hoy lo respaldamos con ese mismo criterio, dentro de las previsiones que se establecen y con los límites que el señor Senador Alfie ha planteado, que compartimos.

Por ese motivo vamos a votar todos los artículos, con excepción, precisamente, del artículo 5º, en el que compartimos las preocupaciones de la Bancada y del señor Senador Alfie respecto a cuáles son los límites del 50% y de la habilitación que se da al Poder Ejecutivo para que en determinados períodos sucesivos pueda ir más allá de los porcentajes establecidos.

Con ese criterio vamos a acompañar el proyecto de ley, ratificando nuestra posición de ayer y la de hoy, para que el Poder Ejecutivo y el Gobierno tengan el margen suficiente y puedan manejar la previsión de sus cuentas públicas, la credibilidad y la imagen que trata de preservar en el ámbito financiero internacional y, en particular, frente a la atenta mirada del Fondo Monetario Internacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR ABREU.- Que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura de todos los artículos.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- En el artículo 1º estamos proponiendo la sustitución del inciso final que viene de la Comisión, que dice: "Queda excluida de esta definición la deuda correspondiente a las emisiones de Letras de Regulación Monetaria realizadas por el Banco Central del Uruguay", por el siguiente: "A efectos de la determinación de la deuda neta, se incluirá como pasivo la base monetaria".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con la modificación propuesta por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Quisiera hacer una modificación de redacción. El artículo dice: "Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir deuda pública nacional siempre que el incremento de la deuda pública neta", y ahí se agregaría: "en cada ejercicio respecto del último día hábil del año anterior", y continuaría: "no supere los siguientes montos:".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 2º con el agregado propuesto por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- El artículo 6º empieza diciendo: "A los efectos del control anual..." y, en realidad, las publicaciones del Banco Central ahora son trimestrales. Por lo tanto, eliminaríamos la palabra "anual" y el artículo diría: "A los efectos del control del tope de deuda establecido en la presente ley...", etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación planteada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- A los efectos de la presente ley, la deuda pública neta está constituida por los pasivos netos -de acuerdo con los criterios vigentes de medición del Banco Central del Uruguay- a cargo del Gobierno Central; el Banco Central del Uruguay; la Administración de Ferrocarriles del Estado; la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland; la Administración Nacional de Puertos; la Administración Nacional de Correos; la Administración Nacional de Telecomunicaciones; el Instituto Nacional de Colonización; la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado.

A efectos de la determinación de la deuda neta se incluirá como pasivo la base monetaria.

ARTICULO 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir deuda pública nacional siempre que el incremento de la deuda pública neta en cada ejercicio respecto al último día hábil del mes no supere los siguientes montos:

a) U$S 325:000.000 (trescientos veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2006;

b) U$S 300:000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2007;

c) U$S 275:000.000 (doscientos setenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2008;

d) U$S 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Los topes establecidos en los artículos anteriores podrán ser ajustados en los montos equivalentes a:

a) Los aumentos de deuda pública neta originados en la efectivización de la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas por la deuda que el Banco Hipotecario del Uruguay mantiene con el Banco de la República Oriental del Uruguay; por el convenio entre el Mi-nisterio de Economía y Finanzas y el Banco de la República Oriental del Uruguay de fecha 12 de febrero de 2004 y su modificación del 29 de setiembre de 2004.

b) Los cambios en la deuda neta derivados de los litigios que mantiene el Estado como consecuencia de la crisis financiera de 2002.

c) Los cambios en la deuda neta que se produjeran como consecuencia de la capitalización de bancos públicos, así como aquéllos producto de modificaciones en las valuaciones de los activos financieros, cobertura de información o reclasificaciones de cuentas.

ARTICULO 4º.- A partir del 1º de enero de 2009 y hasta la aprobación de una nueva ley de endeudamiento, la deuda pública nacional neta podrá ser incrementada hasta por un volumen equivalente a U$S 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) en cada ejercicio anual.

ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo podrá superar hasta en un 50% el tope de deuda fijado para un año determinado en aquellos casos en los que factores extraordinarios e imprevistos así lo justificaren, dando cuenta a la Asamblea General y sin que ello altere el tope fijado para los ejercicios siguientes.

El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de la facultad prevista en el inciso precedente durante tres ejercicios consecutivos.

ARTICULO 6º.- A los efectos del control del tope de deuda establecido en la presente ley, los activos disponibles y los pasivos contraídos en moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, serán valuados al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al cierre del último día hábil del ejercicio precedente para la deuda contratada con anterioridad a dicha fecha, y al tipo de cambio interbancario vendedor vigente al momento de su contratación si ésta hubiera ocurrido en el mismo ejercicio. Igual criterio se utilizará para la deuda denominada en Unidades Indexadas, a partir de los arbitrajes definidos por el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 7º.- En ocasión de la presentación de los proyectos de ley de rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca del estado de utilización del tope establecido para la deuda pública nacional.

ARTICULO 8º.- La evaluación del cumplimiento de los topes de deuda se realizará conforme a las últimas cifras publicadas por el Banco Central del Uruguay."

18) CONSORCIOS DE EXPORTACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crean los Consorcios de Exportación y se establecen normas para su funcionamiento. (Carp. Nº 185/05 - Rep. Nº 182/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 185/05

Rep. Nº 182/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

INFORME

Al Senado de la República:

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva a consideración del Senado de la República el proyecto de ley adjunto, relativo a la regulación de los denominados Consorcios de Exportación el que cuenta con la aprobación unánime de los miembros de la misma y que responde a la iniciativa presentada con fecha 18 de mayo del presente año, por el Sr. Senador Ruperto Long, recogiendo asimismo los aportes de los integrantes de la Comisión y de autoridades y expertos en la materia que fueron consultados.

La concreción de una iniciativa legislativa en esta materia es altamente positiva, dado que a través de la misma se establecen mecanismos de estímulo para facilitar la asociación de los empresarios, sobre todo, aunque no exclusivamente, los pequeños y los medianos; y no puede desconocerse el lugar preponderante que estas empresas ocupan en la generación de riquezas y fuentes de trabajo.

Además las PYMES tienen -en general- enormes dificultades para ingresar a los mercados internacionales. A ello se adiciona su por lo general reducida preparación y conocimientos para afrontar esta tarea, lo que en muchos casos puede incluso poner en riesgo la estabilidad de la empresa. En efecto, es imprescindible efectuar una correcta identificación de los mercados, contactar a los distribuidores, conocer las necesidades y preferencias de los potenciales clientes, efectuar adaptaciones en la calidad y los precios de los productos, entre otras acciones. Estos elementos y otros coadyuvan para determinar a los pequeños y medianos empresarios a desistir de su intentos exportadores.

Los consorcios de exportación son una herramienta fundamental al momento de superar las dificultades señaladas, en tanto éstos combinan hacia su interior, especialización en el manejo de los conocimientos necesarios, así como los recursos económicos de las diferentes empresas que los componen. Se trata de una herramienta que colabora para el incremento de la rentabilidad, la reducción de los riesgos y la acumulación de conocimientos.

Aquellas empresas que se encuentran en sus primeras etapas de actividad de exportación, y especialmente las pequeñas, son las que están en mejores condiciones para la obtención de los mayores beneficios si participan en un consorcio de exportación. Efectivamente son éstas, las que necesitan contar con mayor asistencia y en definitiva, las que estarán más motivadas a participar en forma activa.

Sin lugar a dudas en los países en desarrollo los consorcios de exportación pueden devenir en una herramienta fundamental para promover las exportaciones. Es en nuestros países donde frecuentemente las empresas carecen de la infraestructura imprescindible y el acceso a la información y a otros recursos de que gozan sus contrapartes en los países industrializados.

Un aspecto fundamental es que la constitución de un consorcio de exportación representa el comienzo de un proceso, y no únicamente la creación de una entidad jurídica con regulación específica. Los consorcios, al propiciar la cooperación entre las empresas, aún en áreas no directamente vinculadas con las exportaciones, potencian el encuadre comercial de las PYMES y fortalecen las posibilidades de las empresas de maximizar las oportunidades que ofrece el mercado.

En definitiva, se considera que la aprobación de este proyecto de ley, colaborará en la construcción de una importante estrategia de fortalecimiento de la competitividad de las PYMES, a través de la cooperación entre las empresas.

En función de los fundamentos expuestos, esta Comisión aconseja al Senado de la República, la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, a 14 de diciembre de 2005.

Ruperto E. Long, Miembro Informante; Isaac Alfie, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Arturo Heber, Carlos Gamou, Rafael Michelini. Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. (Concepto).- Se denominará "Consorcio de Exportación" a los grupos de interés económico cuyo objeto principal o exclusivo sea el de facilitar, promover, preparar, celebrar, ejecutar o tramitar la exportación de los bienes o servicios producidos por sus integrantes. Todos los miembros del consorcio deberán ser titulares de empresas en actividad.

Artículo 2º. (Denominación).- La denominación de los consorcios deberá contener el agregado "Consorcio de Exportación" o su sigla ("CE").

Artículo 3º. (Capital).- Los consorcios de exportación tendrán un capital mínimo igual al establecido para las sociedades de responsabilidad limitada, que se integrará de la misma forma que el de dicho tipo de sociedades.

Artículo 4º. (Participaciones de los miembros).- La participación de cada integrante del consorcio no podrá exceder del doble ni ser inferior a la mitad de la que hubiere correspondido si todos sus miembros tuvieren igual participación.

Los integrantes del consorcio que formen parte de un mismo grupo económico se tomarán como una unidad a los efectos de la aplicación de este artículo. La determinación del alcance del concepto de grupo económico a los efectos indicados resultará de la reglamentación.

Artículo 5º. (Resoluciones sociales. Mayorías).- Salvo que en el contrato constitutivo se establezca otra cosa, la asamblea de los miembros del consorcio adoptará sus resoluciones por mayoría, entendiéndose por tal la mayoría absoluta del capital. Si el consorcio tiene sólo dos miembros, las resoluciones se adoptarán por unanimidad. La modificación del contrato constitutivo y la disolución anticipada del Consorcio requerirán, salvo disposición contractual en contrario, el consentimiento de al menos dos tercios del capital.

Los derechos de las minorías serán los mismos establecidos en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) y sus modificativas.

Artículo 6º. (Responsabilidad).- Los miembros de los consorcios de exportación no responderán por las obligaciones contraídas por éstos.

Artículo 7º. (Modalidades de actuación).- En sus relaciones externas, los consorcios de exportación podrán actuar como intermediarios comerciales por cuenta propia, como mediadores entre sus integrantes y los terceros que con ellos contraten, como mandatarios, comisionistas o consignatarios de sus miembros o bajo cualquier otra modalidad establecida en el contrato constitutivo o dispuesta por la asamblea del consorcio.

La asamblea podrá asimismo autorizar que hasta un 30% (treinta por ciento) de los bienes en cuya compra o venta a terceros participe anualmente el consorcio, no se destinen a miembros del mismo ni hayan sido producidos por ellos.

Artículo 8º. (Representación).- En sus relaciones con terceros, los administradores del consorcio lo obligarán por todo acto comprendido en su objeto o conexo con el mismo.

Artículo 9º. (Financiamiento del Consorcio).- El consorcio de exportación se financiará en la forma establecida en el contrato constitutivo o, en su defecto, como lo determine la asamblea.

Artículo 10. (Apoyo institucional).- El Poder Ejecutivo promoverá la constitución y desarrollo de los consorcios de exportación y adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en las materias relacionadas con el objeto de dichos consorcios, presten a éstos la máxima colaboración y las mayores facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas y las comunicará a la Asamblea General.

Artículo 11. (Autoridad de aplicación).- La supervisión y control de los consorcios de exportación estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el que llevará un Registro de los mismos.

Artículo 12. (Neutralidad fiscal).- Los consorcios de exportación se regirán por el principio de neutralidad fiscal. En consecuencia, las rentas que accidentalmente obtengan y el patrimonio de que sean titulares se imputarán a sus miembros, a los efectos tributarios, en proporción a su participación en el consorcio. Al reglamentar las disposiciones contenidas en la presente ley, el Poder Ejecutivo cuidará que de la existencia y funcionamiento de los consorcios de exportación no derive para ellos ni para sus miembros la pérdida de beneficios o un costo tributario superior al que se generaría si las operaciones canalizadas a través de los consorcios hubieran sido llevada a cabo directamente por sus miembros. A tales efectos, podrá asimilar a exportaciones las ventas que realicen dichos miembros y los terceros que participen en las condiciones del inciso segundo del artículo 7º de la presente ley, a los consorcios de exportación de los que forman parte, para la posterior reventa de los bienes adquiridos por éstos en el exterior del país.

Artículo 13. (Impuesto a las Comisiones).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Comisiones a las comisiones y otras retribuciones percibidas por los consorcios de exportación en cumplimiento de su objeto.

Artículo 14. (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a la enajenación de bienes inmuebles y de los derechos de usufructo efectuada por los miembros de los consorcios de exportación a favor de éste para el cumplimiento de sus cometidos, así como las que realicen dichos consorcios, en el marco del proceso de su liquidación, a favor de sus miembros.

Artículo 15. (Aportes patronales a la previsión social).- El Poder Ejecutivo podrá eximir a los consorcios de exportación del pago de los aportes patronales a la seguridad social correspondientes a un número máximo de cinco empleados por consorcio, por hasta un sueldo mensual equivalente a 20 BPC (veinte Bases de Prestaciones y Contribuciones) por cada empleado.

Artículo 16. (Concesión y pérdida de beneficios).- A los efectos de que se les concedan los beneficios previstos en los artículos anteriores, los consorcios de exportación deberán acreditar:

a) haberse inscripto en el Registro previsto en el artículo 11 de la presente ley;

b) que la mayoría de sus miembros que representen al menos un 50% (cincuenta por ciento) del capital del consorcio, son titulares de pequeñas o medianas empresas (PYMES), definidas de acuerdo con los criterios que a tales efectos determine el Poder Ejecutivo.

Dichos beneficios cesarán:

a) en el caso de que los consorcios de exportación realicen actividades ajenas a su objeto o incumplan cualquiera de las disposiciones de la presente ley;

b) en el caso de que no acrediten dentro del plazo de 24 (veinticuatro) meses contado a partir del momento de su registro (artículo 11 de la presente ley), que por su intermedio o en virtud de su participación se realizaron exportación por un mínimo de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América).

Artículo 17. (Conservación de ventajas financieras y tributarias).- El Poder ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que la participación de los consorcios de exportación en operaciones de comercio exterior no represente para éstos ni para sus miembros la pérdida total o parcial de las ventajas derivadas de la aplicación del régimen general vigente para la prefinanciación de exportaciones.

Artículo 18. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de su promulgación.

Sala de la Comisión, a 14 de diciembre de 2005.

Ruperto E. Long, Miembro Informante; Isaac Alfie, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Arturo Heber, Carlos Gamou, Rafael Michelini. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Concepto).- Se denominará "Consorcio de Exportación" a los Grupos de Interés Económico cuyo objeto principal o exclusivo sea el de facilitar, promover, preparar, celebrar, ejecutar o tramitar la exportación de los bienes o servicios producidos por sus integrantes. Todos los miembros del Consorcio deberán ser titulares de empresas en actividad.

Artículo 2º. (Capital).- Los Consorcios de Exportación tendrán un capital mínimo igual al establecido para las Sociedades de Responsabilidad Limitada, que se integrará de la misma forma que el de dicho tipo de sociedades.

Artículo 3º. (Responsabilidad).- Los miembros de los Consorcios de Exportación no responderán por las obligaciones contraídas por éstos.

Artículo 4º. (Denominación).- La denominación de los Consorcios deberá contener el agregado "Consorcio de Exportación" o su sigla ("C.E.").

Artículo 5º. (Participaciones de los miembros).- La participación de cada integrante del consorcio, no podrá exceder del doble ni ser inferior a la mitad de la que hubiere correspondido si todos sus miembros tuvieren igual participación.

Los integrantes del consorcio que formen parte de un mismo grupo económico se tomarán como una unidad a los efectos de la aplicación de este artículo. La determinación del alcance del concepto de grupo económico a los efectos indicados, resultará de la reglamentación.

Artículo 6º. (Resoluciones sociales. Mayorías).- Salvo que en el contrato constitutivo se establezca otra cosa, la asamblea de los miembros del Consorcio adoptará sus resoluciones por mayoría, entendiéndose por tal la mayoría absoluta del capital. Si el Consorcio tiene sólo dos miembros, las resoluciones se adoptarán por unanimidad. Toda modificación del contrato constitutivo así como la disolución anticipada del Consorcio requerirá, salvo disposición contractual en contrario, el consentimiento unánime de sus integrantes.

Artículo 7º. (Modalidades de actuación).- En sus relaciones externas, los Consorcios de Exportación podrán actuar como intermediarios comerciales por cuenta propia, como mediadores entre sus integrantes y los terceros que con ellos contraten, como mandatarios, comisionistas o consignatarios de sus miembros o bajo cualquier otra modalidad establecida en el contrato constitutivo o dispuesta por la asamblea del Consorcio. Esta podrá asimismo autorizar que hasta un 20% (veinte por ciento) de los bienes en cuya compra o venta a terceros participe anualmente el consorcio, no sean destinados a miembros del mismo ni originados por ellos.

Artículo 8º. (Representación).- En sus relaciones con terceros, los administradores del consorcio lo obligarán por todo acto comprendido en su objeto o conexo con el mismo.

Artículo 9º. (Financiamiento del Consorcio).- El Consorcio de exportación se financiará en la forma establecida en el contrato constitutivo, o en su defecto, como lo determine la asamblea.

Artículo 10. (Apoyo institucional).- El Poder Ejecutivo promoverá la constitución y desarrollo de los Consorcios de Exportación, y adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en las materias relacionadas con el objeto de dichos Consorcios, presten a éstos la máxima colaboración y las mayores facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas dentro del plazo de 60 días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 11. (Autoridad de Aplicación).- Si en la Reglamentación de la ley no se dispusiera otra cosa, la supervisión y control de los Consorcios de Exportación estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual ejercerá dichos cometidos a través de la Dirección Nacional de Comercio. Esta controlará el estricto cumplimiento de la presente ley y de su reglamentación y llevará un Registro de Consorcios de Exportación.

Artículo 12. (Exoneraciones tributarias).- Los Consorcios de Exportación quedarán exonerados por un período de tres años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro al que se refiere al artículo anterior, de todo tributo nacional creado o a crearse, aún de aquéllos en que por ley se requiera exoneración específica. El Poder Ejecutivo podrá extender dicho plazo, con carácter general y para todos los Consorcios de Exportación, por hasta 5 años más.

Dicha exoneración no alcanzará a los tributos sobre la importación o exportación o que se generen en ocasión de las mismas, a las contribuciones especiales de seguridad social ni a las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas a favor de personas de derecho público no estatales de seguridad social. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá eximir a los Consorcios de Exportación del pago de los aportes patronales de seguridad social correspondientes a un número máximo de cinco empleados por Consorcio, por hasta un sueldo mensual equivalente a 100 Unidades Reajustables para cada empleado.

Para obtener estos beneficios, los Consorcios de Exportación deberán acreditar: a) estar inscriptos en el Registro a que se refiere el artículo 11 y b) que la mayoría de sus miembros que representen al menos un 75% (setenta y cinco por ciento) del capital del Consorcio, han facturado individualmente, por ventas de bienes o servicios, en el plazo de doce meses anterior a su incorporación al mismo, una suma no inferior a 5.000 (cinco mil) Unidades Reajustables.

Las exoneraciones previstas en este artículo quedarán sin efecto respecto de los Consorcios de Exportación que no acrediten haber realizado dentro del plazo de 24 meses contado a partir del momento de su registro (Art. 9º), que por su intermedio se realizaron exportaciones por un mínimo de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América).

Artículo 13. (Conservación de ventajas financieras y tributarias).- El Poder Ejecutivo, adoptará las medidas necesarias para que la participación de los Consorcios de Exportación en operaciones de comercio exterior no represente para éstos ni para sus miembros la pérdida total o parcial de las ventajas derivadas de la aplicación del régimen general vigente para la prefinanciación de exportaciones, ni un costo tributario superior al que se generaría si dichas operaciones hubieran sido efectuadas directamente por dichos miembros.

Artículo 14. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de su promulgación.

Artículo 15.- Comuníquese, publíquese, etc.

Mayo, 18 de 2005.

Ruperto Long. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ocupan en todos los países una posición de primer orden como generadoras de riqueza y de puestos de trabajo. Pero su participación en ambos aspectos es mayor en países de mercado interno reducido y modesta proyección internacional, como es el caso del nuestro, en el cual más allá de algunas escasas excepciones, no existen empresas privadas nacionales de gran porte.

2.- Dadas las pequeñas dimensiones de nuestro mercado doméstico, muchas empresas uruguayas encuentran en la posibilidad de exportar una condición, no sólo para crecer y desarrollarse sino incluso para asegurar su propia supervivencia. Sin embargo, las empresas de pequeño o mediano tamaño, que son la inmensa mayoría, enfrentan grandes dificultades para poder colocar sus productos y servicios en el exterior. Cabe citar entre dichas dificultades las siguientes: carencias tecnológicas, alto costo de los insumos, problemas de financiamientos (altas tasas de interés y no disponibilidad de garantías), falta de capacitación, de información comercial y de asesoramiento del empresario, deficiencias en la organización interna, ausencia de planificación estratégica, insatisfactoria calidad de los productos y servicios, precario control de dicha calidad, volúmenes de producción insuficientes y falta de homogeneidad de la misma.

3.- Dentro de las soluciones sugeridas por los expertos para remover dichos obstáculos, se destacan por su polifuncionalidad, las organizaciones de empresarios, denominadas "Consorcios de Exportación". Dichos consorcios cumplen las más variadas funciones siendo las principales promover, facilitar, negociar y ejecutar la exportación de los productos y servicios producidos o prestados por los propios empresarios que los integran. Los consorcios proporcionan además, generalmente, asistencia técnica y asesoramiento comercial a sus integrantes. Como actividad complementaria, muchas veces dichos consorcios intervienen en las importaciones de los insumos requeridos por sus miembros, intermediando entre éstos y sus proveedores externos. También, aunque como actividad secundaria y limitada, pueden realizar operaciones en beneficio de terceros, sin participación directa de los consorciados. Considerando el importante papel que cumplen en la economía, en muchos países los Consorcios de Exportación han sido objeto de una legislación específica y se los beneficia con facilidades tributarias, crediticias y operativas.

4.- Quiere decir que mediante su participación en Consorcios de Exportación, los pequeños y medianos empresarios, al superar las limitaciones mencionadas en el numeral 2º, pueden acceder a los grandes mercados de exportación con una oferta atractiva, diversificada, y de una calidad compatible con las exigencias de dichos mercados. Cada consorciado tendrá a su vez la posibilidad de desarrollar sus propias habilidades empresariales, y de adquirir los conocimientos y la experiencia necesaria para poder abordar más adelante en solitario, en el caso de que el crecimiento de su empresa lo haga posible, los mercados externos.

5.- El consorcio, al instrumentar la acumulación de los recursos y esfuerzos de varias empresas de pequeño o mediano porte, da a todas ellas la posibilidad de atender grandes pedidos, y de cumplir los requerimientos de los compradores de mayor entidad que no podrían ser atendidos de manera aislada. Así, el consorcio podrá instalar oficinas dotadas de los medios técnicos y humanos necesarios para establecer y mantener relaciones comerciales estables con los grandes centros internacionales de demanda, a todo lo cual coadyuvará la realización por el mismo, de estudios e investigaciones de mercado en el exterior, la organización de viajes programados de negocios, la atención conjunta de los empresarios integrantes de las misiones comerciales que frecuentemente nos visitan, la formulación de cotizaciones de productos y servicios en el exterior, la visita a ferias internacionales, la elaboración de católogos, el mantenimiento de una presencia constante en internet, y la facilitación del acceso a los recursos financieros necesarios.

6.- El consorcio incrementará además la capacidad de negociación con los compradores de bienes y servicios externos y con los proveedores extranjeros de insumos y equipos, así como con los bancos y con las empresas de transporte y de seguros. También articulará en beneficio de los consorciados, redes internacionales de distribución comercial. Pero el consorcio, además de cumplir las más diversas funciones preparatorias de la captación de clientes en el exterior, colaborará con sus miembros en la identificación de oportunidades comerciales y de negocios concretos, los que luego negociará y ejecutará en todo o en parte para éstos, ocupándose con frecuencia de atender los diferentes aspectos de la exportación (tramitación administrativa, especialmente aduanera, contratación de transporte y seguros, etc.).

Como puede apreciarse, la mayoría de los problemas que obstan al desarrollo de la capacidad exportadora de las PYMES pueden ser resueltos total o parcialmente mediante la participación de éstas en Consorcios de Exportación.

La creación de dichos consorcios es entonces uno de los medios a los que puede recurrirse para incorporar a las pequeñas empresas a la corriente exportadora.

7.- Considerando las características de sus integrantes así como las finalidades concretas perseguidas por los mismos al incorporarse a los consorcios, éstos pueden ser de diversas clases. Así, mientras algunos son de carácter general, por relacionarse con todos los mercados externos posibles y para colocar en ellos cualquier tipo de productos o servicios, otros son especializados, ya sea por trabajar sólo en relación a determinados mercados, o por concretarse en la exportación de un solo tipo de producto o servicio, o de categorías limitadas de éstos.

Por otra parte, la integración empresarial que producen puede ser de tipo horizontal (cuando el consorcio se forma entre empresas competidoras), vertical (cuando cada una de las empresas que lo integran producen bienes o servicios que son complementarios con los de los demás consorciados), o neutra (cuando sus integrantes producen bienes o servicios funcionalmente independientes). También pueden distinguirse entre sí por las modalidades de actuación adoptadas, así como por el grado de diversificación de éstas.

8.- No existe una única forma organizativa apropiada para los Consorcios de Exportación. Por el contrario, los mismos pueden adoptar distintos esquemas jurídicos y económicos, y cumplir las más variadas actividades, todas ellas vinculadas naturalmente a su objeto principal que es promover y concretar la comercialización externa de los productos y servicios de sus miembros.

Se ha discutido la importancia de contar con una legislación específica en la materia. El papel que desempeñan las normas legales en la economía, no debe ser sobreestimado. Sin embargo, es valor entendido que la seguridad jurídica constituye una condición ineludible de la inversión, ya sea ésta directa o financiera.

Por otra parte, cuando se trata de instituciones poco conocidas y escasamente utilizadas por los empresarios, su incorporación al sistema legal suele cumplir una importante función de difusión. En el caso de los consorcios, la experiencia nacional es cualitativamente rica pero cuantitativamente insuficiente. Se trata de un instrumento valiosísimo que en líneas generales ha sido desaprovechado. De allí que junto a la realización de una intensa promoción, y al otorgamiento de beneficios financieros y fiscales, la regulación de los consorcios en su faz organizativa pueda representar un avance sustantivo, en un momento en el cual ninguna iniciativa destinada a aumentar y diversificar nuestro comercio exterior debe ser desestimada.

9.- Pese a su comprobada utilidad como instrumentos para lograr la consolidación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas así como para promover las exportaciones de los países en los cuales funcionan, los Consorcios de Exportación son muy poco empleados en el Uruguay.

Una de las razones fundamentales es la ausencia de una decidida y consistente actividad estatal y privada de difusión del instituto y sus ventajas. En efecto, en los países en los cuales los Consorcios de Exportación desempeñan un papel de importancia, existe un sistema normativo e institucional de apoyo que en el nuestro no ha alcanzado el desarrollo necesario.

Por las propias características económicas y sociales de las pequeñas empresas así como por el perfil cultural de sus titulares, no es probable que se extienda el uso de este formidable esquema asociativo, si no se adoptan medidas específicas dirigidas a incentivar su constitución y funcionamiento.

10.- Muchos países, entre ellos varios de América Latina, han aprobado normas legales destinadas a facilitar y promover la utilización por los empresarios de la figura de los Consorcios de Exportación. Cabe mencionar la entrada en vigencia en la República Argentina en enero de 2005 de la Ley Nº 26.005, que regula los denominados "Consorcios de Cooperación", entre cuyas finalidades se encuentra la de promover la instalación de Consorcios de Exportación.

En nuestro país se han presentado diversos proyectos de ley sobre dichos consorcios, sin que hasta el momento ninguno de ellos haya sido sancionado. La tentativa más reciente es del año 2002, en el cual la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley sobre Consorcios de Exportación, presentado por el Diputado Sebastián Da Silva, que no llegó a ser tratado ni aprobado por la Cámara de Senadores. Debe tenerse presente que la existencia de un régimen legislativo como el que se propone, que otorgue un régimen jurídico así como ventajas tributarias y operativas a los Consorcios de Exportación, no será suficiente si no se implementan además medidas de apoyo concreto por parte del Estado.

En efecto, resulta esencial en la materia de acción coordinada de las diversas reparticiones públicas que cumplen actividades vinculadas a las PYMES y al comercio exterior. Ello no significa que deba descargarse todo el peso de la responsabilidad sobre el Estado, ni que éste deba sustituir a los particulares o privados del protagonismo que les corresponde tanto en la fase genética como en la funcional de los consorcios.

Serán también esenciales tanto la asistencia que puedan prestarles organizaciones no gubernamentales especializadas como los servicios que brindan ciertas gremiales empresariales, tales como la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y la Unión de Exportadores del Uruguay.

11.- Como acaba de expresarse, los Consorcios de Exportación son desde el punto de vista económico organizaciones constituidas por empresarios cuya actividad principal es la de promover, facilitar y eventualmente ejecutar la exportación de los bienes o servicios producidos por sus propios integrantes. Como señala Eugenio Xavier de Mello, tal actividad hace conveniente desde el punto de vista jurídico que los mismos asuman la calidad de sujetos de derecho (Los Consorcios de Exportación: Formas Jurídicas. Revista de Comercio Exterior y Aduana. Nº 4 Montevideo 1998).

Los Consorcios de Exportación pueden asumir distintas modalidades desde el punto de vista del derecho. La misma finalidad económica puede entonces lograrse mediante el recurso a diferentes fórmulas jurídicas. Sin embargo, la figura jurídica más adecuada a esos efectos, es la constituida por los Grupos de Interés Económico (Arts. 489 a 500 de la Ley Nº 16.060), siendo dicha modalidad la que mejor se adapta a sus características y función.

En efecto, según el Art. 489 de la citada ley, "dos o más personas físicas o jurídicas podrán constituir un grupo de interés económica con la finalidad de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros o mejorar o acrecer los resultados de esa actividad". Pero esta figura asociativa presenta el inconveniente de que según la Ley Nº 16.060, "los miembros del grupo serán responsables por las obligaciones contraídas por éste" en forma "subsidiaria y solidaria" (Art. 495), lo que puede representar un riesgo que los empresarios no estarán probablemente dispuestos a asumir.

Cabe señalar que el Grupo de Interés Económico, si bien "será persona jurídica" (Art. 498 inc. 3º), lo cual resulta aconsejable para el adecuado funcionamiento de un consorcio de exportación, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades, "no dará lugar a la obtención ni distribución de ganancias entre sus asociados". Esto significa que los beneficios o ventajas que obtendrán sus integrantes a raíz de la actividad desarrollada en común, recaerán directamente sobre el patrimonio de los mismos sin pasar antes por el patrimonio del Grupo (Eugenio Xavier de Mello, ob. cit. pág. 194).

Dicha ley regula otra figura jurídica a la que se da el nombre de Consorcio (Arts. 501 y ss.). Sin embargo y pese a la identidad de denominación, esta figura no es adecuada para cobijar los llamados Consorcios de Exportación. En efecto, mientras los "consorcios" regulados por la Ley Nº 16.060 implican una vinculación transitoria entre empresas (Art. 501 inc. 1º), el "consorcio de exportación" crea normalmente entre ellas una vinculación permanente, que se mantendrá a lo largo del tiempo y se manifestará a través, no de una operación aislada de suministro, sino de una sucesión de operaciones de exportación concertadas con diferentes compradores externos. Además, los "consorcios" de la Ley Nº 16.060 no tienen personalidad jurídica (Art. 501 inc. 3º).

Por su parte, cabe descartar el empleo de las fórmulas societarias, debido a que mientras las sociedades comerciales se constituyen a los efectos de obtener utilidades en común que serán luego distribuidas entre los socios, ello no ocurre en los Consorcios de Exportación, los que por definición cumplen una función auxiliar respecto de sus miembros, no teniendo por finalidad la obtención y distribución de ganancias sino facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros en el área del comercio exterior, y mejorar o acrecer los resultados de esa actividad.

12.- Para la elaboración de este proyecto, se tuvo en cuenta tanto el proyecto presentado por el Diputado Sebastián Da Silva en la Legislatura anterior, como los trabajos realizados por un grupo especial integrado por funcionarios del Ministerio de Industria y Energía (DINAPYME), del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y del Instituto Uruguay XXI, que contó con el asesoramiento del Dr. Eugenio Xavier de Mello y del Cr. Antonio Maeso y en el marco de cuyos trabajos fueron consultadas la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y la Unión de Exportadores del Uruguay, muchas de cuyas valiosas sugerencias fueron incorporadas a un anteproyecto que fue redactado finalmente por el Dr. Eugenio Xavier de Mello, sin que el mismo adquiriera estado parlamentario.

13.- En el artículo 1º se caracteriza al Consorcio de Exportación en función de su objeto y finalidad, atribuyéndosele la forma jurídica de Grupo de Interés Económico, con lo que se opta por conferir al Consorcio una forma jurídica ya existente en lugar de dotarlo de una forma jurídica original y específica.

Al contemplarse la admisión como miembros del Consorcio de Exportación tanto de personas físicas como jurídicas se autoriza la integración al mismo no sólo de empresarios colectivos, sino también de empresarios individuales.

La exigencia de que se trate de titulares de empresas se establece para evitar que se constituyan Consorcios de Exportación integrados por un empresario y personas que no lo son, y en los cuales el único miembro empresario terminaría aprovechando en solitario las ventajas de formar parte de un consorcio, pero sin que el mismo desempeñara realmente su papel de instrumento para la cooperación inter-empresarial en el ámbito del comercio exterior. Al mismo propósito apunta lo dispuesto en los artículos 5º y 12 inciso 3.

14.-En el artículo 2º, se establece que los Consorcios de Exportación deberán constituirse con capital, haciéndose así obligatoria una exigencia que en el régimen general de los Grupos de Interés Económico constituye una mera posibilidad (Art. 489 inciso 2 de la Ley Nº 16.060).

La razón es que al dejarse de lado por el artículo 3º respecto de los Consorcios de Exportación la responsabilidad subsidiaria y solidaria de sus miembros, que es de principio en los Grupos de Interés Económico (Art. 489 inciso 2 de la Ley Nº 16.060), se consideró que debía proporcionarse a los terceros que con el Consorcio contraten al menos la garantía genérica representada por el capital consorcial.

Al disponerse que queda excluida la responsabilidad de los miembros del consorcio por las obligaciones asumidas por éste, se elimina además el principal inconveniente que se planteaba respecto a la utilización de la figura de los Grupos de Interés Económico (Art. 495 de la Ley Nº 16.060).

15.- El agregado que según el artículo 4º debe contener la denominación de los Consorcios, cumple la función de permitir la rápida y correcta identificación frente a los terceros que con ellos contraten, de la figura y su régimen jurídico, objetivo que debe asegurarse aún cuando dicha denominación resulte muy extensa. Es precisamente para evitarlo que se admite la utilización de la sigla "C.E.".

16.- Con lo establecido en el artículo 5º, y sin perjuicio de admitirse que las participaciones de los integrantes del consorcio puedan ser desiguales, se busca impedir el control del consorcio por uno solo de ellos, o por más de uno que forme parte con otros consorciados de un mismo grupo económico.

Con la fórmula adoptada, se cumple razonablemente dicha finalidad, al menos en relación a los Consorcios con cuatro o más integrantes, que se supone han de ser la mayoría. Dado que de la aplicación de dicha fórmula a los Consorcios de dos o tres integrantes, podría derivar que uno de ellos tuviera una participación mayoritaria, sería conveniente que al constituirse estos Consorcios se adoptara para las asamblea un régimen de mayorías que impidiera que las decisiones pudieran en definitiva ser adoptadas con el voto de uno solo de los consorciados.

Cabe señalar que en los Consorcios integrados por solo dos integrantes, por aplicación de la referida fórmula, ninguno de ellos podría superar una participación del 75% (dado que el otro integrante nunca podría participar con menos del 25%).

Respecto de la expresión "grupo económico", la misma ha sido utilizada por el Legislador, aunque sin definirla, en el Art. 14 de la Ley Nº 17.292 y en el artículo 1º de la Ley Nº 17.613. Se entiende que existe un grupo económico cuando dos o más empresarios personas físicas o jurídicas responden a un mismo centro de interés y se someten de manera total o parcial a una dirección unificada, más allá de que las relaciones que existan entre dichos empresarios sean de control o de simple coordinación. En el proyecto, se comete al Poder Ejecutivo la delimitación del concepto de grupos económicos a los efectos de la aplicación de esta ley.

17.- En el artículo 6º se adopta para la toma de las resoluciones de las asamblea el régimen de mayorías previsto por la Ley Nº 16.060 para las sociedades colectivas, por entender que es el que mejor se adapta a la composición, estructura y función de los Consorcios de Exportación. De esa manera se descarta la aplicación de la norma excesivamente rígida vigente para los Grupos de Interés Económico (Art. 496 de la Ley Nº 16.060), según la cual si las partes no disponen otra cosa, las decisiones de la asamblea se adoptan por unanimidad.

18.- En el artículo 7º, se describen las diferentes formas de actuación del consorcio pero dejando abierta la posibilidad de que las partes establezcan otras modalidades operativas.

A los efectos de evitar al Consorcio la pérdida de oportunidades de negocios, y como forma complementaria de financiamiento del mismo, se admite su intervención en operaciones con terceros en las que no tenga interés directo ninguno de sus miembros, aunque con un límite establecido por la ley.

19.- Con lo establecido en el artículo 8º se evita la aplicación al Consorcio del Art. 494 inciso 2º de la Ley Nº 16.060, que sólo declara obligado al grupo por los actos de sus administradores comprendidos en el objeto del primero y no por los actos conexos con dicho objeto.

El concepto de acto conexo, por su carácter objetivo, es también más amplio que el de actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, lo que marca también una diferencia con el criterio seguido por el Legislador en re-lación a las sociedades comerciales (Art. 79 de la Ley Nº 16.060).

20.- En el artículo 9º, se prevé que sean las mismas partes las que determinen la forma de financiación de los Consorcios de Exportación que integren, para lo cual podrán optar libremente dentro de las diferentes modalidades disponibles a esos efectos. Si bien se tuvo en cuenta que la manera tradicional de financiamiento de dichos Consorcios son las contribuciones iniciales o posteriores de sus miembros, se prefirió admitir que los mismos se financien también por otras vías, como por ejemplo mediante los pagos que les efectúen sus integrantes como contrapartida de la utilización de los servicios prestados por el Consorcio. Cuando éstos actúen como intermediarios comerciales, podrán financiarse asimismo con la diferencia entre el precio de compra y el de reventa.

En este aspecto, los consorciados podrán optar, ya sea al constituir el consorcio o luego en virtud de decisiones de la asamblea, por la alternativa que les resulte más adecuada.

21.- Mediante lo dispuesto en el artículo 10, se trata de asegurar el apoyo institucional necesario para que resulte facilitada y estimulada la formación y actuación de los Consorcios de Exportación, por entenderse que los mismos han de cumplir una función relevante a los efectos de aumentar la participación en el comercio exterior de las empresas uruguayas, en especial de las pequeñas y me-dianas. Se establece asimismo que el trato diferencial y más favorable que deberán recibir los Consorcios será instrumentado por el Poder Ejecutivo dentro de un término reducido, ya que de no establecerse plazo alguno, se corre el riesgo de que dicha instrumentación se demore, con lo cual esta norma quedaría vacía de todo contenido práctico.

22.- En el artículo 11, se designa la autoridad de aplicación, estableciéndose sus cometidos, entre los cuales se encuentra llevar el Registro de Consorcios de Exportación.

23.- Se estima que la exoneración tributaria prevista en el artículo 12 ha de tener un costo fiscal muy pequeño. Además, cabe presumir que dicho costo se verá compensado ampliamente en virtud del incremento de la recaudación que se generará si los Consorcios de Exportación logran la finalidad perseguida que es fundamentalmente dinamizar la actividad comercial y productiva de las pequeñas y medianas empresas.

Es importante destacar que la exoneración que se dispone y que además es transitoria alcanza sólo al Consorcio pero no a los miembros de éste, los que continuarán estando gravados por todos los tributos correspondientes.

Debe tenerse presente asimismo que por las propias características de los Consorcios de Exportación, los mismos no generarán rentas ni serán probablemente titulares de un patrimonio importante.

Ruperto E. Long. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Me parece importante que este proyecto vinculado con los Consorcios de Exportación, que voy a resumir y explicar con la máxima brevedad posible, haya sido aprobado por unanimidad en la Comisión. El mismo tiene como objetivo promover la actividad exportadora de las PYMES, como parte de una estrategia de fortalecimiento de la competitividad a través de la cooperación entre las empresas.

Como ya dije, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión, donde fue presentado por el Miembro Informante el 18 de mayo del año en curso, habiendo tenido un proceso importante de trabajo que lo ha enriquecido, gracias al aporte de todos sus miembros. En particular, quiero destacar el aporte del Presidente de la Comisión, Senador Rafael Michelini, de la Senadora Susana Dalmás y del Senador Isaac Alfie, sin perjuicio de que todos los miembros hicieron un valioso aporte. Asimismo, se ha trabajado en diálogo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería.

Refiriéndonos concretamente al proyecto, todos sabemos que las PYMES tienen un rol muy importante como generadoras de riqueza y de puestos de trabajo en todos los países, y el nuestro no es la excepción. No obstante, el tamaño del Uruguay -que hace que alrededor del 98% de las empresas sean PYMES- y lo pequeño de su mercado interno hacen que el salto hacia la exportación sea más difícil que en otras economías. Tenemos carencias de diverso tipo: en el ámbito tecnológico, financiero, de información, comercial, de conocimiento de los mercados, etcétera. Frente a esas dificultades, muchos países desarrollados -los casos más notorios podrían ser los de Italia y España- han llevado adelante esta forma que permite asociar empresas a los efectos de las exportaciones, sin que las mismas pierdan su individualidad.

Este proyecto de ley denomina "Consorcios de Exportación" a los grupos de interés económico, es decir, adopta la forma de "interés económico" establecida en la Ley de Sociedades Comerciales, con algunos ajustes en lo que tiene que ver con capital, participación de los miembros, resoluciones sociales por parte de las mayorías, y muy particularmente en cuanto a la responsabilidad -artículo 6º-dado que la limita a las obligaciones de los consorcios y no la traslada a sus miembros. Esto es muy importante a los efectos operativos y está reconocido en la legislación internacional en la materia.

El artículo 10 establece la importancia de que el Poder Ejecutivo brinde apoyo institucional a esta forma, lo que seguramente hará con el apoyo de los Ministerios y otros mecanismos que pueda disponer en la materia.

El artículo 11 establece la creación de un registro y la supervisión de los consorcios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los artículos 12, 13, 14 y 15 tienen que ver con el tema tributario. Han sido tratados con enorme cuidado y establecen el principio de la neutralidad fiscal, por lo que los consorcios tendrán el mismo tratamiento que una empresa con cualquiera de los miembros que la integran. En particular, resuelve algunos problemas como las rentas o el patrimonio que transitoriamente puedan tener y cómo distribuirlo entre las empresas que lo integran. A su vez, da la posibilidad de asimilar a exportaciones las ventas de sus miembros al propio consorcio.

En beneficio del tiempo y de la brevedad, digamos que los artículos 13 y 14 simplemente detallan el tratamiento en cuanto al Impuesto a las Comisiones y al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, para hacer que, efectivamente, esa neutralidad tributaria no sea violentada.

El artículo 15 es el único que establece la posibilidad de un beneficio, en este caso en cuanto a aportes a la previsión social, porque admite que hasta cinco empleados por Consorcio de Exportación, con un sueldo mensual de hasta 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones, puedan ser exonerados del aporte patronal.

El artículo 16 establece las condiciones para acceder a estos beneficios, que son: la inscripción en el Registro -que ya hemos mencionado- y que al menos un 50% del capital del Consorcio sea de propiedad de PYMES; es decir que a las grandes empresas no se veda el acceso a este instrumento, pero se acota su participación en los mismos a un máximo de un 50%. Asimismo, establece los casos en los cuales dichos beneficios pueden cesar.

Asimismo, deseo proponer una modificación de redacción, en el sentido de que en el artículo 5º se suprima el inciso segundo y que, al final del articulado, se agregue un artículo 18, que diría exactamente lo mismo pero con mayor pureza jurídica.

Antes de terminar mi exposición, quiero expresar mi reconocimiento, además de a la Comisión -que ya lo hice-, al doctor Eugenio Xavier de Mello -experto en Derecho Comercial y Catedrático de la Universidad de la República y de la Universidad Católica del Uruguay, quien redactó buena parte de este proyecto de ley-, al contador Félix Abadie Filosof -experto tributarista, que trabajó particularmente en el tema tributario-, a las Cámaras empresariales -particularmente a la Cámara de Industrias-, a la Cámara Nacional de Comercio, a la Unión de Exportadores y a ANMYPE -que compartieron la inquietud, en términos generales, del proyecto de ley- y a los numerosos antecedentes de iniciativas similares que fueran presentados a este Parlamento. La última de ellas fue presentada en 2002 por parte del Representante Sebastián Da Silva, así como por parte de DINAPYME en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, del ex-Senador Juan Raúl Ferreira y del contador Antonio Maeso, que encabezó un grupo de trabajo en el tema.

Para finalizar -tal vez lo que voy a decir haga más comprensible mi preocupación por este tema que, reitero, ha sido tratado con continuidad desde el 18 de mayo en la Comisión, fruto de un trabajo muy cuidadoso-, quiero decir que la primera iniciativa presentada en este Parlamento data de 1987, es decir, de hace 18 años. De modo que si el Senado aprueba esta iniciativa, vamos a dar un instrumento muy importante a las micro, pequeñas y medianas empresas en pos de su inserción internacional y vamos a hacer mucho bien a la gente que quiere trabajar y producir en este país.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador Long que haga llegar por escrito las modificaciones a que ha hecho referencia, a los efectos de colaborar con la tarea de la Secretaría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD

En discusión particular.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: solicito que se suprima la lectura de los artículos y que se voten en bloque, salvo el 5º, pues se han presentado modificaciones.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: además, solicito el agregado de un aditivo, de modo que el actual artículo 18 pasaría a ser 19.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la supresión de la lectura de los artículos y su votación en bloque, salvo el artículo 5º.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º,7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

(Se votan:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: propongo que se suprima el inciso segundo del artículo 5º, que dice: "Los derechos de las minorías serán los mismos establecidos en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) y sus modificativas".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º sin el inciso segundo.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Correspondería pasar a considerar el aditivo presentado a la Mesa por el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: en rigor, este aditivo estaría mejor ubicado como artículo 18 y el que figura actualmente con este número pasaría a ser el 19.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el aditivo propuesto.

(Se lee:)

SEÑORA SECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 18 (Régimen Jurídico).- Los Consorcios de Exportación se regirán, en todo lo no modificado en la presente ley, por las normas establecidas para los grupos de interés económico en la Ley Nº 16.060, de fecha 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) y sus modificativas, así como por las disposiciones de dicha ley que reconocen derechos a las minorías en lo pertinente."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 19, que en el proyecto de ley figura con el número 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

ARTICULO 1º. (Concepto).- Se denominará "Consorcio de Exportación" a los grupos de interés económico cuyo objeto principal o exclusivo sea el de facilitar, promover, preparar, celebrar, ejecutar o tramitar la exportación de los bienes o servicios producidos por sus integrantes. Todos los miembros del consorcio deberán ser titulares de empresas en actividad.

ARTICULO 2º. (Denominación).- La denominación de los consorcios deberá contener el agregado "Consorcio de Exportación" o su sigla ("CE").

ARTICULO 3º. (Capital).- Los consorcios de exportación tendrán un capital mínimo igual al establecido para las sociedades de responsabilidad limitada, que se integrará de la misma forma que el de dicho tipo de sociedades.

ARTICULO 4º. (Participaciones de los miembros).- La participación de cada integrante del consorcio no podrá exceder del doble ni ser inferior a la mitad de la que hubiere correspondido si todos sus miembros tuvieren igual participación.

Los integrantes del consorcio que formen parte de un mismo grupo económico se tomarán como una unidad a los efectos de la aplicación de este artículo. La determinación del alcance del concepto de grupo económico a los efectos indicados resultará de la reglamentación.

ARTICULO 5º. (Resoluciones sociales. Mayorías).- Salvo que en el contrato constitutivo se establezca otra cosa, la asamblea de los miembros del consorcio adoptará sus resoluciones por mayoría, entendiéndose por tal la mayoría absoluta del capital. Si el consorcio tiene sólo dos miembros, las resoluciones se adoptarán por unanimidad. La modificación del contrato constitutivo y la disolución anticipada del consorcio requerirán, salvo disposición contractual en contrario, el consentimiento de al menos dos tercios del capital.

ARTICULO 6º. (Responsabilidad).- Los miembros de los consorcios de exportación no responderán por las obligaciones contraídas por éstos.

ARTICULO 7º. (Modalidades de actuación).- En sus relaciones externas, los consorcios de exportación podrán actuar como intermediarios comerciales por cuenta propia, como mediadores entre sus integrantes y los terceros que con ellos contraten, como mandatarios, comisionistas o consignatarios de sus miembros o bajo cualquier otra modalidad establecida en el contrato constitutivo o dispuesta por la asamblea del consorcio.

La asamblea podrá asimismo autorizar que hasta un 30% (treinta por ciento) de los bienes en cuya compra o venta a terceros participe anualmente el consorcio, no se destinen a miembros del mismo ni hayan sido producidos por ellos.

ARTICULO 8º. (Representación).- En sus relaciones con terceros, los administradores del consorcio lo obligarán por todo acto comprendido en su objeto o conexo con el mismo.

ARTICULO 9º. (Financiamiento del Consorcio).- El consorcio de exportación se financiará en la forma establecida en el contrato constitutivo o, en su defecto, como lo determine la asamblea.

ARTICULO 10. (Apoyo institucional).- El Poder Ejecutivo promoverá la constitución y desarrollo de los consorcios de exportación y adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en las materias relacionadas con el objeto de dichos consorcios, presten a éstos la máxima colaboración y las mayores facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas y las comunicará a la Asamblea General.

ARTICULO 11. (Autoridad de aplicación).- La supervisión y control de los consorcios de exportación estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el que llevará un Registro de los mismos.

ARTICULO 12. (Neutralidad fiscal).- Los consorcios de exportación se regirán por el principio de neutralidad fiscal. En consecuencia, las rentas que accidentalmente obtengan y el patrimonio de que sean titulares se imputarán a sus miembros, a los efectos tributarios, en proporción a su participación en el consorcio. Al reglamentar las disposiciones contenidas en la presente ley, el Poder Ejecutivo cuidará que de la existencia y funcionamiento de los consorcios de exportación no derive para ellos ni para sus miembros la pérdida de beneficios o un costo tributario superior al que se generaría si las operaciones canalizadas a través de los consorcios hubieran sido llevadas a cabo directamente por sus miembros. A tales efectos, podrá asimilar a exportaciones las ventas que realicen dichos miembros y los terceros que participen en las condiciones del inciso segundo del artículo 7º de la presente ley, a los consorcios de exportación de los que forman parte, para la posterior reventa de los bienes adquiridos por éstos en el exterior del país.

ARTICULO 13. (Impuesto a las Comisiones).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Comisiones a las comisiones y otras retribuciones percibidas por los consorcios de exportación en cumplimiento de su objeto.

ARTICULO 14. (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a la enajenación de bienes inmuebles y de los derechos de usufructo efectuada por los miembros de los consorcios de exportación a favor de éste para el cumplimiento de sus cometidos, así como las que realicen dichos consorcios, en el marco del proceso de su liquidación, a favor de sus miembros.

ARTICULO 15. (Aportes patronales a la previsión social).- El Poder Ejecutivo podrá eximir a los consorcios de exportación del pago de los aportes patronales a la seguridad social correspondientes a un número máximo de cinco empleados por consorcio, por hasta un sueldo mensual equivalente a 20 BPC (veinte Bases de Prestaciones y Contribuciones) por cada empleado.

ARTICULO 16. (Concesión y pérdida de beneficios).- A los efectos de que se les concedan los beneficios previstos en los artículos anteriores, los consorcios de exportación deberán acreditar:

a) haberse inscripto en el Registro previsto en el artículo 11 de la presente ley;

b) que la mayoría de sus miembros que representen al menos un 50% (cincuenta por ciento) del capital del consorcio, sean titulares de pequeñas o medianas empresas (PYMES), definidas de acuerdo con los criterios que a tales efectos determine el Poder Ejecutivo.

Dichos beneficios cesarán:

a) en el caso de que los consorcios de exportación realicen actividades ajenas a su objeto o incumplan cualquiera de las disposiciones de la presente ley;

b) en el caso de que no acrediten dentro del plazo de 24 (veinticuatro) meses contado a partir del momento de su registro (artículo 11 de la presente ley), que por su intermedio o en virtud de su participación se realizaron exportación por un mínimo de U$S 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América).

ARTICULO 17. (Conservación de ventajas financieras y tributarias).- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que la participación de los consorcios de exportación en operaciones de comercio exterior no represente para éstos ni para sus miembros la pérdida total o parcial de las ventajas derivadas de la aplicación del régimen general vigente para la prefinanciación de exportaciones.

ARTICULO 18. (Régimen Jurídico).- Los consorcios de exportación se regirán, en todo lo no modificado en la presente ley, por las normas establecidas para los Grupos de Interés Económico en la Ley Nº 16.060, de fecha 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) y sus modificativas, así como por las disposiciones de dicha ley que reconocen derechos a las minorías, en lo pertinente.

ARTICULO 19. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de su promulgación."

19) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 27 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Antognazza, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Topolansky y Vaillant. )

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.