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Nº 178 - TOMO 305 - 12 DE MAYO DE 1987

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

10ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE E. TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 9) Asuntos entrados

4) Capitán Luis Esteban Mussetti. Su fallecimiento

- Exposición del señor senador Lacalle Herrera.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Defensa Nacional, con especial encargo de que llegue al Prefecto General Marítimo, al Comando General de la Armada y al Ministerio de Economía y Finanzas.

5) Horacio Quiroga. 50º aniversario de su muerte

- Exposición del señor senador Fá Robaina.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Educación y Cultura y a la Intendencia Municipal de Salto.

6) "Edificio de las Comisiones"

- Exposición del señor senador Posadas.
- Solicita que la versión taquigráfica pase a la Comisión de Asuntos Administrativos.

7) Normas para prevención y defensa contra siniestros

- El señor senador Fá Robaina solicita que el punto se trate en primer término del orden del día.
- Constancia del señor senador Rodríguez Camusso.

8) Villa de Soriano. Entorno histórico y realidad actual

- Exposición del señor senador Pozzolo.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Poder Ejecutivo para que la curse a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Públicas, a la Comisión Nacional de Preservación de Monumentos Históricos, a la UTU y al Consejo de Educación Secundaria.

10) Prohibición de adquisición de tierras por parte de extranjeros no residentes

- Continúa el proyecto en discusión general.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

11) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 11 de mayo de 1987.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana martes 12, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Exposición de treinta minutos del señor senador Luis B. Pozzolo sobre el tema: "Villa de Soriano - Entorno histórico y realidad actual".

Continúa la discusión general y particular del siguiente proyecto de ley:

2º) Por el que se prohíbe la adquisición de tierras por parte de extranjeros no residentes.

(Carp. Nº 235/85 - Rep. Nº 8/87)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se afectan a favor de la Intendencia Municipal de Colonia y del Ministerio del Interior respectivamente, los inmuebles padrones Nos. 2 y 122 sitos en la 12ª Sección Judicial del departamento de Colonia.

(Carp. Nº 653/86 - Rep. Nº 14/87)

4º) Por el que se desafecta del patrimonio del Estado, Ministerio de Educación y Cultura, el inmueble Padrón Nº 2594, sito en la ciudad de Salto y se autoriza su afectación a la Administración Nacional de Educación Pública.

(Carp. Nº 698/86 - Rep. Nº 15/87)

5º) Por el que se desafecta del patrimonio del Estado la fracción de terreno ubicada en la 13ª Sección Judicial de Montevideo, empadronado con el Nº 409.489 que consta de una superficie de 4.807 mts. 42 cmts., y se afecta al Consejo de Educación Primaria a título gratuito.

(Carp. Nº 697/86 - Rep. Nº 16/87)

6º) Por el que se establecen normas para la prevención y defensa contra siniestros.

(Carp. Nº 674/87 - Rep. Nº 33/87)

7º) Por el que se modifica el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.977, de 11 de diciembre de 1979 (Feriados Nacionales).

(Carp. Nº 544/86 - Rep. Nº 31/87)

8º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con las solicitudes de venias del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura:

(Carp. Nº 728/87 - Rep. Nº 18/87 - Plazo Constitucional vence el 18 de mayo de 1987).

(Carp. Nº 729/87 - Rep. Nº 19/87 - Plazo Constitucional vence el 3 de junio de 1987).

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Alonso, Batlle, Canabal, Capeche, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, Gargano, Ituño, Jude, Lacalle Herrera, Lenzi, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos y Zorrilla.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Batalla, Cersósimo, García Costa, Paz Aguirre y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 12 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 12 de mayo de 1987.

La Presidencia de la Asamblea General remite notas del Tribunal de Cuentas de la República, por las que pone en conocimiento las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

Del Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con pago a funcionarios restituidos y asistencia financiera a la Administración-Liquidación del Frigorífico Melilla.

Del Ministerio de Salud Pública, relacionada con Orden de Entrega Nº 501732 y con la Licitación Pública Nº 294/86.

Del Ministerio de Industria y Energía, relacionado con varias Ordenes de Entrega.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionadas con viáticos de Entrega.

De la Universidad de la República, relacionadas con gastos realizados por las Facultades de Odontología, Medicina, Arquitectura, e Ingeniería.

Del Banco de la República, relacionada con la contratación directa de 12 "Cajas Automáticas".

Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la Licitación Pública Nº 889.

Del Banco de Previsión Social, relacionada con varias órdenes de pago.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Universidad de la República remite la información solicitada por el señor senador Eduardo Paz Aguirre relacionada con la propaganda en favor del referéndum en el interior de locales universitarios.

-A disposición del señor senador Eduardo Paz Aguirre.

La Cámara de Representantes remite aprobado en nueva forma el proyecto de ley por el que se aprueba la Adhesión de la República al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

(Carp. Nº 289/85)

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa con el nombre de "Justino Zavala Muniz" al Liceo Nº 2 de la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo.

(Carp. Nº 778/87)

y por el que se designa con el nombre de "Doctor Ramiro Julio Borrás" el Jardín de Infantes Nº 76 de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia.

(Carp. Nº 777/87)

-A la Comisión de Educación y Cultura.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Convenio de Colaboración en el Campo de la Cultura, la Ciencia y la Educación, suscrito con el Gobierno de la República Popular de Bulgaria.

(Carp. Nº 538/86)

y por el que se aprueban el Acuerdo Comercial con el Gobierno del Reino de Thailandia y el Memorándum de Entendimiento Anexo.

(Carp. Nº 287/85)

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

La Comisión de Defensa Nacional comunica que ha adoptado resolución sobre la solicitud de venias del Poder Ejecutivo para conferir ascensos:

al Grado de Coronel Médico con fecha 1º de febrero de 1986, a varios señores Tenientes Coroneles Médicos;

(Carp. Nº 721/87)

Al Grado de Coroneles de la Fuerza Aérea, con fecha 1º de febrero de 1987, a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 718/87)

y para designar Conjueces del Supremo Tribunal Militar a varios señores Oficiales Superiores.

(Carp. Nº 722/87)

-Repártanse.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa con el nombre de "Doctor Luis Alberto de Herrera" el Liceo Nº 31 de la ciudad de Montevideo.

(Carp. Nº 764/87)

por el que se designa con el nombre de "Dr. Domingo Arena", la Escuela Nº 225, de la ciudad de Montevideo.

(Carp. Nº 765/87)

por el que se designa con el nombre de "Grito de Asencio" a la Escuela Nº 99, de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

(Carp. Nº 723/87)

-Repártanse.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado la invitación formulada por el Presidente de la Cámara del Pueblo de la República Democrática Alemana.

(Carp. Nº 761/87)

-Repártase.

La Junta Departamental de Montevideo, remite nota relacionada con el tema del Boleto de Estudiante.

La Junta Departamental de Durazno remite nota relacionada con la construcción del edificio para el Liceo Nº 2.

La Junta Departamental de Lavalleja remite nota relacionada con el "Desarrollo de la Cunicultura" en ese departamento.

-Ténganse presente.

La Junta Departamental de Durazno remite las siguientes notas:

relacionada con posible situaciones irregulares de algunos ediles.

(Carp. Nº 549/86)

relativa al movimiento de descentralización registral.

(Carp. Nº 685/87)

-Ténganse presentes y agréguense a sus antecedentes.

La Junta Departamental de Artigas, remite nota relacionada con el remate público de las tierras que están en poder del Banco Central.

(Carp. Nº 757/87)

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes".

4) CAPITAN LUIS ESTEBAN MUSSETTI. Su fallecimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa, para la que estaban anotados los señores senadores Lacalle Herrera y Fá Robaina.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: se llamaba Luis Esteban Mussetti y encontró la muerte el pasado 3 de mayo en aguas del Río de la Plata, frente a la costa del departamento de Colonia.

Luis Esteban Mussetti, Capitán de la Prefectura, se encontraba franco y, enterado de que una embarcación deportiva argentina se hallaba en dificultades frente a la Punta de Artilleros, se ofreció como voluntario para acudir a su rescate. Este marino no era un novato; había cumplido más de 2.500 horas de navegación en las embarcaciones "Zodiac", que son las que usa nuestra Prefectura para los rescates en las zonas adyacentes a la costa.

Oficial y marino aguerrido, pocos días antes había tenido un enfrentamiento a tiros, intercambiando una treintena de disparos con embarcaciones que estaban cumpliendo actividades ilegales en aguas nacionales.

Este voluntario, este oficial, aunque no estaba de servicio sintió la necesidad de participar en el rescate de esta embarcación argentina frente a Punta de Artilleros y se embarcó junto con un marinero en la lancha "Zodiac". Los señores senadores las habrán visto: son embarcaciones inflables, de tela engomada; de rápido desplazamiento, pero el material con que se construye indica su propia y excesiva fragilidad.

El día 3 de mayo, las aguas estaban embravecidas; se estaban viviendo esos temporales que azotaron todo el territorio de la República. A la hora 15 y 30, el Capitán Mussetti y su acompañante comenzaron la tarea de rescate. Cuando se aproximaban al lugar del siniestro fluvial, la embarcación, batida por las olas, se dio vuelta y ambos tripulantes cayeron al río. El Capitán Mussetti ayudó al marinero a subir nuevamente abordo y le indicó que se asegurara atándose al banco de la lancha. Cuando él intentaba subir abordo, aferrándose a una de las manijas que tiene en los costados la embarcación, ésta cedió. Su cadáver fue encontrado dos días después en las aguas del río.

Recientemente casado, el Capitán Mussetti no tenía hijos. Sus vecinos de Nueva Palmira, que fueron quienes nos suministraron esta información, sólo pueden hacer comentarios elogiosos de la vida de este oficial.

El Senado se preguntará por qué es recordado en este ámbito un Oficial de la Prefectura que halló la muerte en un acto de servicio. Sin lugar a dudas, un mejor equipamiento podría haber salvado esta vida. Careciendo de salvavidas autoinflable y de trajes de neopreno para el frío -que es el equipamiento estandar en cualquier actividad de este tipo- el Capitán Mussetti no pudo sobrevivir.

Pertenecía a una promoción de diez oficiales de la Escuela Naval en la rama de Prefectura -actualmente nueve oficiales continúan en la misma tarea difícil y riesgosa de defensa de la vida en el mar, de la salvación, del rescate cumplido con medios inadecuados, cuando no inexistentes- y hoy lo hemos querido evocar, porque la vocación marinera y fluvial de la República se nutre de este tipo de episodios en los que luce alto el coraje de los orientales adentrados en el mar.

También, señor Presidente, si queremos y tenemos un ámbito territorial marítimo y fluvial importante y si estamos extrayendo enormes riquezas del río y del mar; si hemos visto crecer nuestra soberanía hasta límites insospechables, llegando hoy a 140.000 kilómetros cuadrados la extensión de nuestra patria húmeda, de nuestra patria fluvial y marítima, es preciso que dotemos a estos servidores de la República de los medios idóneos.

Por ello, hemos puesto de manifiesto este sacrificio, porque quizás pueda servir, para que en la medida de lo posible -todos sabemos las limitaciones que existen -se mejore el equipamiento, se dote del mínimo de posibilidades de enfrentamiento con los elementos, a los oficiales y personal a su cargo.

Es de esperar que la muerte de Luis Esteban Mussetti, joven oficial de la Prefectura Nacional Naval, no haya sido en vano.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras, sea enviada al Ministerio de Defensa Nacional, con el especial encargo de que lleguen a Prefectura General Marítima, al Comando General de la Armada y al Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Lacalle Herrera.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

5) HORACIO QUIROGA. 50º aniversario de su muerte.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Fá Robaina.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: el 19 de febrero pasado se cumplieron 50 años de la muerte de Horacio Quiroga, el consagrado escritor salteño, considerado uno de los más calificados cuentistas de la literatura americana. Con motivo de este aniversario, el Ministerio de Educación y Cultura ha programado diversos actos de homenaje que habrán de culminar con la que se denominará "Semana Quiroga", a realizarse en la ciudad de Salto, cuna del escritor.

Entre esos actos de homenaje, se cuenta la presencia uruguaya en la 13ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se destinó especialmente a homenajear el autor de "El Almohadón de Plumas", bajo el rótulo "El libro: del autor al lector".

Es sabido que Horacio Quiroga, vivió sus primeros 20 años en Salto, donde, además de cultivar el ciclismo fundando el Club Ciclista Salteño, comenzó a escribir integrando un cenáculo literario con sus amigos Alberto Brignole, José Hasda y Julio Jaureche que se llamó "Comunidad de los Tres Mosqueteros".

Se alejó del solar nativo en marzo de 1900 para residir en Montevideo fundando el Consistorio del Gay Saber con sus coterráneos Alberto Brignole, Asdrúbal Delgado, José María Fernández Saldaña y Federico Ferrando.

En un recoleto rincón del Museo Histórico Municipal de Salto, en su sede de la que fuera "La Casona", que Enrique Amorín donara al Municipio, se conservan muchos recuerdos de la vida y la obra de Quiroga, entre los que se cuentan los ejemplares de la "Revista de Salto", que el escritor fundara en setiembre de 1899. En el primer número de esa revista, de efímera vida pues sólo se publicaron veinte números, decía, Quiroga, a modo de presentación: "Todo periódico, al salir a luz, se traza un programa, rojo o blanco.

Es combatiente o es expositivo. Levanta la bandera punzó o rehuye toda idea que no sea tranquila, todo concepto que no equilibre.

Nuestro programa es simplemente de exposición. Abrimos estas columnas a los que en el Salto meditan, analizan, imaginan, y escriben esas meditaciones, esos análisis, esas imágenes.

A los que resuelven un sentimiento en un pensamiento, y un pensamiento en una verdad.

Nada es pensar si no se procura grabar hondamente lo que se piensa. El esfuerzo más impulsivo es impotente, si la palanca quiebra sus brazos, y el concepto iluminado se desvanece en las sombras.

Escribir, siempre que se haya concebido y se crea la gestación completa. Si el pensamiento nace ahogado o degenerado no importa.

El aborto es siempre menos bochornoso que la esterilidad. El que se siente precipitado está por encima del que no puede volar.

Entre nosotros, el pensamiento trabaja, pero teme la claridad. Deslumbra, como una gloria entrevista, y huye huraño, como el que tira una flor y esconde la mano.

Extiende sobre una frente silenciosa sus alas predestinadas, y se pierde en la memoria, sin que un libro recoja su forma.

Porque una columna de sanas reflexiones es más provechosa que cien páginas inéditas.

Lo que se nos dice pasa fácilmente; lo que se lee no se olvida. Aquello impresiona como una belleza pasajera; esto se graba con relieves de agua fuerte.

El abandono -aún para los que están eternamente condenados a sólo admirar- es acusable. Pero es criminal cuando el genio vive en la sangre como una neurosis, cuando acaso con un golpe de alas se puede salvar una bruma tenaz.

La actividad tiene un broche que es el estímulo; y para romperle, hay que dar el asalto, aún, cuando se escale torpemente la brecha.

Si no hay un terreno para la lucha, la cabeza mejor organizada; los que fatalmente llevan en sí la victoria como se lleva una herencia quintaesenciada, se consumirán como el Gran Rebelado, en una lenta visión de laureles.

Una tierra estéril sugiere reflexiones menos dolorosas que un campo abandonado.

Extendemos, pues, las columnas de esta Revista, para los que inicien el ataque, ya como veteranos de una vieja Guardia, ya como tímidos iluminados".

Integrando el ciclo de homenajes al escritor, el Ministerio de Educación y Cultura acaba de editar un folleto titulado "Quiroga por Horacio", que es una muy interesante recopilación, selección de textos e iconografía, a propósito de la cual, es una nota preliminar dice el Director de Cultura, profesor Roberto Andreón: "Este primer folleto Quiroga por Horacio, sólo aspira a reflejar -a través de una cronología y variados textos personales del escritor, que van desde cartas hasta trozos de cuentos y críticas cinematográficas- una imagen básica de sus alegrías y sus angustias, de sus reacciones emocionales e intelectuales frente a los acontecimientos de la vida. A lo largo del año se hará otra publicación, destinada al análisis de su obra y a la divulgación de elementos valorativos y explicativos de la misma. Esta primera aproximación le deja la palabra al autor para que nos hable de sí mismo, de su mundo y de su obra, una de las más auténticas y vivas de nuestra literatura".

La "Semana Quiroga", a cumplirse en Salto en el mes de setiembre próximo, será una ocasión propicia para que el país le rinda el homenaje que aún le debe.

Es ajustado el juicio de Emir Rodríguez Monegal, plenamente compartible, cuando dice: "Quiroga supo atravesar la experiencia modernista viviéndola en su plenitud y en su extravagancia; supo abandonarla luego para crear un arte que le permitiera superar el estilo y las maneras de su juventud. Pudo hacerlo en treinta y cinco años de lucha apasionada porque asimiló las enseñanzas estéticas en forma profunda y porque también profundamente supo vivir su vida y moldear su carácter. Logró vivir y realizarse como hombre y como creador. No es extraño, pues, que su obra parezca hoy la más viva de su generación, la que mejor logró equilibrar las esencias nacionales con la visión profundamente universal. La más ejemplar y de más perdurable huella".

Nosotros nos congratulamos de que, el Ministerio de Educación y Cultura, conjuntamente con el Gobierno Departamental de Salto hayan acometido la celebración de esta "Semana Quiroga", en un muy justo homenaje a la memoria del consagrado escritor uruguayo.

Solicitamos, señor Presiente, que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea cursada al Ministerio de Educación y Cultura y a la Intendencia Municipal de Salto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

6) "EDIFICIO DE LAS COMISIONES"

SEÑOR PRESIDENTE. - Cerrando la lista de oradores anotados para la hora previa, tiene la palabra el señor senador Posadas.

SEÑOR POSADAS. - Deseo aprovechar la circunstancia inusual de que la lista de anotados de hoy para hacer uso de la palabra en la hora previa haya sido tan exigua para formular algunas reflexiones sobre algo que no es uno de los grandes temas que aquejan al país, pero que puede tener cierta incidencia en lo que hace al desempeño de nuestra tarea legislativa.

Quiero hacer un par de reflexiones relacionadas con el "Edificio de las Comisiones", ese anexo que se empezó a construir hace muchos años frente al Palacio Legislativo para desahogar el funcionamiento de este edificio y que actualmente está en vías de culminación. Deseo referirme un poco a algunos de los criterios que parecen haberse empleado en cuanto a su funcionalidad y al destino a darle.

Estoy seguro de que cuando hace muchos años se decidió la construcción de ese edificio, se discutió ampliamente la finalidad que tendría, pero me parece que no está de más, en la medida en que todavía no se ha terminado y quizás se puedan modificar algunas de sus finalidades, hacer unas breves reflexiones en ese momento.

Tengo la impresión de que uno de los criterios que se ha adoptado al determinar la finalidad de ese edificio, es el de trasladar allí los despachos de los legisladores. No me cabe duda de que este asunto habrá sido tratado por gente experta en la materia. Con todo, me permito manifestar mi discrepancia.

Considero que es inconveniente que los despachos de los legisladores estén en ese edificio, al otro lado de la calle, no por una cuestión de dignidad o de importancia -o sea, por entender que los legisladores tendrían que estar en el edificio principal y no en el anexo- sino por una cuestión funcional. Pienso que se pueden plantear inconvenientes si el legislador tiene su despacho lejos del Senado o del ámbito de la Cámara de Representantes. Creo que es inconveniente que el legislador esté en Sala y sus secretarios, sus papeles, y sus carpetas de trabajo estén tan lejos. Desde el punto de vista funcional estimo que sería mucho más conveniente que los despachos de los legisladores estuvieran cerca de las Salas donde trabajamos, donde se desarrolla el momento culminante de nuestra tarea.

Como razón para no seguir este criterio, se aduce que en el edificio principal no hay lugar y que por eso hay que prever en el anexo la creación o la construcción de los despachos de los legisladores; pero sin perjuicio de que esto puede ser controvertible, creo que en el edificio principal del Palacio Legislativo, hay un enorme espacio ocupado por talleres (de carpintería, cerrajería, tapicería), por oficinas, por depósitos, por la contaduría y hasta hay una cantina y una peluquería. Bien se puede pensar que esas oficinas no tienen porqué estar en una proximidad física tan inmediata a la actividad del Cuerpo y que, en cambio, los legisladores estarán más convenientemente ubicados en el edificio central, no por ser central, sino por estar más próximo a las Salas.

Como expresé, si se quiere este asunto no reviste una dimensión de importancia nacional; pero como la culminación de este Edificio de las Comisiones va a ser encarada en fecha próxima creo que es importante hacer este planteamiento porque de concretarse este criterio de que los legisladores tengan sus despachos allá y no acá no sólo va a modificar un viejo hábito legislativo, sino que quizá también va a afectar negativamente el funcionamiento de nuestro trabajo parlamentario.

Simplemente quiero dejar esta observación dicha muy al pasar -que, por otra parte, es compartida por otros muchos señores legisladores- para que la Comisión de Asuntos Administrativos la incorpore a sus diversas preocupaciones.

Nada más.

7) NORMAS PARA PREVENCION Y DEFENSA CONTRA SINIESTROS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el orden del día.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido excusas al señor senador que va a intervenir en el primer asunto del orden del día; pero solicitaría, si no hay inconveniente, que se alterase la misma, tratando en primer lugar el asunto que figura en sexto término, que se refiere a un proyecto por el que se establecen normas para la prevención y defensa contra siniestros, que seguramente no habrá de ofrecer discusión por cuanto es un problema técnico que viene informado por unanimidad por una Comisión del Cuerpo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para ocuparme de la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - No tengo inconveniente en que el tema se trate con la necesaria urgencia, pero, sin perjuicio de reconocer su importancia, la verdad es que desearía referirme a algunos aspectos de ese proyecto. Según es notorio, como me acabo de reintegrar al Senado no puedo hacerlo hoy. Por lo tanto, si el señor senador no tiene inconveniente en ello, solicito que se me dé la posibilidad de que este asunto se examine en el día de mañana. De ser así, agradezco mucho al señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: por el solo hecho de que haya un señor senador que desea ahondar en el análisis de este asunto, desisto de la propuesta que formulé.

8) VILLA DE SORIANO. Entorno histórico y realidad actual.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra en el orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Exposición de treinta minutos del señor senador Luis B. Pozzolo sobre el tema: ‘Villa de Soriano - Entorno histórico y realidad actual’".

Tiene la palabra el señor senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente y señores senadores: he solicitado del Senado, en la reunión del 8 de abril, la autorización para formular una exposición sobre el tema "Villa de Soriano - Entorno histórico y su realidad actual".

Lo he hecho con un real y encendido propósito: llamar la atención sobre un asunto cuyo dramatismo se viene arrastrando de larguísimo tiempo, entre frustraciones y desidios, exaltaciones periódicas y proyectos no concretados, en lo cual acaso todos tengamos que asumir alguna cuota de responsabilidad.

Tal vez pudiera pensarse que como hombres de aquel departamento -que, obviamente, lo somos y lo decimos con natural orgullo, aunque en el "Aquí Nació la Patria" que los sorianenses hemos acuñado para nuestro escudo, más que la vanidosa expresión de un hecho histórico lugareño, es un compromiso con las raíces mismas de la forma de ser nacional- en el fondo de la exposición que vamos a formular haya sólo un propósito de conveniencia regional, lo que por otro lado, no podría ser diminutorio de nuestro cometido. El asunto nos parece más profundo; tiene un alcance realmente nacional, porque estamos hablando de un injurioso olvido hacia el sitio que, con más antigüedad que ningún otro en el país, define, y no sólo físicamente, la arquitectura de la propia Patria.

Hace algunos años, uno de los lugareños, en declaraciones a un medio de prensa de la capital, lanzaba, con desesperación, este llamado: "este es el pueblo más viejo y abandonado del país. Si no arreglan a la brevedad la ruta que nos une a Dolores, esto se acaba". Y añadía el otro problema gravísimo, el de la salud: "Hace 10 años que el médico de Salud Pública está en camino. Y mientras tanto, somos casi 1.200 personas sin asistencia, con una policlínica totalmente desequipada. Si alguien se enferma o se hiere, hay que llevarlo hasta Dolores y tampoco tenemos ambulancia; únicamente la camioneta policial. Y si ha llovido, la ruta queda totalmente intransitable. Estamos en el aislamiento y el desamparo más absolutos". Y concluía: "Lo que este pueblo necesita son fuentes de trabajo, que se instalen colonias agrícolas o granjas en los alrededores".

Debo señalar, señor Presidente, que el problema de las vías de comunicación a que se ha hecho referencia -las frases anteriores fueron dichas en tiempos del régimen de facto- está ahora bastante bien subsanado. Pero lo que no tiene mejoría y, al contrario sigue constituyendo un anatema, es el problema de fondo: el aislamiento social y económico, el forzoso desarraigo y la indiferencia con que esas crónicas dificultades son contempladas desde aquí.

Para que se comprenda mejor el propósito de exaltación que nos guía y, como resultado de él, la necesidad de sacudirnos todos esa, para mí, imperdonable indiferencia, no puedo sustraerme a una breve incursión por los viejos caminos de la historia citando lo que dice Ferrandiz Alborz, en una nota que le publicó "EL DIA" en su suplemento dominical, en el año 1956: "Finalmente en 1708, la reducción pudo asentarse aproximadamente en el lugar que hoy ocupa la villa, llegando a fines de siglo XVII a contar unos 3.600 habitantes" compárese con los 1.200, apenas, a que hacía referencia el lugareño cuyas frases, dichas hace muy pocos años, acabo de citar. "El movimiento de Independencia no le fue propicio. Asediada y bombardeada por la escuadra española, fue decayendo políticamente en la medida que se acentuaba el poder de Montevideo y Colonia. Para menoscabo de su historia, un incendio, a fines del siglo XVIII calcinó la casa del corregidor Don José Martín de San Román, extinguiendo el archivo del Cabildo. Se acabaron los documentos, pues se le acabó la historia. La historia se reduce a papel manuscrito o mecanografiado. Y muda ha quedado la villa de Santo Domingo de Soriano, desde que las llamas le consumieron la voz, y quien no tiene voz, no tiene historia...". Concluye acá la cita del historiador Ferrandiz Alborz.

Me permito, señor Presidente, discrepar parcialmente con esta última afirmación: pueden las llamas haber consumido papeles, pero la voz tiene raíces más hondas y la historia de la Villa, verdadero altar laico de la Patria, no puede haber desaparecido por un incendio. Testimonios bastantes y concretos así lo verifican.

Desde hace algún tiempo, se viene exponiendo a nivel del departamento, entre estudiosos, algunas diferencias respecto a la fecha que debe tomarse como fundación de la que sería Villa de Santo Domingo de Soriano. Ocurre que en 1957, la Intendencia Municipal llamó a concurso para darle a Soriano un escudo en que se reflejara aquello que ha dicho su contribución a la propia gestación de la Patria. Este concurso fue ganado por el artista local señor Wilde Marotta, muy meritorio no sólo como dibujante y artista plástico, sino además por el celo y la dedicación que durante intensos años ha dedicado a desentrañar las verdades históricas de la región, que quiso plasmar finalmente en aquel proyecto de escudo que fue elegido en el concurso a que he hecho referencia.

El escudo -quisiera citarlo muy brevemente, porque es del interés de todos- en lo que es su composición fundamental, reúne características dignas de un breve comentario. Su blasón tiene como figura central un potro criollo, simbolizando la libertad. En todo él campean los tres colores de la bandera de Artigas y de los Treinta y Tres; a esos tres colores y al caballo criollo en galope, les rodea el color oro, que representa la riqueza y el poder. Y sobre todo eso, una leyenda que sintetiza el hondo y trascendente aporte de Soriano a la formación del alma y el cuerpo nacionales: "Aquí nació la Patria".

En la parte superior del escudo, está simbolizado el origen del pueblo uruguayo por una vincha con cinco plumas representando a los indígenas autóctonos y los colores amarillo y rojo representando a la raza española que descubriera, conquistara y colonizara nuestro suelo, unidos por primera vez con la fundación de Santo Domingo de Soriano.

La vincha engarza cinco plumas, cada una de ellas representativa de episodios históricos fundamentales para la formación nacional, que ocurrieron en el departamento de Soriano: en el Fortín de San Salvador, primer establecimiento civilizado en el Uruguay, que Gaboto fundó en 1527; en la fundación de Santo Domingo de Soriano, como primera población del país; en el primer cuartel general de la Revolución establecido en Mercedes el 11 de abril de 1811; el Grito de Asencio, al que por fin, por una feliz iniciativa del señor senador Traversoni, parece que estamos en camino de darle el lugar de relevancia que le corresponde dentro de la celebración de nuestros fastos históricos, y el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales en playa de la Agraciada, el 19 de abril de 1825.

Y a modo de basamento de todo eso una fecha, un año, un símbolo, una forma de orgullo indisputable que, discutido o no, corrido en el tiempo o no, trasladado de una margen a otra del Río Uruguay o no, es expresión de la primera piedra que en el país se puso para empezar a construirlo: 1624.

Es a raíz de esta fecha y nuevas concepciones que van apareciendo a medida que se quiere desentrañar mejor la historia, que se han suscitado últimamente las divergencias a que hacía referencia respecto a la fecha que debe tomarse como mojón histórico de la fundación de Villa de Soriano y, por tanto, de los mismos orígenes de nuestra Patria.

Como queda dicho, en la parte superior del escudo está inscripto el año 1624 como fecha de nacimiento del pueblo de Soriano, y a ella hemos de aferrarnos con el autor del escudo y una copiosa documentación reunida por él y otros prestigiosos historiadores, éstos de relevancia nacional. Pero no puede dejar de expresar que quienes sostienen diferencias con ese criterio son personas muy versadas y dignas, en lo personal, de todo mi respeto. Cito, por ejemplo, al profesor Washington Lockart, que aunque no es nativo del departamento, reside desde hace muchos años en él y ha realizado una obra cultural y de investigación histórica mucho más que significativa.

El profesor Lockart sostiene una fecha distinta a 1624. Su teoría no le resta a Villa de Soriano su condición de población más antigua, anterior a la Colonia del Sacramento incluso, pero difiere con la que tradicionalmente se ha venido sosteniendo, basándose, en sustancia, en un mapa de más o menos reciente ubicación en que Villa de Soriano aparece ubicada sobre costa argentina, de donde según la versión del profesor Lockart, había sido trasladada a suelo oriental aproximadamente en 1662, concretamente a la Isla del Vizcaíno.

En oposición a ella, han aparecido otros documentos: un plano de 1627 que figura en la cartografía del siglo XVII, en un ejemplar de João Teixeira Albernaz fechado ese año, donde se hallan símbolos de población de carácter franciscano, uno de ellos en la punta que forman los Ríos Negro y Uruguay concretamente, en el lugar donde está hoy ubicada Villa Soriano y otro, en suelo argentino, lo que podría dar lugar a la teoría de que, en definitiva, se trataba simultáneamente de dos pueblos.

Otro apasionado conocedor de estos casos, el profesor y maestro Mario López Thode, fallecido hace algunos años y a quien debemos un documentado informe sobre los orígenes de la ciudad de Mercedes, tenía una tesis diferente: sostenía que esa fecha del escudo -1624- debía ser modificada por 1811, porque si decimos que en Soriano nació la Patria la referencia debía ser la proclama que en febrero de ese año hizo Artigas desde el cuartel de Mercedes, poniendo en marcha aquella gesta formidable que pocos meses después culminó con su victoria en el terreno de Las Piedras.

Con toda modestia, y también, naturalmente, sin ánimo de polemizar con quienes han dedicado toda una vida al estudio de estas cosas y, además, porque no es aquí ni ahora que habremos de ratificar o rectificar la verdad histórica, nos parece imprescindible la siguiente reflexión.

Una cosa es el momento o el año en que aparece el primer vestigio de una sociedad nacional, y otra -naturalmente tan relevante como aquella, pero distinta- en que esa sociedad se organiza para alcanzar su independencia.

Más aún: ¿sin sociedad nacional antes organizada, de qué independencia para ella podría hablarse?

Por tanto, una cosa es decir aquí nació la Patria y otra, desde aquí se elaboró la independencia de la Patria o se ayudó a lograrla, y ambas verdades no son contrapuestas. Por el contrario, en el caso de Soriano, al final se complementan porque es el mismo escenario de ambas cosas.

Hablamos, entonces, de un pueblo que, sin acordarle virtud, nos recuerda el amor a la madre patria -España- que llevó al Nuevo Mundo su religión, su lengua y su sangre. Además, somos descendientes de nuestros aborígenes indígenas, nuestros antepasados a los que tenemos la necesidad de honrar.

Días atrás, al discutir en esta Sala el problema de la tenencia de la tierra por los extranjeros, en un cordial toque de humor señaló el señor senador Batlle que de todos los que estábamos en esta Sala, sólo quien habla en estos momentos, por su descendencia chaná, podría invocar su condición de oriental auténtico. Creo que hay razones a la vista como para no contradecir las expresiones del señor senador Batlle. Pero, aunque me sentiría privilegiado, por mi destino de que así realmente fuera, me limito a indicar -como reclamo de devoción a nuestros aborígenes indígenas que compusieron la primera población del país y fueron, como labradores, el embrión inicial de nuestro desarrollo- estos dos hechos.

El doctor Eugenio Petit Muñoz, en sus frecuentes estadías en Soriano y en cursillos que dictaba, miraba fijamente a sus conterlulios y era frecuente que, después de examinar sus rasgos, uno a uno les fuera diciendo: usted tiene ascendencia indígena. Y en muchos casos los interesados, curiosos, sorprendidos por esta afirmación, buscaron sus antecedentes genealógicos y llegaron a reastrearlos en tercera y cuarta generación.

Por otro lado, datos que recientemente difundieron algunos medios de prensa, determinan que en el Hospital de Clínicas se realizó un relevamiento, estableciéndose que en un 40% de la población nacional están las raíces de la sangre indígena.

Una cronología muy sucinta de las fechas que dieron lugar a esta historia que ahora nos ocupa, determina que en los siglos XV y XVI España y Portugal, empeñados en la exploración de los mares y en la conquista de tierras, tuvieron muchos altercados, pero la diplomacia evitó guerras que hubieran tenido, sin duda, consecuencias desastrosas. Portugal ampliaba sus derechos y trazaba sus propios límites: al norte, el Amazonas; al sur, el Río de la Plata, según lo indica la cartografía de la época. Hasta 1640 Portugal estuvo unido a España. En diciembre de ese año se produjo la rebeldía de los portugueses, que finalizó con el tratado de paz del 13 de febrero de 1668. Portugal, o sea, la Corte de Lisboa proyectó llevar sus límites meridionales del Brasil al Río de la Plata. La ambición llevó a los portugueses a apoderarse de dominios españoles y fundó la Colonia del Sacramento en 1680 y con ello llamó la atención del mundo sobre la importancia comercial de esta zona.

En 1680, desalojados los portugueses, se realizan laboriosas negociaciones diplomáticas entre Lisboa y Madrid, que culminan en lo que se llamó el Tratado de Madrid.

De la documentación que da pie a este tratado -por eso lo he citado- se extraen muchas noticias de Santo Domingo de Soriano y también de la famosa colección de manuscritos de "De Angelis", existente en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.

Veamos algunos hechos:

En 1520, una carabela explora nuestra región; a su frente viene Rodríguez Serrano, quien conoce nuestras islas, el Río Uruguay y el Río Negro.

En 1527 se levanta un pequeño fuerte, el primero en nuestro territorio, con el nombre Espíritu Santo o San Salvador, a orillas del río del mismo nombre en territorio de Soriano, pero los españoles son desalojados por nuestros indígenas. En 1573, Juan Ortiz de Zárate levantó, en la desembocadura del río San Salvador, el poblado llamado Zaratina, que debió ser abandonado tres años después por el aislamiento y la falta de colonos.

En 1611, hay otro mojón histórico de profunda significación, siempre vinculado a aquel departamento, a aquella zona y, naturalmente, a los intereses nacionales: Hernandarias, que desde 1608 venía realizando excursiones en esta Banda y ese año había propuesto al Rey poblar estas tierras con hombres de Castilla, e introduce al Uruguay, por la Isla del Vizcaíno, los primeros ganados vacunos, operación que ha de repetir seis años después, en 1617.

Estamos, pues, ante la clave de una fecha -1624- en que, según Domingo Ordoñana en sus Conferencias Sociales y Económicas, en la Isla del Vizcaíno, con indios chanáes, se fundó un pueblo. Allí ha de permanecer la población hasta los primeros años del siglo siguiente. En un principio se sostuvo que el traslado del pueblo a tierras firmes se había producido en 1708, porque esa es precisamente, la fecha en que el acto es autorizado en la ciudad de Trinidad, puerto de Buenos Aires, por el Gobernador y Capitán General de las Provincias del Río de la Plata, General Manuel A. Velazco y Texada.

Documentos hallados con posterioridad indican que el pueblo recién fue trasladado 10 años después, en 1718, como lo certifica el relato de la visita que realizara el Obispo de Buenos Aires Fray Pedro de Fajardo.

En este documento se establece que Santo Domingo de Soriano se hallaba establecida en una isla "de tan mal suelo que no se podía labrar iglesia en él, y aunque había intentado muchos años, no se lograba conseguir por la repugnancia de los naturales".

Zavala, que llegaría a Buenos Aires en 1717, fue quien hizo merced al pueblo de Santo Domingo de Soriano de las tierras donde se asentaría en definitiva, tierras que según otro testimonio se empezaron a poblar luego de haberse "aquietado los infieles con los varios golpes que le dieron y retirados a larga distancia, los que quedaron... con algunas pocas vacas que tenían y las también muy pocas que se podían comprar dada su escasez en el período que va desde 1750 a 1764".

Señor Presidente: muy a mi pesar acaso esta exposición se vaya convirtiendo en un pequeño y desprolijo ensayo de historia.

En mi descargo señalo que omito la cita de mucha documentación y una extensa cartografía, toda ella confirmatoria de la importancia que aquella reducción inicial tiene como basamiento de la nacionalidad.

Permítaseme, para dar un pantallazo de lo que era Villa de Soriano en la segunda mitad del siglo XVIII -lo que a su vez nos permite una visión general de la Banda Oriental en esa época- hacer esta breve referencia: "En el pleito promovido por el Cabildo de Santo Domingo de Soriano contra Julián de Gregorio Espinoza por tierras y ganados se encuentran interesantes informaciones. En Oct. 1772, habían en dicho Real Pueblo, cuatro pulperos que eran por la antigua costumbre quienes pagaban la congrua o sinodo al cura, cárcel y cuartel de los soldados que comandaba el regidor y Justicia mayor y el Cabildo, integrado por los Alcaldes de 1er. y 2do. voto, el Alférez real, cuatro Regidores y un Procurador General.

El vecindario estaba constituido por descendientes de indios chanáes, pero convivían con ellos matrimonios españoles, mestizos y mulatos.

Refiriéndose a los sucesos más trascendentes de la vida del pueblo decía el protector de los naturales: "Estos indios chanáes, han concurrido a pacificar las tierras del Rey desalojando en los principios de este siglo a los franceses y portugueses de Montevideo, Maldonado y Castillos, en su pueblo se han defendido con suma constancia en su mayor pobreza, de todos los indios bárbaros de la otra banda y han defendido y pacificado aquel pedazo de tierra (que les concediera Zavala)... a su costa hasta el año 1750 y después acá han estado siempre con las armas en la mano contra los indios cimarrones y contra los ladrones y partidas del Río Pardo".

Dicha persecución de los infieles charrúas, minuanes y bohanes hasta el año 50, llegó a tan alto grado que los habitantes sólo se podían mantener protegidos detrás de vallados de palo a pique dentro del propio pueblo.

La iglesia no tenía sacristía; con la colaboración del pueblo se logró en dos días levantarle, además de un cuarto para el cura. También se procuraba el establecimiento de una escuela, esta iniciativa fue tomada por el Presbítero Méndez durante su campaña de cristianización en el pueblo, en el año 1766, según dice la crónica.

No es de extrañarse pues que -esto es uno de los hitos más importantes en la vida de la Villa- dentro de este contexto social y económico, la Villa sea de las primeras en pronunciarse a favor de la Revolución Artiguista de 1811, y que sea ella la que por intermedio del cura párraco doctor Tomás Xavier de Gomensoro, inscribiera como muerto al régimen español, en el Libro de Entierros de Santo Domingo de Soriano. En los mismos días, sus vecinos reunidos en Cabildo Abierto, se pronunciaban también por la Junta de Buenos Aires. Este documento exhumado por Mariano Berro, es considerado por el historiador doctor Eugenio Petit Muñoz, como único en los anales del mundo. Quiere decir que en un libro donde se anota la defunción de las personas una mano encendida de sentimiento de patria, estableció el fallecimiento de un régimen opresivo contra el cual comenzaban a combatir.

Y ya que hablamos de la Revolución Artiguista es oportuno indicar que el escenario de Villa de Soriano -para ubicarlo fugazmente en el cuadro que, rápidamente estamos realizando del entorno de este lugar- cubre una parte muy importante en la vida del Protector de los Pueblos Libres.

A la sazón Artigas estaba al servicio de la Corona y realizaba vastas y contínuas excursiones por aquella despoblada campaña.

Aparece aquí, como resultado de sus estancias en la Villa, el primer nombre de mujer ligado a su vida sentimental: Isabel Sánchez o Velázquez o Velazco, "Una Sombra-Isabel. Sólo un Nombre... Y un Hijo".

Así la describe el doctor Luis Nonavita en su hermoso libro "Las Mujeres de Artigas".

No obstante, el paso del tiempo y el trabajo paciente de los investigadores históricos ha desentrañado los verdaderos perfiles de esta sombra -Isabel- de que nos habla en su trabajo el doctor Bonavita.

Ahora se sabe que de aquellos amoríos de Artigas con Isabel nacieron cuatro hijos, todos en Villa de Soriano: Juan Manuel, el 3 de julio de 1791; María Clemencia, el 14 de agosto de 1793; María Agustina, el 4 de agosto de 1795; y María Vicenta, el 24 de octubre de 1804, todos en la Villa.

Ella vivió en una chacra cuyos límites han sido delineados ahora en una manzana despoblada y cultivada donde hasta hace algunos cuantos años persistían los naranjos centenarios que fueron testigos y reposo de aquél hondo romance del Héroe.

Dice Elisa Menéndez, maestra mercedaria que estuvo en la dirección de la Escuela El Solar de Artigas, en las afueras de Asunción del Paraguay, en su magnífico libro "Antes de 1810", bajo el subtítulo "Amores y Amoríos de Artigas":

"Largo debió ser el romance de Artigas con la joven chaná, junto al umbroso Río Negro, pues entre el primero y el último vástago conocido, media un lapso de casi tres lustros; 1791-1804. Acaso fue Isabel la mujer que inspiró el amor más profundo y duradero en aquel espíritu juvenil, que más tarde se tornara enigmático y reconcentrado, y tal vez la única, también, que puso un destello de felicidad en su vida, pues cuando Artigas presentó su solicitud de matrimonio el 29 de julio de 1805, que como militar y consanguíneo de su futura esposa Rafaela Rosalía Villagrán debió hacer ante el Virrey y las autoridades eclesiásticas, se expresaba así: "Las causales que mueven al Suplicante en su solicitud son el deseo de sacar de la especie de orfandad y pobreza en que se halla la expresada su Prima, siendo hija de una madre viuda sin haberes ni auxilios seguros para su subsistencia como es público y notorio y de que teniendo ya casi al cumplir, treinta años de edad como lo manifiesta la fe de Bautismo que se agrega, es ya muy difícil que halle marido que la sostenga en los términos del suplicante, es capaz para su bienestar. José Artigas".

SEÑOR UBILLOS. - ¿Me permite, señor Presidente, para una cuestión de orden?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ubillos.

SEÑOR UBILLOS. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador, en vista de que el mismo está por finalizar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO. - Agradezco al Senado y, particularmente, a mi coterráneo el señor senador Ubillos, la gentileza que tuvo al formular esta moción.

Hacemos una referencia a Juan Manuel, el hijo que Artigas tuvo con Isabel de quien dice Elisa Menéndez en la obra citada "Antes de 1810": "Creció a la sombra de su ilustre progenitor. Se le conoce con el nombre de Manuel Artigas, reconocido por su padre. Entre las pocas cartas familiares que nos han llegado, se encuentran dos dirigidas a Manuel, en una de las cuales se despide con estas sacramentales palabras: "Recibe la bendición de su padre. José Artigas". Y después: "Manuel acompaña a su padre a lo largo de su azarosa vida de guerrero, hasta que lo ve perderse en las selvas paraguayas. En el parte de la batalla sobre Mocoretá -1820- Ramírez nos ha dejado estos datos: "Lo puse en tales aprietos -se refiere a Artigas- que dejó ensillado su caballo y se escapó en las ancas del que montaba su hijo Manuel".

Y bien, señor Presidente, tal es mostrado a rápidos brochazos, el entrañable cuadro que dibuja la primera fisonomía de la Patria, el rostro venerable de la nación embrionaria que después modelaría Artigas con las aristas más relevantes de su formidable personalidad: el coraje acrisolado en mil desgarrones, el desamparo y el sufrimiento como herencia directa de aquella nación indígena, errante, que constituye el basamento de nuestro país, y la idea, bandera que definió la Patria y fundamentó la República.

Sólo nos queda, y lo haremos con la mayor economía de tiempo, referirnos a la realidad presente, esta actualidad que nos sacude en forma de congoja, y por qué no decirlo, también a modo de vergüenza, al ver que tan glorioso pasado vegeta y hasta se eclipsa en medio de diferentes formas de olvido y de desidia.

En 1984, al escribir un artículo para el diario "El Día", a propósito de estos sentimientos, trazábamos de Villa de Soriano esta breve semblanza: "Villa contra el río, envuelta por la planta caníbal del latifundio. Zafreros montaraces, pescadores, pensionistas a la vejez, viejas muy viejas haciendas gordas, chiquilines entecos, emigración temprana... Y olvido. De vez en cuando, algún vestigio de la nación chaná-timbú que allá en el alba, esquivando intemperies y las estampidas de tribus iracundas, derivó sus tolderías y nostalgias por el hosco entrecejo de los montes en las islas del Hum. Hasta que un siervo del Rey le concedió en tierra firme la gracia del último encallamiento. Timbó a la entrada, como sombrilla monumental. Cuentan que a su sombra soltó Artigas el prolífero plumón de sus amores. Entonces servía a la Corona y en medio de cada patrullaje le esperaba como un remanso el amor de la Sánchez o Velázquez entre los naranjales de una chacra de rastro perdido. Mozo aún, la gloria ya le bronceaba las sienes, ardientes de la luz inmortal que encienden las ideas. Iglesia en una esquina de la plaza, una sola torre muda la campana. Su modestia invita a la fe; ninguna ostentación terrena desmerece el ejemplo desamparado de Jesús. Santos de pequeño porte, rústicos, de pelo hirsuto y negro natural, acaso de algún indígena que fue compañero de la congoja errante de Tabaré. Dos calles anchas, paralelas, flanqueadas de naranjos. Baldíos, vallados exuberantes de sarmientos, algunas rejas y aljibes coloniales... Transversales blancas de sol, conchilla y arena; a los costados, lo que más puede verse: ranchos y chiquilines. Por ventura, alguna casita nueva que se ha venido haciendo a remozones, como cada uno de los días de la vida. Todo trasmite el aliento embalsamado de la historia, anatema y quimera de siesta larga en aldea colonial. Y de probera. En esto, todo anatema, nada quimera... Es como un corazón viejo pero virgen que todavía espera desangrarse en amores. En algún sitio de la linde, ya desaparecido de fatigada incomprensión decía un cartel, como por Cédula lo mandó el Rey en 1802: ‘Muy noble, valerosa y leal Villa Santo Domingo de Soriano’. Y como fluye de las venas abiertas de la historia: ‘Aquí nació la Patria’.

La Villa, por lo expuesto, toda ella es un monumento nacional. Contiene a la vez inapreciables bienes de valor histórico. La iglesia parroquial, como ya he dicho enclavada en un ángulo de la plaza, templo construido hacia fines del siglo XVIII, con sus santos vestidos y de pelo natural, y una valiosa campana que donara el General Rivera, que recibió el cañoneo de la escuadra española que comandaba el Capitán Juan A. Michelena en el combate del 4 de abril de 1811. La casa de los Marfetán, a que me he referido en este Senado en fecha muy reciente, ha sido reconstruida casi totalmente, pero todo lo que se hizo para ello está como cristalizado en el abandono. Hay allí una persona desde que se iniciaron en 1966 los trabajos de reconstrucción, a la que se le encargó del cuidado permanente, pagándosele ¡N$ 2.000 mensuales!, debiendo hacerse cargo del costo del consumo de agua y los útiles de limpieza.

Hace pocos días, conversando sobre este punto con la señorita Ministro de Educación y Cultura- que tuvo allá un hermano médico, un verdadero misionero de imborrable memoria, el doctor Hugo Reta- nos decía que es su propósito convertir a la brevedad a esta casa en un museo.

Otro bien de valor histórico es el cementerio, con una portada antiquísima, verdadera reliquia histórica de origen colonial, donde se encuentra la tumba de Gervasio Galarza; el edificio de la Aduana, construido hacia 1860 para alojar turistas que venían a buscar del río sus propiedades curativas; la casa de Gervasio Galarza, donde vivió el citado doctor Hugo Reta; la manzana a que ya hemos hecho referencia, donde Artigas vivió sus amores con la Sánchez y que bien podría adquirirse o expropiarse para destinarlo a una plaza pública que evocara para siempre aquella parte ardiente de la vida del héroe; el muelle de maderas carcomidas, cuando no faltantes, cuya visión nos recuerda a cada momento que se han venido sucediendo los gobiernos, llevando -y estoy hablando de más de 25 años- la promesa de una remodelación que todavía está en el plano de la promesa.

Mi referencia final debe centrarse en lo que indicaba al comienzo, o sea, el llamado de atención que hace falta, el impostergable sacudimiento que a todos nos debe alcanzar a fin de salir de algo que está como congelado en sus viejas glorias, pero atormentado por una realidad presente que produce honda aflicción.

En la Villa sólo han quedado viejos, porque los jóvenes, tan pronto empiezan a serlo, emigran preferentemente hacia la otra costa del río Uruguay, al revés de lo que según algunos historiadores, hicieron los chanáes precursores.

En esto hay un agotamiento de paciencia; paciencia y apego que tuvieron los primitivos moradores del sitio cuando hacia 1784, un sacerdote recién llegado, con 27 años de edad. Manuel Antonio de Castro y Careaga, advierte que las tierras son bajas y anegadizas. Tiene la visión de este destino marginado, tan apartado del cruce de los caminos y por ello propone el traslado del pueblo a un sitio mejor. La disputa de los cabildantes y lugareños, apegados entrañablemente a su tierra pese a las vicisitudes, con el joven sacerdote dio lugar a largas y muy áridas disputas. Al fin triunfó a medias el sacerdote, y el Virrey y demás autoridades civiles y eclasiásticas, de cuya voluntad dependía el proyecto, le autorizan no a llevarse el pueblo, pero sí a fundar una parroquia, ayuda del Curato, cosa que hizo a costa de su peculio, en suma, la Capilla Nueva, primera construcción de lo que luego sería la ciudad de Mercedes.

No voy a abundar, señor Presidente, sobre la realidad actual de la Villa, porque me parece que la preocupación que he querido trasmitir surge claramente de esta desprolija exposición. Tampoco voy a decir lo que, a mi juicio, podría hacer a modo de paliativo o solución a esto, porque entiendo que es más conveniente solicitar al Senado que la versión taquigráfica de mis palabras se pase al Poder Ejecutivo, con la especial recomendación de que a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se constituya una Comisión Técnica que visite el lugar, se compenetre de estas realidades y, en definitiva, nos ofrezca alguna solución que creemos es absolutamente imperativa e impostergable.

También solicito que la versión taquigráfica se curse al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión Nacional de Preservación de los Monumentos Históricos, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a UTU, que tiene allí un centro cultural muy desmerecido en los últimos tiempos, y al Consejo de Educación Secundaria, apuntalando de esta forma el reclamo popular del liceo, que es otro de los graves problemas que tiene la Villa. Cada año, al comenzar el ciclo secundario, se debe hacer un esfuerzo tremendo para conseguir un viejo ómnibus que traslade a los estudiantes de Villa Soriano a Dolores y viceversa. Ese ómnibus sale de mañana llevando a los alumnos y recién regresa por la noche, pero hay alumnos que por tener el turno matutino, al terminar éste, deben esperar, aun en pleno invierno, y en lo que es un ámbito ajeno, que termine el turno vespertino para poder tomar el ómnibus que los lleve de regreso a su pueblo.

Con estas palabras, señor Presidente, quiero cerrar esta exposición y agradecer al Senado la oportunidad que me ha brindado para realizarla.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Creo que después de una exposición reglamentaria se puede hacer uso de la palabra. Es así que no voy a emplear mucho tiempo y casi lo podría por vía de fundamento de voto.

Quiero expresar mi total solidaridad con el planteo que ha hecho el señor senador Pozzolo. Hace algún tiempo también visité esta población y pude apreciar cabalmente las características que el mencionado señor senador esta tarde ha destacado en su exposición. Desde los tan atractivos aspectos históricos que guarda esta población, pasamos a contemplar lo que podría casi señalar como un pueblo abandonado, un pueblo de una época ya lejana, en virtud de las carencias de los elementos fundamentales que abundan en otros centros del país y que allí escasean. Fue así que estuvimos hablando con la Comisión de Vecinos que ha tomado a su cargo el reconquistar una serie de cosas que han ido perdiendo con el correr del tiempo en este pueblo semiolvidado en un rincón del departamento de Soriano.

Es ésta, entonces, una oportunidad propicia para que, respondiendo a esta Comisión que formulara diversos planteos sobre la angustiosa situación por la que atraviesan, me solidarice con las expresiones del señor senador Pozzolo, quien ha tenido la buena idea de hacer este planteo para conocimiento de todo el Senado y la República, con lo que esperamos que los organismos competentes tomen las medidas del caso para devolver a esta población todo lo que ha perdido y supere así las carencias que permanentemente está padeciendo.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR UBILLOS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS. - Señor Presidente: sin querer introducirme en los hechos históricos que tan bien ha enumerado el señor senador Pozzolo, quiero manifestar que me solidarizo totalmente en cuanto a las expresiones que ha vertido respecto del olvido en que se encuentra esta histórica Villa de Soriano.

Muchos son los problemas que padece esta población y también muchos son los años que han pasado sin que se les haya podido encontrar solución. Espero, sí, que algún día esta situación pueda arreglarse. Puedo decir que siendo diputado, en la década del cincuenta y años subsiguientes, me ocupé varias veces en el seno de la Cámara de Representantes de las circunstancias por las que atravesaba Villa Soriano, sin que hasta ahora se les haya podido encontrar solución.

En esta oportunidad, espero que los servicios públicos tomen en cuenta la exposición del señor senador Pozzolo, para tener así la felicidad de sentir que el país recuerda su Villa más histórica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Lamento distraer la atención del Senado por una cuestión en cierto sentido prosaica, sobre todo después de haber escuchado la tan interesante y documentada exposición del señor senador Pozzolo, cuyas referencias históricas a la vida de nuestro prócer son realmente dignas de destacarse y van mucho más allá de lo que es común en disertaciones de este tipo.

Concretamente, solicitó que se dé cuenta de los asuntos entrados llegados a la Mesa fuera de hora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de dos asuntos entrados llegados a la Mesa.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 12 de mayo de 1987.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se dispone que la cruz erigida con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, sea mantenida en su emplazamiento original.

(Carp. Nº 769/87)

-Repártase.

Los señores senadores A. Francisco Rodríguez Camusso, Gonzalo Aguirre Ramírez, Uruguay Tourné, Dardo Ortiz, Carlos W. Cigliuti, Reinaldo Gargano, Juan J. Zorrilla, Luis B. Pozzolo, Carlos Julio Pereyra y Carminillo Mederos, presentan un proyecto de resolución por el que se agrega al primer apartado del artículo 157 del Reglamento del Senado la cláusula siguiente: "Del mismo modo se procederá con las mociones y versiones taquigráficas que se encuentren en esas condiciones". Es en relación al archivo de los asuntos.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos".

10) PROHIBICION DE ADQUISICION DE TIERRAS POR PARTE DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se prohíbe la adquisición de tierras por parte de extranjeros no residentes. (Carpeta Nº 235/85 - Rep. Nº 8/87)".

(Antecedentes: ver 4ª S.O.)

-En momentos en que se levantó la sesión en la que se consideraba este asunto, estaba en uso de la palabra el señor senador Batlle.

Puede continuar su exposición el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Naturalmente que estos temas, planteados en episodios semanales, obligan lamentablemente a que cuando retomamos la exposición hagamos siquiera un muy breve resumen de las razones ya expuestas para justificar la actitud asumida en la Comisión y en la que adoptaremos en el plenario, a fin de dar nuestro voto en contra, en general y en particular, a la sanción de este proyecto de ley que el Senado tiene a su consideración.

Siguiendo el razonamiento y las argumentaciones que en la exposición de motivos de este proyecto de ley y en Sala hiciera, en nombre de la mayoría de la Comisión de Agricultura y Pesca, el señor senador Pereyra, hemos ido tratando de ajustarnos a sus puntos de vista y conceptos, entendiendo que precisamente la discusión se centra alrededor de los criterios que presiden la consideración de un tema que para todos es muy importante. Esto supone no sólo legislar a propósito de la posibilidad de que determinadas personas consideradas en el país iguales ante las leyes por el hecho de no ser ciudadanos legales estén impedidos de serlo, sino a que nuestro juicio, como lo veníamos señalando anteriormente, es un cambio de actitud básica en la vida de la Nación, en la forma como ha estado desde siempre organizada, no sólo en el texto constitucional sino a través de las leyes que presiden la vida del país en la materia, y como además se ha distinguido a lo largo del siglo XIX y en lo que va del siglo XX en la conducta de este pueblo.

Decía, entonces, que esta ley es contraria al espíritu nacional, contraria al texto constitucional, desde su artículo 1º cuando reconoce que la República Oriental del Uruguay es la asociación de sus habitantes, palabras todas, cada una de ellas cuidadas y discutidas celosamente por los constituyentes cuando fueron incorporadas al texto constitucional.

Agregábamos que a nuestro juicio los artículos 7º, 8º, 32 y 36 que se han manejado, deben interpretarse con el sentido en que está dada esta tesis de carácter general que hemos resumido a través de la lectura y la reiterada expresión de lo que dice el artículo 1º de la Constitución de la República.

En su momento decíamos, señor Presidente, que entendíamos que también los tratados internacionales limitan en esta materia, por obligaciones contraídas internacionalmente por la República, las potestades que en este aspecto se pretenden incorporar al texto legal con este proyecto de ley.

Mencionábamos, además, el derecho patrio, de las ideas a propósito del manejo de la tierra en nuestro país, comenzando por el Reglamento Provisorio de Artigas, que no señalaba ningún tipo de prohibición para la condición de extranjero. El propio señor miembro informante, en la página 4 de la Exposición de Motivos manifiesta: "El querer otorgar preferencia sobre la posesión de tierras conoce antecedentes ilustres. José Artigas estableció en 1815, en el artículo 7º del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de su Campaña y Seguridad de sus hacendados, que ‘...serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y éstos a cualquier extranjero’".

Esto quiere decir que para el Reglamento Provisorio de Artigas de 1815 las tierras podían ser propiedad o explotadas a cualquier título en igual condición por los americanos. No establecía prohibición alguna para ningún americano o extranjero, fuera argentino, paraguayo o chileno. Cuando habla de preferencias con respecto a extranjeros, al establecerlas, reconoce también el derecho de éstos. De modo que no fija una prohibición, sino que establece una preferencia. Por lo tanto, el Reglamento Provisorio invocado dice lo contrario de lo que se pretende utilizar como fuente argumental para justificar este proyecto de ley.

El martes pasado decíamos, además, que a nuestro juicio, la relación del hombre con la tierra es completamente distinta a lo que era hace cien o doscientos años. Ya no es ella fuente de poder político, de poder etático ni de otra que no sea una relación del hombre con la tierra para producir, porque inclusive con los métodos científicos y tecnológicos que hoy se han alcanzado, la tierra con ese destino, hoy día, tratada adecuadamente, a partir de cada hombre, produce alimentación para decenas y decenas de personas, cosa que hace apenas cien, setenta u ochenta años no era así. Por lo tanto, tenía un valor vinculante a la independencia y a la soberanía de un pueblo para alcanzar su autoalimentación, completamente distinta a la que tiene hoy.

Mencionábamos que el tema más importante con respecto a la tierra y la naturaleza, era fundamentalmente cómo se le trataba y se le cuidaba. Lo que nos debía preocupar, más que ninguna otra cosas, respecto a la tenencia de la tierra, era que cada uno de los que la explotara, lo hiciera de tal manera que la conservara, la enriqueciera y no que la dilapidara. Para nosotros, los que explotan la tierra deben diferencirse entre buenos y malos agricultores, buenos y malos empresarios de la tierra, y no entre extranjeros y nacionales.

Agregábamos, además, en su momento, que nos parecía que no hubo jamás, por parte de los extranjeros que a lo largo de casi ciento ochenta o ciento noventa años habían llegado a nuestro país, alguien que haya venido con el propósito de trabajar sin saber si se iba a radicar o no, si iba a trabajar la tierra o si o iba a hacer en cualquier otra actividad. No había existido en ninguno de esos núcleos, un propósito expreso de afectar la soberanía del Uruguay tratando de influir en las decisiones del gobierno de la República. Eso jamás sucedió.

Es más; podría recordar, contado por viejos correligionarios de Salto -que después de la exposición del martes me llamaron y luego me vinieron a ver- que allá por el último cuarto del siglo XIX, algunos brasileros que vivían en esa zona, en vista de la situación de permanente inestabilidad social por enfrentamientos y guerras civiles que había en el Uruguay, se trasladaron a las Cortes brasileras para solicitar que se pusiera un poco de orden porque de ese modo ellos no podían trabajar. Se les contestó: "Si ustedes quieren ley y orden, vuelvan para el Brasil porque ahí están en el Uruguay y lo que rige es la ley de ese país".

Decía, señor Presidente, la semana pasada en la alocución que tuve que efectuar en representación de la minoría de la Comisión de Agricultura y Pesca, que cuando se discutió una ley parecida hace cien años, objetivamente había motivos fundados para analizarla, porque al norte del río Negro, en departamentos como Artigas, Salto, y Cerro Largo, más del 40% de los propietarios de tierras y haciendas, eran extranjeros, preferentemente brasileros. Además, más del 50% de la población de esa zona eran extranjeros. Prácticamente, el desarrollo agropecuario en los años que fueron de 1850 a 1890, como decía, en buena medida, estuvo en manos de extranjeros. Sin embargo, la tradición parlamentaria del Uruguay se mantuvo invariable y no se dictó ninguna ley limitando la posibilidad de que los extranjeros trabajaran en el país.

Los hechos demuestran cómo a lo largo del tiempo; durante los cincuenta años que pasaron desde 1850 a 1900, toda esa gente que murió siendo extranjera, tuvieron hijos que quedaron en el país y sus actividades se relacionaron nada más que a su vinculación de trabajo y en ningún momento atacaron, ni directa, ni indirectamente la soberanía plena del Uruguay, en función de su legítimo derecho como nación soberana.

Por lo tanto, no existió jamás y tampoco existe ahora, ningún intento concertado, que procure afectar nuestra soberanía de manera tal, que pueda motivar alarma alguna por parte del Senado de la República o de cualquier sector de opinión política o social del país.

Decíamos, por otra parte, que, por el contrario, han venido a robustecer nuestra soberanía; la han robustecido agregando brazos a nuestro trabajo nacional, afincando a sus familias, aportando su capital y sus conocimientos técnicos, aportando una serie de innovaciones en la actividad agraria, como lo han hecho en muchos otros sectores. Pienso que sería larguísima la lista que podríamos hacer a lo largo del siglo pasado para expresar cómo dentro de los establecimientos rurales de todas las actividades, tanto pecuarias como agrícolas más adelantados desde todo punto de vista, los extranjeros, sin ninguna duda, tuvieron el liderazgo, de estas actividades progresistas.

Esto está referido no solamente a los hechos concretos y reales del siglo XIX, sino también a las manifestaciones agrícolas en algunas áreas como las que conoce preferentemente el señor senador Pereyra en función de la vinculación que todos le conocemos y que sabemos tiene con la zona este de la República, en donde las primeras plantaciones de arroz, y el desarrollo agrícola del mismo, que es tan importante en ese lugar, en buena medida fue producto de la presencia de agricultores brasileños.

Además, afirmábamos que aquí tampoco hay ningún problema respecto a la seguridad.

Al hacerse alguna reserva del manejo y control de las tierras sobre las fronteras, es el resultado de conductas políticas de naciones que han tenido problemas en este sentido. Hemos resuelto definitivamente y hace mucho tiempo todos esos problemas. El último que hemos resuelto fue con la República Argentina en donde la frontera fluvial era peligrosamente inestable y había que poner todos los días atención especial para que el país conservara ese límite.

En este momento, quiero decir que quede constancia en el Parlamento de la República que pese a haber tenido nuestro Partido, nuestro sector, duras oposiciones con el entonces Presidente de la República Argentina, el General Perón, algún día habrá que rendir un homenaje a los que firmaron el Tratado del Río de la Plata que para el Uruguay es un asunto de frontera enormemente importante, trascendente, que consolida y estabiliza los límites de una nación y, a la vez, asegura la paz interna y en la región.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Agradezco al señor senador Batlle la interrupción que me concede.

No quiero cortar el hilo de su documentada exposición, pero como ha derivado a un tema que en realidad no es lo que se está discutiendo, o sea la solución del famoso pleito centenario por nuestras fronteras marítimas y fluviales con la República Argentina, digo, con todo respeto por su opinión, que no creo que haya sido una medida acertada del gobierno de facto de la época haber suscrito el Tratado del Río de la Plata, que en muchas de sus disposiciones es lesivo para nuestro país. Es un tema enteramente opinable y, por supuesto, con todo respeto por la posición del señor senador Batlle, dejo esta constancia.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Quiero decir que no creo esté para nada afectada la seguridad del país, desde el punto de vista de lo que se entiende por seguridad.

Las legislaciones que establecen reservas con respecto a la propiedad en la frontera, están hechas por naciones que por regla general han tenido problemas con sus vecinos y cuando sin especificar establecen ese tipo de reservas, las fijan fundamentalmente para preservar la residencia de los vecinos de otros países con los cuales, en América, han mantenido discordias o disputas de orden fronterizo y, en algunos casos, lamentablemente, confrontaciones bélicas.

Buena parte de la exposición de motivos de este proyecto de ley se fundamenta en el manejo de lo que es la legislación comparada, y quiero dejar constancia que ésta dice lo contrario de lo que se le hace decir. Por regla general, la legislación comparada -me refiero a la que se ha leído en Sala, y es a la única a la que voy a hacer alusión, porque no conozco ninguna otra que establezca lo que se propone en este proyecto de ley- fija en términos bien claros que la regla es que el extranjero puede tener propiedades y que la excepción es que no puede poseerlas en las zonas de fronteras. Así lo dicen en Panamá en donde se estipula que no podrá tener tierras fiscales o particulares a menos de 10 kilómetros de la frontera; también, en Honduras, se fija, a 40 kilómetros; Guatemala, 15 kilómetros; Bolivia, 50 kilómetros; Perú, 50 kilómetros; Ecuador tiene una zona de frontera fijada por ley; Haití, posee una problema de fronteras con Santo Domingo; y en México, se establece la norma que permite a los extranjeros acceder al dominio inmobiliario por acuerdo de la Secretaría de Relaciones, siempre que acepten considerarse nacionales con respecto a dichos bienes, o sea, respetar la legislación del país. Por tanto, no se les exige, como norma general, que se transformen en nacionales, adoptando la ciudadanía o peticionando a través de la radicación de la ciudadanía legal para poder acceder al manejo de la tierra.

Lo mismo ocurre en los países vecinos, tanto en la Argentina como en Brasil. En este último, la Ley Nº 5.709 de 7 de octubre de 1971, establece una zona de frontera donde en las limitaciones se incluyen también a los nacionales, porque en muchas de estas legislaciones ocurre esto. Se puede pensar que algún nacional puede trabajar traicionando los intereses legítimos de su patria en favor de otra nación. Por tanto, luego de que se obtenga documentación de residencia y con un conocimiento de lo que se llama "Conselho de Segurança", también se pueden establecer dentro de las zonas de frontera, según la Ley Nº 5.709, de 7 de octubre de 1971.

Con esto se ratifica que la legislación comparada dice lo contrario de lo que se le quiere hacer decir. Insisto en que la legislación comparada establece la norma general por la que los extranjeros pueden tener la tierra, y la norma especial y excepcional dice que no la pueden tener en la frontera. Quiere decir que estaríamos enfrentados en esta proporción a una legislación absolutamente excepcional.

Si se habla de tradiciones en cuanto a proyectos, diría que existen otras en cuanto a proyectos más cercanos e interesantes porque, en los últimos años, se han hecho estudios a propósito de la consideración de las estructuras agrarias. No solamente hubieron estudios muy intensos en la materia por parte de los doctores Chiarino, Brena y Vasconcellos, sino que también, en su oportunidad, recibimos cuatro tomos de un estudio muy importante presentado por el entonces Ministro de Ganadería y Agricultura del Gobierno nacionalista de la época, el señor Wilson Ferreira Aldunate. En sus proyectos de ley referidos a estos temas, de promoción agropecuaria y particularmente la ley de reforma de las estructuras agrarias, firmado por el señor Wilson Ferreira Aldunate y el señor Guillermo García Costa como Subsecretario, en la página 114 del tomo IV, "Principios Generales del Proyecto" y en la página 129, "Análisis del Texto Legal", en donde se hace referencia a todos los temas, en ningún momento se menciona la condición de ciudadano legal, natural o extranjero vinculada a la reforma de las estructuras y de la forma cómo debe manejarse la tenencia de la tierra. Alude pormenorizadamente al área y a otros elementos muy importantes que, a mi juicio, en el manejo de estos asuntos son más primordiales que el saber si quien posee la tierra es extranjero o nacional.

También por la misma época, la Comisión del Plan Agropecuario produjo un informe muy interesante sobre la situación económica y social del Uruguay rural. Este estaba dirigido por un equipo de trabajo encabezado por el arquitecto Juan Pablo Terra y que estaba integrado, entre otros, por el señor José Claudio Williman de notoria actividad dentro del esquema político del Partido Nacional, y que varias veces ha estado en el Senado con nosotros. En ese estudio, en el que se analiza toda la situación social, económica, y productiva de la tierra no se hace mención a ello. Hemos estado revisando el texto -puede ser que haya pasado por alto alguna página ya que no las he leído todas- y no encontré ni en el índice, ni en las referencias bibliográficas, ni en los temas de la propiedad y distribución de las áreas, en donde se deben tratar estos asuntos, si fueran realmente acuciantes, ninguna referencia a esa situación. Quiere decir que en el país nadie lo ha considerado como un tema que merezca una atención tan especial y el estudio de una ley tan draconiana como la que se nos propone.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - El señor senador Batlle había pedido no ser interrumpido -posición que respeto- pero me veo obligado a hacerlo a los efectos de contestar la alusión que acaba de hacer.

El señor senador preopinante destaca el hecho de que en el Proyecto de Transformación de las Estructuras Agrarias -del que es autor el señor Wilson Ferreira Aldunate- no se hablaba en absoluto de este tema. Es cierto; pero ese proyecto es de la década del 60, mientras que el problema comenzó a preocupar a los uruguayos -como ya señalé- alrededor de 1972. Tan es así, que en esa época apareció una ola de proyectos de ley -fundamentalmente en la Cámara de Representantes- que procuraban corregir esa situación. Quiere decir que entre el momento en que el señor Ferreira Aldunate presentó su proyecto y los años 1972 y 1973, la situación había cambiado, a un grado que entonces alarmaba mucho, pero que frente a las cifras que se manejan actualmente, resulta insignificante.

En aquel entonces, los legisladores que presentaron proyectos de ley para tratar de detener el proceso de extranjerización, hablaba de un máximo de 300.000 hectáreas en poder de los extranjeros, mientras que a fines de la década del setenta y comienzos de la del ochenta se habla, ya no de 300.000 hectáreas, sino de 1:300.000. Quiere decir que la situación es completamente distinta; en diez años, se aumentó en un millón el número de hectáreas la posesión de tierras por parte de extranjeros.

Es bastante lógico, entonces, que a nadie preocupara el problema, cuando éste era insignificante. Sin embargo, es notorio que cuando en 1972 y 1973 se habla de algunos centenares de miles de hectáreas, esta situación comienza a preocupar. Y actualmente, cuando la cifra que se maneja es de más de un millón de hectáreas -casi el 8% del territorio nacional- es natural que interese a todo el mundo. El señor Vicepresidente del Instituto de Colonización, por ejemplo, hizo una exposición el día 25 de abril en el Encuentro de Sarandí Grande, en la que habló de la inmensa gravedad que reviste este problema de la extranjerización de la tierra.

El señor senador Batlle señala que nunca se habló en el país de hacer una distinción entre ciudadanos legales y ciudadanos naturales en cuanto a la posesión de la tierra. De alguna manera, eso se contradice con los hechos, porque en mi exposición de la sesión pasada cité proyectos de diputados de todos los partidos políticos -inclusive del Partido Colorado- en los que se hacía esa distinción. Y en el proyecto que finalmente se aprueba en la Cámara de Representantes, que no alcanza a llegar al Senado y que está firmado, entre otros, por correligionarios del señor senador Jorge Batlle, se hace en forma absolutamente clara y nítida la distinción entre ciudadanos naturales y ciudadanos legales en cuanto al derecho a poseer tierras. Se trata de un proyecto transitorio -por 180 días- para dar tiempo a que se dicte una legislación de fondo, cosa que no se puede hacer en ese momento en que está terminando la Legislatura.

Frente a la afirmación del señor senador Batlle, me vi en la obligación de interrumpirlo para señalar que existen antecedentes muy claros y recientes de que se ha hecho esta distinción y de que ha habido una enorme preocupación por el tema. Las entidades rurales, la Federación Rural, la Asociación Rural, el Encuentro de Sarandí Grande, etcétera, han expresado por distintos medios la gravedad que todos asignan a este problema, menos, naturalmente, el señor senador Batlle en la exposición que está realizando. Más adelante, voy a leer exposiciones de sus correligionarios en las que se señala, precisamente la importancia del tema. Y no será tan disparatada esta distinción de la que venimos hablando, cuando en 1972, frente a aquel proyecto que presentara el que habla -bastante similar a éste- estaban dispuestos a darle su voto los senadores Vasconcellos y Hierro Gambardella y otro conjunto de legisladores colorados. No se trataría de una iniciativa descabellada del senador Pereyra, cuando era compartida por legisladores correligionarios del señor senador Batlle.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Voy a continuar con lo que venía diciendo, reiterando mis afirmaciones sobre el tema.

Cuando se considera globalmente el tema de la tierra -nada menos que la reforma de las estructuras agropecuarias- no es en función de una coyuntura circunstancial, sino de fundamentos permanentes, que no tienen que ver con lo que sucede en un determinado momento. Cuando se proyecta una legislación de la profundidad y de la naturaleza de aquella, que trata nada menos que de la reforma de las estructuras agropecuarias de un país, se consideran todos los elementos que intervienen en esa situación y si hay algo que ha estado presente constantemente en el conocimiento de todos, es que en el Uruguay, a fines del siglo pasado y en lo que va de éste, en reiteradas oportunidades y en concretas y distintas áreas de la República, hubo una presencia importante de actividades agropecuarias manejadas por personas que no eran ciudadanos de este país.

Cuando se concluyó este proyecto, al que hicimos referencia el señor senador Pereyra y el que habla, estaban establecidos en el litoral, argelinos, belgas y franceses, que estaban desarrollando, en el área de la citricultura, pro ejemplo, una actividad muy importante. Ellos iban a ser prácticamente los decisores de la política del Estado en esa área, y eran extranjeros. Eso no mereció en ningún momento, la más mínima consideración ni reflexión. ¿Por qué? Porque eso trasunta el espíritu que ha tenido siempre el país con respecto a este tema. En esta materia, los guarismos indican claramente las oscilaciones y si algunos legisladores -entre los cuales hubo algunos correligionarios- aprobaron en 1972 un proyecto provisorio en función de que había 300.000 hectáreas manejadas por extranjeros -de acuerdo con un censo que en aquel entonces no especificaba cómo estaban divididas las propiedades- creo que hicieron una apreciación absolutamente equivocada y sin ninguna connotación relativa a la soberanía a la seguridad o a la economía. Lamentablemente, a mi juicio, los que así votaron, reitero, lo hicieron equivocadamente, a tal punto que -para hablar de porcentuales- la cifra de 300.000 ó 400.000 hectáreas no supera el 2.4% de la superficie del país. Seguramente, si el dato estadístico se hubiera analizado por nacionalidades, habría sucedido lo que sucederá ahora cuando se constate, por ejemplo, que hay 1.036 propietarios brasileños y argentinos y 1.100 más, de los cuales 500 son italianos, españoles o portugueses y los 500 restantes de múltiples nacionalidades: belgas, letones, jordanos, andorranos, alemanes, franceses, ingleses y rusos.

Se va a advertir que la inmensa mayoría de esos miles de extranjeros que figuran como tales -y no hay dudas de ello con respecto a italianos, españoles y portugueses- son, generalmente, pequeños propietarios del sur del país que hace 30, 40 ó 50 años que se han instalado -como lo han hecho los gallegos de todos los bares- sin sacar ciudadanía legal. Por lo tanto, siguen siendo españoles o italianos, que continúan vinculados a su madre patria, que tienen documentación de esos países y muchas veces, incluso, perciben pequeñas jubilaciones. Esas personas son tan uruguayas como nosotros, pues hace 40 ó 50 años que viven en el país y además, votan.

Seguramente, muchos de los españoles han de haber votado por el Partido Nacional y muchos de los italianos por el Partido Colorado a pesar de que siguen siendo extranjeros. Además, es de destacar que tienen doble ciudadanía; en algunos casos necesitan mantener la ciudadanía extranjera pues en virtud de la generalidad tradicional del Uruguay, se les permite gozar de los mismos derechos que los nacionales y hasta participar en los actos electorales sin ser ciudadanos legales. Así, reciben un beneficio que de otra manera no tendrían. El Uruguay es tan generoso que permite a esos viejos españoles y ciudadanos de otros países mantener su nacionalidad de origen y obtener algunos beneficios económicos, recibiendo también todo aquello que el Uruguay, por considerarlos iguales ante la ley, les hace posible alcanzar.

Haciendo un análisis más pormenorizado, creo que esto lo podríamos extender a la mayor parte de aquellos que figuran como titulares de propiedades y son argentinos o brasileros. No tengo dudas de que la gran mayoría de esos ciudadanos está radicada en el país desde hace muchos años; sus hijos son ya uruguayos o se han casado con uruguayos y están vinculados a la actividad nacional.

En consecuencia, entendemos que no hay ningún problema de mengua de la soberanía o debilitamiento de la seguridad. Además, la legislación comparada expresa lo contrario de lo que se le quiere hacer decir. Por otra parte, el Reglamento Provisorio de Artigas establece la igualdad para los americanos, cosas que no se hace con esta ley porque ni siquiera se implanta una preferencia, de acuerdo con lo que dispone ese Reglamento de 1815, de los americanos frente a los extranjeros. En este proyecto se priva a todos por igual de su derecho a ser propietarios como lo han sido hasta ahora. Y hablo de propietarios, señor Presidente, porque cuando se lee el artículo 1º de este proyecto se advertirá que esto es mucho más grave; no se mencionan solamente los propietarios sino las explotaciones a cualquier título. Pero ese es un asunto al que nos referiremos más adelante.

Se ha hablado también del perjuicio económico. Inclusive en la exposición de motivos se expresa que este sentido nacionalista obedece al serio perjuicio económico que se está sufriendo por esta circunstancia. No alcanzo a comprender cuál es el perjuicio económico cuando una persona viene al país, adquiere un campo, trae su capital y aporta ese capital, que pasas a manos de un uruguayo que le vende ese campo. Además, hay que tener en cuenta que este hecho se realiza en libertad pues no está conminado por ninguna disposición del Estado ni de nadie, y lo hace en función de la movilidad natural del libre juego de la oferta y la demanda, tanto el que vende como el que compra.

Se ha mencionado que esos extranjeros han venido a especular. Creo que esta es una afirmación equivocada. Entiendo que el proyecto que estamos discutiendo recoge, en buena medida, los mismos términos y la exposición de motivos del proyecto que se trató en el año 1972. Además, la discusión a que di lectura traduce las mismas argumentaciones de entonces. Como es natural, no he adjetivado y tratado de referirme a conceptos. No he dicho que todo el mundo piensa que esta situación no es grave y que el único que así lo entiende es el señor senador Pereyra. El afirma lo contrario: que la única persona que dice que esto no es grave en el país, es quien habla, mientras que todo el resto está de acuerdo con él. Yo recorro el país tanto como él y no he observado esa reacción.

El grueso de las adquisiciones de tierras realizadas en el país a partir de aquella cifra de 400.000 hectáreas -algo que carece de entidad desde todo punto de vista, ya sea cualitativa o cuantitativamente- tuvo lugar hasta el año 1982 y a los precios más estrambóticos. Es conocido el hecho -y lo sabe cualquiera que circula por el país y conoce el tema agropecuario- de que a raíz de la sobrevaluación de la moneda uruguaya frente al dólar -lo que en Argentina se denominó "plata dulce", o sea, ese retraso cambiario operado tanto en Argentina como en Uruguay- los campos en el Uruguay llegaron a tener valores absurdos. Tanto es así que llevaron a valer, sobre todo en el litoral, U$S 600, U$S 700 y hasta U$S 1.000 la hectárea. Es así que las adquisiciones de entonces se efectuaron a precios que no guardan relación con los que luego tuvieron y tienen los campos hoy.

Es de señalar, señor Presidente, que hasta el momento los valores de la tierra están muy lejos de tener el nivel que alcanzaron entonces. En los años 1979, 1980, 1981 y 1982 no había campo, por regular que fuera, que no tuviera valores por encima de U$S 400 la hectárea. Actualmente, los buenos campos agrícolas recién están alcanzando esos valores, pues es de recordar que a partir de la ruptura de la tablita los campos bajaron de precio en forma sensible. Quiere decir que todos aquellos que compraron -y me refiero a la masa de argentinos que vino y compró tierras en el litoral, en Colonia o Soriano, como seguramente lo puede testimoniar el señor senador Ubillos que conoce la realidad de su departamento en esa materia y en todas las demás- a precios extraordinarios, se encuentran con que los actuales están muy por debajo de lo que tuvieron que pagar. En Florida, y en todo el sur y el litoral del país, se compraron campos a precios muy por encima de los que luego se pagarían. El señor senador Pozzolo me acota que en Cololó se llegó a pagar U$S 1.800 la hectárea. Ese fue el resultado de la sobrevaluación de la moneda; fue el fenómeno de la plata dulce.

Como todos sabemos, luego los precios de los campos bajaron. En 1983 y 1984 los promedios se situaron en U$S 200 la hectárea. Quiere decir que el que especula, con cualquier mercadería -ya sea tierra o mercadería fungible de la naturaleza que sea- es alguien que adquiere algo a un precio bajo con la esperanza de revenderlo a un precio alto. Ese no es el proceso que se ha operado en nuestro país. Por el contrario, las inversiones más cuantiosas desde el punto de vista del área, se realizaron a precios elevadísimos. Aquellos presuntos especuladores no han tenido posibilidad de obtener una ganancia, porque para ello tendrían que haber comprado esos campos a posteriori de la ruptura de la tablita, cuando los precios bajaron a U$S 180 o U$S 190, a la espera de que luego subieran y los pudieran revender. Ese proceso no se ha dado en el Uruguay.

Para conocimiento de todos puedo decir que en este momento no hay -y nadie puede afirmar que sí exista- una oferta de campos de extranjeros, a fin de que los nacionales los compren y hacer así una diferencia. Si esos extranjeros hubieran comprado para especular, el problema de la supuesta o real extranjerización estaría resuelto, porque estarían vendiendo los campos a los nacionales, obteniendo una ganancia y yéndose luego del país. Sin embargo, eso no sucede así. Por lo tanto, se puede deducir que la inversión no tuvo fines especulativos: compraron en los momentos de precios más elevados y actualmente los precios promedio están por debajo de los que tenían antes de la ruptura de la tablita. En consecuencia, no me doy cuenta dónde está el perjuicio económico para la República.

De acuerdo a las declaraciones juradas de DINACOSE estamos en condiciones de analizar, predio por predio, cuál es el porcentaje de inversiones que ha hecho esa gente, tanto en dotación de ganado por hectárea, en construcciones ajenas a los establecimientos dedicados a la explotación rural, como en personal. Así podremos saber si es cierto o no, que en la mayor parte de estas explotaciones se han incorporado técnicos para mejorar su productividad. Entonces, podría llegarse a demostrar que, económicamente, esta gente no sólo no ha causado perjuicios al país, sino que, por el contrario, no ha hecho otra cosa que traer capitales.

Debo agregar otra cosa que toda la campaña sabe: en un momento en que muchísima gente tuvo notorias dificultades económicas por causa de la política absurda de sobrevaluar la moneda, y como resultado de su brusca ruptura -muchísimos productores tuvieron que achicarse, vender parte de sus campos para pagar a los bancos- si no se hubieran presentado compradores, los precios habrían sido de ruina.

SEÑOR JUDE. - Apoyado.

SEÑOR BATLLE. - Si no hubiera sido por este reducido grupo de personas, los precios no se habrían sostenido. Llamo la atención sobre el hecho de que son 2.000 empresas en total, de las cuales 1.036 pertenecen a argentinos y brasileños, y 1.100 a otras nacionalidades. Además, estos establecimientos no fueron comprados en los últimos cuatro años, sino que solamente una pequeña fracción se adquirió en los últimos cinco o seis años. Reitero, pues, que un reducido grupo de compradores fue el que ayudó a sostener los precios, en un país en el que, en función de la situación económica vivida en el medio agropecuario, éstos habrían sido ruinosos.

Sin ninguna duda, señor Presidente, en esa actividad de comprar hectáreas a precios de "yegua muerta", participaron distinguidos ciudadanos uruguayos. Estos ciudadanos, después de haber vendido a extranjeros a buenos precios -por ejemplo, en Florida, a U$S 700 la hectárea- iban "plata en mano" al departamento de Soriano a comprar buenas estancias a precios de "yegua muerta".

Quiere decir, entonces, que no hubo daño a la economía agropecuaria o baja de la productividad a causa de la presencia de estas personas en el país. La especulación se da solamente en aquellos casos en que se compra bajo para revender a precios altos. Todos sabemos que el volumen mayor de campo se compró a precios exhorbitantes, de tal magnitud que en el departamento de Colonia, en Martín Chico y en los alrededores, en el departamento de Soriano, en La Agraciada y en Paysandú, se pagaron precios por encima de los U$S 1.400 la hectárea. Para que los extranjeros puedan hacer su ganancia e irse, los uruguayos tendrían que poder comprar esas tierras. Estaríamos entonces ante el hecho formidable de que la economía uruguaya ha prosperado, situación que no se presenta.

Este proyecto de ley, señor Presidente, adolece, además -de los aspectos constitucionales que se van a ocupar otros legisladores- de otra falla la que tiene que ver con los recursos. En él se genera una obligación de gastos sin establecer los recursos. Es notorio que toda expropiación deber ser compensada, de acuerdo a lo que establece la Constitución; y aunque aquí se elija la opción, que también figura en dicha Carta, de pagar a diez años de plazo, habría que establecer los recursos para poder sufragar esas obligaciones. La fijación de recursos debe realizarse de acuerdo a un mecanismo constitucional que no puede ser ignorado por los señores senadores y que no figura en este proyecto de ley. Por lo tanto, este proyecto de ley, como decía a veces, con acierto, el entonces diputado Dubra, sería solamente "un progreso manuscrito", porque los recursos no están.

En este momento, señor Presidente, no pretendo cuantificar esos recursos; pero si hablamos en términos teóricos, me parece que andarían alrededor de los U$S 500 millones. Digo esto porque si se está hablando de 1:400.000 hectáreas, a un precio promedio -contando con lo que está arriba del campo- de U$S 400 la hectárea, calcule usted, señor Presidente, lo que significaría emitir títulos de deuda pública a pagar a diez años, por más de U$S 500 millones.

La naturaleza tan gruesa de la inconstitucionalidad en esa materia, amén de la imposibilidad de hacer frente a esa erogación, me hace pensar que podría ocurrir algo muy interesante como consecuencia de la aplicación de una ley de este tipo, o sea que se facilitará a los extranjeros a obtener campos más baratos. La primera cosa que puede suceder es que de inmediato un ciudadano belga o francés se presente a decir que no piensa legalizar su situación de extranjero y a solicitar que se le pague lo justo por su propiedad. Entonces, con los recursos que se le den en constante y sonante o en bonos -habida cuenta de la oferta de campos que se generará- conseguirá algún representante para que le compre el campo de al lado a un precio menor, con el beneficio correspondiente. Entonces, la única consecuencia que va a traer esta ley, desde el punto de vista de los valores del campo, será la depresión de los mismos y de la inversión en la campaña.

Cuanto menos valga el campo, más crecerá la capacidad de un productor para comprar la hectárea de al lado en vez de mejorar la hectárea propia. Esta es una realidad que siempre se ha visto en el campo; si determinados valores de la hectárea, de la carne y de la lana -arrastran a todos los demás valores de la producción, porque cuando la carne y la lana tienen un buen valor, también eso repercute en el valor del cerdo, de la gallina y también en la propia agricultura- languidecen, el que más pierde es el que menos tiene y el que más gana es el que más tiene, porque le sobra, sobre su costo, una productividad que, aunque baja, le permite un excedente financiero, por lo cual le sirve mucho más, en lugar de crear una pradera, comprar la hectárea de al lado. Esta es otra de las consecuencias, no por cierto menor, que se provocará con una legislación de esta naturaleza, que no acarreará beneficios económicos ni de ningún otro tipo. No resguarda la soberanía, no defiende la seguridad ni alienta la posibilidad de que los uruguayos puedan establecerse, porque para que ello suceda, el Estado o la sociedad uruguaya tendrán que arbitrar otro tipo de medidas y no las que se proyectan.

Entonces, si tenemos que hacer expropiaciones o transferencias de tierras del Estado, como por ejemplo las 40.000 hectáreas del Banco de Seguros y algunos miles de hectáreas que tiene Salud Pública y algunas hectáreas que ya ha cedido el Ministerio del Interior para un campo de recría en San José, o las que está en proceso de ceder la Facultad, la Universidad en Cerro Largo para un campo de colonización, o las hectáreas que puedan obtenerse a través de la Ley de Refinanciación de Adeudos del Banco Central, se posibilitará un manejo de tierras que, sumado a los recursos que el Estado deba suministrar, va a ir regularizando la situación de los que hoy tienen necesidad de reconvertir sus áreas para tener posibilidad de producir en superficies mínimamente viables desde el punto de vista económico.

Si el latifundio es un mal, señor Presidente, el minifundio es una tragedia. En consecuencia, o se le corrige recomponiendo las áreas, o directamente se condena a la gente a no obtener una producción que, a precio de mercado, le posibilite obtener una rentabilidad adecuada por su trabajo.

Este proyecto de ley, además, va en contra de toda una filosofía que existe en el país desde siempre, de toda la política que estamos desarrollando y de todo un sentido que la vida tiene en el mundo de hoy.

Cuando a través del análisis de este proyecto de ley vemos la magnitud de las cifras, la cantidad de personas que poseen establecimientos, y nos detenemos, por ejemplo, en esta estadística que establece la cantidad de propietarios de distintas nacionalidades, se advierte con toda claridad que hay 1.165 argentinos y brasileños, y 1.077 de otras nacionalidades. Entre esos 1.077 de otras nacionalidades figuran 266 españoles, 266 italianos y 13 portugueses. Quiere decir que esa cifra de 1.077 está compuesta, en un 50% por españoles e italianos, y con esto no quiero decir que se haga una precedencia especial frente a los rumanos, soviéticos, suecos, suizos, turcos, ucranianos o yugoslavos; pero pienso que, en resumidas cuentas, la inmensa mayoría de estos propietarios, salvo excepciones, es gente que hace muchos años está radicada en el país.

Tenemos, por ejemplo, el caso de la inmigración belga; se trata de 29 personas que están radicadas desde hace 30 ó 40 años en nuestro país. También tenemos a los franceses, a los que se les han incorporado los argelinos, cuyo número asciende a 69 y que también están radicados aquí desde hace muchos años.

En este análisis no se hace, ni siquiera, una distribución por áreas. Podemos observar un detalle muy interesante que consiste en que gran parte de esas áreas son muy pequeñas. Por ejemplo, en los alrededores de Maldonado, Punta del Este y San Carlos existe una serie de predios pequeños, de 200 a 250 cuadras, propiedad de extranjeros que viven allí entre siete y ocho meses al año. La razón por la cual se han radicado en ese lugar es muy sencilla; se trata de gente que percibe jubilaciones en Europa, de las cuales obtienen un saldo de dinero el que invirtieron en tierras a las que están mejorando constantemente. Todos conocemos esas tierras de la zona de Garzón, que son pobres, degradadas, y que hoy, a fuerza de inyectarles dinero de una manera antieconómica, se han vuelto tierras productivas, que aportan beneficios tanto en trabajo, como en impuestos que se pagan, todo lo cual ayuda al mejoramiento de la economía.

Considero, señor Presidente, que esta gente no afecta nuestra soberanía. Pienso, sí, que éste es un proyecto que se va a transformar en algo que va a perjudicar tanto a argentinos como a brasileños, ya que va a lograr sacarlos del país.

SEÑOR SINGER. - Apoyado.

SEÑOR BATLLE. - Considero que esto contradice todo lo que el país está haciendo en todos los órdenes; va en contra de la historia misma de este continente desde el punto de vista político, social y aun de sus objetivos.

Quiero señalar, asimismo, que con los dos países anteriormente nombrados tenemos una relación comercial que supone el 40% de nuestra actividad. Existen acuerdos comerciales con Brasil que suponen la posibilidad de que éste se transforme en mercado natural de nuestros productos primarios. En lo que respecta a la Argentina tenemos acuerdos referidos a artículos comerciales. Asimismo, estamos esperanzados y reclamamos que los extranjeros vengan a nuestras costas, que se asienten en las zonas del litoral y del este, que pasen allí el verano, que construyan sus casas y, también, que se incorporen a las actividades industriales y comerciales. Sin embargo, lo primero que les decimos es: "Ustedes, aquí, en la tierra, no pueden hacer absolutamente nada".

No estoy pensando ahora en lo que les puede ocurrir a los uruguayos que han comprado tierras fuera del país, tanto en Río Grande como en Entre Ríos, sino en que el espíritu de este proyecto es un verdadero contrasentido en un mundo que cada vez se integra más y en el que reclamamos la integración como objetivo también establecido en la Constitución de la República. Es un mundo en el que hacemos esfuerzos de todo tipo en este sentido, inclusive en áreas tan dispares como la de la reválida de los títulos, es decir, la posibilidad de que nuestros ciudadanos puedan encontrar trabajo en todos lados. Parece que todavía no hemos asumido del todo el pensamiento de Artigas y que nos hemos olvidado de que, en realidad, estas fronteras son simples decisiones arbitrales de estados que lucharon por el poder en una época totalmente distinta a la que hoy vivimos.

Lo que realmente debe importar a este país es que su cultura se afirme y ello va a ser posible en la medida en que lo haga su economía y ésta, a su vez, lo hará cuando se trabaje bien el campo, con personas que lo sepan explotar, ya se trate de extranjeros, ciudadanos legales o naturales. Si logramos una economía firme, tendremos un idioma poderoso, una cultura propia, así como la capacidad de identificarnos como nación, manteniendo una tradición de política abierta, tal como ha sido nuestra característica. De todo esto he dado varios ejemplos, tanto en la sesión anterior como en ésta.

Considero, pues, señor Presiente, que ésta es la tendencia en todo el mundo; ya no hay países totalmente independientes, ni siquiera entre los más poderosos. Tanto los procesos económicos, como los científicos y los políticos, registran una interdependencia creciente. Así, los valores de la nacionalidad de la Nación-Estado, surgidos hace ya bastante tiempo -y que bastantes dolores de cabeza nos han dado a través de enfrentamientos trágicos e inútiles- han sido superados, afortunadamente, por los acontecimientos actuales.

En virtud de todo lo expuesto, considero que un país pequeño necesita abrirse a todas las corrientes ideológicas, a la presencia de cualquier inmigrante, ya que, al fin y al cabo, éste es un país construido por extranjeros, puesto que eso somos todos nosotros. En el censo realizado en el Uruguay en 1908, más del 40% de los jefes de familias eran extranjeros. Repito que éste es un país hecho a base de inmigrantes que se quedaron porque nuestro país es tan agradable, tan libre y tan abierto que la mayor parte de la gente se enamora de él y se queda aquí.

Quiero decir, señor Presidente, que cuando en algún momento hice la afirmación pública de que este proyecto era xenófobo, no la realicé con el ánimo de ofender al señor senador. Sin embargo, considero que él hace una respuesta indirecta a mis palabras en un artículo aparecido en el semanario "La Razón" de fecha 30 de octubre de 1986, la cual no está encuadrada dentro de lo que yo quiero significar con la expresión "ley xenófaba".

El señor senador Pereyra, en un artículo muy importante sobre la tierra y los extranjeros, titulado "Ignorancia o mala fe", dice que uno de los argumentos más usados es que el proyecto "estaría inspirado en razones de xenofobia". Continúa diciendo: "Por último, que obligará a los extranjeros residentes a abandonar el país. Quienes tales razones aducen, o no han leído el proyecto o actúan con mala fe. En ninguna parte del mismo se prohíbe a los extranjeros explotar y poseer tierra uruguaya. Se condiciona una y otra cosas a la radicación en el territorio nacional. Para ello se le formula la misma exigencia que para desempeñar un empleo público o para votar, es decir, obtener la ciudadanía legal".

Digo, señor Presidente, que esta afirmación tiene varios errores. Nadie ha dicho que se les obligue a abandonar el país, pero en este artículo periodístico se dice que en ninguna parte del proyecto se prohíbe a los extranjeros explotar y poseer tierra uruguaya.

A continuación voy a leer su artículo 1º: "Solamente los ciudadanos naturales o legales de la República pueden ser los propietarios de inmuebles rurales o titulares de explotaciones agropecuarias en el territorio nacional".

Por lo tanto, esta ley obliga a los extranjeros a nacionalizarse, o sea, a dejar de ser extranjeros. Entonces, la ley dice lo contrario de lo que afirma este artículo. Dice que se condiciona una y otra cosa a la radicación en el territorio nacional; y no es así, señor Presidente. Se los condiciona sí, a que sean ciudadanos naturales o legales. Agrega que para ello se les formula la misma exigencia que para desempeñar un empleo público o para votar, es decir, obtener la ciudadanía legal, cosa que es cierta para lo primero pero no para lo segundo, ya que por el artículo 78 de la Constitución se puede votar sin ser ciudadano legal.

Señor Presidente, quisiera referirme brevemente a algunas disposiciones de este texto legal que se proyecta. Considero que se trata de un texto casi draconiano, que no tiene antecedentes en ninguna legislación comparada, dado que, de haberlo, se habría incorporado a la discusión. Se ha dicho que existe en algún país, tan poco interesante en su conducta que más vale ni citarlo.

De acuerdo con el artículo 1º, solamente los ciudadanos legales o naturales de la República pueden ser propietarios de inmuebles rurales o titulares de explotaciones agropecuarias en el territorio nacional.

Es decir, no se puede ser aparcero, medianero, no se puede tener ganado a pastoreo, como tampoco formar una sociedad de hecho con un particular teniendo uno de sus integrantes una chacra y el otro el capital para adquirir el tractor o comprar los árboles frutales. No se trata solamente de la propiedad. La persecución al extranjero no alcanza para prohibirle ser propietario, sino que inclusive no se le permite hacer un contrato de aparcería o de arrendamiento, como tampoco una medianería o tener ganado a pastoreo.

Por ejemplo, se habla de las sociedades anónimas o de las en comandita por acciones, que podrán adquirir, poseer o explotar inmuebles rurales cuando la titularidad de la totalidad de las cuotas sociales del capital accionario, representado por acciones nominativas, pertenezca a ciudadanos naturales o legales.

Se da el caso de una empresa como "Azucitrus", que realiza una inversión de U$S 35:000.000 en una estancia en la que trabajaban tres peones, plantando árboles frutales. En ese lugar se está construyendo una fábrica que va a industrializar los jugos de aquellas frutas que no se puedan exportar. No puede tener ni siquiera un solo accionista extranjero, porque este hecho invalida la posibilidad de que esta actividad se desarrolle.

Si éste no es un proyecto xenófobo, no sé qué es. Se podría decir que sólo pueden ser extranjeros la minoría de los accionistas, pero se dice que ni siquiera uno puede serlo.

Además, hay que agregar todo un procedimiento para controlar esa situación.

Por medio del artículo 5º se da al Poder Ejecutivo, por vía de la excepción, la capacidad de darle a un extranjero, de conformidad con planes nacionales de promoción y desarrollo, y siempre que sus compradores comprometan su permanencia en el país, la posibilidad de ser propietario. Se puede advertir que se actúa con cierto grado de injusticia. El Poder Ejecutivo obra por sí y ante sí, siempre que existan planes de desarrollo y que haya una radicación.

Puede darse el caso de que el Poder Ejecutivo esté interesado en establecer una colonia de japoneses en el departamento de Rivera, que se dediquen a la floricultura. Esos 50 ó 100 extranjeros, recién llegados al país, por decisión del Poder Ejecutivo, por el solo hecho de radicarse no tienen necesidad de ser ciudadanos legales. Pero a quienes han estado trabajando en el país desde hace 30 ó 40 años se les trata de una forma discriminada, exigiéndoseles la ciudadanía legal.

En consecuencia, existe un contrasentido en la propia ley. Las mismas condiciones de alteración eventual de la seguridad o de perjuicios económicos se van a dar con la presencia de extranjeros.

En mi concepto, este problema requiere en la oportunidad un voto negativo del Parlamento. De lo contrario, estaríamos incurriendo, no solamente en una serie muy grave de inconstitucionalidades, sino que además alteraríamos totalmente lo que ha sido la tradición y la historia del país.

El famoso sociólogo Darcy Ribeiro en su análisis "expost" de aspectos políticos hacía referencia justamente a nuestro país. A pesar de discrepar con él, debido a sus orientaciones políticas, considero que se trata de un hombre sumamente capacitado. Es de destacar el discurso que realizó cuando fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad, en el cual formula una serie de reflexiones a propósito de dicha Casa de Estudios.

Este sociólogo hacía referencia a las sociedades trasplantadas y daba el ejemplo de Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Con respecto a nuestro país la situación es paradigmática. Pese a las respetadas afirmaciones del señor senador Pozzolo y al análisis que se puede hacer respecto al porcentaje de población indígena, tengo la impresión de que más del 90% de toda la población de nuestro país, tiene una procedencia ajena al territorio de la República.

Esa ha sido la condición en la cual se formó el Uruguay. La tenemos que conservar porque se trata de un elemento fundamental de un país que quiere abrirse paso en un mundo que se integra, en una región de la cual quiere formar parte. Todo factor negativo en esta materia, cuando no están probados los extremos que se aducen, como violación de la soberanía, alteración de la seguridad o perjuicio económico, supone nada más que un distingo en contra de una determinada condición humana, que ni la Constitución; ni el ser natural de las cosas reconocen. Razonar de esta forma es opuesto al destino natural de nuestro país. Nuestra vocación de integración americana podría haber respetado, por lo menos en esta ley, aquello que establecía Artigas en el Reglamento Provisorio de 1815, cuando hacía referencia a los americanos casados con preferencia a los extranjeros. Además, va en contra de las tradiciones que con más celo debemos conservar.

Por estas razones, y en términos generales, señor Presidente, vamos a dar nuestro voto negativo a este proyecto.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: el señor senador Batlle se ha empeñado, aunque no lo reconozca, en restar trascendencia a los argumentos que hemos empleado para justificar este proyecto. Es así que señala que no existen antecedentes al respecto en cuanto a esta distinción entre ciudadanos naturales o legales y extranjeros en materia de posesión de tierras.

No es así, porque en todos los casos que cité de proyectos presentados en ambas Cámaras en el transcurso del siglo pasado, en todos ellos, se hacía referencia al hecho de que las colonias a crearse o las tierras a entregarse debían ser otorgadas a familias nacionales, excluyéndose a los extranjeros.

En los proyectos presentados por los propios correligionarios del señor senador Batlle en 1972 en la Cámara de Representantes, se hacía igual distinción. Quiere decir que precedentes hay.

El más lejano de todos es el que interpreta mal el señor senador Batlle y no quien habla, que es, nada menos que el pensamiento de Artigas, cuando dice en el Reglamento de 1815, que en la distribución de las tierras los casados serán preferidos a los solteros americanos, y éstos a cualquier extranjero.

En aquella época los americanos no eran extranjeros, porque América no se había balcanizado, dividiéndose como lo está hoy en una cantidad de países independientes. Para Artigas, sus coterráneos, sus compatriotas, eran todos los americanos, por lo cual cuando hacía referencia a éstos, no hablaba de extranjeros. Todos los americanos eran sus compatriotas.

Por lo tanto, la discriminación que él dice que no tiene antecedentes, los tiene nada menos que en el pensamiento artiguista.

El día en que se comenzó a tratar este proyecto, el señor senador Batlle, al empezar su exposición, señaló que la primera observación que le iba a formular era a los nombres con que se le conocía: nacionalización de tierras o limitación de tenencia de tierras por extranjeros. Como dije, esa fue la primera objeción que señaló.

Aunque parezca obvio, debo resaltar que los proyectos de ley, o las leyes, no valen por su nombre, sino por su contenido. Naturalmente, podrán ser válidos los argumentos que hace el señor senador Batlle sobre el contenido, pero en cuanto al nombre, se le puede poner el que se le ocurra a cualquiera. Lo importante es que cumpla con el fin que están reclamando los habitantes del país de nacionalidad uruguaya, frente a un proceso de extranjerización de la tierra que ha alcanzado límites insospechables.

Con todos los respetos debidos, el señor senador Batlle comete otro error cuando expresa que no es cierta -y lo reitera al final de su exposición- la salvedad que hago en cuanto a que los extranjeros pueden poseer tierras en la medida en que se hagan ciudadanos legales o en que presenten un plan que el Gobierno juzgue de interés y, por lo tanto, los autorice. El señor senador Batlle dice que, a su juicio cuando el extranjero adquiere la ciudadanía legal deja de ser extranjero -adviértase lo que manifestó- y por eso es que el mismo, de acuerdo con el texto de este proyecto de ley, no tiene la capacidad jurídica de explotar la tierra a cualquier título, se nacionaliza y no es más extranjero sino ciudadano legal.

Como no soy abogado entonces recurro a destacados constitucionalistas como el doctor Justino Jiménez de Aréchaga, que señala claramente la diferenciación que existe entre nacionalidad y ciudadanía. Su estudio en "La Constitución Nacional", tomo II, comienza por analizar la Constitución de 1830 y dice que "adhiriendo a la doctrina de ‘jus soli’, estableciendo que son ciudadanos naturales ‘todos los hombres libres, nacidos en cualquier punto del territorio del Estado’.

Vean ustedes que usa la palabra ‘ciudadanos’ pero que, sin embargo, por lo que veremos después, en realidad se está refiriendo simultáneamente a una parte de los ciudadanos (a los ciudadanos llamados naturales) y a los nacionales.

La calidad de nacional depende, pues, de un hecho: el nacimiento dentro del territorio del Estado".

Es decir que la nacionalidad es una consecuencia del lugar donde se nace y no se pierde, mientras que en cambio la ciudadanía es una condición jurídica. Son dos cosas distintas y yo, por eso, como no soy especialista en la materia, recurro al testimonio de un destacado profesor. Además, agrega: "Esta calidad de nacional es irrevocable. La Constitución del 30 no prevé la posibilidad de que ella se pierda en ningún caso".

Luego pasa a analizar la Constitución de 1918 y dice: "La Constitución reformada en el año 18 amplía la categoría de los nacionales. Ya no adopta exclusivamente la doctrina del ‘jus soli’ sino que la complementa con la doctrina del ‘jus sanguinis’, moderada".

Es cuando se admite que también son ciudadanos naturales los hijos de padre o madre uruguayos, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento.

Luego agrega: "la doctrina del ‘jus soli’ es la que adoptan los países de inmigración. El único modo de proveerse de nacionales es ése. En cambio, la doctrina del ‘jus sanguinis’ es la adoptada por los países exportadores de hombres", etcétera. No es este el caso que queremos señalar.

"En síntesis, la Constitución del 18, en cuanto a la nacionalidad, puede caracterizarse así: primero, declara nacionales a todas las personas nacidas en el territorio nacional. Segundo, complementa este régimen de ‘jus soli’ con el sistema del ‘jus sanguinis’, atenuado por las exigencias de un acto de voluntad. Tercero, mantiene para la nacionalidad el carácter de calidad irrevocable; no se la puede perder".

La nacionalidad no se puede perder, pero sí la ciudadanía, y nuestra Constitución, en el artículo 80, señala en qué casos la ciudadanía se suspende o se pierde. De manera que son dos aspectos absolutamente distintos.

Con respecto a la Constitución de 1934, expresa lo siguiente: "En primer lugar, al definir a los ciudadanos naturales, es decir, a nuestros nacionales, no alude exclusivamente a los hombres, sino a los hombres y a las mujeres". Naturalmente, aquí fue cuando se estableció el derecho al voto para las mujeres.

"En segundo lugar, se agrega un párrafo al artículo relativo a la adquisición de ciudadanía legal por los extranjeros, que dispone lo siguiente: ‘La adopción de la ciudadanía legal no importa renuncia a la nacionalidad de origen’".

Podría seguir leyendo, pero, naturalmente, voy a abreviar. Destaco que cuando se señala que los extranjeros pueden poseer tierras, está perfectamente justificado por cuanto una cosa es la condición de extranjero que deriva de su nacionalidad, y otra la de ciudadano legal que proviene de una determinada situación jurídica consagrada por el país donde esa persona ha resuelto residir.

El señor senador Batlle invoca como un error que haya señalado la tradición en esta materia. A la que me referí fue a la que existe en materia legislativa, es decir, a la tradición en materia de los intentos legislativos.

Todos los intentos legislativos, tanto los del siglo pasado como los de éste, establecen una diferenciación entre ciudadanos naturales y legales para poseer la tierra.

El señor senador Batlle luego señala que roza el aspecto constitucional en cuanto vulnera el principio de la igualdad establecido por la Constitución de la República. Sin embargo, cuando la Comisión de Agricultura y Pesca consideró este proyecto, solicitó la opinión de la Cátedra de Derecho, cuyo dictamen está adjunto a todos los antecedentes que poseen los señores senadores. La Cátedra de Derecho expresa con toda claridad que es perfectamente posible una legislación distinta, en este caso para ciudadanos legales y para naturales.

Por otra parte, aún para los legos la propia Constitución así lo establece, puesto que, por ejemplo, un extranjero no puede ocupar el más modesto de los puestos políticos si no se hace ciudadano legal. Quiere decir que la propia Constitución discrimina: para ser empleado público es necesario ser ciudadano legal.

Por consiguiente, teniendo en cuenta el valor que posee para nosotros nuestra tierra, porque es escasa y porque es nuestra única fuente de riqueza, entonces no parece exagerado, ya que la extranjerización de ella ha alcanzado hoy límites realmente alarmantes, establecer esta diferenciación.

El señor senador Batlle, además, reiteró un argumento que hizo el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene un gran efecto y que, naturalmente, tiene un gran valor.

En esa ocasión el señor senador Batlle manifestaba que el problema no radica en quién es el que trabaja la tierra sino en qué forma realiza la explotación. Asimismo y con razón, señalaba en esa oportunidad que el Uruguay necesita que la tierra sea trabajada en forma intensa extrayéndosele la mayor cantidad de riqueza posible, ya que de esa forma se cumpliría la función social que tiene asignada como principal sostén de la economía nacional.

Sin embargo, tengo aquí un cuadro, por medio del cual se demuestra que en gran parte los extranjeros no explotarían mejor que los uruguayos la tierra que han adquirido. Dicho cuadro se encuentra en la página 33 de la publicación de DINACOSE y en él se establece el número de explotaciones rurales categorizándolas en: hasta 200 hectáreas; de 200 a 499; de 500 a 2.499 y de más de 2.500. Asimismo se señala que en el caso de los uruguayos corresponderían los siguientes índices: un 97,8% en explotaciones de hasta 200 hectáreas, un 98,4% de 200 a 499; un 95,2% en explotaciones de 500 a 2.499 y un 88,9% para explotaciones de más de 2.500 hectáreas. Esto significaría que en el caso de los uruguayos, la proporción va disminuyendo a medida que aumenta la extensión.

A continuación, analizaremos lo que ocurre con los extranjeros. En el caso de los argentinos, tenemos los siguientes porcentajes: hasta 200 hectáreas el 0,4%; de 200 a 499, el 0,3%; de 500 a 2.499, el 1,3% y en extensiones de más de 2.500 hectáreas el 2,4%.

En lo que refiere a los propietarios brasileros, tenemos los siguientes datos: hasta 200 hectáreas, el 0,1% de 200 a 499, el 0,3%; de 500 a 2.499, el 1,5% y en las de más de 2.500 hectáreas, el 3,4%.

Con respecto a extensiones en manos de extranjeros de otras nacionalidades tenemos: hasta 200 hectáreas, el 1,7%; de 200 a 499, el 1%; de 500 a 2.499, un 2% y en explotaciones de más de 2.500 hectáreas, el 5,3%.

A raíz de esto, deducimos que en todas las categorías de extranjeros ocurre que la mayor parte de ellos prefieren dedicarse a la gran extensión, o sea, a aquéllas de más de 2.500 hectáreas; a tal punto que el 11% de la superficie del territorio nacional estaría en poder de extranjeros.

Quiere decir entonces, que estas personas explotan la tierra con una modalidad que en el Uruguay tradicionalmente ha sido considerada como deficiente, ya que explotan, pueblan, adquieren e incrementan a través de un sistema de latifundio. En consecuencia, no se puede manifestar que los extranjeros realicen una explotación intensiva porque, en realidad, en su inmensa mayoría lo hacen a través de la forma más extensiva, como lo es el latifundio.

Por otro lado, aquí consta que los brasileños y los propietarios de otras nacionalidades son quienes poseen mayor cantidad de novillos de más de tres años. Sabido es que, desde hace muchos años, en nuestro país se ha venido demostrando que ello resulta anti-económico e inconveniente y que el novillo debe ser preparado lo más rápidamente posible para dejar sitio a otros, para un mejor aprovechamiento en beneficio del productor y del país. En cambio, estos productores siguen produciendo "a la antigua", ya que según el censo de DINACOSE serían quienes poseen la mayor cantidad de novillos de más de tres años.

Con respecto a los de otras nacionalidades, se comprueba que son preferentemente invernadores.

Los brasileros tienen un altísimo porcentaje de novillos con más de tres años, entoran las vaquillonas con más de tres años y éste sería uno de los factores que nos demostraría que no trabajan bien, ya que los técnicos aconsejan que es conveniente aprovechar adecuadamente el vientre vacuno, entorándolo lo más rápidamente posible, por supuesto, siempre que haya adquirido el desarrollo necesario. Evidentemente, estas personas trabajan mal ya que, repito entoran después de los tres años cuando en realidad, toda la economía nacional indica que debe hacerse antes.

En materia de mortandad -que es otro de los índices que nos permiten saber si trabajan bien o mal- tenemos que en el caso de los brasileros, el porcentaje es de 5,3% -me estoy refiriendo a mortandad de vacunos- en lo que respecta a los argentinos, un 3,7%; para los uruguayos, el 3,4% y para otros, el 3%. Este último porcentaje se explica porque se está refiriendo a personas que no son criadores sino invernadores y generalmente el mayor índice de mortandad se registra a nivel de terneros y de madres.

En consecuencia, con este estudio de DINACOSE, lejos de demostrar que estos extranjeros trabajan bien, estaríamos comprobando lo contrario ya que son ellos quienes tienen el más alto índice de mortandad; son los que explotan mayor cantidad de latifundio; son los que entoran más irracionalmente los vientres, y además, son los que retienen más de lo debido los novillos.

En lo que se refiere a ovinos, la mortandad registra los siguientes porcentajes: en productores brasileros, un 7,8%; para los de distintas nacionalidades, un 6,6%; para los argentinos, un 6,4% y para los uruguayos, un 6,1%. Quiere decir que en materia de ovinos, los que tienen menor índice de mortandad son los uruguayos, mientras que el mayor índice corresponde a los extranjeros que poseen campos uruguayos, encabezando la lista los brasileros, con el 7,8%.

En la revista correspondiente al año 83 y precisamente en su página 35, DINACOSE señala que en materia de dotación en unidades ganaderas, los uruguayos tienen un 0,82%; los de otras nacionalidades, un 0,81%; los brasileros, un 0,78% y los argentinos, un 0,74%. De esto se desprende que, con respecto a unidades ganaderas, quienes pueblan mejor los campos son también los uruguayos y los que peor lo hacen serían los extranjeros. En consecuencia, el argumento de que los extranjeros trabajan más eficientemente la tierra que los uruguayos no es válido si tenemos en cuenta los estudios de DINACOSE, que estarían demostrando todo lo contrario.

Con respecto al Derecho comparado, aspecto sobre el cual también ha hecho hincapié el señor senador Batlle manifestando que naturalmente otros países han establecido una franja fronteriza prohibida a los extranjeros -precisamente como medio de defensa militar y no por razones económicas- creo que sí, que tiene razón. Pero nosotros tenemos que considerar fundamentalmente el factor económico, porque no poseemos otra fuente generadora de riqueza que nuestra tierra y ello es muy poco comparado con lo que poseen otros países americanos.

Quiere decir que hasta por razones de conveniencia económica es beneficioso defender nuestra tierra, que se halla en manos de capitales extranjeros y en tan alta proporción -como se está demostrando actualmente por el censo de DINACOSE- que se permite que las riquezas producidas en Uruguay se evadan con más facilidad, puesto que el capital extranjero puede poseer tierras aquí y en otros lugares y -como ha sucedido en otras circunstancias- la riqueza de la misma persona o del mismo capital aparecer en distintas zonas, facilitando su pasaje de un lugar a otro, sin ventaja ni conveniencia para el país. Pero, además, porque todos los países del mundo defienden aquello que constituye su principal fuente de riquezas; uno, el petróleo: cuando su principal fuente de riqueza y supervivencia como país independiente es el petróleo naturalmente, buscan terminar con aquella etapa en los extranjeros se lo robaban o se lo compraban por un poco más que la nada. Muchos países lo han nacionalizado; han buscado preservar su fuente de supervivencia política; naturalmente, a través de la fortaleza económica y de la residencia del país en este sentido. Me remito a ese aspecto de la cuestión: a que no teniendo Uruguay ni petróleo ni minerales preciosos en su suelo: no teniendo otra cosa que esa pequeña capa de humus de 15 ó 20 centímetros sobre la superficie del territorio nacional, debe defenderla porque es la única fuente de riqueza y ha sido lo único que le ha permitido sobrevivir como país independiente, desde que existe como tal. Entonces, comparo y encuentro la similitud con otros países, no ya en cuanto a la defensa de la superficie de la tierra sino en lo que dice relación con la defensas de aquellos elementos que le resultan fundamentales al país para sobrevivir económica y políticamente. Por ejemplo, en el caso de México -que ya he citado- además de establecerlo en la Constitución en forma general, en el artículo 4º de una ley bastante reciente, de 16 de febrero de 1973, se menciona a aquellas actividades que están reservadas exclusivamente al Estado. Entre ellas se encuentran el petróleo y los demás hidrocarburos; la petroquímica básica; la explotación de minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la minería, en los casos a que se refiere la ley en la materia; la electricidad; los ferrocarriles; las comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas y demás que fijen las leyes especiales. Quiere decir, entonces, que en este caso de México, como en muchos otros -tal como sucede en los casos de Venezuela y de los países árabes con su petróleo- los países buscan defender y salvaguardar su fuente de riqueza. Y la nuestra es solamente la tierra; por eso, la razón de la discriminación es defender la economía nacional, a través de su único elemento generador de riqueza genuina que es la tierra. Esto, lejos de ser algo inusitado, algo nunca visto, significa adoptar la misma tesitura que todos los países del mundo cuando custodian, defienden y tutelan de distinta manera su única fuente de riquezas.

Quizás, en ni condición de miembro informante, tenga oportunidad de hacer alguna otra intervención. Hubiera querido leer al señor senador Batlle la opinión de un correligionario suyo, miembro del Instituto Nacional de Colonización, quien en la reunión de Sarandí Grande efectuó un violento ataque a la extranjerización de la tierra, señalando casos concretos de grandes extensiones de campo enajenadas a extranjeros. Pero esa defensa cerrada que el señor senador Batlle hace de la igualdad entre extranjeros y uruguayos y ese ataque a la diferenciación entre quienes debieran poseer la tierra en el Uruguay y quienes no, choca con lo que su Partido y su grupo político, el Batllismo durante toda la historia de este país -desde que recuerdo- ha hecho cuestión fundamental que es el defenderlo del capital extranjero, porque éste podía llegar a tener -como efectivamente la tuvo- incidencia en la vida política de la República. Se trataba de librar al país de la posibilidad de que ese capital extranjero, presionando a todos los gobiernos, limitara la soberanía nacional. Así, fuimos expropiando a las compañías extranjeras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, los servicios de electricidad y absolutamente todo lo que podía constituir un conjunto económico de demasiado peso para un país económicamente débil. Y eso, que el Batllismo se ha vanagloriado de llevarlo a cabo, parece que hoy no lo comparte el señor senador Batlle, porque hay que proteger y recibir con los brazos abiertos al capital extranjero, en lugar de tratar de prescindir de él.

Así como señalamos estos ejemplos un tanto lejano, también podríamos hacer referencia a algunos más cercanos. No deseo prejuzgar, porque naturalmente todo el mundo tiene derecho a sostener lo que piensa sobre los problemas actuales del país y, sabiendo, como ya se ha publicitado, que todo el Partido Colorado va a votar en contra de este proyecto, creo que, además de los argumentos que muy bien ha expuesto, desde su punto de vista, el señor senador Batlle, están los fuertes compromisos que este Gobierno mantiene contraídos -como los mantuvo también la dictadura- con los intereses extranjeros. Esto parece manifestado por el señor Ministro de Economía y Finanzas, tal como lo mencioné en este Senado.

Cuando estábamos estudiando la Ley de Refinanciación y el Senado aún no había sancionado el proyecto, al llegar al Aeropuerto de Carrasco el señor Ministro preguntó por él a los periodistas y se horrorizó cuando le dijeron que todavía no estaba sancionado. En dicha ocasión manifestó también que en el extranjero le habían dicho: "¿Cuándo en el Uruguay van a dejar de prorrogar las ejecuciones? ¿Cuándo van a ejecutar, de una vez por todas, a los productores para que los bancos que responden a estos intereses, cobren la deuda?" Es decir que el Ministro uruguayo se preocupaba porque los bancos extranjeros cobraran sus cuentas, aún a costa de la ejecución de los productores uruguayos.

Y cuando en la Asamblea General estábamos estudiando la posibilidad de levantar los vetos al Presupuesto -cosa que al fin no fue posible- de regreso de otro viaje -después de reiterar en todas las Comisiones de Presupuesto que no habría aumentos para la enseñanza, para la salud, para la justicia, ni para las Intendencias, para los servidores del Estado, porque no había dinero- dice otra cosa: que no habrá aumentos porque están comprometidos con la banca extranjera a no acrecentar los gastos del Estado. En consecuencia, estaban comprometidos a sacrificar al pueblo para intentar pagar parte de la deuda o, por lo menos, sus intereses.

Entonces, más que estos razonamientos que ha formulado el señor senador Batlle hay una filosofía y una orientación política de por medio y es ese grado de -busquemos una palabra no hiriente- enlace con intereses extranjeros que, a mi juicio, no benefician al país.

Creo que este problema está inscripto dentro de ese cuadro.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite, señor Presidente, para contestar una alusión?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Voy a ser muy breve porque no creo que tengamos derecho a acaparar la atención del Cuerpo con respecto a este problema el señor senador Pereyra y yo. El hace, como miembro informante, un alegato que yo contesto. Luego él hace apreciaciones referidas a cosas por mí manifestadas al tiempo de hacer otra serie de presunciones absolutamente temerarias, por las que yo no tengo más remedio que pedir al Senado que me excuse y me autorice a responder.

Cuando hablé de la carátula que lleva este proyecto, dije que, administrativamente, estaba mal calificada y eso es cierto. Esta iniciativa no se refiere a la prohibición de la adquisición de tierras por extranjeros no residentes. Eso es falso, porque establece otra cosa. Su artículo 1º determina que solamente los ciudadanos naturales o legales de la República pueden ser propietarios de inmuebles rurales o titulares de explotaciones agropecuarias en el territorio nacional. Ese es el eje y el objetivo del proyecto de ley. Centralizar el objetivo del proyecto sobre la referencia de que es una prohibición para adquirir a extranjeros residentes, es decir que tiene por meta facilitar que ellos tengan derecho a la propiedad y los extranjeros no residentes no lo posean. Eso es falso.

Se habla de la tradición legislativa. ¿Cuál es? En cualquier lugar del mundo, es la legislación. Yo no sabía que la tradición legislativa eran los proyectos presentados. Esta es una innovación fanática con respecto a lo que ella significa.

Por cierto que si hay una ley que permite la contratación, cuando se presenta un proyecto sobre el mismo tema, lo único que hace es limitarla o no permitirla.

La tradición está fundada por la actitud legislativa, por la legislación efectiva y no por la presentación del proyecto. La legislación efectiva dice lo contrario, porque nunca se votó un proyecto de esa naturaleza. Esa es la única tradición legislativa existente.

Con respecto a la ciudadanía natural y legal, el doctor Justino Jiménez de Aréchaga se refería a la de los uruguayos pero no a la de los extranjeros. Los que no podemos la ciudadanía, estemos donde estemos, somos nosotros por el "ius soli". Los que pierden la ciudadanía son los de "ius sanguinis", que es el otro sistema. A quienes les aplicamos nosotros la condición de perderla son a aquellos que regidos por "ius sanguinis" les exigimos que cambien la ciudadanía.

La ciudadanía legal tampoco se pierde, solamente se suspende. Por tanto, esto no tiene nada que ver con la afirmación de que el extranjero al hacerse ciudadano legal sigue teniendo aquella condición de extranjero. Entonces, si el extranjero sigue siéndolo al convertirse en ciudadano legal, ¿para qué se le pide que tome tal estado? Si es lo mismo ambas cosas, no veo a qué esta exigibilidad.

Si para el señor senador Pereyra ser ciudadano es lo mismo que ser extranjero, ¿para qué tanto problema?

Además, toda esta cuestión relativa a la pérdida de la ciudadanía, a la extranjerización del capital, del patrimonio nacional, ¿se resuelve con que los brasileños y argentinos pasen por el registro y firmen expresando que adhieren a la ciudadanía uruguaya?

Asimismo, el señor senador expresa lo que, a mi juicio, no dice DINACOSE con respecto a la forma de explotación de la tierra. Entonces, si él cree que no son buenos explotadores de la misma, ¿por qué los quiere incorporar?

SEÑOR PEREYRA. - DINACOSE lo dice; léalo bien.

SEÑOR BATLLE. - También voy a leer lo que expresa DINACOSE.

En esta materia el señor senador Pereyra ha hecho referencia, solamente, a vacas y ovejas y yo entiendo que la agricultura es muy importante en todo este tipo de explotación, es decir, en la producción cerealera, arrocera, praderas extensivas, etcétera.

Si DINACOSE, en el uso del suelo de acuerdo a nacionalidades en 2.500 hectáreas habla de praderas convencionales, mejoramientos extensivos, campos fertilizados, cultivos forrajeros, huertas y viñedos, tierras de labranza, montes artificiales, campos naturales y de rastrojos y demás, la diferencia en favor de uno u otro es del 1%.

Para el total de la superficie DINACOSE dice que los de nacionalidad argentina y otras nacionalidades son los que trabajan con un menor porcentaje de campos naturales en sus explotaciones, siguiéndose los orientales, luego los brasileños y esa diferencia es tan solo de ese 1%. ¿Hace ello una diferencia de calidad? ¿Es tan grave que lo va a subsanar haciéndolos uruguayos? Es decir, que si sacan la ciudadanía legal van a explotar mejor esa tierra? Evidentemente, esta afirmación no tiene asidero.

Asimismo, las afirmaciones del doctor Korzeniak fueron utilizadas ya en este Cuerpo por el señor senador Ortiz en su momento, cuando se discutió este tema y en un sentido opuesto a que el propio jurista las entiende.

A mi juicio -no tengo versación constitucional notoria- esta ley es violatoria del artículo 78 de la Constitución de la República porque al impedirle a un extranjero la propiedad se lo priva del derecho de acceder a la ciudadanía legal, a la condición de incorporarse al registro cívico y votar sin ser ciudadano legal, como lo establece dicha disposición.

Es notorio que obran en poder del señor senador y de todos los que estamos aquí algunos informes legales referidos a la falta de recursos para la expropiación, que es otra inconstitucionalidad relacionada con el artículo 232 que exhibe este proyecto.

Ya que se habla de tradición y puesto que los proyectos presentados para el miembro informante la constituyen, en materia de proyectos para afincar a pobladores en la campaña, voy a leer un conjunto de ellos donde se habla de todo lo contrario. Por ejemplo, "Bosquejo de nuestra propiedad territorial"; tesis presentada por el doctor Alberto Márquez en 1904; tesis presentada al Claustro de la Facultad sobre "Inmigración y Colonización" por Alberto Pacheco en 1892; Colonización de la República, proyectos y propuestas del señor Cabello; Colonias Feliz y Pintado del señor Montaner; Colonización propuesta en Colonia Santa Teresa por el señor Eduardo Grauert, en la Colonia Cabellos en Artigas; en la Colonia General Rivera la Compañía Nacional de Créditos y Obras Públicas; en la Colonia Guaviyú el señor Neto; todas las colonias Valdense, Suiza, Porvenir, Cosmopolita, Paullier, Nuevo Berlín, Francisco Aguilar, Río Negro y Ombúes de Lavalle. Todos éstos son proyectos para colonizar con extranjeros, a los cuales nunca a nadie se le ocurrió exigirles la nacionalidad porque, de lo contrario, no hubieran sido colonos. El señor senador Mederos, recordaba este aspecto, en la sesión anterior.

Por consiguiente, si todos los proyectos -algunos fueron llevados adelante y otros no- representan tradición, existe gran cantidad de iniciativas donde se solicita al gobierno que facilite fondos para acceder a soluciones de adquisiciones, financiamiento y parcelamiento de tierras para personas que vengan a trabajar acá siendo extranjeros. En esta materia, jamás se les pidió que se hicieran ciudadanos legales.

Reconozco que la tierra en el Uruguay es una fuente importante de riqueza; sin embargo, no llego al extremo de expresar que es la única. Ella nos da una base muy sólida de producción industrial, pero también la industria y los servicios en el país representan una fuente muy importante de riqueza.

En esa materia diría que cuando estamos apelando a los capitales extranjeros, a las inversiones en la República, a los créditos y al apoyo de los mecanismos de créditos internacionales, estamos también apelando a personas que van a venir al Uruguay a sujetarse a las normas que rigen la vida de nuestro país y que, por consiguiente, también harán lo mismo con las suyas.

Aquí no le estamos diciendo a nadie que venga a trabajar, a meterse como el zorro en el gallinero y hacer mangas y capitores de las normas legales que rigen en el país. Todos debemos cumplir con las leyes, y en la medida en que esto no se haga seremos sancionados por igual, ya sea extranjero o uruguayo. Esa es la tesis fundamental que nosotros hemos sustentado.

No tengo inconveniente en discutir la posición del Partido Colorado respecto a la estructura de la actividad social y la presencia del Estado en ella, pero en materia de tenencia de la tierra, que es lo que ahora estamos discutiendo, la tradición de ambos partidos políticos en la República, ha sido precisamente mantener esta legislación, pese a algunos intentos como los de 1872 y 1972 -luego de cien años- y el de ahora.

Reitero que la tradición de ambos partidos es la de mantener este régimen de tenencia de la tierra que hoy se quiere derogar.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: este proyecto que hoy consideramos se refiere a un tema que ha sido objeto de tratamiento legislativo en varias ocasiones sin que nunca se haya logrado la aprobación de una ley.

Se ha entendido siempre por parte de los legisladores que a lo largo de los años han presentado proyectos similares a éste, que el hecho de que haya extranjeros que sean propietarios de tierras en el Uruguay constituye un problema que afecta o puede afectar a la economía y también a la soberanía nacional. En apoyo de este criterio se dice que los extranjeros que compran tierras en nuestro país en la mayoría de los casos lo hacen con una finalidad especulativa, es decir que la compran en épocas en que la hectárea vale muy poco y la venden cuando el precio sube, obteniendo una gran ganancia, y como ésta es el único objetivo que los mueve, durante el lapso transcurrido desde que la adquieren hasta que la venden, no se preocupan de la tierra, no la cuidan, la dejan abandonada, perjudicando así a la producción del país y por ende a su economía.

Otra razón motivadora de estos proyectos es la de que cuando los brasileños adquieren tierras en el Uruguay linderas con su país las utilizan fundamentalmente para hacer contrabando de toda especie, y muy especialmente de ganado, ocasionando el consiguiente perjuicio para nuestro régimen impositivo y para la economía nacional.

Asimismo se ha señalado que muchos extranjeros dueños de tierras no residen en ellas, las visitan ocasionalmente y las dejan al cuidado de capataces o peones sin mantener esa vinculación directa del hombre con el campo que se reputa necesaria para que exista una complementación casi efectiva entre el ser humano y la tierra que algún día lo recibirá en su seno.

También se cita el caso de brasileños que en algunas zonas del Este de nuestro país explotan sus campos en forma deficiente, agotando los suelos y hasta contratando mano de obra brasileña, pagando jornales inferiores a los que corresponderían si se tratara de peones uruguayos.

Finalmente, el otro argumento que se esgrime es que si permitimos que nuestras tierras sean compradas por extranjeros estaríamos atentando contra la soberanía nacional, porque los uruguayos vamos perdiendo territorio, dejando una porción cada vez mayor en manos de extranjeros. A esto se agrega que en caso de conflicto con otro país, la existencia de muchos nacionales de esa nación en el nuestro haría más fácil la violación y agresión de nuestras fronteras.

Estos son los principales argumentos que sustentan quienes propician este proyecto.

Al mismo tiempo, todos coinciden en afirmar la importancia de la tierra como uno de los valores fundamentales del país; país que desde su independencia ha hecho reposar su economía fundamentalmente en la agropecuaria.

Se dice con razón que la tierra debe cuidarse y cultivarse con eficiencia y hasta con amor para que a medida que la ciencia y la técnica vayan abriendo nuevos horizontes produzca más y mejor. No cuidar la tierra apropiadamente es casi un delito; no hacerla producir los frutos adecuados es un agravante; es casi como no cuidar ni educar a un hijo.

Este es el panorama, en grandes líneas, sobre el cual se perfila este proyecto; proyecto que consiste también, en grandes líneas, en permitir sólo a los ciudadanos naturales o legales el acceso a la propiedad de la tierra. A los extranjeros que actualmente son propietarios se les fija un plazo para que obtengan la ciudadanía legal, y si al cabo del mismo no cumplen con ese requisito se les expropia la tierra, pagándoseles en forma diferida de acuerdo con lo que establece el artículo 32 de la Constitución de la República.

Son varias las observaciones que me merece este proyecto. En primer lugar, no comparto la filosofía que lo inspira.

Nuestro país es pequeño; pequeño en geografía, en población y en posibilidades. No está en nuestras manos aumentar nuestras dimensiones geográficas, porque no tenemos vocación de conquista ni aptitud para emprender guerras y tampoco podemos pensar en un aumento rápido de nuestra población. Desde hace más de 150 años, el crecimiento demográfico del Uruguay es muy lento. No sé si este estancamiento de nuestra población era y es inevitable; lo que sí sé es que si hablamos de responsabilidad debemos reconocer que todos las tenemos, los partidos, los dirigentes políticos y todas las personas que en una u otra forma han tenido gravitación en la vida y en la orientación del país.

Entonces, sólo nos queda, ya que no podemos aumentar rápidamente nuestra dimensión geográfica ni nuestra población, estudiar la posibilidad de extender nuestras potestades para crecer y desarrollarnos. Vivimos en un mundo cada día más pequeño debido a las maravillas de las comunicaciones. Cuando hoy pensamos en las distancias que nos separan de nuestras antípodas, no podemos tomar como referencia los kilómetros sino los segundos. Nunca fuimos un ejemplo para el mundo. En todo caso y en algunas ocasiones, en virtud de nuestras libertades y hasta de nuestro fútbol, pudimos ostentar títulos tales como "la tacita de plata" o "la Suiza de América", pero todas esas son glorias del pasado. La dura realidad del presente nos enseña que muy poco podemos hacer sin la ayuda de los demás. Lamentablemente, esa ayuda casi nunca es filantrópica; por encima de las confraternidades, los banquetes y los abrazos protocolares están las obligaciones y las exigencias. La autarquía fue el sueño de algunos gobernantes de hace muchos años que ya se desvaneció en la noche de los tiempos.

Esos países que pretendieron ser autárquicos terminaron en una guerra desvastadora. Lo cierto es que la autarquía pasó de moda en la propaganda y en los hechos. Para vivir, tenemos que juntarnos con otros, integrarnos con otros; y la integración supone dependencias recíprocas. No creo que el mejor camino para lograr el progreso, al que ahora llaman desarrollo, sea el de cerrar nuestras fronteras a los aportes extranjeros exigiéndoles el peaje de abandonar su nacionalidad para adquirir la nuestra. Un país subdesarrollado como el nuestro carece de capital para invertir en su propio desarrollo; no tenemos el capital necesario para invertir en infraestructuras, en equipos, en tecnologías, y es así que para crecer necesitamos indispensablemente inversiones y capitales. El capital nacional no alcanza y es insuficiente para promover el desarrollo del país, no sólo porque es escaso en su cuantía sino porque buena parte de él, desgraciadamente, está depositado en Suiza y en Las Bahamas.

En materia de capitales y de inversiones nuestra actitud no es la de ofrecer sino la de pedir y el que pide siempre tiene que estar supeditado a la voluntad, al deseo o a la imposición del que otorga. Esta es la realidad del mundo, por lo menos del de hoy. Estamos inmersos en un universo duro y cruel en el que las necesidades son muchas y el egoísmo también.

Hace poco tiempo nos ha visitado el Papa Juan Pablo II, ¿y qué nos ha indicado, predicado? No ha venido al Uruguay a exhortarnos a que estudiemos más, a que hagamos gimnasia o a que dejemos de beber. No; nos ha reclamado más desinterés, más bondad y más amor por nuestros semejantes. Es decir, ha insistido en lo que más no hace falta.

Desde que hemos recuperado la democracia, el Gobierno con el apoyo de los partidos políticos, ha salido a recorrer el mundo en procura de reconquistar el prestigio y la confianza que en gran parte habíamos perdido. Pero la confianza y el crédito no se reconquistan con sólo presentarnos y exhibir buenos modales. Los derechos humanos son muy respetables y el hecho de que ahora se respeten en nuestro país nos ayuda en nuestro empeño frente al extranjero, pero además de los derechos humanos están las necesidades económicas.

En estos días leí en la prensa que el señor Ministro de Economía y Finanzas firmó en Alemania Federal un importante tratado sobre fomento y protección a las inversiones. Según lo asegurado por el contador Zerbino, se presta especial atención a la promoción de inversiones en sectores no tradicionales de la exportación, tales como, entre otros, extracción de mármoles y granito. No sé si en el momento de firmar este acuerdo o convenio el Ministro habrá dicho a los alemanes que para poder instalarse y comprar algunas canteras primero tendrían que hacerse ciudadanos uruguayos. Pienso que si se los hubiera dicho, ellos no se habrían sentido muy animados a hacer esas inversiones que constan en ese acuerdo.

Evidentemente, señor Presidente, aquí se plantea el tema del nacionalismo, tema éste sobre el que podría hablarse extensamente; forma parte de los conceptos cuyo alcance ha variado con el correr del tiempo. Ya no consiste en encerrarnos dentro de nuestra caparazón y mirar con hostilidad todo lo que venga del exterior. Se trata de mirar a los otros países no como enemigos potenciales, sino como compañeros en esta aventura colectiva que es la vida en el planeta. Grandes naciones, con recursos prácticamente inagotables, con inmensas masas de población, que constituyen un mercado interno capaz de absorber todo lo que se les ofrezca y que durante muchos años se encerraron dentro de sus fronteras en un aislamiento hostil y suficiente, han tenido que oír las voces de la razón y de la necesidad y han abierto así sus puertas al capital extranjero. ¿Es que acaso muchos de esos ancianos de Kremlin no sentirán que algo se les mueve en su interior cuando ven las insignias de los autos Fiat o los emblemas de la Coca-Cola, representativos del odiado capitalismo imperialista y plutocrático, que ahora ha puesto el pie en aquella fortaleza otrora inexpugnable? ¿Es que por ventura no habrá legiones de chinos, de los que todavía veneran a Mao, que ahora contemplen con asombro y recelo las avanzadas de la sociedad de consumo que han llegado a sus tierras?

Todo el mundo ha cambiado y lo sigue haciendo a un ritmo que muchas veces supera nuestra capacidad de asimilación. Es así que vemos que las naciones más devastadas por la guerra son las que hoy encabezan las filas del desarrollo; que las naciones que se odiaron durante siglos y que libraron más de cien batallas siguiendo ese odio, hoy se abrazan y forman la Comunidad Europea que nos sofoca con sus subsidios.

¿Qué hace el señor Felipe González en España? Para algunos, ha traicionado sus principios y sus banderas, especialmente las electorales, haciendo lo que prometió no hacer, ingresando a una familia europea en la que durante mucho tiempo se pensó que España seguiría siendo el hijo pródigo y privatizando lo que hubiéramos jurado que estatizaría. ¿Es que acaso todos esos estadistas, esos gobiernos, esos dirigentes políticos, no son patriotas? ¿No quieren el bienestar de su nación? Creo que sí, que son patriotas. Pienso que practican, cada uno con sus modalidades vernáculas, el único nacionalismo sensato en la época moderna, porque uno es el que se ha llamado nacionalismo miope, acompañado de lenta evolución tecnológica y de bajo ritmo de crecimiento, y otro el que procura absorber capitales y tecnología extranjeros. Como decía Oliveira Campos: "La primera actitud nos condena a la importación de los productos de tecnología nueva, favoreciendo la renta nacional de otros países. Es el nacionalismo suicida, tan frecuente en nuestro país".

El nacionalismo moderno consiste en procurar para los connacionales el mejor nivel de vida posible, el disfrute de los bienes de la tierra y la superación constante de las condiciones domésticas. No se trata de la disyuntiva del Almirante Cervera: "prefiero honra sin barcos que barcos sin honra". Aquí nadie trata de deshonrar a nadie, ni de deshonrarse a sí mismo; de lo que se trata es de que nuestra bandera no flamee orgullosa sobre un montón de ruinas, sino acariciada por la brisa del progreso y del bienestar colectivos.

Es así, señor Presidente, que debo decir que discrepo con la filosofía representada en este proyecto. Además, no estoy de acuerdo con el enfoque concreto que aquí se instrumenta.

SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: me he atrevido a interrumpir la exposición del señor senador Ortiz porque creo que está analizando con lucidez el meollo del asunto. Está rompiendo una regla de tres simple que diría que recibir capital extranjero supone poco menos que ser partidario de estar contra la propia patria. Al respecto, da ejemplos muy importantes.

Si me atrevo a interrumpir al señor senador es porque quiero agregar algún ejemplo más de cómo se maneja este asunto en el mundo moderno.

En el día de hoy la empresa de navegación aérea polaca, país socialista, está buscando capitales extranjeros. Un gobierno progresista latinoamericano, como lo es el peruano, está convocando la privatización de cuarenta empresas, entre ellas Aero Perú. En Shangai hay una bolsa de valores. ¿Por qué? Porque hay valores de bolsa. Esto es que hay allí un papel importante de la iniciativa privada.

La defensa de la nacionalidad pasa porque el Estado asignador de recursos tenga en sus objetivos la defensa de la Nación, pero no que necesariamente los instrumentos lleven a una exigente necesidad en el sentido de que no entre ningún capital extranjero. El capital extranjero entra según determinadas reglas de juego y ciertos objetivos, que a veces son perniciosos y otras buenos.

Simplemente quería, señor Presidente, con el fin de resaltar la exposición del señor senador Ortiz, expresar esto porque me parece muy importante -lo reitero- romper la filosofía simple por la cual se hacía la regla de tres sencilla que señalaba al principio, de que si se aceptaba un capital extranjero se estaba vendiendo la patria. No; hay muchas formas de vender a la patria que no pesan por ahí y hay muchas maneras de defender la patria que pasan por utilizar instrumentos que en última instancia generan empleos y recursos.

Nuestro Gobierno, el gobierno de nuestro Partido, con el cual naturalmente se podrá discrepar con respecto a esta orientación económica, ha tomado ciertas medidas. Hoy, por ejemplo, se mencionaba el tema de la deuda externa. La estadística de CEPAL señala que nuestro país es el que ha pagado menos porcentaje de deuda respecto de las exportaciones. Hemos pagado incluso el cuatro o cinco por ciento menos que el Perú, que como sabemos ha hecho de este tema un eje de su política económica y de su política exterior.

El señor Ministro de Economía de nuestro Gobierno acaba de llegar de Washington donde ha expresado que nuestro país tiene reservas y mecanismos financieros que le llevan a no solicitar nuevos recursos al Fondo Monetario Internacional; que eventualmente, frente a los nuevos recursos que pudiera solicitar, tendría que firmar una Carta Intención y que como no los necesita, no lo va a hacer. Nosotros recordamos, señor Presidente, que este país no tuvo un Fondo Monetario Internacional hasta 1959, año en que no gobernaba nuestro Partido, en que no eran legisladores de nuestro Partido los que apoyaron al gobierno que entonces empezó a necesitar de los auxilios de ese organismo. A partir de ese momento el gobierno de la época empezó a firmar cartas de intención.

Finalmente, cuando hoy le decimos al mundo internacional que no estamos firmando una Carta Intención, y frente a este logro de la deuda -logro que creo que habrá de avanzar porque entre 1985 y 1987 se ha mejorado mucho, por parte de los países subdesarrollados, la modalidad de cómo renegociar la deuda externa; y por supuesto Uruguay, en determinado momento, tendrá que acogerse a ella- en la política de la deuda, digo, somos quienes estamos pagando menos en el continente.

De modo que le decimos al Fondo Monetario Internacional, después de muchos años, que no firmamos Carta Intención porque no la precisamos. Entonces, por más que se discrepe con nuestro Gobierno, no se puede cometer la dureza de endilgarle la intencionalidad de obedecer a capitales extranjeros.

Era cuanto quería manifestar.

Le agradezco al señor senador Ortiz la interrupción que me ha concedido, que por supuesto habría preferido que fuera más breve, pero lamentablemente me tuve que extender un poco más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Concedo con mucho gusto las interrupciones, señor Presidente, pero no me gusta que a través de ellas me obliguen a desviarme del tema. Y aquí no tengo más remedio que hacerlo porque el señor senador Flores Silva ha hecho alusión a los gobiernos nacionalistas que firmaron cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional.

Esa es una vieja historia que, naturalmente, hombres jóvenes como el señor senador Flores Silva tal vez no conozcan o no recuerden. Yo sí lo recuerdo porque fui protagonista de muchos episodios. Recuerdo que después de haber sufrido una intensa campaña electoral y post electoral, en la cual se nos acusó de haber firmado cartas de intención con cláusulas que no eran muy saludables para el país, fuimos derrotados en las elecciones y el primer gobierno colorado que nos sucedió firmó una en términos muchos más duros para el país que las que había suscrito el gobierno blanco. Ello motivó una interpelación que le hicimos al entonces Ministro Charlone, quien tuvo que admitir esas verdades que además estaban documentadas.

Me parece que este desvío lateral, sin perjuicio de que siempre es saludable revolver los archivos históricos y políticos, en cierto modo -le ruego al señor senador que me disculpe- puede achicar el debate de un tema tan importante como es éste de la tierra.

Prosiguiendo, señor Presidente, diré que en este país todos estamos de acuerdo en asignar a la tierra y su explotación la trascendencia que tiene. También todos estamos contestes en que no podemos darnos el lujo de no hacerla producir lo más y mejor posible. Claro, ha sido preocupación de todos los gobiernos, a lo largo de nuestra historia, esa explotación de la tierra, que se ha reflejado en proyectos y en discursos.

El aprovechamiento de la tierra se encaró fundamentalmente bajo un doble aspecto. En primer término, lo relativo al tamaño. Se entendió que eran perjudiciales el latifundio y el minifundio. El latifundio, porque generalmente las grandes extensiones no son, en muchos casos, las más aptas para merecer una atención personal de sus dueños. Y el minifundio, porque se hace imposible a los propietarios de pocas hectáreas realizar inversiones en maquinarias, fertilizantes u otros adelantos técnicos.

La creación, precisamente en 1948, del Instituto Nacional de Colonización, fue motivada, entre otras cosas, por el interés de propiciar a través de las colonias una mejor subdivisión de la tierra y un mejor aprovechamiento de la misma.

La ley de creación del Instituto Nacional de Colonización es la Nº 11.029, de 11 de enero de 1984. Fue una ley ampliamente estudiada de acuerdo a la importancia del tema. Intervinieron en su elaboración hombres conocedores de nuestra realidad rural, tales como César Mayo Gutiérrez, Antonio Rubio, Ramón F. Bado, Alfredo Vigliola, Carlos Manini Ríos, Justino Zavala Muniz, Dardo Regules, Gustavo Gallinal, Cesáreo Alonso Montaño y Eduardo Blanco Acevedo, para citar algunos.

Se trataba de hombres que conocían la campaña, no por lecturas sino personalmente, por haber vivido permanentemente en ella o por tener contacto con sus problemas. A lo largo del extenso tratamiento del tema en el ámbito legislativo, no se encuentra ninguna referencia discriminatoria para con los extranjeros. Por el contrario, se les abren las puertas, se establece que la colonización a instaurarse, teniendo en cuenta la nacionalidad de los colonos, podrá ser de tres formas: a) Autóctona, cuando los colonos sean totalmente orientales; b) Alóctona, cuando la colonización se hiciera con extranjeros y c) Mixta, cuando el número de extranjeros no sobrepasara el de orientales. Esa ley dedica, además, todo un capítulo a regular la colonización con extranjeros y hay otro destinado a la expropiación, detallando el orden de preferencia que habrá de observarse al expropiar: en primer lugar, la tierra sin cultivar; segundo, las de mayor extensión; tercero, las que fueran susceptibles de importantes transformaciones; cuarto, las que estén en zonas que cuenten con obras de riego; quinto, los terrenos excesivamente fraccionados. Como se advierte, la preocupación por la nacionalidad no estuvo en juego. Podría haberse establecido que al elegir tierras para expropiar, se debiera preferir aquellas cuyos dueños fueran extranjeros; sin embargo, esa condición no se tuvo en cuenta.

En cuanto a los requisitos para ser colonos, la condición de oriental o de extranjero con más de tres años de residencia, no es de las primeras condiciones exigidas, sino que viene en séptimo lugar y, aún así, no se requiere del extranjero que se nacionalice, sino simplemente que tenga una residencia de tres años en el país.

Este tratamiento igualitario para nacionales y extranjeros, no es fruto de un criterio de no darle importancia al tema; por el contrario fue un propósito deliberado. En el informe de la Comisión Especial de Reforma Agraria del Senado, de la que fueron miembros informantes César Mayo Gutiérrez, Cesáreo Alonso Montaño y Ramón F. Bado, refiriéndose a los colonos extranjeros, se dice que la existencia de esos colonos, en opinión de algunos, podría afectar en cierto modo la seguridad del Estado. Pero, por otro lado, se agrega: militan también buenas razones a su favor, la imposibilidad práctica de atraer una inmigración, si ella no cuenta con poder prolongar en el país de admisión su comunidad tradicional. Asimismo, se tuvieron en cuenta algunas experiencias alentadoras que se citaron, de las Colonias Valdense y Suiza.

En resumen, señor Presidente, la Ley de Creación del Instituto Nacional de Colonización es una de las mejor estudiadas en la República. En su extenso articulado se propone, en definitiva, una verdadera reforma de las estructuras agrarias. Intervinieron en su estudio, redacción, informe, tratamiento legislativo y aprobación, tanto de parte del Poder Ejecutivo como del Legislativo, las personalidades políticas más destacadas de la época. Nadie podría decir, frente a esos hombres, que se trataba de hombres con un patriotismo atenuado, que les hacía olvidar los verdaderos intereses de su país; nadie podría decir que consideraron el tema frívolamente, sin dedicarle mayor estudio y atención; nadie podría decir que ellos no sentían el deber de defender nuestra soberanía.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Me permite, señor senador?

Estamos a escasos minutos del término reglamentario de finalización de la sesión y se ha presentado a la Mesa una moción para la prórroga de la misma.

Corresponder leerla y pasar a votarla.

Léase.

(Se lee:)

"Que se prorrogue la sesión hasta que finalice su exposición el señor senador Ortiz. (Firmado:) Luis A. Lacalle Herrera. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Decía que esa pléyade de hombres políticos, experimentados, a los cuales nadie podría negarles patriotismo y preocupación por los verdaderos intereses del país, no estipularon de manera especial para los extranjeros ninguna disposición. Por el contrario, creyeron en la conveniencia de abrirles las puertas para que entraran a nuestros campos, para dejar en ellos, junto con su sudor, el fruto de su experiencia y conocimientos.

Pienso que ese antecedente no puede sernos indiferente y que debemos tenerlo en cuenta como elemento determinante de nuestra actitud frente a este proyecto.

El tema de la tierra tampoco podía estar ausente -y no lo estuvo- de la preocupación de los partidos políticos. En general, en los programas de nuestras colectividades políticas se puso énfasis en la necesidad de llegar a reformas de las estructuras agrarias que permitieran, junto con una más adecuada justicia social, un mejor uso de la tierra, con vistas a una mejor y mayor producción.

Entre otros, el programa llamado "Nuestro compromiso con usted", que en 1971 fuera el programa de gobierno de un sector del Partido Nacional, era moderno, con conceptos en algunos aspectos radicales. Se planteaba en él la reforma agraria, estableciendo una superficie máxima de la que alguien podría ser propietario de 2.500 hectáreas, y la aplicación de impuestos acordes con la capacidad de producción de cada predio. Se trataba de un programa de gobierno dentro del cual se le asignaba a todo lo relacionado con el sector rural una gran importancia. Se hacía referencia pormenorizada a la racionalización del uso del suelo, a la planificación regional, a la concentración de la vivienda rural, a la tutela de la propiedad privada, a la creación de cooperativas, a la reforma agraria que facilitara el acceso a la propiedad de la tierra a quienes tuvieran aptitud para trabajarla, al combate contra el latifundio y el minifundio, al incremento de la producción, a la redistribución del ingreso rural, etcétera.

Me he permitido esta mención un tanto prolija para poner de manifiesto que un programa de gobierno que en lo referente al campo y a la actividad rural fue tan detallista, no previó nada con respecto a la nacionalidad de los dueños de la tierra. El contenido de este programa constituye también uno de los factores que ayudan a formar mi decisión con respecto a este proyecto de ley.

He leído -como lo habrán hecho los señores senadores- los diversos proyectos de ley sobre el tema estudiados en otras legislaturas y, por supuesto, este mismo proyecto presentado en 1972 y ahora nuevamente, con algunos retoques; he leído las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión. La impresión que me causa toda esta lectura es que, contrariamente a lo que podría suponerse, lo que más interesa no es la tierra, sino sus propietarios. Todos señalan la importancia de la tierra como bien natural, casi único que tiene el país. Como única fuente de riqueza la tierra es el asiento de la soberanía, es la que nos da el sustento, por lo tanto hay que cuidarla como a la "gallina de los huevos de oro". Hay que protegerla del viento, de la lluvia, de la erosión, de la contaminación, hay que saber cuándo se la obliga a producir y cuándo se la deja descansar, hay que fertilizarla para reforzar sus potencias naturales como el organismo humano se refuerza con vitaminas.

Todo esto reiterado a lo largo de los años en discusiones, exposiciones de motivos, informes y declaraciones, parecería que debiera tener un lógico eco en los proyectos y en las propuestas. Sin embargo no es así. En este proyecto se reglamenta detalladamente lo referente a la propiedad de la tierra para que ella no recaiga o permanezca en manos de extranjeros.

No hay, en cambio, ninguna previsión para la tierra en sí misma. No se estipula ninguna obligación de cultivarla adecuadamente; no se sanciona a quien la maltrate; no se impide su desperdicio. Parecería que la nacionalidad del dueño es la varita mágica que hará transformar la ineficiencia en eficiencia, el descuido en aplicación, el ausentismo en presencia, los sentimientos extranjerizantes en patriotismo. Parece ignorarse, señor Presidente, que son muchos más los uruguayos dueños de campos fronterizos que hacen contrabando, que los extranjeros; que hay muchos uruguayos que viven prácticamente ajenos a la tierra de la que son propietarios, que la descuidan, y que las llamadas estancias cimarronas son, en su gran mayoría, de compatriotas. Sobre todo eso no se dice una línea, no se proyecta ninguna corrección.

Al discutirse, en 1972, en la Cámara de Representantes, un proyecto similar -al cual se ha hecho referencia aquí- el señor representante Elizeire- que no era de mi Partido- decía lo siguiente, en relación con esto que acabo de expresar: "¿Acaso no tenemos que pensar en este problema de los ciudadanos orientales, naturales o legales, que viven fuera de la República, que no están radicados en ella y que tienen aquí un administrador, con lo que están haciendo un tipo de explotación que no beneficia al país, porque a veces tienen la tierra para especular y nada más?"

Lo que decía el señor representante Elizeire es el reflejo exacto de una situación cierta, pero, lamentablemente, sus palabras no eran acompañadas de ninguna solución concreta.

Y corroborando nuestra afirmación de que lo fundamental parece ser, no la tierra, sino sus propietarios, me parece ilustrativa esta expresión que leo en el informe de la Comisión: "¿Podemos permanecer impasibles ante la posibilidad de que la mayoría de nuestra tierra vaya a dar a manos de la avaricia ciega y desarraigada del capital foráneo?" He aquí, señor Presidente, una frase tremenda. Uno se imagina a un gringo, que apenas chapurrea el español, llevándose para su país una bolsa llena de pesos o de dólares. Pienso también que esa impresión la tendríamos si miráramos de lejos, pero si nos acercáramos, tal vez veríamos algún estanciero criollo que lleva sus pesos o dólares a Suiza o a Las Bahamas.

Contrasta, pues, el empeño enérgico en combatir la propiedad de la tierra, cuando ella recae en manos extranjeras -y por tanto, según se dice, indeseables- con la casi indiferencia ante la suerte misma de la tierra, cuando no recibe el trato que se merece.

Creo que lo que verdaderamente debe movernos es la posibilidad de que la tierra produzca lo más posible, que nos dé alimentos, que sostenga al ganado, que nos proporcione madera, que nos brinde trabajo. Esa debería ser, a mi juicio, nuestra preocupación obsesiva, y no la de imponer una ciudadanía que en lugar de ser la culminación de un noviazgo del extranjero con nuestro país, pueda más bien ser una causal de divorcio y de rechazo.

Se nos ha proporcionado, adjunto al informe de la Comisión, un detalle proveniente de DINACOSE acerca de las hectáreas de nuestro territorio que pertenecen a extranjeros. Lamentablemente, esa información no ha sido completa con otra -tanto o más valiosa, por lo menos para mí- que nos ilustrara acerca de cuántas de esas hectáreas están explotadas y cuántas son simplemente potreros; cuántas de las explotadas no lo son directamente por sus propietarios; qué tipo de personal ocupan, etcétera. Pero aún poniéndome en la tesitura simplista de quienes, simpatizan con este proyecto, no creo que quienes consideran a todos indiscriminadamente lo sientan realmente.

Me voy a permitir recordar algunas expresiones del ex señor representante Porras Larralde -hermano del que ocupa actualmente una banca en la Cámara de Representantes- que en 1972, al tratarse estos proyectos, decía que la prohibición debía limitarse a una franja fronteriza y agregaba: "Pero en el centro del país, ¿cómo podemos nosotros tronchar todas esas esperanzas de gente que si bien no se ha nacionalizado, está adquiriendo tierras por extensiones de 70, 80, 100 ó 150 hectáreas, y que cuando todo el mundo emigra hacia Montevideo vuelcan su capital hacia el interior de la República, trayendo trabajo al campo? ¿Es que podemos cortar abruptamente esa corriente? ¿Nos perjudica una tenencia de 200 ó 300 hectáreas?"

Es evidente, señor Presidente, que lo que preocupa a los sostenedores de este proyecto, no es la tierra sino sus dueños. Obligamos al extranjero a cambiar su ciudadanía y, si no lo hace, le expropiamos su inmueble. Y uno de los argumentos más fuertes es que muchos de esos extranjeros no cultivan, no cuidan la tierra, no la hacen producir. Parecería que hay una preocupación loable por el buen o mal uso de la tierra. Sin embargo, no es así, porque si ese extranjero obtiene la carta de ciudadanía, podrá hacer lo que quiera; podrá utilizar sus campos para pastoreo realizado por sí mismo o por otros; podrá venir a él cada semana, cada mes o cada año. Todo eso estará bien porque tendrá la bendición de la ciudadanía.

Se esgrime como argumento la necesidad de que el dueño de la tierra se vincule permanentemente con el país, tenga aquí su domicilio, etcétera. A esos fines también se le impone la ciudadanía, que será una ligazón firme con el país. Pero también lo que interesa es la teoría. Una vez que se haya hecho ciudadano, podrá olvidarse de su campo o del país. Podrá no venir nunca, pero la ciudadanía uruguaya constituirá para él un seguro de impunidad.

Pienso que tendríamos que exigir más a un ciudadano natural que a uno legal, como se le exige más a un hijo legítimo que a uno adoptivo. Por lo menos eso es lo que sucede en la generalidad de los casos.

De cualquier manera, lo que quiero es señalar que no se demuestra tanta inquietud por la suerte de la tierra, como por la calidad de sus dueños. O sea que prima lo adjetivo sobre lo sustantivo.

Y claro, con este criterio, tenemos el caso de refugiados políticos que han venido a nuestro país huyendo de las dictaduras de sus países, que se han radicado en el Uruguay, que han traído sus capitales y sus familias, que han trabajado concienzudamente la tierra y que son dirigentes políticos en el exilio. ¿Les podemos plantear a esos hombres una disyuntiva de hierro, como es la de hacerse ciudadanos o no poder ser dueños de la tierra? ¿Alguien cree que van a renunciar a su nacionalidad, a su ciudadanía de origen, especialmente cuando tienen la esperanza de que la seguridad cesará en su país y algún día podrán reingresar a él para ocupar altos cargos de dirección política? ¿Alguien piensa -y no quiero citar nombres- que alguno de ellos podría hacerse ciudadano uruguayo? ¿Qué tendrían que hacer, entonces? ¿Vender sus campos? ¿Y para qué? ¿para que muy probablemente el uruguayo que se los comprara, no los explotara tan científica, técnica y racionalmente como ellos?

¿Podemos ignorar esta situación? Creo que no. ¿O es que la consideramos hipótesis de laboratorio, que no se puede dar nunca? Se ha dado en el país.

Analicemos ahora algunas de las razones que se esgrimen al respecto. Se dice que los extranjeros adquieren las tierras, en su mayoría, con fines especulativos, tema que aquí se ha mencionado.

¿Qué quiere decir "especular"? He escuchado este término tantas veces que, después de varios años, me he decidido a buscarlo en el diccionario. Su definición es la siguiente: "Especular: procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil. Especulación: operación comercial que se practica con mercaderías, valores o efectos públicos con ánimo de obtener lucro".

Como se puede apreciar, no hay implicación alguna de algo deshonesto o moralmente reprobable. Todos los dueños de la tierra, tanto extranjeros como nacionales, especulan dado que todos quieren obtener una ganancia. Nadie trabaja la tierra ni explota un establecimiento con ánimo filantrópico; todos quieren obtener una ganancia, lo que me parece muy correcto. Por el contrario, reprochamos a aquellos que tienen sus campos improductivos; queremos que lucren, que especulen y obtengan una ganancia porque detrás de ella viene el beneficio para el país.

Sé perfectamente que quienes defienden este proyecto no emplean el término "especular" con el significado que tiene en el diccionario sino que lo utilizan con una acepción muy vulgar que asimila la especulación con algo lindante con lo ilícito y que siempre tiene algo de repudiable. Creo que hay que decir las cosas en sus justos términos y emplear las palabras -sobre todo cuando ellas van a incidir en otras reputaciones- con cuidado para no deformar su sentido.

Más de una persona ha dicho que no quiere al extranjero golondrina que compra la tierra, espera que se valorice, la vende y se va.

Cuando el valor de la tierra se ha depreciado, rara vez sobreviene de inmediato la valorización. Lo más frecuente es que transcurran años -creo que el señor senador Batlle se refería a este tema- antes de que la tierra se valorice nuevamente. De modo que el extranjero que la compró para especular, con ese sentido despectivo, tiene que aguardar un lapso más o menos prolongado al cabo del cual tiene que venderla a un precio que le compense el precio de adquisición más el interés del dinero durante esos años en que no la pudo vender, además de los impuestos y gastos que tuvo. De manera, pues, que tiene que venderla a un precio muy elevado para obtener una ganancia sensible que justifique la operación que ha realizado. No estoy seguro de que eso ocurra; seguramente ha sucedido en algún caso pero no creo que la mayoría de los que compran nuestras tierras lo hagan con ese ánimo especulativo.

Partamos del supuesto de que ese extranjero tuvo su campo vacío, sin animales, cultivos ni gente, constituyéndose así en un inmenso erial cercado y con la portera cerrada. Esta hipótesis, ¿se da frecuentemente o es de laboratorio? Creo que, como todos, este tema es opinable. Además, en las estadísticas y cifras que se nos han proporcionado no tenemos un reflejo exacto de esto porque los números generalmente son fríos y no muestran la realidad de los casos concretos.

Si los impuestos actualmente existentes, que gravan a quienes no hacen producir la tierra fueran bajos, todos estaríamos dispuestos a aumentarlos para que esa operación resulte un desastre económico en lugar de una ganancia. Así, aquél que debió esperar tres o cuatro años para que la tierra se valorizara, teniéndola improductiva sería objeto de penalidades a través de la vía impositiva que lo harían desistir de su negocio. Como es natural, sobre este punto no tenemos datos.

Con más elocuencia de la que soy capaz, un periodista especializado decía, hace algún tiempo: "nos queda aquello de que vienen y se van al poco tiempo con el capital duplicado. Esto es decididamente insensato. En el agro es imposible duplicar el capital en poco tiempo por el prolongado lapso de maduración de las inversiones determinado por extensos y estrictos ciclos biológicos. Por otra parte, si esto fuera como se dice, habría que concluir que los extranjeros han encontrado una suerte de nueva piedra filosofal que los uruguayos deberíamos procurar y, además, que todos los extranjeros son irracionales pues habiendo encontrado un negocio en el que se duplica el capital en pocos años, terminan por abandonarlo. Quizás la duplicación del capital se refiere al especulador que compra tierra, no hace nada con ella en años y luego la vende al doble de lo que la compró. Esto es absurdo porque no se compadece con la realidad de la evolución reciente de los precios de los campos ni con la esperada, y no se diferencia de idénticas inversiones realizadas por empresarios uruguayos ajenos al medio rural".

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - De las expresiones por cierto compartibles en general que ha venido realizando el señor senador Ortiz, es necesario puntualizar el distinto poderío económico que tienen los uruguayos frente a sus vecinos. Lo que para nosotros puede ser una empresa imposible es perfectamente posible para muchos de nuestros vecinos, en razón de esa diferencia económica. Quizás en eso estriba la razón de esta información que he recibido de un distinguido técnico del departamento de Paysandú, que lo conoce palmo a palmo. Dice así: "El listado confeccionado me da una superficie en el departamento del orden de las 100.627 hectáreas en poder de casi 100 extranjeros". Creo entonces, que puede manejarse la cifra de más de 100.000 hectáreas; DINACOSE habla de 130.000 hectáreas.

Continúa luego el informe: "Son fundamentalmente argentinos, pero los hay alemanes, holandeses, brasileños, italianos, franceses, algún chileno, etcétera. De estos propietarios, los radicados en el departamento y quizás en el país se cuentan con los dedos de la mano. Todos permanecen en el extranjero, con un régimen de visita desde el mensual, quincenal, muy pocos bimensual y más y hay quienes casi no conocen sus campos comprados. Algunos los dan para que les pongan animales a pastoreo; otros los utilizan como pastoreo, cobrando a los que explotan, con administradores designados aquí o traídos de la Argentina, por ejemplo, o lo manejan directamente ellos con personal del establecimiento, capataces, peones, etcétera. Generalmente tienen dinero para hacer inversiones adicionales o mejoras a veces importantes y generalmente se manejan con dólares americanos. No conozco ninguno con dificultades financieras, aunque puede haberlos. Son inversores fuertes y en su país de origen son comerciantes, industriales, banqueros, profesionales, algunos tienen explotaciones agropecuarias en Argentina, otros venden industrias o apartamentos, quizás sea dinero negro de empresas, que radican aquí".

Esta información llegada del departamento de Paysandú -y que me merece la mayor confianza- pone de manifiesto que a pesar de que estas maniobras no sean típicas -como las podría calificar de acuerdo con la definición del señor senador Ortiz- a mi juicio tampoco son convenientes para el país explotaciones de campos de esta naturaleza y con estos titulares.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Se ha señalado con insistencia el hecho de que muchos brasileños, concretamente, tienen campos que utilizan fundamentalmente como vía de tránsito para el contrabando en lugar de hacerlos producir.

Lo que cuesta creer es que sólo los brasileños hagan contrabando a través de sus estancias.

Aquí en Montevideo, señor Presidente, nosotros conocemos algunos casos de oídas. Pero para los que viven en los departamentos fronterizos, en ambientes numéricamente más pequeños, es fácil conocer con nombre y apellido quiénes contrabandean y quiénes no, quienes tienen campos en Brasil o quiénes los tienen más cerca o más lejos de la frontera. Estoy seguro de que, proporcionalmente, deben ser más los uruguayos que hacen contrabando que los propios brasileños.

Pero lo que me cuesta creer, señores senadores -esto sí me cuesta- es que a ese brasileño que tiene su estancia, que desde hace años practica el contrabando, es decir, que no vacila en recorrer el camino de la ilicitud para obtener un provecho, cuando se le otorga la ciudadanía se convierte automáticamente en un ciudadano fiel, cumplidor, que no hace más contrabando, no lucra ni especula más. ¿En virtud de qué taumaturgia, la credencial cívica en su bolsillo lo convierte en un ciudadano modelo? Ese es el caso y eso es lo que yo planteo.

Me parece que se exige un requisito totalmente inadecuado, que no sirve, porque hay algo que se lleva dentro, que es inherente a la naturaleza humana. ¡Ojalá se pudiera convertir a los delincuentes en ciudadanos modelos otorgándoles una credencial o un diploma! Si eso hubiera sido posible ya lo habrían puesto en práctica nuestros Jefes de Policía. Pero no es así. De manera que lo que advierto es que el remedio no está de acuerdo con la enfermedad y, en consecuencia, no la va a curar.

A lo largo de los años se ha venido manejando una expresión muy transitada, que "la tierra es para quien la trabaja". Ha sido la bandera de muchos sectores políticos y con ella se quiere significar que si hay alguien que merece ser dueño de la tierra es aquel que la trabaja, que vive en ella y que la cuida.

En el enfoque moderno, trabajar la tierra implica saber combinar adecuadamente, con ella, la dosis necesaria de los restantes factores de la producción, el capital y el trabajo, en forma de obtener el máximo beneficio posible en un determinado lapso. Esta expresión un tanto simplista de "la tierra es para quien la trabaja" es la consecuencia lógica del pensamiento de quienes asignan a la tierra la importancia fundamental que realmente tiene, especialmente en un país como el nuestro. Pero algunos siempre hemos pensado que la expresión sería más adecuada si dijera: "la tierra es para quien la trabaja bien", que no es lo mismo. Sin embargo, en una u otra forma, la tierra es siempre lo principal.

Me temo, señor Presidente, que si este proyecto de ley se aprobara, habría que modificar esa frase, la que pasaría a ser la siguiente: "la tierra para quien la trabaja, siempre que sea ciudadano oriental".

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: naturalmente que, como dice el señor senador Ortiz, nadie por ser ciudadano legal del país va a renunciar a ser contrabandista si lo es, si tiene deseos, condiciones, inclinación u ocasión para serlo; pero es evidente que con la ciudadanía se llena un requisito fundamental: es de la radicación de quien ha comprado tierras en el país. Porque si no se radica no puede obtener la ciudadanía, si no se radica pierde la oportunidad de convertirse en ciudadano. De manera que el objeto no es pensar que al obtener la ciudadanía dejará de ser contrabandista y pasará a ser un buen productor sino que de esa forma el Estado se asegura la radicación de la persona. Por eso es que la Constitución distingue los plazos: tres años para los que constituyen familia en el país y cinco para los solteros o los que no tienen familia constituida en el país. Lo que se busca, pues, es afincarlos. El objeto fundamental es, precisamente, afincarlos para que se integren a nuestra sociedad. Lejos de conminarlos o forzarlos a hacer algo que los perjudique, la obtención de la ciudadanía los integra no sólo al pleno goce de los derechos civiles sino también al de los derechos políticos. Es decir que los integramos, en todos los aspectos, a la sociedad uruguaya. Por eso nadie puede resistirse a lograr la ciudadanía legal si quiere usufructuar de algo tan esencial como es la única y fundamental fuente de riqueza genuina que tenemos los uruguayos.

Muchas gracias.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me concede una breve interrupción, señor senador Ortiz?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: el señor senador Pereyra dice que la ciudadanía exige la radicación...

SEÑOR PEREYRA. - La residencia.

SEÑOR BATLLE. - O sea que para poder ser ciudadano legal se necesita probar, lógicamente, una radicación previa. Después que la persona obtiene la ciudadanía no precisa radicarse más. Por lo tanto, va a permanecer tres años en el país, obtendrá la ciudadanía y luego se irá a vivir a la Argentina o a Brasil y continuará explotando la tierra en las mismas condiciones, buenas o malas, en que lo venía haciendo.

En el Uruguay no existe ley que obligue al productor a permanecer en la estancia. Si así fuera el Senado quedaría medio despoblado y se pondrían muchos departamentos en venta en la ciudad de Montevideo. Digo esto porque creo que la mayor parte de los estancieros, por lo menos en lo que se refiere a los uruguayos, no viven en sus establecimientos.

En consecuencia, al decir que con la radicación que la ciudadanía exige, se transforma al extranjero en un ciudadano con pleno goce de sus derechos, se comete un grave error jurídico. También se hizo mención del pleno goce de los derechos políticos. Al respecto, en el artículo 78 de la Constitución, que está vigente, se establece que aún sin ser ciudadano se puede gozar de los derechos políticos, se puede elegir Presidente, senadores y representantes. El artículo 78 de la Constitución dice que se le puede incorporar al Registro Cívico. Decir, por lo tanto, que estos extremos -la exigencia de la radicación para obtener la ciudadanía- incorporan al nuevo ciudadano al ejercicio pleno de los derechos políticos no es correcto desde el punto de vista legal. Tampoco es una realidad jurídica que la incorporan al goce general de todos los derechos, porque en el Uruguay todos sus habitantes son iguales ante la ley y tienen las mismas obligaciones, sean extranjeros, ciudadanos naturales o legales.

Además, la explotación rural, a cualquier título, en el Uruguay, no exige la radicación en el país ni en el lugar. Así que si con esto se piensa que se va a lograr la radicación en el campo, desde ya advierto que no va a ser de esa manera.

Los señores David Carrier y otros productores, que forman parte de esos argelinos o franceses que tienen unas 955 hectáreas y otros 2.461 hectáreas en Paysandú, por cierto que no viven en la plantación citrícola sino que lo hacen en la ciudad de Paysandú, a unos 20 kilómetros de distancia de sus establecimientos. Pienso que esas 2.461 hectáreas dedicadas a la actividad citrícola ocupan mucho más gente que si estuvieran destinadas a la producción agropecuaria, aun cuando fuera en la forma más intensiva de explotación.

En este proyecto, entonces, habría que determinar, claramente, si lo que se pretende, además, es lo que los nuevos ciudadanos vayan a vivir al campo. Porque si eso, que no está dicho en el proyecto es lo que se pretende, creo que sería injusto que se exigiera a los extranjeros que se nacionalizan ciudadanos uruguayos a través de la legalización y no a los ciudadanos naturales que no viven en el campo.

Nada más.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una última interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - El señor senador Batlle, señor Presidente, ha puesto ejemplos como los de un argentino que se hace ciudadano uruguayo y luego se va a vivir a la Argentina, etcétera. Bueno, en vez de dejar volar la imaginación podemos andar por muchos terrenos...

SEÑOR BATLLE. - La ley, no la imaginación.

SEÑOR PEREYRA. - El señor senador Batlle no puede suponer -el proyecto no lo dice en ningún lado y él sabe que no soy tan ignorante como para pretenderlo- que el hombre viva en su tierra y no salga del predio de su establecimiento, porque eso no es residir en el país.

Digo esto, porque desde el comienzo de sus palabras, el señor senador ha empleado un tono despectivo, que no estoy dispuesto a tolerar por mucho tiempo más. Lo hice hasta ahora por la obligación que tengo de que el debate prosiga organizadamente pero, repito, que no estoy dispuesto a soportar ese tipo de alusiones veladas, como la de que si el propietario tuviera que permanecer en su establecimiento, el Senado se quedaría sin número, que es una forma de aludir sin mencionar. Si se hace algún tipo de alusión, que se haga con nombres.

Yo, señor Presidente, he sido administrador del establecimiento de mi esposa. El señor senador me ha visto en esa tarea, ya que nos hemos encontrado muchas veces en los locales feria. Naturalmente, hoy no resido en el campo; lo hace un hijo mío, quien explota el campo de su madre. Por lo tanto, si me han querido aludir, no me siento en manera alguna inhabilitado para defender lo que, en la verdad o en el error, considero mi derecho.

SEÑOR BATLLE. - Se trata de una alusión de carácter personal, cuya naturaleza está totalmente fuera de la discusión que estamos sosteniendo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa reconoce que el señor senador Batlle ha sido aludido y le va a otorgar la oportunidad de contestar. Sin embargo, exhorta a los miembros del Cuerpo a no convertir al señor senador Ortiz en Presidente del Senado. De lo contrario, la prórroga de la sesión se va a transformar, por la vía de la interrupción y de la contestación de alusiones en una continuación de la sesión. Para ello, hubiese bastado con prorrogar el término de la sesión hasta agotar el tema.

SEÑOR BATLLE. - A pesar de creer que el señor senador Ortiz sería un muy buen Presidente, no es mi intención que usted deje de serlo.

Quiero ser muy claro al expresar lo siguiente. No tuve la pretensión ni el interés de aludir al señor senador Pereyra en el sentido de que él fuera una persona que, trabajando un campo, no vive en él. Con mis palabras, me referí no sólo al señor senador Pereyra, sino al señor senador Batlle, que tiene un tambo y no vive en él; asimismo, al señor senador Jude que posee un establecimiento rural y que no reside en él; y al señor senador Zumarán, que explota una chacra desde hace muchos años y que vive en la calle Tomás Diago. Es decir que hay una cantidad de ciudadanos que no viven en el lugar donde está su explotación rural. De la misma manera, los industriales o los comerciantes no habitan en sus locales.

Esta situación de vivir en el lugar de trabajo se está haciendo muy difícil, aún para los pequeños propietarios del Instituto Nacional de Colonización. Cuando sus hijos llegan a la edad de ir al liceo, la mayor parte de ellos tiene que mudarse al pueblo y van al campo a trabajar. Esto sucede en un país chico que tiene mejores medios de comunicación cada día, y es lógico que así sea.

Lo que quiero decir con claridad respecto a todos los productores rurales, algunos de los cuales estamos sentados aquí, en el Senado -cuando digo que esta Sala va a quedar medio vacía, no puedo estar haciendo alusión a un senador ya que su sola ausencia no basta, pues deben ser muchas más las que se deben registrar para que este Cuerpo quede sin número- es que la condición de ciudadano legal no radica al individuo ni en el campo ni en su explotación ni en el país.

Esa es la argumentación que hacía hace unos momentos el señor senador Pereyra al decir que este proyecto, entre otras cosas, da al ciudadano legal la posibilidad -que no tiene el extranjero- de tener derechos políticos. Ello no está establecido en el artículo 78. Además, esto tampoco se da en la realidad, porque todo extranjero se haya también integrado a la vida de la Nación, en la medida en que lo haga voluntariamente, a través de su trabajo, de su actividad.

Entiendo que con ello no se asegura la radicación del individuo en el campo, porque ésa no es la natural evolución de las cosas en la sociedad actual.

Esto era cuanto quería decir, y en ello no hay ninguna referencia personal ni al señor senador Pereyra, ni a quien habla.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: quisiera aclarar algunos conceptos.

El señor senador Pereyra, autor del proyecto, dice que no cree que el hecho de obtener la ciudadanía convierta en virtuosos a los que no lo son. La exigencia de la ciudadanía es al solo efecto de obligar a una residencia. Pero la Constitución, cuando habla de residencia como condición para obtener la ciudadanía, se refiere a la residencia en el país. Por lo tanto, un extranjero que posea un campo en Artigas puede residir en Montevideo sin ir a su establecimiento en absoluto y, al cabo de tres años, obtiene la ciudadanía. Parecería que la intención, muy loable por cierto, es que haya una vinculación directa del hombre con su tierra, la cual se logra si el propietario vive en ella, si la ve progresar, si la ve producir y no si está en Montevideo.

Tal como dije antes, creo que ésta no es la solución adecuada.

Además, conviene agregar que aun ese criterio de la vinculación del hombre con la tierra también ha evolucionado. Con referencia a este tema, hace unos días leía lo siguiente: "No es cierto que sea necesario para hacer producir un campo, el residir habitualmente en él. Esto lo saben bien todos los productores rurales. No existe casi explotación agropecuaria que exija de modo habitual la permanencia del titular. El concepto equivocado procede del error de considerar que el mejor empresario rural es aquél que posee más barro en las botas, lo que es absurdo. Se pueden montar empresas rurales eficientes, esto es, combinando adecuadamente los recursos, con bastante menos barro que el que se piensa. En realidad, se confunde trabajar la tierra con trabajar en la tierra. Si alguno cree que lo mejor para el empresario, su explotación y el país es que él mismo maneje el tractor, dé tomas, enlace y cure abichados, allá él, porque no es así. Habrá casos en los que por razones de escala, esto sea necesario, pero no es así, en la mayor parte del país. Pero, además, el mito de que para hacer producir más y mejor la tierra hay que vivir en ella, ya no corre, ni para el empresario, en lugares en los que las comunicaciones son más o menos buenas, ni tampoco para el trabajador. En efecto, en zonas lecheras, ya es común que el personal llegue en su moto, temprano, a cumplir sus obligaciones, para retirarse luego al pueblo con su familia. Y también hay zonas agrícolas en las que comienza a ocurrir lo mismo. La dificultad de los establecimientos rurales para radicar en ellos a la familia de todos sus empleados, se va solucionando por esta vía, que contempla así la aspiración natural del hombre a vivir en sociedad y con confort".

Uno de los principales argumentos en que se basa este proyecto de ley, es que la posesión de numerosas hectáreas de campo por extranjeros vulnera nuestra soberanía.

En primer lugar, formularía un argumento sencillo. Si se trata de aquellos que compran con fines especulativos y a los pocos años venden, el peligro para la soberanía nacional se diluye, porque no tienen tiempo de atentar contra ella por el hecho de que están sólo transitoriamente en nuestro país para hacer su negocio lucrativo y nada más.

Si en cambio se trata de extranjeros que se radican en la República y trabajan el campo, entiendo que es lo que necesita el país. Se trata de extranjeros que vienen a radicarse en el país junto con su capital.

Avancemos en el tema de la soberanía.

En apoyo de este pensamiento se ha hecho mención a legisladores de varios países. He recorrido, al igual que los demás señores senadores, las Constituciones de casi todos los países americanos, de manera que voy a hacer gracia al Senado de insistir en un tema que ya ha sido abundantemente discutido, tanto por el señor senador Pereyra como por el señor senador Batlle.

Sí, reafirmo el hecho de que no hay absolutamente ninguna disposición legal o constitucional que obligue a obtener la nacionalidad o la ciudadanía a aquellas personas que deseen adquirir tierras en otro país. Además, la prohibición es exclusivamente en zonas fronterizas, que varían, de acuerdo al país, entre 50 y 30 kilómetros. También existen originalidades como las de la Constitución de Irak que dice que los extranjeros serán tratados de la misma manera que los iraqueses. Esto me lleva a pensar en cómo será la organización iraquesa cuando haya que aplicar cincuenta leyes distintas.

Reitero que en ningún lado se le exige a los extranjeros, para tener acceso a la tierra, la obtención de la ciudadanía o la nacionalización.

De todo esto creo que se debe extraer alguna reflexión, como ser el por qué todos esos países establecen limitaciones en zonas fronterizas.

Me parece recordar que el señor senador Pereyra decía que los uruguayos tenemos como único bien la tierra, somos pequeños y, por lo tanto, debemos defenderla. Existen algunos países centroamericanos que son tanto o más pequeños que el nuestro, que tendrían las mismas razones para proceder de esta forma, y sin embargo, se limitan a legislar para la zona fronteriza.

Esto me lleva a pensar, salvo que esté muy equivocado, que existen razones -llamadas razones militares por el señor senador Batlle, y que yo denomino como de seguridad- para creer que en el caso de conflictos armados, el peligro es mayor si en la frontera existen propiedades de extranjeros del país que va a agredir.

Sin embargo, ningún país prohíbe que los extranjeros compren tierras en su territorio. En el resto del territorio -dejando de lado las zonas fronterizas- los extranjeros pueden adquirir tierras sin limitaciones.

Se esgrimen razones de soberanía y sobre este hecho he pensado con la misma buena fe con que ha redactado su proyecto el señor senador Pereyra. ¿Cómo es posible que se lesione nuestra soberanía por el simple hecho de que un egipcio compre un campo en Florida? ¿Egipto nos va a declarar la guerra y sus aviones van a aterrizar en estas tierras? Este no es un razonamiento por el absurdo ni para ridiculizar, sino que simplemente no puedo concebir que se lesione nuestra soberanía por el hecho de que un egipcio, un belga o un danés compre una estancia en nuestro país. Tampoco creo que esto suceda porque un brasileño compre tierras en la frontera.

Admito que alguien pueda pensar eso, pero no que se prohíba la compra a todos los extranjeros.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador para contestar una alusión?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: ya que parece una originalidad casi extravagante del autor del proyecto hablar de soberanía, voy a leer las expresiones del señor representante Silveira Zavala en la Cámara de Representantes, el 6 de diciembre de 1972, justificando su proyecto: "Sólo los verdaderos estudiosos de los problemas geopolíticos de América Latina y del Imperialismo conocen el real peligro de esta política. Porque frente a la presencia de tratados militares recuerdo, por ejemplo que, en su oportunidad, se alzó aquella inmensa figura del doctor Luis Alberto de Herrera e impuso en nuestro país la defensa de nuestra soberanía política que es más fácil defenderse que de esta otra política. Y lo es porque nuestras débiles economías están indefensas frente a la penetración económica del Imperio que impone el valor y el peso de su economía. Es mucho más peligrosa, porque corrompe las conciencias de los políticos venales". Aquí hay un apoyado. "En América Latina, además, impone el arrasamiento de las instituciones y valores democráticos. Al Imperio le sirve tanto el dictador como el político demócrata que vende la soberanía y la independencia económica de su Nación. Es hora de que nuestros débiles países de América Latina tengamos sobre nuestras fronteras una política nacionalista, americanista, que era lo que quería el Brigadier Manuel Oribe y que también brillantemente en nuestro país, defendió el doctor Luis Alberto de Herrera".

De manera que relacionar la defensas de una fuente de riquezas tan importante para nuestro pueblo como es la tierra, no es un deseo de originalidad del señor senador Pereyra, sino algo que han estampado otros legisladores reiteradamente en el ámbito parlamentario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: comprendo que el señor senador Pereyra, de entre todas las opiniones favorables a su tesis, haya elegido la del señor representante Silveira Zavala.

Ya que se hace la mención, debo expresar que dicho representante hacía referencia a una franja fronteriza. Y más aún, se establecía determinada superficie, que creo que eran 50 hectáreas, como límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Pero en ningún momento sostuvo que la limitación debía ser extendida a todos los extranjeros y al resto del territorio nacional.

Cuando se cita una opinión, conviene darla totalmente. Con ese propósito voy a mencionar la opinión del ex señor senador Vasconcellos al respecto. Quien la haya leído desprevenidamente puede pensar que se trataba de un fervoroso partidario de un proyecto de esta índole. Decía así: "Quiero manifestar que estoy en desacuerdo con la tesis que sostuvo días pasados uno de los señores senadores en cuanto a que este proyecto había optado por una solución que es la mejor al establecerse la imposibilidad para toda persona que no sea ciudadana legal o natural o que no tenga condiciones determinadas, a adquirir tierras en ninguna parte de la República y en ninguna forma. Creo que esto no es defensa del interés nacional, sino prevención contra el extranjero. Pienso que este no fue precisamente el ánimo que guió al autor del proyecto de ley cuando lo presentó al Parlamento. Creo que sería importante que el proyecto hubiera contemplado lo que tiene que ver con la zona de seguridad y las fronterizas de la República, dejando a salvo los otros aspectos".

De manera que el ex senador Vasconcellos, lejos de adherir íntegramente a este proyecto, tenía salvedades importantes.

Asimismo, quiero señalar lo siguiente. Mi opinión es contraria, pero no me cierro a la posibilidad de que otros señores senadores opinen que debe haber limitaciones en franjas fronterizas -eso puede ser opinable- pero lo que no me entra en la cabeza es que la prohibición se haga extensiva a todo el territorio de la República. Es decir, hemos visto todas las opiniones que existen sobre este tema; entre ellas hay algunos que apoyan las franjas fronterizas; pero que estén de acuerdo con la prohibición extendida a la totalidad del territorio de la República, no lo vi en ningún país, en ningún proyecto ni en ningún texto. Señalo esto sin intención de herir susceptibilidades.

Por otra parte, según la información que nos brinda el Senado, para abundar en antecedentes, puedo señalar que en el país se presentaron 43 proyectos de reforma agraria desde 1925 hasta 1970. En ninguno de ellos se estableció una limitación de este tipo para los extranjeros. Este es un antecedente legislativo que yo tengo en cuenta.

Con respecto a las zonas fronterizas quiero expresar lo siguiente. Si tenemos el temor -para decir las cosas por su nombre- no de que un belga o un danés sino de que un brasileño tenga su estancia en la frontera y que en caso hipotético de un conflicto armado facilite el pasaje de tropas del país norteño o dé información sobre armamentos o sobre distribución de efectivos -en fin, sobre cualquier aspecto militar- si nos encontramos con una persona de esa catadura moral, que viviendo en un país y explotando su tierra fuera capaz de traicionarlo, ¿alguien cree que por el hecho de ser ciudadano esa persona cambiaría de proceder? ¿Alguien piensa que por el hecho de estar radicado durante tres años en suelo uruguayo actuaría de otra forma? Creo que no. Puede ser que sea un poco pesimista con respecto a la naturaleza humana, pero creo que seguiría siendo traidor, con el agravante de que estaría resentido por haber tenido que cambiar de nacionalidad y estaría más proclive a cometer esas actitudes tan nefastas para el país. Ese es mi pensamiento.

También se ha dicho que el extranjero que obtiene la Carta de Ciudadanía se va a transformar poco menos que en uruguayo. ¿Qué nos dice la experiencia y la práctica? Todos conocemos a algún extranjero, a algún ciudadano legal. Preguntémosle qué es. Nadie dice que es uruguayo: dicen que son polacos, franceses, etcétera; podrán decir que son ciudadanos legales, pero todos se siguen sintiendo de su nacionalidad de origen.

Hace un momento, el señor senador Batlle citó el problema de los argelinos. Naturalmente, vivían en Argelia, pero eran franceses; tenían esa ciudadanía porque Argelia era una colonia francesa. Un buen día, después de luchas, actos de terrorismo y de tremendos acontecimientos, el general De Gaulle cortó por lo sano y le dio la independencia a Argelia. Y ese argelino que vivía en Argelia, que tenía allí su establecimiento, su familia y su porvenir, que quiso sustraerse a la nacionalidad francesa para ser argelino, y para seguir siendo francés se vino aquí, al Uruguay, al otro extremo del mundo -hizo el inmenso sacrificio de desarraigarse de la tierra en que había nacido y vivido- creen que, por ventura, si le decimos que se tiene que hacer uruguayo, ¿lo va a hacer? Yo creo que no. Pienso que no podemos imponerle la ciudadanía a un hombre que, por no perder su nacionalidad llegó a hacer eso.

De manera que me parece que la solución no es la adecuada.

También se menciona que el artículo 53 de la Constitución dice que la colectividad procurará ofrecer, "con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica". No creo que este artículo tenga la importancia que se le asigna porque en otras disposiciones de la Constitución no se habla de ciudadanos, sino de habitantes o de personas. En el artículo 7º se dice: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos"; en el 8º se expresa que "Todas las personas son iguales ante la ley"; el 10 habla de habitantes y personas y en los artículos 11, 12, 14, 15, 16, etcétera, no se menciona expresamente a ciudadanos, personas, ni habitantes y, por consiguiente estas disposiciones se aplican a todos, sin distinción. De manera que, en temas importantes como son los derechos o las garantías de los ciudadanos, la Constitución no distingue entre orientales y extranjeros.

De manera que debe concluirse en que este artículo 53 no establece otra cosa que una preferencia y de ninguna manera una exclusión.

Además, según lo ha recordado frecuentemente el señor senador Batlle, de acuerdo con el artículo 78 de la Constitución, pueden votar sin necesidad de Credencial, sin obtener la ciudadanía legal, los extranjeros con quince años de residencia. Es decir, pueden votar, pueden elegir desde ediles hasta Presidente de la República, pasando por senadores y representantes. Pueden influir en los destinos del país a través de los representantes que contribuyan a elegir con su voto, y si bien pueden hacer todo eso -que en una democracia y en una República no es poca cosa- sin embargo no pueden ser dueños de tierras.

Creo que no hay una lógica ni una coherencia en todo esto; no hay una correspondencia entre lo que se pretende subsanar y lo que en realidad se hace con el proyecto.

Voy a obviar al Senado cualquier referencia al Reglamento Provisorio de Artigas.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: en vista de que en el curso del debate el señor senador Batlle ya hizo referencia a este argumento extraído del artículo 78 de la Constitución, que ahora reitera el señor senador Ortiz, y como naturalmente la ciudadanía no tiene por qué conocer el texto de la Constitución, da la impresión, de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, de que cualquier extranjero, sin necesidad de obtener previamente la ciudadanía legal, tiene derecho al sufragio, lo cual evidentemente, no es así.

SEÑOR ORTIZ. - Nadie dijo eso.

SEÑOR AGUIRRE. - Pero como se dice que, de acuerdo con el artículo 78 de la Constitución, sin tener la ciudadanía legal los extranjeros tienen derecho al sufragio, parecería que está de más obtenerla, salvo que fuera para tener derecho a un empleo público.

Sin embargo, el artículo 78 requiere condiciones muy rigurosas para que un extranjero pueda votar sin ser ciudadano legal, más rigurosas aún -si no recuerdo mal- que las que se establecen para obtener la ciudadanía legal. Esto es así -y aquí viene otro aspecto de la polémica que hoy se sostenía con el señor senador Pereyra en cuanto al problema de la nacionalidad y de la ciudadanía- porque hay extranjeros que no quieren obtener la ciudadanía legal porque si así lo hacen, pierden la propia, de acuerdo con las disposiciones vigentes en sus países de origen.

Lo que establece el artículo 78 -lo cual no configura ningún argumento contrario a lo que expresaron sobre este punto los señores senadores Batlle y Ortiz- pero que conviene tenerlo presente para que se sepa el alcance de la disposición, es que: "Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la República que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en la República".

"La prueba de la residencia se fundará indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada y si la justificación fuera satisfactoria para la autoridad encargada de juzgarla, el extranjero quedará habilitado para el ejercicio del voto desde que se inscriba en el Registro Cívico, autorizado por la certificación que, a los efectos, le extenderá aquella misma autoridad".

De modo tal que creo que este argumento debemos manejarlo con prudencia y aclararlo bien, qué es lo que expresa la disposición. Por otro lado -y si mi memoria no me falla- creo que el doctor Justino Jiménez de Aréchaga manifestaba que ésta era una disposición absurda, lo que personalmente comparto, por que esto de que existan personas que a pesar de no ser ciudadanos puedan ejercer el derecho al sufragio, no me parece sensato.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Agradezco la colaboración que a través de su intervención me ha brindado el señor senador Aguirre, porque ella permite robustecer mi argumento.

Al respecto, el señor senador Aguirre señala que este artículo 78 encierra exigencias importantes como ser la de poseer una residencia mínima de 15 años en el país; capital en giro; buena conducta; familia constituida; en fin, una cantidad de condiciones que configuran a un ciudadano no corriente, y en cierto modo, excepcional. Pese a ello, le impedimos que sea propietario de tierras. Es decir, que esta prohibición no se limitaría solamente a quien no reúne esas condiciones sino que se extiende al que sí lo hace.

En fin, creo que este es un elemento coadyuvante que se me había pasado por alto.

Personalmente, no deseaba introducir en este momento el tema de la ciudadanía porque justamente en la Comisión de Constitución y Legislación estamos abocados a la elaboración de un proyecto sobre este aspecto. Pero como el señor senador Pereyra citó expresiones del doctor Justino Jiménez de Aréchaga -a pesar de "non bis in idem"- me permito hacer referencia a ellas para señalar que según este catedrático, nuestra Constitución confunde nacionalidad con ciudadanía. Ha ocurrido en Constituciones anteriores y sigue ocurriendo en ésta.

En consecuencia, habría que aclarar perfectamente si lo que se pretende es que el extranjero se nacionalice, o simplemente se ciudadanice.

Al respecto, Jiménez de Aréchaga manifestaba: "La reforma mantuvo la distinción entre ciudadanía y nacionalidad, pero siempre confundiendo a los ciudadanos naturales con los nacionales". Y más adelante, decía: "Para terminar ¿qué enmienda requiere la Constitución en materia de nacionalidad? Primero separar claramente nacionalidad de ciudadanía, tratándolas por su orden. Segundo, definir correcta y claramente a los nacionales. Deberían serlo los hombres y mujeres nacidos en el territorio de la República y los hijos de padre o madre orientales que se avecinen a la República, sin exigirles inscripción en el Registro Cívico, porque ésta es una exigencia razonable tratándose del ejercicio de la ciudadanía, pero que no aparece justificada para la obtención de la nacionalidad".

En fin, este es un tema que seguramente será tratado por el Senado en otra oportunidad y personalmente, espero que sea pronto.

Repito que si bien el proyecto habla de ciudadanía, no lo hace en forma muy clara ni define de qué forma se aplicará.

A continuación, me introduciré en un terreno con respecto al cual no quisiera conceder interrupciones. Sabido es que los menores de 18 años tienen la ciudadanía suspendida y en ese caso se plantea la duda de si pueden ser dueños de tierras. ¿Son ciudadanos? Al respecto hay quienes opinan que son ciudadanos y otros piensan que quien tiene la ciudadanía suspendida no puede ejercer los derechos que establecen como condición la ciudadanía y el ejercicio de la misma. Este sería uno de los muchos problemas que se podrían suscitar en caso de que se aprobara este proyecto de ley. Otro ejemplo sería el de aquella persona que está cumpliendo una pena de penitenciaría y tiene su ciudadanía suspendida. En forma muy ligera, para evitar interrupciones, voy a mencionar alguno de los conflictos que se podrían producir, ya que cuando se aprueba una ley es necesario tener en cuenta no sólo el momento previo a su sanción, discusión y aprobación, sino también lo que puede ocurrir a posteriori. En cierto modo, esta situación se podría asimilar a lo que ocurre en un laboratorio en donde, cuando se elabora un medicamento que sale a circulación, hay que tener en cuenta qué ocurrirá con él, ya que si bien puede ser eficaz en el laboratorio, puede no serlo en la práctica porque los hombres no son robots y quizás no responda de acuerdo a lo previsto.

Este proyecto tiene una generalidad que seguramente desborda los propósitos que animaron a sus autores. En primer lugar, porque toda la discusión parlamentaria -y tengo aquí los libros y diarios de sesiones- ha sido en torno a los campos, las tierras, y sin embargo el proyecto se refiere a los inmuebles rurales. En consecuencia, debemos tener en cuenta que existen inmuebles rurales que comprenden casas, establecimientos de lechería y cooperativas, frigoríficos, locales de feria, curtiembres y todos ellos quedarían comprendidos en este proyecto de ley a pesar de que no guardan relación con los campos, ni con la explotación de la tierra. Si nos ajustáramos a este texto se daría el caso de que el dueño de un frigorífico tendría que hacerse ciudadano porque de lo contrario ese bien se le expropiaría.

Personalmente, supongo -es más, estoy seguro- que ésa no es la intención de los autores de este proyecto ni de la Comisión que realizó el informe correspondiente. De todas formas, la realidad es ésta porque el texto habla de inmuebles rurales.

Ya en el año 1972 cierto diputado preveía esto porque quedarían también incluidas zonas balnearias, ya que en ellas existen casas que están en la zona rural, y por lo tanto, serían inmuebles rurales. Precisamente, creo que era el señor diputado Grenno quien señalaba que esto atentaba contra la política turística y en consecuencia era conveniente tomar alguna previsión. Dicho diputado también manifestaba lo siguiente: "...casitas de balnearios o zona turística, no son bienes de explotación agropecuaria sino bienes de tenencia turística".

Repito, que la amplitud de este proyecto llega a extremos realmente preocupantes. Por ejemplo, ¿qué sucedería si falleciera el dueño de un campo y su hijo fuera extranjero? ¿Puede heredar o no? Asimismo, ¿qué ocurriría si falleciera el dueño de un campo y por testamento adjudicara ese campo a un extranjero? El texto es muy claro cuando dice que nadie puede ser dueño de un campo si es extranjero, pero debemos tener en cuenta que en el caso de los herederos la transmisión se produciría en el momento de la muerte. Es decir que heredaría por haber fallecido su padre pero no podría hacer uso del bien. ¿Qué ocurriría en ese caso? En el caso de un testamento quizás el escribano autorizante pueda hacerle una advertencia al testador en el sentido de que no deje su estancia a un extranjero porque en definitiva éste no podrá hacer uso de la misma. Pero quizás el testador no lo tenga en cuenta porque considere que a la fecha de su muerte, esa persona tal vez haya adquirido la ciudadanía. Inclusive, puede ser que llegado el momento el juez lo declare heredero porque el testamento es claro y legítimo y según este proyecto, cuando el heredero pida la adjudicación del bien ésta le será negada por su condición de extranjero.

De manera que creo que se trata de situaciones que deben meditarse mucho.

¿Cuál es la situación de un extranjero que esta poseyendo un campo? Supongamos que hace 29 años que está instalado en ese campo con su familia, con ánimo de prescribirlo, de hacerse dueño del mismo; lo ha cultivado -bien, mal o regularmente- allí ha criado a sus hijos y está mirando el almanaque, porque le falta solo un año para ser dueño, ya que ha cumplido con todos los extremos que le exige el código para la prescripción adquisitiva. Dentro de un año, cuando se presente ante el juzgado. ¿Qué le van a decir? ¿Qué no puede? ¿Qué esos 29 años que estuvo en el campo, pagando los impuestos y la contribución, trabajando, no le sirven de nada y debe tirarlos a la basura porque ahora, por una ley, se le impide ser dueño, por ser extranjero? Son situaciones que no pueden ser dejadas de lado, que merecen un estudio y para las cuales habría que buscarles una solución. Ese extranjero dirá -volviendo al remanido artículo 78-: "pero, señor juez, tengo 29 años de residencia en el país; tengo una familia, buena fama, buena conducta, puedo votar..." Y el juez le responderá: "si, señor, puede votar, pero no puede ser dueño del campo".

¿Qué ocurre cuando el propietario del campo es extranjero pero tiene un arrendatario uruguayo? Ese arrendatario hace muchos años que trabaja en el campo, allí vive y cumple con todos los requisitos que exigimos a las personas que estén al frente de un campo, que lo sienten y que lo quieren. Como el propietario no accede a hacerse ciudadano uruguayo, se le expropia el campo y se le da el importe de la expropiación, fijado por el Instituto Nacional de Colonización, pero, ¿qué se hace con el arrendatario? ¿se lo echa, para que, en esta época, busque otro campo donde arrendar? ¿a quién perjudicamos, al extranjero o al ciudadano uruguayo, por el tremendo delito de ser arrendatario de un arrendador extranjero?

¿Qué ocurre cuando hay un acreedor extranjero?

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Entre las tantas cosas agudas que el señor senador Ortiz ha dicho esta noche, ha expresado algo, en este último ejemplo, que me parece que no es válido.

Si el arrendador no puede ser propietario y, por ello, y se expropia el campo, el contrato de arrendamiento no pierde su vigencia por tal causa. Es lo mismo que sucede en los arrendamientos urbanos -creo que en los rurales es igual-: si la calidad de propietario se trasmite, el nuevo propietario queda en la situación jurídica en que estaba quien le transfirió el dominio. Es decir, sigue siendo arrendador y tiene que respetar el contrato de arrendamiento existente. Es una mera observación, entre las muchas válidas que pueden hacerse en este plano en que está razonando el señor senador Ortiz sobre qué pasaría si se sancionara este proyecto de ley y qué problemas jurídicos traería. Realmente, este enfoque es digno de reflexión y se ha realizado mediante un análisis muy agudo de los problemas que se generarían. Reitero que me parece que, en este caso, la objeción no es fundada, aunque no he podido estudiar el tema.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Vuelvo a agradecer la observación del señor senador Aguirre.

Lo que hay que tener en cuenta es que el nuevo dueño va a ser el Estado y no sé si éste será arrendador o respetará los términos del contrato.

SEÑOR AGUIRRE. - No tiene más remedio, señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - No sé si no tiene más remedio; el señor Presidente me indica que sí lo tiene. Pero dejemos ese ejemplo, porque en este vergel de circunstancias una flor más o una flor menos no disminuye el ramo.

¿Qué ocurre con un acreedor de nacionalidad extranjera, a quien, en pago de una deuda, se le adjudica un inmueble rural? ¿Le impedimos cobrar su crédito? ¿Y si el único bien que tiene el deudor es ese campo? ¿A qué extremos podemos llegar en el ámbito de estas relaciones contractuales? Creo que esto también es digno de meditarse.

¿Qué ocurre con los bancos que tienen tierras, como, por ejemplo, el Banco Pan de Azúcar, en el que la casi totalidad de las acciones y del capital pertenecen al Estado, pero hay una pequeñísima parte que es de particulares, que creo que son extranjeros? Como ese banco tiene campos, ¿qué sucede? Si ese extranjero accionista del banco y, por lo tanto, dueño, aunque de una ínfima parte, se resiste a obtener la ciudadanía, ¿le expropiamos? ¿Qué le expropiamos? ¿Su parte en las acciones? ¿Esto va a funcionar así? Pienso que también hay que meditar sobre esto. ¿No estaremos exponiendo a pleitos al banco y al Estado?

¿Qué ocurre con las sociedades conyugales, en que uno de los cónyuges es extranjero y se niega a perder su nacionalidad haciéndose ciudadano uruguayo? Se trata de una sociedad conyugal en la que ambos compraron, es decir, Fulano y Mengana fueron a la escribanía y decidieron comprar el campo; no es de esas sociedades en las que el marido compra y administra. Aquí compran los dos; ambos son dueños; se trata de una sociedad que no está incluida entre las mencionadas en el artículo 1º, como pueden ser las sociedades en comandita o anónimas. Seguramente la mujer se negará a dejar de ser francesa y, entonces, llegado el caso, habrá que expropiar. ¿Qué es lo que se expropia? ¿La mitad indivisa del campo? Ello no es posible.

Cuando hay seis condóminos y uno de ellos es extranjero y se niega a nacionalizarse, ¿qué es lo que se expropia? ¿La sexta ava parte que posee de propiedad en ese campo, así como el marido o la mujer tenían la mitad indivisa? La ley de expropiación expresa que, para expropiar, hay que elaborar planos, establecer el número de padrón y realizar los deslindes de la superficie. No se puede expropiar una sexta ava parte indivisa ¿cómo solucionamos esto? ¿se viola la ley expropiando la sexta parte indivisa, y queda un condominio entre cinco uruguayos y el Estado? Es evidente que esto no puede funcionar así y que dará lugar a dificultades. Creo que seguramente no se ha previsto todo esto, cosa que debiera haberse hecho, y ello amerita que ahora se medite sobre el punto.

Ya he mencionado el caso del testador y los herederos. Y puede que el heredero, en virtud de estas dificultades, diga: "con tal de entrar en posesión de mi herencia y ser dueño de este campo, voy a tramitar mi ciudadanía". Nunca había soñado con hacerse ciudadano uruguayo; vivía en París, pero, frente al aliciente de un campo en Tacuarembó, que se le dejó por testamento, decide nacionalizarse uruguayo. Pero ocurre que no puede hacerse ciudadano uruguayo de un día para el otro. Tiene que tener como mínimo tres años de residencia en el país. Y durante ese lapso ¿qué ocurre con el campo? ¿Quién lo cuida, quién lo administra, quién puede disponer, quién puede vender el ganado? El no, porque no es dueño. Entonces, ¿en manos de quién queda, quién va a administrar todo eso? ¿Qué perjuicio se irroga a ese establecimiento? Creo que también esta situación merece que la pensemos.

A todo esto se agrega el problema constitucional. Dios me libre y me guarde de meterme en él, ya que el Senado tiene suficientes doctores como para intervenir en esto. Pero hay opiniones que no son disparatadas, según las cuales este proyecto de ley tendrá visos de inconstitucionalidad, porque no respeta las disposiciones de los artículos 7º y 8º y algún otro.

Aún hay quien dice -según un dictamen recordado por el señor senador Batlle -que este proyecto de ley no tiene la característica de generalidad que deben tener las leyes.

Esto es muy cuestionable y opinable, pero, seguramente, alguien lo podrá esgrimir.

Entonces, pregunto: ¿no estamos exponiendo a nuestro agro a una maraña de pleitos, a una selva virgen de reclamaciones y de expedientes que se prolongarán ya que, probablemente, habrá abogados del diablo que tratarán de acudir a todos estos argumentos?

No quiero tocar el tema constitucional; sin embargo, pienso que así como existen dos bibliotecas para casi todos los asuntos, siempre habrá abogados que planteen pleitos relativos a este aspecto.

Evidentemente, casos como éstos -podría enumerar más, pero se los ahorro al Senado en agradecimiento a la prórroga de la sesión- no están previstos y han escapado a la atención de la Comisión. Como no estamos en la discusión particular, no entro a otras numerosas objeciones que, prácticamente, me merece cada artículo y que, por otra parte, no son insensatas sino muy fundadas. Entiendo que para muestra basta con lo que he expuesto.

Como tema de meditación, debo agregar la eventual responsabilidad por acto legislativo en que pudiéramos incurrir.

En resumen, señor Presidente, son razones de fondo, de sustancia, de filosofía, las que me mueven a votar en forma negativa este proyecto de ley; y si esas razones no fueran suficientes, se verían reforzadas por las numerosas objeciones que el texto me promueve.

Nada más, señor Presidente.

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo a lo resuelto, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 22 y 22 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores: Aguirre, Alonso, Batlle, Canabal, Cigliuti, Gargano, Jude, Lacalle Herrera, Lenzi, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Posadas, Rondán, Senatore, Ubillos y Zorrilla).

DR. ENRIQUE E. TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.