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N° 3194 - 1º DE ABRIL DE 2004

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

13ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES
DOCTOR JOSÉ AMORÍN BATLLE
Presidente

INGENIERO AGRÓNOMO GUSTAVO GUARINO 2do. Vicepresidente
E INGENIERO AGRÓNOMO GUIDO MACHADO 3er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

Texto de la citación

Montevideo, 30 de marzo de 2004.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, el próximo jueves 1º de abril, a la hora 14 y 30, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

Corporación Nacional para el Desarrollo. (Gestión). (Carp. 2593/002). (Informado.) Rep. 1125 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA    MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

 

S U M A R I O

.

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

CUESTIONES DE ORDEN

3 y 5.- Integración de la Cámara

3 y 5.- Licencias

9.- Sesión extraordinaria

VARIAS

7.- Llamado a Sala al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.

— Se vota afirmativamente

ORDEN DEL DÍA

4, 6 y 8.- Corporación Nacional para el Desarrollo. (Gestión).

(Ver 73ª sesión de 2002)

Nuevos antecedentes: Anexo I al Rep. Nº 1125, de enero de 2004. Carp. 2593/02. Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

— En discusión

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Carlos Baráibar (2), Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, José Caballero, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Hugo Cuadrado, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Mario de Pazos, Ruben H. Díaz, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Heber Duque, Ricardo Falero, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, León Lev, Guido Machado, José Carlos Mahía, Diego Martínez, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Eloísa Moreira, Eduardo Muguruza, Andrés Oribe, Gustavo Osta, Gabriel Pais, Ronald Pais, Daniela Payssé, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Álvaro Pérez, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Domingo Ramos, Glenda Rondán, Víctor Rossi (1), Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Gustavo Scarón, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Jorge Silva Rotta, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Carlos Testoni, Walter Tirelli, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime M. Trobo, Stella Tucuna, José L. Veiga, Hugo Vergara, Carlota Zamora, José Zapata y Jorge Zás Fernández.

Con licencia: Washington Abdala, Álvaro Alonso, Juan Justo Amaro Cedrés, Roque E. Arregui, Raquel Barreiro, José L. Blasina, Brum Canet, Roberto Conde, Daniel Díaz Maynard, Ramón Fonticiella, Tabaré Hackenbruch Legnani, Óscar Magurno, Juan Máspoli Bianchi, Martha Montaner, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Enrique Pintado, Carlos Pita, Yeanneth Puñales Brun, Ambrosio Rodríguez, Alberto Scavarelli, Lucía Topolansky y Walter Vener Carboni.

Faltan con aviso: Julio Cardozo Ferreira, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara y María Alejandra Rivero Saralegui.

Sin aviso: Ernesto Rodríguez Altez.

Observaciones:

A la hora 15:55 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. León Lev.

A la hora 15:55 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Daniela Payssé.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 296

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General remite copia autenticada de los siguientes decretos dictados por el Poder Ejecutivo:

-    A la Comisión de Presupuestos

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Canelones remite copia de la resolución de esa Corporación acerca de la situación de los productores afectados por un temporal en la zona de Barrancas. C/8/000

-    A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

La Junta Departamental de Artigas remite resolución adoptada por dicho Cuerpo relacionada con el proyecto de ley por el que se declaran patrimonio y reserva de la Nación y recursos estratégicos, los acuíferos existentes en el territorio nacional y en su plataforma continental. C/2388/002

-    A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Industria y Energía contesta el pedido de informes del señor Representante Raúl Sendic, sobre presuntas irregularidades en el cobro de haberes y cambios de recursos humanos en dicha Secretaría de Estado. C/3409/003

-     A sus antecedentes".

3.-      Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 54)

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Enrique Pintado, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 1º y 2 de abril de 2004, convocándose a la suplente siguiente, señora María Eloísa Moreira.

Del señor Representante Roberto Conde, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 1º de abril de 2004, convocándose a la suplente siguiente, señora Carlota Cielo Zamora".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cincuenta: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 1º de abril de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

Por intermedio de esta, solicito licencia por motivos personales para los días 1º y 2 de abril de 2004, solicito se cite a mi suplente respectivo.

Sin más, lo saluda atentamente.

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 1º de abril de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes.
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Enrique Pintado, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente.

Jorge Iribarnegaray".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1º y 2 de abril de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 1º y 2 de abril de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Jorge Iribarnegaray.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 1º de abril de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, ALBERTO PERDOMO, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 1º de abril de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por motivos personales por el día 1º de abril de 2004.

Solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente.

ROBERTO CONDE
Representante por Canelones".

"Canelones, 1º de abril de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi consideración:

Quien suscribe Raquel Parry Segundo, cédula de identidad Nº 1.050.030-9, con domicilio en Ovidio Fernández Ríos Manzana 331, Sol. 105, Progreso, en su calidad de suplente del Diputado Carlos Roberto Conde Carreras, quien ha solicitado licencia por razones particulares, comunica a usted que se encuentra imposibilitada por esta vez de asumir el cargo para el que ha sido convocada por ese Cuerpo.

Al ser la presente decisión de carácter excepcional, me reservo el derecho de reasumir personería, si en el futuro se plantearan situaciones similares.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Raquel Parry".

"Canelones, 1º de abril de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

El suscrito, doctor Dante Waldemar Huber Telechea, con cédula de identidad Nº  973.956-9, domiciliado en Uruguay Manzana 18, Solar 10 de Shangrilá, departamento de Canelones, en mi calidad de segundo suplente del Representante Nacional por Canelones, Carlos Roberto Conde, quien ha solicitado licencia por motivos personales, comunica a usted que se encuentra imposibilitado por esta única vez, para asumir el cargo de Representante, para el cual se le convocó por ese Cuerpo, manteniendo el derecho de reasumir personería al plantearse otra situación de las mismas características.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Dante Huber Telechea".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Roberto Conde.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1º de abril de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señora Raquel Parry y señor Dante Huber.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 1º de abril de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, Roberto Conde.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes, señora Raquel Parry y señor Dante Huber.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 1º de abril de 2004, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Carlota Cielo Zamora.

Sala de la Comisión, 1º de abril de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, ALBERTO PERDOMO, HEBER DUQUE".

4.-     Corporación Nacional para el Desarrollo. (Gestión).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Corporación Nacional para el Desarrollo. (Gestión)".

(NUEVOS ANTECEDENTES:)

Anexo I al
Rep. Nº 1125

"Comisión Investigadora sobre la gestión de la
Corporación Nacional para el Desarrollo

INFORME EN MINORÍA

1. Sobre la información recibida

La información recibida en el seno de la Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, fue llegando a medida que la Comisión realizaba su tarea y muchas veces lo hizo en forma fragmentaria y a partir de la continua insistencia en la necesidad de contar con determinados elementos. La lentitud para suministrar la información, es otro elemento a destacar del trabajo de la Comisión y conspiró contra el natural desenvolvimiento de la investigación.

Por otra parte, la calidad de la información fue un elemento que complicó el arribo a conclusiones. En particular, se nos enviaron actas, pero no versiones taquigráficas de las sesiones de los Directorios de la Corporación, lo que complicó el seguimiento de las decisiones tomadas y las consideraciones que las fundamentaban. En algunos casos incluso, la información solicitada nunca llegó, y en otros se enviaron elementos que no eran estrictamente lo solicitado. A manera de ejemplo, este es el caso del informe de la consultora Italiana ANCIFAP sobre la empresa El Mago. El mismo, resultaba vital para entender el proceso de pérdidas que vivió la Corporación en dicha empresa y de él solo se obtuvieron gráficos de los que no se podían extraer conclusión alguna.

2. Antecedentes

La Corporación Nacional para el Desarrollo, tiene como antecedentes, las primeras propuestas de crear una institución financiera de fomento en nuestro país. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, elaborado por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en 1966, se proponía la "(...) la institucionalización del fomento del desarrollo, tanto a nivel público como privado", estableciéndose concretamente la intención de crear corporaciones financieras para: "facilitar crédito para inversión y participar en la actividad empresarial, movilizando ahorros de mediano y largo plazo con miras al fomento de los distintos actores de la economía, del espíritu de empresa y del perfeccionamiento tecnológico, al servicio del desarrollo económico nacional".

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, también se preveía la creación de una institución financiera de fomento del desarrollo industrial. Se menciona que este instrumento tendría un papel "como mecanismo fundamental para canalizar el ahorro interno y externo (...)".

Las grandes carencias que el país presentaba a nivel de fuentes de financiamiento de largo plazo, justificaban a la luz de estas dos propuestas, la necesidad de crear una institución financiera de fomento.

Pero, la idea de crear una corporación financiera de fomento, recién comenzará a concretarse a fines de 1984. La propuesta de crear la Corporación Nacional para el Desarrollo, se presenta y aprueba en el marco de la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Recordemos que, por esta época, se asistía a la finalización de la dictadura militar y a la preparación del primer gobierno democrático y que la CONAPRO intentaba ser un acuerdo en el que lograr compromisos en diversas áreas entre los Partidos políticos. La creación de la Corporación, se dio en este marco de compromiso y constituyó, con diferencias de enfoque en cuanto al alcance de sus objetivos y atribuciones, una de las pocas medidas de política económica, que contó con acuerdo de los cuatro Partidos.

Los objetivos que se perseguían con la creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, eran básicamente dos. Por un lado, atender el grave problema del endeudamiento de las empresas, generado por el abrupto abandono del sistema cambiario que estaba vigente en 1982. El otro objetivo, estaba constituido por la dinamización del crédito, sobre todo el crédito de largo plazo, que se entendía necesario para iniciar un proceso de reactivación económica.

Concretamente, el primer proyecto presentado a las Cámaras es el del Partido Nacional y fue en mayo de 1985. El mismo surge de las ideas que en esa materia tenía Wilson Ferreira Aldunate.

En momentos previos al golpe de Estado de 1973 el entonces Senador Juan Pablo Terra estaba trabajando también en un proyecto de tales características, luego del retorno a la democracia el impulso dado por Wilson Ferreira determinó que el 4 de diciembre de 1985 se sancionara la Ley Nº 15.785 que establecía la creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El líder nacionalista concibió a la Corporación Nacional para el Desarrollo -conjuntamente con la Ley de Descentralización- como un instrumento de economía mixta destinado a sacar al país de la grave crisis socioeconómica en la que lo había dejado el régimen cívico militar en 1984.

Dirigiéndose a la Cámara de Industrias del Uruguay el 31 de julio de 1986, expresaba: "Ustedes saben que mi Partido puso, como condición para determinadas medidas financieras (se refería a la refinanciación de adeudos), la integración de la Corporación Nacional para el Desarrollo que es un reclamo que nosotros formulamos con singular énfasis porque entendíamos era el único modo de poner a trabajar lo que hasta hoy era pasivo improductivo, transformar en capital aquello que era meramente ruina o signo de ruina. Creo que la Corporación para el Desarrollo es un magnífico ejemplo de colaboración entre el sector público y el sector privado, cada uno en su órbita. Creo que los instrumentos no son perfectos, no tienen el capital que hubiéramos deseado, quizá por encima de los deseos hubo realidades que no se pudieron superar. No bastaba pedirlo, no estoy seguro de que hubiéramos podido lograr más. Tengo confianza en que si se inicia seriamente la aventura, podrá contarse con aporte de capital externo en forma significativa. Encierra un mecanismo que es atractivo. Porque el sector público aporta capital pero no expropia, no se trata de un intento de aumentar el sector público de la economía, se trata simplemente de apuntalar con capital y con crédito a empresas ahogadas por factores financieros, poniéndolas a trabajar para generar divisas y fundamentalmente dirigidas a la exportación. Naturalmente pensando en términos de divisas y también de ocupación. El otro secreto que tiene adentro es que no hay ningún intento de sustituir al empresario, puesto que las utilidades de la empresa, por mandato de la ley -en proporciones determinadas- son destinadas a revertir la titularidad de la empresa al propietario endeudado, no digo al anterior porque no deja de serlo. Pero también en esto debemos ser muy claros: la Corporación sirve solamente para las empresas viables, la Corporación no puede transformarse en un instrumento para encajarle al Estado las industrias ineficientes, repetir las experiencias de CUOPAR y de todas esas cosas en que, cada vez, que algo funcionaban mal, o no funcionaba, la colectividad se hacía cargo de ella".

Si algo no concebía pues, Wilson Ferreira Aldunate, era que la Corporación Nacional para el Desarrollo fuera instrumento de clientelismo o amiguismo político: "Esto sirve para empresas viables. Aquí lo que hay que tener en cuenta en primer lugar son los criterios bancarios tradicionales. A nuestro país lo construyó el Banco República, porque cuando hablamos de la ineficiencia de la empresa estatal, vamos a no olvidar también que la infraestructura del Uruguay la construyó un maravilloso Banco de la República; que por el motor de la industrialización y de la movilización de los recursos nacionales; manejando los criterios bancarios tradicionales que tenían en cuenta no solamente la capacidad efectiva de repago. Tenían en cuenta además la honradez, el espíritu de aventura, de iniciativa, la solidez comercial y la capacidad empresarial. Hay que tener en cuenta la posibilidad exportadora de cada industria. Pero esto no puede ser, no puede estar destinado a reflotar lo que está definitivamente hundido. Está destinado a ayudar a lo que el país le sirve reflotar".

El objetivo era el desarrollo y la recuperación de activos. Jamás pasó por la mente de Wilson Ferreira que su idea podría ser utilizada para otros fines.

La creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo demandó ingentes esfuerzos del caudillo nacionalista. En reportaje publicado en el Semanario Búsqueda el 4 de junio de 1987 declaraba: "(el aporte del Gobierno) no existe. La Corporación nació mal porque no encajaba dentro de los planes gubernativos. Al equipo económico nunca le gustó demasiado la idea porque siempre tuvimos la sensación de que le parecía como quitarle el control inmediato de algún sector de la economía. De los 23 millones de dólares inicialmente previstos, ahora andan por nueve. Según mis informaciones, de esos nueve le han dado hasta el momento solamente un millón y medio, pero yo creo que es menos. De modo que la Corporación prácticamente no existe, no se la ha dejado funcionar. (-) Ella debiera tener un modo natural de actuación, consistente en el cuidadoso estudio de planes concretos de rehabilitación de empresas con problemas, pero ¿cómo puede pretenderse que en términos de siete u ocho días para atender un terrible problema social, la Corporación deba pronunciarse sobre este tema de ONDA? Lo más lamentable de todo es que el Banco República le ofrece a la Corporación dos partidas de cuatro millones de dólares, una como crédito para que ayude a resolver el problema de ONDA y la otra para ONDA, pero que se imputan al capital que el BROU le está debiendo a la Corporación. Y tampoco entiendo muy bien porqué si hasta ayer era imposible obtener los nueve millones de dólares que iban quedando, ahora aparecen repentinamente los fondos. No tengo dudas de que quizás la única solución para ONDA sea la Corporación, pero esta es una buena forma de demostrar lo que no debe hacerse con la Corporación".

Wilson Ferreira nunca habría podido imaginar que el instituto por él deseado para dinamizar la producción iba a tomar decisiones de inversión en empresas sin realizar en profundidad los estudios técnicos correspondientes, o que iba a asumir estas inversiones en empresas de dudosa o nula viabilidad; o peor aun que iba a renunciar en muchos casos a ejecutar las garantías que tuviera en su favor en los emprendimientos seleccionados. Seguramente, tampoco hubiera permitido que la Corporación Nacional para el Desarrollo se desviara de sus objetivos primarios asumiendo Bancos fundidos por cuenta del Banco Central del Uruguay.

Justamente, en la discusión parlamentaria que enmarcó la sanción de la ley que la creó, el entonces Diputado Alberto Brause decía que: "Los dos grandes objetivos a que debe propender esta institución son la concesión de créditos a mediano y largo plazo y la participación en el capital accionario o social de las empresas privadas. Al contrario del Banco de la República Oriental del Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo debe orientarse con un concepto distinto de la concesión de créditos, teniendo presente las políticas sectoriales específicas que se han diseñado y los propósitos que persigue".

Por su parte, el Diputado Edison Rijo argumentaba: "Lo que hay que distinguir es que no se trata de premiar, favorecer ni salvar al empresario privado; se busca con el artículo 25 (facúltase a la Corporación Nacional para el Desarrollo a adquirir total o parcialmente a las instituciones privadas de intermediación financiera, créditos de empresas deudoras de aquellas) la reactivación del país, a fin de que esas industrias puedan, de alguna forma, contar con los recursos suficientes para volver a trabajar".

De modo que el propio texto legal y las consideraciones y argumentos de su impulsor, Wilson Ferreira Aldunate, así como los argumentos expresados en el proceso de aprobación de la ley de creación, demuestran con claridad que la finalidad central de este organismo era impulsar y apoyar, con la participación del capital privado, aquellos emprendimientos que tuvieran valor para el desarrollo del país en función de la prioridad otorgada a determinados sectores productivos.

En la propia ley se preveía la participación de capitales privados con el 40% del capital de la Corporación Nacional para el Desarrollo, lamentablemente esto nunca se verificó; la CND a lo largo de toda su historia permaneció como un organismo sólo integrado por recursos públicos; sin embargo, como se verá a lo largo del informe, uno de los desvíos principales de su actuación es que este organismo se condujo como si fuera efectivamente una entidad de economía mixta, por lo que se obviaron durante largo tiempo los mecanismos de contralor y se actuó con un margen de independencia y libertad de acción que no correspondía a un organismo que maneja, exclusivamente, recursos del Estado.

Cabe señalar que más allá de las diferencias de matices, existió acuerdo sobre la necesidad de crear una institución que dinamizara la concesión de créditos de largo plazo. Dadas las características del sistema financiero uruguayo, en donde prima la concesión de créditos de corto plazo y cuya organización y funcionamiento está lejos de fomentar la acumulación de capital, siendo por el contrario uno de los impulsores de la fuga de capitales, se afirmaba la necesidad de crear una institución pública que canalizara fondos públicos y privados para financiar los emprendimientos de mediano y largo plazo, elementos vitales para el inicio de un proceso de desarrollo económico.

Debe quedar establecido con firmeza que quienes suscriben este informe comparten filosóficamente la necesidad de que existan organismos de la naturaleza de la Corporación Nacional para el Desarrollo, es necesario que el Estado coopere en el proceso de desarrollo del país apuntalando aquellas inversiones productivas que resultan potencialmente significativas y que poseen potencialidades relevantes para el futuro del país. Más allá de los elementos negativos que configuraron una gestión que trajo muchas pérdidas para el país, reafirmamos la necesidad de contar con una institución que persiga los fines y objetivos planteados a la CND.

Sin embargo, con el mismo énfasis cuestionamos todos los procedimientos que, de una u otra forma, han desnaturalizado el sentido original de este instrumento transformándolo en un organismo que no ha seleccionado adecuadamente los emprendimientos a apoyar y que ha terminado operando, en varios casos, como un instrumento de "salvataje" de empresarios fundidos y empresas fracasadas más que como un apoyo a emprendimientos de significación para el desarrollo del país.

3. El marco regulatorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo

Prácticamente dos décadas han transcurrido desde la sanción de la norma que dispone la creación y establece los cometidos de la Corporación Nacional para el Desarrollo -Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985-. Desde su génesis, los tempranos días de 1986 en que la institución da sus primeros pasos, hasta el presente, tiempo de formular el diagnóstico a que ha arribado la Comisión Investigadora encargada del análisis de la gestión llevada a cabo por la entidad, ha quedado como testimonio de la actuación de los diversos Directorios, un resultado que a la sola mención de las cifras, amerita ser calificado de altamente deficitario. Puede expresarse sin temor a equívocos, entonces, que desde una perspectiva de reflexión política, se impone un compromiso de revisión del marco regulatorio que, hasta el presente y sin solución de continuidad, resultó propicio para tamaña performance.

Expuestos inicialmente en ocasión de la discusión parlamentaria del proyecto que dio origen a la Corporación Nacional para el Desarrollo, se tienen presentes los puntos de vista críticos de varios legisladores que, en aquella instancia, manifestaron augurios que hoy pueden considerarse plenamente confirmados.

En primer lugar, y como objeción de mayor peso, debe señalarse la ausencia de previsión de controles suficientes respecto al manejo de tan elevado volumen de recursos; más aún, teniendo en cuenta que la disposición normativa que contemplaba la posibilidad de sumar aportes privados al capital de la institución no encontró eco en los inversionistas particulares, quienes nunca existieron.

En consecuencia, la naturaleza exclusivamente pública de los aportes que conformaron el capital de la Corporación, debió admitir el correlato del contralor riguroso del Tribunal de Cuentas, lo que fue sistemáticamente objetado por sucesivos Directorios. Y sin perjuicio del juicio de responsabilidad que cupo a los funcionarios que dirigieron la gestión de marras, debe advertirse que sus respectivos comportamientos fueron tolerados pasivamente por los distintos poderes del Estado.

En efecto, amparándose en el texto del artículo 29 de la ley de creación, como se verá más adelante, los sucesivos Directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde 1991 hasta 1999 rehusaron someterse a la auditoría del Tribunal de Cuentas.

Si bien la norma es clara en cuanto comete al Tribunal de Cuentas la potestad de auditar a la Corporación Nacional para el Desarrollo, indudablemente debe asegurarse que una nueva redacción no deje resquicio interpretativo posible para evitar dicho contralor.

Tomando en cuenta lo señalado más arriba sobre la ausencia de aporte de capitales privados durante toda la existencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo se debería rediseñar su estructura funcional atendiendo a que se trata de una persona pública no estatal constituida con recursos exclusivamente públicos, lo que también implica ajustar los mecanismos de contralor y definir con mayor precisión sus márgenes de actuación.

Otro aspecto en el que también se han generado entredichos ha sido el que tiene relación con el contralor administrativo de la entidad. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Nº 15.785, la disciplina administrativa la ejercen el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores en la forma y con el alcance dispuesto por los artículos 197 y 198 de la Constitución; en la práctica, más allá del juicio sobre la conveniencia o legalidad que cada acto del Directorio hubiere generado, no se verificó durante todo el período de gestión analizado, la ocurrencia de observación disciplinaria alguna.

Corresponde al Parlamento asignar, entonces, mayor responsabilidad en el cometido de control, a la Asamblea General de Accionistas (Banco República y Ministerio de Economía y Finanzas), y en su caso, determinar e instrumentar nuevos mecanismos de fiscalización.

A su vez, deben ser revisados los cometidos y alcances de las funciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de forma tal que sus modalidades de actuación estén claramente determinadas en el cuerpo legislativo, evitando que las interpretaciones de los jerarcas vulneren los criterios legislativos.

En particular, con respecto a las decisiones de inversión en empresas productivas, debería exigirse a texto expreso de la propia ley, que la Corporación Nacional para el Desarrollo cumpliera con una serie de requisitos que dieran garantías sobre la propia decisión de invertir y las condiciones de participación de la CND en dichos emprendimientos.

A modo de ejemplo, podría señalarse la necesidad de contar con un informe técnico previo realizado efectivamente por el personal de la Corporación Nacional para el Desarrollo; la prohibición de asumir en ningún caso la mayoría accionaria en ningún emprendimiento; la prohibición de hacerse cargo de obligaciones de la empresa en que se invirtió que supere la proporción correspondiente a su participación accionaria.

Adicionalmente, otro aspecto puntual que requiere revisión legislativa, es el que hace a la designación del personal de la Corporación Nacional para el Desarrollo; en efecto, el literal C del artículo 12, que contiene una norma programática, debe ser sustituido por una disposición que imponga que el ingreso de funcionarios se realice por el sistema de concurso.

En conclusión, entonces, los resultados fuertemente negativos constatados por la Comisión Investigadora, conducen a la necesidad de reformular el marco regulatorio de la entidad; a los efectos mencionados, se sugiere la creación de una Comisión Especial con fines legislativos que establezca las bases de una normativa actualizada haciendo lugar a las observaciones planteadas por el presente informe.

4. La Corporación Nacional para el Desarrollo y el contralor del Tribunal de Cuentas

A lo largo de una década la Corporación Nacional para el Desarrollo no permitió que el Tribunal de Cuentas realizara las auditorías que entendía necesarias para cumplir con sus cometidos.

El Tribunal de Cuentas sólo pudo auditar los ejercicios correspondientes a los años 1986 a 1989. A partir de esa fecha, el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo impidió que el Tribunal de Cuentas continuara auditando, no obstante lo cual le envió los balances año a año para su "visado", en un sentido restringido del término.

Curiosamente, esta decisión ocurre en 1990, luego de que el Tribunal de Cuentas emitiera un dictamen negativo sobre el balance cerrado al 31 de diciembre de 1989, expresando que el balance no representaba la situación financiera y patrimonial de ese organismo, por las siguientes consideraciones:

a) Por las observaciones formuladas por la auditoría externa contratada por la propia Corporación Nacional para el Desarrollo.

b) Por no haber sido consistente con el ejercicio anterior en cuanto a la creación y mantenimiento de una previsión por desvalorización, que hubiera afectado los resultados negativamente.

c) Por presentar subvaluada la pérdida del ejercicio, subvaluación muy relevante dado que representa el 120% del resultado determinado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Durante toda la década del noventa el Tribunal de Cuentas reclamó anualmente su derecho a auditar, en la medida que maneja recursos públicos lo que siempre le fue negado por los sucesivos Directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Finalmente la Corporación Nacional para el Desarrollo en el año 2001 cambió el criterio y permitió al Tribunal de Cuentas auditar sus balances desde el año 2000 en adelante.

La comparecencia del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo y de los Ministros del Tribunal de Cuentas a la Comisión Investigadora aportó más que suficientes elementos como para confirmar la denuncia formulada en este aspecto.

Según el artículo 29 de la Ley Nº 15.785 de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo: "La Corporación publicará anualmente un balance con la visación del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la presentación periódica de otros estados que reflejen claramente su vida financiera (artículo 191 de la Constitución)...".

A su vez el artículo 191 de la Carta Magna expresa: "Los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, publicarán periódicamente estados que reflejen claramente su vida financiera. La ley fijará la norma y número anual de los mismos y todos deberán llevar la visación del Tribunal de Cuentas".

En su comparecencia del 3 de abril de 2003 (Acta Nº 1691, página 3) los Ministros del Tribunal de Cuentas expresaron la posición de dicho organismo con respecto al alcance de la expresión "visación del balance".

Textualmente expresaba el contador Guillermo Ramírez, Presidente del Tribunal de Cuentas: "Con respecto al término visar, si nos remitimos al Diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, correspondiente a 2001, nos encontramos con que visar es 'reconocer o examinar un instrumento, certificación, etcétera, poniéndole el visto bueno' ...Visto bueno: quiere decir que hay que ver y decir si está bien, o no. Ese es un objetivo, ese es un propósito, ese es un mandato... ¿Qué es auditar, según el mismo diccionario? Es 'examinar la gestión económica' -vean que se repite la expresión 'examinar', que se daba para visar- 'de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley o costumbre'".

"Y ese examen se hace sobre la base de determinados procedimientos llamados, precisamente, procedimientos de auditoría, que no se hacen de manera arbitraria sino ajustándose a determinadas normas, las llamadas normas de auditoría, que son de validez universal, tanto en la actividad privada por haber sido convalidadas, aceptadas y aplicadas por los contadores públicos de todo el planeta, y también en lo que relaciona a las auditorías gubernamentales, caso del Tribunal de Cuentas, quien las sigue, por así haberlas adoptado el organismo que agrupa a los similares a él, que son 185 en el mundo".

"Entonces, esos procedimientos y normas se aplican para determinar si los estados contables presentan, o no, razonablemente, la situación patrimonial del organismo al cierre del ejercicio y también expresar opinión con respecto al resultado de las operaciones del organismo durante el período considerado".

"El Tribunal de Cuentas, no con su actual composición sino desde que este hecho comenzó a manejarse, nunca tuvo duda con respecto a la diferenciación entre visado y auditoría. El visado es una finalidad, es un objetivo; la auditoría hace a la forma, es el medio para poder emitir opinión".

Sin embargo, en la comparecencia del actual Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de 14 de marzo de 2003, su Vicepresidente, el escribano Julio Gemelli, pretendió justificar que la CND no había cambiado su criterio en el año 2001 (Acta Nº 1640/2003, página 8):

"Acá se dice que la Corporación cambió el criterio con respecto al Tribunal de Cuentas. En ningún momento se cambió el criterio. (...) Pero la historia de la Corporación y del Tribunal de Cuentas arranca a principios de los años noventa cuando, luego de realizarse un dictamen por parte del Tribunal, la Corporación, debidamente asesorada por juristas de primer nivel, llega a la conclusión de que, de acuerdo con la ley de su creación, el Tribunal no tiene competencias para emitir un dictamen de auditoría sobre la Corporación. Y eso surge del artículo 37 del Reglamento de funcionamiento de la Corporación Nacional que dice: "El balance anual, antes de ser considerado por la Asamblea, se remitirá al Tribunal de Cuentas para su visación... Cualquier persona que maneje términos jurídicos y económicos contables sabe que visar y auditar son dos cosas distintas. Entonces, allí comienza el problema".

"La Corporación Nacional para el Desarrollo, todos los años, puntualmente, remitió sus balances al Tribunal de Cuentas para la visación. Inmediatamente después el Tribunal de Cuentas se constituía en la Corporación para auditarla, y allí comenzaron las dificultades. La ley de creación de la Corporación establecía la realización de dos auditorías: una interna y otra externa. Entonces, se entendía que si había una tercera auditoría, lo único que iba a provocar era lo que estamos viviendo en estos días: tenemos dictámenes contradictorios de la auditoría externa y del Tribunal de Cuentas. Pero creo que eso es anecdótico".

"Si la ley hubiese establecido que el Tribunal de Cuentas debía auditar, así se hubiese hecho, pero la ley dice que el Tribunal debía visar... Cuando a fines del año 2000 cambió el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo y pasó a integrarlo el economista Julio de Brun, el ingeniero Carlos Garat y quien habla, se reconsideró el tema; y el economista de Brun tomó a su cargo realizar gestiones -esto consta en las actas de la Corporación Nacional para el Desarrollo- frente al Tribunal de Cuentas para que éste, a pedido de la Corporación ingresara para realizar la visación de los estados contables. Y esto no es menor, porque no se cambió el criterio. Lo que se pidió al Tribunal de Cuentas fue que visara los estados contables. Entonces, el Tribunal dijo: 'Para poder visar los estados contables quiero tener acceso a la documentación'. Y la Corporación le respondió que si iba a visar los estados contables podía tener acceso a la documentación. Así se soslayó, como bien decía el señor Presidente, una discusión de más de diez años".

"Entonces, no se auditaba, se accedía a la documentación y a la registración contable de la Corporación para poder realizar la visación, ya que el Tribunal de Cuentas sostenía que no podía visar algo sobre lo que no había visto documentación... No hay un cambio de criterio. Simplemente con otras palabras y con la actuación de otros agentes -ya que el tema lo manejó el Presidente del Tribunal de Cuentas directamente con el Presidente de la Corporación-, en el año 2000 se llegó a esa instancia y el Tribunal de Cuentas pudo actuar dentro de la Corporación para visar sus estados contables".

El cambio de criterio es evidente, por más que el escribano Julio Gemelli haya pertenecido al Directorio que negaba la intervención del Tribunal de Cuentas y luego al que la permitió. El propio Tribunal de Cuentas dice que entró en la Corporación Nacional para el Desarrollo a hacer auditoría.

Por otra parte, el ingeniero Carlos Garat, actual integrante del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en Acta Nº 1640/2003, página 5, describe con claridad que el Tribunal de Cuentas a partir del año 2001 pudo hacer lo que antes se le impedía realizar: "En el año 2001, por decisión de este Directorio y para zanjar un diferendo que existía con el Tribunal de Cuentas, lo invitamos a que actuara en la Corporación. El Tribunal de Cuentas estuvo dentro de la Corporación un año y medio para auditar los balances de los años 2000 y 2001. El contador Machiñena con su grupo de técnicos trabajaron en un escritorio instalado al lado de mi oficina y en ningún momento se les dijo que no tenían acceso a un libro de actas o a tal información. Tanto la Gerencia Técnica de Administración como las otras estaban a disposición del Tribunal de Cuentas. Se les permitía acceder a cualquier información y a sacar fotocopias para realizar su trabajo. Ese es el espíritu de este Directorio hacia el Tribunal de Cuentas o hacia esta Comisión".

La historia del diferendo entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Tribunal de Cuentas (véase el diario El País de 9 de noviembre de 2000) comenzó el 14 de abril de 1988, cuando en respuesta a una consulta del entonces Director de la CND, contador Pablo Cristina, el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, doctor José Aníbal Cagnoni, emitió su opinión acerca de la facultad del Tribunal de Cuentas de auditar los estados contables de la CND.

En su estudio, el doctor Cagnoni sostuvo que el contralor del Tribunal de Cuentas no abarca a las personas no estatales, salvo "en caso de que éstas perciban fondos del Estado o administren bienes de éste". Su línea de razonamiento cierra con otro concepto: "Los fondos que son patrimonio del Estado y que se destinan a la Corporación Nacional para el Desarrollo... al producirse el acto jurídico de integración de capital que la ley impone al Estado y a la persona estatal BROU, dejan de ser fondos estatales y se transforman en patrimonio de la CND".

Por lo tanto "la Corporación Nacional para el Desarrollo, de acuerdo a la ley de su creación, ni gestiona fondos del Estado ni administra sus bienes", concluyó Cagnoni, cuyos conceptos fueron respaldados por los abogados de la CND.

El 20 de noviembre de 1991, el Tribunal de Cuentas observó los estados contables de la Corporación Nacional para el Desarrollo al 31 de diciembre de 1989: "No representan la situación financiera y patrimonial del organismo", en contraste con lo que concluyó la empresa auditora privada sobre los mismos balances.

La Corporación Nacional para el Desarrollo rechazó la observación en diciembre de 1991. Pero en junio de 1992, el Tribunal de Cuentas mantuvo sus términos y subrayó que no compartía los argumentos jurídicos de la CND: "Este cuerpo entiende por fondos públicos, aquellos que directa o indirectamente provienen del Estado y que, además, se destinan a cumplir un servicio público o una actividad de interés público, siendo irrelevante el destinatario".

El 5 de octubre siguiente la Corporación Nacional para el Desarrollo estimó, en otra carta enviada al Tribunal de Cuentas, que "para el caso de la CND, la posición del Tribunal de Cuentas de que ambas auditorías (privada y estatal) sobre la misma materia, puedan coexistir, se ha traducido en la práctica en un hecho que el Directorio de esta institución entiende que confunde a los accionistas y a los órganos del Estado a los cuales llegan ambos dictámenes por diferentes vías.

Pero el 18 de febrero de 1993, en otra carta remitida a la Corporación, el Tribunal de Cuentas reafirmó con energía su punto de vista señalando que el marco normativo es "claro en cuanto a que corresponde a este cuerpo el control de las personas no estatales que perciban fondos públicos, por lo que no es legítimo recurrir a giros gramaticales o interpretaciones forzadas para obviar dichos controles.

Sin duda que el doctor Cagnoni no ha tenido en cuenta una disposición particular de la Ley Nº 15.785: la capitalización que hace el Estado en la Corporación Nacional para el Desarrollo no es a cambio de acciones ordinarias de una Sociedad Anónima, sino de acciones totalmente intransferibles, es decir, que no se pueden enajenar fuera de la órbita del Estado. Ello está establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 15.785 de creación de la CND que dice: "El porcentaje del capital del organismo que debe ser integrado por el Estado, se representará por acciones intransferibles de las cuales sólo podrán ser titulares el propio Estado u otras personas estatales. La intransferibilidad no regirá entre las personas estatales y entre éstas y el Estado".

A su vez, la propia ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en el artículo 29 establece que es aplicable a la CND lo dispuesto en el artículo 191 de la Constitución cuyo contenido se reitera: "Los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, publicarán periódicamente estados que reflejen claramente su vida financiera. La ley fijará la norma y número anual de los mismos y todos deberán llevar la visación del Tribunal de Cuentas".

La ley de creación de la Corporación establece que es aplicable este artículo de la Constitución porque está asumiendo que se trata de una "administración autónoma con patrimonio propio" que maneja fondos públicos.

Volviendo a la comparecencia del 3 de abril de 2003 (Acta Nº 1691, página 6) de los Ministros del Tribunal de Cuentas, expresaba el contador Ramírez:

"Para el Tribunal de Cuentas no cabe ninguna duda de que tiene competencias para auditar a la Corporación Nacional para el Desarrollo... No obstante, el Tribunal ha basado su forma de actuar, fundamentalmente en lo que establece el artículo 589 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, que se recoge en el artículo 138 del TOCAF, que dice que los organismos, servicios o entidades no estatales que perciban fondos públicos o administren bienes del Estado llevarán su contabilidad aplicando las normas del artículo 82 y siguientes, discriminando claramente los fondos públicos y los gastos atendidos por ellas. Dichas personas o entidades, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 114 y siguientes -que refieren a la Rendición de Cuentas- deberán rendir cuentas al Tribunal de Cuentas de determinada forma".

"El literal b) dice que cuando exceda tres veces el límite máximo de la licitación abreviada, $ 4.000.000, deberá presentar estados de situación, estados de resultados y estados de origen de aplicación de fondo dentro de los noventa días de finalizado el ejercicio, sin perjuicio de lo que establece el literal siguiente: se deberá formular un presupuesto, el que será remitido con fines informativos al referido órgano de control -se refiere al Tribunal-, antes de iniciarse el ejercicio y cuyo estado de ejecución se presentará conjuntamente con los establecidos en el literal b). Un agregado último, que se incorporó como literal b) dice que los distintos documentos y estados referidos en los literales b) y c) deberán formularse y presentarse en la forma que lo determine el Tribunal de Cuentas".

"Además de esta norma, debe tenerse en cuenta lo que establece el artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, o sea el artículo 160 del TOCAF, que establece que las personas públicas no estatales y los organismos privados que manejen fondos públicos o administren bienes del Estado presentarán sus estados contables con dictamen de auditoría externa ante el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 138 del TOCAF y al artículo 6º de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990... El Tribunal recibió la documentación de la Corporación pero no tuvo oportunidad de efectuar las auditorías que entiende que corresponden".

A estas expresiones agregó el Ministro contador Ariel Álvarez que "entre los años 1991 y 1999, los Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo no permitieron realizar su labor al Tribunal de Cuentas. Tanto es así que a los efectos de que no quedaran dudas, cuando se trasladaba el auditor encomendado para realizar esa tarea de auditoría, se iba acompañado de un escribano y se levantaba un acta en la que constaba que no se realizaba la labor del Tribunal de Cuentas y no se hacía la auditoría puesto que se impedía la realización de esa función".

Con respecto a los argumentos manejados por la Corporación Nacional para el Desarrollo, el contador Ramírez expresó que: "distinguidos catedráticos que han sido consultados en su oportunidad por la Corporación Nacional para el Desarrollo y cuyos argumentos han sido expuestos ante el Tribunal de Cuentas hacían caudal del hecho de que los fondos que manejaba la Corporación no son públicos y para ello se basaba en que una vez que son capitalizados, si bien provienen de las arcas del Erario, por el solo hecho de ser capitalizados en el ámbito de una Sociedad Anónima dejan de ser de carácter público. El Tribunal de Cuentas siempre sostuvo una posición diversa, es decir que son públicos por sus orígenes y por el destino que se les asigna. La Corporación es un ente público no estatal, pero tiene una finalidad de orden público, de carácter general" (página 9 de la sesión del 3 de abril de 2003).

A estas expresiones agregó la Directora de la División Jurídica del Tribunal de Cuentas, la doctora Esther Muñoz de Ham que: "el Tribunal de Cuentas tiene una ordenanza por la que se entiende que fondos públicos son todos aquellos que recibe directamente del Tesoro Nacional, como aquellos que percibe un organismo por poder de imperio del Estado como, por ejemplo, los tributos de contribución social que reciben las distintas Cajas. Siempre se trata de fondos públicos y cuando ingresan no pierden su calidad de tal".

"Distinguidos administrativistas entienden que por el solo hecho de tratarse de un organismo público no estatal sus fondos son siempre de naturaleza pública".

A su vez el Ministro del Tribunal doctor Jorge Egozcue agregó (página 11) que "un dictamen elaborado por la Dirección Jurídica fue compartido en setiembre de 1987 por la Sala de Abogados en pleno del Tribunal que consideró que era procedente, desde el punto de vista legal, auditar a la Corporación".

"Lo que sostuvo la otra parte a través del doctor Cagnoni era que automáticamente -'ipso jure' decía él-, por el mero hecho de pasar del Estado a la Corporación, ya dejaban de ser públicos; a juicio del Tribunal, en eso está equivocado. Entendemos que esos fondos mantienen el carácter de públicos; después, lo que pasa con los préstamos o la forma en que manejan esos dineros las empresas asistidas, es otro tema. Lo concreto es que la Corporación recibe fondos públicos y los maneja como entidad paraestatal y pública y por aplicación del artículo 138 del TOCAF (y reafirmado por el artículo 160 de una ley posterior), el Tribunal sigue entendiendo que le corresponde auditar".

"Además, de acuerdo con los cometidos de la Corporación, en función de su ley orgánica, esos dineros son de indudable interés público. O sea que se conjugan esos dos elementos que tuvo en cuenta el Tribunal, que son el origen y el destino, para sostener que esos fondos son públicos".

Con respecto a la coexistencia de dos auditorías, una auditoría externa privada y otra del Tribunal expresó el contador Ramírez (página 18): "En cuanto a si a los organismos privados que perciben fondos del Estado se les exige auditorías externas, debo decir que sí. El artículo 160 del TOCAF, que recoge el artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, dice que las personas públicas no estatales y los organismos privados que manejen fondos públicos o administren bienes del Estado presentarán sus estados contables con dictamen de auditoría externa. Efectivamente, el Tribunal actúa sobre esos estados contables presentados con auditorías externas... El Tribunal de Cuentas efectúa sus auditorías con independencia de toda otra auditoría que hayan realizado otros órganos privados. Eso no quiere decir que las propias normas de auditoría que rigen y regulan los procedimientos de auditoría no reconozcan que cuando un auditor se enfrenta a un estado contable que ya ha sido auditado por otro, puede tomarlo en consideración y basarse en parte o en todo en lo que él dice, pero eso no lo exonera de la responsabilidad de dar su propia opinión. En consecuencia, tampoco lo exime de la responsabilidad de, por sus medios y por sus recursos propios, buscar la evidencia que le permita sustentar una opinión sobre los estados contables que son sometidos a su intervención".

A su vez agrega (página 19): "El artículo 191 de la Constitución establece la exigencia de visado para los Entes Autónomos y cuando presentan sus estados contables pueden acompañarlos con la opinión de auditorías privadas. El Tribunal de Cuentas decide hasta cuánto confía en una auditoría privada y lleva adelante sus procedimientos. De hecho, se han dado y se dan situaciones en las que el Tribunal de Cuentas no coincide con las conclusiones a que arriba la auditoría privada y, en consecuencia, establece su dictamen en base al trabajo de sus técnicos".

En síntesis, resulta evidente que cuando se dictó la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo y se estableció la visación de sus balances por parte del Tribunal de Cuentas, la ley daba por sobreentendido que este organismo iba a efectuar auditorías, dado que en la práctica era lo que el Tribunal venía haciendo con los demás organismos.

Los argumentos jurídicos y las referencias legislativas suministradas por los Ministros del Tribunal de Cuentas en la sesión referida son absolutamente abrumadores en cuanto a la irregularidad que supuso mantener esta situación durante una década.

Sin embargo, el aspecto más importante de la cuestión es si un organismo paraestatal propiedad del Estado iba a manejar cuantiosos recursos sustrayéndose del contralor del Tribunal de Cuentas, en contra de la opinión de éste, después de un dictamen adverso del Tribunal, basándose en argumentos si no totalmente equivocados, por lo menos harto discutibles, cuando lo lógico hubiera sido para quienes manejaron millones de dólares pertenecientes al Estado hacerlo con la mayor transparencia, no sólo aceptando la auditoría del Tribunal de Cuentas sino exigiéndola, como garantía para los propios jerarcas de la Corporación.

Lamentablemente, la actitud predominante fue la inversa, generándose un diferendo que tuvo como consecuencia el hecho de que durante una década la Corporación Nacional para el Desarrollo funcionara manejando importantes sumas de dinero del Estado uruguayo sin que el Tribunal de Cuentas pudiera auditar su accionar. Esta situación se hace aun más grave en la medida que durante el mencionado período, como se verá más adelante, la CND sufrió importantes pérdidas patrimoniales.

En síntesis, existiría, a nuestro juicio, por parte de los sucesivos Directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo, desde 1991 hasta 1999 responsabilidad en la decisión de no permitir al Tribunal de Cuentas cumplir con su tarea de auditar los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El conjunto de argumentos jurídicos que respaldan la posición del Tribunal de Cuentas es realmente abrumador y, si bien los Directores de la CND de la época fundaron su posición en opiniones jurídicas de la propia CND y en una consulta a un especialista en Derecho Administrativo, la posición sostenida infructuosamente por el Tribunal de Cuentas es compartible.

Por otra parte, nos consta que el dictamen del doctor Aníbal Cagnoni se realizó sobre el fundamento de que los recursos que manejaría la Corporación Nacional para el Desarrollo serían de origen mixto, es decir públicos y privados, puesto que se esperaba la integración de capitales privados. En los hechos ello nunca ocurrió, con lo que los recursos que manejó la CND y la integración de su Directorio fue siempre en representación del Estado uruguayo, por lo que la naturaleza pública de dichos recursos es indiscutible.

Sin embargo, más allá de la discusión jurídica existe una cuestión relacionada con la sensibilidad política que aconsejaba, para asegurar la transparencia de la gestión de este organismo, habilitar la actuación del Tribunal de Cuentas; sobretodo cuando la última auditoría realizada a la Corporación Nacional para el Desarrollo había culminado con un dictamen negativo referido al balance correspondiente al ejercicio 1989.

Además, el análisis de los resultados de las auditorías privadas durante todo el período de existencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo y del resultado de las auditorías que el Tribunal de Cuentas ha podido hacer sobre los ejercicios 2000 y 2001 demuestran la existencia de importantes observaciones sobre la forma en que la CND realiza sus prácticas contables y subraya la importancia de que existan estos mecanismos de contralor.

5. La pérdida patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo

La norma que dio origen a la Corporación Nacional para el Desarrollo estableció su régimen financiero que está dispuesto en los artículos 13 a 25 de la referida ley.

El artículo 13 fijó su patrimonio en N$ 10.000.000.000 (diez mil millones de nuevos pesos), que equivalían en aquella época a aproximadamente US$ 80.000.000 (ochenta millones de dólares); este patrimonio es reajustable al 1º de enero de cada año por Índice de Precios al Consumo. Se establece además, que todo otro aumento de capital por encima de dicho índice, se realizará por ley.

El artículo 17 establece que el capital a aportar por el Estado se integrará de la siguiente manera:

a) Con el aporte de $ 500.000 a cargo de la Administración Central.

b) Con el producido de la emisión de Títulos de Deuda Pública, autorizada con arreglo al numeral 6 del artículo 85 de la Constitución.

c) Con el importe líquido de las utilidades anuales correspondientes a la participación del Estado.

d) Con el aporte que podrá efectuar el Banco de la República Oriental del Uruguay de hasta 2.000.000 en la forma y condiciones que acuerde con la Corporación Nacional para el Desarrollo y previa autorización del Banco Central del Uruguay.

El aporte que debía hacer el Banco de la República Oriental del Uruguay fue completado en un 100% al 30 de noviembre de 1993.

El aporte de la Administración Central se ha ido ajustando por IPC, según lo establecido en el artículo 19 del Decreto 247/87, y en cada ejercicio se presentó una Nota a los estados contables con el cuadro evolutivo de dicho aporte, exponiendo cada aporte realizado en ese ejercicio y el reajuste previsto en la norma antedicha. Aún cuando el reajuste se continuó efectuando, a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1998 inclusive, se dejó de exponer ese detalle.

Desde su creación hasta el fin del ejercicio 1999, el Estado había aportado a la Corporación Nacional para el Desarrollo, un capital equivalente a US$ 95 millones de dólares (ver cuadro adjunto), integrado de acuerdo al siguiente detalle:

a) Lo establecido en la Ley Nº 15.785.

b) Lo aportado a partir del Convenio Básico establecido en el Plan de Reconversión Bancaria, según consta en las memorias y estados contables de la Corporación de 1990 y 1991 y en la Nota 6 E.C. 12/91 y Nota 12 E.C. 12/92.

c) Emisiones de Bonos del Tesoro y

d) La ejecución del Programa de Apoyo a las PYME creada por la Ley Nº 16.882, de 24 de octubre de 1997, consistente en US$ 30.000.000.

Sin embargo, el patrimonio expresado por la Corporación Nacional para el Desarrollo en su balance del 31 de diciembre de 1999, ascendía a US$ 53.000.000. De modo que, luego de doce años de funcionamiento, la Corporación reconocía implícitamente en su balance oficial de 1999 que había perdido US$ 42 millones de dólares.

Asimismo entre los años 2000 y 2001, la Corporación Nacional para el Desarrollo recibió aportes de capital del orden de los US$ 9 millones de dólares adicionales, lo que totaliza una capitalización desde su creación que asciende a más de US$ 104 millones de dólares.

De los propios balances de la Corporación surge el detalle de los aportes efectuados por el Estado durante toda su existencia, los que se han convertido a dólares según se detalla en cuadro adjunto.

El patrimonio de la Corporación según el balance cerrado al 31 de diciembre de 2001 es de US$ 39 millones. Por lo que de los US$ 104 millones que el Estado le aportó, la Corporación perdió US$ 65 millones.

Esto es corroborado por las afirmaciones que hace la propia Corporación en la Memoria explicativa adjunta al balance cerrado al 31 de diciembre de 2001, donde se reconoce explícitamente haber perdido el 63% del capital aportado, lo que coincide con la pérdida mencionada de US$ 65 millones.

Pero, un análisis más profundo de su situación patrimonial permite concluir que su pérdida patrimonial es sustancialmente mayor.

a. Las cuentas a cobrar al Estado

En primer lugar, bajo el rubro "Créditos Financieros Diversos de largo plazo" se incluye un crédito por US$ 41.070.636 (cuarenta y un millones setenta mil seiscientos treinta y seis dólares) que corresponde a cuentas a cobrar al Estado por las pérdidas originadas por la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en los Bancos "La Caja Obrera", "Comercial" y "De Crédito" que, durante todo el período considerado, no han podido ser confirmadas por las auditorías externas.

El Tribunal de Cuentas, tras efectuar la auditoría de los ejercicios 2000 y 2001, después de casi una década en que los sucesivos Directorios de la Corporación no le habían permitido efectuar las auditorías necesarias para visar sus balances, expresó literalmente lo siguiente:

"En el Estado de Situación Patrimonial, se incluye en el Activo No Corriente, dentro del capítulo "Créditos Financieros", créditos contra el Estado por US$ 41.070.636... que corresponden a pérdidas derivadas de la valuación de las inversiones a su valor patrimonial proporcional (VPP) en los Bancos La Caja Obrera S.A., Comercial S.A. y De Crédito S.A.".

"Ante la consulta formulada por el Tribunal de Cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas en relación a la confirmación de los referidos créditos, éste se pronunció en los siguientes términos: 'De los informes que lucen agregados en estos obrados, surge que el Estado se habría comprometido al reintegro patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en la medida que resultara afectado su patrimonio. En consecuencia, debería estarse a los términos de dichos informes y las resultancias de los procesos de liquidación respectivos'.

La respuesta remite a los dictámenes de los profesores consultados por el Ministerio de Economía y Finanzas, doctores Augusto Durán Martínez y Juan Pablo Cajarville Peluffo. La circunstancia de que, ante la consulta que el Tribunal de Cuentas le formuló, el Ministerio de Economía y Finanzas no se haya expedido en forma expresa, sino que se remitió, indistintamente, a los dictámenes sin optar por algunas de las alternativas en ellos incluidas, que derivan en distintas valuaciones, determina la imposibilidad de obtener evidencia suficiente sobre la existencia y el importe de los referidos créditos".

Como expresó el Tribunal de Cuentas y antes las auditorías privadas, no se obtuvo evidencia suficiente que indique que tales créditos existen y que su importe es el expuesto en el balance.

Es tal la importancia de esta observación, que el pronunciamiento final del Tribunal de Cuentas con respecto a los balances 2000 y 2001 de la Corporación fue el siguiente: "Debido a que no se pudo obtener evidencia suficiente en relación a la existencia y valuación de los créditos contra el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay, y a la valuación de los créditos contra Agolán S.A.... el alcance del trabajo no es suficiente para permitir expresar, y por lo tanto no se expresa una opinión sobre la situación patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo... y los resultados de sus operaciones...".

La importancia de este activo en el balance de la Corporación es sustantiva, si se tiene en cuenta que el patrimonio de la Corporación según el balance al 31 de diciembre de 2001 asciende a US$ 39.087.022, mientras que las cuentas a cobrar por la participación en los Bancos que están en tela de juicio ascienden a US$ 41.070.636, por lo que la Corporación tendría un patrimonio negativo de US$ 1.983.614, sin contar la observación relativa a Agolán S.A.

El Directorio actual de la Corporación envió a la Comisión Investigadora sus descargos, manifestando: "...los estados contables de la Corporación, si bien no han sido aprobados por el Tribunal, tampoco han sido observados por el mismo".

La actitud de negar la importancia de un dictamen de auditoría en el que el auditor, nada menos que el Tribunal de Cuentas y luego de diez años sin poder auditar, se abstiene de expresar opinión sobre los estados contables, por no haber obtenido evidencia suficiente sobre un activo cuyo importe es mayor que el patrimonio neto del organismo, es reveladora de la actitud que ha tenido la Corporación en general frente a las auditorías externas y en particular frente al contralor del Tribunal de Cuentas.

No hay duda que si el Directorio aceptara la no existencia de este crédito, reconocería que la Corporación Nacional para el Desarrollo habría perdido la totalidad de su patrimonio, quedando sin recursos para continuar con su actividad.

¿Se han perdido o no esos US$ 41 millones?

La explicación que ha dado el actual Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo es la siguiente: "En el marco del convenio denominado Plan de Reestructuración Bancaria (PRB), el Estado uruguayo capitalizó a la CND con la expresa intención de que por su participación, la CND no se viera afectada patrimonialmente".

"En varias oportunidades a lo largo de estos años y abarcando diversas administraciones, se ha tenido evidencia a través de documentación emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Uruguay del reconocimiento de la obligación surgida con Corporación Nacional para el Desarrollo en el caso que ésta se vea afectada patrimonialmente por las inversiones realizadas en los Bancos".

"Algunos hechos refuerzan esta posición: a) existen consultas a prestigiosos abogados, quienes han avalado la interpretación realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo del alcance del PRB; b) el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ha aprobado los estados contables desde 1989 a la fecha, reconociendo la existencia del crédito expuesto por la CND en sus estados contables; c) desde el año 1990 los estados contables han sido auditados por cuatro firmas internacionales diferentes, que han avalado el criterio contable adoptado por la CND; d) los hechos posteriores al 31 de diciembre de 2001, confirman la voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas de cancelar la obligación que tenía con la CND o de brindar garantías de que así lo realizaría (Resoluciones del 26 y del 30 de abril de 2002 y los convenios firmados el 3 de mayo y 20 de junio de 2002)".

Sobre estas aseveraciones, corresponde señalar que las firmas de auditoría no avalaron el criterio contable de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

La firma Coopers & Lybrand expresó reiteradamente al auditar los balances de los años 1995 a 1999: "No hemos podido obtener confirmación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que sustente el importe del crédito incluido en la cuenta "Créditos financieros-Diversos" del Activo No Corriente (...) ni hemos podido satisfacernos de su valuación por otros procedimientos de auditoría".

Por esa razón y otras expuestas en los informes, los auditores emitieron en todos los casos dictámenes con salvedades: "En nuestra opinión, basada en el trabajo realizado y en los dictámenes de los otros auditores, excepto por los efectos de los ajustes, si los hubiere, que podrían resultar en relación con las situaciones descriptas en los párrafos 4, 5 y 6, los estados contables mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial...".

Los dictámenes expresan que podrían requerirse ajustes, en virtud de las situaciones descriptas.

Este dictamen es reiterado con expresiones muy similares en el año 2000 por la misma firma, ahora denominada Price Waterhouse Coopers.

Esta firma emite un dictamen sin salvedades con respecto al año 2001, de fecha 29 de mayo de 2002, basándose en determinados hechos que se produjeron en abril y mayo de 2002, que parecían modificar la situación de incertidumbre respecto a estos créditos.

El Tribunal de Cuentas, por nota de 19 de marzo de 2003, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que se expida sobre el crédito contra el Estado expuesto en los estados contables de la Corporación Nacional para el Desarrollo al 31 de diciembre de 2001, por aportes efectuados en los Bancos La Caja Obrera, Comercial y De Crédito, conforme al siguiente detalle: en el Banco Caja Obrera US$ 15.398.000; en el Banco Comercial US$ 672.249 y en el Banco de Crédito US$ 25.000.000; lo que suman en total US$ 41.070.249.

La respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, según nota de 28 de julio de 2003 al Tribunal de Cuentas, está muy lejos de despejar las dudas, dado que el Ministerio de Economía y Finanzas se expresa en forma condicional: "De los informes que lucen agregados en estos obrados, surge que el Estado se habría comprometido al reintegro patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en la medida que resultara afectado su patrimonio. En consecuencia, debería estarse a los términos de dichos informes y a las resultancias de los procesos de liquidación respectivos".

Los "informes" a que hace referencia la nota del Ministerio de Economía y Finanzas, son los dictámenes de los profesores consultados, doctores Augusto Durán Martínez y Juan Pablo Cajarville Peluffo.

Estas expresiones distan mucho de ser un compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas a reintegrar los más de US$ 40 millones.

Para destinar recursos a los Bancos en crisis durante la última etapa de la crisis bancaria y financiera, una vez que se agotó el recurso de la adquisición de certificados de depósitos, el gobierno pasó en una segunda etapa a la asistencia financiera a cargo del Banco Central de acuerdo a lo establecido en su Carta Orgánica. Pero en un tercer momento, cuando la asistencia financiera del Banco Central se agotó, la última modalidad de asistencia a la que recurrió el gobierno uruguayo fue a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

La modalidad elegida por el Poder Ejecutivo fue la constitución de préstamos a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo que se efectivizaban mediante depósitos en los Bancos que eran objeto de asistencia. De hecho se trataba de un mecanismo de asistencia indirecta que dotaba de liquidez a estos Bancos para hacer frente a sus dificultades. El monto de asistencia total por este concepto ascendió a U$ 488.898 millones.

Los depósitos a favor del Banco Comercial comenzaron el 29 de abril y el último de ellos se verificó el 5 de julio. En el caso del Banco de Montevideo el primer depósito se produce el 24 de junio, cuando la entidad ya había sido intervenida por el Banco Central, y se prolonga hasta el 16 de julio. Finalmente, en el caso del Banco de Crédito la primera asistencia del Ministerio de Economía y Finanzas también se produce el 24 de junio y la última es también del 16 de julio.

Los tres primeros depósitos transferidos al Banco Comercial a través de la Corporación para el Desarrollo tuvieron como fundamento establecer una garantía de la integridad patrimonial de ésta referida al Convenio de Reestructuración Bancaria firmado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la CND en 1990. En efecto, de acuerdo a este convenio, la CND reclamaba al Ministerio desde hacía varios años un crédito por el deterioro patrimonial que la gestión de los Bancos le había representado a la misma.

Pues bien, el Ministerio de Economía y Finanzas realiza tres depósitos en cuentas de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el Banco Comercial que, en conjunto representan U$ 40.398.000 en el Banco Comercial, en garantía de la integridad patrimonial de la CND. Estos depósitos son de fechas 29 de abril, 3 de mayo y 9 de mayo de 2002 y tienen como respaldo las resoluciones del Poder Ejecutivo de fechas 26, 29 y 30 de abril de 2002.

La auditoría externa tuvo así, a último momento, una confirmación del Ministerio de Economía y Finanzas de los créditos y emitió un dictamen limpio. Sin embargo, muy poco tiempo después se produjo el desenlace de la crisis bancaria que replanteó la cuestión.

Más allá de que la finalidad de estos depósitos fue claramente la asistencia financiera al Banco Comercial, más que reintegrar a la Corporación Nacional para el Desarrollo sus pérdidas por la participación en los Bancos mencionados, la CND recibió esos fondos "en garantía", por lo que se transformó en depositario de los mismos, manteniéndolos en custodia y debiendo devolverlos al Ministerio de Economía y Finanzas cuando éste dispusiera efectivamente el reintegro patrimonial comprometido.

¿Cómo debe contabilizar esta operación el depositario (la Corporación Nacional para el Desarrollo)? Debe registrar en el activo un depósito en garantía y en el pasivo una deuda con quien le encargó el depósito, esto es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué pasa si el depositario de fondos recibidos en custodia los coloca en un Banco que entra en liquidación? Lo que sucede es que es responsable frente a quien le encomendó la custodia de los fondos. Por lo tanto la CND debe reconocer una pérdida por la diferencia entre los montos de los depósitos (que debe restituir a su titular, el Ministerio de Economía y Finanzas) y lo que se recupere efectivamente de la liquidación del Banco. Esa pérdida debe deducirse de las cuentas a cobrar que mantenía la Corporación contra el Ministerio de Economía y Finanzas.

Esa pérdida es de distinta naturaleza que aquellas que el Ministerio de Economía y Finanzas se había comprometido a restituir, por lo que no puede considerarse que forma parte del compromiso de garantizar la integridad patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas no está obligado a su restitución.

¿Cuánto es el monto de la pérdida? Debe tenerse en cuenta que el Estado transfirió a los depositantes los créditos que tenía a su favor en los Bancos en liquidación. Sería necesario determinar si se ha perdido todo o un porcentaje importante de esos depósitos. En todo caso, es imposible sostener que la Corporación Nacional para el Desarrollo mantiene un crédito contra el Estado por el total. Por eso la contestación en condicional del Ministerio de Economía y Finanzas expresa que "...debería estarse a los términos de dichos informes y a las resultancias de los procesos de liquidación respectivos".

Salvo que se entienda que de todos modos, el Estado debe retirar más de US$ 40 millones del producido de la liquidación, para transferírselo a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Visto lo que ha sido el funcionamiento de la CND en todos estos años y teniendo en cuenta la magnitud de las pérdidas que su accionar representó para el Estado uruguayo, ¿puede pensarse que el Estado deba volver a destinar a la Corporación la suma de US$ 40 millones, adicionales a los US$ 104 millones que destinó al mismo desde su creación? ¿Tiene el Estado capacidad para hacerlo y la voluntad de hacerlo?

b. El crédito contra Agolán S.A.

Otra observación del Tribunal de Cuentas, se refiere a un crédito computado en el activo por US$ 4.629.278 contra Agolán S.A., correspondientes a créditos que estaban vencidos desde los años 1998 y 1999, de los que no se ha efectuado cobro alguno, cuestionándose que no hayan sido objeto de previsiones de incobrabilidad y no se haya revelado su situación en notas a los estados contables.

Agrega el Tribunal de Cuentas: "No se han podido realizar procedimientos de auditoría que proporcionen evidencia suficiente acerca de la valuación de los referidos créditos".

La respuesta dada al respecto por el actual Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo fue la siguiente: "Si bien este Directorio entiende las circunstancias que llevan al Tribunal a expresar reparos acerca del grado de cobrabilidad del crédito de Agolán S.A., no comparte que la falta de evidencia de auditoría al respecto, constituya un factor determinante para arrojar dudas sobre la situación patrimonial de la Corporación".

"En efecto, como el Tribunal conoce, la Corporación posee el 100% del paquete accionario de Agolán S.A. y la inversión en dicha empresa se valúa de acuerdo al criterio del Valor Patrimonial Proporcional (VPP)".

"Esto implica que si Corporación Nacional para el Desarrollo decidiera condonar el 100% de la deuda de Agolán S.A., el monto de la pérdida contable que se generaría, se vería inmediatamente compensada con un aumento en el valor patrimonial que la propia condonación implica, en los estados contables de Agolán S.A.".

"Entendemos por lo tanto que contabilizar o no una provisión en este caso, sólo contribuiría a mejorar la exposición de los estados contables pero en ningún caso representa para Corporación Nacional para el Desarrollo, una afectación de tipo patrimonial".

Esta respuesta dada a la Comisión Investigadora en nota de 20 de octubre de 2003, es reveladora de la actitud más bien superficial que mantiene la Corporación Nacional para el Desarrollo con respecto a la información contable que presenta.

El razonamiento es que si Agolán S.A. tiene un pasivo y se asume que nunca lo va a pagar, la Corporación Nacional para el Desarrollo deja de tener un crédito y Agolán deja de tener un pasivo. Esto hace que el patrimonio de Agolán aumente en la misma suma que disminuye el pasivo.

Y por lo tanto la inversión de Corporación Nacional para el Desarrollo en esa empresa aumenta del mismo modo, dado que la CND valúa su inversión en función del valor del patrimonio de Agolán.

¿En qué falla este razonamiento? En que si se asume que el crédito por US$ 4,6 millones es incobrable, sigue siendo incobrable por más que el mismo se transforme en capital de riesgo. En la sustancia, la Corporación Nacional para el Desarrollo no puede recuperar los US$ 4,6 millones que colocó en Agolán S.A. y por lo tanto debe reconocer una pérdida por ese monto. ¿O acaso las inversiones en acciones no deben previsionarse del mismo modo que los créditos, cuando se sabe que el monto no es recuperable?

En conclusión, si se constituyeran previsiones por incobrabilidad en relación a los dos créditos referidos, el crédito contra el Estado por más de US$ 40 millones y el crédito contra Agolán S.A. por US$ 4,6 millones, tal como sugiere el Tribunal de Cuentas, la Corporación Nacional para el Desarrollo tendría un patrimonio negativo de más de US$ 6 millones de dólares.

Debe anotarse, además, que dicha pérdida patrimonial es anterior al balance 2001, puesto que los acontecimientos que causan los detrimentos patrimoniales señalados ocurrieron con anterioridad a 1999 aunque sólo pudieron ser registrados y discutidos a partir de que el Tribunal de Cuentas recuperó su facultad de auditoría.

Las observaciones antedichas nos llevan a concluir que los US$ 104 millones que integraron el patrimonio de la Corporación se han perdido prácticamente en su totalidad, dejando a la Corporación Nacional para el Desarrollo en una situación patrimonial sumamente comprometida.

6. Las inversiones productivas fallidas

Una de las principales modalidades de actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo fue la inversión que realizó en diversas empresas productivas. Durante el período de gestión que fue objeto de análisis por parte de la Investigadora, la Corporación resolvió participar en 26 emprendimientos, de los cuales la inmensa mayoría de ellos resultaron altamente negativos, como quedó consignado en los respectivos balances de resultados acercados por la CND a la Comisión Investigadora.

A través de la inversión de dineros públicos en diversas empresas productivas la Corporación Nacional para el Desarrollo intentó dar cumplimiento a lo que fueron sus cometidos originales, los que habían sido fijados por el legislador en el artículo 11 de la ley de creación; entre los que allí se consignan, merecen especial consideración los siguientes: "A) Incentivar el desarrollo empresarial, con participación del sector privado. B) Favorecer la creación de empresas, fortalecer las existentes y participar, total o parcialmente, en su capital. C) Colaborar en la ejecución de las políticas económicas sectoriales, mediante la promoción de la inversión de capitales en sectores empresariales prioritarios. D) Analizar y señalar campos para nuevas inversiones, preparar proyectos concretos de inversión y promover el estudio de mercados para nuevos productos y para la colocación de la producción nacional".

Adicionalmente, como criterios y metas de realización inmediata, los distintos Directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo enfatizaron en la pretensión de concretar los siguientes propósitos: a) promover la realización de políticas activas de empleo, dando prioridad a los emprendimientos que ocupan mayor número de puestos de trabajo; b) orientar la actividad hacia los centros productivos que tendieran al balance positivo de comercio exterior, generando divisas genuinas derivadas de la exportación; c) descentralización de la actividad productiva, procurando radicar sus proyectos prioritariamente en el interior; d) promoción y desarrollo de empresas con elevados niveles de tecnología aplicada.

Sin embargo, la precedente enumeración de criterios, siendo absolutamente compartible desde el punto de vista de lo deseable, lejos estuvo de concretarse en la realidad. En efecto, en lo que resulta del análisis puntual de cada emprendimiento, se aprecia sistemáticamente la perforación de los objetivos invocados y, como consecuencia de ello, la frustración de las metas que la ley priorizó.

Al analizar el listado final de los emprendimientos en los que ha participado la Corporación Nacional para el Desarrollo, deben distinguirse dos tipos de situaciones.

Por un lado, la Corporación Nacional para el Desarrollo invirtió en un grupo de empresas que fueron seleccionadas de una lista de empresas sobreendeudadas con el Banco de la República, por lo que la CND asumió la gestión de ellas con una situación empresarial fuertemente negativa; por otro lado, la CND invirtió en otro conjunto de empresas que el propio organismo seleccionó y en las que no existía endeudamiento previo.

En el primer caso, los accionistas de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Banco República y el Ministerio de Economía y Finanzas, debían suscribirle aportes de capital por cerca de US$ 20.000.000, de los cuales el 80% era de cargo del BROU y el 20% restante, del Ministerio. Como expresa el economista Roberto Horta en oportunidad de su comparecencia ante la Comisión, el BROU "...decide poner el 75% de lo que le correspondía en transferencia de créditos de empresas deudoras del Banco de la República y el otro 25% en efectivo".

Más adelante, añade que el Banco de la República "...nos manda una lista... de diez o quince empresas... las más deudoras, las más endeudadas y las menos cobrables que tenía el Banco. Estas empresas, entonces, que resultaron seleccionadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo del listado cerrado ofrecido por el Banco de la República, le son en cierta medida impuestas a la Corporación, y, por supuesto, respecto de ellas no existió instancia alguna que habilitara la confección de un estudio técnico previo que avalara la inversión. Lejos de ello, se trata de situaciones de sobreendeudamiento, caracterizadas por un perfilamiento de alto riesgo y con patrimonio negativo".

Esos emprendimientos "forzados", impuestos, entonces, admiten ser distinguidos, de manera sustancial de aquellos que fueron seleccionados en forma libre, autónoma e independiente por parte del Directorio de Corporación Nacional para el Desarrollo.

Estos últimos, por definición, no se ven viciados por los antecedentes negativos ni por las dificultades estructurales a que se hizo referencia precedentemente. Por el contrario, esta diferencia impone mayor rigor al análisis que aquí se efectúa, y los resultados de estas inversiones son responsabilidad íntegra, absoluta y exclusiva de la propia Corporación Nacional para el Desarrollo. Por lo tanto, las responsabilidades eventuales sobre sus resultados corresponden directamente a los respectivos Directorios de la CND.

Al examinar entonces, la pluralidad de emprendimientos en los cuales la Corporación Nacional para el Desarrollo tomó participación, asistimos a la verificación de una línea de actuación reiterada y sistemática, que está presente en varios de los emprendimientos asumidos. Tales pautas de actuación son, sintéticamente, las siguientes:

a) Ausencia o debilidad de los estudios técnicos previos. Salvo casos excepcionales, el aval a la participación fue otorgado en virtud de estudios confeccionados por peritos designados por los promotores particulares o de informes técnicos tercerizados. En algunos casos específicos los estudios técnicos realizados dentro de la Corporación Nacional para el Desarrollo tampoco cumplieron con requisitos de rigor técnico suficiente. A modo de ejemplo se presentan dos casos concretos.

  El contador Diego Aguerre, actual Gerente de Proyectos de la Corporación Nacional para el Desarrollo, refiriéndose al estudio previo a la decisión de invertir en Pig Uruguay S.A., textualmente manifestó: "El análisis de flujos financieros se hizo en base a los datos proporcionados por el promotor del proyecto. No se ha verificado su correspondencia con la realidad, sino que se han tomado estos valores como normales, esto es, los valores más probables" (Acta Nº 2065, página 4). Más adelante, agrega: "Por lo tanto, mi informe y mi intervención en este tema se limitan exclusivamente a lo que se me pidió, y no realicé ningún otro tipo de consideraciones a futuro... Yo me limité a cotejar números que habían evaluado otras instituciones" (Acta Nº 2065, página 7).

  En el mismo sentido se manifiesta el economista Ángel Guazzo, quien en diálogo con los legisladores transcripto en el Acta Nº 2102, página 13, expresó: "Honestamente, no recuerdo haber informado a la Corporación que participara en Canalmar. En un momento yo era encargado de un Programa con la Comunidad Europea, que se llamaba el ECIP, y la gente de Canalmar vino a conversar con mi Departamento para intentar conseguir financiamiento europeo. Si no recuerdo mal, el tema era que había aparecido algún problema en exportaciones de carne pasteurizada que iba a hacer Canalmar. Esa información la trasmití al ECIP, en el que me solicitaron información adicional, que luego Canalmar no envió; por consiguiente, desde ahí hasta aproximadamente junio del año 1999, yo no tuve contacto con Canalmar... No participé en el informe técnico para que la Corporación integrara capital en Canalmar".

b) Falta de correspondencia entre las previsiones formuladas sobre la evolución económico-financiera del emprendimiento y el desempeño efectivo posterior, concretando la frustración de las expectativas planteadas. Esta característica está presente en muchos de los emprendimientos asumidos por la Corporación Nacional para el Desarrollo y, según veremos en los apartados correspondientes, se transforma en otra constante de la evolución de estas inversiones. Ello se tradujo en la necesidad de prestar múltiples asistencias de recursos totalmente imprevistos, configurando posteriormente resultados finales altamente deficitarios.

c) Adjudicación al socio privado de la dirección de la gestión empresarial y desconexión de la Corporación Nacional para el Desarrollo respecto de su control. La capitalización de las empresas se hizo posicionando a la Corporación como socio minoritario del emprendimiento en casi todos los casos, sin que la CND se asegurara los mínimos mecanismos de control imprescindibles.

  En tal sentido, las manifestaciones formuladas por el representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Pig Uruguay S.A., contador Pedro Juan Forné, recogidas en la versión taquigráfica, son concluyentes: "...era un Director de PIGUSA, sin mayor información de PIGUSA, sin demasiada conexión con la propia Corporación; yo jamás pude ver un Director de la Corporación, y sólo tuve algún trato con el contador Conforte, que me escuchaba porque tenía que escucharme; tampoco tenía instrucciones concretas; yo nunca recibí una hoja con una instrucción..." (Acta Nº 2065, página 13).

  Complementariamente, a la desconexión constatada, se suma la reestructuración a la baja de los sistemas de control interno de la Corporación Nacional para el Desarrollo, denunciada en ocasión de la comparecencia del contador Carlos Luppi, quien en diálogo con la Comisión manifestó: "Se puede advertir que por lo menos hubo una reformulación de los sistemas de control; eso es lo menos que se puede decir".

  Por su parte, el contador Rafael Menéndez corrobora la precedente apreciación en ocasión de su comparecencia ante la Investigadora y ante la interrogante sobre la afectación de los sistemas de control interno de la Corporación Nacional para el Desarrollo, declaró: "Si hablamos de todo el período en que estuve en la Corporación, al final hubo una caída. Eso fue evidente. Había mucho celo profesional y técnico, ya que los proyectos los pasaba el contador Piccioli, que era el Gerente General. Si los proyectos entraban por el Directorio, los Directores le pasaban los proyectos a él, quien me los derivaba. Yo no los pasaba al Directorio; los comentaba con el contador Piccioli, que era la Gerencia General, en su carácter técnico, la que evaluaba los proyectos y los enviaba al Directorio. Dos años antes de que me retirara, también cesó la labor como asesor en proyectos que cumplía el contador Cecilio García; desempeñaba una función parecida a la que yo realicé al final. El contador Piccioli también se retiró antes que yo. Con respecto al control de gestión, es evidente..." (Acta Nº 2044, página 10).

d) Omisión de exigir el cumplimiento de la cláusula de recompra de participación. La inclusión de esta disposición contractual, de orden en los diversos convenios de inversión celebrados, tenía la función de operar como reaseguro de la capitalización realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, imponiendo al socio privado tomar a su cargo, una vez transcurrido el plazo previsto, el porcentaje de participación realizado por la Corporación.

  Sin perjuicio de tener estipulada a su favor dicha potestad, no hubo siquiera un caso en que la Corporación la hiciera valer. En todos los casos se optó por no aplicar este mecanismo de salvaguarda de la integridad patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo, con la consiguiente afectación de esta última.

e) Omisión de ejecutar las garantías previstas en beneficio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En los casos en que la Corporación procedió a prestar las asistencias financieras solicitadas -innumerables-, los posteriores incumplimientos de las obligaciones principales, no condujeron, como hubiera sido natural, al camino de la ejecución de las garantías acordadas.

  En ningún caso de los estudiados en el seno de la Comisión Investigadora la Corporación Nacional para el Desarrollo apeló al camino de la ejecución de las garantías de sus socios privados.

f) Insuficiencia de control público. La naturaleza pública de los recursos económicos y financieros empleados por la Corporación, hacían imprescindible el ejercicio del control de su uso por parte del Tribunal de Cuentas, aún en la hipótesis de haber sido utilizado en capitalización de empresas privadas; en consecuencia, en el período en cuestión, a los obstáculos ya referidos en el capítulo correspondiente con respecto a las facultades de auditoría del Tribunal de Cuentas, corresponde agregar otro aspecto adicional.

  El propio texto del "Informe a la Administración", elaborado por el Tribunal de Cuentas en fecha 1º de octubre de 2003 sobre los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, expresa un conjunto de objeciones y consigna textualmente: "Al igual que en el ejercicio anterior se reitera la necesidad de contar con estados contables auditados al 31 de diciembre de cada año de cada una de las empresas en las que invirtió la CND, a efectos de determinar de manera más exacta el valor de las inversiones en otras empresas y los resultados de las mismas" (página 7).

  Y más adelante agrega: "...dado que la Corporación Nacional para el Desarrollo presenta sus estados contables ajustados por inflación, debe exigir a las empresas en las que participa la presentación de sus correspondientes estados contables utilizando el mismo criterio de valuación. Finalmente, corresponde destacar que el ajuste por inflación realizado no se registra rubro a rubro en la contabilidad de la CND, y consecuentemente, sus estados contables no surgen de los saldos del libro mayor, lo cual es necesario para realizar la visación de los estados contables por parte del Tribunal de Cuentas" (página 8).

  Finalmente, el Tribunal de Cuentas indica en la página 12 del mencionado informe que le fue imposible verificar el porcentaje de participación en ellas de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En definitiva, la conducta sistemática practicada por Corporación Nacional para el Desarrollo, de obstaculizar al Tribunal de Cuentas el ejercicio adecuado de sus funciones, frustró la garantía última de control sobre el uso que la Corporación hizo de los millonarios recursos de que dispuso.

La reiteración en diversos casos de las pautas de actuación señaladas: a) ausencia o debilidad de los estudios técnicos previos; b) falta de correspondencia entre las previsiones formuladas sobre la evolución económico-financiera de los emprendimientos y su desempeño efectivo posterior; c) adjudicación al socio privado de la dirección de la gestión empresarial y desconexión de la Corporación Nacional para el Desarrollo respecto de su control; d) omisión de exigir el cumplimiento de la cláusula de obligación de recompra de su participación; e) omisión de ejecutar las garantías previstas en su beneficio; y f) insuficiencia o no aplicación de los mecanismos de control público de las inversiones de CND; demuestra la falta de garantías que rodearon la actuación de la CND en las decisiones de uso de los recursos públicos que manejaba.

Corresponde ahora analizar algunos de los emprendimientos principales en los que la Corporación Nacional para el Desarrollo perdió parte de los recursos que integraban su patrimonio.

Los casos de los Frigoríficos Canelones y Colonia serán analizados en conjunto porque la propia Corporación Nacional para el Desarrollo los consideró en forma conjunta. A su vez, tanto los frigoríficos mencionados como el caso de El Mago S.A. forman parte del grupo de emprendimientos que la CND asumió en situación de sobreendeudamiento puesto que son parte de la lista de empresas que fueron transferidas por el Banco de la República a la CND como forma de capitalizarla. De modo que, en estos tres casos la CND asumió las mencionadas empresas en situación de alto endeudamiento y grave deterioro patrimonial, lo que atenúa sensiblemente la responsabilidad que le cabe en su gestión y resultados.

6.1. Establecimiento Colonia S.A. y el Frigorífico Canelones S.A.

Se presentan a continuación los principales elementos relacionados con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en los Frigoríficos Canelones y Colonia.

a. Razones de la participación en los frigoríficos

¿Cuáles son las razones por las cuales la Corporación asumió participación en estos emprendimientos? El contador Enrique Vispo y el economista Roberto Horta coincidieron en sus explicaciones, en la sesión del 22 de mayo de 2003.

Ambos expresaron que en sus orígenes la Corporación no tenía recursos para desarrollar su actividad, los que debían ser aportados por el Ministerio de Economía y por el Banco de la República según la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El Banco de la República decide cumplir sus aportaciones a la Corporación transfiriéndole créditos de empresas deudoras del BROU. Según el economista Roberto Horta el BROU "nos manda una lista -no la recuerdo ahora; quizás mis compañeros la recordarán- de 10 ó 15 empresas. Supongo que esas 15 empresas eran las más deudoras, las más endeudadas y las menos cobrables que tenía el Banco".

Según el contador Enrique Vispo y el economista Roberto Horta, el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo había definido que la Corporación debía invertir en empresas exportadoras, que dieran mano de obra, que tuvieran un aporte tecnológico y que estuvieran ubicadas en el interior. "Esos criterios los empezamos a cruzar con esa lista de empresas" y definieron que el Frigorífico Canelones, el Frigorífico Colonia y la empresa textil El Mago S.A. cumplían con esas condiciones.

Se les preguntó si en ese momento había alguna otra empresa en el rubro frigorífico que estuviera en una situación que hubiese podido ser atendida como la situación de estos dos frigoríficos. Ante esta pregunta el contador Enrique Vispo respondió: "Nosotros no elegimos al frigorífico; el frigorífico estaba en una lista. El Banco de la República usó la ley del artillero: 'Si ustedes quieren inversión, tomen créditos. Nosotros no invertimos'".

El economista Roberto Horta agregó que "eran empresas exportadoras, de alta tecnología y eran los dos únicos frigoríficos que tenían el tercer ciclo de la carne. Recuerdo que el Frigorífico Canelones hacía el 'corned-beef' y el Frigorífico Colonia la carne cocida congelada y con esto se podía ingresar a mercados que los demás no podían ingresar. Todos estos elementos hacían que fuera bueno que la Corporación tratara de salvar a esas empresas".

El contador Enrique Vispo agregó en ese sentido: "Ustedes saben que el precio de la carne tiene ciclos: cuando hay zafra sube y cuando no la hay baja. Como estos frigoríficos exportaban carne conserva, podían comprar cuando la zafra estaba baja y no cuando estaba alta, lo que hacía que sirvieran como instrumentos reguladores del precio del mercado. Es decir, el productor de estos frigoríficos tenía una seguridad de que cuando la zafra estaba baja, había un frigorífico que estaba comprando. Yo recibí llamadas de los Presidentes de las asociaciones, recomendando que era importantísimo que se entrara en los frigoríficos porque eran demandantes, era importante la extracción que tenían. Y el quiebre de estos frigoríficos iba a implicar un grave problema en el sector pecuario".

De modo que la decisión tomada por el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de aquella época, asumidas las condicionantes que afectaron a su proceso de decisión, de acuerdo a los argumentos que se expresaron más arriba, resulta comprensible, no así los términos del contrato celebrado que se exponen a continuación.

b. Ingreso de la Corporación Nacional para el Desarrollo en los frigoríficos

Según acta de Directorio de la Corporación de 29 de abril de 1987 la Corporación Nacional para el Desarrollo mantiene contactos con el Banco de la República para analizar qué empresas mantienen pasivos con este Banco que podrían ser asumidos por la CND y utilizados por esta para capitalizar las empresas, con particular referencia a los frigoríficos, luego de lo cual comienzan las negociaciones entre el BROU y la CND para que adquiera los créditos del BROU contra los frigoríficos.

Según acta de 8 de marzo de 1988, el Banco de la República mantiene créditos contra los frigoríficos por US$ 40.000.000. El BROU y la Corporación Nacional para el Desarrollo acuerdan negociar los créditos de los frigoríficos sobre la siguiente fórmula: el BROU transfiere a la Corporación parte de los créditos, por un total de US$ 18 millones, manteniendo al cobro contra los frigoríficos los US$ 22 millones restantes.

A cambio de los créditos que transfiere a la Corporación, el Banco de la República recibe acciones de esta por un valor nominal equivalente a US$ 7,5 millones, de tal forma que el BROU aumenta su participación accionaria en la Corporación por este concepto. El BROU reconoce una quita de US$ 10,5 millones, que es la diferencia entre el valor nominal de los créditos que entrega y el valor nominal de las acciones que recibe a cambio.

A su vez, la Corporación adquiere los créditos con la finalidad de capitalizar los frigoríficos, aunque al final termina por resolver la remisión de dichos créditos, es decir la condonación de los mismos, con lo que se obtiene el mismo efecto que con una capitalización, dado que los frigoríficos tenían patrimonio negativo. Esta información surge de las notas a los estados contables de ambas empresas al 30 de setiembre de 1988.

Esta operación es un negocio complejo que se ejecuta a través de distintos acuerdos y contratos.

El 14 de octubre de 1988 la Corporación, representada por el contador Enrique Vispo y el contador Mauricio Geppert, en sus calidades de Presidente y Director respectivamente, firman un convenio de compra de las acciones del Frigorífico Canelones Miguel Ameglio S.A. y del Frigorífico Establecimientos Colonia S.A. Quienes venden sus acciones en esos frigoríficos son Carlos Ameglio, Miguel Ameglio, José Pedro Malagraba y Wellington Ponce de León.

Por ese contrato se transfiere el 100% de las acciones del Establecimiento Colonia y el 85,213% del Frigorífico Canelones, aunque esto último es anecdótico porque se desconocen los propietarios del resto de las acciones, que están en poder del frigorífico y que también se entregan a la Corporación Nacional para el Desarrollo.

¿Cuál es el precio de dos empresas que conjuntamente mantienen una deuda de US$ 40 millones y tienen patrimonio negativo? Parecería que el precio debería ser cero. Sin embargo, los ex accionistas logran obtener algo a cambio en este negocio, enajenan las acciones a cambio de una expectativa de recompra futura de esas acciones, en la medida que los frigoríficos produzcan utilidades.

A través de diversos formulismos el contrato establece cláusulas que serían consideradas leoninas en cualquier sociedad: si los frigoríficos dan utilidades en el futuro, las acciones vuelven a los ex accionistas, sin que estos tengan que poner un solo peso, dado que esa recompra se paga con las propias utilidades que el frigorífico genere.

En cambio, si los frigoríficos dan pérdidas, los ex accionistas no recompran las acciones y la Corporación se queda con los frigoríficos y, por lo tanto, con las pérdidas.

Obsérvese que se trata de un negocio complejo, en el que una deuda de US$ 40 millones se transforma en una deuda de US$ 22 millones, por lo que entre el Banco de la República y la Corporación asumen pérdidas por US$ 18 millones.

Por lo tanto, si el negocio prospera, las acciones volverán a sus antiguos dueños, que se reencontrarán con una empresa cuya deuda se redujo en US$ 18 millones y que además genera utilidades.

Sin embargo, los contratos están redactados de tal forma, que dan la sensación de que los ex accionistas estuvieran asumiendo importantes obligaciones y la Corporación obteniendo interesantes derechos.

Pudo haber sido un buen negocio para los vendedores. Sin embargo, los frigoríficos en poder de la Corporación no hicieron más que acumular pérdidas.

Como expresó el ex Director González Álvarez el 5 de junio, "ese contrato era un sueño, una ilusión. No nos olvidemos que estas empresas habían perdido US$ 40.000.000 o más, cuando estaban en manos de los ex accionistas. Hace años que perdían; en los frigoríficos en general, vemos que son muy grandes las pérdidas de estas y de otras plantas. Entonces, en ese momento se hace un contrato. Yo digo que tal vez era un sueño, una ilusión, una expresión de deseo: que a estos frigoríficos, al eliminarles los pasivos importantes, les iba a ir bien, ganarían mucho dinero, tendrían utilidades, y con ellas se formaría un fondo con el que los ex accionistas comprarían de vuelta las acciones y volverían a ser los dueños del frigorífico".

El negocio queda perfeccionado el 29 de mayo de 1989, cuando se firma un convenio con el Banco de la República que completa la transferencia de los créditos. El BROU en esta instancia no transmite las garantías accesorias a los créditos y se reserva las mismas, las que quedan afectadas a los restantes créditos del BROU. También se estipula que si la Corporación vende las acciones en un importe mayor a los US$ 7.500.000, que es el valor en acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo que recibe el BROU, la diferencia de precio deberá destinarse a compensar la quita sufrida por el BROU.

Esta negociación, cuyos inicios contractuales datan de 1988, será determinante de una serie de medidas que debió tomar la Corporación en los años siguientes, con la finalidad de vender los frigoríficos y, desde nuestro punto de vista, implica para la Corporación Nacional para el Desarrollo un mal negocio, por lo que podría existir responsabilidad de los Directores que asumieron tales obligaciones.

c. El acuerdo del 14 de octubre de 1988

También el contador Vispo se refirió a la negociación con los ex accionistas: "con los propietarios del frigorífico... tuvimos una durísima negociación, porque los despojábamos del total de sus acciones patrimoniales y ellos tenían que seguir con las garantías que tenían sobre el frigorífico. Imagínense, en aquella época, donde esto era nuevo, decir al empresario: 'Usted se va a quedar sin nada de acciones'. Luego les dimos acciones de goce, lo que implicaba que si el frigorífico tenía utilidades, ellos iban a percibir una parte de utilidad, porque quedaron participando en el Directorio. Esa negociación también fue dura, muy dura; nos llevó mucho tiempo para gente como nosotros que habíamos visto un poco de corporaciones en otros lados, pero que estábamos haciendo la primera experiencia".

A esto replicó el economista Roberto Horta: "Si no recuerdo mal -de pronto aquí tenemos una pequeña diferencia con la memoria con el contador Vispo-, los ex accionistas no quedaron con la propiedad -porque era 100% de la Corporación- sino que, según el acuerdo que se hizo, si había una sobreutilidad, tendrían algún retorno para recomprar. Si había una utilidad normal, sería toda para la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero no la hubo. Ellos seguían todos como funcionarios de la empresa -era necesario tenerlos porque tenían todos los contactos; era bueno tenerlos en la gestión- y si había una superutilidad, podían tener esa consideración".

Entre las deudas que el Banco de la República mantuvo contra los frigoríficos, se incluía una obligación por US$ 2 millones, sin intereses, a pagar con el 5% de las utilidades de los frigoríficos durante veinte años.

En el acuerdo firmado con los ex accionistas, estos "asumen" una deuda de US$ 2.000.000 a pagarle a los frigoríficos, sin intereses, la que debía pagarse con utilidades, en la misma forma y con la misma secuencia que los frigoríficos debían pagarle al Banco de la República.

En realidad lo que se establecía realmente era que si los frigoríficos generaban utilidades, primero debía cumplirse con el servicio de esta deuda con el Banco de la República y sólo en segundo lugar las utilidades se podían destinar a un fondo que debían formar los frigoríficos, con la finalidad de que los ex accionistas ejercieran su derecho de recompra. Por lo tanto, no había tal deuda de los ex accionistas con la empresa, lo único que había era una especie de dividendo obligatorio del 5% que debía destinarse a pagar esa deuda con el BROU.

De modo que los accionistas no tenían ninguna obligación con la empresa si esta no obtenía utilidades; y si las obtenía, en primer lugar el 5% de las utilidades debían utilizarse para pagar al Banco de la República y quedaban en un segundo plano los derechos sobre las utilidades remanentes. Esta "deuda" se repartía entre los dos frigoríficos, correspondiendo US$ 1.315.000 al Frigorífico Canelones y US$ 685.000 al Establecimiento Colonia.

d. La cláusula de recompra a favor de los ex accionistas

El ex Director Mauricio Geppert expresó que para entrar en los frigoríficos habían solicitado un proyecto de inversión que fue presentado por el contador Buchelli y que decía que en los años seis, siete y ocho del proyecto se iban a generar utilidades.

En función de esa expectativa se les otorgó a los ex accionistas la posibilidad de recomprar las empresas con un fondo proveniente de las utilidades futuras de las empresas.

¿Cómo se formaba el fondo de recompra? Si los dos frigoríficos daban utilidades primero había que destinarlas a cubrir las pérdidas acumuladas. Si éstas se habían cubierto, con el excedente los frigoríficos debían pagar a la Corporación una especie de interés de entre el 7 y el 10% calculado sobre US$ 7,5 millones, valor teórico de la integración que el Banco de la República había realizado en la Corporación.

Este "interés" no era acumulable, por lo que si un año no había utilidades, al año siguiente los frigoríficos no debían nada por este concepto.

De las utilidades remanentes después de esto, se destinaba un 50% a formar un fondo de recompra. De este 50% se deducía en primer lugar el 5% destinado a retribuir al Banco de la República por el pasivo de US$ 2 millones referido antes. El resto se computaba en beneficio de los ex accionistas, de modo que se iba acumulando y si llegaba a determinada suma les permitía "comprar" con ese fondo las acciones de los frigoríficos, o dicho de otro modo, quedarse nuevamente con las acciones. Si este fondo no era suficiente para acceder al total de las acciones, se "compraba" una cuota parte de las mismas.

¿Qué recibía la Corporación a cambio de otorgarles ese derecho a los accionistas? Según el contador Mauricio Geppert, los ex accionistas aportaban el gerenciamiento de los frigoríficos: "Acá el enfoque era: estos accionistas tenían como retribución que iban a continuar con el "management" de los frigoríficos... Entonces, el precio pagado (por el management) fue precisamente que ellos pudieran tener derecho a una parte de las superutilidades".

Los ex accionistas tenían sueldos importantes de 3 ó 4 mil dólares por mes por mantenerse en el Directorio. ¿No era ésta la retribución del "management"?

Como dijo el ex Director González Álvarez, en la sesión del 5 de junio de 2003 "El Directorio creo que era de siete miembros, tres que había puesto la Corporación y otros tres o cuatro que habían quedado de los ex accionistas con sueldos de US$ 3.000 o US$ 4.000, o tal vez cobraban más: les había ido muy mal en el negocio, pero se habían quedado sentados ahí, en virtud de ese contrato".

La razón dada para que los ex accionistas quedaran en la primera época en el Directorio fue expresada por el economista Roberto Horta: "En ese momento se entendió -tal como fue expresado en la sesión anterior a la que concurrimos- que como la Corporación desconocía mucho de los frigoríficos era bueno que se mantuvieran aquellas personas que entendían del negocio y tenían los contactos". Agregó que luego de estar la Corporación en los frigoríficos varios años, se pudo modificar los Directorios y reducir su tamaño, inclusive como una forma de ahorro.

Lo que no hay duda es que cada vez que la Corporación vendió una empresa, tuvo que sanearla haciéndose cargo de los pasivos. Y siempre los compradores se cuidaron de establecer cláusulas que preveían que en caso de aparecer deudas imprevistas, la Corporación debía hacerse cargo de las mismas. Esto no sucedió cuando a la Corporación le tocó adquirir paquetes accionarios. En el caso de los frigoríficos no hay ninguna mención a qué sucede si aparecen pasivos ocultos, cosa que efectivamente ocurrió.

Como expresó el ex Director Otegui, el 5 de junio de 2003, "cuando estos frigoríficos entraron a la Corporación, uno de los pasivos ocultos eran fuertes deudas con el Banco de Previsión Social. Me refiero a deudas en dólares millonarias que, por supuesto, no están registradas en el pasivo que tenían con el Banco de la República, pues eran deudas que tenían con el BPS. En realidad, los frigoríficos en manos de la Corporación no podían dejar de pagar al BPS. Algo que sí hizo la Corporación fueron convenios a largo plazo con el BPS, aunque quienes compraron esos frigoríficos no quisieron tener nada que ver, y me consta que la Corporación pagó al BPS muchos centenares de miles de dólares con cargo a las deudas anteriores".

De modo que en el contenido del contrato por el cual la Corporación ingresó a los frigoríficos no se previó ninguna cláusula de garantía sobre la eventualidad de que existieran pasivos ocultos, por lo tanto la posible recompra de las empresas con el fondo de utilidades no se vería afectada en lo más mínimo por la aparición de estos pasivos.

e) Modificación del convenio y liberación de garantías

El economista Roberto Horta manifestó: "Para llegar a vender estas empresas ...tuvimos que deshacer el acuerdo que se había realizado cuando la Corporación ingresó a los frigoríficos... Años después, cuando este Directorio tuvo que proceder a la venta de estos frigoríficos, para poder vender y para que alguien estuviera interesado en comprar, tuvimos que deshacer ese acuerdo, porque nadie iba a comprar una empresa que tenía ese fondo de recompra establecido" (Acta Nº 2211, de 10 de noviembre de 2003).

Llama la atención que si la intención de la Corporación siempre fue vender los frigoríficos para que pasaran cuanto antes a la órbita privada, cómo se aceptó en 1988 incluir esa opción de recompra que iba a dificultar, justamente, la venta posterior de las empresas.

En definitiva, se afirmó que no se podían vender los frigoríficos con la opción de compra de los ex accionistas incluida. Como expresó el contador Carlos González Álvarez: "Los accionistas tenían la opción de compra durante ocho años; el último día del octavo año podían decir que sacaban la plata de abajo del colchón y compraban... Las pérdidas del frigorífico en un solo año iban a ser muy superiores a todas las garantías de los accionistas, o sea que había motivos por qué venderlos. Es decir que la opción de compra era una herramienta que tenían los ex accionistas hasta el último día. No era ofrecérselo a los ex accionistas; no se los podía ofrecer" (Acta Nº 2211, de 10 de noviembre de 2003).

Debemos dejar constancia de que el acuerdo con los ex accionistas, decía expresamente en su cláusula vigesimoprimera: "En caso de venta de las acciones por parte de la Corporación antes del noveno año, el comprador deberá asumir las obligaciones establecidas en este contrato para la Corporación".

Agregó el economista Roberto Horta: "Nos sentamos en una mesa a negociar entre alguien que tenía un derecho contra algo y alguien que quería negociar ese derecho para poder liberarse de esa situación. La Corporación hizo una buena negociación porque hizo jugar un terreno que tenía el Frigorífico Canelones lindero a la planta, que no era de su propiedad sino de los ex accionistas y que se utilizaba para que el ganado pastara antes de la faena. Como ese terreno era propiedad de los mismos dueños del frigorífico, siempre fue utilizado de esa manera. Negociamos y los ex accionistas venden a la Corporación ese terreno como parte de esa negociación para deshacer el convenio del año 1988" (Acta Nº 2211, de 10 de noviembre de 2003).

Dejamos constancia, en este punto, que de acuerdo a la modificación de convenio firmada el 4 de octubre de 1991, ese campo lindero a la planta que era propiedad de los Ameglio, ya estaba hipotecado a favor del Banco de la República, por lo que los ex accionistas no hicieron más que entregar un bien del cual ya no podían disponer libremente.

Agregó el economista Roberto Horta: "A su vez, la Corporación obtiene del Banco de la República la cancelación de las hipotecas sobre algunos de los inmuebles de los ex accionistas y otros -no recuerdo cuántos sí y cuántos no- siguieron hipotecados... como contrapartida de la renuncia al fondo de recompra los ex accionistas obtuvieron la cancelación de hipoteca de algunos de sus bienes, entregaron un bien lindero al frigorífico de alrededor de 200 hectáreas y quedaron varios de sus bienes hipotecados en el Banco de la República. Ese procedimiento permitió que quedara rescindido el acuerdo del fondo de recompra del año 1988 y posibilitó la venta de los Frigoríficos Canelones y Colonia a los nuevos compradores... En este documento claramente están los padrones de los inmuebles que se liberan; por lo pronto se citan cinco padrones más que no se liberan: dos en el departamento de Montevideo, dos en el Departamento de Canelones y un quinto en el departamento de Maldonado" (Acta Nº 2211, de 10 de noviembre de 2003).

Según el economista Horta, en garantía de la deuda que los frigoríficos mantuvieron con el Banco de la República aun después del ingreso de la Corporación Nacional para el Desarrollo, habían quedado las plantas de los frigoríficos, los ocho inmuebles de los ex accionistas, sus garantías personales.

Cuando apareció un comprador "nosotros tuvimos que conversar con el Banco de la República... y se le dijo: 'En plata ahora hay un señor que ofrece US$ 4.000.000 por el Frigorífico Canelones'. 'Todo eso se lo damos a ustedes'. 'Lo vamos a cobrar de tal manera y de tal otra'. '¿Esto sirve para que el Banco de la República deje al frigorífico Canelones libre de deuda la planta?'. Y el Banco de la República dijo que sí; entonces, el Banco de la República se conformó con esos inmuebles que algún día iría a cobrar y con estos US$ 4.000.000. Lo mismo se hizo con el frigorífico Colonia... Entonces, se negoció y el Banco de la República aceptó. Fue eso lo que se hizo".

Según el economista Roberto Horta, en virtud del acuerdo firmado el 4 de octubre de 1991, "algunos inmuebles fueron liberalizados -si no recuerdo mal básicamente eran uno por cada uno de los seis accionistas-, quedando otros inmuebles prendados a favor del Banco de la República. A su vez, en aquella oportunidad explicábamos que en esa negociación obtuvimos -algo que era importante para el frigorífico de Canelones- un inmueble de más de 200 hectáreas... y como contrapartida los ex accionistas obtuvieron la liberalización de una casa para cada uno, que es probable -no lo recuerdo ahora- que fuera la casa donde estuvieran viviendo, y quedaron otros inmuebles" (Acta Nº 2211, de 10 de noviembre de 2003).

Más adelante González Álvarez expresó: "En aquel momento, creo que la casa de mayor valor estaba tasada en alrededor de US$ 250.000; eran propiedades donde vivían tres de los accionistas. Supongamos que era US$ 500.000 o US$ 600.000, que no se ejecutaron las viviendas y que se vendieron los dos frigoríficos en US$ 6.000.000 o US$ 7.000.000... la Corporación varias veces pensó en cerrarlos porque perdía US$ 3.000.000 o US$ 4.000.000 por año gestionándolos o salir a venderlos... Por tanto, decir si los US$ 500.000 o US$ 600.000 por el valor de las tres casas era materialmente importante frente a la venta del frigorífico era muy difícil" (Acta Nº 2211, de 10 de noviembre de 2003).

La doctora Milka Barbato expresó que en el acuerdo del 4 de octubre de 1991, denominado "Modificación de convenio y nuevo acuerdo", se estableció que los señores accionistas renuncian al derecho de recomprar y a todas las estipulaciones del contrato que se relacionan con esa recompra, quedando tales estipulaciones sin efecto.

También establece que los ex accionistas renuncian retroactivamente al día 1º de febrero de 1991 al derecho atribuido por el contrato que se modifica de ocupar cargos en el Directorio.

Agregó la doctora Barbato: "Como contrapartida de las renuncias de los ex accionistas referidos en los numerales precedentes, la Corporación obtuvo resolución del BROU -aquí aparece el tema de los padrones- favorable para la cancelación de hipotecas que gravan los padrones" (Acta Nº 2211, de 10 de noviembre de 2003).

Según el ex Director José Ignacio Otegui: "En la vida de los negocios es imposible vender ninguna empresa si alguien tiene un derecho sobre las acciones. En consecuencia, no podíamos salir a venderlas porque ningún comprador aceptaba comprarlas -en consecuencia, a esos frigoríficos- con ese pacto a favor de terceros. Eso hacía inviable la posibilidad de venderlas" (Acta Nº 2211, de 10 de noviembre de 2003).

Por lo tanto, efectivamente el Directorio que asume la liberación parcial de garantías a cambio de la eliminación de la cláusula de recompra no tenía otra alternativa y su accionar parece comprensible, puesto que el mencionado acuerdo era indispensable para poder proceder a la venta de los frigoríficos.

f) Pérdidas ocasionadas por los frigoríficos

La propia Corporación calculó que llevaba perdidos al 31 de diciembre de 1999, US$ 33.847.000 en toda esta operación (ver cuadro de pérdidas en foja 6527).

Esta suma incluye los US$ 7,5 millones iniciales, que era el valor de los créditos que el Banco de la República había integrado en la Corporación a cambio de acciones, y que ésta remitió a los frigoríficos.

El total de asistencia financiera de la Corporación a los frigoríficos es de US$ 24.000.000 que, sumados a los US$ 7.500.000 anteriormente mencionados, y a los gastos previstos que aún debía afrontar la Corporación Nacional para el Desarrollo después de 1999, da una pérdida neta final es de US$ 33.847.000.

Según expresó el economista Roberto Horta, el 5 de junio de 2003, "la asistencia financiera era para completar las necesidades de capital de trabajo que toda industria frigorífica precisa, porque normalmente se concreta un negocio de venta por muchas toneladas durante tres o cuatro meses de actividad sin saber el precio al que se va a comprar la materia prima. No es fácil dirigir un frigorífico; vende hoy 3.000 toneladas a un precio que ya queda establecido y, luego, durante tres meses compra materia prima para cumplir ese contrato. Son mercados dinámicos; existen problemas externos que hacen que los precios de la materia prima evolucionen de otra manera. Por ello, muchas veces, las empresas tenían dificultades para financiar su capital de trabajo. Ahí es cuando la Corporación las asistía financieramente".

El contador Carlos González Álvarez, en la misma oportunidad, agregó que "si no se hubiera seguido poniendo dinero, tendría que haber quebrado varias veces; las pérdidas eran permanentes. El frigorífico se mantenía abierto porque había asistencia financiera de la Corporación para cubrir las pérdidas. La industria frigorífica en esa época -yo no puedo decir en detalle si era por mala gestión, por exceso de funcionarios, por exceso de sueldos, porque el ganado era caro o barato; esos son detalles de funcionamiento- perdía dinero, entonces, había que asistirla... si se cerraba el frigorífico... casi 2.000 funcionarios entre los dos frigoríficos quedarían sin trabajo. Hay miles de productores que cuando tienen más frigoríficos para venderles pueden defender más su dinero; si hay menos frigoríficos, lo defienden menos... la Corporación debía mantener abierto el frigorífico para venderlo abierto, para no perder mercados y clientes. Ustedes saben muy bien que si una empresa cierra, a los dos o tres años todo queda obsoleto, los clientes y todo desaparece; hay que salir de vuelta y pagar todas las indemnizaciones por despido, lo cual es un problema muy grande para el país".

¿Cuánto perdió el Banco de la República? Cuando la Corporación ingresó en los frigoríficos, el BROU tuvo que otorgar una quita de US$ 10,5 millones, y se quedó con un crédito de US$ 22 millones. No sabemos a cuánto ascendía la deuda total con el BROU al momento de la venta, pero sí sabemos que en el caso del Frigorífico Canelones el BROU asumió una quita de US$ 24 millones. El BROU habría cobrado el equivalente al precio de venta de los frigoríficos, unos US$ 6 millones (según el contador González Álvarez, lo que se pagó por los frigoríficos iba para el BROU) y se quedó con algunos inmuebles. Por lo tanto, la pérdida final del BROU sería de más de US$ 28 millones.

g) El precio de venta

En relación al criterio que se usó para establecer el precio de venta, y si tenía relación con el patrimonio que las empresas tenían, en la medida en que esos frigoríficos fueron vendidos libres de deuda, con llave en mano y en funcionamiento, qué criterio se utilizó para establecerlo, el economista Roberto Horta contestó: "...nos planteamos como objetivo, ya en 1990, la venta de esas empresas en actividad, porque vender maquinaria y empresas cerradas, claramente era totalmente inviable. Ese proceso llevó varios años; comenzó con un llamado público, con la publicación en diarios nacionales e internacionales de esta oferta de venta de las empresas, por lo que hubo interesados, y terminó, en primer lugar, con la venta del Frigorífico Canelones y, en segundo término, con la del Frigorífico Colonia, a dos operadores que entendemos son de prestigio a nivel internacional. Los señores Diputados nos preguntaron cuáles fueron los criterios y los precios manejados. Si no recuerdo mal, el Frigorífico Canelones se vendió en US$ 4.000.000 y el Frigorífico Colonia en casi US$ 2.000.000. Los criterios y los precios de venta fueron los del mercado. Después de todo un proceso en el cual ofertábamos y decíamos que estábamos en posibilidad de vender estas empresas, aparecían algunos operadores interesados y negociábamos con ellos. El Directorio por unanimidad fijó esos criterios, que tenían que ser los del precio de mercado de una empresa con esas características".

El contador Carlos González Álvarez agregó: "Voy a confesar que nosotros teníamos mucho miedo cuando se vendieron. Porque los nombres de los Frigoríficos Canelones y Colonia eran importantes y podía comprarlos alguien -vamos a hablar del Frigorífico Colonia, porque lo tengo más en mis venas- por US$ 2.000.000, poniendo toda esa suma o US$ 1.000.000, prometiendo pagar el resto después... y luego podía salir a comprar ganado: 400 ó 500 animales por día para matar y pagar a noventa días. ¿Y quién no le iba a vender al Frigorífico Colonia? Le vendían, sin ninguna duda. Entonces, se hacía de US$ 10.000.000 o US$ 15.000.000 en ganado, lo mataba, lo fletaba a donde fuera -como aquel sonado caso de SAUDICO que pasó en Fray Bentos- y al otro día se iba, dejando un agujero enorme... en el frigorífico de Colonia, el comprador que habíamos conseguido, que pagaba un buen precio -era una firma de plaza que inclusive había puesto US$ 100.000 de seña-, a los noventa días -creo que ese era el plazo que la empresa tenía para concretar el negocio-, dijo que perdería esa suma, porque el negocio era malo. Ahí la Corporación -es importante contar esto- tuvo que ir a ver al segundo comprador, que habíamos dejado afuera porque el primero ofrecía US$ 50.000 o US$ 100.000 más, que sabía que estábamos desesperados. Entonces, podría haber dicho: "Ahora no ofrezco ni siquiera los US$ 2.000.000, sino US$ 1.000.000". Sin embargo, es una empresa seria que siguió con la misma negociación -con el mismo ofrecimiento que había perdido- y el frigorífico se vendió. Esta es una empresa -no lo tengo claro, porque no seguí participando en el tema- que perdió muchos millones de dólares en los años siguientes; ese es un dato que se puede obtener. Después que compraron el Frigorífico Colonia, en los años siguientes continuaron haciendo inversiones y creo que tuvieron pérdidas de US$ 5.000.000 o US$ 6.000.000 y sin pasivo. Si no se hacía eso, los ex accionistas seguirían con la opción de compra por ocho años, y la Corporación no podía tener el frigorífico funcionando durante ese lapso...".

En 1992, al finalizar el ejercicio se encontraban avanzadas las negociaciones con inversores nacionales y extranjeros interesados en una o ambas plantas.

Paralelamente a dicho proceso, el Directorio instruyó a la administración de dichas empresas a mantener un funcionamiento adecuado a las circunstancias; el Frigorífico Canelones se mantuvo inactivo, con excepción de la planta de conserva y se redujo la plantilla de personal en más de 500 personas, cuyo costo fue absorbido por la Corporación.

El 29 de setiembre de 1993 se procedió a enajenar la totalidad de las acciones de Frigorífico Canelones Miguel Ameglio S.A. a la empresa estadounidense Van Rich Partnership. Dicha operación se realizó previo acuerdo con el Banco de la República y el Banco de Previsión Social para la cancelación de los pasivos existentes con ambas instituciones, según consta en la memoria del ejercicio de 1993.

La venta se concretó libre de deudas; por tal motivo se capitalizaron los pasivos que mantenía el referido establecimiento. El Banco de Previsión Social autorizó a la Corporación a asumir la totalidad de la deuda del Frigorífico Canelones Miguel Ameglio S.A. por un total de US$ 1.200.000 en aproximadamente 100 cuotas. La deuda con el Banco de la República ascendía a US$ 32.940.115, concediéndole el BROU una quita a la Corporación de US$ 24.740.115. El saldo en cuestión asumido por la Corporación equivale a US$ 8.200.000 a ser cancelado en cuatro cuotas de US$ 800.000, anuales y consecutivas y con la entrega de un título cupón cero emitido por la Reserva Federal del Gobierno de los EUA por valor de US$ 5.000.000. Complementariamente, se asumieron otras deudas por un total de US$ 1.198.372. Así consta en la Nota 9.1 de los estados contables correspondientes a los ejercicios 1993 y 1994.

El 31 de octubre de 1994 se enajenaron el 100% de las acciones de Establecimientos Colonia S.A. a la firma argentina Quickfood S.A. La Corporación negoció la empresa con sus activos, haciéndose cargo de los pasivos bancarios y con el Banco de Previsión Social, tal como consta en la memoria correspondiente al ejercicio de 1994.

La venta se concretó libre de deudas; por tal motivo se capitalizaron los pasivos que mantenía el referido establecimiento. El Banco de Previsión Social autorizó a la Corporación a asumir la totalidad de la deuda de Establecimientos Colonia S.A., que al 31 de diciembre de 1995 ascendía a un total de US$ 408.900. La deuda con el Banco La Caja Obrera ascendía a US$ 2.376.709; fue asumida en su totalidad por la Corporación. Así consta en la Nota 9.1 de los estados contables del ejercicio de 1994.

En síntesis, la Corporación Nacional para el Desarrollo asumió los paquetes accionarios de los Frigoríficos Canelones y Colonia como forma de capitalización por parte del Banco de la República, se trataba de dos empresas fuertemente endeudadas que, durante el tiempo que estuvieron en manos de la Corporación Nacional para el Desarrollo siguieron teniendo importantes pérdidas.

De acuerdo a los hechos presentados ante la Comisión Investigadora, la Corporación Nacional para el Desarrollo no tuvo alternativa, puesto que sus opciones de inversión se limitaban a una lista proporcionada por el Banco de la República de empresas sobreendeudadas, dentro de esa lista, parece razonable la elección de la CND, por cuanto los frigoríficos cumplían con los criterios generales que la CND debía tener en cuenta para sus inversiones.

Por cierto, lo que no estaba previsto ni era consecuente con la idea original es que la Corporación Nacional para el Desarrollo tuviera que asumir emprendimientos en situación de crisis patrimonial, como los que estamos analizando.

De hecho, al final de la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en los frigoríficos se verificó una pérdida para este organismo que ascendió a más de U$ 33 millones y, por su parte el Banco de la República, que mantenía créditos contra ambos frigoríficos por U$ 40 millones, terminó aceptando una quita equivalente a U$ 28 millones. Por lo que la pérdida final para el Estado uruguayo fue de U$ 61 millones.

Por su parte, los ex propietarios de los frigoríficos, si bien perdieron parte de sus bienes que habían puesto en garantía por las deudas de sus empresas obtuvieron, en base al contrato firmado en 1988 con la Corporación Nacional para el Desarrollo, el derecho a permanecer en la gestión de estos frigoríficos cobrando mensualmente honorarios por cantidades importantes, alrededor de U$ 3.000 y además se les otorgó en su favor la cláusula de recompra la que fue el fundamento para que posteriormente negociaran la liberación parcial de sus garantías patrimoniales.

Por otra parte, la ausencia de disposiciones en el contrato sobre eventuales pasivos ocultos en la situación patrimonial de los frigoríficos determinó la obligación para la Corporación Nacional para el Desarrollo de asumir costos que no estaban previstos en el momento en que se transfirió la propiedad a este organismo.

La comparación entre las pérdidas asumidas por el Estado uruguayo y las que finalmente sufrieron los dueños de los frigoríficos eximen de más comentarios.

Es posible, entonces, señalar que existiría responsabilidad por parte del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo del año 1988 por haber firmado un contrato que establecía obligaciones tan desventajosas para la CND y tan favorables para empresarios que tenían sus patrimonios gravemente comprometidos.

Por el contrario, no resulta cuestionable la conducta asumida por el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo que acordó con los ex propietarios la liberación parcial de las garantías a cambio de dejar sin efecto la opción de recompra a su favor, puesto que esta era una condición indispensable para proceder a la venta de estas empresas. Tampoco se observan responsabilidades en la negociación de su posterior venta, ni en las modalidades adoptadas para ello ni en el precio final obtenido.

6.2. El Mago S.A.

La participación que la Corporación Nacional para el Desarrollo lleva a cabo en "El Mago S.A." tiene su formalización a través del convenio celebrado el 28 de febrero de 1988 entre el Banco República y la CND.

En efecto, en virtud de dicho acuerdo, la Corporación toma del Banco de la República, como forma de integración de capital del instituto co-contratante, parte de los créditos que como acreedor, la institución bancaria tenía contra "El Mago S.A.".

Esta operativa significó la capitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo en acciones de un valor aproximado al millón de dólares. Esta decisión de participación, entonces, no es una decisión libre de la CND sino que está fuertemente condicionada por su accionista, lo que implicó la carga de soportar dificultades financieras preexistentes.

A partir de esa primaria oferta, los criterios de selección utilizados por el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo son compartibles: se pretendió invertir en empresas exportadoras, que tuvieran oferta de mano de obra, que contribuyeran al desarrollo de la innovación tecnológica y que tuvieran su localización, preferentemente, en el interior del país.

Adicionalmente, el gravamen que significo la sujeción a dificultades financieras contraídas con anterioridad, exonera, en cierta medida, al operador, de asumir responsabilidad con motivo de la selección de los emprendimientos a ser objeto de gestión.

Sin perjuicio de ello, del análisis de la gestión empresarial llevada adelante, surgen constatadas claramente, relevantes notas de impericia en cuanto a conseguir revertir el panorama heredado.

En este sentido resulta difícil de explicar la falta de ejecución de la reestructura del régimen de plantas industriales; en efecto una de las claves señaladas como causa de la difícil situación económica de la empresa estaba vinculada a la necesidad insoslayable de reestructurar el régimen de funcionamiento de las plantas industriales, sin embargo, la Corporación Nacional para el Desarrollo no logró instrumentar tal reestructura.

Adicionalmente, operando como elemento que también contribuyó al fracaso del emprendimiento, se produce una sucesión de pronósticos y proyecciones sobre el futuro de la empresa que, invariablemente, los hechos de la realidad contradicen permanentemente.

Esta ruptura entre las proyecciones y lo que efectivamente ocurre genera desfasajes y desajustes, tanto comerciales como financieros que no hacen otra cosa que ahondar la crisis preexistente. La Corporación Nacional para el Desarrollo ante dicho panorama intentó revertir la situación negativa mediante la aplicación de nuevos flujos de asistencia financiera. Sin embargo, este esfuerzo realizado no pudo revertir la situación preexistente y sólo obtuvo resultados negativos.

No obstante haber contado con informes técnicos confirmatorios de la inviabilidad de la empresa, la intención de vender el emprendimiento en actividad, condujo al Directorio a extender en el tiempo la continuidad de la empresa más allá de lo técnicamente aconsejable.

Las expresiones del contador Rafael Menéndez, consignadas en el Acta Nº 2044, página 2, corroboran la precedente aseveración: "Se quería vender a toda costa para que siguiera funcionando, pero finalmente la empresa se liquidó. En ese caso, participamos junto con el Gerente de Control de Gestión porque era una empresa que estaba en la Corporación antes de que entráramos nosotros -ya había sido admitida- y recomendamos que se liquidara porque no tenía viabilidad".

Una constante de la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo en El Mago S.A., entonces, fue vulnerar la lógica que indicaba cesar la sistemática licuación de recursos. La referencia literal a este último carácter mencionado, se encuentra en el texto expreso de las actas de Directorio de la CND, notoriamente en el Acta Nº 33/91.

Esa línea de actuación pretendió ser justificada invocando el argumento de la salvaguarda de los puestos de trabajo ocupados en El Mago. Pero la justificación no es de recibo puesto que esta empresa, que llegó a ocupar a más de 800 operarios en planilla, concluye con poco más de 200 funcionarios en labores.

A su vez, el objetivo de vender la empresa a un inversor externo fracasó lo que significó otra frustración para la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Deviene imprescindible, entonces, considerar negativo el emprendimiento, desde que los resultados reconocidos por la Corporación Nacional para el Desarrollo arrojaron, para los recursos del Estado, una pérdida de US$ 13.427.000 (documento "Inversiones y resultados de CND", folio 6525).

En síntesis, en el caso de El Mago S.A., si bien como se señaló al comienzo de este apartado esta empresa fue asumida por la Corporación Nacional para el Desarrollo en una situación muy comprometida, parece indiscutible que la demora en tomar la decisión de liquidación de la empresa cuando resultaba evidente la inviabilidad de su recuperación, representó un incremento de la pérdida de la CND en El Mago S.A., puesto que en caso de haberse liquidado con anterioridad esta podría haberse atenuado.

6.3. Migranja S.A.

El 20 de diciembre de 1989 el Directorio resolvió por mayoría, con la abstención del contador Mauricio Geppert, participar en la empresa Migranja S.A. integrando el 11,25% del capital, en co-inversión con la CFI (BIRF), la CII (BID) y un grupo inversor privado, denominado Sponsor (compuesto principalmente por miembros de la familia Apariquián) que fue el impulsor y principal gestor del proyecto.

Este proyecto consistía, mediante la aplicación de la más reciente tecnología, en la producción de 560 hás de frutas secas de alta calidad con destino a la exportación (Memoria del balance 1989 de la Corporación Nacional para el Desarrollo).

El 21 de marzo de 1990 se suscribieron los contratos de integración de la Corporación en la empresa con una participación del 11,25% que equivalía a US$ 1.000.000 (un millón de dólares), (Memoria del balance 1989 de la Corporación Nacional para el Desarrollo).

En los ejercicios 1993 y 1997 la inversión de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Migranja S.A. se redujo al 9,16% y al 7,06% del capital social, respectivamente, al capitalizarse los aportes financieros efectuados por el Grupo Sponsor, que aumentó su participación porcentual. La CND mantuvo sus derechos de voto en el 11,25%.

En efecto, la evolución del negocio exigía la realización continua de nuevos aportes, adicionales a los montos originalmente invertidos, pero la Corporación Nacional para el Desarrollo se negó a realizar nuevos aportes, aceptando los realizados por el Grupo Sponsor, lo que constituyó una actitud razonable.

El 21 de marzo de 1990 se suscribieron los contratos correspondientes y emergieron las obligaciones correspondientes.

a) Fundamentos de la decisión inicial

El economista Roberto Horta argumentó, a favor de la decisión tomada, que el proyecto tenía una adecuada estructura de financiamiento (página 16): "un proyecto nuevo que nace con una estructura de financiamiento de poco capital propio y mucho capital ajeno, claramente era un proyecto que iba a terminar en el fracaso (...) El capital ajeno es el que se obtiene por préstamos de instituciones financieras; debo rendirlos, pagar el interés y devolverlos en un plazo equis establecido. El capital propio que yo pongo espero recuperarlo con la rentabilidad de la inversión; si la rentabilidad es buena lo voy a recuperar antes, y si la rentabilidad es mala, lo voy a recuperar en un plazo más largo (...) En este caso en particular, el proyecto de Migranja nacía con una estructura de financiamiento totalmente diferente, que a priori, comparando con esta situación que estoy comentando, lo hacía con unas características muy interesantes".

"La inversión de este proyecto era del orden de los US$ 19.000.000 (...) Migranja S.A. nace con un capital propio de aproximadamente 50% y un capital ajeno de aproximadamente 50%; quiere decir que el 50% de esos US$ 19.000.000 era capital y el 50% era préstamo. Del 50% de capital, US$ 5.000.000 el socio privado los pone de su bolsillo, y le pide a otras instituciones, que tienen la función de invertir en capital, que son las corporaciones; a nivel mundial las corporaciones tienen esa función: invertir en capital, no prestar sino asociarse con privados o con otros y correr el riesgo de esa inversión. Migranja S.A. obtiene el apoyo de la Corporación Financiera Internacional, que le da US$ 2.000.000 y también el de la Corporación Interamericana de Inversiones, que le da US$ 1.000.000. A su vez, la Corporación Financiera Internacional, además de los US$ 2.000.000 que pone como capital, le dice: 'También te voy a prestar US$ 2.350.000'. Este es un préstamo a devolver en un período equis, con determinado interés. Es decir que la Corporación Financiera Internacional pone algo de capital y pone algo de préstamo. La Corporación Interamericana de Inversiones también pone algo de capital -US$ 1.000.000- y algo de préstamo: US$ 2.350.000 (...) Además, obtiene del Banco de la República US$ 5.000.000 de préstamo, de financiamiento de la inversión. Todo esto sumaba US$ 18.000.000; faltaba US$ 1.000.000 para completar la inversión. Entonces es cuando aparece la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es la última en analizar e ingresar a este paquete de financiamiento de la inversión".

Con respecto al análisis del proyecto realizado por la Corporación expresaba el economista Roberto Horta: "en cada inversión que hacía la Corporación, se hacían estudios previos. Pero en este caso no sólo hicimos estudios previos sino que estaban también los estudios que habían hecho la Corporación Interamericana de Inversiones para invertir US$ 3.000.000, los que había realizado la Corporación Financiera Internacional para invertir US$ 4.500.000, y los que había efectuado el Banco de la República para prestar US$ 5.000.000. Es decir que a nosotros nos llegaba el pedido de completar esa estructura de financiamiento con una fundamentación muy extensa de estudios y de decisiones ya tomadas por instituciones nacionales e internacionales".

A continuación expresaba: "El análisis inicial que hace el Directorio de la Corporación es que el proyecto resulta interesante, que va a generar repercusiones interesantes en el sector granjero y frutícola y que es netamente de exportación porque, en principio, estaba definido para esa producción de manzana que después se fue diversificando. En definitiva, por los aspectos propios del proyecto en sí y por los aspectos de la estructura de financiamiento, era realmente interesante apoyarlo. Estos son los fundamentos por los cuales el primer Directorio toma la decisión de ingresar".

En la misma sesión (página 21) manifestaba el economista Roberto Horta: "Al sponsor, al doctor Apariquián y familia le faltaba US$ 1.000.000 para completar la inversión y tengo entendido -no recuerdo- que hubo tratativas con otra institución internacional -se podría averiguar- que falló. Entonces, como falló esa tercera institución internacional apareció la Corporación. Aquí toco un tema que creo es importante: el objetivo de la Corporación Nacional para el Desarrollo era la participación en este proyecto de 'Migranja'. Como lo hemos dicho en anteriores reuniones, la Corporación no quería quedarse con el cien por ciento de empresas sobreendeudadas que fue lo que pasó con las dos empresas anteriores. El objetivo de la Corporación Nacional para el Desarrollo era apoyar emprendimientos nuevos en minoría con todos aquellos criterios que definió en esta Comisión el primer Directorio y que apoyó el segundo Directorio".

Se desprende de las expresiones de los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo que los estudios previos realizados por el Banco de la República y las corporaciones internacionales que determinaron su participación en el proyecto influyeron en la decisión de la CND de intervenir.

Sin embargo, el contador Rafael Menéndez, del Departamento de Proyectos de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en su informe de fines de 1989, afirmaba que los técnicos del Banco de la República habían evaluado el proyecto como de "alto riesgo". Con respecto a esa evaluación del BROU el economista Roberto Horta afirmaba (Acta Nº 1882, página 21): "desconocemos el análisis que hizo o la decisión que tomó el BROU", y también: "Habría que tener los informes del BROU de aquel momento, pero me planteo que si el Banco resolvió prestarle US$ 5.000.000, por un lado, pudo haber evaluado que la inversión era de alto riesgo pero, por otro, que había fundamentos para considerar viable en el mediano o largo plazo al emprendimiento" (página 18).

Tampoco se han aportado las evaluaciones técnicas que realizaran las corporaciones internacionales. Por lo tanto, la Corporación Nacional para el Desarrollo parece desconocer esas evaluaciones y tomar en cuenta solamente el hecho de que esos organismos hayan decidido intervenir, para justificar su propia intervención, pero sin conocer los fundamentos que consideraron.

A su vez, el aporte del Banco de la República y la mayor parte del aporte de los organismos internacionales se hizo bajo la modalidad de préstamos, que presentan menores riesgos que el capital accionario (comúnmente denominado "capital de riesgo"), en la medida que los préstamos sean respaldados por garantías suficientes, como en el caso del BROU efectivamente lo era. En cambio, la Corporación Nacional para el Desarrollo sólo iba a recuperar su inversión si el proyecto resultaba rentable en el largo plazo, lo cual requería un análisis desde una perspectiva diferente.

De todos modos, es necesario reconocer que existieron elementos favorables a la decisión inicial de invertir tomada en 1989 e instrumentada en 1990 y, además en cualquier caso la Corporación Nacional para el Desarrollo asumía un papel muy minoritario en un proyecto que contaba con apoyos diversos.

b) La Corporación Nacional para el Desarrollo no participaba en la gestión de la empresa

Con respecto a quién llevaba adelante la gestión de la empresa Migranja, manifestaba el economista Roberto Horta (página 22): "en este período en que la Corporación Nacional para el Desarrollo tenía 11,25% del capital, la gestión de la empresa era del Grupo Sponsor, es decir que la Corporación Nacional para el Desarrollo no participaba en la gestión del negocio. El empresario que tenía la mayoría del capital era el que gestionaba el negocio. Lo que tenía la Corporación era un representante en el Directorio lo mismo que tenía la Corporación Interamericana de Inversiones (...). Ese Directorio funcionaba una vez por mes y ahí estaban los informes respectivos. Pero la gestión diaria era del Grupo Sponsor, que era el mayoritario de la inversión". El representante de la CND en el Directorio de Migranja S.A. fue el señor Agustín Canessa.

Con respecto al conocimiento de este Director de aspectos de la gestión de Migranja contestó el economista Roberto Horta: "...es difícil que un miembro de un Directorio, que se reúne una vez por mes, pueda tener detalles precisos de la forma en que se maneja el negocio".

El economista Roberto Horta reconocía que ciertos aspectos de la gestión, tales como la ampliación de la obra de riego y los gastos del emprendimiento en riego, eran asuntos del socio privado del que la Corporación no tenía conocimiento o, por lo menos, influencia o incidencia en las decisiones: "Primero, teníamos conocimiento de lo que se trataba en las reuniones de Directorio. El Director representaba una minoría y, aunque no lo recuerdo exactamente -tal vez también habría que consultar eso-, es probable que por más que nosotros tuviéramos la minoría en el capital accionario -por lo cual la mayoría del Grupo Sponsor tenía la facultad de tomar el cien por ciento de las decisiones, porque por votación en el Directorio tenía el 55% y se trata de una Sociedad Anónima-, para algunas decisiones significativas del negocio tuviera que contarse con el voto del Director de la Corporación. Eso era en las decisiones más importantes como, por ejemplo, endeudarse por encima de determinada cifra o en un porcentaje significativo. Tal vez sobre eso se podría pedir información a la Corporación. Imagino que sobre las decisiones normales del negocio el Grupo Sponsor trataría de obtener el consenso pero, en definitiva, el que tenía el poder estatutario para llevarlas a cabo era el Grupo Sponsor".

Es importante, entonces, señalar que de acuerdo a lo declarado por el Directorio presidido por el economista Roberto Horta, el nivel de involucramiento de la Corporación y, por lo tanto, la responsabilidad en la evolución del giro de la empresa era realmente marginal, se trataba de una posición muy minoritaria, con una participación sin posibilidades de torcer decisiones fundamentales, salvo alguna excepcional que eventualmente podría estar en el contrato.

Se preguntó cuál fue la actitud de la Corporación ante una solicitud a la misma de Migranja, a fines de 1994 de un aporte adicional de US$ 1.500.000; al respecto contestó la doctora Milka Barbato: "Muchas veces había que conseguir más fondos y endeudarse y la posición de la Corporación era la de expresar: 'No nos oponemos a que la empresa busque los recursos como sea necesario, con más aporte de capital, y si ya no puede conseguir más aporte de capital, contrate préstamos'. La actitud permanente del Directorio era decir 'Nosotros no ponemos más dinero'. Pero eso no quiere decir que no estuviéramos en conocimiento de lo que iba ocurriendo con la marcha general del proyecto...".

En 1995, se produce un nuevo aporte a Migranja por parte del Grupo Sponsor de US$ 900.000 y un nuevo préstamo del BID y del Banco Mundial por US$ 1.800.000, pero la Corporación no amplía su participación, lo cual nuevamente demuestra que hasta entonces tenía una actitud de extrema cautela en cuanto a su participación en la inversión.

Preguntados los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo si, en definitiva, se podría decir que la suerte del emprendimiento Migranja reposó, sustancialmente, en el socio privado que era el que tenía las riendas del negocio, por lo que su evolución y su resultado eran básicamente, responsabilidad casi total del socio privado, respondió el economista Roberto Horta (página 24): "Diría que en general sí. Nosotros, como socio inversor muy minoritario, teníamos alguna participación en el Directorio y alguna posibilidad de presentar opiniones discordantes en ese ámbito pero, en definitiva, la gestión era del socio privado".

Y el ex Director Carlos González Álvarez expresaba en el mismo sentido (página 26): "En 1995 -creo que en agosto- termina la gestión de los que estamos acá. Y sigue todo igual, con el mismo porcentaje de capital. Eso fue en toda la gestión. Después está la gestión directa, como dice el economista Horta. ¿Por qué la gran puja por tener el 51% de las acciones de lo que sea en todas las Sociedades Anónimas? Porque el 49% es de palo. En la gran mayoría de las Sociedades Anónimas es así. El 51% es el que hace todas las gestiones: contrata los gerentes, hace las compras, hace las ventas".

En conclusión, en la sesión de la Comisión del 26 de junio de 2003 quedó muy claro que la participación de la Corporación en Migranja fue absolutamente minoritaria y ocurrió en último término, es el último socio que ingresó al emprendimiento, cuando ya habían acordado participar las dos corporaciones internacionales, la que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo y la del Banco Mundial y cuando, además, ya se había obtenido un préstamo significativo de parte del Banco de la República por US$ 5.000.000 y se habían recibido préstamos de las propias corporaciones internacionales. La Corporación Nacional para el Desarrollo ingresó con US$ 1.000.000 en US$ 19.000.000.

Según fue afirmado por todos los Directores que estuvieron presentes, el papel, el compromiso y la capacidad de incidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la gestión de Migranja y, por lo tanto, en su evolución posterior y en sus resultados, era claramente minoritario y con un nivel de responsabilidad muy acotado.

Con respecto a quiénes tomaban las decisiones acerca de la evolución de la empresa, con claridad se dijo que si bien la Corporación tenía un representante en el Directorio de Migranja, las decisiones, la gestión y la responsabilidad sobre el destino del emprendimiento, reposaba exclusivamente en el socio privado, que tenía la mayoría del paquete accionario.

c) Oferta irrevocable de compra

En la misma fecha en que la Corporación Nacional para el Desarrollo se incorporó a Migranja S.A., el 21 de marzo de 1990, el Grupo Sponsor había formulado una oferta irrevocable a la Corporación por la cual le compraba, si la Corporación accedía a ello, la cuarta parte de las acciones que ésta poseía en la suma de US$ 250 mil.

Esta oferta vencía el 30 de noviembre de 1992 y en varias oportunidades la Corporación aceptó la prórroga de este plazo, primero hasta el 31 de mayo de 1993, luego hasta el 31 de diciembre de 1993, agregándose intereses, luego hasta el 31 de diciembre de 1994.

El 23 de diciembre de 1994 se aprobó solicitar al Grupo Sponsor el pago de intereses a la fecha por US$ 18 mil y postergar por dos años el plazo para que ese grupo hiciera efectiva su oferta, por un valor de US$ 270 mil o por tres años por un valor de US$ 300 mil. La última referencia en las actas de Directorio de la Corporación aparece el 10 de diciembre de 1996, en que se acepta postergar los plazos, cometiéndose al Gerente General a conseguir, a cambio, condiciones más favorables.

Quiere decir que durante nueve años la Corporación tuvo muchas veces la posibilidad de salir de un negocio cuyo patrimonio real se fue volviendo negativo y cuyos resultados eran cada vez peores, restringiendo la pérdida final a US$ 700 mil, cifra que resulta de comparar la inversión inicial de US$ 1 millón con el recupero de US$ 300 mil si se hacía cumplir la oferta planteada por el Grupo Sponsor.

¿Por qué no se hizo cumplir el convenio de recompra y se cobraron al Grupo Sponsor los US$ 250 mil, o los US$ 300 mil después, a cambio de la cuarta parte de las acciones en poder de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de una empresa que tenía un patrimonio negativo? ¿Por qué, en lugar de ello, se accedió a concederle una y otra vez sucesivas prórrogas hasta que al final no se le exigió nada?

El economista Roberto Horta da su explicación (Acta Nº 1882, página 22): "Respecto a la pregunta de la cláusula de recompra del 25% que se fue postergando, quisiera decir que cuando empezaron a vencer y luego se postergó la recompra de ese 25%, entendíamos que cuando el proyecto comenzó a ejecutarse requirió más aportes del socio privado para llevar adelante un proyecto. Posteriormente el proyecto necesitó -el señor Diputado citó algunos ejemplos con el riego- más inversión que la que originalmente en los papeles se había definido. Y el socio privado fue invirtiendo más de esos US$ 5.000.000 originales. Entonces, nuestro criterio fue que como era un proyecto que recién se comenzaba a ejecutar era bueno seguirlo apoyando, postergando, no exigirle al socio privado que está aportando adicionalmente a lo que había previsto, la recompra".

En la misma acta (página 26), otro Director del período 1990-1995, el contador Carlos González Álvarez daba razones parecidas: "En ese momento, vencieron los plazos en los que se podía haber reclamado ese 20% o 25% -o sea, US$ 200.000 o US$ 250.000- y la Corporación podía haberse puesto 'dura' exigiendo que se lo entregaran o, como dijo el economista Horta, pensar que se trataba de un emprendimiento que estaba madurando, creciendo, y con sacarle US$ 200.000 no se hacía prácticamente nada a favor de la Corporación y quizás sí se le hacía un daño a la empresa. También se podría haber pensado en poner más plata. El señor Apariquián fue muchas veces a la Corporación a pedir más plata. Esas eran las únicas decisiones que se podían haber tomado: pedir el 25% o, a requerimiento del capitalista mayor de la Corporación, poner más millones de dólares, cosa que no hizo".

Estas apreciaciones explican, a nuestro juicio, la actitud del Directorio en los primeros años, pero no en la segunda mitad de los noventa, cuando ya habían transcurrido varios años desde el inicio del proyecto y comenzaban a surgir los problemas enormes de la empresa, cuando lo esencial hubiera sido tener en cuenta los intereses de la Corporación Nacional para el Desarrollo y del Estado y no los del inversor privado.

Según las actas de Directorio de la Corporación, el 10 de diciembre de 1996 se resuelve una nueva prórroga de la opción de recompra. Según lo conversado con el Directorio que actuó en el período 1990-1995 ellos señalaron que durante su período Migranja no había mostrado signos de evolución negativa y que si bien se le había solicitado a la Corporación aumentar su participación, se había negado a hacerlo y, en todo caso, el único gesto de apoyo al emprendimiento había sido no haber hecho uso de la opción de recompra.

Esa fue la última mención que se puede ubicar en las actas en relación con la opción de recompra. Si luego la empresa evolucionó tan negativamente, al punto de terminar en un agujero financiero muy importante, ¿por qué en ningún momento el Directorio del período 1995-2000 quiso hacer uso de esta opción de recompra, que le hubiera implicado recuperar el 25% de la inversión inicial, en forma obligatoria para el socio privado?

¿Era el momento de exigir el cumplimiento del convenio con el Grupo Sponsor y que la pérdida se redujera a US$ 700.000 o, al menos, conformarse con la pérdida de la inversión inicial de un millón de dólares y por lo tanto asumir la pérdida del 7,06% de su capital, retirándose de una empresa privada que había fracasado rotundamente, o era el momento de emprender el salvataje de la misma, liberando a los demás inversores de la mayor parte de las cargas que iban a tener que asumir como consecuencia del fracaso?

Si la empresa hubiera sido exitosa, cada parte hubiera cuidado celosamente su porción de las utilidades, sin embargo, frente a su fracaso la opción fue que el Estado asuma las pérdidas, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

d) La decisión de asumir el paquete accionario de Migranja

En declaraciones del Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo en julio de 2001, economista Julio de Brun, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado declaró: "La deuda financiera que tiene Migranja, al 31 de mayo de 2001, es fundamentalmente con dos entidades: el Banco de la República y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Con el Banco de la República tenemos una deuda que, en términos de valor nominal, es de US$ 9.300.000, a lo que acumulándole algunos intereses llega a un poco menos de US$ 11.000.000. (...) A su vez, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, Migranja tiene una deuda de US$ 11.400.000 al 31 de mayo de 2001".

Y luego de Brun agregaba: "¿Qué pasó, entonces, con todo esto? Se perdió todo (...) y la Corporación se quedó con toda la deuda".

Sin embargo, a principios de 1999 la situación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Migranja era sustancialmente diferente, sólo había invertido el millón de dólares inicial y, tal como se vio más arriba, no había tenido participación en la gestión de la empresa, por lo que a lo sumo su pérdida, en la peor hipótesis, podría llegar al monto total de la inversión, en la medida que no había puesto en funcionamiento la mencionada opción de compra. ¿Cómo se llegó entonces a mayo de 2001 a la situación que el economista Julio de Brun, entonces Presidente del Directorio de la CND, describía ante la Comisión del Senado?

Antes de 1997 no aparecen consignados hechos en las sesiones de Directorio de la Corporación que pudieran establecer una evolución tan negativa del emprendimiento, más allá de los intentos demasiado obvios de índole contable de disimular los malos resultados mediante el diferimiento del cómputo de pérdidas, a través de su exposición en los balances bajo la denominación de Cargos Diferidos o Activos Intangibles, que no eran más que pérdidas pasadas.

Sin embargo, repentinamente, entre 1998 y 1999, aparecen situaciones extremas, en el sentido de que el negocio se había vuelto fuertemente inviable.

De acuerdo a la argumentación brindada por el propio Directorio de la Corporación de esa época, se evaluaba que se trataba de un emprendimiento en situación financiera de fragilidad, sin embargo en 1999 este organismo tomó el control accionario y de gestión de la empresa.

Esta decisión es aun más sorprendente porque desde 1995 en adelante las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo habían manifestado repetidas veces que no volverían a asumir participación mayoritaria en empresas (ver al respecto declaraciones de la Presidenta de la Corporación doctora Milka Barbato en La Mañana (13 de febrero de 1995), Crónicas (23 de marzo de 1995), El Observador (7 de setiembre de 1997), y del escribano Julio Gemelli en Búsqueda (19 de octubre de 1995, entre otras declaraciones).

En enero de 1999 comienza a cambiar la actitud de la Corporación hacia Migranja. Tal como surge de las actas de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en momentos en que ya se estaba en la peor situación, la Corporación otorga a la empresa un crédito de US$ 400.000 (según el Acta de Directorio de la CND Nº 01/99, de 11 de enero de 1999, para poder continuar con la zafra; según la doctora Barbato en Acta Nº 1900, página 50, para hacer el frío en el packing) y en ese caso se toma como garantía la segunda prenda de un equipamiento vinculado a cámaras frigoríficas o mantención de frío, a lo que se agrega la firma solidaria del señor Martín Apariquián.

Desde que Migranja comenzó a funcionar hasta ese momento, la Corporación se había negado sistemáticamente a asistir financieramente a la empresa, pero en ese momento, el menos favorable, se comienza a incrementar la exposición de la Corporación en Migranja.

Como expresó la doctora Barbato (Acta Nº 1900): "...durante todos esos años -desde 1990 a 1999- en los que hubo que hacer aumento de inversiones y corregir errores técnicos en su mayor parte, la Corporación no agregó recursos, hasta enero del año 1999. Los recursos -reitero- fueron aportados por los otros socios: por las corporaciones, por el Grupo Sponsor y/o por financiadores, los obligacionistas, el Banco de la República. Es cierto que la evolución mostró problemas: necesidad de nuevos recursos, desfase financiero, lentitud del proyecto, mucho endeudamiento, problemas técnicos -quizás, estos, los más importantes- y de administración".

A instancias del accionista mayoritario, el señor Martín Apariquián, la Corporación empieza a considerar la posibilidad de involucrarse más en el emprendimiento.

En el Acta Nº 33/98 de 9 de diciembre de 1998 del Directorio de la Corporación, se resuelve que "Ante la solicitud de asistencia financiera presentada por Migranja S.A. y antes de tomar una resolución sobre el tema, esperar informe del señor Porteiro y tomar contacto con las corporaciones del BID y Banco Mundial, para intercambiar opiniones ante posibles soluciones para la empresa".

En el Acta Nº 36/98, de 23 de diciembre de 1998, se expresa que "se recibe nota del señor Apariquián planteando la posibilidad de compra del paquete accionario por parte de Corporación Nacional para el Desarrollo a las corporaciones del BID y Worldbank. Se resuelve responder que no es intención de CND adquirir a las corporaciones su cuota parte del paquete accionario. Se sugerirá que Migranja envíe a un representante con poder de negociación a las corporaciones para negociar una salida".

En el Acta Nº 01/99, de 11 de enero de 1999, "se toma conocimiento de la nota de 4 de enero de 1999 de Migranja S.A. en la que detallan las actuaciones realizadas recientemente tanto con los socios como con los co-financiadores del proyecto. Señalan que tanto la CII como la CFI han mostrado su disposición de retirarse, realizando una propuesta de venta de las acciones a valor libro y facilidades para el pago de la deuda. Asimismo informan que continúan realizando negociaciones a los efectos de mejorar la oferta de las corporaciones".

En el Acta Nº 4/99, de 9 de febrero de 1999, se señala que los señores Felipe Varela de CII y E. Gayle de CFI "manifestaron su preocupación por la situación de la empresa y señalaron que ambas corporaciones estarían dispuestas a realizar quitas en la deuda de Migranja, en la medida que todos los socios lo hagan".

La doctora Milka Barbato expresó en su comparecencia del 3 de julio de 2003 (Acta Nº 1900, página 50): "en febrero de 1999 le comunicamos a las corporaciones por carta que no estábamos en condiciones de realizar reducciones de la deuda. El tema fue que cuando las corporaciones comenzaron a plantear su capacidad de negociación, querían recibir el valor de las acciones y, por supuesto, también la totalidad de los préstamos. Cuando comenzamos a discutir y a decir que las acciones valían cero y que los préstamos eran al 50%, nos dijeron que para que ellos plantearan el tema en sus organizaciones de base -tanto en el BID como en el Banco Mundial-, tenían que demostrar que también los inversores locales hacían el mismo esfuerzo que ellos, porque no se trataba solo de pedir a las corporaciones que perdieran. Inclusive, hicieron el planteamiento de qué era lo que ocurría con las obligaciones o con el Banco de la República y qué iba a hacer la propia Corporación. Nuestra Corporación le contestó, de acuerdo con lo que consta en actas del Directorio, que no estaba en condiciones de realizar reducciones de deuda sugiriéndoles que plantearan su propuesta al Banco de la República. Es decir, que ellos manejaran conjuntamente con el BROU, que era el acreedor más grande, qué quitas estaban dispuestos a hacer de manera conjunta, pero nuestra institución no. ¿Por qué? Porque lo que podía asumir nuestra institución era que las acciones que había puesto, al igual que las acciones de las corporaciones y de los demás, no valían US$ 1.000.000. Esto es de febrero de 1999, y nosotros el mes anterior habíamos dado un crédito de US$ 400.000 para hacer el frío en el "packing". Entonces, lo que le decíamos es que no estábamos dispuestos a reducir ese crédito que habíamos dado hace un mes. Sí estábamos dispuestos a entender, igual que los demás, que el US$ 1.000.000 que pusimos hace más de once años (no) vale lo mismo, pero no un crédito que otorgamos hace un mes. En definitiva, esto no hacía a la cuestión, porque estábamos hablando de US$ 400.000; el punto básico para ellos era si el Banco República estaba dispuesto o no a hacer las mismas quitas que ellos hacían".

En el Acta Nº 10/99, de 28 de abril de 1999, "La doctora M. Barbato da cuenta de la reunión mantenida con el Ministro de Economía y Finanzas, economista Luis Mosca, y el Presidente del Banco Central del Uruguay, contador Humberto Capote, donde se trató el tema de la empresa Migranja S.A.".

Continúa el acta diciendo: "Como se sabe la situación financiera de la empresa es muy delicada. Las corporaciones internacionales que son socias y acreedoras han manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de retirarse de la empresa y están dispuestas a dar los pasos necesarios a fin de ejecutar las garantías que tienen en su poder. De suceder esto la empresa caería generando un gran problema social por las 500 personas que emplea y un serio problema en el mercado de valores por las obligaciones negociables que oportunamente emitió. Se le ha pedido a la Corporación Nacional para el Desarrollo que interceda ante las corporaciones internacionales para buscar una solución que contemple la continuidad de la empresa. Se resuelve iniciar negociaciones con las corporaciones internacionales...".

La doctora Milka Barbato declaró en la Comisión Investigadora (Acta Nº 1900, página 26): "Por agotamiento de la posibilidad de los restantes socios o de los financiadores de continuar aportando nuevo capital, se debió en ese año, 1999, tomar una decisión de fondo. La empresa ya no resistía más endeudamiento y el Grupo Sponsor y las corporaciones habían agotado su capacidad de seguir invirtiendo. En nuestro caso, entonces, frente a este panorama, con esta inversión ya hecha, con esta empresa en funcionamiento, con esos mercados concedidos, debimos analizar las diversas alternativas y evaluar distintas posibilidades, que sustancialmente se resumían en dos: cerrar la empresa, no invertir ni siquiera para mantener las plantaciones, enfrentar una quiebra o concordato y un remate de las plantaciones que, una vez que dejan de atenderse, bajan abruptamente su valor, o bien tratar de salvar el emprendimiento".

"En ese momento, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central le plantean y recomiendan a la Corporación aceptar los mayores esfuerzos para salvar este emprendimiento, teniendo en cuenta diversos factores. En primer lugar, que la inversión ya había sido realizada y estaba allí, en plantas, riego, packing, mercados, tecnología, con el aporte del Grupo Sponsor, de las corporaciones, de los préstamos del Banco de la República y de los obligacionistas".

"En segundo término, que estando tan cerca el episodio de Moro, este podía ser un golpe mortal al incipiente mercado de obligaciones en caso de que no se cumpliera con los obligacionistas".

"En tercer lugar, que la empresa tenía un valor estratégico para el país por lo que representa como alternativa a la producción nacional granjera".

"En cuarto término, la conmoción que se generaría al cerrar un importante establecimiento que brindaba un gran número de mano de obra en el medio rural, en San José. Porque no es en cualquier medio: era mano de obra en el medio rural, en San José".

"Por último, señalaban en su momento las autoridades la necesidad de acordar una salida con las corporaciones que ya habían tenido ejemplos negativos en el país y esto podía afectar aun más su disposición de aportar recursos en el futuro".

"Por nuestra parte, por nuestro Directorio, teniendo en cuenta estos planteos provenientes del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas que, en definitiva, era nuestro accionista, tomamos la decisión por unanimidad con el apoyo de informes técnicos y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Banco Central y con el Presidente del BID, Contador Enrique Iglesias. Lo hicimos convencidos de que era la mejor decisión para proteger este importante activo y esta empresa de valor estratégico, y lo hicimos convencidos de que era la mejor forma de evitar males mayores".

De acuerdo a lo referido más arriba, tanto en la transcripción de las actas de Directorio de la Corporación como de las propias manifestaciones de los integrantes de ese Directorio, se da cuenta de la participación de distintas autoridades en esta discusión con las corporaciones internacionales.

Parecería que de parte del Directorio de la Corporación hay una transferencia de responsabilidad de estas decisiones al Ministro de Economía y Finanzas y al Banco Central, en la medida que se sostuvo que, en realidad, la decisión de operar esta suerte de salvataje era el resultado de pedidos específicos del Ministro de Economía y Finanzas de la época y del Presidente del Banco Central.

Con respecto a este aspecto la doctora Milka Barbato expresó: "en cuanto a la transferencia de responsabilidad a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso de Migranja hubo una recomendación directa de dicho Ministerio y del Banco Central para que la Corporación actuara como lo hizo. Consta que nosotros, inclusive, hicimos evaluaciones negativas a principios del año 1999, en la medida de lo que aquí se ha dicho. Desde el punto de vista de la responsabilidad y de la gestión hubiera sido mucho más fácil para nosotros no hacer nada y decir: 'Perdemos el US$ 1.000.000, y se acabó la historia'".

"Estamos convencidos -y por eso tomamos la decisión; no voy a repetir todo lo que dijimos- de que la recomendación del Ministerio de Economía y del Banco Central y, en definitiva, la decisión tomada estaban más que justificadas".

"Finalmente, la decisión que tomamos, en aras de todo lo que representa Migranja para el país, fue adoptada por unanimidad, plenamente convencidos. ¡Claro que hubiera sido mucho más fácil para nosotros en aquel entonces decir: miramos para el costado. No tenemos nada que ver con esto; si se cae, se cae. Perdemos el US$ 1.000.000 que pusimos y está! No fue ese el temperamento que nos recomendó nuestro accionista, que era el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos recomendó que teníamos que seguir y, en definitiva, él era el responsable de una política de Estado en este tema; creía y cree -al igual que nosotros- que el país tiene que hacer una apuesta al desarrollo y al mantenimiento de estas empresas...".

"No estamos transfiriendo responsabilidad a nadie; sí estamos diciendo que aquí hubo una acción directa del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central y del Presidente del BID para que nuestra Corporación actuara como lo hizo; además, esto consta en las actas de la Corporación".

Estas expresiones de la doctora Milka Barbato requirieron mayores aclaraciones sobre el papel del Presidente del BID, el contador Enrique Iglesias, expresando la doctora Barbato que "su tarea fundamental fue convencer a esas corporaciones de que aceptaran la cifra de US$ 3.500.000, porque reclamaban una superior". De modo que, la participación del contador Enrique Iglesias no fue otra que la de ayudar a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que fue la que tomó la decisión, a lograr la mejor negociación con las corporaciones internacionales para la cancelación de los créditos que estas tenían contra Migranja.

Más allá de las responsabilidades políticas que pudieran caber, está claro que la voluntad de la Corporación Nacional del Desarrollo se expresa a través de su órgano conductor, que es su Directorio, que sólo puede ser suplido por la voluntad de los accionistas expresada a través de la asamblea general de accionistas y ello no ocurrió.

Tampoco se ha presentado a esta Comisión ningún documento escrito en el que conste una solicitud al Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo para que actuara en Migranja de determinada manera. Sólo se ha hecho alusión a alguna reunión en la que se trató el tema con las autoridades económicas de la época, pero no existe ninguna documentación que indique que las decisiones tomadas por el Directorio de CND se asumieron en función de un mandato de dichas autoridades, por lo que la responsabilidad de las decisiones con respecto a Migranja con las consiguientes pérdidas para la CND corresponden, a nuestro juicio, al Directorio de la CND de 1999.

Lo cierto es que al final de este proceso las corporaciones internacionales salen bastante mejor paradas que la Corporación Nacional para el Desarrollo, que termina perdiendo más de US$ 13.000.000 por este emprendimiento. Sin embargo, en el inicio la responsabilidad era inversa: las corporaciones internacionales arrancaron con un nivel de responsabilidad sensiblemente mayor que el de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y al final de la historia las corporaciones internacionales pierden mucho menos que la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Como resultado de diversas transacciones con los accionistas privados, la participación accionaria aumentó al 80% al cierre del ejercicio y luego llegaría al 100%. Veamos a continuación cada uno de los argumentos formulados para fundamentar la decisión de salvar a Migranja y la evaluación correspondiente.

e) Valoración del fundamento técnico aducido por la Corporación Nacional para el Desarrollo para salvar a Migranja

El informe Porteiro fue el fundamento técnico presentado en el seno de la Comisión Investigadora para respaldar la decisión de la Corporación Nacional para el Desarrollo de asumir el paquete accionario de Migranja fue el contenido de un informe técnico elaborado por el contador Julio Porteiro.

Sin embargo, deben hacerse una serie de puntualizaciones al respecto.

En primer lugar, lo que realiza el contador Porteiro son apreciaciones sobre una estrategia elaborada por el Grupo Sponsor para lograr la recomposición de las fuentes de financiamiento. Por lo tanto, la estrategia no la elabora el contador Porteiro sino el Grupo Sponsor, que ve naufragar su emprendimiento.

En segundo lugar, los supuestos en los que basa su opinión el contador Porteiro relativizan fuertemente sus conclusiones, según él mismo lo expresa.

Dice el informe que la situación proyectada se analizó en base a los estados financieros proyectados no auditados, de los diez años que van desde 1998 al 2008, elaborados por las Gerencias de Migranja. "Los datos pronosticados fueron aceptados como los correspondientes a las mejores estimaciones de las Gerencias de Migranja y no fueron examinados en su confiabilidad y consistencia, ni tampoco en la precisión de sus cálculos".

Por consiguiente, el contador Porteiro no fue quien elaboró las proyecciones, pero tampoco examinó la confiabilidad, ni la consistencia, ni la precisión de los cálculos.

Agrega el informe: "la no utilización de los análisis de sensibilidad impidió que los consultores evaluaran en forma explícita los riesgos más importantes que rodean los pronósticos recibidos".

Los análisis de sensibilidad implican evaluar el comportamiento de los datos proyectados frente a variaciones más o menos significativas en algunas variables, tales como una baja de ingresos, o una merma en la productividad, o un alza en los costos.

Permiten determinar cuáles son los márgenes máximos de variación que soporta el proyecto en las variables más importantes del mismo. Esto permite evaluar los riesgos del proyecto. El consultor no pudo evaluar explícitamente los riesgos más importantes, tal como él mismo lo expresa.

Porteiro nos advierte que su opinión "está condicionada por la verificación en el largo plazo de los supuestos en que se basan las proyecciones recibidas".

El diagnóstico que hace el contador Julio Porteiro sobre la empresa da una idea del lamentable estado en que había quedado a fines de 1998. El análisis de los ejercicios cerrados en los últimos tres años (junio de 1996, junio de 1997 y junio de 1998) muestra márgenes operativos claramente negativos, es decir, los ingresos por ventas no alcanzaban a cubrir los costos de producción y ventas y los gastos de administración de Migranja (las pérdidas eran espeluznantes, alcanzaron el 38%, el 13% y el 18% de las ventas, en los tres años mencionados, respectivamente).

Si se consideran también los costos financieros, la pérdida neta del ejercicio alcanza al 54%, 32% y 59% de las ventas en el año 1998. Esto quiere decir que por cada 100 mil dólares que la empresa vendía, obtenía una pérdida de 59 mil dólares. Todo un récord.

De acuerdo al informe del contador Porteiro, Migranja ha generado pérdidas ininterrumpidamente durante los últimos años; las pérdidas acumuladas de los tres últimos ejercicios ascienden a cerca de 6 millones de dólares. Agrega el informe que esto es así a pesar de que la empresa no incluye entre las pérdidas los gastos relacionados con las hectáreas plantadas que no se encuentran todavía en etapa comercial.

Si se depura este efecto, la empresa presenta un patrimonio negativo de más de dos millones de dólares al cierre del ejercicio 1998. Concluye que la empresa ha sufrido un fuerte proceso de descapitalización, por lo que la estimación de su valor patrimonial da resultados negativos.

Asimismo, concluye que la empresa no es financieramente viable en el corto plazo, que la proporción del financiamiento externo es exageradamente alta y que los fondos que genera la operativa de la empresa son insuficientes para atender, en lo inmediato, el servicio de las deudas en sus vencimientos.

Agrega que la empresa es incapaz de incorporar nuevos créditos, por su alta probabilidad de incumplimiento en el pago de intereses y del capital de las obligaciones actuales. Por su pobre perspectiva en relación con el repago de sus deudas la empresa sería calificada "tipo C" por una firma internacional calificadora de riesgo.

La doctora Milka Barbato reconoce estas conclusiones primarias del informe (Acta Nº 1900, página 32), cuando expresa: "El contador Porteiro decía que con esos márgenes negativos y con esos costos negativos la operación era inviable, que Migranja había sufrido un fuerte proceso de descapitalización y que no era financieramente viable en el corto plazo. Su evaluación coincidía y era compartida por lo que decían los auditores de Villarmarzo y Asociados. A juicio de esos consultores, en esa situación y con ese endeudamiento, la empresa tenía una situación de incapacidad para incorporar nuevos créditos y recibía en las calificaciones internacionales una calificación tipo C".

Más adelante expresa el informe: "En la búsqueda de caminos que permitan superar en el largo plazo la crítica situación financiera actual, la dirección de Migranja S.A. ha propuesto la materialización de las siguientes acciones:

a. Cancelar las deudas con la CII y la CFI mediante pago contado y con una bonificación del 50%, abonándose los intereses generados hasta la fecha.

b. Los fondos requeridos para la operación anterior son aportados por el nuevo "Socio Estratégico" quien, conjuntamente con el Grupo Sponsor, se compromete a integrar acciones de Migranja S.A. por un total próximo a los 8,3 millones de dólares en el transcurso de los cuatro próximos ejercicios.

c. El Grupo Sponsor aceptaría reducir su participación accionaria para permitir que el socio estratégico adquiera la tercera parte de las acciones.

d. La Corporación Nacional para el Desarrollo integraría capital por un monto de dos millones de dólares, aportado por mitades durante el ejercicio en curso y el siguiente.

e. La deuda existente con el Banco de la República se refinanciaría obteniendo una gracia hasta el año 2002, comenzando el proceso de amortización a partir de ese año".

Como se expresa con claridad en el informe, esta propuesta no es formulada por el contador Porteiro sino que es planteada por el propio Grupo Sponsor y la misma puntualiza que las cinco hipótesis son condiciones necesarias que deben cumplirse, pero no son suficientes si no se cumplen en forma simultánea.

Por lo tanto, la propuesta del Grupo Sponsor para salvar a Migranja implicaba una inversión millonaria en dólares, dado que se requerían más de diez millones de dólares a incorporar en menos de cuatro años, de los cuales la Corporación Nacional para el Desarrollo debía poner por lo menos dos millones de dólares en dos años.

En efecto, el flujo de fondos proyectado hasta el año 2008 incluye entre los comentarios el siguiente supuesto: "Se consideró un aporte en efectivo de US$ 10.294,429".

El contador Porteiro aclara que las proyecciones están basadas en una serie de "supuestos fundamentales implícitos" sobre la gestión productiva y comercial de la empresa, que se desprenden de la información recibida por los consultores. Agrega que "es obvio que su cumplimiento resulta imprescindible para que las corrientes financieras proyectadas por la gerencia sean verosímiles".

¿Qué supuestos deberían cumplirse para que todo esto funcionara?:

- Que los ingresos por ventas en dólares se incrementen en un 75% durante el horizonte de proyección, pasando de un nivel inicial en el primer año de US$ 7,3 millones a un nivel final en el 2008 de US$ 12,8 millones.

- Que los volúmenes de producción también registren una expansión del 57%, pasando de las 18.255 toneladas previstas en 1999 a 28.570 toneladas en el 2008.

- Que se alcancen elevados porcentajes de fruta de primera calidad, como por ejemplo del 60% para la variedad Gala de manzanas, del 30% para las Granny, del 50% para ciertos grupos de peras, etcétera. Esto es necesario para que la fruta sea exportable y de ese modo se obtengan los mejores precios de la fruta.

- Que los costos de producción y administración se mantengan casi completamente fijos, a pesar de que los volúmenes de fruta aumentan fuertemente.

- Que se hagan inversiones en packing en el ejercicio 98/99.

- Que los propietarios hagan aportes financieros para cubrir los déficits pronosticados para los primeros ejercicios.

Aclaraba el contador Porteiro en su informe que la mención de los supuestos que necesariamente deben cumplirse no implica ningún juicio en cuanto a su razonabilidad y pertinencia.

Justamente, es imposible considerar razonables los supuestos a la luz de las declaraciones recogidas en la Comisión Investigadora por los distintos actores.

Por ejemplo, el señor Miguel Sarni, el administrador puesto por la propia Corporación para hacerse cargo de la gestión, dijo que la producción de fruta alcanzó en los ejercicios 2000 y 2001 a lo sumo entre 10.000 y 12.000 toneladas, cifras no sólo abismalmente lejanas de las 28.570 toneladas proyectas para el año 2008, sino muy inferiores a las cantidades previstas para el primer año de la proyección, el año 1999, en que se debían alcanzar las 18.255 toneladas.

Asimismo, los porcentajes de calidad de exportación que se alcanzaron no superaron nunca el 30% o 40% del total de la fruta, por lo que la proyección de ingresos de más de 12 millones de dólares anuales para los últimos años está totalmente alejada de la realidad.

Por otra parte, uno de los supuestos más importantes de las proyecciones, que se consideraba una condición esencial para la viabilidad del proyecto, era la incorporación de un nuevo socio que aportara recursos frescos y se convirtiera en titular del 33% de las acciones; como se sabe, ello nunca se produjo.

Ni podía ocurrir, porque ningún accionista razonable en ese momento hubiera aceptado integrar fondos frescos a una empresa en esas circunstancias, comprando la tercera parte del capital, salvo la Corporación Nacional para el Desarrollo que terminó adquiriendo el total.

Como se ha podido apreciar, los contenidos y alcances del informe Porteiro no permiten de ninguna manera fundamentar seriamente la decisión tomada. Entonces, no se entiende por qué se seguía adelante con el emprendimiento, a pesar de que no estaban dadas las condiciones planteadas por el contador Porteiro para viabilizar la empresa.

La propia ex Presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, doctora Milka Barbato, cuando describe las medidas tomadas para cumplir con el planteo del informe del contador Porteiro, que era en realidad un planteo del Grupo Sponsor con una evaluación parcial del consultor, describe cómo hicieron las cosas de una manera totalmente distinta.

Si uno observa los flujos de fondos proyectados adjuntos al informe del contador Julio Porteiro, en el primer año la Corporación Nacional para el Desarrollo debía invertir US$ 1.000.000 y el socio estratégico y/o sponsors debían invertir US$ 5.294.429. En el segundo año la CND debía invertir nuevamente y por última vez US$ 1.000.000, mientras que los nuevos socios debían aportar US$ 1.000.000 más cada año durante los siguientes tres años.

Sin embargo, al 31 de diciembre de 1999 la Corporación Nacional para el Desarrollo ya había desembolsado más de US$ 7 millones, a saber US$ 3,5 millones en la compra de los créditos a las corporaciones internacionales, más US$ 3,6 millones de asistencia financiera a Migranja.

O sea que de los más de US$ 10 millones que había que invertir para el salvataje, la Corporación Nacional para el Desarrollo se encargó de poner US$ 7 millones en el primer año y US$ 4,6 millones en los dos años siguientes.

¿En qué medida se puede sostener que se siguieron las pautas del informe del contador Porteiro, si uno de los requisitos sustanciales era la aparición de un nuevo socio que pusiera alrededor de un tercio del valor de la inversión y ello no se cumplió?

El socio estratégico iba a aportar fondos frescos en sumas elevadas en el primer año, para quedarse sólo con un tercio de las acciones. Parece que no se analizó si esto era viable o se podía esperar razonablemente. Como era evidente, no sólo no se consiguió ningún socio nuevo, sino que se terminó vendiendo toda la empresa absolutamente libre de deudas por un importe mucho menor.

Aún si se hubiera seguido estrictamente el plan, el mismo hubiera fracasado, dado que era imposible cumplir con los supuestos proyectados de producción, calidad y ventas.

Los consultores preveían que la gestión de esta empresa "modelo" iba a obtener importantes logros en el aumento de la producción, en la calidad de la fruta que permitiera su exportación y en la reducción de costos.

Sin embargo, alcanza con leer las declaraciones de Miguel Sarni, acerca de cómo encontró la empresa cuando se hizo cargo de la misma y los problemas de gestión que tuvo que enfrentar, para darse cuenta de que todo esto era ilusorio y muy alejado de la realidad.

Miguel Sarni ratifica (Acta Nº 2010, página 4) que había presentado un informe al Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo el 17 de agosto de 1999 en el que hablaba de la falta de productividad del establecimiento por "descuido de los trabajos de manutención de los drenajes, deterioro de la maquinaria, falta de podas, de curas para el control de plagas, cosechas tardías. (...) Una vez que pasa el invierno si usted no hace los trabajos de drenaje en el campo no puede trabajar. Nosotros teníamos 9 kilómetros desde el campo a la Ruta Nacional Nº 1 (...) el camino de entrada estaba absolutamente deteriorado (...) si saco la fruta golpeándose, por ese camino, 7 kilómetros, jamás podré exportar una manzana. Por lo tanto, hubo que hacer cosas porque la empresa se encuentra en una situación difícil; había cosechado en abril, y hubo que hacer las curas, las podas y todo eso, no estando en un buen momento. Pasaba por dificultades terribles. Se había evaluado si se presentaba a moratoria, a concordato (...) No tenía previsión para despidos, ni para la Bolsa de Valores, ni para acreedores, y el campo se iba rápido, porque si usted no cuida los árboles en tres meses no tiene nada (...) había que abocarse al tema del campo, porque ya estaban floreciendo los árboles y no se habían hecho trabajos importantes como las podas y las curas".

Cuando se le preguntó sobre las razones por las que recomendó la reestructura total de la organización de la empresa responde: "La recomiendo porque era una estructura que no condecía con una empresa en semi situación de quiebra, en la que había muchos gerentes y jefes. Tuvimos que asumir eso con los despidos. Nosotros hemos sacado a más de 30 personas".

Más adelante, preguntado sobre por qué el Grupo Sponsor había afirmado que el campo tenía un potencial de producción de 23.000 toneladas y no alcanzaba al 50% respondía Sarni: "No sé de dónde surgieron esas 23.000 toneladas porque el campo nunca puede dar eso. Por lo tanto, había que hacer una empresa para las 11.000 toneladas. No podíamos tener mandos medios, gerentes y todo eso. Eso fue lo que tratamos de adecuar en el organigrama. Por eso cuando se fue el Gerente no lo sustituimos y me puse la mochila al hombro. Esa fue la idea. También sacamos al Gerente Comercial, al Gerente de Recursos Humanos, al Jefe de Logística, al Jefe Administrativo del campo, al Gerente de Postcosecha, al Gerente del Packing, etcétera. Pero no podíamos desconocer los derechos, hubo que pagarles el despido".

Obsérvese que el propio Gerente designado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que también era Presidente del Directorio de Migranja S.A. dice literalmente: "No sé de dónde surgieron esas 23.000 toneladas porque el campo nunca puede dar eso. Por lo tanto, había que hacer una empresa para las 11.000 toneladas". Sin embargo, la gran estrategia financiera descripta por la doctora Milka Barbato partía de la base de una producción inicial de 18.000 toneladas, para terminar en 28.000 toneladas en el 2008. En definitiva ¿hay que hacer una empresa para 11.000 toneladas o para 28.000 toneladas?

Parece que había discrepancias o incomunicación entre el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo y su representante en Migranja en una variable fundamental como es cuál debía ser el tamaño de la empresa y su redimensionamiento hacia el futuro.

También expresó Miguel Sarni (página 11): "Con respecto a la estrategia -que por supuesto leí- del contador Porteiro, creo que fue realizada en diciembre de 1998. Se trataba de una estrategia macro en el sentido de que hacía una exposición creo que hasta ocho años. Lo único que me quedó de ese informe fue que tenía razón en cuanto a que los dos primeros años eran extremadamente difíciles, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Pero después, estaba la posibilidad de un inversor; cuando ingresé, siempre fue temporal porque siempre había alguien que estaba negociando. Luego, no supe qué pasó; sé que no se concretó".

Y luego termina contradiciendo a la doctora Milka Barbato, que había manifestado que seguían en todo la estrategia del contador Porteiro (página 11): "Pero no tenía mucho interés en llevar adelante la estrategia de Porteiro, porque se trataba de una situación a ocho años, con un flujo de fondos que recién iba a ser positivo en el cuarto año, y había que plantar muchas hectáreas. Aquí el tema era trabajar y pagar todos los días, pero no pensar en plantar más hectáreas ni invertir nada, porque con lo cotidiano no alcanzaba para eso".

Por otra parte, las declaraciones de Miguel Sarni contradicen rotundamente a lo expresado por la Corporación Nacional para el Desarrollo en su balance del ejercicio 1999; en él se establecía que a partir de tomar el control de la gestión, se han llevado a cabo gestiones ante acreedores, capitalizaciones de pasivos y negociaciones con accionistas que permitieron abatir las deudas de la empresa; además se evaluaba que los abatimientos de deuda logrados mejoraban notoriamente la posición patrimonial de la empresa (Nota 14 de los estados contables del ejercicio de 1999).

La situación patrimonial de Migranja S.A. a esa fecha era muy diferente, se caracterizaba por la existencia de un patrimonio negativo y pérdidas operativas consuetudinarias.

En síntesis, el Informe Porteiro, que fue el fundamento técnico señalado por el Directorio de Corporación Nacional para el Desarrollo como fundamental para tomar la decisión de salvar a Migranja, no fue seguido en sus recomendaciones sustanciales y, además, se fundaba en expectativas que fueron elaboradas por los gestores anteriores que estaban muy lejanas a la realidad de la empresa.

f) Los pasos seguidos por la Corporación Nacional para el Desarrollo para asumir el paquete accionario de Migranja

1. La compra de los créditos de las corporaciones internacionales contra Migranja.

La doctora Milka Barbato declaró a la Comisión Investigadora (Acta Nº 1900, página 30): "Ante este panorama y de acuerdo con la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central, la Corporación Nacional para el Desarrollo intentó dar los pasos para salvar el emprendimiento, cuidando la lógica económica. Esto es: no pagar más de lo que la empresa valía. Si quienes habían puesto dinero en la empresa debían perderlo, lo perderían, pero nuestra Corporación no pagaría más de lo que le pareciera razonable para mantener el emprendimiento".

"Por esa razón, en el año 1999 enviamos duras comunicaciones a todos los involucrados y negociamos también duramente las quitas necesarias. Nuestra decisión fue la de decir a las corporaciones del BID y del Banco Mundial que los US$ 3.000.000 que habían puesto como acciones valían cero, porque la empresa tenía patrimonio negativo... y de los US$ 7.000.000 que habían prestado recibían el 50% del capital, sin considerar intereses, es decir, US$ 3.500.000. Eso fue aceptado, no sin grandes discusiones y con la intervención del Presidente del BID, quien apoyó nuestra postura y colaboró para convencer a esos organismos. Estas corporaciones que habían puesto US$ 10.000.000 recibieron, entonces, US$ 3.500.000, no por sus acciones, sino que recibieron el 50% de lo que valía el capital de los créditos otorgados".

De las actas de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo surge la sucesión de hechos que se detalla a continuación.

En el Acta Nº 11/99, de 5 de mayo de 1999, se manifiesta que según el Gerente General, Alejandro Conforte, la empresa tiene patrimonio negativo por lo que no correspondería pagarle a las corporaciones por sus acciones.

Se agregaba que ambas corporaciones (CII y CFI) tenían un contrato de recompra firmado por el Grupo Sponsor por el que estos se comprometían a pagar por la recompra un valor que, según expresa el acta, de acuerdo a las cifras del último balance sería de US$ 1.900.000. En caso de que el Grupo Sponsor se negara a recomprar, las corporaciones deberían iniciar un juicio ordinario para cobrar lo que según los servicios jurídicos de la Corporación Nacional para el Desarrollo sería de mucho tiempo y final incierto y por lo tanto de difícil cobro.

Las corporaciones poseían a su vez un aval otorgado por el Banco de Crédito de US$ 1.700.000 y podían ejecutar la hipoteca sobre los inmuebles que comparten con el Banco de la República.

Agregamos nosotros que el aval del Banco de Crédito otorgado a ambas corporaciones, originalmente era un aval del Banco Pan de Azúcar, contaba con la garantía del señor Martín Apariquián.

El informe jurídico del doctor Saúl Pérez al Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo expresaba que las corporaciones internacionales tenían las facultades que les acordaba el derecho común, por lo que tenían el derecho de recurrir a los tribunales demandando, si optaran por ello, el cumplimiento del contrato. Agregaba que en mérito a ello, podrían solicitar que se pague el precio de las acciones fijado conforme a lo dispuesto en el contrato, más los daños y perjuicios. Y si, como era previsible, los garantes no se avinieran a ello, las corporaciones podrían promover un juicio ordinario. En el supuesto de una sentencia favorable, el resultado práctico dependería de la solvencia patrimonial de los garantes y de la posibilidad de individualizar bienes realizables.

Por lo tanto, las corporaciones internacionales habían invertido bajo las modalidades de capital de riesgo y préstamos. El capital de riesgo lo habían perdido, al tener Migranja patrimonio negativo. Sin embargo podían accionar el mecanismo de exigir al Grupo Sponsor la opción de recompra, si es necesario a partir de un juicio ordinario, con posibilidades de éxito dadas las garantías que respaldaban dichos créditos.

Por otra parte, los préstamos otorgados por las corporaciones internacionales, por un total de US$ 6,6 millones estaban garantizados de la siguiente forma:

- Préstamo original: hipoteca del predio y prenda de diversos equipos industriales y vehículos de la empresa (existía un convenio de garantía compartida con el Banco de la República).

- Segundo préstamo y vale por capitalización de intereses: aval del Banco Pan de Azúcar, el cual estaba garantizado por Martín Apariquián.

Por consiguiente, las corporaciones tenían amplias garantías que les hubieran permitido recuperar total o parcialmente sus inversiones.

En el Acta Nº 12/99, de 19 de mayo de 1999, se afirma que se presentó a las corporaciones internacionales una oferta de compra de los créditos que poseen contra Migranja y las garantías que acceden a los mismos por US$ 3 millones al contado. La Corporación Nacional para el Desarrollo se quedaría con un crédito contra Migranja por US$ 6,6 millones, del cual capitalizarían US$ 3,6 millones y se mantendrían US$ 3 millones como crédito a cobrar. Asimismo, la CND se quedaría con las acciones de ambas por la cifra de un dólar (o lo que es lo mismo, sin costo).

Sin embargo, se agrega que la CII y la CFI mantienen una posición inflexible y aspiran a cobrar US$ 6,2 millones por la operación. Se informa de gestiones del economista Carlos Stenery en Washington ante el BID y el Banco Mundial.

En el Acta Nº 13/99, de 26 de mayo de 1999, se da cuenta de que: "a pedido del Ministro de Economía y Finanzas, economista Luis Mosca, y del Presidente del Banco Central del Uruguay, contador Humberto Capote, se organizó una reunión con el Presidente del BID, contador Enrique Iglesias", a la que concurrió la doctora Barbato acompañada del Gerente General. Se expresa que en opinión del contador Enrique Iglesias las corporaciones del Banco Mundial y del BID deberían aceptar la oferta propuesta por la Corporación Nacional para el Desarrollo, comprometiéndose el contador Enrique Iglesias a interceder ante ambas corporaciones.

Finalmente, en el Acta Nº 20/99, de 4 de agosto de 1999, se informa que CII y CFI plantearon una contrapropuesta de venta de sus créditos y acciones por US$ 3,5 millones, oferta que fue aceptada por unanimidad en reunión de los Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo del 2 de agosto de 1999.

Según el Acta Nº 23/99, de 24 de agosto de 1999, se solicita préstamo al Banco de Crédito para cubrir el pago a las corporaciones internacionales, a ser garantizado por los créditos otorgados en el Programa Corporación (Programa de Créditos a Pequeñas Empresas).

Según el Acta Nº 24/99, de 1º de setiembre de 1999, se obtuvo el préstamo del Banco de Crédito por US$ 3.500.000 a tres años al 8% de interés (se firmó un vale a un año, renovable). Por lo tanto, al costo de la transacción por US$ 3.500.000 se debe sumar el costo de los intereses, unos US$ 280.000 anuales.

Para garantizar el pago de esta deuda al Banco de Crédito la Corporación da en garantía los créditos que ha otorgado a micro y pequeñas empresas en el marco de la Ley Nº 16.882, que estableció la financiación de ese Programa (denominado Programa Corporación) por el mecanismo de emisión de Deuda Pública (Bonos del Tesoro) con destino a préstamos a ese sector.

Las explicaciones brindadas en ese momento (El Observador, 12 de agosto de 1999) por los jerarcas de la Corporación Nacional para el Desarrollo acerca de la decisión de adquirir la parte de los organismos internacionales están muy lejos de expresar optimismo sobre el futuro de la empresa. La doctora Barbato declaró: "Si esto sigue así, no va a venir bien. Son muchos socios las corporaciones del BID y del Banco Mundial, los Sponsors, nosotros, cada uno tirando para su lado". El escribano Julio Gemelli, por su parte, indicó: "El proyecto está atravesando una situación de impasse en el que no había un buen relacionamiento entre los propios socios. Las dos corporaciones internacionales no se ponían de acuerdo con los socios privados uruguayos con respecto a quién y cómo gerenciaban la empresa".

Resulta realmente inexplicable que la Corporación termine asumiendo la compra de los créditos a las corporaciones internacionales, que habían ingresado a Migranja antes que la Corporación y a su propio riesgo.

Tanto la corporación del BID como la del Banco Mundial resolvieron por su cuenta integrar capital en Migranja y prestar plata para el emprendimiento. La Corporación Nacional para el Desarrollo entró después y tomó como referencia el hecho de que dichas corporaciones internacionales participaban en el emprendimiento, y lo entendió como un dato de garantía y de apoyo a la inversión. Pero cuando las cosas van mal, resulta que las corporaciones internacionales terminan vendiendo su parte a la Corporación, que incrementa su riesgo sustantivamente, ya que se trataba de un momento en el que Migranja en forma clara iba hacia el despeñadero y sin que existiera ningún fundamento desde el punto de vista de lo que debe ser un deber básico, que es defender el capital que ella misma tenía invertido en dicha empresa.

Más aún si se tiene en cuenta que la Corporación Interamericana de Inversiones y la Corporación Financiera Internacional tenían firmado con el socio mayoritario un contrato de recompra similar al que la propia Corporación firmó con éste. Por lo tanto, resulta inexplicable esta actitud, en vez de dejar que, en primer lugar, dichas corporaciones resolvieran su problema y concretaran su retiro, asumiendo la responsabilidad de haber ingresado al negocio con sus propias inversiones y a su propio riesgo y, en segundo lugar, que iniciaran el juicio correspondiente para recuperar parte de la inversión perdida.

Preguntados los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo por qué en vez de comprar a las corporaciones no se les dijo que ejercieran la opción de recompra, respondió la doctora Milka Barbato (página 44): "Nosotros no dábamos instrucciones a las corporaciones sobre lo que tenían o no que hacer. Las decisiones de las corporaciones las tomaron en base a sus criterios. Nosotros lo único que negociamos fue que si íbamos a seguir con esto, cuánto era lo máximo que podíamos pagar a estas corporaciones".

El doctor Servando Arrillaga agregó (página 44): "Sobre este tema de la recompra a las corporaciones y al grupo Apariquián, creo recordar que cuando se planteó el tema de la salida o solución al problema de las corporaciones, las relaciones entre las corporaciones y el Grupo Sponsor estaban totalmente quebradas, en parte por ese asunto: no querían o no podían comprar, y entonces las corporaciones optaron por retirarse. Parte de ese problema, entonces, arranca en un diferendo con el Grupo Sponsor".

Preguntados si entonces, el Grupo Sponsor se negaba a recomprar las acciones de las corporaciones internacionales, contestó el doctor Arrillaga: "En medio de otro tipo de situaciones, por las cuales las corporaciones querían irse, las corporaciones nos dijeron que ellos estaban dispuestos a ir al Banco de Crédito y reclamar el pago del aval, que era a simple reclamación. Ese tema hubiera significado el cierre de la empresa. Todo el tema con las corporaciones arranca ahí. (...) Pretendían irse lo mejor posible de la empresa y que se les compraran las acciones, pero no hubo acuerdo. Entonces, si no se negociaba con las corporaciones -ese es el motivo por el cual a nosotros se nos plantea que intervengamos en esto-, eso significaba el cierre de la empresa".

Las explicaciones que se brindaban eran más bien consistentes con la necesidad de tomar distancia de este emprendimiento, sin embargo fueron los fundamentos que respaldaron la decisión de aumentar sustancialmente el involucramiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Migranja S.A.

En efecto, simultáneamente con estas negociaciones, los informes referidos en las actas de la Corporación Nacional para el Desarrollo sobre la situación de la empresa eran cada vez peores.

En el Acta Nº 13/99, de 26 de mayo de 1999, el Gerente General informa que la situación de Migranja se presenta aún más compleja, dado que en los informes financieros que presentó la empresa se omitió la existencia de un pasivo de US$ 1.500.000 y no se expuso que se necesita capital de giro para el ejercicio 99-00 por US$ 4 millones.

En el Acta Nº 14/99, de 2 de junio de 1999, la doctora Milka Barbato informa de una reunión que mantuvo acompañada del señor Conforte con Mosca, Capote y Stenery: "quedó claro que para que la empresa sea viable requiere de un fuerte abatimiento de deuda, dado que la carga de intereses la hacen absolutamente inviable".

En el Acta Nº 20/99, de 4 de agosto de 1999, se señala que una nota de Migranja de fecha 26 de julio de 1999 plantea que deberá cerrar la operativa, despidiendo al personal de granja el 1 de agosto de 1999 y al de packing de Las Piedras el 1 de setiembre de 1999. La nota se envió a Presidencia, a Mosca y a Capote el 29 de julio de 1999. Se agrega que el Gerente General solicitó a la empresa el 30 de julio de 1999 que hiciera los despidos en tandas semanales para evitar una conmoción.

2. La liberación de las garantías otorgadas por el accionista privado.

En todo este proceso la Corporación Nacional para el Desarrollo se quedó con todas las acciones de la empresa liberando a los accionistas privados de las garantías que estos habían ofrecido por las deudas de la empresa.

Según la doctora Milka Barbato (página 34): "En lo que hace a las garantías, que es otra de las preguntas, la Corporación no liberó nada, porque nada tenía, ya que actuábamos como socios en el emprendimiento, solamente algún vale o conforme -al que ha hecho referencia el señor Diputado Mieres-, por fondos que habían sido entregados a la empresa Migranja en los últimos meses del año 1999, en la época en que ya la Corporación sí tenía el control de lo que iba ocurriendo y de lo que se gastaba. Y eso fue tachado en la transacción que se hizo finalmente cuando se exigió al accionista el pago del 100% de las obligaciones".

"Las restantes garantías, prendas e hipotecas de los bienes, quedaron en poder del Banco de la República. Estas eran parte de las garantías que tenía esa institución y, según tenemos entendido, el Directorio posterior las transfirió a la Corporación Nacional para el Desarrollo, la que probablemente las transfirió al tercero comprador, porque al arrendarse la empresa, las hipotecas y prendas probablemente se transfirieron al tercero comprador".

"La otra garantía y la más importante, que era Acodike, se mantuvo o se mantiene -eso no lo sé- en cumplimiento del pago de obligaciones que, según ha dicho el escribano Julio Gemelli, ha sido terminado".

La principal garantía era la garantía personal del Grupo Sponsor, accionista mayoritario de Acodike. Esta garantía se había otorgado anteriormente como respaldo para la emisión de obligaciones negociables, por lo cual ya estaba comprometida desde antes de la negociación con las corporaciones internacionales. Es cierto que esta garantía no se liberó con respecto al pago de las obligaciones negociables, que debió ser asumido por el propio Grupo Sponsor.

Pero, por otra parte, como se expresó antes, los préstamos otorgados por las corporaciones internacionales tenían un aval del Banco Pan de Azúcar, posteriormente Banco de Crédito, el que estaba garantizado por Martín Apariquián.

Esta garantía sí fue liberada cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo adquirió los créditos de las corporaciones internacionales y los capitalizó en la empresa, renunciando a su cobro. La deuda de Migranja desapareció y Martín Apariquián resultó liberado de ese compromiso.

Asimismo ambas corporaciones, CII y CFI, tenían un contrato de recompra firmado por el Grupo Sponsor por el que estos se comprometían a pagar por la recompra un valor que, según el Acta Nº 11/99 de 5 de mayo de 1999 del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, sería de US$ 1.900.000. En caso de negarse a recomprar, CII y CFI deberían iniciar un juicio ordinario para cobrar contra el Grupo Sponsor, que iba a tener que responder, habida cuenta de que manifiestamente eran los principales accionistas de Acodike. De esta obligación también se liberaron merced a la intervención de la Corporación.

También la empresa Migranja tenía una importante deuda con el Banco de la República, por US$ 8 millones más intereses, todo lo cual ascendía a fines de 1999 a unos US$ 10 millones y a fines de 2001 a unos US$ 12,5 millones. Estas obligaciones tenían como garantía la hipoteca del predio y la prenda de bienes de Migranja pero, subsidiariamente, contaban con la obligación solidaria de los principales accionistas del Grupo Sponsor.

Si la Corporación Nacional para el Desarrollo no se hubiera embarcado en el salvataje de Migranja, el Banco de la República podría haber accionado contra las garantías, sabiéndose que en definitiva los accionistas eran propietarios de las acciones de Acodike. El BROU, en lugar de tomar este camino, en el año 2001, siendo algunos de los integrantes del Directorio del BROU ex Directores de la Corporación, accede a dar por cancelada la deuda de Migranja con una quita muy importante, que posibilita la liberación del total de las garantías otorgadas oportunamente por el Grupo Sponsor.

En el Acta Nº 3/2000, de 2 de febrero de 2000, cuando aún estaba en funciones el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo que actuó en el período 1995-2000, se aprobó un convenio con el Grupo Sponsor, por el cual "una vez pagadas por el señor Martín Apariquián la totalidad de las obligaciones negociables, se cancelarán las garantías que él y el Grupo Sponsor tenga otorgadas en CND".

A su vez, como expresó la doctora Milka Barbato, sobre fines de 1999 se había llegado a un acuerdo por el que el Grupo Sponsor cedía el 80% del paquete accionario y mantenía el 20% restante, pactándose que se iba a aportar capital de giro en porcentajes de 80% y 20%. Como el Grupo Sponsor no podía enfrentar el pago de los intereses de las obligaciones negociables y además aportar el 20% que se le estaba pidiendo sobre esos meses finales del año 1999, la Corporación aportó el capital, pero pidió al Grupo Sponsor que firmara un vale en el sentido de que si seguía en la empresa luego debía devolver ese 20%. Según el Acta Nº 34/99 de 22 de diciembre de 1999 hasta ese momento ese 20% ascendía a US$ 294.000.

Según expresiones de la doctora Milka Barbato ya citadas, cuando en enero o febrero se llegó al acuerdo final en el que se les exigió el pago de las obligaciones negociables en su totalidad, se termina por ceder ese 20% final, "la única garantía que cede la Corporación en ese momento es ese conforme por más de US$ 200.000". Por lo tanto, el grupo Apariquián se libró de pagar ese vale por US$ 294.000.

A esta altura parece conveniente recordar lo dicho más arriba respecto a que la Corporación pudo reducir su participación accionaria, y por lo tanto su pérdida inicial, haciendo cumplir un convenio de recompra con el grupo sponsor por el cual éste hubiera debido abonarle US$ 300 mil, cosa que en ningún momento hizo.

Asimismo, en enero de 1999 tal como surge de las actas de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Corporación había otorgado a Migranja un préstamo de US$ 400.000, según el Acta de Directorio de la CND Nº 01/99, de 11 de enero de 1999, y en ese caso se había tomado como garantía la segunda prenda de un equipamiento vinculado a cámaras frigoríficas o mantención de frío, a lo que se agregaba la firma solidaria de Martín Apariquián. Por lo tanto, la CND tampoco exigió a Martín Apariquián el cumplimiento de esta garantía por US$ 400 mil.

Por lo tanto, del conjunto de compromisos que había asumido el Grupo Sponsor, sólo tuvo que hacer frente al pago de las obligaciones negociables, liberándose de todo el resto.

Sin embargo, de las expresiones de la doctora Milka Barbato surge con claridad que el Grupo Sponsor no tenía más remedio que asumir el pago de las obligaciones negociables, ya que éstas contaban con la garantía solidaria de Martín Apariquián, principal accionista de Acodike (página 30): "Con respecto a las obligaciones -esto es los US$ 6.000.000 que aportaron los obligacionistas-, si bien el obligado también era la empresa, existía una garantía principal del Grupo Sponsor que eran sus acciones en Acodike, que quizás era el bien de mayor valor que tenía el grupo. Por este motivo, en caso de que cayera el emprendimiento, la Bolsa podía intentar ir contra Migranja y posiblemente no recuperara nada, y luego hacerse de las acciones de Acodike, venderlas, y con el producido pagar a los obligacionistas".

Con respecto a las garantías que accedían al préstamo del Banco de la República es muy interesante el testimonio del doctor Alberto Zumarán (Acta Nº 1969, página 24): "Cuando Migranja arrancó en el año 1987 yo era Senador. Recuerdo al contador Slinger, que era una gran figura -para mí un hombre extraordinario- y a Laffitte que era Director del Banco. Primero con quien tenía más amistad, con Laffitte, le dije: 'En cuanto a esto que Apariquián nos quiere meter, ¿qué garantías tenés en el Banco? (...) 'Tenés garantías a satisfacción'. ¿Y quiénes son las garantías?, le pregunté y me contestó que la garantía era Apariquián... No contento con eso se lo pregunté a Slinger, quien fue más claro y me dijo que el crédito era de US$ 5.000.000 y que la garantía era Apariquián y Acodike".

En síntesis, la Corporación Nacional para el Desarrollo mediante sus decisiones tomadas durante el año 1999 liberó efectivamente las garantías que el Grupo Sponsor había brindado para la obtención de los créditos a favor de Migranja en más de una oportunidad. En efecto, al asumir el pago de la deuda con las corporaciones internacionales se produce una doble liberación de las garantías, por un lado con respecto a la propia deuda y por otro lado por el préstamo avalado por el Banco de Crédito cuya garantía era también el Grupo Sponsor.

Pero, además, al negociar la deuda con el Banco de la República se produce, en los hechos, una nueva liberación de la garantía del Grupo Sponsor, por cuanto el mencionado préstamo estaba garantizado por el patrimonio del accionista privado.

Finalmente, cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo acuerda con el Grupo Sponsor que este se haga cargo de las obligaciones negociables (única garantía que la CND no libera del accionista privado), como contrapartida la CND renuncia a cobrar un vale de dicho grupo equivalente al 20% de la asistencia otorgada a Migranja, de modo que, como se dijo más arriba, la CND tampoco le exige el cumplimiento de esta garantía que ascendía a cerca de U$ 400 mil.

3. La Corporación Nacional para el Desarrollo asumió todo el paquete accionario de Migranja

La doctora Milka Barbato justificó esta decisión afirmando: "Por otra parte, se les pidió inicialmente el 80% y luego el 20% adicional del paquete accionario, todo a valor de US$ 1. Eso fue lo que la Corporación pagó por la totalidad del paquete accionario: US$ 1 por las acciones y cero peso por todos los créditos que se obligaron a capitalizar".

Estaba claro a esa altura que la empresa tenía patrimonio negativo, por lo que lamentablemente, no era precisamente un mérito de buena administración que la Corporación fuera incrementando su porcentaje de participación puesto que al haber tomado la decisión de abatir las deudas de la empresa sólo adquiría mayores obligaciones.

También agregó la doctora Barbato: "Se les removió del Directorio y de la gestión, pero se les agregó algo más. Se les agregó que nuestra institución y la empresa no estaban en condiciones de devolver las obligaciones negociables y que tampoco estábamos en condiciones de pagar los US$ 6.000.000 más los intereses que reclamaban las obligaciones negociables, que estaban venciendo en esos momentos; por lo que, atento a que parte de sus acciones y de sus integrantes eran garantes por Acodike de estas obligaciones, debían pagar ellos las obligaciones negociables con sus intereses, sin derecho de repetición contra la empresa, y no hay que olvidarse que ellos eran garantes y un garante tiene derecho de repetición contra la empresa. Se les dijo: ustedes pagan las obligaciones negociables y no tienen derecho de repetición contra la empresa. Finalmente, aceptaron esto".

Por lo tanto, el Grupo Sponsor vio liberadas sus garantías a favor de las corporaciones, entregando a cambio acciones con un valor nulo. Es cierto que se hizo cargo de las obligaciones negociables, pero era garante solidario de las mismas, por lo que las iban a tener que pagar igual. Se les quitó el derecho de repetición contra Migranja S.A., pero ¿cómo le iban a cobrar a una empresa con patrimonio negativo y con los bienes hipotecados o prendados?

La doctora Milka Barbato continuó declarando: "A continuación de tomar esta decisión, de seguir el informe del contador Porteiro, de ofrecer esos US$ 3.500.000 a las corporaciones, US$ 2.000.000 al Banco de la República y exigir a los accionistas todo lo que les exigimos, cambiamos la administración, el Directorio. Contratamos a un "broker" para la venta y resolvimos aportar el capital de giro que la empresa necesitaba, porque a partir de allí éramos nosotros los responsables. Y ese capital de giro se estimó para la zafra siguiente en US$ 4.000.000, de los cuales, efectivamente, desembolsamos US$ 3.600.000 en nuestro período".

Por lo tanto, la Corporación pasó de ser un accionista minoritario con el 7,06% de las acciones sin mayores responsabilidades en la gestión de la empresa a invertir más de US$ 7 millones de dólares en pocos meses, sin contar los montos ofrecidos al Banco de la República. La asistencia financiera que se debió seguir prestando como consecuencia de estas decisiones hasta que finalmente se vendió la empresa alcanzó los US$ 8,2 millones, o sea unos US$ 4,6 millones adicionales.

En octubre de 1999, el Grupo Sponsor firma un vale por el 20% de la asistencia financiera que la Corporación Nacional para el Desarrollo había otorgado a Migranja durante todo ese período.

En la medida en que la Corporación Nacional para el Desarrollo en ese momento era titular del 80% del paquete accionario, se pidió al grupo privado, que a esa altura pasó a ser minoritario en virtud de que la Corporación asumió su parte, que asumiera su cuota parte de asistencia financiera, es decir, el 20%.

El 29 de diciembre de 1999, el Grupo Sponsor se dispuso a hacerse cargo del pago de las obligaciones negociables y, a cambio, cedería el 20% de acciones (que no tenían ningún valor), sujeto a no firmar más vales y que se les devolvieran los firmados (Acta Nº 35/99). Correspondía preguntar cómo terminó esa operación que, de alguna manera, es el punto final de la participación del grupo que en definitiva creó todo este emprendimiento y terminó saliendo de él. ¿Qué pasó con ese vale? ¿Se cobró?

Al respecto la doctora Milka Barbato manifestó (página 46): "...sobre fines de 1999 llegamos al primer acuerdo por el que nos cede el 80% del paquete (accionario) y mantiene el 20% restante. Asumimos la conducción de la empresa y comenzamos a aportar capital. Nosotros pactamos que íbamos a aportar capital en porcentajes de 80% y 20%; 80% nosotros y 20% el Grupo Sponsor. Sobre fines de 1999 es que se sumó -creo recordar- la necesidad de pagar los primeros US$ 300.000 o US$ 400.000 por concepto de intereses de obligaciones negociables. (...) Entonces, el Grupo Sponsor no podía enfrentar las obligaciones negociables -que en realidad eran una obligación de la empresa- y además aportar el 20% que se le estaba pidiendo sobre esos meses finales del año 1999; ese 20% en ese momento era una cifra cercana a los US$ 200.000. Por lo tanto, la Corporación aportó el capital, pero pidió al Grupo Sponsor que firmara un vale en el sentido de que si seguía en la empresa luego debía devolver ese 20%".

Luego agregó la doctora Milka Barbato: "Finalmente, en enero o febrero, cuando llegamos al acuerdo final en el que les exigimos el pago de las obligaciones negociables en su totalidad, negociamos ese 20% final, por lo que salen en definitiva de la empresa... la única garantía que cede la Corporación en ese momento es ese conforme por más de US$ 200.000, de dinero que en definitiva había entrado a la empresa con nuestra gestión y con nuestro control, empresa con la que nos estábamos quedando con un ciento por ciento".

Según el Acta Nº 34/99, de 22 de diciembre de 1999, hasta ese momento ese 20% ascendía a US$ 294.000. Sin embargo, considerando que la asistencia financiera total del año 1999 terminó alcanzando los US$ 3,6 millones, la cuota parte comprometida por el Grupo Sponsor pudo haber alcanzado montos mucho mayores.

Entonces, en primer lugar la Corporación Nacional para el Desarrollo adquirió los créditos incobrables de las corporaciones internacionales, en segundo término liberó las garantías del socio mayoritario, quedándose a cambio con un paquete accionario cuyo valor real era nulo y finalmente, en tercer término decidió adquirir al accionista privado el total de la empresa, perdiendo al final de su gestión U$ 13 millones.

g) El valor de la empresa Migranja

Pues bien, ¿cuál era el valor efectivo de Migranja cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo asume el paquete accionario de esta empresa?

La doctora Milka Barbato manifestó al respecto (página 31): "Los informes a los que usted hizo referencia y que tenemos nosotros de aquella época, señalan que valía entre US$ 12.000.000 y US$ 15.000.000, basándose en que el valor de una hectárea plantada de buenas variedades era, a esa fecha, de entre US$ 18.000 y US$ 20.000. Y la empresa tenía 600 hectáreas plantadas, por lo que su valor estaba entre US$ 11.000.000 y US$ 12.000.000, a los que deben agregarse los otros activos asociados a la plantación, del orden de US$ 1.500.000 más".

El informe referido es un memo elaborado por el Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Alejandro Conforte, que hace la cuenta de US$ 18.000 o U$ 20.000 multiplicados por 600 hectáreas y le da US$ 10,8 millones o US$ 12 millones, a los que les suma US$ 1,5 millones adicionales de los que resulta un valor entre US$ 12 y 13,5 millones.

Continuó la doctora Barbato diciendo: "...un estudio independiente solicitado por el Directorio que nos sucedió en la Corporación -nosotros ya no estábamos; fue al año siguiente- al ingeniero agrónomo Tambler -ya citado por el escribano Gemelli-, señala que su estudio técnico económico pretende determinar el valor de lo efectivamente plantado, así como las mejoras que permiten que los montes estén en producción".

"...este consultor independiente dice que va a utilizar la metodología de valorar las plantaciones, descontando los flujos netos de ingresos esperados en un período de diez años, entendiendo que esta es la mejor alternativa, ya que otras posibilidades podrían inducir a error... El resultado final del trabajo del ingeniero Tambler, un año después, hecho de acuerdo con estos criterios técnicos, de lo que valen sólo las plantaciones, es de US$ 10.000.000. En octubre del 2000 el ingeniero Tambler entiende que las plantaciones valen US$ 10.000.000, considerando sólo plantaciones, sin tomar en cuenta el valor de las construcciones, el "packing", las maquinarias o intangibles. Su evaluación cierra, entonces, con lo que se había establecido un año antes, cuando debimos tomar la decisión y el Gerente General de la Corporación nos planteara que la empresa tenía un valor, a esa fecha, del orden de los US$ 12.000.000".

El problema del informe del ingeniero agrónomo Tambler, es que calculó el valor actual de un flujo financiero proyectado que no tiene nada que ver con la realidad, dado que la empresa jamás podría alcanzar las 28.000 toneladas de fruta anuales, cuando no superaba las 10.000 u 11.000 toneladas, y jamás podría alcanzar los US$ 12 millones de exportaciones, cuando lo máximo que exportó fueron US$ 3.3 millones en 1998 y en 2001 apenas alcanzaba los US$ 2,4 millones.

A esta altura es muy interesante transcribir una intervención del escribano Julio Gemelli, que se refiere al "valor de la experiencia" que adquirieron a partir de los fracasos de Migranja (página 54): "...no nos olvidemos también, que esa empresa sufrió el atraso cambiario de 1990 a 1995; que esa empresa exportaba a Europa con el Euro a US$ 0,83, cuando ahora está 30% más caro; que esa empresa tuvo que enfrentar dificultades que ninguna otra en el Uruguay del mismo sector y con la misma actividad enfrentará en el futuro, porque ya está la experiencia hecha. Si hay alguien que quiera en el futuro -¡y ojalá que haya!; ¡y muchos!; he salido a decir que ojalá en el futuro haya veinte Migranja en el Uruguay y se me ha malinterpretado- repetir esa experiencia tendrá a la vista (lo que ha trabajado el PREDEG, el INIA, el Ministerio de Ganadería y Pesca) qué hacer y cómo hacer. Y ¿cuánto vale eso? ¿Vale US$ 44.000.000? ¿Vale US$ 50.000.000? ¿Vale US$ 100.000.000?".

Esta pregunta que se hace Julio Gemelli, vale la pena hacérsela: ¿cuánto le cuesta al país la experiencia del Directorio de la Corporación? ¿Acaso los Directores tienen derecho a decir que se necesitan perder cifras astronómicas para que ellos adquieran nuevas experiencias? Para tener una idea de las cifras que está manejando Gemelli, podríamos comparar con el presupuesto de algunas oficinas públicas. Por ejemplo, con US$ 44.000.000 se podrían pagar el total de remuneraciones de ANCAP durante tres años.

Para despejar dudas el escribano Julio Gemelli repite: "Este era un país que no tenía absolutamente ninguna experiencia en esta materia. Los señores Diputados saben que el país exportaba cítricos y era muy hábil y bueno en eso, pero no tenía ninguna experiencia de exportación fuerte de frutas de hoja caduca; ahora la tenemos. El modelo está; el tema es repetirlo; es encontrar inversores que en el futuro lo hagan. Entonces, vuelvo a decir: esos US$ 44.000.000, ¿están perdidos?".

Luego agrega Julio Gemelli: "Si trajéramos aquí a un economista diría: "No, hay que ver cuál es el valor futuro de la empresa y cuánto está exportando porque la inversión está".

O sea que lo que se desembolsó hasta el momento no cuenta, el escribano Julio Gemelli se olvida que toda evaluación debe comparar el "valor futuro de la empresa" con las cifras siderales invertidas hasta ese momento, obviamente la conclusión sobre el valor futuro de la empresa es ciertamente muy distinta a la que realiza el escribano Julio Gemelli.

Luego agrega Gemelli: "Este proyecto ya lleva diecisiete años y hay tantas variables que es dificilísimo para un teórico o un economista poder medirlas cuando se hace un proyecto. Hay algo que acá no se dijo y es lo principal de todo esto: los árboles se plantan, van creciendo durante los años y dan su fruto en su plenitud. Hasta que no estén en su plenitud, los rendimientos de todos estos proyectos suelen ser altamente negativos".

Lo que no dice el escribano Gemelli es que si hubieran manejado bien el emprendimiento luego de diecisiete años los árboles estarían en su plenitud. Pero el manejo fue pésimo y perdieron miles de árboles en varias oportunidades.

Las declaraciones de la doctora Barbato y el escribano Gemelli sobre el valor de la empresa fueron controvertidas por el economista Julio de Brun.

Con respecto al valor real de la empresa, el economista Julio de Brun afirmaba (Acta Nº 2196, página 3): "...bajo la Gerencia del señor Sarni se hicieron esfuerzos para reducir recurrentemente los costos operativos (...) nuestra preocupación era si, efectivamente, por la vía de seguir mejorando la eficiencia de la empresa podíamos llegar a un punto de equilibrio, por lo menos operativo -dejando de lado la cuenta de intereses de la empresa-, o si era necesario algo más. Los presupuestos que analizamos junto al ingeniero Garat y el señor Sarni y la consultoría que pedimos a tales efectos, en cuanto a reestructura de la empresa, a la firma Promesur, fueron coincidentes en el sentido de que, con la información y las condiciones de mercado existentes hasta ese momento, podíamos avanzar y reducir los costos operativos de la empresa hasta cierto punto, pero sólo en condiciones de muy buena suerte y con muy buenas cosechas tendríamos resultados operativos nulos -o sea no tener pérdidas operativas-, sin inversiones adicionales".

A esto agregó el economista de Brun: "Y las actualizaciones que hicimos sobre proyecciones financieras de la empresa implicaban que necesariamente debíamos tener inversiones para aumentar el área de explotación de la empresa en el mediano plazo. Esas inversiones, en el mejor de los casos, con las proyecciones que manejamos en ese momento y las condiciones de mercado que teníamos en ese momento, se recuperarían al cabo de diez años, pero sin ningún margen adicional".

"A su vez, todas estas proyecciones y la valuación de la empresa fueron confirmadas por KPMG -que actuaba como intermediario de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la venta de Migranja- cuando le pedimos que las actualizara, y los estudios con que contábamos al respecto daban que el valor de los activos de Migranja era prácticamente cero. (...) probablemente seguiríamos teniendo un flujo negativo durante varios años y que, además, para nivelarlos deberíamos hacer inversiones adicionales cuya rentabilidad, dada la información que teníamos en esa época, era dudosa (...) las proyecciones, en general, daban resultados negativos importantes para Migranja e implicaban la continuidad de asistencia financiera por parte de la CND, cosa que no estábamos en condiciones de seguir haciendo".

Según Julio de Brun, sólo cabía plantearse dos escenarios posibles: una de esas alternativas era vender la empresa y la otra, era liquidarla. "Por las ofertas que se habían tenido en el pasado y que cada tanto recibíamos, pero también por la evaluación que teníamos, Migranja solo se podía vender sin pasivos. Los activos apenas tenían algún valor positivo y cuando uno restaba eso a todos los pasivos de la empresa eso devenía en un valor negativo muy importante. O sea que Migranja se tenía que vender libre de pasivos o, dicho en otros términos, lo que podíamos vender era el negocio y los activos de Migranja y no otra cosa (...) en cuanto a los montos que podíamos recibir por interesados en comprar, había una oferta de unos US$ 2.000.000 (...) Después hubo una oferta un poco mejor que fue la del grupo que finalmente adquirió Migranja, que inicialmente hablaba de montos entre US$ 2.500.000 y US$ 3.000.000".

¿Cuál era entonces el valor de Migranja? El economista de Brun dijo que se consiguió la suma de US$ 3.800.000 y que costó conseguirlo; al principio hubo ofertas menores y, finalmente, con un gran esfuerzo se llegó a esa cifra. La cuestión es que en mayo de 1999, cuando el Directorio de la Corporación todavía no tenía una participación mayoritaria en Migranja, el Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo, señor Alejandro Conforte, manda una nota al economista Carlos Sténeri a Washington y le dice que frente a una hipótesis de liquidación hay que considerar que el valor de una hectárea plantada con variedades buenas es de US$ 18.000 a US$ 20.000; por lo tanto, Migranja tendría un valor de entre US$ 10.800.000 y US$ 12.000.000.

Por su parte, la doctora Barbato declaró en la Comisión que de acuerdo a informaciones que ellos tenían -en particular una evaluación del PREDEG-, el emprendimiento estaba tasado en US$ 9.000.000, justificando con estos datos la necesidad de asumir el valor total de la empresa.

Por lo tanto, cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo va a asumirla vale US$ 9.000.000, US$ 10.000.000 o US$ 12.000.000, y cuando la tiene que vender sólo vale US$ 3.800.000. La realidad indica que en 2001, cuando se vende, vale US$ 3.800.000, con un gran esfuerzo y luego de que bajo la administración del señor Miguel Sarni se realizaron importantes trabajos de recuperación; por lo tanto en 1999 cuando la CND decidió quedarse con ella, el emprendimiento era radicalmente ruinoso y ello era obvio y a todas luces visible.

Luego afirmó Julio de Brun que la información que la Corporación Nacional para el Desarrollo tenía sobre Migranja en 1999 y antes era muy poco confiable y que se vendió en US$ 3.800.000 algo que, según la estimación de un tercero independiente, valía cero.

Luego agregó: "Me podrán preguntar por qué pagó más de US$ 3.000.000 alguien que podría pensar que el valor era cero; siempre hablando de libre de deuda. Uno puede mejorar ese flujo de fondos con inversiones adicionales. La Corporación Nacional para el Desarrollo no tenía recursos para hacer esas inversiones adicionales; el comprador, sí. Y, eventualmente, ese comprador podía tener -y efectivamente tenía- otros mercados a los cuales accedía normalmente la Corporación Nacional para el Desarrollo, con mejores precios que los que ésta obtenía. Cada centavo adicional en el margen de venta podía implicar un impacto importante sobre el negocio de la empresa. Eso fue lo que, en definitiva, los motivó a hacer la transacción que hicieron".

Entonces, debemos concluir que cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo, como entidad, hizo la adquisición de la empresa Migranja, el monto en que la adquirió por falta de información estaba sobrevaluado. Esto fue corroborado por de Brun, quien dijo: "Por la falta de información adecuada y de la posibilidad de contrastarla con la realidad, probablemente se sobrestimaron las perspectivas que había sobre el negocio de Migranja en el año 1999".

El economista Julio de Brun puntualizó lo siguiente (página 13): "Uno de los problemas que tienen las valuaciones de Migranja, sobre todo en lo que tiene que ver con las plantaciones que se valúan al costo de plantación, es que una cosa es lo que cuesta plantar determinados árboles frutales y otra el rendimiento esperado que se pueda obtener de esos árboles... cuando uno hace proyecciones a largo plazo en las que tiene que incorporar esas realidades según las cuales los inviernos no son siempre fríos y las cosechas no salen siempre todo lo bien que deberían salir, se puede encontrar con que el costo de implantación no justifica el rendimiento futuro que puedan tener esos árboles. Cuando uno tiene una plantación ya hecha, lo que uno paga es lo que espera obtener de ahí hacia el futuro. Uno no está pensando en plantar nuevo, sino en utilizar de la mejor manera lo existente. ¿Cuánto pago yo sobre algo que existe? Lo que pueda obtener de rentas sobre eso, a largo plazo".

Según Julio Gemelli (página 13) "Cuando empieza a declinar la empresa, esas corporaciones internacionales, que tienen inversiones en todo el mundo, que se dedican a esto y que tienen la posibilidad de contar en su "staff" con los mejores técnicos del mundo -me imagino; los que he conocido acá son personas de primer nivel-, de sus posibilidades de recuperar esos US$ 10.000.000, aceptan vender las acciones en un dólar y, de los créditos garantidos por hipoteca, de US$ 7.000.000 que tenían para cobrar, aceptan vender a la Corporación ese crédito en US$ 3.500.000. Por lo tanto, quiero pensar que su expectativa de recuperar a través del valor de la tierra esos US$ 7.000.000 ya se había venido sustancialmente abajo, y estamos hablando recién de los años 1998 y 1999, cuando todo esto empezó. Si su salida se hubiese dado a posteriori, seguramente habrían transado por un valor menor".

El problema de este argumento es que de acuerdo a lo dicho, se demuestra una vez más lo irracional e inconveniente del proceder de la Corporación Nacional para el Desarrollo; este razonamiento hubiera sido muy útil para evitar comprarle los créditos a las corporaciones internacionales.

En síntesis, el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de 1999 asumió el paquete accionario de Migranja aduciendo que el valor de la empresa era de más de U$ 10 millones, sin embargo dos años después y luego de un gran esfuerzo de recuperación de la empresa por parte de su administrador, el señor Miguel Sarni, las autoridades de la CND del 2001 logran con dificultad vender Migranja por U$ 3,8 millones lo que demuestra que en 1999 la CND actuó sin conocer la situación real del emprendimiento o sobrevaluándolo sustancialmente. El reconocimiento de que las corporaciones internacionales podían conocer que cuanto más tarde se fueran menos iban a rescatar indica que con excepción de la CND todos los demás consocios sabían de la situación ruinosa de la empresa.

h) La asistencia financiera y la cancelación de la deuda con el Banco de la República

Durante los años 2000 y 2001 la Corporación Nacional para el Desarrollo continuó asistiendo financieramente a Migranja, aportándole US$ 4,6 millones adicionales.

Finalmente, en diciembre de 2001, la Corporación Nacional para el Desarrollo vendió el paquete accionario a un grupo inversor israelí por un precio de US$ 3,75 millones. De acuerdo a la información consignada en la memoria de ese ejercicio, la pérdida neta de la Corporación Nacional para el Desarrollo generada por su inversión en Migranja S.A. superó los US$ 13 millones.

Para ello previamente debió negociar y cancelar con el BROU la deuda que se había generado.

En declaraciones del economista Julio de Brun, Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo en julio de 2001, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado se manifestó que la deuda financiera que tenía Migranja, al 31 de mayo de 2001, con el Banco de la República en términos de valor nominal, era de US$ 9.300.000, a lo que acumulándole algunos intereses llegaba a un poco menos de US$ 11.000.000.

En la resolución del Banco de la República de 16 de octubre de 2001 en que se aprueba la cesión a la Corporación de los créditos que el BROU mantenía contra Migranja S.A., se maneja un valor total de la deuda de aproximadamente US$ 12.500.000.

De las actas de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo se desprende que a mediados de 1999 la Corporación inició gestiones para renegociar la deuda de Migranja con el Banco de la República.

En el Acta Nº 14/99, de 2 de junio de 1999, se da cuenta de una reunión convocada por el Ministro Luis Mosca a efectos de plantearle al contador César Rodríguez Batlle, Presidente del Banco de la República, la situación en que se encuentran las negociaciones con las corporaciones por Migranja S.A. Se le transmitió al contador César Rodríguez Batlle que para que la empresa se viabilice es necesario que el BROU realice una quita.

Se manejó la posibilidad de comprarle al Banco de la República los créditos a largo plazo que mantiene con Migranja por US$ 8 millones a cambio de un bono cupón cero a veinte años de valor facial (nominal) de US$ 8 millones y cuyo costo en efectivo es de aproximadamente US$ 2 millones.

En el Acta Nº 20/99, de 4 de agosto de 1999, se da cuenta de las gestiones ante el Banco de la República a efectos de conseguir una quita similar a las de las corporaciones, aceptando el BROU como pago de la deuda de Migranja un bono cupón cero de las características ya mencionadas.

De las actas se desprende claramente que la utilización del mecanismo bono cupón cero o similares supone una quita para el Banco de la República.

En el Acta Nº 23/99, de 24 de agosto 1999, se analiza una resolución del Banco de la República del 17 de agosto de 1999 por la que el mismo acepta que se cancele la deuda a largo plazo con un bono cupón cero a quince años más intereses, reclamando además la cancelación de la deuda a corto plazo en el sector exportaciones del Banco.

En esa misma acta de Directorio el escribano Julio Gemelli manifestó que la resolución del Banco de la República no constituye un esfuerzo acorde con el esfuerzo que realizan las demás instituciones y que constituirá un obstáculo para la futura venta de la empresa, ya que las condiciones impuestas son inaceptables, en especial por la no liberación de las garantías.

A su vez, la doctora Milka Barbato expresó al respecto (página 30): "Al BROU, nuestro Directorio le ofreció el pago de los US$ 8.000.000 de capital prestado, con un bono cupón cero a veinte años por US$ 2.000.000, similar a las soluciones que para otros casos siguió el Banco de la República con el sector frigorífico o especialmente con las refinanciaciones del sector agropecuario. Esto no fue aceptado por el BROU mientras estuvo este Directorio y sabemos -porque después sí lo vimos- que el Directorio posterior llegó a un acuerdo con el BROU por una cifra superior a estos US$ 2.000.000. Pero nuestro Directorio ofreció al BROU la cifra de US$ 2.000.000. El Directorio posterior pactó en US$ 3.600.000 o US$ 3.700.000 que fue lo que el BROU le exigió".

En el año 2001, en Acta Nº 10/2001, de 4 de abril de 2001, la Corporación consideró nuevamente el tema del endeudamiento de Migranja con el Banco de la República, planteándose al BROU la cancelación de la deuda de largo plazo con un bono cupón cero a veinte años.

En el Acta Nº 30/2001, de 6 de setiembre de 2001, el Directorio resuelve continuar las negociaciones con el Banco de la República con el fin de obtener la quita planteada originalmente.

En el Acta Nº 31/2001, de 12 de setiembre de 2001, se establece que se aprueba la compra del bono cupón cero si el valor del mismo se encuentra entre US$ 3,5 y US$ 4 millones, siempre que signifique la cancelación total de la deuda (capital más intereses) y la liberación de las garantías correspondientes.

En el Acta Nº 43/2001, de 19 de diciembre de 2001, se dice que luego de extensas negociaciones mantenidas por la Gerencia General con el Banco de la República, se ha logrado un acuerdo mediante el cual a cambio de la suma de US$ 3.794.967 el BROU transfiere a favor de Corporación Nacional para el Desarrollo los créditos y garantías que tiene contra Migranja S.A., extinguiéndose la deuda correspondiente.

Dicha cifra corresponde a US$ 2.534.277 para la constitución de un certificado de depósito Banco de la República, para cancelar el valor nominal de la deuda de Migranja S.A. y US$ 1.260.690 a efectos de cancelar anticipadamente el monto que generaría la colocación en veinte años.

Por consiguiente, el Banco de la República tenía un crédito a cobrar contra Migranja de US$ 12,5 millones aproximadamente, por el cual dio carta de pago mediante la entrega de valores por un equivalente a US$ 3,8 millones lo que implicaría una quita de U$ 8,7 millones sobre el total del crédito existente.

i) Migranja en los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo

En la memoria correspondiente al balance del año 1990 de la Corporación Nacional para el Desarrollo (nota 2) se siguió el criterio de no considerar a Migranja una empresa "integrante" del Grupo CND, dado que la inversión era inferior al 50% del capital social (pasó del 11,25% al 9,16% y luego al 7,06%) y tampoco "asociada", por ser la inversión inferior al 20%.

Por lo tanto, la inversión no está valuada a su valor patrimonial proporcional (que equivaldría a un 11,25% o 9,16% o 7,06% del patrimonio neto contable que surja de los balances de la empresa Migranja S.A.), que sería más representativo de la realidad, en función de las pérdidas patrimoniales que fue experimentando Migranja S.A., sino por el importe efectivamente invertido, que fue de un millón de dólares.

El monto efectivamente invertido tampoco se expone con claridad, dado que la inversión se expone en moneda nacional y no se practica ajuste por inflación, por lo que de 1991 a 1998 el valor contable de la inversión en los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo es de $ 1.353.354 (pesos uruguayos un millón trescientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro), cifra que se va desvalorizando por el aumento del tipo de cambio, de tal forma que al 31 de diciembre de 1998 el importe de US$ 1.000.000 invertido originalmente representaba apenas la cifra de US$ 125.137 al tipo de cambio de cierre. Esto ilustra acerca de las deficiencias contables de los balances de la Corporación.

En 1999, en que la participación accionaria pasa a ser del 80%, se valúa la inversión a su valor patrimonial proporcional, estableciéndose ese valor en US$ 1.773.000. Quiere decir que para la Corporación Nacional para el Desarrollo el 80% del patrimonio de Migranja S.A. ascendía a ese valor. Y se computan, por otro lado, créditos netos de la CND contra Migranja por US$ 5.650.000, lo cual implica una evaluación de que el valor recuperable de Migranja, en plena crisis financiera y productiva, era de US$ 7.423.000.

Sin embargo, si se analiza el balance de Migranja S.A. al 30 de junio de 1999, la auditoría independiente Ernst & Young (contador Villarmarzo y asociados) cuestiona fuertemente el balance. Expresa que los "gastos preoperativos" incluidos como activos intangibles en el balance, es decir como si fueran una inversión, en lugar de ser tratados como pérdidas, se componen básicamente de gastos financieros (80%) y gastos de administración (19%) por un total de $ 117 millones, manifestando el auditor que no existe evidencia sobre su efectiva recuperabilidad en el futuro, siendo el patrimonio total de Migranja de apenas $ 15 millones, por lo que si le deducimos esos "gastos preoperativos" el patrimonio se vuelve negativo en $ 112 millones, que al 30 de junio de 1999 equivalían a unos US$ 10.000.000 de patrimonio negativo. Este valor negativo empeoraría si se hubiera realizado un ajuste integral por inflación.

Para peor, el auditor dice que no hay valor de tasación para los montes frutales, infraestructura de sostén, equipos de riego, etcétera, cuyo valor contable es de $ 210 millones. Si se ajustaran los valores contables de estas inversiones a sus valores de tasación el patrimonio se volvería mucho más fuertemente negativo. Por ejemplo, la tasación realizada en el año 2000 arrojaba una baja en el valor de las inversiones de US$ 9 millones, por lo que el patrimonio ajustado equivalía a un monto negativo de por lo menos US$ 19 millones.

Estas observaciones llevan al auditor a no expresar opinión sobre los estados de situación patrimonial y de resultados, lo que equivale a decir técnicamente que no puede afirmar que los mismos representen razonablemente la realidad de la empresa.

Sin embargo, la Corporación hace caso omiso de las observaciones del auditor de Migranja y a efectos de la valuación del 80% del patrimonio de Migranja toma un valor de US$ 1.773.000. Las prácticas contables aplicadas en Migranja S.A. son lamentables, y parecen un intento deliberado de disimular pérdidas, pero las aplicadas en la Corporación parecen peores aún, porque no toman en cuenta ni siquiera las críticas que expresamente realiza la auditoría privada.

En el balance de la Corporación al 31 de diciembre de 1999 también se reconocen créditos financieros contra Migranja S.A. por US$ 7.400.000, sobre los cuales se reconocía una previsión por incobrabilidad de US$ 1.750.000, por lo cual la Corporación asumía que tenía un crédito neto por US$ 5.650.000 que podía cobrar a Migranja. Parece poco realista, tratándose de un deudor que tiene un patrimonio negativo de US$ 19.000.000.

Por lo tanto, la inversión total más los créditos expuestos en los balances de la Corporación reflejaban un valor total de US$ 7.400.000, por activos contra Migranja S.A. que no existían en la realidad, lo cual demuestra que los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo no eran ajustados a la realidad.

El ajuste a la realidad comenzó a darse cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo, presidida entonces por el economista Julio de Brun, contabilizó la inversión en Migranja S.A. al 31 de diciembre de 2000 en un valor nulo, reflejándose con mayor transparencia en el balance al 31 de diciembre de 2001 las pérdidas totales sufridas por la CND en Migranja, por un total de US$ 13.350.000, según el siguiente detalle extractado de la Memoria y balance de la Corporación al 31 de diciembre de 2001:

Pérdidas de CND en Migranja S.A. (según la CND)

Inversión Inicial

1.000.000

Asistencia financiera 1999-2001

8.200.000

Compra créditos CII Y CFI

3.500.000

Compra créditos BROU

3.800.000

Pasivos asumidos

1.000.000

  Total egresos

17.500.000

Venta acciones

3.750.000

Otras cuentas a cobrar

400.000

  Total ingresos

4.150.000

  Resultado

-13.350.000

j) La supuesta excepcionalidad del emprendimiento y las causas de su crisis

Los argumentos principales expresados por las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el seno de la Comisión Investigadora para sustentar la necesidad de evitar que la empresa cerrara, a pesar de su situación que ya fue reseñada más arriba, estuvieron referidos a la excepcionalidad del emprendimiento con respecto a: a) la aplicación de nueva tecnología y su carácter de empresa "modelo" en el sector frutícola; b) su capacidad exportadora; y c) su papel social como empleadora de mano de obra.

Sin embargo, como se verá enseguida, la calificación de Migranja en los tres aspectos reseñados se encontraba muy lejos de lo afirmado.

1. Empresa "modelo" en el sector frutícola

A este respecto se analizan, a continuación, un conjunto de aspectos tecnológicos y productivos que caracterizaron a la empresa.

Con respecto al sistema de riego los ex Directores de la Corporación justificaron las inversiones en el sistema de riego, aunque en su descripción no tomaron en cuenta los costos que tuvo que asumir Migranja para su instalación. En el período 1990-1999 el costo total del riego alcanzó los US$ 4 millones, por errores en la estimación inicial de la cantidad de agua que se necesitaba.

La doctora Milka Barbato expresó: "...la plantación cuenta con dos estaciones de bombeo y una de rebombeo, que permiten una adecuada distribución del agua. El 80% del predio está bajo riego por goteo, que se controla desde una central computarizada. El 20% restante es irrigado por sistemas de microaspersión. La red de irrigación se sustenta en dos fuentes de agua principales: el Río de la Plata y el río Pavón".

Sobre los errores cometidos expresó el ex Director Angel Alegre: "...no es la primera empresa que se inicia, en cualquier parte del país y en cualquier lugar, que tiene que cambiar sobre la marcha el lugar de riego y las inversiones. Si no encuentra agua suficiente en un lugar, se va a otro, superando las posibilidades de inversión de riego. (...) No he visto ningún proyecto de inversión en este país, me atrevo a decir que no solamente sobre riego, que no se equivoque o tenga que solucionar sobre la marcha las inversiones que se dan en su momento".

Asimismo, el escribano Julio Gemelli señalaba: "Todo el sistema de riego está interconectado, por lo cual no hay posibilidades de que falte agua. Al secarse el Pavón se comienza a sacar agua del reservorio del Sauce el cual, como ya fuera comentado, es abastecido directamente desde el Río de la Plata. En el último verano se utilizó mucho la bomba del Río de la Plata y a pesar de la sequía no hubo ningún problema de salinidad".

Con respecto a los problemas del sistema declaró: "Dado que el proyecto funcionó durante unos cuantos años... los tubos de plástico y de goma que llevan el agua, sobre todo los que están expuestos al sol, al aire, se iban estropeando, secando y resecando, por lo que se producían pérdidas y tenían que ser recambiados. Recuerdo que el administrador que la Corporación puso al frente de Migranja -cuando tomó la mayoría del paquete accionario, el señor Miguel Sarni- se preocupaba mucho de las pérdidas de agua que había porque había algunos kilómetros de ese tendido que estaban resecos y tenían que cambiarlos urgentemente".

El informe realizado en 1989 por el contador José Rafael Menéndez, del Departamento de Proyectos de la Corporación Nacional para el Desarrollo, había alertado sobre los riesgos que presentaba el proyecto de riego, para los técnicos del Banco de la República: "Por parte del BROU se puso el énfasis en las dudas que les quedaba respecto del subproyecto de riego, en particular sobre la posibilidad de obtener la cantidad de agua que demandarían las plantaciones en plena producción". Agrega más adelante que este tema "fue el punto más consultado dentro de la evaluación técnica. Los datos adicionales que se obtuvieron, permiten concluir que se tendrá agua suficiente para el proyecto en plena producción. Como última alternativa viable, se ha considerado la posibilidad de traer agua del Río de la Plata; ello aparejaría una inversión adicional -no tomado en la inversión original del riego del proyecto- de aproximadamente US$ 250.000, según el último informe técnico proporcionado por Migranja S.A.".

No hay duda de que se erró no sólo en los volúmenes de agua que se necesitaban, sino también en los montos adicionales de inversión que se iban a requerir.

A pesar de que la doctora Milka Barbato respondió no tener el dato económico de cuánto costó el desfase que hubo en el tema del riego (página 44 del Acta Nº 1900), según se desprende de los balances de Migranja, se invirtieron desde 1990 hasta el 30 de junio de 2000 unos US$ 4 millones en equipo e instalaciones de riego, de los cuales más de US$ 1 millón se desembolsó entre los años 1993 y 2000.

Con respecto a los problemas de agua que tenía el establecimiento son muy ilustrativas las declaraciones del doctor Alberto Zumarán: "El otro tema que me llamó mucho la atención -no por técnico sino por haberlo vivido- es que Migranja no tenía agua, y el riego es un elemento esencial para que sea una fruticultura moderna y de exportación. Creo que ya dije que en Los Cerrillos nunca hubo agua -por lo menos hasta que se vendió-, pero en San José, primero se hizo una obra de riego sobre el arroyo Pavón -que es el que está al lado-, aunque no alcanzaba... fui a Migranja con el señor Apariquián y me quiso mostrar la obra que estaba haciendo; me dijo: 'Mire lo que estoy haciendo porque voy a extraer agua del Río de la Plata'". Sin embargo, Alberto Zumarán agregó que él le aconsejó no tomar agua del Río de la Plata debido a los problemas de salinidad que afectaban a las plantas lo que, según el doctor Alberto Zumarán, agregó dificultades al emprendimiento.

Al parecer los problemas con el agua eran de variada índole: el economista Roberto Horta expresaba (Acta Nº 1882, página 22): "Para que las plantitas crecieran debían tener un riego especial, una por una, con una tecnología lo más moderna posible. Se empezó con una tecnología de aspersión, pero en ese momento no se había previsto que como en esa zona había tanto viento este sistema de riego no regaba suficiente teniendo que optarse por el sistema de goteo. Estas cuestiones como también la de la variedad de las plantas fueron inversiones adicionales al proyecto a las que hacía frente el sponsor privado. Ante ese problema de riego -no recuerdo la parte técnica- hubo necesidad de traer el agua del Río de la Plata y no de los depósitos que se hicieron en el propio predio, lo que mereció una inversión mayor".

Por lo tanto, la inversión adicional en riego que fue necesario hacer implicó uno de los costos extra que el emprendimiento tuvo que asumir.

En cuanto al drenaje, la doctora Milka Barbato señaló: "Además, se efectuaron importantes inversiones en infraestructura con el objeto de garantizar el adecuado manejo de la producción. Se construyeron 28 kilómetros de caminería de balasto, un sistema importante de drenaje para lograr una correcta evacuación de aguas pluviales y un sistema de sostén combinado con la plantación de cortinas corta vientos".

Sin embargo, a pesar de ello, el doctor Zumarán observó: "también quiero hacer un segundo señalamiento. Quien vaya un día a Migranja, entre las novecientas y pico de hectáreas verá una zona muy llana que termina en el Río de la Plata, sin ningún tipo de relieve. ¿Qué ocurrió en Migranja? En el Uruguay hay períodos -sobre todo algunos veranos- de gran sequía, pero otros en los que se da el polo opuesto y empieza a caer agua sin parar... por lo cual los terrenos muy bajos, sin desequilibrios naturales en cuanto a las alturas, tienen problemas de drenaje. En Migranja siempre hubo terribles problemas por un drenaje mal resuelto, que llevó a que se perdieran muchos de estos montes de duraznos y de nectarinas e, inclusive, a tener grandes problemas con la manzana".

"El drenaje, que es una tarea primera que hay que hacer, fue mal hecho en Migranja, y de ahí en adelante, una vez que están plantados los montes de frutales, no hay manera de cambiar el drenaje, porque si hay 1.000 o 2.000 por hectárea, no se puede cambiar la inclinación; hay alambres, postes, etcétera. Entonces, en gran parte, el hecho de que hoy la cantidad de hectáreas de Migranja sea menos de la mitad que la que antes había, se debe a esos grandes problemas de drenaje que hubo. Asimismo, hubo problemas de manejo muy complicados y problemas sanitarios de hongos también muy complicados".

"Por otro lado, hubo caminos que fue necesario llenar con pedregullo a lo largo de varios kilómetros para poder pasar, con un costo muy grande. Si se quería salir cien metros del camino y ver algún monte, era imposible; había que chapotear en el agua. (...) Apariquián planteó al Instituto Nacional de Colonización la posibilidad de trabajar Migranja porque, lindero a Migranja, hay una colonia de leche del Instituto, con superficies chicas -de 20 o 30 hectáreas-, y estaba en una situación económica muy difícil. Yo fui con el Presidente del Instituto de aquella época a una reunión con los productores que se estaban haciendo allí para que dejaran la leche, el tambo, y pasaran a ser granjeros... y como siempre me gusta mirar, observar, ¿qué encontramos? Dos o tres tractores enterrados que hacía varios días o semanas que estaban en el barro porque no había manera de sacarlos".

La doctora Milka Barbato, ex Directora de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el período 1990-2000, de la cual fue Presidente en el período 1995-2000, en la sesión del 3 de julio de 2003, expresaba (Acta Nº 1900, página 24): "Existieron diferentes problemas de drenaje y de trazado de desagües que obligaron a tomar medidas con relación al manejo de las aguas y a arrancar un número importante de plantas por problemas de drenaje. Se arrancaron montes de variedades poco productivas, sin mercado o con problemas sanitarios crónicos, y se efectuaron importantes trabajos de desagües".

De modo que errores en el diseño de los sistemas de drenaje agregaron costos no previstos al emprendimiento que se suman a los ya señalados con relación al riego.

Con respecto al packing y al frío, la doctora Milka Barbato expresó: "la empresa utilizó el 'packing' del Frigorífico CORFRISA, que fue escogido inicialmente para poder utilizar las cámaras de frío del frigorífico, sin una inversión de activo fijo, así como contar con el aprovisionamiento de frío necesario para sus actividades".

"Posteriormente, en 1996 y 1997, la empresa incorporó modernas instalaciones en la planta productiva en San José, compuesta de dos cámaras de frío cada una, equipada una de ellas con túneles para enfriamiento rápido y conservación, y otra para conservación. También se instaló una línea de 'prepacking' para clasificar la totalidad de la cosecha".

Por las declaraciones de Miguel Sarni, sabemos que se siguió pagando a CORFRISA por el packing y el frío hasta el año 2001, por lo que las mencionadas instalaciones no impidieron que se continuaran necesitando los servicios de CORFRISA.

2. Capacidad exportadora

Migranja tuvo siempre problemas importantes de productividad y bajos niveles de exportación. Según el proyecto original, el rubro principal a exportar (65% de las exportaciones) estaba representado por manzanas tipo "granny". Como expresó el doctor Alberto Zumarán, el principal rubro de exportación no se basaba en una variedad nueva de frutas sino en una existente en el país desde 1930. Esto contradice las afirmaciones de que el proyecto en 1989 innovaba incorporando nuevas variedades de frutas.

El proyecto original preveía la venta de 24.347 toneladas de frutas en un año normal del proyecto, por un valor de casi US$ 10 millones, discriminándose en 13.037 toneladas de manzanas granny, 4.446 toneladas de manzanas rojas, 6.037 toneladas de otras frutas y 827 toneladas de hortalizas.

Sin embargo, según un informe del Gerente General, señor Miguel Sarni, al Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de 17 de agosto de 1999, "el potencial de producción de las plantaciones actuales es de 23.000 toneladas, pero la empresa alcanzó sólo un poco más del 50% de esta producción", por "descuido de los trabajos de mantenimiento de los drenajes, deterioro de la maquinaria, falta de podas, falta de curas para control de plagas, cosechas tardías".

Cuando Miguel Sarni compareció en la Comisión Investigadora el 14 de agosto de 2003, preguntado concretamente sobre los volúmenes de producción del establecimiento, dijo que la producción era de 10.000 u 11.000 toneladas.

Según el informe del contador Menéndez sobre el proyecto original, el porcentaje estimado de las ventas al mercado externo se esperaba que fuera del 70-80%, proyectándose vender el resto al mercado interno.

Sin embargo, Migranja no logró nunca un volumen de calidad de exportación que superara el 30 ó 40%. Por lo que no sólo no exportó lo previsto, sino que inundó el mercado interno con la producción no exportable.

Con respecto a la productividad la doctora Barbato expresó: "En 1996 y 1997 el proyecto se encontraba en franco desarrollo y en ese entonces alcanzó a una producción de 6.000 toneladas en ambos períodos; para el 2000 se preveía alcanzar las 11.000, para el 2003, las 16.000, para el 2008, las 28.000 toneladas".

Preguntado el ex Gerente General de Migranja durante la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el señor Miguel Sarni, por qué había afirmado que el campo tenía un potencial de producción de 23.000 toneladas y no alcanzaba al 50% respondía Miguel Sarni: "Yo he detectado que la Directiva anterior lo que hacía era sacar volumen de fruta. Y nosotros optamos por otra cosa. Yo la fruta que ya está picada por los pájaros, los frutos mellizos, pegados, los dejaba en el árbol, porque estaba pagando jornal, tractorista y frío. Quizás en ese cambio no son 11.000 o 12.000 toneladas, pero bajamos un poco. Creo que en los dos años nunca tuvimos una cosecha normal. Ese es el punto. Pero había montes que estaban en formación. No sé de dónde surgieron esas 23.000 toneladas porque el campo nunca puede dar eso. Por lo tanto, había que hacer una empresa para las 11.000 toneladas...".

Por lo tanto, la empresa no tenía ninguna posibilidad de alcanzar las 16.000 toneladas para el 2003 ni mucho menos las 28.000 para el 2008, argumento expuesto por la doctora Milka Barbato.

Decía también la doctora Milka Barbato (página 20): "Por otra parte, la importancia de incorporar tecnología se demuestra con los datos. Al principio, la empresa obtenía 10 toneladas por hectárea, luego 59 y después 80".

¿Cómo puede afirmar la doctora Barbato que la empresa obtenía 80 toneladas por hectárea, si no pasaba de las 10.000 u 11.000 toneladas para todo el establecimiento? Aquí la doctora Milka Barbato se equivoca nuevamente, 80 toneladas por 600 hectáreas son en total 48.000 toneladas, cuando la empresa obtenía cinco veces menos.

En cuanto al nivel de exportaciones alcanzado por Migranja expresó la doctora Milka Barbato (página 20): "Las cifras muestran que Migranja exportó en 1995 por US$ 268.000, en 1997 por US$ 1.400.000, en 1998, por arriba de US$ 3.000.000, en años siguientes por encima de US$ 5.000.000 y tenía como objetivo llegar en 2006 a los US$ 12.000.000".

Para comprobar esta información la Comisión Investigadora solicitó al Ministerio de Economía las cifras de exportaciones correspondientes a Migranja. El Ministerio envió a la Comisión copia del informe producido por la Aduana, en dichas planillas no se presentan totales, pero si se hacen las sumas correspondientes, surge que los montos exportados por Migranja son los siguientes: en 1998 US$ 3,3 millones, en 1999 US$ 3 millones, en el año 2000 US$ 2,2 millones y en el año 2001 US$ 2,4 millones.

Por lo tanto, nuevamente, las afirmaciones brindadas en la Comisión contrastan con los datos de la realidad del emprendimiento en cuestión.

El señor Miguel Sarni también opinaba que para trabajar para la exportación había que hacerlo en forma diferente a la anterior administración (página 8): "...¿cómo se trabaja para la exportación? Quizás todos hemos viajado y hemos visto esa fruta que hay que tocarla porque parece que es de cera, y acá estamos acostumbrados a unas manzanitas chicas del Mercado Modelo que son incomibles. Entonces, ¿cómo se logra esa manzana? Cuando sale la flor, hay que tirar el 50% de la flor; cuando sale el fruto, hay que tirar 50% del fruto. La pregunta es: "¿Cuánto kilos pierdo?" No se pierde, porque el que queda nace bien, calibre 80, 90 ó 110, y usted vende kilos. Eso me costó un disparate hacerlo entender. Me decían: "No, yo saco todo". Y claro, así era imposible trabajar en la calidad de exportación".

3. Empleadora de mano de obra

Finalmente, con respecto al personal ocupado, el proyecto original preveía la ocupación permanente de 14 técnicos profesionales, 70 empleados y 109 obreros (193 personas) y la de 367 obreros zafrales, entre los meses de marzo, abril y mayo. Sin duda que los flujos de fondos del proyecto original se calcularon en base a determinados costos salariales y de previsión social.

Sin embargo, la empresa padeció de un manejo operativo de gran ineficiencia, a tal punto que jamás logró salir de una situación de pérdida operativa consuetudinaria, con elevadísimos costos y una rotación altísima de gerentes y encargados, necesitó mayores cantidades de personal de las que podían equilibrar la balanza de ingresos y costos de la empresa.

Como expresaba el señor Miguel Sarni en la comparecencia a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el 5 de julio de 2001, "Migranja llega a emplear, en los picos más altos de cosecha que van de enero a abril, alrededor de 800 personas. Por ejemplo, en este momento tenemos 350 trabajadores como personal estable, pues empieza la poda de invierno".

El Presidente de JUMECAL, Alberto Zumarán, era muy gráfico al referirse a la falta de competitividad del establecimiento: "Creo que nunca encontré dos veces al mismo técnico cuando iba a hablar con él; siempre los cambiaba. Primero fueron ingenieros nacionales, después fueron chilenos -por lo menos hubo dos chilenos- y al final era un norteamericano... no está bien que una explotación de doce años haya tenido cinco, seis o siete direcciones técnicas, cuando todas ellas cambiaban la poda, la plantación, esto o aquello. Eso no le dio seriedad y solvencia a la cosa".

"La otra crítica que siempre le hacía es que, por ejemplo, quienes estaban podando eran todos principalmente de Juanicó y todos los días los llevaba en ómnibus; siempre estaban los ómnibus parados allí. ¡El costo que eso significa! Alguna vez que fui en épocas de cosecha, pude constatar que los cosechadores venían de San José, también en ómnibus. Se imaginan que por el costo que todo eso significaba tenía una competitividad totalmente negativa. En ese sentido, he leído varias veces que la Corporación Nacional para el Desarrollo ha tenido que defender ese emprendimiento porque daba 800 fuentes de trabajo. Si no son ni 600 hectáreas -son 550-, da 1,6 ó 1,7 personas por hectárea. En Melilla tendríamos (que contratar) 3.000 trabajadores. En mi quinta no sé que haría; con el gasto que tendría de BPS tendría que cerrar. Yo tengo una relación con Migranja de 1 a 10, y nunca llegué a tener veinte personas. Claro que yo no hago "packing", sino que sólo me dedico a la parte agrícola. Pero creo que cualquier Ministerio sabe y que DIEA sabe que en una hectárea frutícola la relación es de 1 trabajador cada 3 hectáreas. De modo que en este caso serían 200 personas, y 100 más en el "packing". Entonces ¿de dónde salieron 800?".

En el informe del señor Miguel Sarni, del 17 de agosto de 1999, propone, entre las soluciones necesarias, "revocar todo el Directorio de Migranja S.A., excluyendo los actuales y sobre todo en la parte operativa", "reestructura de la organización de la empresa", "trasladar la sede central al packing en Las Piedras; junto a la administración"; "inmediata atención al manejo de la plantación".

Lo que sucedió fue que en lugar de requerir de unas 285 personas en promedio por mes, como se había proyectado (193 permanentes y 367 zafrales durante tres meses al año) terminó contratando unas 500 personas promediales.

Los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo, califican como muy exitoso el proyecto Migranja, teniendo en cuenta la cantidad de gente empleada. También califican como muy exitosas las exportaciones al exterior, las plantaciones que quedaron, las inversiones existentes, pero en ningún caso se preguntan ¿eran costos que la empresa podía pagar, en función de los ingresos que percibía?

Los 800 puestos de trabajo aludidos sólo existían durante la época de plena zafra, pero en promedio durante todo el año eran 500 puestos (300 permanentes y 500 durante cinco meses, lo cual da unos 200 anuales), y la Corporación Nacional para el Desarrollo sólo tuvo la responsabilidad entre fines de 1999 y fines del 2001, unos veinticuatro meses.

A su vez, como se verá más adelante, la pérdida total para el Estado uruguayo en el salvataje de Migranja ascendió a U$ 22 millones.

Por lo tanto, si dividimos US$ 22 millones entre 500 puestos de trabajo y entre veinticuatro meses nos da más de US$ 1.800 por mes y por persona. Pero, si se prefiere tomar en consideración sólo lo que la Corporación perdió por asumir el paquete accionario de Migranja, U$ 13 millones, nos da más de U$ 1.000 por mes y por persona.

Un seguro de desempleo para 500 personas durante veinticuatro meses a razón de US$ 200 por mes hubiera supuesto un costo de US$ 2,4 millones, no de US$ 22 ó U$ 13 millones.

Por lo tanto, no se pueden manejar los recursos públicos con tanta liviandad, sino que deben asignarse en la forma como lo establecen las leyes de la República. La Corporación no tenía derecho a hacer perder al Estado uruguayo sumas tan importantes. ¿Se ha tenido en cuenta la cantidad de actividades del Estado que se podrían haber financiado con esos recursos? ¿O es que la Corporación tiene potestades como para definir arbitrariamente a qué empresas subsidiar?

Si bien no se ha proporcionado el contrato final de venta de la empresa Migranja al grupo inversor privado a fines del año 2001, es sabido que de las 250 personas que había contratadas al 30 de noviembre de 2001, los compradores se obligaron a mantener solamente 90 personas, a su elección, debiendo la Corporación asumir el pago de todas las indemnizaciones generadas como consecuencia del despido del personal que quedara cesante a elección del comprador, lo que seguramente, al conocerse el balance del 2002 de la Corporación Nacional para el Desarrollo, seguramente aumentará la pérdida de ésta en el emprendimiento Migranja, puesto que del precio percibido por la venta se deducen los costos de las indemnizaciones por despido de más de 150 trabajadores.

Pero analizando los costos sociales vinculados a la empresa Migranja, lo que sí se debe tomar en cuenta son las afectaciones generadas a los productores granjeros por las distorsiones que la actividad de Migranja generó durante cierto tiempo en el mercado interno.

Efectivamente, a las graves pérdidas generadas por el sostenimiento poco explicable de una empresa claramente deficitaria a costa de los dineros públicos, deben agregarse los perjuicios que el posicionamiento de esta empresa, altamente subsidiada, produjo en el mercado frutícola nacional. En efecto, de acuerdo al Semanario Búsqueda (22 de agosto de 2002) la Confederación Granjera ha denunciado la competencia desleal de Migranja y su impacto en la distorsión del mercado frutícola.

Sobre la intervención de Migranja en el mercado interno declaró el doctor Servando Arrillaga (página 24): "Es imposible que una empresa de este tipo no participe en el mercado interno porque, obviamente, hay categorías de productos que no se pueden exportar. Pero la participación de Migranja en el mercado interno ha sido mínima. Para dar números redondos, puedo decir que la producción de manzanas del país es entre 50.000 y 60.000 toneladas. Migranja participa con aproximadamente 5.000 ó 6.000 toneladas, que se destinan, más o menos por mitades, a la industria y al mercado interno. Quiere decir que con respecto a este famoso tema que muchas veces se ha planteado, en realidad Migranja está entrando al mercado interno -a las fruterías o supermercados- con alrededor de 2.000 ó 2.500 toneladas frente a aproximadamente 55.000 del resto de la producción nacional. Dicho de otra manera: el resto de la producción nacional prácticamente no se exporta.

Sin embargo, éste no parece ser el punto de vista de los productores.

La distorsión en el mercado interno fue afirmada por los Directores de JUNAGRA. En la comparecencia de la Comisión Directiva de la Junta Nacional de la Granja, el señor Roberto González, representante en la JUNAGRA por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto decía: "en esos años el sector granjero -básicamente frutícola- estaba orientado casi en un cien por cien hacia el mercado interno... en su momento (en Migranja) se logró un volumen de calidad de exportación del 30% ó 40%; no es nada fácil llegar a esos guarismos en estándares de calidad. Los descartes incidieron en los precios internos de los productos, produciendo ciertas distorsiones...".

El ingeniero César Mari, representante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Presidente de JUNAGRA decía "cuando uno hace un proyecto de exportación, los números tienen que dar. (...) Tendría que pensar en un proyecto de exportación donde el 60% ó el 70% de la fruta cumpla con los niveles exigidos para exportación. ...El 72% de la citricultura nacional se exporta. Imaginen si revertimos los procesos, qué pasaría con la citricultura de los pequeños productores".

El señor Fernando López, representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural en JUNAGRA, se expresó en forma similar, que "había un problema importantísimo de calidad en la fruta de Migranja, que no superaba el 20% ó 30% de fruta exportable".

En el proyecto se establecía que dado que el mercado interno se encontraba totalmente abastecido por los actuales productores de frutas, para no introducir distorsiones en el mercado interno, Migranja S.A. se comprometía a adquirir a los actuales productores de frutas un volumen similar al que coloque en el mercado interno de fruta y hortaliza fresca. Se supone que Migranja iba a comprar a los demás productores nacionales fruta de calidad exportable, y a cambio iba a vender en el mercado interno un volumen no mayor a la cantidad comprada.

Sin embargo, las distorsiones que produjo Migranja en el mercado fueron mayúsculas, y fueron agriamente criticadas durante años por los demás productores.

El señor Jorge Touron, delegado en la Junta Nacional de la Granja por las Cooperativas Agrarias Federadas expresó que "nos hemos sentido a través del tiempo muy perjudicados por este proyecto". Se refirió a "todo el perjuicio que causó una empresa que enviaba toda la fruta al mercado interno como si la mandara a exportación, ...y, desgraciadamente, competían con los precios de nosotros, los productores".

En el mismo sentido se expresó el señor Fernando López, representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural: "lo peor de todo fue el impacto (de Migranja) sobre el mercado interno, sobre los medianos y pequeños productores, que son los que trabajan fundamentalmente atados al mercado interno. Ahí el principal problema que se creó fue un "dumping" interno (...) ¿Por qué? Porque había una distorsión del precio del mercado a partir de costos diferenciales de la empresa Apariquián con el resto de los que estábamos trabajando en el mismo mercado... Voy a poner un solo ejemplo. En el año 1997, cuando se introdujo en el mercado interno fruta en caja de exportación muy bien presentada y con un sistema de calidad interesante, el valor de la caja y el flete era mayor que el valor que vendían ellos la caja de manzana al mercado. La pregunta es si eso no es una distorsión y un impacto negativo en contra del sector productivo nacional (...) solamente el flete más la caja valía lo que ellos vendían la caja con fruta y todo".

Según el proyecto, el mercado interno al que se iba a dedicar Migranja era al de las fábricas de jugos de frutas y supermercados. Sin embargo, las ventas a la industria fracasaron, y se destinó todo el descarte al mercado interno.

Evidentemente, el accionar de Migranja en el mercado interno provocaba irritación entre los pequeños productores. Así lo manifestaba el ingeniero agrónomo Carlos Sammarco, del Programa de Reconversión de la Granja (PREDEG) del Ministerio de Ganadería: "el Programa 'Granja 2000', cuando procuró sumar o incorporar productores al emprendimiento... fracasó. Las razones se pueden discutir, si fue un problema de errores de estrategia de relacionamiento y si también influyó en forma muy relevante el accionar de la empresa en el mercado interno, que fue generando barreras y vallas para comunicarse, relacionarse y generar confianza en otros productores".

El ingeniero agrónomo Carlos Sammarco agregó que "el emprendimiento surgió con la exportación y luego se vio obligado, necesariamente, a volcar al mercado interno un volumen muy importante de fruta... cuando la empresa comenzó a volcar sus productos al mercado interno se produjo un cataclismo ya que, obviamente, logró transferirlos a precios muy competitivos, desarrolló una estrategia de marketing que no tenían las otras empresas del sector, e incidió en los consumidores... los otros productores deberían haber creado estrategias asociativas para compensar el peso que Migranja estaba ejerciendo en la oferta".

Lo mismo expresaba el doctor Alberto Zumarán, en su comparecencia como Presidente de JUMECAL: "Migranja si bien se dedicó a exportar, en el mercado interno fue un desastre... los precios fueron ruinosos, a la baja, porque no sabían qué hacer. Ellos ya tenían preparada la exportación, con todo el gasto de embalaje que ello supone, que generalmente es más que el valor de la fruta: si la fruta sale US$ 3, el "packing" representa otros US$ 3; pero cuando la exportación no salía, mandaban la fruta al Mercado Modelo sin ton ni son y sin una planificación".

En síntesis, Migranja presentó notorios fracasos en el diseño de su proyecto productivo que le implicó costos adicionales no previstos en materia de riego y drenaje; por otra parte, el modelo de gestión adoptado presentó, según se señalaba más arriba, notorias deficiencias; a su vez Migranja tuvo grandes problemas de productividad; los niveles alcanzados de calidad de exportación estuvieron muy por debajo de los esperados por fallas evidentes en el diseño del proceso productivo; se produjo un fuerte impacto negativo en el mercado interno por el traslado a este de importantes cantidades de producción descartadas de la exportación y el impacto en mano de obra ocupada estuvo bastante por debajo de lo anunciado.

Por lo tanto, los rasgos excepcionales que fueron aducidos por las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo para justificar su inversión están muy lejos de configurarse, por el contrario la reseña presentada muestra a una empresa con graves dificultades y que cometió enormes errores de planificación y ejecución.

k) Las empresas vinculadas

Se preguntó a los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo del período 1990-1995 si conocían la existencia de vinculaciones del Grupo Sponsor con empresas que contrataban con Migranja, a lo cual el economista Roberto Horta respondió (Acta Nº 1882, página 23): "Tampoco puedo decir que tuviéramos alguna referencia con respecto a que Migranja contratara con empresas vinculadas al Grupo Sponsor. La gestión la hacía el Grupo Sponsor y nosotros no interveníamos en ella".

Es relevante señalar que, según el balance de Migranja al 30 de junio de 1997, la empresa debía a la firma Sumasol S.A. $ 5.000.000 (más de US$ 500 mil en esa época), siendo una empresa según las notas a los estados contables, vinculada directamente a uno de los Directores.

Según la nota, esta empresa estaba encargada de la comercialización de las frutas en plaza y durante el ejercicio 1997 se vendieron a esta empresa $ 13.000.000 (aproximadamente US$ 1,5 millones), de un total de ventas locales de $ 18.000.000, pese a lo cual al cierre del ejercicio se le debía plata. Al 30 de junio de 1998 se debían a Sumasol $ 1.817.000, no informándose si había habido o no ventas a esta empresa; al 30 de junio de 1999 se debían a Sumasol $ 1.219.000 y al 30 de junio de 2000 no se informa sobre deudas con esta empresa.

Con respecto a esta empresa manifestó el ex Director del período 1995-2000, Ángel Alegre (Acta Nº 1900, página 50): "No teníamos conocimiento de la empresa Sumasol ni de las transacciones que realizaba con Migranja, porque no manejábamos la empresa en sí. Una empresa privada puede tener relaciones con otras empresas privadas, independientemente de sus socios. Debo aclarar que después que asumimos la totalidad del paquete accionario, para nosotros no existió ninguna empresa intermediaria en la comercialización interna ni externa; eso lo asumió directamente Migranja, directamente con el 100% de las acciones propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo".

Esta empresa estaba vinculada con el Director Martín Apariquián. Migranja S.A. no realizaba por sí la comercialización de las frutas en plaza, sino que dejaba un margen de comercialización a una empresa vinculada con el accionista principal, que era quien se suponía que tenía a su cargo en la propia Migranja la gestión comercial de la empresa. ¿Cómo puede entenderse que la realizara a través de una empresa propia, que compraba a Migranja y la vendía en el mercado interno, en lugar de realizar esa gestión como Director de Migranja? Aparentemente, esta operativa contaba con la indiferencia de los Directores de la Corporación. Estos no supieron informar nada acerca de esta empresa, pese a que su existencia surgía de los balances de Migranja S.A. Por lo tanto, no fue posible profundizar en relación a los beneficios que esta empresa pudo haber obtenido a partir de su operativa con Migranja.

También se preguntó si los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo sabían quiénes eran los propietarios de CORFRISA. Según la doctora Milka Barbato (página 49): "Con respecto al tema CORFRISA, no manejamos quiénes son los accionistas. Sí es cierto que cuando se contrató con este packing, ello le permitió a la empresa no tener que hacer las inversiones que significaba un "packing" y poder disponer del frío y del "packing" que necesitaba, aprovechando lo que era la instalación de las cámaras de frío de CORFRISA. Actuábamos en minoría, pero finalmente en los años 1996 y 1997 se tomó la decisión de hacer esa inversión en la propia empresa".

El señor Miguel Sarni, Gerente General de Migranja desde que la Corporación Nacional para el Desarrollo asumió el control de la empresa, dijo con relación a esta firma (Acta Nº 2010, página 10): "CORFRISA tenía un contrato de alquiler por US$ 4.000 ó US$ 5.000 y después estaban las facturas de frío. Al siguiente año, nos reunimos con el Gerente, negociamos y nos bajó el frío".

Preguntado sobre cuánto se habría pagado en total a CORFRISA en el período 1999-2001, respondió: "En total serían US$ 5.000 por alquiler -US$ 60.000 al año- y más de US$ 100.000 por año por concepto de frío. En dos años habrán sido US$ 200.000 o US$ 300.000, pero lo estoy diciendo de memoria y sin un conocimiento exacto. (...) Una de las grandes preocupaciones era eliminar a CORFRISA, por lo menos para mí, porque estábamos a 120 kilómetros del campo. Nosotros la fruta la recogíamos en enero, a 38 grados. La metíamos en una pequeña cámara que estaba en el campo y de noche teníamos que hacer seis o siete viajes con camiones con zorra y las lonas mojadas. No llegamos nunca porque hacer las cámaras de frío en el campo implicaba una inversión de entre US$ 1.500.000 y US$ 2.000.000. (...) No sólo se trataba del "packing". Nosotros teníamos todas las cámaras frigoríficas que nos arrendaban".

En la comparecencia del doctor Alberto Zumarán, presidente de JUMECAL, el mismo declaró a la Comisión Investigadora (Acta Nº 1969, página 18): "El señor Apariquián varias veces nos invitó a su predio en San José, debido a que había hecho un "packing" marca Roda en el Frigorífico CORFRISA ubicado en Las Piedras, el cual era muy moderno y de muy buen nivel técnico".

Las expresiones del doctor Alberto Zumarán generan la interrogante sobre una eventual vinculación entre la empresa CORFRISA y el señor Martín Apariquián. Por las declaraciones del señor Miguel Sarni se sabe que Migranja pagaba sumas importantes a esta empresa por arrendamiento del packing y de las cámaras de frío.

l) La desproporción del costo total del proyecto

Como expresó la doctora Milka Barbato (página 23) "la inversión superó largamente los US$ 19.000.000 primero, US$ 21.000.000 después y luego los US$ 25.000.000 previstos inicialmente. La evolución mostró que entre los años 1990 y 1999 fue necesario corregir cálculos, aumentar aportes, otorgar préstamos por parte de las corporaciones, siempre que hablo me refiero a las del BID y el Banco Mundial, al BROU, al mercado de obligaciones que también invirtió en esta empresa y al propio Grupo Sponsor".

"Fueron necesarias incorporaciones adicionales de equipamiento, sustituir variedades plantadas en los primeros años que no dieron el rendimiento esperado, a efectos de potenciar un fuerte nivel de crecimiento y se sustituyeron en diversas ocasiones hectáreas de plantaciones, incorporando distintas variedades de manzanas y nectarinas. Se fueron agregando hectáreas de manzanas con las inversiones adicionales que ello requería en materia de riego y de infraestructura. Dado que el desarrollo del vivero estaba íntegramente relacionado con el crecimiento y la mejora del perfil de las variedades, se instaló riego por goteo en el vivero, con el objetivo de obtener 200.000 plantas por año. Con el fin de optimizar el manejo de la producción, se incorporó una nueva línea de "packing" en la Ruta Nº 1, se amplió el galpón de "packing", se construyó una cámara de frío forzado para palets, cámaras de manutención de palets y silos para las manzanas".

"Existieron diferentes problemas de drenaje y de trazado de desagües que obligaron a tomar medidas con relación al manejo de las aguas y a arrancar un número importante de plantas por problemas de drenaje. Se arrancaron montes de variedades poco productivas, sin mercado o con problemas sanitarios crónicos, y se efectuaron importantes trabajos de desagües".

También expresaba la doctora Milka Barbato (página 26): "En definitiva y en lo que hace a los costos del proyecto, hay que tener en cuenta entonces que éste fue un proyecto pionero en el campo de la fruticultura uruguaya y, por tanto, tuvo que incurrir en gastos e inversiones que no hubiera tenido en otro sector tradicional de la economía. Además, debió sortear los más variados ámbitos de dificultades propias de la falta de conocimiento y experiencia".

Más adelante agregaba (página 29): "Como señaló el economista Julio de Brun cuando estuvo en el Parlamento, el Grupo Sponsor realizó inversiones por el orden de los US$ 19.000.000, entre capital y préstamos, a lo largo de los diez años en los que tuvo la gestión. Las corporaciones del BID y del Banco Mundial aportaron en el orden de los US$ 10.000.000, entre capital y préstamos; US$ 3.000.000 de capital al principio y US$ 7.000.000 de préstamos después. El Banco de la República, US$ 8.000.000; no los US$ 11.000.000 o US$ 12.000.000 que se han señalado, porque esa cifra suma los intereses. Aquí me estoy refiriendo a capital, al igual que en los demás casos. Tampoco hice referencia a intereses de las corporaciones o de los préstamos del Grupo Sponsor, sino que hablé de capital. Los obligacionistas aportaron US$ 6.000.000; también me estoy refiriendo a capital, no a interés. Y la Corporación Nacional para el Desarrollo aportó US$ 1.000.000, al principio".

"Quiere decir que se aportaron US$ 19.000.000 por parte del Grupo Sponsor, US$ 10.000.000 por las corporaciones, US$ 8.000.000 por el Banco de la República, US$ 6.000.000 por parte de los obligacionistas y US$ 1.000.000 por la Corporación".

Consultada si los aportes totales fueron de US$ 44.000.000, respondió la doctora Barbato: "Sí, US$ 44.000.000, de los cuales más de la mitad eran del inversor privado, el resto de las corporaciones, parte del Banco de la República y el resto del mercado de obligaciones, con la Bolsa de Valores que evaluó el tema".

Sin embargo, distintos comparecientes ante la Comisión Investigadora declararon que el valor de inversión de una hectárea plantada con manzanas de variedad de exportación incluyendo los mayores adelantos tecnológicos e incluido el valor de las obras de riego podía valorarse en U$ 12.000, por lo que teniendo en cuenta que Migranja era un emprendimiento de 600 hectáreas, la inversión razonable en Migranja no podía superar los U$ 7 millones. Tales evaluaciones fueron formuladas por directivos de JUNAGRA y del PREDEG y fueron ambas coincidentes.

Por lo tanto, resulta evidente la enorme desproporción de la inversión que se aplicó en Migranja en la década de los noventa, sin duda la razón principal del fracaso empresarial y la confirmación más rotunda de que no se trataba precisamente de un emprendimiento "modelo".

m) Valoración global de la pérdida que representó Migranja para el Estado uruguayo

Para cuantificar la pérdida que significó Migranja para el Estado uruguayo se deben sumar las pérdidas sufridas por la Corporación (US$ 13,3 millones) más las pérdidas sufridas por el BROU (US$ 8,7 millones) lo cual da un total de US$ 22 millones perdidos por el Estado por causa de este emprendimiento.

Con respecto a la pérdida que directa o indirectamente sufrió el Estado uruguayo por su participación en la empresa Migranja se suscitó una discusión con el escribano Gemelli. El mismo hacía el siguiente razonamiento (página 40): "El señor Diputado Mieres puede plantear el tema desde el punto de vista de la pérdida del Estado o de la pérdida de las instituciones paraestatales o estatales que conformaron esta operación, pero no da nunca US$ 20.000.000. Si usted sostiene que la Corporación perdió US$ 13.000.000, podemos estar hasta allí de acuerdo. Pero de esos US$ 13.000.000 hay US$ 4.000.000 que se le pagaron al Estado uruguayo, porque se le pagaron al Banco República. Por lo tanto, si el Estado uruguayo recuperó US$ 4.000.000 por vía del Banco República, nunca perdió US$ 20.000.000; en el mejor de los escenarios perdió US$ 9.000.000. Usted podrá decir que no, pero esto es aritmética. Lo que un organismo del Estado le paga a otro nunca puede ser una pérdida para el Estado".

El escribano Julio Gemelli insiste dos veces más en la misma cuenta: "Reconozco que la Corporación al final de todo esto tuvo un rojo de US$ 13.000.000. (...) Pero de esos US$ 13.000.000, US$ 4.000.000 se pagaron al Banco República y están en sus arcas; el señor Diputado lo sabe. Por lo tanto, si vamos a lo global, el Estado nunca perdió US$ 20.000.000 ni US$ 13.000.000, sino US$ 9.000.000".

Pero un error repetido tres veces no se convierte en verdad.

Para analizar la pérdida del Estado globalmente considerado es necesario sumar las pérdidas de la Corporación más las pérdidas del BROU, dado que éste tenía a cobrar US$ 12,5 millones y cobró US$ 3,8 millones, por lo que perdió US$ 8,7 millones.

Estos US$ 3,8 millones son una pérdida para la Corporación y un recupero para el BROU. Por lo tanto, están incluidos en la pérdida de US$ 13,3 millones de la Corporación pero no están incluidos en la pérdida de US$ 8,7 millones del BROU. Si sumamos ambas pérdidas concluimos que el Estado en su conjunto perdió US$ 22 millones.

Al explicársele el error el escribano Julio Gemelli sostuvo que el BROU no había tenido ninguna pérdida (página 40): "Cuando se le pagó al BROU se le debían US$ 8.000.000 más intereses; se le pagó a través de un bono cupón cero que se compró en US$ 3.800.000, por el cual el Banco República va a satisfacer su capital, US$ 8.000.000 más los intereses... se satisfizo 100% la deuda del Banco República.

A tal punto fue así que el Banco nos devolvió las hipotecas correspondientes. Si no fuera así, si por algún mecanismo, vía cupón cero o cualquier otro medio de pago no hubiéramos satisfecho el 100% de la obligación, el Banco República nunca nos hubiera devuelto las hipotecas. Por lo tanto, queda clarísimo que el Banco no perdió nada".

Más allá de que finalmente no se entregó un bono cupón cero, sino un certificado de depósito en el BROU, el BROU dio por cancelada una obligación de Migranja de US$ 12,5 millones con la entrega de US$ 3,8 millones, asumiendo por consiguiente una importante quita y, por lo tanto, devolvió las garantías correspondientes. Pero eso no quiere decir que no hubiera tenido pérdidas.

Pero además, reiteradamente las actas de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo ya citadas señalaban que era imprescindible lograr una quita del BROU, lo que efectivamente se verificó finalmente en 2001.

En síntesis, la pérdida total para el Estado uruguayo de su participación en Migranja asciende a la suma de U$ 22 millones, al sumar los U$ 13,3 millones que perdió la Corporación Nacional para el Desarrollo más la quita que el BROU otorgó al cancelar su crédito contra Migranja por un valor de U$ 8,7 millones.

6.4. Otros emprendimientos productivos de la Corporación Nacional para el Desarrollo

Se presentan a continuación un conjunto de emprendimientos en los que si bien los montos finales de pérdidas son de menor entidad en comparación con los anteriores, debido a diversas circunstancias, es posible señalar cuestionamientos o interrogantes en las decisiones de la Corporación para el Desarrollo que se inscriben dentro de la descripción general sobre la forma en que este organismo actuó frente a los diversos emprendimientos productivos.

a. Trimma S.A.

Uno de los ejemplos negativos de la incursión de la Corporación en empresas productivas lo constituye Trimma. Presuntamente un emprendimiento en pequeña escala, termina provocando pérdidas de cientos de miles de dólares a la Corporación, con un desempeño desastroso de parte de ésta.

Según el Acta Nº 37/96 del Directorio de la Corporación se considera el informe elaborado por la Comisión de Proyectos sobre el planteo de Trimma S.R.L.. Se expresa que su actividad es el tratamiento e impregnación de maderas. Agrega que es "la única empresa con licencia de Hickson Timber Corporation de USA, en Uruguay", empresa que "controla el 60% del mercado mundial de productos protectores de madera". Se agrega que en el proyecto se hace una descripción del proceso productivo que demuestra el alto nivel tecnológico del mismo, el que se completa con la evaluación realizada por el contador Diego Aguerre, Coordinador de Proyectos, en la que se enumeran las ventajas y desventajas del ingreso en dicha empresa, recomendándose el ingreso de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se resuelve participar en dicho emprendimiento, sujeto a la auditoría del balance presentado.

Los productos de Trimma son columnas para líneas eléctricas o telefónicas, postes, maderas para invernáculos y viñas, viviendas y muelles de madera, carpintería rural en general y servicios de impregnación a terceros.

El proyecto procura ampliar la capacidad de producción, mejorar el control de calidad y convertir a la planta de impregnación en una planta industrial a cero efluentes. De ese modo se procura exportar en gran escala al MERCOSUR y a Europa, donde los aspectos ambientales filtran muchas veces las ventas de nuestros países.

La inversión incremental ronda los US$ 600.000, de los cuales se solicita a la Corporación Nacional para el Desarrollo aproximadamente la mitad como capital de riesgo, es decir US$ 318.000, con lo cual la CND pasa a ser titular del 35% del capital.

Entre enero y abril de 1997, según se desprende del balance de Trimma de ese año, la Corporación realizó los aportes solicitados por US$ 318.000.

1. Insuficiente justificación para ingresar en la empresa

El primer cuestionamiento tiene que ver con la forma en que se decidió entrar en este emprendimiento. En efecto, al analizar el informe del contador Aguerre, Coordinador de Proyectos, presentado en noviembre de 1996, sobre el proyecto Trimma y corresponde hacer un análisis crítico del mismo.

En primer lugar se realiza una proyección exagerada de las ventas. En efecto, según el evaluador, la empresa proyecta un aumento de los ingresos por ventas de un 10% anual hasta el quinto año inclusive, estabilizándose desde ese año en US$ 3 millones. Sin embargo, las ventas del último año (1995) fueron de US$ 1,7 millones, por lo que la proyección de esas cifras arrojaría ventas de US$ 2,7 millones a partir del quinto año, US$ 300 mil menos anuales que las proyectadas. Esto implica para los cinco primeros años US$ 1,5 millones menos en ventas.

Pero además, si se comparan las ventas de los años 1994 y 1995, se desprende que las ventas bajaron casi un 20%, de US$ 2,1 millones a US$ 1,7 millones. ¿Qué nos hace pensar que las ventas van a aumentar? En particular, las ventas de columnas sufrieron una fuerte disminución pasando de US$ 530.000 en 1994 a US$ 289.000 en 1995.

En segundo lugar se realiza una justificación comercial inadecuada. Según la evaluación, el mercado proyectado se basa en que Trimma espera ingresar a los mercados argentino, paraguayo y francés.

La empresa hizo un estudio de mercado en la provincia de Corrientes y concluye que existe un desabastecimiento en el área de postes tratados para invernáculos, ya que actualmente se usan postes sin tratar.

Se agrega que el estudio de mercado no se adjunta, solamente se menciona en el proyecto. Ese estudio revelaría que "accediendo sólo a un 70% del mercado correntino", el mismo representaría ventas anuales de aproximadamente US$ 1 millón durante seis años, casi la mitad de las ventas actuales de la empresa. Se sustenta de forma muy liviana la factibilidad de apropiarse del 70% del mercado correntino.

En Paraguay, los invernáculos también usan madera sin tratar. A su vez, en el caso de las columnas, en vez de usar columnas de madera tratada, se usan columnas de cemento, bastante más caras. Se dice que "Trimma estima poder salir adjudicataria en licitaciones que abrirían tanto el Gobierno argentino como el paraguayo".

En Francia, "Trimma estaría estableciendo contactos con una empresa francesa llamada M. Bricolage, que estaría interesada en comprar bordes para jardineras". Sólo con esta referencia tan vaga se da por sentado que se va a entrar al mercado francés.

Sólo con estos datos el informe concluye: "De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se supone que las ventas crecerán por lo menos al ritmo esperado, lo cual es un supuesto conservador, ya que el freno de las ventas no es la falta de demanda sino la falta de capital de trabajo".

En realidad se trata de una empresa que nunca había realizado exportaciones, ni nunca las realizó. Esto llama la atención, dado que repetidamente los ex Directores de la Corporación han expresado que uno de los principales criterios de elegibilidad de un emprendimiento era su perfil exportador.

También sorprende la respuesta dada a la Comisión Investigadora por el contador Aguerre en ese sentido (acta de la Comisión de 8 de setiembre de 2003): "¿Por qué aconsejamos a la Corporación ingresar? Más allá de algunos temas de números, creo que este proyecto encajaba perfectamente en lo que la Corporación Nacional para el Desarrollo priorizaba en aquel momento, vale decir, proyectos que tuvieran un valor agregado nacional muy claro y que tuvieran un perfil exportador también muy claro".

Esta respuesta llamó la atención, dado que la empresa no registraba exportaciones. Preguntado si el perfil exportador había sido decisivo a la hora de recomendar el proyecto respondió: "La exportación de productos de Trimma se daba también en territorio local, porque había cadenas hoteleras invirtiendo en Colonia. Eran casas que se hacían y había marinas a las cuales uno accedía saliendo de la casa, hechas con maderas de Trimma. En buena medida, eso era como una exportación, ya que se trataba de una cadena internacional que venía a hacer inversiones al Uruguay".

La respuesta dada se critica sola, notoriamente no se trata de casos de exportación de productos.

Por otra parte las ventas de "marinas" en los años 1994 y 1995 habían sido nulas. En realidad la mayor parte de las ventas eran de postes para alambrados (37%) y madera para viñas e invernáculos (31%), ventas típicamente para el mercado local. El resto eran columnas para UTE y ANTEL (17%) y otras ventas marginales.

En tercer término, el informe técnico previo a la decisión de invertir señala que Trimma tenía precios iguales a la competencia. En este sentido el informe agrega que "hemos verificado -finalmente- que los precios manejados por Trimma son muy similares a los que venden los competidores (cotejamos con Tile y Caja Bancaria)". El proyecto no explica por qué si los competidores manejan los mismos precios que Trimma, no están en condiciones de acceder ellos también a los mercados que Trimma espera acaparar.

En cuarto lugar el análisis de sensibilidad no resiste una evaluación seria.

Efectivamente, dice la evaluación que se estudió el riesgo de la inversión mediante la técnica del análisis de sensibilidad. Se consideró que el valor de las ventas era de notoria incidencia en la determinación de los resultados del proyecto. A pesar de esto sólo se analizó la posibilidad de que las ventas resultaran un 10% menor a las proyectadas y además el propio proyecto supuso un aumento anual del 10% de las ventas durante los primeros cinco años, es decir un 60% de aumento acumulado para el quinto año, como fundamento principal para aconsejar la inversión.

Para peor, el informe concluye que el proyecto resiste disminuciones en las ventas de hasta el 18%, de lo contrario deja de ser rentable y luego concluye: "Todos los resultados obtenidos, apoyan la conclusión de que se trata de un proyecto conveniente desde una perspectiva económica".

El informe, además, carece de un control de la evaluación técnica. Se afirma que se toman como válido lo dicho en el proyecto sobre el proceso productivo desde el punto de vista técnico: "ya que -dada la singularidad de la industria- no nos fue posible cotejar procedimientos técnicos con otras empresas u organismos estatales". Quiere decir que no se consultó ni siquiera a un ingeniero para evaluar técnicamente el proyecto basándose exclusivamente en las afirmaciones de los interesados.

Parece una exageración decir que la empresa era "la única empresa con licencia de Hickson Timber Corporation de USA en Uruguay". ¿Acaso Trimma era representante de Hickson y vendía productos protectores de madera? ¿O sólo los importaba, como todos los competidores, para impregnar la madera?

El Directorio expresa que la descripción del proceso productivo demuestra el "alto nivel tecnológico del mismo"; sin embargo de acuerdo a la opinión del representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el Directorio de Trimma, el contador Marcelo Balestra, en su comparecencia del día 25 de setiembre de 2003, "Trimma prácticamente era una empresa artesanal. No me voy a olvidar más que los nudos de la madera se sacaban a mano con motosierras; eso era imposible de ser aceptado en Europa. Para Europa los postes tienen que ser todos iguales, con el mismo diámetro".

El informe, además, reconoce que del balance adjunto surge que los gastos de administración y venta representan un 33% de las ventas brutas, agregándose que se trata de un "guarismo inaceptable, lo normal debería rondar por guarismos entre un 12 y un 20%". Sin embargo el informe dice que el empresario ha invertido buena parte del capital de la empresa en una reestructura administrativa, por lo cual estos gastos tienden a disminuir. Expresa finalmente, que en el flujo de fondos finalmente proyectado estos gastos representan aproximadamente un 18%.

La evaluación tiene como característica peculiar que siempre acepta en la proyección de resultados cifras mucho más optimistas que las que surgen de la realidad de los datos aportados. La proyección de datos optimistas, solamente, condujo al fracaso, más por haber supuesto un fuerte incremento de ventas.

Desde el punto de vista de la ocupación de mano de obra, resulta evidente que el emprendimiento se caracteriza por el exceso de mano de obra. La empresa ocupa unos 50 empleados al año lo cual parece excesivo. La propia empresa reconoce que los aumentos de producción estimados podrían realizarse con el mismo personal en el corto plazo. De los 50 empleados sólo 34 corresponden a mano de obra directa de producción teniendo la empresa cuatro vendedores y 12 personas en tareas administrativas, gerenciales y de recursos humanos, lo cual parece una desproporción.

La empresa expresa que a partir de 1993 el crecimiento explosivo de las ventas generó un "momentáneo" desajuste operativo que repercutió en un incremento de costos (mano de obra y producción) y una mayor incidencia del costo de las materias primas. Considerando que transcurrieron tres años desde 1993 es dudoso que el desajuste operativo sea "momentáneo".

Generalmente los aumentos de ventas provocan economías de escala con una reducción de costos en las empresas, lo cual no parece haberse producido en este caso; razón de más para generar un juicio de mucha cautela con respecto a esta empresa.

Desde el punto de vista de la evaluación del empresario se señala que parece haber habido una administración inadecuada de los recursos, lo cual se contradice con la evaluación que el informe realiza del empresario. Este expresa que "se constataron técnicas dinámicas de gestión empresarial, en buena medida sorprendentes si tenemos en cuenta la formación técnica de los emprendedores del interior de la República. Asimismo, se pudo verificar los dotes de buen comercializador del empresario". El informe reconoce como un aspecto débil del empresario su falta de especialización en aspectos financieros.

Luego destaca que la visita al establecimiento "dejó en evidencia que el empresario tiene una conducta austera. En efecto no cobra sueldo ninguno por el gerenciamiento de la empresa, y los retiros efectuados son razonables, si consideramos que es su única fuente de sustento".

Concluye que "en resumen podemos afirmar que el señor Espinosa tiene un perfil altamente satisfactorio para llevar el timón de la empresa coadministrada por Corporación Nacional para el Desarrollo".

De modo que, en términos generales, la evaluación técnica de Trimma que motivó la decisión favorable a la inversión es notoriamente mala y no registró los riesgos ni los aspectos negativos que la empresa presentaba.

2. Asistencia financiera

Luego del aporte inicial de US$ 318.000, que se completó en abril de 1997, en julio la empresa recibe de la Corporación un aval ante el BPS para la transformación de Trimma de Sociedad de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima. Al cierre del ejercicio el convenio con el BPS ascendía a US$ 31.000.

En julio de 1998 la Corporación Nacional para el Desarrollo deposita US$ 30.000 en el Banco Pan de Azúcar, en garantía de un préstamo que por el mismo importe dicho Banco otorga a Trimma, para que Trimma cumpla a su vez con una garantía del mismo monto requerida al haber ganado la empresa una licitación ante la Intendencia de Maldonado.

En octubre de 1998 la Corporación Nacional para el Desarrollo presta US$ 45 mil a Trimma para pagar el Banco de Previsión Social.

En setiembre de 1999 se aprueba una línea de descuento de facturas de hasta US$ 200 mil a Trimma, la cual como contrapartida cedería facturas al cobro, pero se le pide a cambio al accionista privado que venda parte de su capital accionario para que la Corporación Nacional para el Desarrollo acceda a la mayoría del paquete accionario, lo cual facilitaría su venta a un tercero.

No surgen de las actas otros datos concretos. Sin embargo, del cuadro aportado por la Corporación donde se resumen los resultados contables del emprendimiento hasta 1999 para la Corporación, se desprende que durante 1998 la asistencia financiera fue de US$ 75 mil y durante 1999 de US$ 326 mil, lo que sumado a la inversión inicial da un total de US$ 719 mil desembolsados por la Corporación Nacional para el Desarrollo, quedando cuentas a cobrar por US$ 101 mil, lo que da una pérdida hasta ese momento de US$ 618 mil.

El balance del año 2000 de la Corporación Nacional para el Desarrollo expresa en relación a Trimma S.A.: "La fuerte vinculación de la actividad de esta empresa (tratamiento de maderas con destino a postes y columnas) con el sector agropecuario y la construcción, cuya evolución fue negativa en los dos últimos años, le generaron problemas de insuficiencia de ventas que en definitiva condujeron a que ya a fines de 1999 se procediera a su liquidación. Este proceso implicó transferencias financieras a la empresa, por concepto de despidos y asunción de un porcentaje de los pasivos ligado a la participación de la CND en el capital". No se expresa el monto de estas transferencias.

En nota dirigida a la Comisión Investigadora el 15 de octubre de 2003 por la Corporación Nacional para el Desarrollo, se expresa que según manifestaciones del señor Alejandro Conforte, Gerente General de la CND: "En lo que tiene que ver con la responsabilidad de CND se refiere a si la CND respondía como una Sociedad Anónima solamente por el patrimonio que tenía colocado o si estaba obligada a responder más allá. Si bien existían aspectos jurídicos a tener en cuenta lo que hubo fue una voluntad de CND de honrar el 30 por ciento".

De estas expresiones de un estilo ambiguo y oscuro se desprende que la Corporación Nacional para el Desarrollo se hizo cargo del 30% de las deudas de Trimma, si bien jurídicamente no le correspondía.

El pasivo total de Trimma S.A. al 31 de diciembre de 1999 era de US$ 2.066.000, aunque no hay información precisa de cuánto fue asumido por la Corporación Nacional para el Desarrollo ni de a cuánto ascendieron las pérdidas finales asumidas. En particular, uno de los problemas que se padeció en cuanto a la obtención de información fue que en los balances de la Corporación no se informan separadamente los resultados finales de las inversiones en emprendimientos productivos, lo que mereció una observación por la auditoría del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas también se refirió a las cesiones de créditos de Trimma a la Corporación Nacional para el Desarrollo: "En el ejercicio 2000 la CND compró créditos de los proveedores de Trimma S.A. por valor de US$ 476.657, en su gran mayoría al 30% del valor de la deuda y en algunos casos al 100%".

La auditoría del Tribunal de Cuentas observó también una contradicción entre el balance de Trimma auditado por la firma Normey-Peruzzo al 31 de diciembre de 2000 y el balance de la Corporación Nacional para el Desarrollo a la misma fecha, dado que este expresa que la participación de la CND en esta empresa es el 35%, mientras que la firma auditora informa que esa participación es del 100%.

De modo que la información contable de la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene las deficiencias señaladas y no hemos podido conocer cuánto del pasivo de Trimma fue asumido directamente por la CND y ni siquiera se obtuvo información consistente sobre la participación accionaria de CND. Ciertamente la cifra final de pérdidas por la inversión en Trimma debe haber sido bastante más elevada que la que se ha registrado hasta 1999.

3. La actuación del Director representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Trimma

El contador Marcelo Balestra fue designado como representante de la Corporación en el Directorio de Trimma S.A. Consultado sobre cuál fue su período de actuación respondió: "No recuerdo exactamente de qué fecha a qué fecha estuve vinculado a Trimma; lo que sí recuerdo es que mi vinculación efectiva con Trimma fue hasta diciembre de 1999. O sea, los demás meses, si bien permanecí a la orden, no tuve vinculación, que fue en la época en que entró Sienra. Puede ser que la desvinculación definitiva fuera en junio de 2000; eso no lo recuerdo".

De la lectura de las actas de la Corporación parece desprenderse que el desempeño del contador Marcelo Balestra no resultó satisfactorio para las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Se transcriben diversos comentarios de las actas que tienen relación con la empresa Trimma y la actuación de su Director.

Acta Nº 25/99: "Se estima necesario que regularmente se realicen reuniones de Directorio y que el Director de Corporación Nacional para el Desarrollo en la empresa controle efectivamente el destino de los fondos e intervenga en todas las decisiones de la misma. Se expresa que todo planteamiento de la empresa debe ser informado por el Director de CND en la misma".

Nos preguntamos: ¿Hay desvíos de fondos? ¿El contador Marcelo Balestra no interviene en las decisiones que se toman en la empresa? ¿Se saltean al Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Trimma S.A. y hablan directamente con las autoridades de la CND?

Acta Nº 26/99 de setiembre de 1999: "El Director de Corporación Nacional para el Desarrollo en la empresa citará las reuniones de Directorio por escrito". ¿Esto significa que el Directorio de Trimma no se reunía?

Acta Nº 31/99: "Se encomienda a la Gerencia General que verifique la información recibida respecto a las cuentas bancarias de Trimma". ¿Hay dudas con la información que eleva la empresa a la Corporación Nacional para el Desarrollo? ¿Por qué el Gerente General debe verificar la información?

En el Acta Nº 33/99 se consigna que ha habido indicios de que la situación financiera de Trimma "es peor de lo que aparenta". Se contrata a Carlos Sienra para realizar un control administrativo y financiero de la empresa de modo de conocer claramente su situación real.

¿Por qué se contrata otra persona, habiendo un Director designado? A esta altura trabajaban en Trimma el contador Balestra, el señor Sienra y auditores contratados.

En el Acta Nº 34/99 de diciembre de 1999 se dice que el señor Sienra y los auditores informan que "habría pérdidas en el ejercicio anterior (1998) que no estaban reflejadas en el balance". Se señala que se va a estudiar si la forma de costeo que utiliza la empresa es correcta. Se resuelve solicitar al Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la empresa un informe pormenorizado "que explique cómo se llegó a esta situación a partir del balance anterior, por qué se carecía de información sobre la empresa y una relación de todos los hechos relevantes y no relevantes que ocurrieron".

Se pide al señor Sienra y a los auditores un informe sobre lo detectado en cuanto a responsabilidades de los socios y funcionarios en la administración de la empresa. Se pide un informe jurídico detallado sobre la responsabilidad de Corporación Nacional para el Desarrollo en esta empresa.

¿Qué sucedía en la empresa? La impresión que da es que la Corporación Nacional para el Desarrollo no confía en la actuación de su Director, dado que se contrata una persona para que haga un "control administrativo y financiero" porque no se conoce la situación real, ni cómo se llega a esta situación, ni por qué se carecía de información sobre la empresa, ni cuáles fueron los hechos relevantes y no relevantes que ocurrieron. Además se estudian las responsabilidades de socios y funcionarios en la administración.

En el Acta Nº 35/99 se deja constancia de que se encomendó al Gerente General Alejandro Conforte que determine el grado de participación del contador Marcelo Balestra en las actividades de Trimma de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Al parecer se resuelve ajustar la participación del contador Balestra en Trimma; ¿se refiere a sus funciones, o tal vez a su remuneración?

Se expresa que "se toma conocimiento que la empresa le adeuda al señor Balestra de los honorarios pendientes de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999 por un monto de $ 34.110, unos US$ 3.000, correspondientes a su desempeño como Director representante de Corporación Nacional para el Desarrollo".

Se resuelve que Corporación Nacional para el Desarrollo haga efectivos los honorarios adeudados y posteriormente trasladar dicho costo a Trimma. Dado que esto último no es factible, es lo mismo que resolver que la CND se haga cargo.

Durante el año 1998, en plena crisis financiera de la empresa, se desprende de los balances de Trimma que en cuentas de Directores durante 1998 hay retiros por $ 697.153, lo que equivalía en aquella época a alrededor de US$ 66.000. No se pudo obtener una respuesta de los comparecientes, que sirviera de explicación, durante ese año la asistencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo a Trimma fue de US$ 75.000.

La comparecencia del contador Marcelo Balestra en la Comisión Investigadora es indicativa del escaso nivel de involucramiento que tenía con la tarea que le habían encomendado. En las respuestas del contador Balestra la expresión más repetida es "no recuerdo".

Alrededor de quince veces el contador Balestra señala que no recuerda lo que se le pregunta. No recuerda desde qué fecha estuvo vinculado, no recuerda si la desvinculación definitiva fue en junio del 2000, no recuerda el monto de una garantía por un préstamo a plazo fijo, no recuerda si el préstamo otorgado por la Corporación Nacional para el Desarrollo a Trimma se pagó, no recuerda pero cree que se refinanció, no recuerda cuánto era el sueldo mensual de los socios, no recuerda que se le haya pedido al socio que venda parte de su capital, no recuerda cómo se documentaron las cesiones de créditos o si los créditos no existían, no recuerda si cobraba Trimma o cobraba la CND, no recuerda si hubo problemas con las cobranzas, no recuerda cuánto bajó el precio del poste tratado, no recuerda qué utilidad dejó la construcción de la rambla de Punta del Este, no recuerda el número exacto de personas que trabajaban, no recuerda cuánto costaba una máquina para que todos los postes fueran homogéneos, no recuerda con cuánto dinero asistió la Corporación a Trimma.

Como dijo el contador Marcelo Balestra, "Yo no fui designado como Gerente Financiero ni como funcionario "full time" de la empresa que estaba en Trinidad; no fui contratado para esa función, ni siquiera como contador de la empresa. Yo mantenía una relación permanente con el socio de la empresa. Más allá de las veces que iba y me interesaba de los problemas y destinos de los fondos, también había comunicaciones telefónicas".

Se le preguntó por parte de un señor Representante: "Disculpen mi ignorancia, pero como el contador Balestra hizo referencia en más de una ocasión a cuáles no eran sus funciones, me gustaría saber cuál era su tarea como representante de la Corporación".

A esto respondió: "Yo integraba el Directorio de la empresa en representación del capital minoritario, que era el de la Corporación. Más allá de eso, por mi formación profesional, en muchas oportunidades brindé información y traté de colaborar en la parte financiera... no es fácil -y por eso lo remarco-, porque no es lo mismo ser un Gerente Financiero de una empresa, estar todo el día dentro de la empresa y participar en todos los movimientos que ser un Director "part time" -si se quiere-, ya que uno no tiene el control permanente de los movimientos de la empresa. Depende de los sistemas de información que existieran en la empresa. No es la misma tarea. Por eso, cuando en determinado momento me informaron de la contratación de Sienra me pareció muy bien, porque es necesaria la permanencia de una persona dentro de la empresa. Si se quiere que tenga el control absoluto del aspecto financiero y de los movimientos económicos de la empresa, tiene que estar ahí".

Según las explicaciones dadas por el señor Alejandro Conforte la empresa "se largó agresivamente a determinado mercado, lo que agudizó sus dificultades. Paralelamente al crecimiento que tenía -si lo observan, verán que fue espectacular-, cuanto más vendía más se complicaba su situación. Eso ocurrió en un período muy corto, comprendido entre agosto y noviembre. Cuanto mejor desempeño tenía la empresa en ventas, peor era su desempeño financiero. Nos tomó un par de meses detectar esta situación. Podíamos haberla detectado dos meses antes -creo que siempre se pueden detectar las cosas antes-, pero también podíamos haberla detectado después, y hubiese sido peor. Eso fue lo que detectamos. Además, hubo la mala coincidencia de que en ese momento la empresa estaba cambiando su sistema informático, ya que estaba instalando un software nuevo, que era el "Fígaro". Esto, sumado a lo anterior, ocasionó un atraso en la información contable y financiera de la empresa. No era un atraso mayor, pero era un atraso. Además, había falta de confiabilidad en la información, tal como sucede a una empresa de este porte cuando cambia todo su sistema. Entonces, empiezan a aparecer los signos; si bien la empresa por un lado se estaba desempeñando exitosamente, comienza a tener dificultades financieras en el mercado. ¿Cómo? A través de que los Bancos se quejaban de que la empresa tenía sobregiros demasiado grandes, por lo que le cancelarían la cuenta. Frente a esos elementos, empezamos a mirar y a analizar con más profundidad qué estaba sucediendo en la empresa. Cuando tuvimos la percepción de que la empresa realmente estaba en una situación realmente complicada, decidimos que fuera Sienra y estuviera todos los días de la semana "sentado arriba de la caja" -como se usa en la jerga- aunque sea para pagar un clavo, para poder tener una verdadera radiografía de la empresa. Así que en noviembre determinamos que Sienra fuera a Trinidad".

"...no obteníamos la información con la velocidad que uno hubiera deseado en estos casos; uno pretende obtener la información a los diez días de mes cerrado, para poder hacer cortes. Lo que digo es que había un enlentecimiento, porque mientras se instalaba el otro Programa, las otras operaciones se hacían manualmente. De esa forma, no se podía verificar exactamente el desempeño desde el punto de vista de los costos".

Evidentemente, el desempeño del contador Balestra en Trimma parece haber sido extremadamente insatisfactorio.

En síntesis, la Corporación Nacional para el Desarrollo ingresó a Trimma sobre la base de un informe técnico muy malo que evidenció carencias sustanciales cuya debida observación debería haber llevado a otra conclusión; al igual que en el caso de otros emprendimientos, rápidamente la CND asume decisiones de asistencia financiera a Trimma a pesar de ser el socio minoritario con una participación del 35%; sin embargo cuando la empresa entra en liquidación no queda claro quien asumió su pasivo de más de U$ 2 millones ni tampoco surge de la información contable cuál era la participación accionaria de la CND en Trimma. Lo cierto es que, como mínimo la CND perdió en Trimma más de U$ 600 mil.

Pero además, la evidencia es contundente en señalar que la Corporación Nacional para el Desarrollo mantenía en Trimma a un Director que no tenía el más mínimo control sobre la empresa y sobre el que, de acuerdo a las propias actas del Directorio de CND, existían importantes cuestionamientos. Nuevamente se pone de manifiesto las enormes dificultades de contralor que la CND tenía para vigilar sus inversiones empresariales.

b. Southern Cross Timber

Este emprendimiento se tradujo en la instalación de un aserradero de alta tecnología localizado en el litoral del departamento de Río Negro. El primer contacto de la Corporación Nacional para el Desarrollo con el proyecto se realiza a través de un informe inicial confeccionado por el contador Rafael Menéndez, jerarca del Departamento de Proyectos, en marzo de 1996, en el cual consigna que no se dispone de elementos contundentes para rechazar la iniciativa, así como tampoco para auspiciarla, y se aconseja profundizar el estudio de la misma.

Textualmente, en el capítulo final, y bajo el título de "Conclusión", el contador Rafael Menéndez manifiesta: "No se tienen elementos como para rechazar el anteproyecto presentado. Por la etapa de elaboración del mismo, tampoco es posible comprometer una respuesta de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Lo que puede manifestarse es que se continúe con las gestiones, para que al momento del proyecto definitivo pueda darse una respuesta comprometida, la que no puede darse en este momento".

Se advierte claramente entonces, el planteo de reservas, que trae como consecuencia que el dictamen no sea definitivo. No obstante lo antedicho, el Acta de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo Nº 39/96, de 23 de diciembre de 1996, expresa textualmente que se "contaba con un informe inicial favorable del Departamento de Proyectos de marzo de 1996".

Adicionalmente, en la misma acta, literalmente se consigna: "El proyecto ha sido cuidadosamente analizado y tiene una alta rentabilidad. Se crearía un mínimo de 40 puestos de trabajo". Son realmente llamativas las conclusiones a las que arriba, máxime teniendo en cuenta que, en forma concluyente, el proyecto ejecutivo de inversión, en la página 4, textualmente expresa: "Para su completa operación, requiere de 23 personas, incluyendo Gerente de Planta, administrador y personal de playa de maniobras".

El punto de vista tan optimista y alentador como distorsionado que sobre el proyecto de inversión emitió el Directorio de Corporación Nacional para el Desarrollo, no se vio en absoluto corroborado posteriormente por la realidad.

En efecto, casi inmediatamente la empresa requirió de fuerte asistencia financiera. Y sorprendentemente, dicha asistencia no se produjo en proporción a la participación accionaria de los diversos socios de la empresa.

Esto se comprueba del cotejo de dos actas consecutivas: textualmente se expresa en el Acta de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo Nº 12/99, de 19 de mayo de 1999, refiriéndose a la forma de cubrir la asistencia solicitada: "El Directorio, luego de un intercambio de opiniones resuelve proponer a los socios aportar los US$ 350.000 de acuerdo con el porcentaje de capital accionario". A esa altura, la CND participaba del 23% del emprendimiento, y proponía contribuir con ese porcentaje de asistencia.

Pero tan sólo una semana después, el 26 de mayo de 1999, por Acta Nº 13/99, el Directorio de Corporación Nacional para el Desarrollo aprueba que le acercará recursos a Southern Cross Timber mediante un préstamo de US$ 200.000, que terminará significando finalmente el 66,66% de la asistencia brindada a la empresa. Notoriamente presenciamos, en la oportunidad, un cambio de posición que significó perjuicio para los intereses públicos y favorecimiento del interés de los consocios particulares.

Finalmente, la Corporación Nacional para el Desarrollo, que había aumentado su participación en el emprendimiento, termina suscribiendo en fecha 28 de noviembre de 2000, un acuerdo de venta de acciones con su actual consocio (Eufores S.A.).

Según este acuerdo la Corporación contrajo la obligación de cederle a su contraparte, la totalidad de su participación accionaria en Southern Cross Timber; se estipuló expresamente en dicho documento que el precio que Eufores abonará, "a fines del ejercicio económico correspondiente al año 2005", "equivaldrá a un monto igual al total del capital integrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo en Southern Cross" (acuerdo de compraventa de acciones, fojas 7685 y 7686).

Los términos establecidos en el mencionado contrato contradicen radicalmente las expresiones del Director de Corporación Nacional para el Desarrollo, escribano Julio Gemelli, recogidas, en los siguientes términos, en el Acta de la Investigadora Nº 2205: "...lo que está pactado con Eufores es recuperar el ciento por ciento de nuestra inversión con intereses, con los créditos que se habían dado, con el capital de riesgo que se puso. Es más, hasta con una pequeña ganancia".

Como se desprende del texto del contrato transcripto más arriba, el socio privado se obligó sólo a pagar "un monto igual al total del capital integrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo", obviamente ello no incluye ni los intereses, ni los créditos que la CND pueda tener contra esta empresa.

A su vez, el socio privado actual de la Corporación Nacional para el Desarrollo, según ejemplar de Búsqueda de 3 de octubre de 2002, había evaluado la situación de Southern Cross Timber como la de "una empresa sin actividad". Por lo que se trataba de un emprendimiento fracasado hasta la aparición del actual socio privado.

En síntesis, la Corporación Nacional para el Desarrollo resuelve ingresar en Southern Cross Timber sin que el informe técnico elaborado por el propio organismo fuera concluyente a favor de realizar tal inversión, se exageró al doble la proyección de mano de obra a emplear y cuando fue necesaria la asistencia financiera la CND, a pesar de poseer sólo el 23% del paquete accionario se responsabiliza de otorgar dos tercios de dicha asistencia financiera. Aun no se puede conocer el resultado final para la CND por este emprendimiento que, en manos de los actuales accionistas privados ha cambiado sustancialmente de signo; pero el acuerdo entre la CND y el accionista privado sólo prevé la recuperación de la inversión de capital, por lo que habrá perdido el valor de los intereses y los créditos otorgados.

c. Canalmar

El 27 de enero de 1997 se firma un contrato entre los accionistas privados de Canalmar y la Corporación Nacional para el Desarrollo, por el cual se establecen las bases de la participación de la CND en la empresa.

Para la Corporación Nacional para el Desarrollo este acuerdo significó aportar la suma de US$ 350.000, y así pasar a controlar el 17,80% del capital accionario de la sociedad.

La decisión de participar en este emprendimiento se efectuó sin haber contado con informe técnico previo que avalara esa participación: así lo manifestó el economista Angel Guazzo, jerarca de la Comisión de Proyectos de Corporación Nacional para el Desarrollo, quien expresamente declaró: "No participé en el informe técnico para que la Corporación integrara capital en Canalmar" (Acta Nº 2106, página 13).

Por lo tanto, surge clara la contradicción con lo expresado en el Acta de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo Nº 22/96, de 31 de julio de 1996, en la cual textualmente se expresa: "La Comisión de Proyectos informa que ha estudiado y se ha reunido en numerosas ocasiones con los Directores de Canalmar S.A., evaluando la posibilidad de asociarse a su emprendimiento. El mismo plantea una importante innovación para el sector cárnico y alimenticio con posibilidades de abrir nuevos mercados para productos uruguayos. Teniendo en cuenta que del estudio del proyecto y de la voluntad de los Directores de Canalmar S.A. se derivará en una participación societaria de CND en dicho proyecto,...".

Más aún, la Comisión Investigadora tuvo acceso a un informe producido por técnicos del Banco República con el cometido de evaluar las condiciones de una eventual participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la gestión de la empresa y sus posibilidades comerciales futuras. Este informe, fechado el 30 de marzo de 1997, es decir, cuatro meses después de suscrito el contrato de participación por parte de la CND, concluye textualmente: "...la empresa no dispone de capital de trabajo y podría enfrentar muy serias dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo. A la fecha del presente informe, la firma no cumple sus obligaciones con el BROU". Más adelante, expresa: "Desde el punto de vista comercial, se entiende que la empresa no ha podido sostener un flujo estable comercial tanto en el sector externo como doméstico. Nos da la impresión que la planificación comercial no es de mediano y largo plazo, y se cierne solamente a la oportunidad de un negocio puntual".

Los precedentes eran, evidentemente, juicios fuertemente negativos, que, buenamente, desaconsejarían progresar en el emprendimiento. Además, el carácter que da más validez a los mismos, lo constituye el hecho de haber sido formulados por los servicios técnicos de uno de los accionistas de la propia Corporación.

La idoneidad técnica de los autores del dictamen, así como la contemporaneidad de su juicio con la toma de decisión de ingreso resuelta por el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, amplifican las interrogantes sobre los argumentos declarados como aval de participación en Canalmar; las justificaciones que se expresaron fueron, obstinadamente, colocadas en entredicho por la propia realidad.

La gestión de la empresa fue notoriamente deficitaria. Las necesidades de fondos condujeron a que la Corporación Nacional para el Desarrollo volcara a la firma, sin solución de continuidad, por las vías de capital y/o asistencias, recursos a la firma, hasta totalizar, a fines de 1999, un monto de US$ 1.388.000, arrojando como total de pérdida contable la suma de US$ 444.000.

A su vez, en forma contradictoria con la evolución patrimonial de la empresa, la Corporación Nacional para el Desarrollo aumentó su participación accionaria de el 17,8% inicial al 50% actual.

Como conclusión, se trata de un emprendimiento en el que se ingresó sin que existiera un informe técnico que avalara tal decisión; al contrario, se tuvo acceso a un informe técnico del BROU contemporáneo a dicha decisión en el que se concluye negativamente sobre las perspectivas de Canalmar. También se trata de una empresa en la que la Corporación Nacional para el Desarrollo resolvió otorgar asistencia financiera llegando a una pérdida reconocida en 1999 de U$ 444.000; a pesar de la evolución negativa de este emprendimiento la CND fue aumentando su participación accionaria desde el 17,8% inicial hasta el actual 50%.

d. Cedetex S.A.

De acuerdo con la información a que tuvo acceso la Comisión, este proyecto resulta de la conjunción de ocho empresas privadas junto con la propia Corporación, la cual inicia su participación en el emprendimiento aportando capital por un monto de US$ 54.000, que significa el 40,84% del total.

Su objeto era gestionar los bienes donados por la Cooperación Italiana para producción de hilado cardado y teñido y conformación de un centro de docencia superior.

Uno de los aspectos que más llamó la atención con respecto a este emprendimiento es que, a pesar de haber sido catalogado por el señor Alejandro Conforte como "una empresa pequeña y no demasiado compleja en su accionar" (Acta Nº 2134, página 2), requirió de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en el período comprendido entre los años 1989 y 1999, se le prestara aporte de recursos, por la vía de capitalización y/o asistencias, por un total de US$ 1.360.000, tal como reconoce la propia Corporación en el documento "Inversiones y resultados de CND" (folio 6525).

A su vez, es en este emprendimiento en donde se produce un hecho notoriamente irregular y que merece una evaluación particular. En efecto, el señor Alejandro Conforte, quien era Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde agosto de 1995 hasta mayo de 2003, fue a partir de agosto de 1998 Gerente de Cedetex S.A.

Existen, a nuestro juicio, dos tipos de razones que llevan a calificar de irregular dicha situación.

En primer lugar, el hecho de la incompatibilidad manifiesta entre ambas funciones. La Corporación Nacional para el Desarrollo era accionista de Cedetex S.A. y, como tal, debía controlar su participación en dicho emprendimiento. El Gerente General de la CND es la figura de gestión principal que debe encargarse de controlar el funcionamiento de aquellas empresas en las que la CND tiene inversiones.

Por lo tanto es absolutamente contraindicado y contradictorio que el Gerente de Cedetex fuera simultáneamente el Gerente General de la Corporación, puesto que lo pone en una incómoda situación de "estar de los dos lados del mostrador", es decir siendo simultáneamente controlador y controlado. Parecería una notoria falta al cumplimiento de los deberes de buena administración.

Esta doble función fue reconocida expresamente por el propio señor Alejandro Conforte (Acta Nº 2134, página 3) y también fue reconocida por todo el Directorio de la época presidido por la doctora Milka Barbato (Acta de la Comisión, de 6 de noviembre de 2003). Ni el señor Alejandro Conforte, ni ninguno de los miembros del Directorio entendieron que existiera contradicción alguna en el hecho de que el Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo fuera simultáneamente Gerente de una de las empresas de las que la CND formaba parte.

En segundo lugar, debe señalarse la existencia de una incompatibilidad operativa o funcional, en la medida que el cargo de Gerente General de un organismo que maneja inversiones productivas en más de veinte empresas simultáneamente y, al mismo tiempo gestiona líneas de crédito a micro y pequeños empresarios por varios millones de dólares, difícilmente sea compatible con desempeñar la gerencia de otra empresa.

A su vez, de acuerdo a lo declarado por el propio señor Alejandro Conforte en el acta mencionada, realizaba ambas actividades con carácter remunerado, por lo que percibía dos sueldos, uno por su calidad de Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo y el otro como Gerente de Cedetex.

Sorprendentemente, el señor Conforte declara en la misma comparecencia que a partir de cierto momento dejó de percibir remuneración por su labor de gerenciamiento en Cedetex, debido a las dificultades por las que atravesaba la empresa, pero ni aun en esa circunstancia se optó por su sustitución en tal gerencia.

Finalmente debe señalarse, aunque resulta ajeno al caso de Cedetex S.A., que el señor Alejandro Conforte a partir de octubre de 2002 asumió en forma paralela a su cargo de Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y sin haber abandonado la gerencia de Cedetex S.A., la coordinación del proceso de fusión de los Bancos suspendidos en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, labor por la cual recibió posteriormente una remuneración.

Estas circunstancias plantean un nuevo signo de interrogación sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo y su diligencia en la administración de los emprendimientos, puesto que no parece la solución mejor desde el punto de vista de los criterios de buena administración, que el Gerente General de dicho organismo, con la enorme pérdida patrimonial sufrida, pueda dedicarse a varias funciones diferentes y simultáneas con la de dicho cargo de responsabilidad.

e. Pig Uruguay S.A.

La Corporación Nacional para el Desarrollo se vincula al proyecto Pig Uruguay S.A. en la etapa inicial constitutiva del mismo, mediante el otorgamiento de dos prestamos, uno de US$ 180.000 de octubre de 1994 y otro de US$ 220.000, de febrero de 1995.

Estos hechos plantean una primera interrogante puesto que, de acuerdo a las actas de Directorio disponibles para la Comisión, el Directorio autorizó a prestar sólo hasta US$ 300.000 (Acta de Directorio de Corporación Nacional para el Desarrollo Nº 25/94), por lo tanto los préstamos efectuados que, sumados ascienden a U$ 400.000 estarían superando la autorización otorgada por el Directorio, no se ha podido corroborar la existencia de documentación que extienda el tope de los préstamos autorizados.

El Gerente General, Alejandro Conforte, en su comparecencia, reconoció que: "cuando la Corporación va a analizar la inversión en PIGUSA, ya tenía el riesgo empresa asumido, por cuanto tenía US$ 400.000 ahí adentro. En todo caso, lo que se está cambiando es un carácter del riesgo, de préstamo a capital. Vale decir que en este caso el préstamo era muy similar a un capital porque la garantía eran las acciones de Pig Uruguay S.A., que en ese momento era una empresa muy chica" (Acta Nº 2134, página 30).

Las declaraciones del señor Alejandro Conforte indican contundentemente que la Corporación había autorizado un préstamo que estaba insuficientemente garantizado. Este hecho, de por sí denota una actuación nuevamente negligente. De acuerdo al Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo la capitalización en Pig Uruguay S.A. era indicada por cuanto los préstamos otorgados no tenían respaldo adecuado.

De modo que, en el caso de Pig Uruguay S.A., no sólo no hay informe técnico que avale el ingreso en dicho emprendimiento sino que la razón esgrimida por el señor Conforte es que, de hecho, ya la Corporación Nacional para el Desarrollo se había involucrado por la vía de los préstamos otorgados.

Efectivamente, las declaraciones del contador Diego Aguerre ante la Comisión confirman la ausencia de un informe técnico previo propio de la Corporación Nacional para el Desarrollo por cuanto, el contador Aguerre manifestó a la Comisión: "se me solicita que haga lo que en la jerga de proyectos se denomina 'corrida de números'" (Acta Nº 2065, página 4).

Y la conclusión a la que arriba, posteriormente, al emitir su opinión, textualmente es: "El análisis de flujos financieros se hizo en base a los datos proporcionados por el promotor del proyecto" (Acta Nº 2065, página 4).

Surge clara, entonces, la contradicción entre lo manifestado por el contador Aguerre y las declaraciones formuladas por Conforte, quien expresamente indicó: "Esto generó un informe favorable del contador Aguerre desde el punto de vista financiero..." (Acta Nº 2134, página 30). Sin embargo, como lo declaró el contador Aguerre, no se realizó una evaluación propia sobre el proyecto empresarial previamente a la decisión de invertir, sino que se evaluó el informe elaborado por los promotores del proyecto, por lo tanto, tal como ha ocurrido en otros casos, tampoco en el caso de Pig Uruguay S.A. se realizó un informe técnico previo que aconsejara la inversión.

Respecto de la valoración a realizar sobre el control de la gestión de la empresa, el representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Pig Uruguay S.A., contador Pedro Juan Forné, declaró textualmente: "Eran libros de actas de hechos consumados en los que no tenía arte ni parte" (Acta Nº 2065, página 12); "...el representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo no era quien representaba a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Si PIGUSA tenía que hablar algo con la Corporación Nacional para el Desarrollo, lo hablaba a otro nivel" (Acta Nº 2065, página 16). "Obviamente, ya no podía hacer más nada, y por supuesto que me negaba a firmar actas de hechos consumados" (Acta Nº 2065, página 16).

En definitiva, los mecanismos de comunicación entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y la empresa estaban truncos; la gestión recaía exclusivamente en el socio privado. Tan así resultó, que finalmente CND termina desvinculándose de Pig Uruguay S.A., cediendo su participación, precisamente a un consocio; el precio de venta fue de US$ 174.000, pagaderos en 48 cuotas.

La Corporación Nacional para el Desarrollo había destinado a Pig Uruguay S.A. recursos por US$ 936.000. A este resultado final se arriba cuando, por el contrato de capitalización, se tenía derecho, por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo a hacer valer la cláusula de recompra de acciones, lo que no aconteció.

En síntesis, la inversión en Pig Uruguay S.A. fue, también, una inversión con resultado negativo, a la que se ingresó sin que la Corporación Nacional para el Desarrollo realizara su propio estudio técnico de viabilidad, en donde además se otorgaron préstamos iniciales por valor de U$ 400.000 que aparentemente superaron la autorización dada por el Directorio y sobre los que no existían garantías suficientes que respaldaran tales préstamos. La pérdida final para la CND de su participación en esta empresa, luego de vendida la participación accionaria en Pig Uruguay S.A., es de U$ 762.000.

f. Suragrios

Este emprendimiento consistió, inicialmente, en una empresa citrícola propiedad de la familia Ortiz de Taranco, ubicada en la zona rural del departamento de Montevideo.

La Corporación Nacional para el Desarrollo ingresa en setiembre del año 1993, luego de haber analizado el informe del Gerente de Proyectos Rafael Menéndez, quien en ningún momento califica como auspiciosa la iniciativa, sin embargo la Corporación resuelve integrar el 30% del capital societario en dicha empresa.

Transcurridos tan solo seis meses desde la firma del convenio de participación accionaria, ya se requiere a la Corporación Nacional para el Desarrollo que aporte asistencia financiera.

El modelo de gestión de Suragrios era típico de una empresa familiar en la que el gerenciamiento de la empresa estaba a cargo del socio privado y como Gerente técnico actuaba su hijo. Ambos recibían importantes remuneraciones salariales.

El flujo de asistencias prestado por la Corporación Nacional para el Desarrollo es constante, y no obstante ello, se generan incumplimientos para con los organismos públicos de seguridad social.

Una de las situaciones más llamativa referida a la marcha del proyecto, es la que se detecta en el Acta de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo Nº 20/96, de 17 de julio de 1996, en ella se consigna: "Se pone a consideración el informe de 17 de julio de 1996 sobre la situación de Suragrios elaborado por la Gerencia General. En el mismo detalla la situación de la empresa, señalando que mantiene a la fecha un pasivo de aproximadamente US$ 600.000 con Surinvest y de US$ 250.000 con CND. Asimismo informa que no ha tenido éxito ninguna de las gestiones realizadas por la empresa para conseguir un socio o enajenar el predio.

En esa oportunidad, el Gerente General, Alejandro Conforte, propone solicitarle a Surinvest que conceda un plazo de noventa días para el cumplimiento de las obligaciones por parte de Suragrios. Asimismo plantea negociar la deuda de Suragrios con Surinvest, de forma tal que la Corporación Nacional para el Desarrollo se convierta en su principal acreedor".

En el Acta Nº 29/96, de 25 de setiembre de 1996, se añade textualmente: "Se pone a consideración el informe de la contadora G. Méndez referente a la reclamación efectuada por parte del Banco Surinvest por la cancelación de la deuda de Suragrios S.A. El monto total a la fecha es de US$ 579.332,45, de los cuales el Banco reclama el pago de por lo menos los intereses por el período 10 de octubre de 1995 al 30 de setiembre de 1996 que ascienden a US$ 60.360,40. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve realizar el pago de los intereses. Por dicho monto, Suragrios S.A. deberá suscribir un documento a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo".

De modo que, a pesar de que la Corporación Nacional para el Desarrollo es el socio minoritario del emprendimiento, por cuanto su participación accionaria equivale al 30% del paquete accionario, y la gestión está a cargo del socio mayoritario, la CND va asumiendo los costos del funcionamiento de Suragrios, al punto que resuelve pagar los intereses de la deuda de Suragrios con Surinvest y evalúa subrogar a este Banco en la mencionada deuda. Ambas decisiones carecen de sentido desde la perspectiva de la diligencia empresarial y del cuidado de los recursos del organismo.

Ya en el Acta Nº 20/96 referida, se había resuelto: "Proceder a la venta del predio a la brevedad" (textual).

Ante el panorama de creciente deterioro financiero detectado en este emprendimiento, da comienzo el ofrecimiento de venta; el diario El Observador del 22 de agosto de 1996 en la página 6 informa: "...la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) hizo sus ofertas. Entre ellas se destacan cinco proyectos con los cuales la CND apuesta a liberar parte de sus capitales, traspasando las inversiones a privados y reinvirtiendo esos dineros en nuevos emprendimientos. Uno de los ofrecimientos que más interesó a la administradora chilena es la posible compra total o parcial de un predio que consta de 252 hectáreas situadas en la 9ª. Sección Judicial del Departamento de Montevideo...".

Más adelante, consigna: "Las ideas propuestas por la Corporación Nacional para el Desarrollo incluyen -por las características del inmueble- la posibilidad de la construcción de un gran hotel tipo country. También se propone la construcción de una cancha de golf...".

A este ofrecimiento en el extranjero hay que sumarle el llamado a inversionistas formulado en el aviso publicado en el diario El Observador del 7 de febrero de 1997 (página 5) que textualmente acredita: "Las excepcionales características del inmueble y sus mejoras (sistematización, arbolado, terrazas, trazado de calles y manzanas, red subterránea de cañerías de agua, energía eléctrica, etcétera), lo hacen ideal para actividades de tipo turístico (hotel tipo country, marina, golf, polo, barrio jardín, club house, etcétera). Y solicita a los inversionistas interesados dirigirse a: "Señor Gerente General. Rincón 528 piso 7º" que es el domicilio legal de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Sin duda, se involucró a la Corporación Nacional para el Desarrollo en una publicidad engañosa, o por lo menos así lo interpretó quien finalmente terminó comprando el predio, quien, por esos hechos, denunció penalmente a la Corporación. En efecto, una vez suscritos los documentos de compra e iniciadas las gestiones para obtener los permisos municipales correspondientes, a fin de construir el proyecto anunciado, el inversor argentino constató que esa posibilidad era de realización imposible.

De acuerdo a las regulaciones urbanísticas de la Intendencia Municipal de Montevideo, esta rechazó la solicitud de edificación en el predio del barrio privado. El comprador consideró haber sido inducido en error, y adicionalmente a la denuncia penal, interrumpió el pago de las cuotas del saldo de precio y demandó a la Corporación Nacional para el Desarrollo en vía civil, reclamando indemnización por daños y perjuicios, lo que dio lugar a un litigio aún pendiente de resolución definitiva.

El contrato de compraventa, celebrado el 11 de junio de 1997, estipuló condiciones realmente llamativas: por el saldo de precio adeudado no se exigió, por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo, más garantía que la hipotecaria sobre el inmueble, desechando añadir al gravamen real algún otro tipo de aval, lo que dadas las características del bien raíz objeto de venta, y de la entidad de la obligación pendiente de pago, era ciertamente aconsejable. El precio total pactado ascendía a US$ 1.490.000 y sería pagadero en diversas partidas: a) US$ 290.000 se abonaron al contado; b) el 1º de diciembre de 1997 US$ 250.000; y c) cinco cuotas iguales, anuales y consecutivas de US$ 190.000 cada una, venciendo la primera el 1º de junio de 1998.

En este contexto de inversión fracasada, la Corporación Nacional para el Desarrollo aceptó, insólitamente, conceder al socio privado mayoritario dos adelantos de U$ 25.000 sobre el precio de venta del predio. Tal conducta carece totalmente de fundamento puesto que el consocio estaba fuertemente endeudado con la CND y además era el socio mayoritario que había conducido a la empresa a la grave situación en que se encontraba. Nuevamente se aprecia un manejo de los dineros públicos ciertamente apartado de los deberes de buena administración.

La enumeración de las diversas circunstancias referidas precedentemente, conducen a establecer que el balance final del punto de vista económico financiero de Suragrios lejos está de cerrarse. La conclusión del mismo pende de las resultancias del proceso judicial que aún resta ser sentenciado en forma definitiva, sin embargo los hechos reseñados son más que suficientes para calificar como inexplicable la conducta de la Corporación desde el punto de vista de la defensa de los recursos públicos confiados a este organismo.

En síntesis, en el caso de Suragrios también se ingresa sin que exista un informe técnico favorable a realizar la inversión, a su vez la Corporación Nacional para el Desarrollo a pesar de ser socia minoritaria y totalmente ajena a la gestión de la empresa, asume responsabilidad por la asistencia financiera que la empresa requiere y asume el pago de obligaciones bancarias en su totalidad, barajando incluso la subrogación de la deuda con el Banco Surinvest. Además, los procedimientos utilizados para vender el predio de Suragrios han sido dudosos, al punto que ello ha implicado la existencia de un juicio aun no culminado, por haber inducido a error al comprador. Finalmente, el otorgamiento de dos préstamos a modo de adelanto sobre el cobro del precio al socio mayoritario tampoco tiene explicación desde la perspectiva de las reglas de la buena administración.

7. Los créditos a PYME

7.1. La asistencia técnica

Dentro de los Programas de canalización de crédito con destino a los micro y pequeños empresarios ejecutados por la Corporación Nacional para el Desarrollo -el Programa BID-MyPE y el Programa Corporación- adquirió especial relevancia un componente de los mismos: la asistencia técnica.

En efecto, a partir del Convenio sobre Cooperación Técnica no Reembolsable firmado entre el BID y la Corporación el 29 de diciembre de 1990, por un monto equivalente a US$ 2.200.000 destinado al Programa para el Fortalecimiento Institucional de las Entidades Participantes del BID-MyPE, se dio comienzo a la ejecución de ese componente, perfeccionando de esa manera, el objetivo dual que había sido establecido como meta: brindar asistencia financiera y a la vez capacitación técnica a los emprendedores.

Ese Programa de Cooperación Técnica a los micro y pequeños empresarios fue llevado a la práctica a través de las entidades técnicas de apoyo -ETAs- las cuales podían ser tanto públicas como privadas. La instrumentación del Programa de asistencia, entonces, se verificó mediante la suscripción de convenios entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y las diversas ETAs interesadas en desarrollar las actividades de capacitación ofrecidas. Como contrapartida, la Corporación hacía frente a los pagos conveniados con las respectivas ETAs, para lo cual utilizaba los recursos no reembolsables provenientes del Programa de Fortalecimiento.

El diseño de estructura interna de la Corporación Nacional para el Desarrollo aplicado a la ejecución de la asistencia, se configuraba a través de una Unidad Coordinadora de Programa, que remitía a Directorio y Gerencia General y a la cual reportaban cuatro Consultorías: Fortalecimiento Institucional, Crédito, Informática, y Medio Ambiente.

El escribano Guillermo Rimsky, consultor en Fortalecimiento Institucional de la Corporación Nacional para el Desarrollo entre 1992 y 1998, en la exposición que formuló ante la Investigadora, recogida en el Acta Nº 2044 (página 37 y siguientes), dio cuenta de la mecánica de ejecución de la operativa, en los siguientes términos: "...¿Qué tipo de actividades se podían financiar con la cooperación técnica? Fundamentalmente las actividades que se podían financiar eran seminarios, talleres y algunos encuentros o foros relativos siempre a los objetivos que se establecían en el Programa. También podían financiarse algunos estudios puntuales sobre determinada problemática que se hubiera identificado y que tuviera que ver con dificultades de las pequeñas empresas para poder desenvolverse en su actividad. ¿Cómo era la operativa de funcionamiento del Fondo de Asistencia Técnica, como se llamaba a la cooperación técnica? La institución interesada presentaba su Programa de actividades presupuestado. Dicho Programa era informado por mí en calidad de consultor en fortalecimiento institucional. Yo emitía un informe dirigido al Gerente del Programa BID-MyPE, que era el contador Luppi, quien a su vez, lo daba a conocer al Directorio, adjuntando también su opinión. Esta operativa funcionaba tanto para las instituciones financieras como para las entidades técnicas de apoyo. Aprobada la cooperación técnica, se suscribía un convenio de cooperación, con una breve reseña de las actividades y de los montos que se hubieran asignado para esa tarea. Con respecto al mecanismo de los reembolsos de gastos, debo decir que las instituciones que habían suscrito los convenios cursaban la solicitud de reembolso de gastos, y allí se cotejaba que las actividades realizadas coincidieran con lo presupuestado. Luego, yo realizaba un informe dirigido al Gerente del Programa, él lo autorizaba y lo pasaba al oficial de administración... quien estaba encargado de emitir los cheques y de guardar la documentación relativa a esos reembolsos de gastos... En cuanto a la participación de las entidades técnicas de apoyo, o sea, las ONG, debo decir que, en primera instancia, actuaban organizaciones no gubernamentales y que, luego, comenzó también a darse participación a las Intendencias Municipales, cosa que hacían a través de sus oficinas de desarrollo, las que, a su vez, dada su poca capacidad de prestar servicios de apoyo, subcontrataban servicios de las entidades privadas".

A través del mecanismo reseñado, la Corporación Nacional para el Desarrollo, durante el período objeto de análisis de la Comisión, canalizó recursos con destino a asistencia técnica, por un monto total de US$ 5.330.000 (cinco millones trescientos treinta mil dólares).

7.2. La denuncia Luppi-Ghigino

En oportunidad de la comparecencia del contador Carlos Luppi, Gerente del Programa de Apoyo a las Microempresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde 1990 hasta febrero de 1999, se tomó conocimiento de un documento, por el cual se da cuenta del acaecimiento de un hecho notoriamente irregular en el marco de las actividades de asistencia técnica del Programa de Apoyo a las Micro y Pequeñas empresas y que, de acuerdo a los elementos que se presentan a continuación podría tener apariencia de conductas delictivas.

El referido documento es un memorándum interno fechado el 30 de octubre de 1998, que está dirigido al Directorio y a la Gerencia General de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de parte del Gerente de Programa, contador Carlos Luppi y del Oficial de Administración, señor Roberto Ghigino, que tiene el número de referencia UM 23/98, y en él, textualmente, se consigna: "Cúmplenos informar: 1.- El día 28 de octubre, en una circunstancia de rutina, se procedió a efectuar un pago de US$ 2.800 (cheque Nº 80831072 del Banco La Caja Obrera), supuestamente a la Intendencia Municipal de Salto, de acuerdo al recibo e informe que se adjuntan. 2.- El cobro lo efectuó IAMID, a cuyo nombre estaba confeccionado el cheque, por cuenta y orden de la Intendencia Municipal de Salto, en procedimiento también de rutina. 3.- A minutos de haberse realizado el pago, el señor Roberto Ghigino, Oficial de Administración de la UCP, recibió una llamada de la señora Nelly Morganti preguntando por el pago. El contador Carlos Luppi le devolvió la llamada, preguntándole si lo había recibido, y la señora Morganti confirmó que lo había recibido sin problemas. 4.- Interesado en el tema, el Oficial de Administración de la UCP, señor Roberto Ghigino, llamó el 29 de octubre a la Intendencia Municipal de Salto, donde el doctor Eduardo Martínez Barreix, quien manifestó que la Intendencia no tenía nada que ver en el asunto, y que él no había firmado formularios ni recibos. 5.- A consecuencia de estos hechos, a las 18 y 30, se reunieron en Directorio el suscripto, el señor Roberto Ghigino, y el Consultor en Crédito, escribano Guillermo Rimsky para analizar el tema. El escribano Guillermo Rimsky manifestó que solicitaba que se esperara para informar a las jerarquías hasta el día de hoy, 30 de octubre, ya que él mantendría en la mañana una reunión con IAMID. 6.- El suscripto manifestó al señor Roberto Ghigino que, en caso en que se verificaran irregularidades, procedería a efectuar una denuncia penal a efectos de que se deslindaran todas las responsabilidades, lo que fue acompañado por el Oficial de Administración. 7.- A las 8:10 de la mañana del día de la fecha, el escribano Guillermo Rimsky llamó al contador C. Luppi por teléfono y le señaló que él, que ya había hablado con la presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, doctora Milka Barbato, se hacía responsable del faltante y devolvería el dinero, quedando en venir a conversar en la tarde de hoy. 8.- La UCP efectuará una revisión de toda la documentación antecedente para constatar eventuales situaciones similares que puedan haberse dado". Los firmantes del documento fueron el contador Carlos Luppi, Gerente de la Unidad a la fecha del memo, y el entonces Oficial de Administración, señor Roberto Ghigino, hoy fallecido.

Por su parte, en el Acta de sesión extraordinaria de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo Nº 29/98, de 3 de noviembre de 1998, textualmente se expresa: "UCP. El Directorio reunido en sesión extraordinaria analiza pormenorizadamente los hechos de los que tomó conocimiento los días jueves 29 y viernes 30 de octubre próximo pasado y resuelve: 1) Tomar conocimiento que el escribano Guillermo Rimsky reintegró la suma de US$ 2.800 a que refiere el cheque Nº 80831072. 2) Tomar conocimiento que el escribano Guillermo Rimsky presentó renuncia a su cargo de Consultor en Fortalecimiento Institucional. 3) Ratificar la designación del contador Jorge Ottino en carácter de auditor interno a los efectos de analizar los hechos, así como los procedimientos administrativos en la UCP, con especial referencia al área de financiamiento a la asistencia técnica y capacitación. 4) Disponer sanción disciplinaria a los funcionarios contador Carlos Luppi y señor Roberto Ghigino de acuerdo al siguiente texto: Montevideo, 3 de noviembre de 1998. Visto: Los hechos ocurridos el día viernes 30 de octubre y el memorando de la UCP de igual fecha, de referencia UM 23/98. Considerando: La actitud asumida por los funcionarios contador Carlos Luppi y señor Roberto Ghigino en su relacionamiento con este Directorio y sus miembros, el Directorio Resuelve: 1) Observar con constancia en su legajo a los funcionarios: Gerente de la Unidad Coordinadora del Programa BID-MyPE contador Carlos Luppi y al Oficial de Administración señor Roberto Ghigino por los siguientes hechos: a) Porque en el numeral 6 del memorándum Nº 23/98 y en expresiones verbales se irrogan potestades que incumben a este Directorio. b) Por su conducta agresiva en el análisis de las circunstancias. c) Por amenazas de promover, en interés propio, la influencia de personalidades externas a la CND. 2) Este Directorio no tolerará ninguna circunstancia que signifique un menoscabo de su autoridad. 3) Continuar en la consideración del tema. 4) Adjuntar al acta los documentos relacionados con los numerales 1, 2, 3, 4".

A su vez, relacionados con el episodio, la Corporación Nacional para el Desarrollo hizo llegar a la Comisión Investigadora los siguientes documentos, cuyos textos se transcriben, foliados respectivamente: 7615: "Recibimos del escribano Guillermo Rimsky la suma de US$ 2.800 (dólares estadounidenses dos mil ochocientos) por devolución del cheque Nº 80831072 librado por CND contra el Banco La Caja Obrera. Montevideo, 30 de octubre de 1998. Por CND: (hay una firma ilegible)". 7616: "Montevideo, 30 de octubre de 1998. Señora Presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, doctora Milka Barbato. Por razones de índole particular presento a Ud. mi renuncia al cargo de Consultor en Fortalecimiento Institucional a partir del día de la fecha. Saluda a Ud. atentamente. (Hay una firma ilegible) (contrafirma Guillermo Rimsky) CI 984.825-3". 7617: "De Directorio. A contador Jorge Ottino. Fecha 30 de octubre de 1998. En su carácter de auditor interno le encomendamos iniciar en el día de hoy un análisis de la documentación de las operaciones realizadas a través de la UCP, en el área de su asistencia técnica, así como de los procedimientos administrativos que se aplican en esa repartición".

Sobre este tema han declarado ante la Comisión los diversos involucrados en la denuncia formulada en su momento por el contador Carlos Luppi y el señor Roberto Ghigino. Es así que existen declaraciones explicando los hechos ocurridos por parte del propio contador Carlos Luppi, el contador Jorge Ottino, el escribano Guillermo Rimsky, los ex miembros del Directorio de la CND de la época, doctora Milka Barbato, escribano Julio Gemelli, doctor Servando Arrillaga, doctor Carlos Rodríguez Labruna y señor Angel Alegre, así como el ex Gerente General de la CND, señor Alejandro Conforte. Todos ellos declararon ante la Comisión y del cúmulo de declaraciones referidas han quedado algunos hechos claramente determinados y otros que fueron objeto de contradicción, cuyo esclarecimiento parece ser indispensable, por lo que debe analizarse con particular atención.

La denuncia presentada en su momento, a través del memo transcripto más arriba, por el contador Carlos Luppi y el señor Roberto Ghigino no ha sido controvertida. En efecto, el hecho aludido ocurrió y, efectivamente el cheque mencionado por valor de U$ 2.800 dólares supuestamente destinado a la Intendencia de Salto no llegó a destino.

En segundo lugar, se produjo una falsificación de firma, en la medida que existe en poder de la Corporación Nacional para el Desarrollo una nota en hoja membretada de la Intendencia de Salto en la que el doctor Martínez Barreix acusa recibo del mencionado cheque. El memo Luppi-Ghigino señala que el doctor Martínez Barreix negó haber firmado tal acuse de recibo y esto no fue controvertido por ninguna de las personas que declaró en el seno de la Comisión Investigadora.

Es más, en su declaración ante la Comisión el contador Jorge Ottino fue enfático al respecto al responder a la pregunta de si existió falsificación de firma: "Claro, evidentemente. Yo no dije que no hubiera. En la última etapa, que es en la que corresponde que quien tiene que ser el beneficiario reciba el beneficio, esto no ocurrió porque alguien falsificó la firma" (Acta Nº 2044, página 22). Más adelante, en la página 23, consta que el Diputado Falco le pregunta: "¿Queda claro que alguien cobró indebidamente un cheque?", a lo que contestó: "Sí, queda claro". Finalmente, más adelante (página 25) Ottino declara: "Introduzco un nombre porque era público. Por alguna razón el escribano Rimsky renunció a la Corporación. Ese era un hecho público; yo no lo introduje, sino que era público dentro de la Corporación. De manera que no creo haber cometido un desliz ni nada por el estilo; esos hechos eran notorios en la Corporación".

Por lo tanto, se habría producido un hecho de naturaleza eventualmente delictivo en la medida que la firma que luce el mencionado documento sería falsa.

En tercer lugar, el dinero correspondiente al referido cheque fue devuelto por el escribano Guillermo Rimsky a la Corporación Nacional para el Desarrollo y este simultáneamente presentó renuncia como Consultor de dicha entidad.

En cuarto lugar, se produjo al menos un intento de desvío del destino del mencionado cheque con propósito de apropiación, puesto que no existe otra explicación para la existencia de la mencionada falsificación del acuse de recibo del mencionado cheque, lo que podría configurar otra conducta de naturaleza eventualmente delictiva.

En quinto lugar, el Directorio de la Corporación, enterado de los hechos reseñados no presentó denuncia penal y, por el contrario resolvió sancionar a los denunciantes de estos hechos, contador Carlos Luppi y señor Roberto Ghigino, con observación en sus legajos funcionales.

En sexto lugar, el Directorio de la Corporación resolvió encomendar al contador Jorge Ottino un análisis del funcionamiento de la Unidad Coordinadora de Proyectos y de sus procedimientos administrativos.

Hasta aquí los hechos que no han sido objeto de controversia entre las diferentes personas que declararon ante la Comisión Investigadora. Sin embargo, existe controversia sobre otro conjunto de hechos muy significativos.

En primer lugar, el itinerario efectivo que siguió el cheque mencionado no es claro y existen dos versiones diferentes. De acuerdo a la versión proporcionada por el escribano Guillermo Rimsky y los integrantes del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el cheque fue cobrado por el escribano Rimsky y, de acuerdo a su declaración ante la Comisión, pensaba entregarlo a los integrantes de la ONG IAMID cuando estos regresaran del interior del país.

Sin embargo, esta explicación no permite entender porque se produjo la falsificación de la firma del funcionario de la Intendencia de Salto.

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el memo firmado por el contador Carlos Luppi y el señor Roberto Ghigino, la señora Nelly Morganti le habría dicho al contador Luppi que había recibido el mencionado cheque, en cuyo caso la versión del escribano Rimsky es contradictoria con tal afirmación.

En segundo lugar, parecería que si el señor Roberto Ghigino no hubiera llamado a la Intendencia de Salto para confirmar el cobro del cheque, procedimiento que no era el formalmente establecido puesto que la Corporación Nacional para el Desarrollo ya contaba con el acuse de recibo que resultó ser falso, quizás nunca se habría detectado el faltante. Sin embargo, el contador Jorge Ottino declaró ante la Comisión que en cualquier caso se habría detectado la maniobra al cotejar los saldos de cuentas entre la Intendencia de Salto y la CND. Sobre este punto también existe controversia.

En tercer lugar, también es objeto de controversia el alcance del estudio realizado por el contador Jorge Ottino a efectos de establecer los procedimientos administrativos de contralor de la ejecución de los Programas de asistencia técnica. Las declaraciones del contador Ottino fueron imprecisas acerca de dicho alcance y sobre la certeza acerca de la imposibilidad o no de que dicho episodio fuera excepcional.

No debe olvidarse que la Corporación realizó cientos de cursos de asistencia técnica a lo largo de casi una década mediante el mismo procedimiento que el correspondiente a este caso, ejecutando más de un millón de dólares por tal concepto.

Por lo tanto, asegurarse de que lo ocurrido en este caso era una excepción resultaba una obligación inexcusable de las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo y era además uno de los cursos de acción aconsejados por los firmantes del memo Luppi-Ghigino, sin embargo de acuerdo a lo declarado por el contador Ottino (Acta Nº 2044, página 27) los procedimientos que él utilizó para revisar lo actuado en el marco de las actividades de asistencia técnica no habrían podido detectar esta maniobra en caso de haber sido reiterada.

A su vez con respecto al alcance de la revisión realizada por el contador Ottino éste señaló que se limitó a las actividades de asistencia técnica que estaban en curso en ese momento y a las realizadas durante el mencionado año 1998. En particular señaló: "Se revisaron las que estaban pendientes o en curso. No iba a revisar para atrás todos los convenios que pudo haber habido si no existían reclamos de ninguna Intendencia de pagos pendientes, ni tampoco de las ONG ni de nada" (Acta Nº 2044, página 31); lo cual mantiene la interrogante sobre la ocurrencia de otros episodios de similar tenor.

Ciertamente quedan dudas acerca de estos extremos, puesto que en caso de haber sido excepcional, la interrogante que emerge es por qué justo en el caso en que el señor Ghigino resolvió chequear el destino del cheque a Salto, justo descubrió la única maniobra que habría existido. A este respecto es esclarecedor el diálogo mantenido en el seno de la Comisión: "Señor Mieres.- ¿Y cuál fue el procedimiento por el cual se descubrió esta maniobra?. Señor Ottino.- Vamos a empezar... Señor Mieres.- El procedimiento formal; no me estoy refiriendo a cuál es el procedimiento que le permitió a la Corporación descubrir esta situación. Señor Ottino.- Este procedimiento surgió por una cuestión aleatoria, que nadie puede saber por qué el señor Ghigino averiguó, que no lo comentó... Señor Mieres.- ¿Y ese es un procedimiento formal? Señor Ottino.- Él tuvo una intuición. Eso es cierto; él tuvo una intuición. Señor Mieres.- ¿Y ese es un procedimiento formal? Señor Ottino.- Y es un procedimiento... Es un procedimiento que está... Señor Mieres.- La intuición. Señor Ottino.- Bueno, que no es lo que formalmente se hace, pero él lo hizo y fue valioso" (Acta Nº 2044, página 35).

De modo que la determinación sin margen de dudas sobre si lo ocurrido en esa oportunidad fue excepcional o podría haberse reiterado en otras ocasiones es absolutamente imprescindible, y tal extremo no ha sido dilucidado en el marco de las actuaciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En cuarto lugar, también ha sido objeto de controversia la forma en que se produjo la desvinculación del contador Carlos Luppi de la Corporación Nacional para el Desarrollo, hecho que ocurrió poco tiempo después de este episodio, el 1º de febrero de 1999.

De acuerdo a sus manifestaciones fue despedido de la Corporación, en ese sentido declaró ante la Comisión: "A mí me echaron por decente. Me pidieron la renuncia bajo procedimientos equis, y eso es echar en este país y en cualquier otro... Sí. El señor Conforte me dijo: 'O firmás la renuncia y tenés diez sueldos -creo que era eso-, o te vas con los seis que es el tope que te corresponde, con un colacionado que tenés hoy en tu casa, dentro de un rato'. Fue en esos términos. Entonces, firmé la renuncia y recibí diez sueldos" (Acta Nº 2030, página 15).

En sentido contrario, los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo declararon que este había renunciado y negaron enfáticamente que se le haya solicitado la renuncia.

Hasta aquí la reseña de los hechos, tanto los que no son objeto de controversia como de los que se han presentado testimonios contrapuestos.

Se deben consignar dos elementos más que están vinculados a este episodio.

En primer lugar, el escribano Guillermo Rimsky compareció ante la Comisión Investigadora el 28 de agosto, siendo sus declaraciones consignadas en el Acta Nº 2044; de la versión taquigráfica surge que se limitó a dar lectura a un texto pre-elaborado y que no accedió a ser interrogado.

Por su parte, del Acta Nº 2074 que contiene los testimonios vertidos durante la comparecencia de los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo del período 1995-1999, ocurrida el 11 de setiembre, surge que la doctora Milka Barbato, consultada si comparte o ha compartido un estudio profesional con el escribano Guillermo Rimsky, y luego, consultada si el escribano Rimsky tiene alguna vinculación profesional con la doctora Barbato, textualmente manifestó: "No tengo ni tuve nunca en el pasado ni tengo en la actualidad ninguna relación de sociedad con el escribano Rimsky ni con ningún otro profesional".

No obstante ello, en la reunión de la Investigadora llevada a cabo el 15 de setiembre, se dejó constancia documental de que en la edición de 1995-1996 del índice de profesionales, que publica SAVI Propiedades, figura que la doctora Milka Barbato y el escribano Guillermo Rimsky tienen la misma dirección profesional: Juncal 1305, escritorio 405, teléfono 9063847 y fax 9061558 (Acta Nº 2081, página 1).

En conclusión, los hechos acaecidos, de los cuales se tuvo noticia en virtud de los múltiples documentos aportados y de los diversos testimonios recabados, imponen la necesidad del debido esclarecimiento.

Por otra parte, al haberse constatado la comisión de actos y conductas de apariencia ilícita, las vías de procedimiento a seguir surgen impuestas por las normativas legales correspondientes, por lo que sobre esta denuncia resulta imprescindible dar noticia a la Justicia a los efectos que esta entienda pertinentes.

7.3 Programas de crédito a micro y pequeñas empresas, el Programa BID-MyPE y el Programa Corporación

Se analizó la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en relación con la administración y ejecución de préstamos de organismos internacionales y de fondos otorgados por la Ley Nº 16.882 para los créditos a micro y pequeñas empresas:

En oportunidad de la comparecencia del contador Carlos Luppi, Gerente de la Unidad Coordinadora de Programas referidos a los créditos a pequeñas empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde 1990 hasta febrero de 1999, este señalaba la metodología de trabajo seguida en dicho organismo: "El Programa se inició con un monto de US$ 10.000.000, de los cuales US$ 7.000.000 eran fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y US$ 3.000.000 de contrapartidas locales, otro componente muy novedoso y muy bueno. Había un compromiso también de las instituciones financieras locales que... otorgaban créditos con sus propios recursos".

"Estos Bancos le decían simultáneamente a la Corporación y al Banco Central: 'yo quiero US$ 700.000 para atender tal paquete de pequeños empresarios. Y la Corporación, en donde había una unidad coordinadora de Programas -que yo tenía el honor de dirigir- decía bueno, vamos a revisar que esto sea así. Vamos a controlar porque podía darse el caso de que la institución financiera quisiera fondearse. Hacíamos auditorías a muestreo y se constataba que había créditos a entregar a pequeños empresarios... y que estos fueran tales porque ustedes saben que hay una larga definición pero que se resume en muy pocas cifras. Para calificar en este Programa había que tener hasta 20 empleados y cumplir otra condición: que fuera o tener activos que no superaran los US$ 50.000 o ventas anuales, excluidos los impuestos, que no superaran el equivalente a US$ 180.000. Una vez realizados esos chequeos, el Banco Central libraba los fondos a la institución financiera, le daba el cupo -llamémosle así-, la misma otorgaba los créditos y luego el Banco Central se fondeaba, tomaba los cargos de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa era una parte del circuito. Después venía el circuito exactamente contrario que podíamos llamar de repago, siempre hablando en grandes líneas. El pequeño empresario le paga a la institución financiera, ésta -al cierre de cada vencimiento- le paga al Banco Central y este, a su vez, en representación de la República -también interviene la OPP como supervisora de todos los Programas en representación de la República- al Banco Interamericano de Desarrollo. Ese era "grosso modo" el funcionamiento del componente de crédito del Programa".

Agregó el contador Luppi: "...un Programa que, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, nucleando a un conjunto de instituciones públicas y privadas... trató de buscar darle a las pequeñas empresas crédito por un lado y capacitación por otro".

"Por un lado, teníamos la parte de rendición de cuentas ante el Banco Central que era quien firmaba con las instituciones financieras los llamados convenios subsidiarios de participación. El Banco Central debía firmar con cada institución financiera que lo solicitara -el trabajo que nos dio conseguir instituciones financieras que le quisieran prestar a pequeñas empresas- un convenio subsidiario de participación por el cual se le otorgaba un cupo que el Banco Central determinaba en función de la solidez patrimonial que tuvieran esos Bancos".

También expresó el contador Luppi: "El Banco Central tenía la facultad estipulada en el convenio subsidiario de participación de resarcirse en cualquier momento, prácticamente por su propia voluntad, de los montos otorgados en el marco de este Programa".

"Es decir, si el pequeño empresario no le pagaba al Banco, este tomaría las medidas correspondientes. Pero si el Banco no pagaba al Banco Central, éste último tenía la potestad de debitar automáticamente de todas sus cuentas los recursos que hubieran sido otorgados".

Agregamos nosotros, que de ahí surge la importancia de esos convenios que se suscribían con las instituciones financieras.

Con respecto a estos convenios, la contadora Ana Fusco expresó (sesión del 4 de setiembre de 2003): "En el Programa BID-MyPE los convenios de participación se firmaban con el Banco Central. A grandes rasgos es eso. Más que cupos eran convenios de participación".

Más allá de estas puntualizaciones, estos cupos, establecidos en los convenios suscriptos con el Banco Central, reflejaban sin duda esa precaución del Banco Central de que un determinado Banco no se pasara de un determinado monto que para el Banco Central estuviera garantido, en función de la solidez patrimonial del Banco.

Sobre el funcionamiento del Programa Corporación, la contadora Ana Fusco dijo: "Cuando se inicia el Programa, a principios de 1998, se envía una circular a todas las instituciones (financieras) que trabajaban con el Grupo Meta -es decir, las micro y pequeñas empresas-, invitándolas a participar del Programa Corporación, estableciendo en esa solicitud qué monto consideraban oportuno que podían colocar. Una vez que nos llegaba la solicitud de esa institución, la estudiábamos, la analizábamos y la elevábamos al Directorio, el cual procedía a aprobarla, o no. (...) La figura que ocupa el Banco Central es de agente financiero. Los fondos están depositados en el Banco Central. Una vez que era aprobada la solicitud de la institución financiera, el siguiente paso era colocar ese dinero...".

Según la contadora Fusco "La línea de crédito a la institución financiera la aprobaba el Directorio; las instituciones financieras otorgaban los créditos... En el caso del Programa Corporación, (en virtud de la experiencia que se había logrado a través del Programa BID-MyPE), se detectó que las micro empresas -de menos de cuatro personas, que muchas veces requerían un crédito de US$ 500 o US$ 1.000- no lograban eco en las instituciones financieras, dado el costo que implicaba este crédito. Entonces se optó, a través del Programa Corporación, por incluir instituciones que tuvieran experiencia en el otorgamiento de créditos a micro empresas. En el caso del Programa Corporación se incluyeron instituciones como la Fundación Uruguaya de Asistencia a la Mujer, FUNDASOL, PROLECO, que es una cooperativa cerrada de productores de leche, etcétera. Se las habilitó para que pudieran otorgar créditos".

En cuanto al Programa Credijoven, que se lanzó en 1998 en un acto repleto de jóvenes en el Sea Garden, respondió que ese Programa no había estado a su cargo, sino del contador Bruno Gilli, pero que "En la medida en que iba a realizarse con fondos del Programa Corporación y no hubo desembolsos, para todos los proyectos que se presentaron... creo que no se otorgó ningún préstamo, al menos con fondos del Programa Corporación".

Se describen a continuación las actividades más importantes en que ha participado la Corporación Nacional para el Desarrollo en el período considerado en esta área.

El 29 de diciembre de 1990, Uruguay y el BID celebraron un contrato de préstamo (Nº 614 OC-UR) destinado a financiar un Programa global de crédito para la micro y pequeña empresa (BID-MyPE), por un equivalente a US$ 7.000.000 (siete millones de dólares), que sería ejecutado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, librándose el primer desembolso el 15 de diciembre de 1991.

En el año 1992 el Programa BID-MyPE comenzó a funcionar en forma plena. Es un convenio de préstamo relacionado con el financiamiento de las MyPE, a corto y mediano plazo. Ingresaron al Programa, firmando el respectivo convenio con el Banco Central del Uruguay, siete instituciones financieras (cuatro Bancos y tres cooperativas de ahorro y crédito), que operaron como canalizadores de los fondos a los beneficiarios finales.

Durante 1993 se desembolsaron la totalidad de los recursos del convenio BID-MyPE (US$ 7.000.000) a través de la participación activa de ocho instituciones financieras (cuatro Bancos y cuatro cooperativas de ahorro y crédito). Si se agregan a los recursos BID los recursos aportados por las propias instituciones financieras, se llegaron a otorgar 1.050 préstamos a un promedio de US$ 8.900 (ocho mil novecientos dólares).

En el transcurso del año 1994 se canalizaron recursos por un total de US$ 2.095.517 correspondientes a 264 subpréstamos, lo que permitió alcanzar al 31 de diciembre de 1994 una utilización de fondos del Programa por un monto de US$ 10.923.699, en 1.285 proyectos de micro y pequeños empresarios distribuidos en todo el territorio nacional. De este total, unos US$ 8.564.000 correspondían a préstamos con recursos BID. La utilización de fondos al 31 de diciembre de 1995 ascendía a US$ 13.736.351, de los cuales unos US$ 10.848.000 eran recursos de origen BID y el resto préstamos de los propios Bancos. Fueron aplicados a 1.539 subpréstamos concentrándose en el interior del país el 75% de los préstamos y el 68% de la colocación.

El Programa Global de Crédito Multisectorial (Contrato de Préstamo 705/OC-UR) acordado entre el BID y el Uruguay, significó un préstamo para el país de US$ 90 millones, designándose organismo ejecutor del mismo al Banco Central del Uruguay. El 27 de octubre de 1995 se firmó el Convenio BCU-CND por el cual se acordó que de ese monto se destinen US$ 20.000.000 para aplicar exclusivamente a micro y pequeñas empresas, asignándosele a la Corporación Nacional para el Desarrollo la coordinación de la aplicación de esos fondos, así como la evaluación del impacto ambiental de los proyectos. Se contó con la participación de cinco Bancos (BROU, ACAC, Banco Caja Obrera, Comercial y Pan de Azúcar).

Al 31 de diciembre de 1996 el total de recursos movilizados asciende a US$ 20.128.878 aplicados a 1.691, si bien de esta cifra US$ 11.911.000 corresponden a recursos BID, mientras que US$ 3.319.000 obedecen a recursos de los Bancos y el resto a montos aportados por las propias empresas. La canalización de los créditos se efectuó a través de ACAC, Banco Comercial, BROU, Banco Santander, Banco Surinvest y BHU.

En el período 1996, el monto de los préstamos ascendió a US$ 1.087.171. Hasta 1997 se llevaban movilizados recursos por US$ 40.203.502. Sin embargo, este monto incluye cifras diferentes. Los fondos canalizados del BID provienen tanto del préstamo original por US$ 7.000.000 del BID, que se destinó a préstamos al sector, como de los recuperos de esos préstamos, que se volvieron a prestar por un monto total de unos US$ 5.600.000, como de la canalización de fondos del Multisectorial por unos US$ 13.500.000.

Esto da un total de US$ 26.174.000 de recursos provenientes del BID canalizados al sector de las MyPE, que son los recursos que contaron con la intervención de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Para llegar a los más de US$ 40 millones referidos, a este monto deben agregarse los préstamos efectuados por las instituciones financieras con recursos propios por US$ 3.831.000, y los aportes declarados por las propias empresas (que no son préstamos) por US$ 10.199.000. Estos préstamos fueron recibidos por 2.681 pequeños empresarios.

Durante 1997, los préstamos otorgados en función del Programa BID-MyPE ascendieron a US$ 14.775.000, destacándose fuertemente la participación del BROU y del Banco Pan de Azúcar por US$ 7.700.000 y US$ 3.500.000 respectivamente.

En 1997 se aprobó la Ley Nº 16.882 que creó un Programa de apoyo a las micro y pequeñas empresas, financiado por el Poder Ejecutivo mediante la emisión de Bonos del Tesoro y ejecutado por la Corporación Nacional para el Desarrollo por un monto de hasta US$ 30.000.000. Se llamó Programa "Corporación" y estuvo destinado a atender solicitudes de financiamiento de micro y pequeños empresarios.

Con relación al Programa "Corporación", al 31 de diciembre de 1998 se firmaron convenios para operar con instituciones financieras reguladas y no reguladas por el Banco Central del Uruguay: Banco Pan de Azúcar (luego Banco de Crédito), Banco La Caja Obrera, ACAC, COFAC, FUCAC, CAYCU, CACDU, PROLECO y las fundaciones FUNDASOL Y FUAMM (Banco de la Mujer). La incorporación de instituciones financieras no reguladas por el Banco Central del Uruguay no era permitida por los Programas BID.

Este Programa financia capital de inversión por hasta US$ 60.000 con un plazo máximo de repago de hasta cinco años; y capital de trabajo hasta US$ 30.000 con un plazo máximo de hasta dieciocho meses.

La colocación total al 31 de diciembre de 1998 fue de US$ 7.999.000, concedida a través de 517 préstamos, lo que da un promedio de US$ 15.473 por préstamo. De este total, más de US$ 5.500.000 se colocaron a través del Banco de Crédito (ex Banco Pan de Azúcar).

Por su parte, el Programa BID-MyPE, durante 1998, significó colocaciones por US$ 2.050.000, de los cuales US$ 1.867.000 fueron recursos manejados por la Corporación. De este total, US$ 917.000 fueron colocados por el Banco Pan de Azúcar.

Esto hace un total de préstamos al sector canalizado por la Corporación Nacional para el Desarrollo al 31 de diciembre de 1998 de US$ 36.040.000, de los cuales US$ 7.999.000 correspondieron al Programa Corporación y US$ 28.041.000 al Programa BID-MyPE.

Se crea una nueva línea de crédito destinada a jóvenes microempresarios de entre dieciocho y veintinueve años, con un máximo de crédito para capital de inversión de US$ 25.000 (plazo máximo de hasta seis años) y para capital de trabajo de US$ 15.000 (plazo máximo de hasta dieciocho meses). Se lanzó en Salto el 29 de mayo de 1998, bajo la denominación de "Jóvenes de la Corporación".

Para estos créditos se creó una Comisión de Créditos conjunta con funcionarios de la Corporación Nacional para el Desarrollo y del Banco de Crédito, que al 31 de diciembre de 1999 habían analizado y aprobado 51 créditos por un importe de US$ 420.000, un promedio de US$ 8.200 por cada joven.

En 1998 se lanzó el Programa "Credijoven", con fondos aportados por Corporación Nacional para el Desarrollo y el BROU de US$ 10.000.000, para el otorgamiento de 1.000 créditos de hasta US$ 10.000 cada uno para activos fijos, y de hasta US$ 3.000 para capital de trabajo. El lanzamiento se realizó el 1º de diciembre de 1998, en un marco multitudinario de más de 1.700 jóvenes en el Sea Garden.

No se reportó el otorgamiento de ningún préstamo bajo esta modalidad.

El BID-MyPE movilizó hasta el 31 de diciembre de 1999 un total de US$ 47.224.165, de los que US$ 31.491.745 corresponden a préstamos con recursos BID y el resto son aportes de las instituciones de intermediación financiera (US$ 4.109.000) y aportes declarados por los beneficiarios de 3.350 créditos (US$ 11.623.000).

Con respecto al Programa Corporación, la colocación total ascendió a enero de 2000, a US$ 13.496.490, aportados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se colocaron 923 préstamos, a un promedio de US$ 14.622.

Al 31 de diciembre de 1999 el Ministerio de Economía y Finanzas había depositado aproximadamente US$ 13.000.000 en el Banco Central del Uruguay de los cuales fueron utilizados US$ 12.954.075 por los subagentes.

A fines de 1998 Uruguay suscribió con el BID el Préstamo Global Multisectorial II (Contrato de Préstamo Nº 1155/OC-UR). En este caso la Corporación se limita a realizar tareas de promoción y control y evaluación del impacto ambiental, siendo el Banco Central del Uruguay el organismo ejecutor del Programa.

La enumeración de acciones presentada más arriba, ejercicio por ejercicio, permite establecer que la Corporación canalizó créditos a micro y pequeños empresarios hasta fines de 1999 por un total de aproximadamente US$ 45.000.000 (cuarenta y cinco millones de dólares) entre las diferentes líneas de crédito establecidas.

A continuación se presenta un cuadro que permite visualizar el flujo de ejecución en la canalización de estas líneas de crédito.

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total por

línea

BID MyPE

7

1,6

2,2

1,1

0,7

1,1 3,5

17,2

BID Multisect.

       

13,6

0,7  

14,3

Prog. Corpor.

          8 5,5

13,5

Total por año

7

1,6

2,2

1,1

14,3

9,8 9

45,0

(las cifras son en millones de dólares)

Del análisis de los montos administrados se desprende la importancia que tuvieron las colocaciones efectuadas en los años 1997, 1998 y 1999, que concentraron más del 73% del total prestado en ese período, con un total de US$ 14,3 millones en 1997, US$ 9,8 millones en 1998 y US$ 9 millones en 1999.

Si se analiza la distribución de los préstamos entre las distintas instituciones financieras intervinientes se aprecia una fuerte concentración de los préstamos en los últimos años a través del Banco de Crédito (ex Banco Pan de Azúcar).

En 1997, del total colocado la mayor parte correspondió al BROU (US$ 7,7 millones) y al Banco Pan de Azúcar (US$ 3,5 millones).

En 1998, el Banco de Crédito (ex Banco Pan de Azúcar) concentró la mayoría de los préstamos, con US$ 6,4 millones colocados.

En 1999, el Banco de Crédito volvió a concentrar la mayoría de los préstamos, habiendo canalizado préstamos de la Corporación por un monto de US$ 3,5 millones en un total de US$ 9 millones.

Quiere decir que del total de préstamos otorgados entre los años 1997 y 1999, los que sumaron unos US$ 33,1 millones, un monto de US$ 13,4 millones fueron canalizados a través del ex Banco Pan de Azúcar que después pasó al Banco de Crédito, es decir un 40% de los créditos.

Y específicamente dentro del Programa Corporación, que alcanzó en dos años (1998 y 1999) un monto total de colocaciones de casi US$ 13 millones, el Banco de Crédito (ex BPA) concentró la mayoría de los préstamos por un monto de US$ 9 millones, cifra que representó el 70% de los préstamos otorgados.

La información proporcionada por la Corporación Nacional para el Desarrollo relativa a la morosidad que registraban las distintas líneas de crédito a micro y pequeñas empresas es escasa y dispersa, no es exhaustiva de tal forma que abarque para cada período la morosidad institución por institución, ni presenta una adecuada comparación entre los totales colocados y los créditos vencidos, que coincida con los totales colocados informados año a año.

Tampoco se presenta una comparación adecuada entre los niveles de morosidad de las distintas instituciones, ni la calificación de los créditos según el grado de cumplimiento o atraso.

Sin embargo, es posible sacar algunas conclusiones muy significativas.

En relación a la morosidad de los créditos otorgados, llama la atención la morosidad que tuvo el BROU en los Programas BID-MyPE, desproporcionada con la obtenida por los restantes Bancos que participaban en el Programa. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 1998, el total de la cartera afectada por morosidad ascendía a US$ 2.515.000, de los cuales US$ 2.455.000 correspondían al BROU, o sea que el 97,6% de la cartera afectada correspondía a operaciones otorgadas por el BROU.

¿Cómo se explica esto? ¿Acaso puede ser que una sola institución financiera, el BROU, concentre por sí misma el 97,6% de la morosidad del Programa BID-MyPE, cuando no representaba más del 47% de las colocaciones de este Programa? Este Programa habría producido pérdidas al BROU proporcionalmente mucho más importantes que a las demás instituciones financieras que participaron del mismo.

Si bien la gestión del BROU no es objeto de esta investigación, sin dudas que tal comportamiento obliga a señalar con particular énfasis la mala gestión de este Banco público en la selección de los beneficiarios y luego, también, en su capacidad de recuperar los créditos otorgados.

De la escasa información que aportó la Corporación, se puede extraer que al 31 de diciembre de 1995, la consultora de créditos contadora Ivonne Acosta expresaba que el Programa "presenta elevadísimos índices de morosidad" (folio 3064), expresando asimismo como causas del problema, entre otras, la "liberalidad de algunos gestores en el otorgamiento de los créditos y en buena parte la falta de un seguimiento adecuado" (folio 3065).

Tal vez sea por causa de la alta morosidad que después de 1997, el BROU dejó de participar en los Programas de la Corporación de créditos a micro y pequeñas empresas.

El escribano Gemelli expresó en la sesión del 14 de marzo de 2003: "La calificación y el grado de morosidad de la cartera es un tema que en algunos momentos se recoge estadísticamente o se hace un muestreo pero, en definitiva, para la Corporación no es un punto esencial en su administración. Digo esto porque la Corporación tiene garantido -eso figura en el convenio que se firmó con el Banco Central y en el convenio celebrado con los Bancos- que va a recibir el 100% del recupero del capital. Eso se ha verificado por lo menos hasta esta fecha; digo esto porque con la situación del sistema financiero...".

Agregó Gemelli: "si el índice de morosidad es muy alto, es un problema entre el Banco y su cliente y no entre el Banco y la Corporación, porque esta va a recuperar su dinero".

Evidentemente, en los convenios se acuerda que la morosidad sea absorbida por los Bancos. Lo que no tenía garantizada la Corporación es si alguno de esos Bancos entraba en liquidación, como el caso del Banco de Crédito, que concentraba el 70% de la cartera del Programa Corporación.

Pero, además, en la medida que la Corporación Nacional para el Desarrollo se convierte en accionista mayoritario del Banco de Crédito en diciembre de 1998, el impacto de la morosidad de este Banco impacta sobre el propio organismo, o debido a la cláusula de no afectación patrimonial, sobre el propio Estado que es, en definitiva, el responsable final por el resultado financiero de dicho Banco.

¿Cuál era el nivel de morosidad del Banco de Crédito en la línea de crédito a pequeños empresarios?

La contadora Ana Fusco, actual responsable del área de MyPE en la Corporación Nacional para el Desarrollo, reconoció que la morosidad del Banco de Crédito a fines de 1999 era muy superior a la media (Acta Nº 2055 de 2003, página 26).

Como no ha sido posible obtener información directa de la Corporación Nacional para el Desarrollo sobre el nivel concreto de morosidad del Banco de Crédito sobre los préstamos a micro y pequeñas empresas correspondientes al Programa Corporación, hemos tomado como referencia un informe que la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) por nota del 20 de mayo de 2003 hizo llegar a la Comisión Investigadora sobre las actuaciones del Sistema Financiero y Bancario sobre el nivel de morosidad de la cartera del Banco de Crédito con respecto a los préstamos a PYME. De acuerdo a estos datos, el propio Banco de Crédito calificaba en categorías 3, 4 y 5 a julio de 1999 al 38% del total de la cartera, mientras que el Banco Central ubicaba dicha morosidad en el 64% de dicha cartera.

La propia contadora Ana Fusco señaló que en 1999 la morosidad del Programa Corporación ascendía al 41% lo que contrastaba con el nivel de morosidad del Programa BID-MyPE que, según la misma fuente, ascendía al 15% (Acta Nº 2055 de 2003, página 37).

De modo que, notoriamente, la gestión de este Programa a cargo del Banco Pan de Azúcar en 1998 y, posteriormente, a cargo del Banco de Crédito en 1999 ha sido altamente insatisfactoria, sin embargo ello no impidió que la Corporación Nacional para el Desarrollo concentrara los créditos en dicho Banco.

Es más, en julio del año 1998 el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo resuelve financiar la participación del contador Mario Core, responsable del Departamento de MyPE del Banco Pan de Azúcar y luego del Banco de Crédito, en dos eventos en los Estados Unidos, un curso de capacitación en "Metodologías para canalización de recursos a MyPE" en el BID en su sede central de Washington y un "Workshop de Negociación" en la Universidad de Harvard, lo que implicó un desembolso de U$ 6.308 dólares.

Debe destacarse que de todos los Bancos que operaban con la Corporación Nacional para el Desarrollo, este fue el único invitado por la CND para tales actividades en dicho año. De modo que, a pesar de los índices de morosidad señalados, la CND apostó fuertemente a la canalización de esta línea de crédito en dicho Banco.

8. Conclusiones

8.1. Con respecto a la concepción que fundamenta a la Corporación Nacional para el Desarrollo

Quienes suscriben este informe comparten filosóficamente la necesidad de que existan organismos de la naturaleza de la Corporación Nacional para el Desarrollo, es necesario que el Estado coopere en el proceso de desarrollo del país apuntalando aquellas inversiones productivas que resultan potencialmente significativas y que poseen potencialidades relevantes para el futuro del país.

Sin embargo, con el mismo énfasis se cuestionan todos los procedimientos que, de una u otra forma, han desnaturalizado el sentido original de este instrumento transformándolo en un organismo que no ha seleccionado adecuadamente los emprendimientos a apoyar y que ha terminado operando, en varios casos, como un instrumento de "salvataje" de empresarios fundidos y empresas fracasadas más que como un apoyo a iniciativas de significación para el desarrollo del país.

8.2. La necesidad de un nuevo marco regulatorio

El análisis de lo ocurrido en la Corporación Nacional para el Desarrollo durante todos estos años permite concluir que es necesario modificar el marco normativo vigente, en tanto la ley de creación de la CND no ha sido adecuada y ha propiciado, por sus vacíos y por sus indefiniciones, que en diferentes instancias se tomaran decisiones que afectaron la propia integridad patrimonial de la CND.

Deben existir disposiciones contundentes en materia de contralor de la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, también deben definirse con mayor precisión y acotamiento sus cometidos y sus formas de actuación, así como los requisitos que se deben cumplir para que la CND decida invertir en empresas. Se debe readecuar su ingeniería institucional en consonancia con la ausencia de capitales privados en ella, y también debe prohibirse que la CND asuma la gestión o el paquete accionario de instituciones de intermediación financiera, entre otras modificaciones necesarias.

En particular, nos interesa plantear la creación de un nuevo órgano dentro del organigrama de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se trata de una propuesta ya realizada en el seno de la discusión parlamentaria y que luego no fuera recogida por el proyecto aprobado. La propuesta consiste en crear un Consejo Consultivo con representantes de la sociedad civil: Cámara de Industrias, agremiaciones agropecuarias, agremiaciones de trabajadores, la Universidad de la República, las cooperativas, etcétera, con el objeto de contar con un mayor contralor de la gestión de los Directores. Tendría como atribuciones el asesoramiento al Directorio, la colaboración entre los distintos sectores sociales y otras que se puedan estudiar más adelante.

En conclusión, entonces, los resultados fuertemente negativos constatados por la Comisión Investigadora, conducen a la necesidad de reformular el marco regulatorio de la entidad; a los efectos mencionados, se sugiere la creación de una Comisión Especial con fines legislativos que establezca las bases de una normativa actualizada haciendo lugar a las observaciones planteadas por el presente informe.

8.3. Sobre la decisión de no aceptar el contralor del Tribunal de Cuentas

La conducta sistemática practicada por las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde 1991 hasta 2000, de obstaculizar al Tribunal de Cuentas el ejercicio adecuado de sus funciones, frustró la garantía última de control sobre el uso que la Corporación hizo de los millonarios recursos de que dispuso.

Existiría entonces, a nuestro juicio, por parte de los sucesivos Directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo, desde 1991 hasta 1999, responsabilidad en la decisión de no permitir al Tribunal de Cuentas cumplir con su tarea de auditar los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El conjunto de argumentos jurídicos que respaldan la posición del Tribunal de Cuentas es realmente abrumador y, si bien los Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo de la época fundaron su posición en opiniones jurídicas de la propia CND y en una consulta a un especialista en Derecho Administrativo, la posición sostenida infructuosamente por el Tribunal de Cuentas es absolutamente compartible.

Por otra parte, nos consta que el dictamen del doctor José Aníbal Cagnoni se realizó sobre el fundamento de que los recursos que manejaría la Corporación Nacional para el Desarrollo serían de origen mixto, es decir públicos y privados, puesto que se esperaba la integración de capitales privados. En los hechos ello nunca ocurrió, con lo que los recursos que manejó la CND y la integración de su Directorio fue siempre en representación del Estado uruguayo, por lo que la naturaleza pública de dichos recursos es indiscutible.

Sin embargo, más allá de la discusión jurídica existe una cuestión relacionada con la sensibilidad política que aconsejaba, para asegurar la transparencia de la gestión de este organismo, habilitar la actuación del Tribunal de Cuentas; sobretodo cuando la última auditoría realizada a la Corporación Nacional para el Desarrollo había culminado con un dictamen negativo referido al balance correspondiente al ejercicio 1989.

Además, el análisis de los resultados de las auditorías privadas durante todo el período de existencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo y del resultado de las auditorías que el Tribunal de Cuentas ha podido hacer sobre los ejercicios 2000 y 2001 demuestran la existencia de importantes observaciones sobre la forma en que la CND realiza sus prácticas contables y subraya la importancia de que existan estos mecanismos de contralor.

En este sentido planteamos que, sea cual sea el signo del próximo Gobierno, el Tribunal de Cuentas debe realizar una auditoria previa a la Corporación Nacional Para el Desarrollo. De esta forma, el mencionado organismo accederá a los balances a los que no tuvo acceso por expresa decisión de los Directorios de la CND con el objetivo de cumplir con el papel de auditor y controlador de los organismos y dineros públicos que le marca la Constitución de la República.

8.4. Sobre las pérdidas patrimoniales de la Corporación Nacional para el Desarrollo

La propia Corporación Nacional para el Desarrollo en su balance al 31 de diciembre de 1999 reconoce una pérdida patrimonial equivalente a U$ 42 millones y en su balance 2001 dicha cifra se eleva a U$ 65 millones sobre un patrimonio total de U$ 104 millones.

Sin embargo, el análisis que hace la auditoría externa de la Corporación Nacional para el Desarrollo y, muy en particular, el que realiza el Tribunal de Cuentas pone en entredicho la efectiva existencia de dos créditos aducidos por las autoridades de la CND. El primero es contra el Ministerio de Economía y Finanzas por un valor de más de U$ 40 millones y el segundo contra Agolán S.A. por U$ 4.600.000.

Como se ha expresado a lo largo de este informe, resulta muy dudosa la exigibilidad del crédito contra el Ministerio de Economía y Finanzas y la cobrabilidad del crédito contra Agolán S.A., al menos esto ha sido planteado por el Tribunal de Cuentas en su informe final de auditoría sobre los balances 2000 y 2001 de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Por lo tanto, si se constituyeran previsiones por incobrabilidad en relación a los dos créditos referidos, la Corporación Nacional para el Desarrollo tendría un patrimonio negativo de más de US$ 6 millones de dólares.

Debe anotarse, además, que dicha pérdida patrimonial es anterior al balance 2001, puesto que los acontecimientos que causan las pérdidas patrimoniales señaladas ocurrieron con anterioridad a 1999 aunque sólo pudieron ser registrados y discutidos a partir de que el Tribunal de Cuentas recuperó su facultad de auditoría.

Las observaciones antedichas nos llevan a concluir que los US$ 104 millones que integraron el patrimonio de la Corporación se han perdido prácticamente en su totalidad, dejando a la Corporación Nacional para el Desarrollo en una situación patrimonial sumamente comprometida.

8.5. Sobre las características generales de las decisiones de inversión de la Corporación Nacional para el Desarrollo

Como se señaló más arriba, es posible detectar algunas constantes en la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo con respecto a sus inversiones en empresas productivas.

En primer lugar, la ausencia o debilidad de los estudios técnicos previos a la decisión de invertir; en segundo término la falta de correspondencia entre las previsiones formuladas sobre la evolución económico-financiera de los emprendimientos y su desempeño efectivo posterior, la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo está plagada de pronósticos fracasados sobre la evolución de los emprendimientos en los que invirtió; en tercer lugar, la adjudicación al socio privado de la dirección de la gestión empresarial y una fuerte desconexión de la CND respecto de su control; en cuarto lugar, en aquellas empresas en donde la CND tuvo la gestión directa sufrió importantes pérdidas, como por ejemplo en el caso El Mago S.A.; en quinto lugar, la omisión de exigir el cumplimiento de la cláusula de obligación de recompra de su participación, en donde además se incurrió en incumplimientos de contratos en donde ello estaba estipulado (esto es claro en el caso Migranja); en sexto término la omisión de ejecutar las garantías previstas en su beneficio y finalmente la insuficiencia o no aplicación de los mecanismos de control público de las inversiones de CND.

Estas siete características demuestran la falta de garantías que rodeó la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en las decisiones de uso de los recursos públicos que manejaba.

8.6. Sobre lo actuado con respecto a los Frigoríficos Canelones y Colonia

La Corporación Nacional para el Desarrollo asumió los paquetes accionarios de los Frigoríficos Canelones y Colonia como forma de capitalización por parte del BROU, se trataba de dos empresas fuertemente endeudadas que, durante el tiempo que estuvieron en manos de la CND siguieron teniendo importantes pérdidas.

De acuerdo a los hechos presentados ante la Comisión Investigadora, la Corporación Nacional para el Desarrollo no tuvo alternativa, puesto que sus opciones de inversión se limitaban a una lista proporcionada por el BROU de empresas sobreendeudadas; dentro de esa lista, parece razonable la elección de la CND, por cuanto los frigoríficos cumplían con los criterios generales que la CND debía tener en cuenta para sus inversiones.

Por cierto, lo que no estaba previsto ni era consecuente con la idea original es que la Corporación Nacional para el Desarrollo tuviera que asumir emprendimientos en situación de crisis patrimonial, como los que estamos analizando.

El resultado final de la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en los frigoríficos significó una pérdida para este organismo que ascendió a más de U$ 33 millones. Por su parte el BROU, que mantenía, inicialmente, créditos contra ambos frigoríficos por U$ 40 millones, terminó aceptando una quita equivalente a U$ 28 millones. Por lo que la pérdida final para el Estado uruguayo fue de U$ 61 millones.

Por su parte, los ex propietarios de los frigoríficos, si bien perdieron parte de sus bienes que habían puesto en garantía por las deudas de sus empresas, obtuvieron, en base al contrato firmado en 1988 con la Corporación Nacional para el Desarrollo, el derecho a permanecer en la gestión de estos frigoríficos cobrando mensualmente honorarios por cantidades importantes y además se les otorgó en su favor la cláusula de recompra la que fue el fundamento para que posteriormente negociaran la liberación parcial de sus garantías patrimoniales.

Por otra parte, la ausencia de disposiciones en el contrato sobre eventuales pasivos ocultos en la situación patrimonial de los frigoríficos determinó la obligación para la Corporación Nacional para el Desarrollo de asumir costos que no estaban previstos en el momento en que se transfirió la propiedad a este organismo.

La comparación entre las pérdidas asumidas por el Estado uruguayo y las que finalmente sufrieron los dueños de los frigoríficos eximen de más comentarios.

Es posible, entonces, señalar que existiría responsabilidad por parte del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo del año 1988 por haber firmado un contrato que establecía obligaciones tan desventajosas para la CND y tan favorables para empresarios que tenían sus patrimonios gravemente comprometidos.

Por el contrario, no resulta cuestionable la conducta asumida por el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo que acordó con los ex propietarios la liberación parcial de las garantías a cambio de dejar sin efecto la opción de recompra a su favor, puesto que esta era una condición indispensable para proceder a la venta de estas empresas. Tampoco se observan responsabilidades en la negociación de su posterior venta, ni en las modalidades adoptadas para ello ni en el precio final obtenido.

8.7. Sobre lo actuado con respecto a El Mago S.A.

En el caso de El Mago S.A. la Corporación Nacional para el Desarrollo perdió más de U$ 13 millones.

Si bien como se señaló al comienzo de este apartado esta empresa fue asumida por la Corporación Nacional para el Desarrollo en una situación muy comprometida, parece indiscutible que la demora en tomar la decisión de liquidación de la empresa cuando resultaba evidente la inviabilidad de su recuperación, representó un incremento de la pérdida de la CND en El Mago S.A., puesto que en caso de haberse liquidado con anterioridad esta podría haberse atenuado.

8.8. Sobre las eventuales responsabilidades con respecto a la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Migranja S.A.

Con respecto a la decisión inicial tomada en 1989 de participar en Migranja, es necesario reconocer que existieron elementos favorables y, además, en cualquier caso la Corporación Nacional para el Desarrollo asumía un papel muy minoritario en un proyecto que contaba con apoyos diversos.

En el transcurso de la sesión de la Comisión Investigadora del 26 de junio de 2003 quedó muy claro que la participación de la Corporación en Migranja fue absolutamente minoritaria y ocurrió en último término, es el último socio que ingresó al emprendimiento, cuando ya habían acordado participar las dos corporaciones internacionales, la que pertenece al BID y la del Banco Mundial y cuando, además, ya se había obtenido un préstamo significativo de parte del Banco de la República por US$ 5.000.000 y se habían recibido préstamos de las propias corporaciones internacionales.

La Corporación Nacional para el Desarrollo ingresó con US$ 1.000.000 en US$ 19.000.000; a su vez, asumió esta obligación contando con una cláusula que obligaba al accionista mayoritario privado a recomprar la parte de la CND si esta lo entendía necesario.

Quiere decir que durante nueve años la Corporación tuvo muchas veces la posibilidad de salir de un negocio cuyo patrimonio real se fue volviendo negativo y cuyos resultados eran cada vez peores, restringiendo la pérdida final a US$ 700 mil, cifra que resulta de comparar la inversión inicial de US$ 1 millón con el recupero de US$ 300 mil si se hacía cumplir la oferta planteada por el Grupo Sponsor.

Si la empresa hubiera sido exitosa, cada parte hubiera cuidado celosamente su porción de las utilidades, sin embargo, frente a su fracaso la opción fue que el Estado asuma las pérdidas, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

En efecto, en enero de 1999 comienza a cambiar la actitud de la Corporación hacia Migranja. Tal como surge de las actas de Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en momentos en que Migranja estaba en situación de liquidación, la Corporación otorga a la empresa por primera vez, un crédito de US$ 400.000 y en ese caso se toma como garantía la segunda prenda de un equipamiento vinculado a cámaras frigoríficas o mantención de frío, a lo que se agrega la firma solidaria del señor Martín Apariquián.

El segundo paso fue asumir la parte del paquete accionario correspondientes a las corporaciones internacionales (BID y Banco Mundial) pagándoles de su patrimonio el valor equivalente al 50% de los créditos que estas tenían contra Migranja. En el peor momento la Corporación Nacional para el Desarrollo aumenta su participación en Migranja y asume parte de sus deudas.

Resulta realmente inexplicable que la Corporación termine asumiendo la compra de los créditos a las corporaciones internacionales, que habían ingresado a Migranja antes que la Corporación y a su propio riesgo.

Tanto la corporación del BID como la del Banco Mundial resolvieron por su cuenta integrar capital en Migranja y prestar plata para el emprendimiento. La Corporación Nacional para el Desarrollo entró después y tomó como referencia el hecho de que dichas corporaciones internacionales participaban en el emprendimiento, y lo entendió como un dato de garantía y de apoyo a la inversión.

Pero cuando las cosas van mal, resulta que las corporaciones internacionales terminan entregando su parte a la Corporación y esta les paga U$ 3.500.000 por los créditos que aquellas tenían contra Migranja.

De este modo la Corporación Nacional para el Desarrollo, sin que pueda explicarse, incrementa su riesgo sustantivamente, ya que se trataba de un momento en el que Migranja en forma clara iba hacia el despeñadero y sin que existiera ningún fundamento desde el punto de vista de lo que debe ser un deber básico, que es defender el capital que ella misma tenía invertido en dicha empresa.

El fundamento técnico que se adujo para justificar este conjunto de decisiones inexplicables fue el contenido del informe elaborado por el contador Porteiro. Sin embargo, como se ha demostrado más arriba, el mencionado informe no fue seguido en sus recomendaciones sustanciales (si estas se hubieran seguido la Corporación Nacional para el Desarrollo no podría haber tomado las decisiones que tomó) y, además, se fundaba en expectativas que fueron elaboradas por los gestores anteriores que estaban muy lejanas a la realidad de la empresa.

Lo cierto es que la Corporación Nacional para el Desarrollo, sin ninguna justificación técnica que la respalde, mediante sus decisiones tomadas durante el año 1999 liberó efectivamente las garantías que el Grupo Sponsor había brindado para la obtención de los créditos a favor de Migranja en más de una oportunidad.

En efecto, al asumir el pago de la deuda con las corporaciones internacionales se produce una doble liberación de las garantías, por un lado con respecto a la propia deuda y por otro lado por el préstamo avalado por el Banco de Crédito cuya garantía era también el Grupo Sponsor.

Pero, además, al negociar la deuda con el BROU se produce, en los hechos, una nueva liberación de la garantía del Grupo Sponsor, por cuanto el mencionado préstamo estaba garantizado por el patrimonio del accionista privado.

Finalmente, cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo acuerda con el Grupo Sponsor que este se haga cargo de las obligaciones negociables (única garantía que la CND no libera del accionista privado), como contrapartida la CND renuncia a cobrar un vale de dicho grupo equivalente al 20% de la asistencia otorgada a Migranja, de modo que, como se dijo más arriba, la CND tampoco le exige el cumplimiento de esta garantía que ascendía a cerca de U$ 400 mil.

Entonces, en primer lugar la Corporación Nacional para el Desarrollo adquirió los créditos incobrables de las corporaciones internacionales, en segundo término liberó las garantías del socio mayoritario, quedándose a cambio con un paquete accionario cuyo valor real era nulo y finalmente, en tercer término decidió adquirir al accionista privado el total de la empresa, perdiendo al final de su gestión U$ 13 millones.

Más allá de las responsabilidades políticas que pudieran caber, está claro que la voluntad de la Corporación Nacional para el Desarrollo se expresa a través de su órgano conductor, que es su Directorio, que sólo puede ser suplido por la voluntad de los accionistas expresada a través de la asamblea general de accionistas y ello no ocurrió.

Tampoco se ha presentado a esta Comisión ningún documento escrito en el que conste una solicitud al Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo para que actuara en Migranja de determinada manera. Sólo se ha hecho alusión a alguna reunión en la que se trató el tema con las autoridades económicas de la época, pero no existe ninguna documentación que indique que las decisiones tomadas por el Directorio de CND se asumieron en función de un mandato de dichas autoridades, por lo que la responsabilidad de las decisiones con respecto a Migranja con las consiguientes pérdidas para la CND corresponden, a nuestro juicio, al Directorio de la CND de 1999.

Todo ello para salvar una empresa que, más allá de las evaluaciones realizadas por las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo de la época, tenía un valor muy bajo.

En efecto, el economista Julio de Brun dijo que cuando se vendió Migranja se consiguió la suma de US$ 3.800.000 y que costó conseguirlo; al principio hubo ofertas menores y, finalmente, con un gran esfuerzo se llegó a esa cifra.

Sin embargo, en mayo de 1999, cuando el Directorio de la Corporación todavía no tenía una participación mayoritaria en Migranja, el Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo, señor Alejandro Conforte, manda una nota al economista Carlos Sténeri a Washington y le dice que frente a una hipótesis de liquidación hay que considerar que el valor de una hectárea plantada con variedades buenas es de US$ 18.000 a US$ 20.000; por lo tanto, Migranja tendría un valor de entre US$ 10.800.000 y US$ 12.000.000.

Por su parte, la doctora Barbato declaró en la Comisión que de acuerdo a informaciones que ellos tenían -en particular una evaluación del PREDEG-, el emprendimiento estaba tasado en US$ 9.000.000, justificando con estos datos la necesidad de asumir el valor total de la empresa.

Por lo tanto, cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo va a asumirla vale US$ 9.000.000, US$ 10.000.000 o US$ 12.000.000, y cuando la tiene que vender sólo vale US$ 3.800.000. La realidad indica que en 2001, cuando se vende, vale US$ 3.800.000, con un gran esfuerzo y luego de que bajo la administración del señor Miguel Sarni se realizaron importantes trabajos de recuperación; por lo tanto en 1999 cuando la CND decidió quedarse con ella, el emprendimiento era radicalmente ruinoso y ello era obvio y a todas luces visible.

El Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de 1999 asumió el paquete accionario de Migranja aduciendo que el valor de la empresa era de más de U$ 10 millones, sin embargo dos años después y luego de un gran esfuerzo de recuperación de la empresa por parte de su administrador, el señor Miguel Sarni, las autoridades de la CND del 2001 logran con dificultad vender Migranja por U$ 3,8 millones lo que demuestra que en 1999 la CND actuó sin conocer la situación real del emprendimiento o sobrevaluándolo sustancialmente. El reconocimiento de que las corporaciones internacionales podían conocer que cuanto más tarde se fueran menos iban a rescatar indica que con excepción de la CND todos los demás consocios sabían de la situación ruinosa de la empresa.

Sobre la cancelación de la deuda de Migranja con el BROU en el Acta Nº 43/2001 de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de 19 de diciembre de 2001, se dice que luego de extensas negociaciones mantenidas por la Gerencia General con el BROU, se ha logrado un acuerdo mediante el cual a cambio de la suma de US$ 3.794.967 el BROU transfiere a favor de CND los créditos y garantías que tiene contra Migranja S.A., extinguiéndose la deuda correspondiente.

Dicha cifra corresponde a US$ 2.534.277 para la constitución de un certificado de depósito BROU, para cancelar el valor nominal de la deuda de Migranja S.A. y US$ 1.260.690 a efectos de cancelar anticipadamente el monto que generaría la colocación en veinte años.

Por consiguiente, el BROU tenía un crédito a cobrar contra Migranja de US$ 12,5 millones aproximadamente, por el cual dio carta de pago mediante la entrega de valores por un equivalente a US$ 3,8 millones lo que implicaría una quita de U$ 8,7 millones sobre el total del crédito existente.

Por otra parte, la otra línea de argumentación sostenida para justificar semejante pérdida fue que se trataba de un emprendimiento excepcional en su innovación tecnológica, su capacidad exportadora y su función social como empleador de mano de obra. Sin embargo, como se ha demostrado con contundencia más arriba, nada de ello es sostenible.

Migranja presentó notorios fracasos en el diseño de su proyecto productivo que le implicó costos adicionales no previstos en materia de riego y drenaje; por otra parte, el modelo de gestión adoptado presentó notorias deficiencias; a su vez Migranja tuvo grandes problemas de productividad; los niveles alcanzados de calidad de exportación estuvieron muy por debajo de los esperados por fallas evidentes en el diseño del proceso productivo; se produjo un fuerte impacto negativo en el mercado interno por el traslado a este de importantes cantidades de producción descartadas de la exportación y el impacto en mano de obra ocupada estuvo bastante por debajo de lo anunciado.

Justamente sobre este punto vale la pena reiterar aquí la cuenta realizada más arriba sobre los referidos costos sociales que hubieran ocurrido en caso de liquidar la empresa.

En efecto, de los 800 puestos de trabajo que se dijo que Migranja empleaba, en realidad estos sólo existían durante la época de plena zafra, pero en promedio durante todo el año eran 500 puestos (300 permanentes y 500 durante cinco meses, lo cual da unos 200 anuales), y la Corporación Nacional para el Desarrollo sólo tuvo la responsabilidad entre fines de 1999 y fines del 2001, unos veinticuatro meses; a su vez, la pérdida total para el Estado uruguayo en el salvataje de Migranja ascendió a U$ 22 millones.

Por lo tanto, si dividimos US$ 22 millones entre 500 puestos de trabajo y entre veinticuatro meses nos da más de US$ 1.800 por mes y por persona. Pero, si se prefiere tomar en consideración sólo lo que la Corporación perdió por asumir el paquete accionario de Migranja, U$ 13 millones, nos da más de U$ 1.000 por mes y por persona.

Un seguro de desempleo para 500 personas durante veinticuatro meses a razón de US$ 200 por mes hubiera supuesto un costo de US$ 2,4 millones, no de US$ 22 o U$ 13 millones, con lo que queda en evidencia la falta de racionalidad de la línea argumental sostenida.

De hecho, los actuales propietarios de Migranja exigieron en el momento de comprar la empresa que esta tuviera sólo 90 empleados, quedando también de cargo de la Corporación Nacional para el Desarrollo el pago de las indemnizaciones correspondientes a más de 150 trabajadores.

Por lo tanto, los rasgos excepcionales que fueron aducidos por las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo para justificar su inversión están muy lejos de configurarse, por el contrario la reseña presentada muestra a una empresa con graves dificultades y que cometió enormes errores de planificación y ejecución.

Por otra parte, ha resultado comprobado que durante la gestión de Migranja a cargo del Grupo Sponsor, Migranja realizaba su comercialización mediante una empresa directamente vinculada al socio privado mayoritario, a la que le pagó fuertes sumas por concepto de endeudamiento generado con ella, se trata de la empresas Sumasol S.A.

De modo que Migranja dejaba un margen de comercialización a una empresa vinculada con el accionista principal, que era quien se suponía que tenía a su cargo en la propia Migranja la gestión comercial de la empresa.

¿Cómo puede entenderse que la realizara a través de una empresa propia, que compraba a Migranja y la vendía en el mercado interno, en lugar de realizar esa gestión como Director de Migranja? Aparentemente, esta operativa contaba con la indiferencia de los Directores de la Corporación. Estos no supieron informar nada acerca de esta empresa, pese a que su existencia surgía de los balances de Migranja S.A.

La otra cuestión que ha quedado comprobada es la enorme desproporción de la inversión realizada en Migranja con anterioridad a la decisión de la Corporación Nacional para el Desarrollo de asumir esta empresa. La inversión ascendió a U$ 44 millones.

Sin embargo, distintos comparecientes ante la Comisión Investigadora declararon que el valor de inversión de una hectárea plantada con manzanas de variedad de exportación incluyendo los mayores adelantos tecnológicos e incluido el valor de las obras de riego podía valorarse en U$ 12.000, por lo que teniendo en cuenta que Migranja era un emprendimiento de 600 hectáreas, la inversión razonable en Migranja no podía superar los U$ 7 millones. Tales evaluaciones fueron formuladas por directivos de JUNAGRA y del PREDEG y fueron ambas coincidentes.

Por lo tanto, resulta evidente la enorme desproporción de la inversión que se aplicó en Migranja en la década de los noventa, sin duda la razón principal del fracaso empresarial y la confirmación más rotunda de que no se trataba precisamente de un emprendimiento "modelo".

En síntesis, la pérdida total para el Estado uruguayo de su participación en Migranja asciende a la suma de U$ 22 millones, al sumar los U$ 13,3 millones que perdió la Corporación Nacional para el Desarrollo más la quita que el BROU otorgó al cancelar su crédito contra Migranja por un valor de U$ 8,7 millones.

Resulta más que evidente la responsabilidad del Directorio actuante en 1999 con respecto a las decisiones que se tomaron al asumir el paquete accionario de Migranja con gran perjuicio para las arcas de la propia Corporación y sin que existiera, como en otros casos, una situación de endeudamiento previa.

Por lo expuesto y por lo solicitado en su momento por el Poder Judicial, se considera que debe remitirse lo actuado con respecto a Migranja por parte de la Comisión Investigadora al Juzgado Penal a cargo del doctor Homero Da Costa que en su momento solicito el envío de estas actuaciones.

8.9. Sobre las eventuales responsabilidades con respecto a la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en otras empresas

Como se ha apreciado a lo largo del informe, las pérdidas o las inversiones inexplicables no se reducen sólo a los casos que acabamos de reseñar, es posible indicar también otras situaciones.

Con respecto a Trimma S.A. cabe concluir que la Corporación Nacional para el Desarrollo ingresó a Trimma sobre la base de un informe técnico muy malo que evidenció carencias sustanciales cuya debida observación debería haber llevado a una conclusión negativa.

Al igual que en el caso de otros emprendimientos, rápidamente la Corporación Nacional para el Desarrollo asume decisiones de asistencia financiera a Trimma a pesar de ser el socio minoritario con una participación del 35%; sin embargo cuando la empresa entra en liquidación no queda claro quién asumió su pasivo de más de U$ 2 millones ni tampoco surge de la información contable cuál era la participación accionaria de la CND en Trimma. Lo cierto es que, como mínimo, la CND perdió en Trimma más de U$ 600 mil.

Pero además, la evidencia es contundente en señalar que la Corporación Nacional para el Desarrollo mantenía en Trimma a un Director que no tenía el más mínimo control sobre la empresa y sobre el que, de acuerdo a las propias actas del Directorio de CND, existían importantes cuestionamientos. Nuevamente se pone de manifiesto las enormes dificultades de contralor que la CND tenía para vigilar sus inversiones empresariales.

Con respecto a la inversión en Southern Cross Timber se tomó la decisión de invertir sin que el informe técnico elaborado por el propio organismo fuera concluyente a favor de realizar tal inversión, se exageró al doble la proyección de mano de obra a emplear y cuando fue necesaria la asistencia financiera la Corporación Nacional para el Desarrollo, a pesar de poseer sólo el 23% del paquete accionario se responsabiliza de otorgar dos tercios de dicha asistencia financiera.

Aun no se puede conocer el resultado final para la Corporación Nacional para el Desarrollo por este emprendimiento que, en manos de los actuales accionistas privados ha cambiado sustancialmente de signo; pero el acuerdo entre la CND y el accionista privado sólo prevé la recuperación de la inversión de capital, por lo que habrá perdido, por lo menos, el valor de los intereses y los créditos otorgados.

En el caso de Canalmar, se trata de un emprendimiento en el que se ingresó sin que existiera un informe técnico que avalara tal decisión; al contrario, se tuvo acceso a un informe técnico del BROU contemporáneo a dicha decisión en el que se concluye negativamente sobre las perspectivas de Canalmar.

También se trata de una empresa en la que la Corporación Nacional para el Desarrollo resolvió otorgar asistencia financiera llegando a una pérdida reconocida en 1999 de U$ 444.000; a pesar de la evolución negativa de este emprendimiento la CND fue aumentando su participación accionaria desde el 17,8% inicial hasta el actual 50%.

Lo ocurrido en Cedetex plantea un nuevo signo de interrogación sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo y su diligencia en la administración de los emprendimientos, puesto que es absolutamente rechazable, desde el punto de vista de los criterios de buena administración, que el Gerente General de dicho organismo, con la enorme pérdida patrimonial sufrida, pueda dedicarse a varias funciones diferentes y simultáneas con la de dicho cargo de responsabilidad.

Pero, además debe agregarse que entre las atribuciones como Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo se incluye la obligación de controlar las inversiones en empresas productivas que ésta ha realizado, por lo que es contradictorio que el señor Alejandro Conforte haya sido simultáneamente controlador y controlado.

A su vez, resulta inexplicable que el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de la época no haya valorado la inconveniencia de tal circunstancia. Es en mérito a estos hechos que se señala esta notoria irregularidad.

En relación con la inversión en Pig Uruguay S.A., esta también fue una inversión con resultado negativo, a la que se ingresó sin que la Corporación Nacional para el Desarrollo realizara su propio estudio técnico de viabilidad, en donde además se otorgaron préstamos iniciales por valor de U$ 400.000 que aparentemente superaron la autorización dada por el Directorio y sobre los que no existían garantías suficientes que respaldaran tales préstamos. La pérdida final para la CND de su participación en esta empresa, luego de vendida la participación accionaria en Pig Uruguay S.A., es de U$ 762.000.

En el caso de Suragrios también se ingresa sin que exista un informe técnico favorable a realizar la inversión, a su vez la Corporación Nacional para el Desarrollo a pesar de ser socia minoritaria y totalmente ajena a la gestión de la empresa, asume responsabilidad por la asistencia financiera que la empresa requiere y asume el pago de obligaciones bancarias en su totalidad, barajando incluso la subrogación de la deuda con el Banco Surinvest.

Además, los procedimientos utilizados para vender el predio de Suragrios han sido dudosos, al punto que ello ha implicado la existencia de un juicio aun no culminado, por haber inducido a error al comprador. Finalmente, el otorgamiento de dos préstamos a modo de adelanto sobre el cobro del precio al socio mayoritario tampoco tiene explicación desde la perspectiva de las reglas de la buena administración.

En todos los casos mencionados existen elementos más que suficientes como para establecer que podría asignarse responsabilidad por mala administración al Directorio y Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo que actuaron durante el período 1995 a 1999.

8.10. Sobre las eventuales responsabilidades de la Corporación Nacional para el Desarrollo en torno a la denuncia formulada por Carlos Luppi y Roberto Ghigino

Los hechos acaecidos que fueron reseñados más arriba y fueron objeto de denuncia por los señores Carlos Luppi y Roberto Ghigino, de los cuales se tuvo noticia en virtud de los múltiples documentos aportados y de los diversos testimonios recabados, imponen la necesidad del debido esclarecimiento.

Por otra parte, al haberse constatado la comisión de actos y conductas de apariencia delictiva, las vías de procedimiento a seguir surgen impuestas por las normativas legales correspondientes, por lo que sobre esta denuncia resulta imprescindible dar noticia a la Justicia a los efectos que esta entienda pertinentes.

Sobre todo porque las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en su momento, no sólo se negaron a presentar denuncia penal sobre los referidos hechos, sino que sancionaron con mención en su legajo funcional a los denunciantes.

8.11. Sobre las eventuales responsabilidades en la concentración de los créditos dirigidos a las micro y pequeñas empresas en el marco del Programa Corporación

La enumeración de acciones presentada más arriba, ejercicio por ejercicio, permite establecer que la Corporación canalizó créditos a micro y pequeños empresarios hasta fines de 1999 por un total de aproximadamente US$ 45.000.000 (cuarenta y cinco millones de dólares) entre las diferentes líneas de crédito establecidas.

Específicamente dentro del Programa Corporación, que alcanzó en dos años (1998 y 1999) un monto total de colocaciones de casi US$ 13 millones, el Banco de Crédito (ex BPA) concentró la mayoría de los préstamos por un monto de US$ 9 millones, cifra que representó el 70% de los préstamos otorgados.

En relación con la morosidad de los créditos otorgados, llama la atención la morosidad que tuvo el BROU en los Programas BID-MyPE, desproporcionada con la obtenida por los restantes Bancos que participaban en el Programa. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 1998, el total de la cartera afectada por morosidad ascendía a US$ 2.515.000, de los cuales US$ 2.455.000 correspondían al BROU, o sea que el 97,6% de la cartera afectada correspondía a operaciones otorgadas por el BROU.

Si bien la gestión del BROU no es objeto de esta investigación, sin dudas que tal comportamiento obliga a señalar con particular énfasis la mala gestión de este Banco público en la selección de los beneficiarios y luego, también, en su capacidad de recuperar los créditos otorgados.

Por otra parte, la morosidad registrada en el Banco de Crédito, notoriamente elevada y muy por encima de los promedios registrados en las líneas de crédito del Programa BID-MyPE, demuestra que existió una política de concentración profundamente equivocada por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Evidentemente, en los convenios se acuerda que la morosidad sea absorbida por los Bancos. Lo que no tenía garantizada la Corporación es si alguno de esos Bancos entraba en liquidación, como el caso del Banco de Crédito, que concentraba el 70% de la cartera del Programa Corporación.

Pero, además, en la medida que la Corporación Nacional para el Desarrollo se convierte en accionista mayoritario del Banco de Crédito en diciembre de 1998, el impacto de la morosidad de este Banco impacta sobre el propio organismo, o debido a la cláusula de no afectación patrimonial, sobre el propio Estado que es, en definitiva, el responsable final por el resultado financiero de dicho Banco.

De modo que, notoriamente, la gestión de este Programa a cargo del Banco Pan de Azúcar en 1998 y, posteriormente, a cargo del Banco de Crédito en 1999 ha sido altamente insatisfactoria, sin embargo ello no impidió que la Corporación Nacional para el Desarrollo concentrara los créditos en dicho Banco.

Existiría a nuestro juicio, responsabilidad por mala administración de parte del Directorio de la época en el manejo de este Programa de crédito dirigido a MyPE.

ANEXO I

 

 

APORTES DEL ESTADO A LA CORPORACIÓN

NACIONAL PARA EL DESARROLLO

 

FECHA

$

T.C.

US$

totales anuales

US$

 

1987

21/05/87

300.000

0,213

1.408.451

   
 

27/06/87

500.000

0,222

2.252.252

   
 

31/08/87

200.000

0,238

840.336

4.501.039

 

1988

29/02/88

302.500

0,303

998.350

   
 

31/12/88

314.300

0,450

698.444

1.696.794

 

1989

26/05/89

2.825.000

0,555

5.090.090

   
 

01/07/89

2.287.500

0,588

3.890.306

   
 

12/11/89

600.000

0,739

811.908

9.792.304

15.990.138

1990

19/01/90

16.100.000

0,836

19.258.373

   
 

06/03/90

15.778.000

0,898

17.570.156

   
 

06/03/90

2.366.700

0,898

2.635.523

39.464.052

 

1991

16/04/91

7.000.000

1,849

3.785.830

3.785.830

 

1992

     

0

   

1993

31/05/93

7.670.000

3,835

2.000.000

 

2.592.000

 

19/11/93

684.924

4,302

159.211

   
 

30/11/93

1.958.953

4,325

452.937

2.612.148

 

1994

28/02/94

196.759

4,584

42.923

   
 

12/09/94

4.151.250

5,535

750.000

   
 

28/09/94

2.608.615

5,620

464.166

   
 

22/12/94

22.857.500

5,575

4.100.000

5.357.089

 

1995

13/01/95

5.278.500

5,865

900.000

900.000

 

1996

     

0

0

 

1997

     

0

0

 

1998

30/12/98

270.375.000

10,815

25.000.000

25.000.000

 

1999

31/12/99

24.867.734

11,610

2.141.924

2.141.924

 

Subtotal a 1999

 

389.223.235

 

95.251.181

95.251.181

 
             

 

2000

31/12/00

51.226.429

12,505

4.096.476

4.096.476

 

2001

12/01/01

5.016.000

12,540

400.000

   
 

31/01/01

4.333.900

12,540

345.606

   
 

05/02/01

5.016.000

12,550

399.681

   
 

09/02/01

1.256.700

12,567

100.000

   
 

09/03/01

8.281.900

12,700

652.118

   
 

26/04/01

1.299.000

12,990

100.000

   
 

31/05/01

3.201.900

13,130

243.861

   
 

30/06/01

4.682.250

13,740

340.775

   
 

19/07/01

728.823

13,650

53.394

   
 

01/08/01

1.317.000

13,170

100.000

   
 

10/08/01

1.732.640

13,328

130.000

   
 

31/08/01

1.344.500

13,445

100.000

   
 

13/09/01

4.054.500

13,515

300.000

   
 

01/10/01

3.426.250

13,705

250.000

   
 

19/10/01

4.174.000

13,915

299.964

   
 

02/11/01

2.815.000

14,077

199.972

   
 

19/11/01

700.000

14,000

50.000

   
 

28/11/01

1.380.500

13,805

100.000

   
 

06/12/01

2.793.283

13,887

201.144

   
 

21/12/01

2.211.900

14,250

155.221

   
 

27/12/01

3.686.500

13,943

264.398

   
 

31/12/01

1.353.783

14,768

91.670

   
 

31/12/01

751.034

14,768

50.855

4.928.659

 

Subtotal 2000 y 2001

 

116.783.792

 

9.025.135

9.025.135

 
             
Total al 31/12/01  

506.007.027

 

104.276.316

104.276.316

 

 

ANEXO II

INVERSIONES Y RESULTADOS DE CND

Período 1986-1999

 

Inversión

Inicial

Asistencia

Financiera

Total

Resultado

Neto

Frigoríficos

7,500

24,268

31,768

-33,847

El Mago S.A.

3,484

9,855

13,339

-13,427

Malaquita S.A.

623

1,346

1,969

-1,969

Migranja S.A.

4,500

3,869

8,369

-800

Trimma S.A.

318

401

719

-618

PEMASA

808

 

808

-408

PIGUSA

465

471

936

477

Cerealín S.A.

586

 

586

790

VIBOBUSA

1,634

75

1,709

-303

Cedetex S.A.

1,014

346

1,360

75

Agolán S.A.

361

 

361

595

Bildesol S.A.

300

 

300

 

Canalmar S.A.

680

708

1,388

-444

Maceol + El Espinillar

4

666

670

-251

Flor de Ceibo S.A.

630

194

824

 

Cía. Forestal del Uruguay S.A.

501

181

682

150

Southern Cross Timber

417

200

617

 

Urokor S.A.

800

 

800

 

Janor S.A.

50

 

50

-50

Suragrios S.A.

110

298

408

36

Petrouruguay S.A.

81

 

81

 

Alcoholes del Uruguay S.A.

1

 

1

 

Saindesur S.A.

84

 

84

-4

Sub-total Empresas

24,951

42,878

67,829

-49,998

Inversiones con Fondo APICE

       

Urocoopsa

238

190

428

 

Central Apícola S.A.

162

194

356

 

Total Empresas

25,351

43,262

68,613

-49.998

Resultados Financieros y Otros

     

14,395

Gastos de Funcionamiento de CND

     

-11,883

Total Resultados Período 1986-1999

-47,486

COMPLEMENTO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Nº 16.698, que regula la actividad de las Comisiones Investigadoras, los días 16 y 17 de diciembre de 2003 se dio vista del preinforme elaborado por los abajo firmantes a los integrantes del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo correspondiente al período 1995-1999 así como al señor Gerente General de dicha Corporación en el mencionado período, en la medida que del análisis realizado surgía la existencia de eventuales responsabilidades.

Con fecha 18 de diciembre del corriente año las personas referidas en el párrafo anterior se presentaron en forma conjunta evacuando la vista conferida. De acuerdo con lo consignado en ella, no se presentaron nuevos elementos ni se desarrollaron nuevos argumentos en repuesta a las imputaciones reseñadas en nuestro preinforme.

Debido a ello, los abajo firmantes ratificamos lo expuesto en el mencionado informe que, sin modificaciones, se pone a consideración del plenario de la Cámara de Representantes, aconsejando la aprobación del proyecto de resolución que se adjunta.

Montevideo 23 de diciembre de 2003.

JOSÉ CARLOS MAHÍA, Miembro Informante, JUAN DOMÍNGUEZ, RICARDO FALERO, DOREEN JAVIER IBARRA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º.- Señálase que, en términos generales, el funcionamiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo se apartó en múltiples oportunidades de sus objetivos originales relacionados con la promoción del desarrollo nacional, desnaturalizando el sentido original de este instrumento transformándolo, en muchos casos, en un mecanismo de salvataje de empresas y empresarios que eran inviables.

2º.- Créase una Comisión Especial con fines legislativos a efectos de modificar el marco normativo que regula a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entre otras medidas, las modificaciones legislativas deben orientarse al aumento de los contralores existentes con respecto a su actuación, acotar sus cometidos y formas de actuación, determinar con precisión los requisitos establecidos para la inversión en empresas, prohibir que la CND asuma la gestión o participación en instituciones de intermediación financiera y adecuar su institucionalidad a la ausencia de capitales privados.

3º.- Interprétase que la Corporación Nacional para el Desarrollo está sometida al contralor del Tribunal de Cuentas en todos sus términos. En este sentido, fue posible establecer que la Corporación Nacional para el Desarrollo sistemáticamente se opuso al contralor del Tribunal de Cuentas por lo que será conveniente que se le curse al Tribunal la documentación correspondiente a los años en donde el referido organismo no pudo realizar la tarea.

4º.- Envíese a la Justicia toda la documentación complementaria referida al caso Migranja S.A. que fuera recogida en el seno de la Comisión Investigadora, luego de la anterior remisión de documentos al Juzgado solicitante.

5º.- Envíese a la Justicia los antecedentes vinculados a la denuncia formulada en su momento por el contador Carlos Luppi y el señor Roberto Ghigino con respecto a ciertas actividades de asistencia técnica en el Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en la medida que pueden haberse constatado elementos de carácter presuntamente delictivo y ante la evidencia de que las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en su momento, no sólo se negaron a presentar denuncia penal, sino que sancionaron con mención en su legajo funcional a los denunciantes.

6º.- Verifícase la existencia de situaciones de responsabilidad administrativa, previstas en el artículo 119 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF) en diversas decisiones tomadas por el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de la época referidas en el informe de la Comisión Investigadora, con respecto a las inversiones en Trimma S.A., Cedetex S.A., Pig Uruguay S.A., Southern Cross Timber y Canalmar S.A.

Montevideo 23 de diciembre de 2003.

JOSÉ CARLOS MAHÍA, Miembro Informante, JUAN DOMÍNGUEZ, RICARDO FALERO, DOREEN JAVIER IBARRA.

Comisión Investigadora sobre la gestión de la
Corporación Nacional para el Desarrollo

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Los Diputados firmantes presentamos a vuestra consideración el siguiente informe sobre las actuaciones de la Comisión Investigadora de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

1.- PRECISIONES PREVIAS

1.- Kelsen, el gran constitucionalista y más aún filósofo del Derecho, escribió que el Derecho es el lenguaje del Estado. Se refiere, por supuesto, al Estado democrático.

Por tanto, desde el Parlamento no deberíamos emitir señales equívocas cuando se trata de respetar la legalidad porque es precisamente nuestro lenguaje.

Las Comisiones investigadoras parlamentarias no pueden investigar una persona pública no estatal.

Para no ser reiterativos damos por reproducido el Informe en minoría evacuado, cuando se votó la instalación de la presente investigadora.

Recuérdese, entre otros argumentos, que originalmente la ley facultaba a texto expreso investigar personas públicas no estatales pero esta disposición fue vetada por el Poder Ejecutivo de la época.

Dicho veto no fue levantado por la Asamblea General y en consecuencia quedó firme.

Además, no es de extrañar que a partir de una ilegalidad se generen otras.

Por ejemplo, según la ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo el control administrativo está a cargo del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Senadores. En otro orden, la Corporación Nacional para el Desarrollo debe regirse por el Derecho Privado en sus relaciones con terceros y así sucesivamente.

Esos aspectos legales ya fueron glosados en la ocasión precitada por lo que nos limitamos a su mención.

2.- A esta Comisión no se le encomendó investigar hechos o inversiones determinadas relacionados con la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Tal como fue concebida, la Comisión investigadora debe abarcar toda la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el período comprendido entre los años 1986–1999.

Creemos que los anales parlamentarios de nuestro país, no registran antecedentes de que se haya investigado al barrer todo el accionar de un organismo desde su fundación, y, más aún a lo lardo de muchos años.

Como consecuencia de ello se generaron inconvenientes prácticos de la más variada índole.

Por ejemplo, personas invitadas a testimoniar sobre su gestión debían apelar a su memoria para reconstruir situaciones acaecidas diez o quince años antes. Otras personas habían fallecido. Se solicitó documentación en forma masiva e indiscriminada, dado que no había elementos concretos que orientaran los trabajos de la investigación. En medio de todo ese fárrago de actas, informes y papeles de todo tipo podía darse el caso de que apareciera alguna irregularidad.

3.- Límite Cronológico. El denunciante expresó que "esta Comisión investigadora llega hasta el año 1999, por lo tanto no alcanza" la gestión del Directorio actual de la institución (página 4, sesión de 14 de marzo).

No obstante ello, el límite temporal fue perforado y cuando analiza algunos aspectos como el referido a la pérdida patrimonial maneja cifras que incluyen los datos de los balances al año 2000 y 2001, período que luego no se investiga ni en cuanto a sus inversiones ni en cuanto a las decisiones tomadas.

Por nuestra parte nos concentraremos en el período especialmente objeto de análisis realizando referencias al período posterior a 1999 cuando sea estrictamente necesario.

En el informe en mayoría que llevó a la designación de la Comisión investigadora se enumeraron los cinco grupos temáticos que orientaron la tarea de la misma. Nuestro análisis seguirá también ese orden".

Finalmente, se acordó como metodología de trabajo un abordaje concentrado de las inversiones en El Mago S.A., frigorífico Canelones S.A., frigorífico Colonia S.A., Migranja S.A. que, así como la financiación de PYMES, habría generado, en conjunto, según los denunciantes, aproximadamente el 85% o más de las pérdidas sufridas por la Corporación Nacional para el Desarrollo durante el período a investigar.

No debe olvidarse que una de las razones invocadas por la mayoría para la creación de la Comisión investigadora, razón seguramente prioritaria, radicaba precisamente en una pérdida millonaria de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Por esta razón, gran parte del trabajo de la Comisión investigadora fue absorbida por los precitados emprendimientos que serán analizados uno a uno sin perjuicio de otros emprendimientos de menor envergadura.

2.- ANTECEDENTES

La Corporación Nacional para el Desarrollo es una persona pública no estatal creada por Ley Nº 15.785, el 4 de diciembre de 1985, actúa como una sociedad financiera de inversión en capital de riesgo y está sujeta al contralor administrativo del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Senadores.

En el pasado estaba regida por un Directorio compuesto de cinco miembros, que hoy se ha reducido a tres de acuerdo al artículo 29 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

Se estructura a través de una Gerencia General, una Gerencia de Administración y Finanzas y los Departamentos de Control de Empresas, Proyectos y Micro y Pequeña Empresa.

Tiene un total de veintiséis personas incluidos los integrantes del Directorio.

Los accionistas de la Corporación son:

- El Ministerio de Economía y Finanzas con el 96,88%.

- El Banco República con el 3,12%.

Anualmente y en cumplimiento de la ley somete a los accionistas la consideración de la memoria anual, el estado de situación patrimonial y los estados de resultados y evolución del patrimonio.

Su ley de creación previó la participación pública y privada si bien esta última nunca se concretó.

En sus relaciones con terceros se rige por el derecho privado.

La ley habilita a la Corporación a favorecer la creación de empresas fortalecer las existentes, participar total o parcialmente en su capital, promover la inversión de capital de riesgo en sectores empresariales prioritarios y fomentar la investigación y el intercambio de tecnología.

En sus lineamientos de actuación la Corporación acentuó las acciones que contribuyeran a generar o ahorrar divisas, fomentar nuevas corrientes exportadoras, promover el uso eficiente de los recursos, la descentralización productiva del territorio nacional y la prevención de la afectación del medio ambiente.

Sus áreas principales son el holding de empresas y el apoyo a la pequeña empresa.

Creada en 1985 la Corporación fue una idea de Wilson Ferreira Aldunate que debido a que el capital inicialmente integrado fue por créditos contra empresas con exceso de endeudamiento, con riesgo de pérdida de continuidad y cierre de miles de fuentes de trabajo, y no con fondos frescos, el organismo dinamizador del desarrollo industrial del país que visualizó el líder nacionalista no siempre pudo lograr su objetivo.

Un repaso de la discusión legislativa del proyecto de ley de creación de la Corporación en ambas Cámaras puede ser muy ilustrativo respecto a lo que verdaderamente se esperaba de ella.

La exposición de motivos de la Cámara de Representantes decía que el proyecto buscaba llevar a la práctica una de las propuestas básicas formuladas por los economistas de los partidos que fue recogida en el documento correspondiente de la Concertación Nacional Programática: la creación de una Corporación Nacional para el Desarrollo que impulse la inversión y el crecimiento de la economía a través de la capitalización de empresas sobreendeudadas y de la captación de recursos financieros internacionales o nacionales.

En su informe la Comisión de Hacienda agregaba que para esta institución se prevé:

- Captar recursos financieros para el desarrollo con el fin de canalizarlos a los sectores productivos.

- Capitalizar empresas productivas con problemas de sobreendeudamiento a los efectos de su saneamiento económico financiero y su reactivación.

- Fomentar la inversión privada.

- Cogestionar empresas procediendo a su saneamiento financiero.

- Conducir el saneamiento financiero.

En esa línea el artículo 11 de la ley diseña sus objetivos que se resumen en fomentar el desarrollo mediante la provisión de capital y la realización de inversión en empresas en capital de riesgo.

Se establecía que mediante este instrumento la Corporación estará asimismo en condiciones de contribuir a sanear el endeudamiento de las empresas con capitalización pública.

De ahí que no podamos compartir la imputación del Diputado denunciante de que la Corporación gastó fondos públicos invirtiendo en empresas endeudadas, era precisamente lo que la ley le ordenaba y lo que establecía el Parlamento en el informe de la Comisión.

En la discusión parlamentaria el Diputado Brause introduce el tema social ya referido en la CONAPRO señalando que "podrá dedicarse al impulso y desarrollo de empresas y actividades que interesan en el país desde el punto de vista económico y social, procediendo al saneamiento financiero, a la reconversión productiva y a la reactivación y dinamización económica, brindando especial apoyo a las pequeñas y medianas empresas existentes e impulsando la generación de nuevas empresas que apunten a desarrollar los objetivos trazados".

Los técnicos de todos los partidos habían coincidido en que había situaciones de sobreendeudamiento muy graves localizadas en unidades productivas que al país le interesa con claro interés social mantener en funcionamiento, ya sea porque se consideran fuentes de trabajo o de divisas, porque están localizadas en el interior o por cualquier otra razón importante.

Queda claro pues que la intervención tenía un contenido social, materializado a través de los puestos de trabajo, que no eran al decir del Diputado Mieres una responsabilidad del Director de Empleo solamente.

El Diputado Brause se refería también a la acción a emprender en empresas que generen divisas o estén localizadas en el interior.

Los ejemplos de los frigoríficos o Migranja que han sido analizados en la Comisión, tienen claramente sustento en la ley y en las expresiones de los Diputados que resolvieron la creación del instituto.

También eran claras las expresiones del Diputado Ottonelli: "Nuestro Frente Amplio, ya desde sus bases programáticas ha considerado la creación de un organismo de este tipo nosotros integrantes del Frente Amplio siempre lo consideramos como un elemento importante, como un órgano que teníamos que crear".

En la Cámara de Senadores el miembro informante Senador Flores Silva decía: "Si una empresa tenía un gran pasivo, éste sería asumido por la Corporación quien lo capitalizaría a modo de acciones de la empresa, esto le permitiría a la empresa aligerar el peso del costo financiero, desarrollarse y tener utilidades, de esa forma podría incluso ir comprando nuevamente las acciones el esquema de funcionamiento y de sus autoridades permiten que ella se constituya en un elemento no sólo fundamentalmente innovador, sino flexible... en algunos casos podrá ayudar financieramente, en otros hacerse socio y ser un elemento ágil en auxilio del empresariado nacional la Corporación podrá asumir el pasivo, pasar a ser propietaria… generar utilidades y permitir al empresario volver a comprar las acciones en poder de la Corporación".

Seguramente el Senador Flores Silva no pensaba en el momento de su exposición que estaba contestando y refutando una de las principales acusaciones que el Diputado Mieres planteó en la Comisión investigadora.

El Senador Senatore a que vez argumentaba: "la Corporación es una trascendente iniciativa gestada en los acuerdos de los cuatro partidos para la corriente política que tengo el honor de representar es una idea muy cara, significa el intento de echar a andar el país proporcionándole un instrumento hábil... canalizando los recursos para capitalizar empresas viables y productivas con sobreendeudamiento a través de ello se irá creando ese hombre solidario que sin ninguna duda logrará la sociedad socialista, participativa, justa que sabrá regular con normas democráticas la eufórica alegría de vivir en libertad".

El también miembro informante García Costa decía que "todo el sistema se vincula en gran parte a la refinanciación debido a la necesidad habilitar al Estado a que mantenga en funcionamiento las unidades productivas de interés social o económico no puede existir una Corporación que se preocupe por llevar a remate los bienes de los empresarios a los que en teoría debe auxiliar, ayudándolos a crecer y a marchar".

Finalmente el Senador Gonzalo Aguirre reivindicaba para su partido el origen de la idea: si este proyecto tiene un mérito éste pertenece al partido nacional porque en todo momento ha sido suya la iniciativa... fue un distinguido técnico el contador Buchelli que defendió la propuesta desde sus inicios quien le dio forma, y la articuló".

Qué lejos se encuentra el denunciante de este espíritu, y qué diferentes sus afirmaciones cuando objetaba a los Directores de la Corporación por su reiterada decisión de salvar puestos de trabajo y mantener las empresas en funcionamiento, que diferentes sus argumentos cuando llegó a decirles que era mejor que nada hubieran realizado, que hubieran dejado llegar las empresas a remate.

Los sucesivos Directorios de la Corporación mantuvieron siempre vigente el espíritu que alentó la creación del instituto. Podremos hoy pensar que quizás ya el país no está en condiciones de mantener instrumentos con estas finalidades, pero no podremos nunca decir que los sucesivos Directorios no cumplieron con la ley y con el espíritu de sus creadores.

En ese sentido eligieron emprendimientos que cumplían los requisitos legales, trabajaron denodadamente para mantenerlos vigentes se orientaron siempre al interior del país, y fue una constante su preocupación por mantener los puestos de trabajo.

Se equivoca el denunciante cuando afirma que los cometidos de la Corporación se han visto desnaturalizados, por el contrario lo que se ha hecho es cumplir con lo establecido en la ley.

La Corporación ha incentivado el desarrollo empresarial con participación del sector privado en cuarenta y dos emprendimientos, la mayoría de los cuales tienen o tuvieron socios privados, favoreciendo la creación de empresas o fortaleciendo las ya existentes.

La institución ha colaborado permanente con las políticas económicas sectoriales definidas por las autoridades que actuaron en los diferentes gobiernos que han administrado el país desde 1986 a la fecha.

Como señalaba uno de sus directores doctor Washington Abdala "lo que se estaba buscando eran los beneficios de los dos para poder actuar con una función social... hay que tener en cuenta que nada de lo que llega allí está fenómeno, todo viene con un drama económico. Si miramos la cosa bajo el contexto de la teoría liberal lo que habría que haber hecho era entregarlos al mercado de manera rampante y son conscientes del daño social (aquí hay unos cuantos socialistas y humanistas) que estas operaciones hubieran generado" (página 23, sesión de 5 de junio).

De acuerdo con el espíritu que impulsó su creación la Corporación cumplió los siguientes cometidos:

A) Asistió empresas sobreendeudadas cuyas carteras tenía el Banco República (El Mago, frigorífico Colonia, Frigorífico Canelones, VIBOBUSA).

B) Gestionó entidades financieras por expresa indicación del Poder Ejecutivo (Banco Comercial, Banco Caja Obrera, Banco Pan de Azúcar, Banco de Crédito).

C) Desarrolló programas de crédito para pequeñas empresas hasta entonces inexistente (programa BID, MYPE, programa multisectorial, programa Corporación, programa de crédito español).

D) Promovió la colocación de la producción nacional en el exterior a través de empresas exportadoras (Agolan, Migranja, frigoríficos Colonia y Canelones).

E) Fomentó la investigación e incorporación de tecnología a través de empresas creadas en conjunto con otros organismos como ANCAP, ANTEL o fondo APICE con empresarios privados.

F) Contribuyó con la expansión del mercado accionario y de valores siendo sus empresas sociedades anónimas, varias de las cuales emitieron además obligaciones negociables.

G) Incursionó en sociedades cooperativas como URUCOOPSA, Central Apícola.

H) Promovió la ampliación de capital en ramas de actividad nacional donde se requería la producción en escala (Migranja, Agolan, Piedras Preciosas de Artigas, Arenas Negras de Rocha).

I) Promovió el desarrollo científico y tecnológico con Universidades y Organismos públicos y privados (Hg S.A., ITC S.A., Genia).

J) Asumió actualmente las responsabilidades que el Parlamento le indicó a través de diversas leyes concretando con éxito procesos que hasta ese momento no habían prosperado (Terminal de Contenedores, Aeropuerto de Carrasco, Concesión de Obras Públicas).

Lo expuesto confirma que la Corporación cumplió con los objetivos legalmente establecidos, y que los sucesivos gobiernos que claramente incidieron en su gestión marcaron el énfasis en su actuación.

En la comparecencia del primer Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el contador Enrique Vispo explicó que las empresas en las cuales se invirtió originalmente se eligieron de una lista que presentó el Banco de la República. Todos ellos grandes deudores, y que para la selección los criterios fueron inversión tecnológica, ubicación geográfica preferentemente en el interior de la República, puestos de trabajo y apertura de mercados, todo ello en concordancia con la letra y el espíritu de la ley.

Así por ejemplo en el primer período (1985 a 1990) se aprecia una fuerte inversión en el orden 100% en cada una de las empresas, casi todas las cuales tenía un fuerte endeudamiento con el BROU.

En el segundo período (1990 a 1995) se realiza el proceso de desinversión en ese tipo de empresas, la política de invertir con carácter minoritario en una amplia gama de nuevas empresas, la asignación de dos proyectos con características particulares como fueron El Espinillar y Agolan, las decisiones referidas al Plan de Reestructuración Bancaria y la puesta en marcha del programa para pequeñas empresas.

En el tercer período (1995 a 2000) se consolida y amplían los programas para pequeñas empresas, continúa la política de invertir en carácter de socio minoritario en diversas empresas, y se acomete con la gestión total de la empresa Migranja.

En el actual y cuarto período se le asignan competencias en todo lo que han sido las megaconcesiones, y continúa la política de inversión en minoría otorgando preferencia a empresas que incorporan tecnología.

Como se advierten improntas diferentes, épocas diferentes, en algunas el énfasis estuvo en la pequeña empresa, en otras en los planes de reestructuración bancaria, en otras en el salvataje de empresas sobreendeudadas y actualmente en las megaconcesiones, pero el espíritu ha sido siempre el mismo: contar con este organismo para apoyar el desarrollo empresarial y productivo del país, y solucionar situaciones difíciles como las que planteaban los Bancos utilizando la flexibilidad del instrumento jurídico que brinda la Corporación.

3.- ANÁLISIS JURÍDICO Y COMPETENCIA DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA

Al analizar este capítulo el denunciante en el literal (a) de su informe repasa los cometidos de la Corporación y cita comentarios de legisladores de la época en que se aprobó la creación de la Corporación.

Por nuestra parte ya hemos reseñado los aportes que entendimos más relevantes y nuestras conclusiones en el sentido que a la inversa de lo que sostiene el Diputado denunciante, los sucesivos Directorios de la Corporación cumplieron estrictamente con los cometidos que les asignaba a la ley.

En realidad con respecto a este tema el denunciante sólo se refiere al incumplimiento de la ley en lo que refiere al artículo 14 que establece que el 60% del capital corresponderá al Estado y el 40% a accionistas privados, por lo que su Directorio estará compuesto por Directores nombrados por el Estado y por el capital privado. Agrega que en este aspecto se apartó de la ley ya que nunca integró a su patrimonio el aporte de capitales privados por lo que deberá investigarse por qué no se produjo dicha asociación.

Este aspecto no fue luego objeto de investigación en la medida en que no se indagó sobre las razones por las que dicho aporte no se concretó.

Por nuestra parte consideramos que todo el capítulo que se refiere al aporte del capital privado en la Corporación esto es artículos 14, 16, 19, 20, 21 y 22 debe ser objeto de reforma legislativa, ya que es obvio que en todos estos años no hubo interés del capital privado, ni de Instituciones Financieras privadas o mercado de obligaciones de poseer acciones de la Corporación.

Realmente resultó imposible y así ocurrirá en el futuro lograr aporte de capital privado o de instituciones financieras privadas, para actuar en minoría como prevé la ley, en un organismo con fines de desarrollo y con una política gubernamental que apunta a mantener empresas en funcionamiento, a salvaguardar fuentes de trabajo, a invertir en el interior del país en aquellos lugares es que es necesario incentivar la producción, en una palabra que tiene fines y cometidos que exceden los criterios de rentabilidad manejados como objetivo para concretar una inversión privada en cualquier emprendimiento.

Consideramos que en este sentido, o se le asignan a la Corporación otras funciones priorizando la rentabilidad del negocio porque es el sentido de la participación del capital privado, y en este caso no tendremos un típico instrumento de desarrollo, o se modifica el régimen legal para adaptarlo a lo que es la realidad de su funcionamiento.

3.1.- PÉRDIDA PATRIMONIAL

"El análisis de la pérdida patrimonial sufrida por ésta entidad desde su creación hasta el año 1992" ha sido el primer punto propuesto a la tarea de la Comisión. Es también uno de los aspectos en los que más ha insistido el Diputado denunciante.

En el literal b de su presentación en la preinvestigadora analiza los aportes que recibió el organismo señalando que en el balance cerrado a 1999 la institución fijaba su patrimonio en US$ 53.000.000 lo que significa una pérdida patrimonial de casi la mitad del patrimonio. Luego en el balance al año 2001 la pérdida se sitúa según dice en el 63% aunque el denunciante cree que la pérdida es sustancialmente mayor y la partida más importante que considera es el crédito que tiene la Corporación por US$ 41.000.000 en cuentas a cobrar al Banco Central por la participación en el plan de reestructuración del sistema financiero.

Si bien como ya señalamos el denunciante maneja cifras de períodos que no se han sometido a investigación descartamos en primer lugar su afirmación de que la pérdida es mayor que la que se refleja en sus balances y no compartimos su conclusión que se han perdido todos los aportes efectuados en la institución.

Una primera precisión obliga a decir que la pérdida patrimonial de ninguna forma se debe a irregularidades en la gestión, desviaciones o hechos no lícitos. Esto surge claramente de la documentación aportada por la Corporación así como de la comparecencia ante esta investigadora de funcionarios, gerentes y directores de dicha empresa paraestatal.

Una segunda precisión que corresponde hacer consiste en resaltar que las mismas se originaron en inversiones realizadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo, en empresas con dificultades, en cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 11 de su ley de creación.

De la documentación aportada y de las manifestaciones vertidas en sala, resulta claramente que desde su creación la Corporación Nacional para el Desarrollo recibió aportes de capital con fines específicos a los efectos de realizar inversiones en determinadas empresas.

En este sentido basta expresar que el 43% de los aportes del Banco de la República a la Corporación Nacional para el Desarrollo fueron realizados a través de capitalizaciones de créditos que dicho Banco tenía contra los frigoríficos Canelones S.A. y Colonia S.A., El Mago S.A. y Vibobusa.

Es claro que la decisión de invertir en algunas empresas fue dada a la Corporación Nacional para el Desarrollo por el Estado y esas inversiones direccionadas tuvieron un directo reflejo en sus resultados.

Así puede apreciarse claramente en el siguiente esquema en donde del total de pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 1999 (US$ 47.486.000), corresponden a:

Pérdidas por inversiones en empresas direccionadas por el Estado:

Frigoríficos US$ 33.847.000

El Mago US$ 13.427.000

Vibobusa US$  303.000

TOTAL US$ 47.577.000

Sin embargo en otras inversiones en el mismo período la Corporación tuvo resultados positivos.

Ganancias por inversiones de Corporación Nacional para el Desarrollo en otras:

Empresas y resultados financieros US$ 11.974.000

Gastos de funcionamiento 1986-1999 US$ 11.883.000

TOTAL US$  91.000

Dejamos fuera de este análisis las pérdidas referidas a Migranja ya que se concretan con posterioridad al ejercicio cerrado en 1999, pero incluso en ese caso, como se establecerá más adelante la decisión de incorporar el 100% del paquete accionario fue una decisión coordinada con el Ministerio de Economía y el Banco Central.

Puede verse entonces con toda claridad que si sólo se tienen en cuenta las inversiones realizadas a partir de decisiones propias de la Corporación Nacional para el Desarrollo, sin intervención del Estado y con capital real, no créditos del Banco República contra empresas, el resultado es positivo, aún luego de pagar el propio presupuesto de la institución, que vale también la aclaración no tiene otra fuente de recursos que el propio capital.

Pero aún más, los resultados de la Corporación Nacional para el Desarrollo demuestran incluso por la forma en que se le aportaron los recursos su utilización como instrumento de política económica.

En el período 1985 a 1989 los aportes de recursos fueron prácticamente créditos contra El Mago, los frigoríficos y Vibobusa por un total de US$ 9.200.000, no fue dinero en efectivo, ni partidas que el Directorio pudiera resolver libremente su destino, se trató de créditos del Banco República contra empresas, por lo que su consideración a la hora de reflejarlos como pérdida en el balance no puede olvidar que se trató de créditos y no de aporte en efectivo.

El período que concentró la mayor pérdida de la institución fue el que ocurrió entre 1990 a 1994, en el mismo el aporte del Estado fue también el más importante en toda su historia, pero fue direccionado en todas las ocasiones, lo que refleja claramente que la institución actuó como un instrumento de política económica de gobierno.

Hubo aportes por US$ 39.000.000 destinados al plan de reestructuración bancaria, aportes destinados a El Espinillar por US$ 2.000.000, aportes destinados a los frigoríficos US$ 5.000.000 y a Agolan por US$ 750.000.

En el período 1995 a 1999 no hay aportes de capital excepto a partir del año 1999 que comienzan los ingresos por el programa corporación.

Se adjunta a este informe cuadro aportado por la Corporación que demuestra las cifras mencionadas.

En cuanto a los resultados patrimoniales corresponde precisar:

A) En el período 1986 a 1989, cuando apenas se iniciaban esas inversiones en empresas sobreendeudadas con transferencia de créditos del Banco República el resultado es:

US$ 6.155.010.

B) En el período 1990 a 1994, cuando se produce el proceso de venta las mismas y se concretan nuevas inversiones, el resultado es:

US$ 38.520.059.

C) En el período 1995 a 1999, cuando hay énfasis en los programas de pequeñas empresas, y se toman decisiones con respecto a empresas que se encontraban en la órbita de la Corporación, el resultado es:

US$ 2.874.689.

Se adjunta el cuadro respectivo.

El 76,7% del resultado patrimonial antedicho corresponde a las siguientes empresas:

El Mago S.A.

Frigoríficos Colonia y Canelones S.A.

Malaquita.

Vibobusa.

Pemasa.

En ninguna de esas empresas la Corporación Nacional para el Desarrollo ingresó voluntariamente.

Si a ellas agregamos Migranja llegamos al 85% de la pérdida concentrada en estos emprendimientos.

Los números expuestos no hacen más que demostrar que la Corporación ha sido un instrumento de gobierno para invertir reconvertir o mantener en funcionamiento empresas que se consideraban prioritarias.

Por nuestra parte no consideramos que el resultado patrimonial sea un parámetro con el que deba medirse la gestión de la Corporación, creemos que este es un análisis absolutamente equivocado y así lo hemos señalado de manera reiterada en el transcurso de la Comisión.

Quien plantee evaluar una corporación para el desarrollo del país en éstos términos es que no comprende ni tiene conocimiento de las formas en que se evalúan este tipo de instrumentos en otros países.

Institutos similares en países tan disímiles como Chile, Italia, Israel, España, nunca fueron evaluados en términos de pérdida o rentabilidad patrimonial, sino que se consideró su contribución al desarrollo de los respectivos países en términos globales incluyendo creación de empleo, tecnología, diversificación de la oferta exportadora, generación de divisas, aportes al fisco y a la seguridad social, etcétera.

En estos países se reclama de estos instrumentos, cuando se diseñan para invertir capital de riesgo, que lo hagan en aquellas áreas a las que el sector privado no llega con pujanza, que inviertan en sectores nuevos o con proyección de futuro, que lo hagan en áreas deprimidas de los respectivos países o en aquellas en que es necesario complementar o sustituir el aporte privado.

Por ésta y otras razones los parámetros de medición y de éxito o de fracaso son diferentes a los que se utilizan para medir la rentabilidad empresarial en algunos lugares se ha elegido para medir ese éxito si el organismo ha logrado la radicación de inversión extranjera, en otros si ha conquistado nuevos mercados o aumento de exportaciones, en algunos si ha servido para reconvertir procesos productivos o empresariales, y en la mayoría si ha logrado generar puestos de trabajo genuinos.

En esta línea de razonamiento se inscribe el Diputado Perdomo al afirmar que "una y otra vez hemos puntualizado que la Corporación Nacional para el Desarrollo era un organismo muy difícil de evaluar pues no fue concebido para ganar dinero y no se podía medir a través de la contabilidad. A la luz de su gestión esto resulta muy injusto como medir las empresas en cuanto a cantidad de trabajo y funcionamiento. Sin duda la medida patrimonial no nos parece la regla más justa y equitativa -esta Comisión no se conformó en función de una pérdida patrimonial, que sin duda nos parece importante y tal vez fue lo que impactó en los medios públicos- sino para analizar su buena o mala gestión. Como he dicho en otras oportunidades, con el diario del lunes es muy sencillo evaluar" (página 8, sesión de 10 de noviembre).

Efectivamente este "organismo no es pasible de ser medido en estados contables, seguramente brindar créditos a microempresarios, o llevar una industria al interior del país no sea un brillante negocio, sino que precisamente la esencia de este instrumento está en ser soporte de desarrollo" (página 48, sesión de 14 de marzo).

Tampoco es lo mismo analizar los resultados contables cuando la empresa se mantiene en marcha como ocurre con los frigoríficos o con Migranja a cuando la empresa debe ser cerrada como fue en el caso de El Mago.

Igualmente el Diputado Nahum Bergstein considera que este es un Instituto particular en la vida económica y jurídica del país "puede haber industrias estratégicas, un propósito de diversificar la oferta exportadora, el propósito de llevar trabajo donde no hay alternativas, de explorar posibles mercados que de otra manera no se podían contemplar porque el empresario privado tiene otros apremios" (página 50, sesión de 14 de marzo).

En ese sentido "la Corporación no se hizo para ganar, por las condiciones que tenía, por el tipo de empresas en las que tuvo que intervenir y por el momento que vivía el país hubiera sido un milagro que no hubiera perdido" (página 8, sesión de 10 de noviembre).

El primer Presidente de la Corporación, contador Enrique Vispo, informó que no existe "una corporación en el mundo que haya ganado dinero, de sus objetivos no surge que tenga que ganar dinero. Si ganara dinero los privados querrían invertir", por ello la Corporación termina apoyando negocios que en general son más riesgosos" (página 3, sesión de 22 de mayo).

De todas formas, y aunque reiteramos que en nuestro concepto el parámetro de la pérdida o rentabilidad patrimonial no corresponde para medir la gestión de la Corporación, procedimos a analizar dicha pérdida y allí desde un principio en la Comisión se reconoció que el 85% de la pérdida patrimonial se concentró en cuatro empresas: frigorífico Canelones, frigorífico Colonia, El Mago y Migranja.

Quedó plenamente demostrado que las decisiones en estas grandes inversiones no fueron tomadas por la Corporación de manera aislada sino que lo hicieron por recomendación de sus accionistas, el Banco República a quien le adquirieron pasivos, o del Ministerio de Economía y el Banco Central en el caso de Migranja.

Tampoco puede ser ajeno a nuestro análisis que la Corporación nunca dispuso de fondos suficientes para elegir con independencia los proyectos en los que invertiría o para mantener los mismos dentro de su órbita el tiempo necesario para lograr las transformaciones productivas y económicas proyectadas, ni siquiera para acometer los grandes emprendimientos que debió asumir. En ese sentido resultó esclarecedora la comparecencia del primer Directorio que señaló como en lugar de recibir recursos, recibieron créditos por parte del Banco República.

El contador Vispo señaló que "si la Corporación hubiese tenido un capital mucho más grande hubiera quitado mayor endeudamiento a través de inversión y es posible que las empresas sustituyendo endeudamiento por inversión no hubieren tenido ese costo fijo que son los intereses... lo exiguo del capital de la Corporación no ayudó a que esto fuera así" (página 15, sesión de 22 de mayo).

Los propios funcionarios de la Corporación que estuvieron desde el principio confirman que "todas las empresas que mencioné ya estaban allí y todas tenían dificultades. Por eso tenía entendido que habían ingresado a la Corporación, para lograr que mediante apoyo financiero su situación se recuperara y pudieran volver a la actividad privada" (página 18, sesión de 4 de setiembre).

Compartimos lo que decía el director doctor Washington Abdala: "No miremos esto bajo el tamiz de la teoría liberal clásica, es decir si se vende hay que ganar más de lo que se había invertido porque no va a dar nunca, se trata de aligerar la capacidad de daño, se trata de cumplir con el mantenimiento de una fuente laboral, de instalar en el mercado privado algo que de repente si se hubiera hecho atropelladamente no habría entrado nunca en el mercado privado" (página 23, sesión de 5 de junio).

Por último queremos señalar que no compartimos realizar un corte en la vida de una institución y evaluar con criterio de corto plazo lo que debería analizarse con visión de largo plazo. Quienes conocemos los avatares del desarrollo empresarial, y los ciclos de la vida económica somos conscientes que se toma el peor momento en los últimos años de la economía del país. Otro hubiera sido el análisis efectuado hace unos años, y probablemente otro será dentro de algunos años.

También discrepamos con la metodología de trabajo utilizada, en efecto, el denunciante ha señalado en el seno de la Comisión y públicamente cifras sobre la pérdida patrimonial tomando en cuenta los datos del año 2001, pero ha centrado el trabajo de investigación en lo ocurrido hasta el año 1999, si la técnica fuera adecuada deberían coincidir ambos períodos de análisis.

Por último corresponde señalar que de los números manejados surge claramente que las cifras públicas que se han manejado son inexactas, no se trata de US$ 100.000.000 sino de una cifra inferior al 50% de la mencionada si se considera el período que abarca la investigación.

Cabe acotar que en los últimos días llegó un informe solicitado a la Corporación Nacional para el Desarrollo en la, sesión de 1º de diciembre por el Diputado Perdomo, contestado por la Corporación Nacional para el Desarrollo con fecha 8 de diciembre.

Tal como se solicitara, surge del mismo que los montos de las sumas aportadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo y empresas del grupo y asociadas a los organismos estatales, en el período 1986–2002, así como también los aportes generados por la ejecución de los programas vinculados a MYPES, en el período 1992–2002, totalizan los siguientes importes:

- Aportaciones del Grupo Corporación Nacional para el Desarrollo: US$ 51.315.969

- Aportaciones vinculadas a Mypes:

US$ 90.330.400

- Empresas que ya no pertenecen al Grupo

US$ 8.206.495

Además, el informe está acompañado por los criterios de las estimaciones debidamente suscritas por técnicos del organismo.

Por tanto, a la hora de evaluar las pérdidas atribuidas a la Corporación Nacional para el Desarrollo, este informe es de trascendental importancia porque altera sustancialmente la ecuación económica y la visión del la Gestión del Organismo a lo largo de su existencia.

3.2.- CONTRALOR DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El segundo tema propuesto a investigación fueron "las razones por las que la Corporación Nacional para el Desarrollo se sustrajo por una década del contralor directo del Tribunal de Cuentas".

En la solicitud realizada el denunciante reclamó también investigar sobre las supuestas razones por las cuales la Corporación se sustrajo durante más de una década a dicho contralor.

Según señaló en el literal c) de su informe el Tribunal de Cuentas solo pudo auditar los ejercicios cerrados desde el 31 de diciembre de 1986 al 31 de diciembre de 1989 emitiendo dictamen negativo sobre el balance cerrado al 31 de diciembre de 1989 al decir que no representa la situación financiera y patrimonial del organismo.

Señala el denunciante que durante toda la década del noventa el Tribunal de Cuentas reclamó todos los años el derecho que le asistía de acuerdo al marco normativo vigente a realizar una auditoría del organismo en la medida que maneja recursos públicos y considera que deben investigarse las causas de la negativa de la Corporación.

La Comisión recibió sobre este tema los informes y documentación solicitada, así como la declaración de los sucesivos Directorios del organismo que fueron contestes en señalar su posición en el sentido que correspondía al Tribunal de Cuentas el visado, y no la auditoría de los balances de la Corporación.

Entendemos que la expresión "se sustrajo" es poco feliz, porque el lector desprevenido podría entender que hubo una voluntad de sustraerse a las exigencias legales, que no es el caso.

Admitiendo que el tema es discutible, entendemos que la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo diferencia como dos categorías conceptuales diferentes Auditor y Visor.

Sin embargo el Tribunal de Cuentas entiende que no puede visar sin acreditar, o sea que establece una conexión teleológica entre ambas. De todos modos importa que hubo una voluntad de sustraerse a las exigencias legales, que en este aspecto no se ha establecido irregularidad alguna por parte de la Corporación y lo que ha quedado de manifiesto es sí una diferencia de criterio entre la institución y el Tribunal de Cuentas, diferencia que por otra parte ya era pública en la medida en que la Corporación remitió reiteradamente al Senado de la República y al Poder Ejecutivo los antecedentes que daban cuenta de su posición sobre el tema.

En el seno de esta Comisión el Diputado Perdomo adelantó opinión en el sentido de que "el marco legal es muy claro en cuanto a que el rol del Tribunal tiene que ver con el visamiento de los balances y no con una tarea de auditoría" (página 6, sesión de 27 de marzo).

Por su parte del Diputado Pablo Mieres dijo que "En este sentido hay dos bibliotecas. Los señores Diputados podrán pronunciarse a favor de una o de otra" (página 8, sesión de 27 de marzo).

Por lo expuesto este asunto no debió haber sido objeto de investigación sino de una solución legislativa ya que ambos organismos tienen posiciones encontradas en una especie de contienda de competencia donde lo que uno sostiene es diferente a la posición del otro.

Según expresó el Tribunal de Cuentas "nunca tuvo dudas respecto a la diferencia entre visado y auditoría" (página 4, sesión de 3 de abril).

El Presidente, señor Guillermo Ramírez, realizó el "racconto" de todos los controles que se ejercen sobre la Corporación de acuerdo a la ley y decretos reglamentarios, reseñando "no menos de seis controles" (página 6, sesión de 3 de abril).

Se explicaron en detalle las posiciones jurídicas sostenidas por el Tribunal, la historia de relacionamiento con la Corporación, las diferencias entre visar y auditar, el tema de si la Corporación maneja o no fondos públicos, y algunos de los diputados presentes adelantaron opinión en el sentido que correspondía la actuación del Tribunal o en el sentido de que mantenían dudas desde el punto de vista jurídico (páginas 17 y siguientes, sesión de 3 de abril).

Por su parte a lo largo de los años la Corporación ha sostenido la posición contraria a la del Tribunal.

Según la Corporación la Ley de creación Nº 15.785, de 10 de noviembre de 1987, establece con absoluta claridad en su artículo 29 que "la Corporación publicará anualmente un balance con la visación del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la presentación periódica de otros estados que reflejen claramente su vida financiera" (artículo 191 de la Constitución). "La reglamentación determinará la forma y periodicidad de los mismos".

El Decreto 247/987 reglamentario del funcionamiento de la Corporación estableció en su artículo 37 que "el balance anual antes de ser considerado por la Asamblea se remitirá al Tribunal de Cuentas para su visación".

Pese a lo que establece la norma legal, el Tribunal de Cuentas, basándose en otras disposiciones, entiende que debe auditar para poder visar. Durante más de diez años ambos organismos no lograron ponerse de acuerdo. El Parlamento no dictó una norma interpretativa y no hubo decisión alguna sobre el tema por parte del Poder Ejecutivo.

En su momento el primer Directorio de la Corporación, en el período 1985 a 1990 solicitó la opinión del doctor Aníbal Cagnoni, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, quien en dos consultas efectuadas el 14 de abril de 1988 y el 17 de marzo de 1989 que obran en poder de esta Comisión informó:

A) El artículo 552 de la Ley Nº 15.903 atribuye al Tribunal de Cuentas el control externo y especialmente el dictamen e información de los estados y balances de las entidades no estatales que perciban fondos públicos o administren bienes del Estado. El patrimonio del Estado está integrado por el patrimonio del Estado, persona pública estatal mayor y el de las personas públicas estatales menores (Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales). Las Personas Públicas no Estatales como siempre lo ha sostenido la doctrina sin vacilación no integran el Estado, de ahí esa específica denominación ni su patrimonio integra el patrimonio del Estado.

B) La Corporación no percibe fondos del Estado. Los fondos que son patrimonio del Estado y se destinan a la Corporación (artículo 17 de la Ley Nº 15.785) al producirse el acto jurídico de la integración de capital que la ley impone al Estado y a la persona estatal Banco República, dejan de ser fondos estatales y se transforman en patrimonio de la Corporación. La gestión del patrimonio de la Corporación está exenta precisamente por ser patrimonio no estatal de las normas de Contabilidad y Administración Financiera del Estado. La Corporación debe administrar bienes privados, le está vedado administrar bienes del Estado. Los bienes del Estado son los derechos de crédito que como accionista tiene el Estado y el Banco República, éstos son los bienes a controlar por el Tribunal, pero la gestión del patrimonio de la Corporación está exenta precisamente por ser patrimonio no estatal.

C) La Visación o Visto es la única intervención que legalmente compete al Tribunal en la vida de la Corporación Nacional para el Desarrollo Las auditorías por el Tribunal no solo no están previstas, sino que además la propia ley de creación obliga a la Corporación a tener auditorías internas y externas (artículo 28 de la Ley Nº 15.785) y al mismo tiempo le atribuye a la Corporación y solo a ella el establecerlas y obtener su realización. "La doble circunstancia anotada, no atribución y atribución al propio organismo bastan indudablemente para rechazar la intervención del Tribunal limitado legalmente a lo que surge expresamente de los textos".

Teniendo en cuenta estos dictámenes así como los informes jurídicos de la propia institución los sucesivos Directorios mantuvieron la posición de negar la realización de auditoría y si la visación de sus balances.

Consta en las actas de la Corporación desde 1988 las sucesivas reuniones mantenidas entre los Directores de la Corporación y los miembros del Tribunal para acercar posiciones sobre sus diversas interpretaciones.

El 10 de enero de 1989 de acuerdo a la actas de la institución, el Tribunal de Cuentas manifiesta su decisión de realizar una auditoría de la Corporación lo que no es aceptado por el Directorio que manifiesta compartir el informe del doctor Cagnoni ya comentado, y le solicita un nuevo informe que se produce en marzo de 1989 a efectos de estudiar la posibilidad de que la Asamblea General realice en lo pertinente una interpretación auténtica de la Ley Nº 15.785.

Análisis de este tipo se producen prácticamente todos los años de acuerdo a lo que surge de las actas respectivas.

En diciembre de 1991 el entonces Presidente de la Corporación economista Roberto Horta, informaba al Tribunal de Cuentas en lo que a su competencia refería que el artículo 35 del decreto reglamentario de la Ley Nº 15.785, obliga a la Corporación a enviar al Poder Ejecutivo copia fiel de la memoria anual, estados contables, actas de asambleas e informes de auditorías que se dispongan de acuerdo a la ley. La ley en el artículo 28 señala que la institución debe tener auditorías externas e internas para el control de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión. El artículo 37 del decreto reglamentario indica que el balance anual antes de ser considerado por la asamblea se remitirá al Tribunal para su visación.

Por tanto señalaba en aquel entonces el economista Roberto Horta se imponen dos controles diferentes ya que en los artículos 35 y 37 se obliga primero a recurrir a auditores con sus respectivos informes y segundo obtener la visación del Tribunal de Cuentas. "Es unánimemente admitido que ambos son diferentes. Se entiende en general por visación la operación mediante la cual el órgano encargado de ella se asegura que las cifras de los estados contables reflejen las transacciones contabilizadas en los registros contables llevados de acuerdo a derecho, lo que le permite analizar dichos registros y dejar constancia de sus observaciones.

Se entiende en general por auditoría el examen de las operaciones financieras, administrativas y de otro tipo de una entidad realizada por especialistas ajenos a ella y con el objeto de evaluar su situación.

Hay pues auditorías internas y externas con una finalidad y hay un visado con otra finalidad. El legislador estableció diferencias para evitar confusión de funciones y obviamente las atribuciones del Tribunal de Cuentas y el alcance de su intervención no pueden racionalmente coincidir con el de la auditoría".

El 25 de junio de 1992 se insiste en que lo que corresponde es la visación de los registros contables y la no aplicación de la Ley Nº 15.903, resolviendo nuevamente cursar los antecedentes a la Asamblea General, a la Cámara de Senadores y al Poder Ejecutivo.

El 24 de setiembre de 1992 la Corporación le comunica al Tribunal de Cuentas que hace suyos los dictámenes del doctor Aníbal Cagnoni y los informes de sus asesores, doctor Saúl Pérez, profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y doctora Nuri Rodríguez Olivera, catedrática de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y por lo tanto se atendrá estrictamente al cumplimiento del artículo 29 de la Ley Nº 15.785, y artículo 37 del Decreto Reglamentario 287/87 hasta tanto no surja ninguna disposición legal interpretativa. Ello no significa que la Corporación no reciba sugerencias y opiniones del Tribunal.

En los años siguientes se mantiene la situación incambiada, en el año 1995 el nuevo Directorio resuelve mantener la misma posición pero vuelve a dirigirse a la Asamblea General, a la Cámara de Senadores y al Ministerio de Economía Finanzas a quienes la institución envió oportunamente los antecedentes y no adoptaron aún posición al respecto.

Mucho se ha insistido en la Comisión sobre si el criterio de permitir o no la auditoría del Tribunal fue adoptado por el primer Directorio de la Corporación o por el siguiente, y si el último Directorio cambió la postura al permitir el ingreso del Tribunal.

Consideramos que esta discusión es irrelevante, no importa demasiado quien la adoptó, en todo caso siempre estuvo en conocimiento de las jerarquías respectivas y de la opinión pública la existencia del debate que por otra parte no consideramos agotado por la decisión del último Directorio de la Corporación.

Sin embargo y como el punto fue largamente analizado en la Comisión queremos señalar que hemos concluido que la decisión fue tomada por el primer Directorio de la Corporación, mantenida por los siguientes, y el tema si bien ha existido un acercamiento, no ha sido definitivamente solucionado en la actualidad por las razones que se exponen a continuación.

El economista Roberto Horta, que integró el primer Directorio de la Corporación y presidió el segundo, señaló "en el primer Directorio de la Corporación es que se toma la decisión de solicitar los informe técnicos -a fin de saber cuál era el alcance establecido en la ley del control del Tribunal de Cuentas-. En ese primer Directorio se analiza el tema y con los informe respectivos se entiende claramente que la función del Tribunal es la de visar y no de auditar. En ese sentido se actuó y con ese criterio se siguió actuando en el Directorio siguiente" (página 13, sesión de 12 de junio). "Cuando digo que el criterio no cambió es porque el criterio del primer Directorio fue que el Tribunal de Cuentas tenía que visar los balances. En el año 1991 cuando nosotros vemos que lo que hace el Tribunal de Cuentas es auditar y no visar, lo que hacemos es seguir afirmando lo que el primer Directorio afirmaba: el Tribunal tiene que visar los balances. Para que visara los balances nosotros optamos por enviarle la información respectiva y la auditoría externa que tenía la Corporación Nacional para el Desarrollo" (página 14, sesión de 12 de junio).

En el mismo sentido el Director Carlos González expresó "nosotros entramos a la Corporación en 1990 y nos encontramos con determinada situación. Los servicios hicieron la consulta, se analizaron los informes jurídicos -y ese es el único respaldo que tiene un Director- actuamos sobre la base de informes jurídicos. Si estaban equivocados el Tribunal de Cuentas pudo haber tomado otra actitud" (página 19, sesión de 12 de junio).

Agregó el contador González que "si al Tribunal de Cuentas hubiera ido no creo que hubiera cambiado absolutamente nada toda esta secuencia en el Directorio que integrábamos nosotros porque eran los hechos. De repente hubiera dicho se perdió... no rehuso la responsabilidad del Directorio que actuó basado en un informe jurídico de primera línea. No lo hizo un abogado dependiente se pudo pedir el informe al abogado que estaba todos los días en la Corporación a sueldo, pero se lo solicitamos a la figura más importante que se creía que había en ese momento con total independencia" (página 19, sesión de 12 de junio).

Reitera en otra comparecencia que no debe olvidarse que el Tribunal de Cuentas "nunca en ningún lado analiza la gestión... analiza la legalidad de las cosas no la gestión... entonces el Tribunal jamás iba a decir si estaba bien hecho o mal hecho el negocio... este comentario es para que no se vaya a pensar que si el Tribunal de Cuentas hubiera tenido otra actuación hubiera aconsejado cerrar los frigoríficos o El Mago en su momento. Jamás lo hubiera hecho el Tribunal de Cuentas (página 7, sesión de 26 de junio).

En el mismo sentido la entonces Directora Milka Barbato dijo que "quienes participamos del segundo Directorio no sentimos que estábamos innovando ni cambiando en cuanto al relacionamiento con el Tribunal, en el tercer Directorio como esa posición se sostuvo durante tanto tiempo, juntamos todos los dictámenes y remitimos toda la información jurídica a la Asamblea General entendiendo que finalmente en este tema alguien debía laudar y establecer desde el punto de vista legislativo quién adoptaba el criterio correcto: si el Tribunal de Cuentas o la Corporación" (páginas 17 y 18, sesión de 12 de junio).

Por su parte, el Director doctor Washington Abdala dijo: "Reitero que si alguien cree que el Tribunal de Cuentas y sus modalidades de participación de mayor o menor intensidad para con la Corporación, tienen que ver con el hecho de que hubo algún grado de ocultamiento, quiero que quede bien claro: los miembros de la Corporación no ocultaron absolutamente nada; la intención fue, precisamente, llevar adelante la gestión de la manera más sensata posible. Lo digo porque me parece que (por las expresiones que se emitieron) hay algo de prejuzgamiento.

Pero, bueno, cada uno tiene derecho de decir lo que entienda pertinente" (página 27, sesión de 12 de junio).

La situación tuvo alguna modificación en el último Directorio de la Corporación. Su Presidente, contador Aldo Bonsignore, declaró ante esta Comisión "el tema del Tribunal de Cuentas creo que está laudado. No es que se haya dado la razón o no a alguien, simplemente fue un tema que se prolongó en el tiempo y creo que no tenía sentido la situación, la controversia que se había planteado. Fue una controversia que desde el punto de vista legal se pudo haber resuelto antes porque el Senado durante estos diez o doce años tuvo posibilidades de laudar el tema y no lo hizo... pero tampoco parecía ser un tema central, el Senado pudo haberlo resuelto y no lo hizo en su momento" (página 7, sesión de 14 de marzo).

Por su parte el Director, escribano Julio Gemelli, señaló que al asumir el economista Julio De Brun tomó a su cargo realizar gestiones para solucionar el diferendo y permitir el ingreso del Tribunal de Cuentas para realizar la visación.

Aclaró que "esto no es menor, porque no se cambió el criterio, lo que se pidió al Tribunal fue que visara los estados contables... el Tribunal solicitó tener acceso a la documentación... la Corporación le respondió que si iba a visar los estados contables podía tener acceso a la documentación. Así se soslayó, como bien decía el señor Presidente, una discusión de más de diez años. Entonces no se auditaba, se accedía a la documentación... para poder realizar la visación" (página 10, sesión de 14 de marzo).

En la misma línea el Director de la Corporación, señor Garat, señaló que el Directorio fue quien invitó al Tribunal de Cuentas "a través de una negociación muy trabajosa para que no audite los balances de la Corporación" (página 21, sesión de 3 de noviembre).

Actualmente según manifestó el Presidente de la Corporación que se mantiene una "discrepancia con el Tribunal, que aún no hemos resuelto, acerca de si la visación incluye o no la emisión de un dictamen".

Con respecto al informe del Tribunal de Cuentas los Directores de la Corporación señalaron que el trabajo con el Tribunal no ha sido una tarea sencilla en virtud de la naturaleza jurídica de la Corporación y la necesidad de solicitar, de acuerdo a los requerimientos del Tribunal, a más de veinte empresas que hoy integran el grupo que ajusten sus procedimientos, no "a los procedimientos de empresas privadas a los que están acostumbrados, sino a los requerimientos del Tribunal de Cuentas que es un organismo que fiscaliza instituciones del Estado" (página 22, sesión de 3 de noviembre).

Finalmente debemos referirnos al informe que el Tribunal realiza si bien el mismo se encuentra fuera del período sometido a investigación, para destacar que encontramos altamente positivo que siendo la primera vez que realiza este tipo de dictamen en la institución luego de más de una década, sus conclusiones demuestran que no ha encontrado irregularidades aunque existan aspectos a corregir sobre todo en lo que hace a la documentación. Quienes hemos visto las observaciones del Tribunal de Cuentas en otros casos, o sus informes en otros organismos que son auditados año a año y por tanto pueden ir corrigiendo el rumbo, reiteramos nuestra conformidad por el dictamen obtenido por la Corporación.

El dictamen realizado sobre los ejercicios 2000 y 2001 no ha señalado observaciones ni irregularidades y ha sido acompañado con un informe de Administración con una serie de señalamientos, estos son aspectos a corregir.

El economista Julio De Brun recordó que los dictámenes no refieren a una gestión sino que versan sobre los estados contables, y éstos pueden ser "limpios" sin observaciones, o en el otro extremo señalar que no reflejan la situación patrimonial. La situación intermedia es la que se da en este caso en la que el auditor no pudo constatar valores importantes de los estados contables.

A este respecto el economista Julio De Brun estableció que "uno puede discutir o no la razón del auditor al emitir este dictamen... el principal crédito que el auditor no dice que no existe pero que no pudo verificar es un crédito de la Corporación contra su propio accionista, el Estado.

Básicamente lo que tiene el Tribunal de Cuentas es un problema de semántica. Cuando el señor Ministro de Economía dice que esos créditos existen habla en término condicional -afirmación cuya semántica no resultó del todo satisfactoria para el Tribunal de Cuentas- es un problema de exposición y de adecuada documentación de créditos entre una entidad estatal, como la Corporación y su accionista que es el Estado (página 24, sesión de 3 de noviembre).

Desde nuestro punto de vista ha quedado absolutamente probado que ambas Instituciones no ocultaron sino que por el contrario hicieron público durante más de diez años sus diferencias de opinión, y en especial la Corporación remitió a los ámbitos encargados de controlarla la fundamentación de su posición solicitando ley interpretativa o decisión superior en caso de corresponder lo que nunca ocurrió.

Por su parte el Tribunal de Cuentas tampoco obtuvo un pronunciamiento del Poder Ejecutivo o del Parlamento que zanjara la cuestión y diera instrucciones diferentes a la Corporación si así correspondía.

Por lo expuesto no es posible responsabilizar a los sucesivos Directorios por proceder de acuerdo a los dictámenes de sus asesores y menos aún teniendo en cuenta que pusieron el tema a consideración de quienes podían resolver sobre el mismo y no lo hicieron porque no asignaron al tema especial relevancia o porque entendieron que nada debían modificar.

Y, por último, la razón del artillero: con o sin auditoría adicional del Tribunal de Cuentas además de las auditorías que preceptivamente impone el texto legal, los resultados económicos de la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo no habían variado en lo más mínimo.

4.– INFORME SOBRE LOS ASPECTOS DENUNCIADOS

4.4.1.- EVALUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS

El tercer tema a consideración por la Comisión ha sido "la evolución de los resultados de las sucesivas auditorías a la que fue sometida la Corporación Nacional para el Desarrollo desde su creación hasta 1999".

En el literal c) de su informe el denunciante se refiere al contralor contable y financiero de la Corporación y realiza diversas consideraciones sobre el resultado de las auditorías.

Analizado este aspecto y recibida la documentación correspondiente es posible afirmar que pese a lo establecido por el denunciante, ha quedado demostrado en el transcurso de las actuaciones de la Comisión Investigadora que todos los estados contables de la Corporación Nacional para el Desarrollo han sido aprobados con informes limpios (sin objeciones) de auditores externos independientes en cumplimiento del artículo 28 de la Ley Nº 15.785.

Se ha destacado por parte del Diputado que ha promovido la investigadora, en la página 14 de la Articulación de las Denuncias, que las empresas auditoras externas han emitido sobre los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo: "observaciones de gran importancia que fueron agravándose en el tiempo", "la ausencia de auditoría sobre más de la mitad de las empresas en las que habría invertido" y "la forma en que se valoraban las inversiones realizadas".

Es un claro error calificar como observaciones de gran importancia las salvedades que las empresas auditoras establecen en los balances.

En efecto si las observaciones fueran graves, los dictámenes no podrían ser limpios, es decir que: "los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo, al 31 de diciembre de cada año.

Si así no fuese, las empresas auditoras externas hubieran emitido dictámenes de otro tenor dejando las constancias correspondientes.

En rigor las salvedades que los auditores han establecido en los balances refieren básicamente al crédito que la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene contra el Estado, tema que es tratado más adelante y que en definitiva es ajeno a la institución pues tiene que ver con su accionista mayoritario o sea el Ministerio de Economía y Finanzas.

Consecuentemente un dictamen con observaciones de gran importancia no hubiese merecido nunca la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, principal accionista de la Corporación, ni del Banco de la República Oriental del Uruguay, socio minoritario.

Puede ocurrir que en algún año se haya realizado alguna observación con respecto a los balances de las empresas de las que la Corporación Nacional para el Desarrollo forma parte.

Surge de los propios balances, de la documentación enviada por la Corporación y de las explicaciones brindadas en la Comisión, que esta circunstancia puede deberse básicamente a las siguientes situaciones:

A) Los auditores de una empresa no se hacen responsables por los resultados de auditoría realizadas por terceros.

B) En muchas ocasiones la fecha de cierre de los balances de las empresas no coincide con la fecha de balance de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

C) Algunas empresas no tenían los balances auditados a la fecha de cierre del balance de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

D) Algunas empresas no tenían obligación legal de auditar sus balances hasta el ingreso de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

E) Las empresas no tienen obligación de presentar sus balances auditados cuando la participación de Corporación Nacional para el Desarrollo es minoritaria.

Por lo expuesto no puede tildarse como observaciones de gran importancia, algo que como se verá no ha merecido siquiera la observación del Tribunal de Cuentas.

Pero además, la Corporación Nacional para el Desarrollo ha probado que siguiendo elementales criterios éticos, ha cambiado periódicamente las empresas auditoras según el siguiente detalle:

1986-1988: OTTINO PEREIRA Y ASOCIADOS

1989-1991: TEA DELOITE & TOUCHE

1992-1994: CR. R. VILLAMARZO Y ASOC.

1995-1999: COOPERS & LYBRAND

Con lo cual queda claramente probado que todas las memorias y todos los estados contables de la Corporación Nacional para el Desarrollo están auditados por auditores externos independientes, con lo que se ha dado cumplimiento al artículo 28 de la Ley Nº 15.785.

Son estas mismas empresas auditoras las que han avalado los criterios técnicos de valuación de activos, por lo que el cuestionamiento al respecto realizado por el Diputado Mieres también carece de sustento.

Asimismo debe destacarse que en el año 2000, sin obligación legal al respecto, pero siguiendo las recomendaciones del Colegio de Contadores del Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo, según resulta de sus estados Contables, ajustó los mismos por inflación.

En definitiva la institución ha cumplido siempre con las normas de control que le impone el régimen legal vigente y ha obtenido informes limpios de auditoría, y cuando en el año 2000 y 2001 tuvo nuevamente dictámenes del Tribunal de Cuentas estos no registraron observaciones de entidad.

El actual Presidente de la Corporación señaló que en los informes de auditoría y en los propios informes del Tribunal de Cuentas "hay puntos que son irrelevantes y cosas que no son significativas" (página 8, sesión de 14 de marzo).

4.4.2.- APROBACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

Es inexacto, como los propios Directores manifestaron en la Comisión que no se hubiera aprobado el balance.

En efecto el acto material de que el Banco aprobara el balance no llegó a materializarse porque el BROU no concurrió a la Asamblea.

Lo dice con absoluta claridad el economista Julio Iglesias "lo que sucedió en esa oportunidad fue que el Directorio del Banco pidió una postergación de la fecha fijada para la asamblea, donde se cita a los accionistas para concurrir y dar su posición. Esa asamblea se realizó posteriormente en la fecha que estaba prevista, por lo cual el Banco no tenía posición al momento de celebrarse esa asamblea, y no la expresó porque no la tenía. Es decir que no votó en contra ni resolvió no aprobar -como se dijo- ese balance en ese ejercicio determinado" (página 4, sesión de 25 de setiembre).

Mal puede sostenerse que el Banco República no votó, o votó en contra el balance de la Corporación Nacional para el Desarrollo del año correspondiente al año 1998, cuando ni siquiera concurrió a la asamblea de accionistas.

El propio Banco de la República contestó a esta Comisión el pedido de informes cursado ratificando que solicitó prórroga para concurrir a la Asamblea, pero no se trató de un voto negativo.

A pesar de estas claras manifestaciones el denunciante ha seguido insistiendo en el seno de la Comisión y públicamente con el hecho de que el Banco República no aprobaba los balances de la Corporación.

Ello es absolutamente falso, los aprobó en todas las ocasiones, salvo en una de ellas, en el año 1998 en que solicitó prórroga para su estudio.

Deben también hacerse otras dos precisiones:

A) El Ministerio de Economía y Finanzas que es poseedor del 97% del paquete accionario de la Corporación Nacional para el Desarrollo aprobó dicho balance.

B) A todas las asambleas de accionistas de la Corporación Nacional para el Desarrollo, anteriores y posteriores a la referida concurrió el Banco de la República Oriental del Uruguay y aprobó todos los balances anteriores y posteriores al referido.

Por lo dicho es fácilmente comprensible que la no concurrencia a una asamblea, por parte del accionista que detenta el 3% del capital accionario de una empresa, haya sido en su momento calificado como un hecho menor, que en nada afectaba la legitimidad de lo actuado y del balance presentado.

Así lo manifiesta el propio Vicepresidente del Banco República, economista Julio Iglesias, en la misma oportunidad ya citada, cuando dice: "es válido recordar que el Banco de la República es el accionista minoritario; en un porcentaje significativamente minoritario, alrededor del 3%, si bien originalmente la participación del Banco de la República fue mayor en el momento de la creación de la Corporación, pero por haberse integrado capital en sucesivos momentos -no por el Banco de la República sino fundamentalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas- esa composición accionaria fue cambiando en el transcurso del tiempo. De hecho la importancia del Banco como accionista dentro de la Corporación se transformó prácticamente en marginal en el transcurso de este proceso" (página 5, sesión de 25 de setiembre).

4.4.3.- CUMPLIMIENTO DE CONTROLES LEGALES

Con referencia al tema del cumplimiento de los controles a los que está sujeta la Corporación Nacional para el Desarrollo, y sobre los cuales basta leer el articulado de la Ley Nº 15.785 para ver que son amplios y numerosos, el diputado Mieres en la página 15 de la articulación de sus denuncias cita palabras del entonces Senador Mallo, respecto de la incapacidad de controlar el patrimonio de la institución.

Realmente no son correctas las expresiones del señor Senador Mallo y menos la cita del Diputado Mieres porque precisamente el artículo 26 de la Ley Nº 15.785, establece que uno de los dos órganos encargados de controlar a la Corporación Nacional para el Desarrollo es el Senado de la República.

El otro es el Poder Ejecutivo, que como ya se ha visto ha aprobado todas las memorias y estados contables de la Corporación.

Pero con respecto al contralor del Senado de la República debe establecerse que todas las memorias y estados contables de la Corporación Nacional para el Desarrollo, han sido remitidos al Senado de la República en cumplimiento del referido artículo 26 de la Ley Nº 15.785, y nunca este órgano realizó observación alguna sobre la gestión, las inversiones, los balances y en general sobre ningún aspecto de la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Y este no es tema menor, porque como bien lo manifestara el diputado Nahum Bergstein durante las sesiones de la Comisión Preinvestigadora, es precisamente el Senado de la República quien tiene tal potestad. Textualmente, en la página 85 el diputado expresó: "el artículo 26 de la Ley Nº 15.785 que encabeza el capítulo de los controles, establece con bastante claridad que el control de la Corporación lo tiene el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores".

Para mayor abundamiento agrega: "Y si el texto legal dice expresamente que el control lo tiene la Cámara de Senadores, nos parece que ahí tenemos un problema importante en cuanto a dilucidar la legalidad de nuestras actuaciones".

Siguiendo con la enumeración del cumplimiento por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo de todos los controles, en este caso ya no los establecidos en la ley de creación sino en disposiciones posteriores, ésta ha presentado a la Contaduría General de la Nación el Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones y el Balance de Ejecución del ejercicio anterior, a los efectos de su inclusión por el Poder Ejecutivo en cada Rendición de Cuentas" (artículo 720, Ley Nº 16.170).

Finalmente y sin entrar en la discusión de fondo que sobre este tema se plantea en otro capítulo, la Corporación Nacional para el Desarrollo ha informado, en las comparecencias que sus diversos Directorios han realizado ante esta Comisión que se ha remitido anualmente la memoria y estados contables al Tribunal de Cuentas para su visación en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Nº 15.785, y artículo 37 del Decreto 247/98.

4.4.4.- VALUACIÓN DE ACTIVOS

Por otra parte no es correcto lo que afirma el diputado Mieres cuando dice en la página 10 de su informe que: "si los estados contables de esas empresas no están auditados, se valúan por el costo de la inversión sin reconocer aumentos o disminuciones de esa inversión, o por valor cero".

Asimismo dice "las compañías con patrimonio negativo, se presentan a valor cero, lo cual impide valorar las pérdidas".

Como surge claramente de los estados contables presentados por la Corporación Nacional para el Desarrollo y en poder de esta Comisión, si bien hay inversiones registradas al costo no es cierto que no se hayan tomado previsiones por desvalorización de la inversión, como resulta de las notas a dichos estados contables.

En igual sentido, surge de la documentación aportada que por las empresas con patrimonio negativo que se presentan a valor cero, también se han tomado previsiones sobre créditos otorgados lo cual implica una valoración de las pérdidas.

Reiteramos que el criterio de valuación de activos ha contado con el aval de las diversas auditorías internas y externas de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

4.4.5.- CRÉDITOS CONTRA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL BANCO CENTRAL

Sin perjuicio de que desde nuestro punto de vista, se había excluido del ámbito de investigación de esta Comisión, la inversión en los Bancos porque entre otras razones lo relativo a dichos Bancos está en la órbita de la investigación de otra Comisión especial de la Cámara, entendemos pertinente algunas precisiones.

También se ha demostrado en el transcurso de las actuaciones de ésta Comisión que todas las memorias y todos los estados contables de la Corporación Nacional para el Desarrollo han sido aprobados por sus accionistas, Ministerio de Economía y Finanzas y Banco República.

Con lo anteriormente establecido se ha dado cumplimiento al artículo 26 de la Ley Nº 15.785 y a los artículos 11, 12, 13 y 35 del Decreto 247/987.

También ha quedado claro en la comparecencia que realizaron los ex Directores del Banco de la República Oriental del Uruguay, economista Julio Iglesias, doctor Pablo García Pintos y doctor Dante Buonomo que en una sola oportunidad, durante la instancia de aprobación del balance 1998, el Banco de la República Oriental del Uruguay, solicito prórroga de la asamblea.

Es inexacta la apreciación en el sentido que "las inversiones correspondientes a Banco La Caja Obrera y Banco de Crédito, no se consideran inversiones sino créditos".

Las inversiones en dichos Bancos, se exponen como créditos a recuperar porque el monto de los aportes realizados por la Corporación Nacional para el Desarrollo a los bancos es el mínimo valor a recuperar, según surge del Convenio Básico del 9 de enero de 1990 (PRB).

En este sentido tiene relevante importancia el tema de los créditos que la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene contra el Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Uruguay por los montos invertidos en el sistema financiero.

La sistemática afirmación del Diputado denunciante de que: "dichos créditos no pueden ser corroborados porque no hay confirmación acerca de que todavía pueden ser cobrados", no puede dejarse de lado porque puede inducir en error.

Efectivamente hay abundante documentación oficial sobre la existencia y reconocimiento de dichos créditos.

Dicha documentación puede resumirse de la siguiente forma:

Aporte de capital en Corporación Nacional para el Desarrollo -Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del 26 de diciembre de 1989.

Mediante la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 26 de diciembre de 1989, se dispuso la integración de capital por parte del Estado a la Corporación Nacional para el Desarrollo por un monto de N$ 35.000.000.

Convenio Básico entre el Estado y la Corporación Nacional para el Desarrollo

El 9 de enero de 1990, el Estado representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, celebraron un contrato de acuerdo, para establecer los cometidos y las responsabilidades que le competen a las partes contratantes dentro del marco del Plan de Reestructuración Bancaria.

En la cláusula sexta inciso (b) se establece que la Corporación Nacional para el Desarrollo capitalizará los tres bancos (Banco La Caja Obrera, Banco Comercial y Banco Pan de Azúcar) utilizando para ello, entre otros, el aporte de capitalización resuelto el 26 de diciembre de 1989, al cual se hizo referencia en el apartado anterior.

De acuerdo a lo establecido por el Convenio Básico para la ejecución del PRB, la Corporación Nacional para el Desarrollo se comprometió a procurar la venta de los Bancos, por lo que en función de lo establecido en la cláusula decimoséptima de este convenio, el monto de los aportes realizados es el mínimo valor a recuperar por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Resolución del Directorio del Banco Central del Uruguay -2 de agosto de 1990.

El Banco Central del Uruguay, en su resolución del 2 de agosto de 1990, con motivo de la compra del capital accionario por parte de instituciones del exterior del Banco Comercial, hace saber a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al Banco de la República Oriental del Uruguay, que de acuerdo a sus potestades y competencias legales y reglamentarias, adoptará las medidas pertinentes para la emisión de documentos de adeudo y certificados, para la adquisición de carteras de créditos del Banco Comercial, para tomar a su cargo las responsabilidades que el preacuerdo asigna a los vendedores y en general para que no se afecten sus integridades patrimoniales.

Confirmación del Ministerio de Economía y Finanzas -26 de abril de 1991.

El Ministro de Economía y Finanzas, contador Enrique Braga Silva, le confirma al Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, economista Roberto Horta, en su segundo párrafo que: "Atento al planteamiento formulado por esa Corporación en relación con el resarcimiento de las pérdidas sufridas con motivo de la operación de compraventa del paquete accionario del Banco Comercial o la eventual pérdida a sufrir en caso de venta del paquete accionario del Banco La Caja Obrera, este Ministerio se ha abocado al estudio de la forma de hacer efectiva la cláusula 17 del convenio suscrito el 9 de enero de 1990, entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, en cuanto en el mismo se establecía que "en el entendido que la Corporación Nacional para el Desarrollo no debe verse negativamente afectada en su integridad patrimonial por el cumplimiento del presente convenio".

Confirmación del Ministerio de Economía y Finanzas -14 de junio de 1991.

El Ministro de Economía y Finanzas, contador Enrique Braga Silva, le confirma al Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, economista Roberto Horta, en su segundo párrafo que: "La Corporación Nacional para el Desarrollo podrá, consecuentemente deducir del precio obtenido por la venta de las acciones, las inversiones que con fondos provenientes de su propio capital, se realizarán en los Bancos Comercial, Caja Obrera y Pan de Azúcar, también en cumplimiento del Convenio Básico del 9 de enero de 1990".

Resolución del Banco Central del Uruguay -15 de marzo de 1994.

Por medio de la presente resolución el Banco Central del Uruguay, hizo saber a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al BROU, que "asumirá por sí mismo todos y cada uno de los compromisos económicos que tomen los vendedores de las acciones del Banco Pan de Azúcar, de verificarse alguno de los supuestos que comprometieran su responsabilidad.

De esta forma, las integridades patrimoniales de ambas instituciones no se verán afectadas por ningún hecho o contingencia que, de acuerdo con los términos del contrato, determinara el cumplimiento de una obligación por ellas asumida, desde que este Banco Central adoptará, a su solo requerimiento, las medidas pertinentes para salvaguardarlas".

Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas -17 de diciembre de 1998.

Mediante este decreto al Ministerio de Economía y Finanzas autorizó al Banco Central del Uruguay a emitir US$ 25.000.000 en títulos denominados Bonos del Tesoro, los que serán entregados a la Corporación Nacional para el Desarrollo como capital integrado del Estado.

Correspondencia del Banco Central del Uruguay -29 de enero de 1999.

El Presidente del Banco Central del Uruguay, le comunica a la Presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, doctora Milka Barbato, que por resolución del Banco Central del Uruguay del 15 de diciembre de 1998, se autorizó la transferencia de parte del paquete accionario del Banco de Crédito a la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Asimismo agrega que atento al planteo de la Corporación Nacional para el Desarrollo que no se vea afectada su integridad patrimonial por ningún hecho o circunstancia por esta operación, el Directorio del Banco Central del Uruguay resolvió el 27 de enero de 1999 lo siguiente: "Hacer saber a la Corporación Nacional para el Desarrollo que este Banco Central -que tiene conocimiento de los términos del contrato de compraventa de acciones, en virtud de los cuales la referida entidad compró parte del paquete accionario en el Banco de Crédito a Saint George Company Ltd.- asumirá cualquier compromiso económico en caso de verificarse algún supuesto que comprometiera su responsabilidad patrimonial. De esta forma, la integridad patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo no se verá afectada por ningún hecho o contingencia que, de acuerdo con los términos del contrato determinará el cumplimiento de una obligación por ella asumida, desde que este Banco Central adoptará, a su solo requerimiento, las medidas pertinentes para salvaguardarlas".

Correspondencia del Banco Central del Uruguay -19 de setiembre de 2001.

El Presidente del Banco Central del Uruguay, le comunica al Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, economista Julio De Brun, con referencia a la venta del paquete accionario del Banco La Caja Obrera, que el Directorio del Banco Central del Uruguay resolvió el 19 de setiembre de 2001 lo siguiente: "Hacer saber a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al Banco de la República que este Banco Central, actuando por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Finanzas, asumirá todos y cada uno de los compromisos económicos que tomen los vendedores en la operación de compraventa referida, de verificarse alguno de los supuestos que comprometieren su responsabilidad patrimonial. De esta forma, las integridades patrimoniales de ambas instituciones no se verán afectadas por ningún hecho o contingencia que, de acuerdo con los términos del contrato a suscribirse, determine el cumplimiento de una obligación por ellas asumida, desde que este Banco Central adoptará, a su solo requerimiento, las medidas pertinentes para salvaguardarlas".

Ministerio de Economía y Finanzas - Resolución del Presidente de la República -26 de abril de 2002.

El Presidente de la República, Jorge Batlle, resolvió autorizar el reintegro patrimonial a la Corporación Nacional para el Desarrollo de US$ 15.398.000 a modo de compensación por la pérdida derivada de la operación de venta del Banco La Caja Obrera.

En el Resultando de esta Resolución se establece claramente que lo que se pretende es cancelar el crédito que la Corporación Nacional para el Desarrollo mantenía contra el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según se establece en el convenio de fecha 3 de mayo de 2002, con el objeto de hacer efectivo el mencionado reintegro patrimonial, las acciones del Banco Comercial correspondientes a la integración efectuada por la República Oriental del Uruguay se emitirán a nombre de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Ministerio de Economía y Finanzas - Resolución del Presidente de la República -29 de abril de 2002.

El Presidente de la República, Jorge Batlle, resolvió constituir a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo un depósito por la suma de US$ 15.398.000 en garantía del Reintegro Patrimonial autorizado el 26 de abril de 2002, considerando que existen circunstancias que dilatan la expedición de las acciones por parte del Banco Comercial.

Correspondencia Corporación Nacional para el Desarrollo - Ministerio de Economía y Finanzas -29 de abril de 2002.

El Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, economista Julio De Brun, le solicitó al Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, ante las observaciones de los auditores externos en años anteriores, respecto a que no pueden validar el crédito que la Corporación Nacional para el Desarrollo mantiene en sus estados contables contra el Banco Central del Uruguay, cuyo origen es la participación que la Corporación Nacional para el Desarrollo mantiene en el Banco de Crédito, la posibilidad de un acto más eficaz y ostensible de modo de "sortear" la observación referida.

Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas -30 de abril de 2002.

En atención a la solicitud efectuada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Presidente de la República resolvió otorgar a la Corporación Nacional para el Desarrollo un depósito en garantía de su integridad patrimonial por su participación en el capital accionario del Banco de Crédito, por hasta la suma de US$ 25.000.000 el que se hará efectivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, mencionando como resultando que en los dictámenes de auditoría externa de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se reitera una salvedad respecto a dicha garantía y que es conveniente facilitar una ratificación más adecuada de dicha garantía en los estados contables de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Convenio Corporación Nacional para el Desarrollo y el Estado (Ministerio de Economía y Finanzas) -3 de mayo de 2002.

En el mencionado convenio se hace referencia en su artículo quinto que si se produjera la enajenación o cualquier forma de realización de las acciones del Banco Comercial entregadas a la Corporación Nacional para el Desarrollo, como forma de cancelar la obligación que mantenía el Ministerio de Economía y Finanzas con la Corporación Nacional para el Desarrollo, por el aporte que ésta había realizado en el Banco La Caja Obrera, por una suma menor a US$ 15.398.000, será de cargo del Ministerio de Economía y Finanzas el reintegro a la Corporación Nacional para el Desarrollo de las cantidades que fueren necesarias para completar la suma referida precedentemente.

Del mismo modo se procederá en caso de fusión, absorción, liquidación o situaciones en las cuales se pueda afectar la integridad patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Convenio Corporación Nacional para el Desarrollo y el Estado (Ministerio de Economía y Finanzas) -20 de junio de 2002.

En el mencionado convenio, se hace referencia a la constitución de dos depósitos a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo por la suma de US$ 15.398.000, conforme a la resolución del 29 de abril de 2002 y por US$ 25.000.000 conforme a lo resuelto el 30 de abril de 2002.

Asimismo, se acordó que habiéndose constituido ambos depósitos en garantía, serán restituidas al Ministerio de Economía y Finanzas las sumas depositadas en cuanto se haga efectivo el reintegro patrimonial acordado a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Aprobación de los estados contables por parte de los accionistas.

Desde 1989 a la fecha los estados contables han sido aprobados por los accionistas, entre los que se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que se ha validado de hecho el crédito que ha mantenido la Corporación Nacional para el Desarrollo contra el Estado, originado en la participación de la compraventa de acciones de los bancos, especialmente del Banco La Caja Obrera y Banco de Crédito.

Cabe destacar que en dos oportunidades se hizo una referencia específica a dicho crédito al momento de aprobar los estados contables, tal cual se detalla a continuación:

- En el acta de asamblea Nº 10, de fecha 30 de abril de 1997, al momento de aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 1996, el doctor Enrique Guerra en representación del Ministerio de Economía y Finanzas deja constancia que: "en caso de venta del Banco La Caja Obrera S.A., la Corporación Nacional para el Desarrollo primeramente recuperará el valor invertido del producido de dicha venta y sólo en la eventualidad de que dicho recupero no sea igual al importe invertido por Corporación Nacional para el Desarrollo, procederá al reclamo de la diferencia ante el Ministerio de Economía y Finanzas".

- En el acta de asamblea Nº 11, de fecha 30 de abril de 1998, al momento de aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 1997, el doctor Fernando Scelza en representación del Ministerio de Economía y Finanzas deja constancia que: "en caso de venta del Banco Caja Obrera S.A., solo procederá reclamo ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en la eventualidad de que no se recupere el total invertido del producido de dicha venta".

En síntesis:

Debe pues entenderse adecuado el criterio contable adoptado con relación a la asistencia financiera prestada a los bancos y el reintegro correspondiente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay, hecho que puede ser avalado por los antecedentes que enumeramos anteriormente y de los cuales extraemos las principales conclusiones:

- Los aportes de capital del Ministerio de Economía y Finanzas a la Corporación Nacional para el Desarrollo se realizaron en distintos momentos a los desembolsos realizados a los bancos asistidos, por lo que efectivamente se produce un deterioro patrimonial en la Corporación Nacional para el Desarrollo a consecuencia de las inversiones realizadas en los Bancos. En el marco del PRB, el Estado uruguayo otorgó prestamos y capitalizo a la Corporación Nacional para el Desarrollo. En ambos casos la intención del Convenio era que la Corporación Nacional para el Desarrollo no tuviera afectación patrimonial por su participación en el mismo. En el caso de los prestamos, los mismos fueron cancelados contra Rentas Generales por ley y resolución posterior, pero en el caso de la capitalización, se vinculó con las acciones mantenidas de estos Bancos y se debía aguardar el resultado de la venta de los paquetes accionarios para proceder al reintegro de la diferencia. Pero resulta claro que la forma de ingresar los fondos a la Corporación Nacional para el Desarrollo no debiera ser un factor que varíe el impacto de su participación en el Convenio, ya que si no se admitiera el reintegro patrimonial por los montos capitalizados, la Corporación Nacional para el Desarrollo tendría un perjuicio que no hubiera tenido si el total de los montos recibidos para el Convenio, lo hubieran sido bajo la modalidad de préstamos.

- En diversas oportunidades a lo largo de estos años, abarcando diversas administraciones, se ha tenido evidencia a través de documentación emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Uruguay del reconocimiento de la obligación surgida con Corporación Nacional para el Desarrollo en el caso que esta se vea afectada patrimonialmente por las inversiones realizadas en los Bancos.

- En el transcurso de los años, y considerando que el valor patrimonial de los Bancos en los cuales se había invertido disminuía y llegaba a cero, y que adicionalmente existían cuestionamientos de los auditores de los propios Bancos a los estados contables de dichas instituciones financieras, la inversión fue paulatinamente reclasificada a un crédito, considerando que el importe invertido se recuperaría de la venta de los paquetes accionarios o bien la diferencia sería cubierta por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay.

- Los hechos posteriores al 31 de diciembre de 2001, confirman la voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas de cancelar la obligación que tenía con la Corporación Nacional para el Desarrollo o de brindar garantías de que así lo realizaría. Existen consultas a prestigiosos abogados, quienes han avalado la interpretación realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo al alcance del PRB, lo que respalda el criterio contable adoptado.

- El propio Ministerio de Economía y Finanzas, ha aprobado los estados contables desde 1989 a la fecha, reconociendo la existencia del crédito expuesto por la Corporación Nacional para el Desarrollo en sus estados contables.

Desde el año 1990 los estados contables han sido objeto de distintas auditorías por 4 firmas internacionales diferentes, sin cuestionamientos al criterio contable adoptado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Por lo expuesto y atento a la prueba documental que obra en nuestro poder es inadmisible que el denunciante pretenda decir que la Corporación ha perdido o tiene riesgo de perder las cifras que según su balance deberá reintegrarle el Estado por su participación en el plan de reestructuración bancaria. Durante más de una década se han dictado resoluciones que confirman dichos créditos y se ha reintegrado cuando ha sido necesario a la Corporación las cifras debidas.

4.4.6.- ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS

"El análisis de las inversiones realizadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo en empresas productivas incluyendo los criterios de selección, la evaluación de la gestión y los resultados obtenidos en cada uno de los emprendimientos" ha sido el cuarto grupo temático del trabajo de la Comisión Investigadora.

En el literal d el denunciante se refiere a las distintas inversiones en que participó la Corporación, considera que el balance es desalentador y entiende pertinente preguntarse por los resultados de algunas inversiones, por los criterios técnicos de selección de empresas, estudios de factibilidad que justificaron las decisiones, etcétera.

Previo al análisis puntual de las inversiones realizadas creemos que deben realizarse algunos comentarios sobre los criterios generales utilizados por la Corporación para resolver sus inversiones, así como los recursos que dispuso para llevarlas adelante.

Consideramos necesario destacar ante todo las declaraciones brindadas por el primer Directorio de la Corporación que actuó en el período 1986 a 1989, por ser como definió el Diputado Pablo Mieres el "Directorio Fundacional" de la institución, quien por otra parte estableció las grandes orientaciones, objetivos y finalidades de la Corporación y quien tomó las decisiones de inversión en las cuatro empresas que generaron el 85% de la pérdida patrimonial de la Corporación.

El contador Enrique Vispo, entonces Presidente, luego de destacar que la única responsabilidad particular que tenía el Presidente era presidir las sesiones del Directorio, ya que las decisiones se tomaban por consenso realiza un resumen de los primeros años de actuación (el subrayado corre por cuenta nuestra porque esto es válido para los Directorios sucesivos de la Corporación Nacional para el Desarrollo hasta la fecha de presentación de este informe).

"Cuando nos designan en la Corporación nos dan un papel y la mano, nada más. En ese momento nos prometen un aporte de capital que estaba a cargo del Ministerio de Economía -que demora su tiempo- teníamos que funcionar, para eso pedimos un lugar prestado…un cuartito en el ex Banco Pan de Azúcar, nos sentamos los cincos Directores y empezamos a hacer lo que pensábamos que iba a ser la Corporación -tienen que entender que en el Uruguay no existía ninguna experiencia, que ninguno de nosotros había trabajado en ninguna Corporación- teníamos un solo economista que era el Director, economista Roberto Horta, quien conjuntamente con nosotros empieza a elaborar algunos criterios que tenían la finalidad de establecer los elementos que debíamos manejar frente a la posibilidad de ingreso de una empresa (página 2, sesión de 22 de mayo).

El primer criterio fue el de la ocupación, la desocupación no había llegado a los niveles actuales pero "era un problema que el país vivía", entre las cosas importantes que evaluaron era que la Corporación tuviera una política activa en materia de empleo.

El segundo criterio fue atender el "balance de divisas", es decir que las empresas no importaran sino que exportaran y que utilizaran materia prima nacional como elemento con valor agregado (página 2, sesión de 22 de mayo).

El tercer criterio fue que "las empresas estuvieran instaladas en el interior del país -también en aquel momento como ahora la macrocefalia era un problema" (página 2, sesión de 22 de mayo).

Otro elemento importante era "la tecnología" que se aplicará en esas empresas, porque la tecnología "es una palanca de valor agregado".

Para este Directorio fue trascendente cumplir con políticas activas del gobierno, donde lo que importa no es la rentabilidad del instituto que hace la inversión, sino que la rentabilidad es un enfoque social, y la Corporación con sus inversiones ha contribuido a que las empresas sigan trabajando, exportando y formando parte de la cadena productiva del país.

Señalaba el entonces Presidente que la institución podía vivir de "los intereses de los bonos del tesoro" y es probable que si hubiera hecho eso habría tenido ganancias y no se estaría hablando de pérdidas, no hubiera actuado, no hubiera intervenido, no se hubiera arriesgado, pero entonces hoy muchas de las grandes empresas en que actuó no existirían con las consecuencias que ello tendría para el país (página 4, sesión de 22 de mayo).

En la misma línea el economista Horta declaró que "el ingreso a este tipo de empresa tuvo esas características de inicio, esos riesgos iniciales y esas dificultades propias de una empresa sobreendeudada, en definitiva, esto terminó que la Corporación se quedara con el 100% del capital de las tres empresas. Esta no era la idea original... lo que se buscó fue tratar de que esas unidades siguieran en actividad.

Consideramos que esta fue la pauta que marcó todas las decisiones de este y de los Directorios posteriores de la Corporación. Y esos criterios fueron conocidos puntualmente y año a año por los accionistas de la institución, que nunca objetaron las decisiones que se adoptaron.

También el Poder Legislativo estuvo al tanto de los criterios, negocios e inversiones de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y los directorios han concurrido en múltiples oportunidades a diversas comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a recibir las preguntas y planteamientos de los señores legisladores y contestar sobre las actividades que se estaban desarrollando.

Como bien dijo el contador Vispo "la Corporación tenía un juicio anual de su asamblea de accionistas. Es decir que si de alguna manera la asamblea de accionistas hubiera considerado que nosotros estábamos trabajando mal... era su responsabilidad criticar la decisión del Directorio. De acuerdo con la manera en que la Asamblea de accionistas aprobaba el balance el Directorio podía considerar que la política que estaba aplicando estaba avalada. Esto pasa en cualquier Sociedad Anónima del mundo... si el Senado que también tenía la posibilidad del control administrativo no decía nada, si el Poder Ejecutivo que hubiera podido criticar los actos de la Corporación por inconvenientes no nos decía nada, nosotros seguíamos luchando y haciendo los esfuerzos que podíamos. Acá parecería que nosotros asumimos una irresponsabilidad durante largos años al haber seguido en un negocio perdidoso y que de alguna manera teníamos esa culpabilidad... cuando alguien trabaja en una sociedad anónima y la asamblea de accionistas y los organismos de contralor lo chequean y no lo observan uno puede pensar que tan mal no está actuando... ahora trece años después se pone a juicio si hicimos bien o no, si alguien nos hubiese observado en aquel momento quizás hubiésemos dicho: los dueños nos están parando el carro y tenemos que tomar una decisión (página 20, sesión de 22 de mayo).

Coincidimos plenamente con lo manifestado por el contador Vispo, no es posible cuestionar o criticar decisiones tomadas a lo largo de años cuando quienes pudieron cambiar el rumbo si lo entendían inadecuado no lo hicieron.

En lo que refiere a la aprobación de los proyectos los sucesivos Directorios la oficina de proyectos y los asesores designados fueron claros cuando informaron y aportaron documentación sobre la enorme cantidad de proyectos que recibían, los pocos en los que podían participar, y los criterios técnicos que en todos los casos utilizaron para tomar sus decisiones.

El contador Rafael Menéndez quien ocupó el cargo de Gerente de Proyectos a partir de 1988 confirmó que evaluaba las inversiones y recomendaba o no la inversión o financiamiento, reconoció que el sistema que tenían era "un poco exigente" y que no eran demasiados los proyectos que informaba favorablemente, reconoció que a pesar de su informe favorable muchas veces el Directorio resolvía no intervenir. Preguntado insistentemente por el denunciante sobre si recuerda algún caso a la inversa, esto es que lo haya informado negativamente y el Directorio resolviera apoyarlos contestó "no recuerdo en particular ninguno" (página 2, sesión de 28 de agosto).

En lo que hace al seguimiento de las inversiones una vez que los proyectos fueron aprobados, los sucesivos Directorios crearon diferentes mecanismos de control de gestión que funcionaron desde la propia institución o mediante la designación de representantes en las empresas.

La actuación desarrollada, los técnicos designados, la vasta labor cumplida, demuestran que los cinco Directores y un pequeño número de funcionarios que nunca superó las treinta personas, se multiplicaban para atender desde la administración de la institución hasta las decisiones empresariales de una veintena de empresas, sin dejar de considerar su labor en el plan de reestructuración del sistema financiero y la importante gestión desarrollada en la pequeña empresa.

Con una presencia constante en el interior del país, concurriendo a las empresas y a los departamentos, supervisando la marcha de los negocios, tomando decisiones en su mayoría difíciles o riesgosas, creemos que las sucesivas administraciones han demostrado la seriedad de su gestión la dedicación con la que actuaron, y la honestidad y rectitud de sus procederes lo que no puede verse empañado por resultados económicos que pretenden evaluarse varios años después en contextos diferentes. Como se ha dicho reiteradamente con el diario del día lunes es fácil tomar decisiones.

Otro aspecto, que no se desarrolla en este informe, pero que deberá ser discutido es el rol que el Estado y la sociedad entiende, debe asignar a las instituciones de desarrollo, como bien se ha dicho no puede medirse el éxito o el fracaso de una Corporación de este tipo por criterios rentilistas que no contemplan el aporte al desarrollo ni la inversión social.

Analizaremos de todas formas las empresas que fueron sometidas a estudio por parte de la Comisión investigadora, adelantando desde ya que no hemos encontrado ninguna irregularidad en su tratamiento y no tenemos discrepancias con los criterios de actuación seguidos.

Esta particular Comisión investigadora se ha propuesto analizar 16 años de gestión sin concentrarse en ninguna denuncia concreta, tal como expresamos en el Capítulo de las Precisiones Previas, pidiendo documentación, interrogando y tratando de encontrar algún hecho irregular que no ha podido detectar.

De paso debemos señalar que no es cierto lo manifestado por el denunciante en cuanto a que la Corporación perdió prácticamente en todas las empresas en que actuó. En primer lugar deben diferenciarse aquellas en las que ingresó por voluntad propia de aquellas en las que hubo indicación por parte del gobierno o del Banco República y de lo que resta, se verá que en varios casos, el resultado fue positivo, incluso en un enfoque estrictamente contable.

En efecto en respuesta a un pedido de informes, la Corporación estableció que ha participado en cuarenta y tres empresas.

En seis de ellas en las que no ingresó voluntariamente hubo pérdidas, ha obtenido u obtiene actualmente ganancia en nueve empresas, y pérdidas en seis, en una de las cuales amplió su participación por indicación del Ministerio de Economía, tiene un juicio pendiente en cuya finalización determinará si hubo o no pérdida, tiene en actividad diez empresas de las cuales es prematuro adelantar resultados definitivos, tiene en inicio cuatro nuevas empresas, participó en cuatro Bancos sin perjuicio patrimonial alguno y en tres emprendimientos sin fines de lucro.

En resumen de las cuarenta y tres empresas, a la fecha solo doce dan resultado definitivamente negativo y de ellos en siete hubo indicaciones por parte del gobierno sobre su participación o ampliación de inversión.

Por lo expuesto nos concentraremos en las empresas que tuvieron mayor significación desde el punto de vista patrimonial, esto es las empresas que representaron más del 85% de la pérdida patrimonial lo que coincide con aquellas en las que por diversas razones hubo indicaciones por parte del gobierno o del Banco República destinada a mantener en funcionamiento importantes industrias en el interior del país, generadoras de divisas, de mano de obra y aporte de tecnología.

Realizaremos luego el análisis de algunos emprendimientos menores sobre los que el denunciante efectuó diferentes interrogantes.

Con respecto al tema de los Bancos no nos referiremos a él porque a nuestro juicio tal como ya se expresara no era objeto de esta investigación.

4.4.7.- FRIGORÍFICO CANELONES Y FRIGORÍFICO COLONIA

El primer Directorio de la Corporación señaló que ellos "no eligieron al frigorífico, el frigorífico estaba en una lista" (página 4, sesión de 22 de mayo).

Explicaron que en aquel entonces el Banco República en lugar de aportar fondos frescos señaló que les pasaría créditos y además fue el Banco República quien tasó el monto de los créditos a transferir, las desavenencias fueron tales que "tuvo que intervenir el Ministro de Economía y Finanzas... para tratar de limar las asperezas" debido a que el Directorio de aquel entonces no quería adquirir los frigoríficos en la cifra que fijaba el Banco República y por su parte el Banco República no invertía sino que quería transferir créditos... no se trató de que el Directorio pudiera elegir cualquier frigorífico, "sino que era ese porque era del que quería desligarse el Banco República" (página 4, sesión de 22 de mayo).

Creemos que la información aportada sobre como comenzó a funcionar la Corporación, la manera en la que se vinculó con sus accionistas y la forma en que éstos incidieron en el ingreso de estas primeras empresas, es por demás esclarecedora de la subordinación con que este organismo inició sus tareas y explica en gran parte las pérdidas ocurridas con las empresas que a la postre significaron casi el 85% de la pérdida patrimonial.

Resulta claro entonces que el ingreso a estas empresas, la gestión en las mismas y hasta la venta respectiva implicaron decisiones de Gobierno a través del Ministerio de Economía y del Banco de la República y además, que las empresas que integraban la lista estaban en problemas, por lo menos de endeudamiento.

El economista Horta señaló que fue decisión del segundo Directorio devolver lo antes posible estas plantas al sector privado, y que "la venta de los frigoríficos permanentemente estuvo en conocimiento del Poder Ejecutivo de la época a través del Ministerio de Economía y Finanzas" (página 2, sesión de 12 de junio).

En su comparecencia el Presidente de INAC, ingeniero agrónomo Roberto Vázquez Platero, estableció claramente la evolución de la industria frigorífica y señaló que "estos dos frigoríficos a partir de su privatización empiezan a andar mucho mejor de lo que lo estaban durante los años que fueron manejados por la Corporación y durante los años que fueron manejados por sus anteriores dueños privados donde seguramente ya se estaba gestando una crisis de endeudamiento bastante grande por parte de estos últimos y de falta de capital de trabajo que es lo que normalmente afecta a la industria frigorífica" (página 4, sesión de 4 de setiembre).

Preguntado sobre el valor de la empresa a los efectos de determinar por parte de esta Comisión si el valor en que se vendieron fue ajustado respondió ¿"Cuanto vale una empresa? vale en función del negocio" (página 7, sesión de 4 de setiembre).

La gestión de ambas empresas determinó una pérdida, luego de su venta de US$ 33.000.000, el segundo Directorio de la Corporación que se desempeñó en el período 1990 a 1995 explicó que en primer lugar en esa cifra está contemplado el crédito que le cedió el Banco República y aclaró que al asumir ese segundo Directorio se puso como objetivo devolver estas empresas al sector privado "lo antes posible y en actividad" (página 8, sesión de 5 de junio).

Relató que ese proceso llevó varios años, se realizó a través de llamados públicos nacionales e internacionales que les permitieron finalmente vender el frigorífico Canelones primero y el Colonia después a dos operadores de prestigio internacional.

Un aspecto en el que se insistió mucho en esta comisión incluso por uno de los suscritos, fue en la liberación de las garantías de los ex accionistas de dichos frigoríficos lo que fue detalladamente explicado por el economista Horta así como por el Director contador Carlos González quien asigna especial relevancia en la negociación de la liberación de las garantías a la existencia de un contrato firmado por el anterior Directorio. El estableció "yo digo que tal vez era un sueño, una ilusión, una expresión de deseo que a estos frigoríficos al eliminarles los pasivos importantes les iba a ir bien, ganarían mucho dinero tendrían utilidades y con ellas se formaría un fondo con el que los ex accionistas comprarían de vuelta las acciones... entonces se estableció un contrato en el que creo que por ocho años los ex accionistas tenían la opción de compra" (página 12, sesión de 5 de junio).

Por lo tanto si no se renegociaba con dichas personas mantendrían la opción de compra y la Corporación no podía vender los frigoríficos, recordaba el contador González que incluso "no fue nada fácil la negociación para que se fueran del Directorio "y enfatizaba en que el contrato firmado con el primer Directorio en el año 1988 "nos ligaba tremendamente a la gestión del frigorífico" (página 13, sesión de 5 de junio).

En el mismo sentido, el economista Roberto Horta quien reiteró que de acuerdo a la negociación originalmente establecida por el primer Directorio de la Corporación, los accionistas tenían un pacto de recompra que impedía cualquier negociación de venta si antes no se modificaba el convenio original "no podíamos vender las dos empresas... ellos tenían que dejar de lado ese derecho de recompra de las acciones y contra eso pedían algo. Fue una negociación comercial como las que se pueden llevar a cabo en cualquier actividad comercial en determinado momento" (página 2, sesión de 10 de noviembre).

En definitiva contra la cesión de dicha opción y un terreno de 200hás lindero y necesario para el funcionamiento del frigorífico Canelones se los liberó de toda obligación y se liberaron sus viviendas que tenían un valor del orden de los US$ 500.000 según expresó el contador Carlos González (página 4, sesión de 10 de noviembre).

El economista Roberto Horta señaló que esto "era algo necesario ...y esa negociación que fue llevada a cabo por este Directorio permitió la venta de los frigoríficos... hoy en día viendo a las dos empresas en funcionamiento, han pasado diez años y uno dice que este lapso estas dos empresas han logrado aportarle al país una actividad importante en el sector frigorífico, por consiguiente si uno mira hacia atrás puede decir que tan mal no estuvo esa negociación porque permitió la venta de los frigoríficos y el ingreso de operadores calificados en el tema" (páginas 2 y 3, sesión de 10 de noviembre).

Por su parte el Director contador Carlos González explicó la forma en que la institución debió negociar con el Banco República y con los ex accionistas a los efectos de vender las empresas "daban pérdidas millonarias en dólares cada año".

Estos frigoríficos recibieron créditos del Banco República por US$ 40.000.000 que fueron cedidos a la Corporación por US$ 20.000.000 quien luego de gestionar las empresas por varios años y aportarles dinero consigue finalmente venderlas en el orden de los US$ 6.000.000 (página 6 y siguientes, sesión de 10 de noviembre).

Asimismo la Directora doctora Milka Barbato explicó las distintas cláusulas del contrato que debieron modificar en la negociación con los ex accionistas destacando que se trató de una negociación "que tiene varios puntos en la cual las partes se conceden cosas mutuamente para llegar a un acuerdo que pareció justo en ese momento (página 19, sesión de 5 de junio).

En la misma línea el Director Ignacio Otegui dijo que "en la vida de los negocios es imposible vender ninguna empresa si alguien tiene un derecho sobre las acciones, en consecuencia no podíamos salir a venderlas... con ese pacto a favor de terceros" (página 21, sesión de 5 de junio).

En nuestro concepto se ha justificado plenamente que para poder proceder a la venta debió negociarse con los ex accionistas en las condiciones ya detalladas.

En definitiva el ingreso, la gestión y la posterior venta llevada a cabo por el primer y el segundo Directorio de la Corporación determinó la pérdida patrimonial que se menciona, pero significó sin duda el mantenimiento de la fuente de trabajo y de la industria funcionando, una industria que hoy se muestra como una de las líderes en nuestro país, que ha aportado en materia de impuestos, de sueldos, de exportaciones, etcétera.

No podemos ni debemos olvidar la importante generación de mano de obra que representan ambos frigoríficos que en su conjunto empleaban y emplean más de dos mil personas cuyo cierre hubiera implicado desempleo, disminución de exportaciones, perjuicio para los ganaderos, etcétera.

Creemos, y en ello coincidimos con la política de los Directorios de la Corporación que siempre es mejor salvar la industria que cerrarla, porque después que se cierra no es fácil volver a hacerla funcionar.

En este aspecto, discrepamos totalmente con lo expresado por el Diputado Mieres de que no se puede "justificar la adopción de decisiones que claramente le generan un costo a la propia Corporación y al Estado por la pérdida de un cierto número de fuentes de trabajo, que en general hay discusiones sobre si eran tantas o cuántas; no importa.

A mí me parece que el tema realmente no va por ahí, porque la Corporación no nació para mantener fuentes de trabajo artificialmente: nació para impulsar un proceso de desarrollo en el país" (página 11 del Acta de 3 de julio de 2003). No estamos de acuerdo.

El artículo 11 de la ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo Nº 15.785 determina las competencias de la misma y prioriza el desarrollo en sus diversos aspectos. ¿Puede haber desarrollo sin empleo? ¿Dónde nos conduciría?

Vale la pena resaltar que en su momento desde el propio parlamento se reclamaba a la Corporación el mantenimiento de estas plantas funcionando y en más de una ocasión en aquella época los Directores fueron citados a los efectos de informar la razón por la que en tal o cual época las plantas no estaban trabajando o las razones por las que en algunos casos había atrasos en los pagos a proveedores (página 16, sesión de 5 de junio).

Cualquier comentario que pudiera sugerir la posibilidad del cierre de alguna Empresa generaba por encima de fronteras partidarias una gran resistencia a nivel parlamentario.

Por tanto consideramos que ambos Directorios actuaron con corrección y sentido de la oportunidad negociando en las mejores condiciones posibles el ingreso, la gestión y finalmente la salida de dos emprendimientos que representaron la mayor pérdida patrimonial en la historia de la Corporación.

4.4.8.- EL MAGO

Con respecto a esta empresa el primer Directorio de la Corporación señaló que ingresó de la misma forma que los frigoríficos por un traspaso de créditos del Banco República.

Consideraban que El Mago era un alto demandante de telas que producía la industria textil uruguaya, tenía cuota de exportación en Estados Unidos y era experto en fabricar sacos sport. "No tenía la virtud, como los frigoríficos, de estar radicada en el interior pero tenía un grado de ocupación persona-peso-inversión mucho más grande que los frigoríficos. El Mago tenía mucho más empleados que los que tenía el frigorífico. Por dólar que invertía la Corporación en El Mago salvaba muchos más puestos de trabajo" (página 7, sesión de 22 de mayo).

Con la decisión sobre esta empresa se advierte claramente que el primer Directorio de la Corporación si bien comprendía que se trataba de una empresa con alto riesgo por el alto endeudamiento, estaba ponderando los puestos de trabajo y la exportación que la misma representaba.

En la comparecencia del primer Directorio y frente a las preguntas del Diputado Domínguez sobre las razones por las cuales la deuda de la empresa se triplicó y cuadruplicó durante los primeros años de gestión en manos de la Corporación, el contador Vispo contestó que "el mero hecho del ingreso... a una empresa perdidosa y prácticamente quebrada no implica que cambie todo... la empresa tenía que apagar incendios porque las pérdidas se acumulan sobre todo cuando tienen un origen financiero... el hecho que la Corporación ingresara en las empresas no implicaba que la varita mágica de unos técnicos extraordinarios revirtiera esa situación de pérdida. El esfuerzo se hacía para eso... para poder defender una fuente de trabajo que era importante y una empresa que tenía una tecnología de confecciones (página 12, sesión de 22 de mayo).

El contador Vispo hizo hincapié al analizar la gestión en esta empresa de conceptos similares a los que estableció al referirse a los frigoríficos como por ejemplo que deben tenerse en cuenta las utilidades ocultas como son el evitar el seguro de desempleo para las mil doscientas personas que trabajaban en la empresa. Esas utilidades ocultas, son tenidas en cuenta en todas las Corporaciones del mundo cuando se habla del enfoque social de los proyectos para tratar de incorporar a sus balances esa rentabilidad.

Coincidimos con el planteo realizado así como con las razones manejadas por el Directorio al justificar la gestión sobre la empresa y las inversiones que debieron realizarse.

El Diputado Mieres señaló en su momento que en esta gestión se perdieron US$ 13.000.000, lo que fue explicado cabalmente por el primer Directorio de la Corporación. El economista Horta declaró que "a veces uno mira de afuera la actividad empresarial y piensa que es sencilla... sin embargo la actividad empresarial en entornos y momentos muy competitivos, en situaciones que iban cambiando fuertemente no sólo en lo interno sino también en lo internacional... se veía dificultada porque en ella incidían en forma diaria problemas que sucedían en otras partes del mundo... hoy puede ser relativamente fácil plantearse lo que uno hubiera hecho y lo que seguramente no hubiera hecho, pero otra cosa muy distinta es haber estado en ese momento tratando de que ese negocio superara la situación en la que había ingresado y buscando una salida a esa unidad productiva y empresarial. Aun cuando uno tomaba una decisión esperando alcanzar un resultado y este no se daba no bajaba los brazos sino que buscaba por otro lado" (página 29, sesión de 22 de mayo).

Creemos que las explicaciones brindadas sobre las razones de ingreso en esta empresa así como la gestión que sobre la misma desarrolló este primer Directorio de la Corporación ilustran de manera suficiente que no se cometió irregularidad alguna y que el resultado económico era previsible o al menos posible por tratarse de una empresa con alto endeudamiento, alto riesgo y que enfrentó una coyuntura desfavorable.

El segundo Directorio de la Corporación en el período 1990-1995 se marcó como objetivo la venta del emprendimiento la que no fue posible concretar pese a los esfuerzos realizados por lo que esta comisión analizó con este Directorio las razones por las que demoró en cerrar la empresa.

En su comparecencia el economista Roberto Horta destacó que en el año 1991 no cerraron la empresa "porque teníamos la esperanza de poder vender y se habían iniciado conversaciones con una empresa japonesa... firmamos un acuerdo preliminar... cuando a fines de 1992 nos comunica la decisión de no intervenir el Directorio entendió que era necesario redoblar los esfuerzos para ver si obteníamos otros compradores. Así que en 1993 se hicieron gestiones para tratar de obtener otros interesados y en definitiva cuando el camino se fue cerrando intentamos hacer un cierre ordenado de la empresa" (página 9, sesión de 12 de junio).

El cierre ordenado de la empresa significó ir reduciendo secciones, bajando el personal ocupado y disminuyendo los costos internos, se pagaron incentivos a los empleados y se fue procediendo de manera paulatina con el fin de evitar la conmoción social y de ir retirándose paulatinamente de los mercados sin caer en incumplimientos. Fue un cierre ordenado y sin conflictos.

Como bien recordaba el Directorio de la Corporación en esa misma época eran llamados al parlamento por la preocupación unánime que tenían los legisladores de todos los partidos para que no se cerraran las fuentes de trabajo que significaba esta empresa entre otras.

La preocupación en aquel entonces del Directorio de la Corporación era que el sistema político y la sociedad no los acusaba de haber cerrado la empresas sin realizar los máximos esfuerzos posibles. Por ello llevaron adelante una reconversión productiva, ajustaron costos internos, buscaron nuevos mercados, pasaron de cinco plantas a tres y luego a una sola, intentaron negociar los inmuebles para bajar costos y buscaron por todos los medios posibles vender el emprendimiento.

Al fracasar todos estos intentos resolvieron cerrar la empresa, lo que realizaron en forma paulatina y sin conflicto.

Aún hoy con el tiempo transcurrido comprendemos lo difícil que debió haber sido tomar la decisión de cerrar una empresa histórica en nuestro país como era El Mago, y poder demostrar que ello no había sido porque no se hubieran realizado todos los intentos posibles para salvarla.

Este es prácticamente el único caso en que la Corporación no logró reconvertir, salvar o vender la empresa y creemos que hizo bien en tomar la decisión de cerrarlo porque es también una demostración de su decisión cuando las empresas eran definitivamente inviables.

Vale la pena resaltar que si en lugar de ser la Corporación hubiera sido una empresa privada, probablemente el cierre se hubiera producido de otra forma, con salarios impagos, incumplimientos con los proveedores o con el exterior en procesos de concordato o quiebra, lo que obviamente no podía permitirse la Corporación, que con seguridad debió afrontar mayores erogaciones al proceder al cierre de la forma en que lo hizo.

Concluimos entonces que tanto en el ingreso, como en la gestión y en la decisión final de cierre el primer y el segundo Directorio de la institución actuaron con corrección, sin irregularidad alguna que pueda señalarse y asumiendo decisiones que realmente no fueron fáciles de llevar adelante.

4.4.9.- MIGRANJA

La empresa Migranja ingresa a la Corporación por decisión del primer Directorio tomada el 20 de diciembre de 1989. La Corporación aporta un US$ 1.000.000 que representa el 11,25% del capital accionario que era el mismo porcentaje que tenía la CII del BID, otro 22% pertenecía a la CFI del Banco Mundial y el 55% restante a los socios privados.

El economista Horta destacó que la empresa nació con 50% de capital propio y 50% y un capital ajeno para una inversión total del orden de los US$ 19.000.000. El socio privado aportó US$ 5.000.000, las Corporaciones US$ 3.000.000, la Corporación US$ 1.000.000 y obtuvo créditos por valor de US$ 5.000.000 del Banco República y aproximadamente US$ 5.000.000 de crédito de las Corporaciones (página 17, sesión de 26 de junio).

En su momento el Directorio de la Corporación realizó sus estudios técnicos y tuvo en cuenta los análisis previos realizados por las Corporaciones y por el Banco República, resolviendo invertir porque se trataba de un proyecto que iba a generar repercusiones interesantes en el sector granjero y frutícola, orientado netamente a la exportación.

La evolución del proyecto durante el segundo Directorio demostró que en ese tiempo no le fue posible al grupo inversor recomprar las acciones en los plazos inicialmente previstos debido a demora del proyecto para alcanzar los márgenes de rentabilidad originarios, por lo que el Directorio le fue prorrogando los plazos para efectuar esa recompra.

Durante todo ese tiempo la Corporación no tenía la gestión de la empresa que era llevada adelante por el accionista mayoritario pero si tenía un representante en el Directorio cuyo voto se requería para las decisiones más importantes (página 23, sesión de 26 de junio).

Esta situación se mantuvo incambiada hasta el año 1999 en que el tercer Directorio, en coordinación con el Ministerio de Economía, el Banco Central, el BID y el Banco Mundial resuelve hacerse cargo del 100% del emprendimiento.

En este tema vale la pena recalcar un error de concepto que se repitió a lo largo de la Comisión investigadora cuando el denunciante señaló de manera reiterada que a medida que la empresa iba perdiendo o su situación se iba deteriorando el Directorio de la Corporación iba asumiendo más responsabilidades, ello no fue así la decisión no se tomó a lo largo del tiempo sino en un solo momento en el año 1999 por las razones que en detalle explicó el Directorio que actuó en el período 1995 a 2000 que fue el que tuvo que tomar la decisión de hacerse cargo de la empresa o contribuir a su cierre.

El Directorio fue interrogado por el denunciante por aspectos vinculados al riego, al pago a los proveedores, a las razones por las cuales primero habiéndose negado termina luego negociando con las Corporaciones internacionales, al acuerdo llevado a cabo con el Banco República, a los informes técnicos tenidos en cuenta para tomar la decisión, a la negociación con los ex accionistas para su retiro de la empresa y al tema de la liberación de las garantías.

El Directorio de la época contestó en detalle cada una de las interrogantes formuladas, apoyándose en documentos e informes técnicos recibidos en esta Comisión de manera exhaustiva y satisfactoria de forma tal que justificó plenamente las decisiones adoptadas y las negociaciones llevadas a cabo.

Explicaron que en su decisión valoraron especialmente la importancia de la empresa pionera en el país, ubicada en San José en un predio de 1.000hás con plantación fundamentalmente de manzanas, con aplicación de las últimas tecnologías disponibles en técnicas de cultivo, con material genético de los viveros técnicamente mas calificados y con un producto que tiene una alta demanda en contra estación en los mercados más exigentes.

La empresa cuenta con obras de riego, estaciones de bombeo, obras de infraestructura, packing, cámaras de frío, obra civiles y empleaba en épocas de zafra ochocientas personas.

Se trató de preservar en definitiva la única plantación del Uruguay de hoja caduca que realiza el ciclo integral: producción, central frutícola y exportación y que dispone de producción de frutas a nivel de los líderes del hemisferio sur.

Los Directores escribano Julio Gemelli y doctor Servando Arrillaga explicaron las importantes inversiones realizadas en riego y la trascendencia que ello tiene en la producción (páginas 17 y siguientes, sesión de 3 de julio).

Por su parte el Director señor Angel Alegre comparó lo ocurrido a la empresa con el tema del riego con lo que le sucede a otras donde el tema del agua es fundamental en un tema en el que "no he visto ningún proyecto en el país que no se equivoque o tenga que solucionar sobre la marcha las inversiones que se dan en su momento" (página 17, sesión de 3 de julio).

Por su parte la entonces Presidente doctora Milka Barbato hizo un análisis del mercado y recordó que la participación del sector granjero en la producción agropecuaria ha permanecido constante durante los últimos veinte años, es el 22% del total, la producción granjera se distribuye en una gran número de pequeñas granjas que ofrecen productos de calidad media no exportables, mientras que el objetivo de esta empresa fue orientarse a la exportación, abrir mercados y sumar luego a esa corriente exportadora a las pequeñas y medianas empresas del sector.

En el mismo sentido el economista Julio De Brun decía en el Parlamento en el año 2001 que "Migranja representa un activo para el país en materia de potencial de exportación, y más allá de los vaivenes que ha tenido su actividad a lo largo de sus más de 10 años de existencia creemos que efectivamente en los últimos años en los cuales la Corporación asumió el 100% del paquete accionario de la empresa ese perfil exportador se ha consolidado (página 23, sesión de 3 de julio).

En lo que refiere al costo del proyecto se explicó como la empresa desarrolló esfuerzos para el cumplimiento del cronograma de inversiones y la superación de las limitaciones propias "de un sector con poco desarrollo relativo y la inversión superó largamente los US$ 19.000.000 inicialmente previstos" (página 23, sesión de 3 de julio).

Fue necesario corregir cálculos, aumentar aportes, sustituir variedades que no dieron los resultados esperados, realizar mayores obras de riego y de drenaje aumentar inversiones en materia de packing, etcétera.

Un aspecto largamente analizado en la Comisión que no debió concentrar nuestra atención, ya que no era objeto de investigación es si la empresa volcó o no en exceso o a precios reducidos fruta en el mercado y si ello pudo afectar a los productores nacionales.

El doctor Servando Arrillaga destacó que es imposible que una empresa de este tipo no participe en el mercado interno, pero cuantificó esa participación en el orden de las 2.000 a 2.500 toneladas por año (página 24, sesión de 3 de julio).

Los representantes del PREDEG dijeron que si bien es claro que Migranja se orientó a la exportación y tuvo voluntad de exportar, debe reconocerse que en alguna época "la performance exportadora de la empresa estuvo muy afectada, como todo el sector frutícola, por la situación de la competitividad del país" (página 5, sesión de 24 de julio).

Por su parte la doctora Milka Barbato destacó que en el país había importación de manzanas que se agregaban a las 60.000 toneladas que los granjeros nacionales producen, el volumen que Migranja volcaba no superaba el 5% del resto de la producción, pero en todo caso lo que hizo fue "competir con las importaciones que venían de otros países" (página 26, sesión de 3 de julio y página 17, sesión de 3 de noviembre).

Miguel Sarni, que fue el Gerente designado por la Corporación explicó las diferentes acciones que encaró y resaltó que "la empresa fue pionera" y que recibía constantemente compradores del exterior que reclamaban más fruta que lamentablemente la empresa no tenía, "lo más grande que tenía Migranja es que de Alemania llamaran porque querían trabajar con nuestra fruta y uno decía que no porque no tenía" (página 8, sesión de 14 de agosto).

Relató las múltiples reuniones que mantuvo con productores, y con JUMECAL entre otros para llegar a acuerdo los que no fue posible concretar.

Los representantes del PREDEG destacaron que sin "Migranja, Uruguay no existe en el mercado internacional…las informaciones sobre flujos reflejan que ha sido el 90% ó 95% de las exportaciones… por lo que ha aportado mercados, conocimientos y presencia de la fruta uruguaya en el mercado internacional " (página 5, sesión de 24 de julio).

Hoy quienes antes estaban en contra de Migranja reconocen que la única alternativa que tienen es exportar (página 17, sesión de 3 de noviembre).

Coincidimos con el ingeniero agrónomo San Julián que señaló que "renunciar a la exportación frutícola u hortícola es renunciar al crecimiento y al desarrollo de estos sectores, porque como todos Uds. saben, la capacidad que tiene nuestra ciudadanía de consumir mucho más y sostener un crecimiento es prácticamente nula" (página 7, sesión de 24 de julio).

Otra de las fortalezas del emprendimiento fue la manera en que estableció convenios colectivos con sus trabajadores que fueron catalogados como ejemplares en el medio rural por el PIT CNT, como recordaba el señor Sarni "fue una de las pocas empresas del país que pagaba la comida a todos los trabajadores -eso representaba una esfuerzo muy grande en dinero, porque era un predio de 7.000.000 metros cuadrados y había que agarrar los ómnibus y llevar la comida-" (página 11, sesión de 14 de agosto).

La Comisión recibió también a los ingenieros agrónomos Jorge San Julián y Carlos Sammarco del PREDEG quienes confirmaron la validez de esta empresa para el desarrollo productivo nacional.

En efecto ellos expresaron que "Migranja constituyó un hito importante en la fruticultura nacional, en la medida en que se instala un emprendimiento de una magnitud y una envergadura de inversión muy superior a lo que estamos acostumbrados... que hace que prácticamente actúa como un laboratorio de prueba en lo que tiene que ver con la introducción de nuevas variedades, con la evaluación de nuevas tecnologías y con el ajuste de tecnologías, desde una óptica que me parece que es muy relevante... responder a las necesidades del mercado internacional" (página 3, sesión de 24 de julio).

El punto neurálgico en el análisis de la empresa refiere a la decisión adoptada en 1999 de hacerse cargo de la totalidad del emprendimiento, en ese sentido las explicaciones fueron contundentes en cuanto a las razones de la decisión.

En el año 1999 se debió tomar una decisión de fondo "la empresa no resistía más endeudamiento y el grupo sponsor y las corporaciones habían agotado su capacidad de seguir invirtiendo…en nuestro caso debimos analizar las diversas alternativas y evaluar las diversas posibilidades que sustancialmente se resumían en dos: cerrar la empresa, no invertir ni siquiera para mantener las plantaciones, enfrentar una quiebra o concordato y un remate de las plantaciones que una vez que dejan de atenderse bajan abruptamente su valor o bien tratar de salvar el emprendimiento" (página 26, sesión de 3 de julio).

Según explicó la doctora Milka Barbato "en ese momento el Ministerio de Economía y el Banco Central le plantean y le recomiendan a la Corporación adoptar los mayores esfuerzos para salvar este emprendimiento teniendo en cuenta diversos factores. En primer lugar que la inversión ya había sido realizada y está allí en plantas, riego packing, mercados, tecnología, con el aporte del grupo sponsor, de las corporaciones, de los préstamos del Banco de la República y de los obligacionistas. En segundo lugar que la empresa tenía un valor estratégico para el país por lo que representa como alternativa a la producción nacional granjera. En cuarto término la conmoción que se generaría al cerrar un importante establecimiento que brindaba un gran número de mano de obra en el medio rural en San José... Por último señalaban las autoridades la necesidad de encontrar una salida con las corporaciones que ya habían tenido ejemplos negativos en el país y esto podía afectar aún más la disposición de aportar recursos" (páginas 26 y 27, sesión de 3 de julio).

Constan en las actas de la Corporación que hemos recibido las múltiples reuniones que los miembros del Directorio mantuvieron con el Ministro de Economía, con el Presidente del Banco Central, con el Banco de la República, con las corporaciones internacionales y con el propio Presidente del BID contador Enrique Iglesias.

El Directorio tuvo en cuenta también los informe de sus técnicos, del representante en la empresa señor Agustín Canessa, de quien luego actuó como Gerente de la empresa señor Miguel Sarni, y de un estudio independiente realizado por el consultor contador Porteriro, grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas.

La decisión tuvo fundamentaciones de tres tipos que en nuestro concepto son absolutamente valederas y justifican plenamente las resoluciones tomadas:

A) Justificación técnica agronómica. Como se explicó la empresa aportó al país en tecnología, y en investigación, sirvió de asiento a información validatoria de riego, suelo y diferentes variedades de frutas, en coordinación con el PREDEG se construyó allí un importante activo en un país donde ni había, ni hay hoy en día, ninguna plantación de estas características, si la empresa hubiera cerrado se habría perdido este activo y se "habrían comprometido las exportaciones por varios años" (página 28, sesión de 3 de julio).

B) Justificación económica. La Corporación negoció con el grupo sponsor a quien reclamó la totalidad de las acciones por valor 0, con lo que este grupo perdió la totalidad de su inversión, y le solicitó además que se hiciera cargo de las obligaciones negociables lo que aceptado con un costo de US$ 6.000.000 más intereses. También negoció con las Corporaciones a las que solicitó de la misma forma la totalidad de sus acciones por valor 0 y una quita del 50% de los créditos que habían concedido por lo cual pagó US$ 3.5000.000 por préstamos que a esa altura representaban el doble de esa cifra más intereses. Por último negoció con el Banco República a quien ofreció pagar con un bono cupón cero a veinte años por una cifra de US$ 2.000.000 para cancelar pasivos por US$ 8.000.000 de capital. Esto último no fue finalmente aceptado por el Banco República por lo que la cifra final de cancelación con la institución fue de US$ 3.800.000.

En resumen transformaron acciones y pasivos por valor varias veces superior en la cifra que se pagó a las Corporaciones y al Banco República.

Los accionistas perdieron la inversión que habían realizado en la empresa que a esa altura estaba en el entorno de los US$ 19.000.000 y además pagaron las obligaciones negociables más sus intereses en su calidad de fiadores de las mismas, renunciando expresamente a su derecho a repetir contra la empresa. Como se dijo en la Comisión los accionistas "perdieron todo y además pagaron" (página 31, sesión de 3 de julio).

A partir de allí la Corporación asumió la gestión de la empresa y resolvió aportarle el capital de giro necesario que a esa fecha se estimaba en US$ 4.000.000.

De esta forma con una inversión de US$ 3.500.000 para las Corporaciones, US$ 2.000.000 para el BROU y US$ 4.000.000 de capital de giro, la Corporación, cumplió con mantener la empresa abierta, tomó el control de la gestión de la misma y protegió un activo que a esa altura los informes técnicos señalaban que valía entre US$ 12.000.000 y US$ 15.000.000.

Un estudio independiente solicitado por el Directorio siguiente al ingeniero agrónomo Tambler que toma el criterio no de lo que se gastó sino de cuanto valen las plantaciones teniendo en cuenta los ingresos que puedan generar en el futuro coincide en señalar que el resultado es de "US$ 10.000.000 considerando solo las plantaciones y tierra sin tomar en cuenta el valor de las construcciones, el packing, las maquinarias o intangibles" (página 32, sesión de 3 de julio).

Como relató en detalle la doctora Milka Barbato tuvieron en cuenta también todas las recomendaciones del contador Porteiro que en resumen decía que si se efectuaban las acciones que la Corporación estaba llevando adelante el riego financiero de la empresa pasaba a catalogarse de bueno a aceptable, catalogándola en el mediano plazo entre los códigos BBB y BB y en el largo plazo en niveles de tipo A según la nomenclatura de uso habitual entre las firmas internacionales.

C) Justificación de estado. La Corporación tuvo en cuenta la función para la que fue creada ya que esta empresa reúne todas las condiciones que el artículo 11 de la Ley Nº 15.785 reclama a la Corporación para resolver las inversiones en las que debe participar. En realidad si no hubieran procedido de esta manera no habrían cumplido con el cometido legal de salvar el emprendimiento y apoya el desarrollo productivo del país. Consideró el Directorio que el emprendimiento tiene "de por si valor estratégico porque consolidó un mercado exportador para un sector que hasta ahora solo ha comercializado en el mercado interno" (página 35, sesión de 3 de julio).

Como bien señaló el Directorio que actuó en el período 1995 a 2000 al asumir la conducción de la empresa realizó un cambio de gerente otorgándole la responsabilidad al señor Miguel Sarni quien realizó una tarea de reducción de costos, mejora de la administración, producción y comercialización.

Compartimos plenamente las decisiones tomadas por el Directorio al resolver salvar la empresa, lo hizo por otra parte siguiendo las directivas del Ministro de Economía, y del Presidente del Banco Central, puso al frente de la empresa a quien era su mejor técnico y negoció duramente con las Corporaciones, con el Banco República y con el grupo sponsor que no solo perdió todo lo que había invertido o prestado, sino que además asumió ya retirado de la empresa el pago de una cifra que creemos no tiene antecedentes en la historia empresarial del país.

Como bien señaló dicho Directorio "no puede informar sobre lo que ocurrió a posteriori de 1999, probablemente se haya aportado más capital de giro y el precio de venta haya caído, como ocurrió en los años recientes, lo que explica parte de la pérdida. Si la empresa se hubiera vendido a un valor más alto otros serían los resultados, mejores o peores" (página 34, sesión de 3 de julio).

Coincidimos con el Director Carlos Rodríguez Labruna que resaltó que "cuando se analizan las gestiones empresariales hay que ubicarlas en el entorno histórico que está viviendo la sociedad, el país el Gobierno, la región... el proceso histórico económico del Uruguay en los años 1994, 1995, no es el mismo que empieza a procesarse a partir del año 1998 y sigue hasta el año 2000" (página 21, sesión de 3 de julio).

Compartimos las decisiones tomadas, creemos que el Directorio actuó dentro de su competencia, y dentro del marco legal y corresponde descartar de plano la imputación que reiteradamente ha realizado el denunciante en el sentido que este Directorio resolvió perder US$ 13.000.000, ello no lo resolvió ni este Directorio ni el siguiente.

Pero en todo caso los valores de los activos a esa fecha y el dinero que se había resuelto aportar también a esa fecha, de ninguna manera representaban una pérdida, ya que la inversión que resolvió realizar estaba cubierta por el valor de los activos.

Por otra parte si en todo caso el proyecto Migranja representó para la Corporación una inversión de US$ 13.000.000, US$ 4.000.000 de ellos se destinaron al Banco de la República por lo que la pérdida si así puede llamarse para el Estado no superó los US$ 9.000.000 cifra que con creces fue devuelta al erario público a través de las exportaciones que se hicieron a lo largo de estos años, de los impuestos, insumos y salarios que se pagaron, del desempleo que en definitiva se evitó.

No coincidimos con las cifras manejadas en su informe y/o públicamente por el Diputado Mieres que a la cifra de la Corporación agrega la del Banco de la República, el crédito del Banco de la República fue cancelado por la Corporación con un criterio similar al utilizado para el resto del sector agropecuario.

La gestión de la empresa continuó luego en el cuarto Directorio de la Corporación presidido por el economista Julio De Brun, en esa etapa resolvieron aportarle nuevamente capital de giro y lograron concretar la venta en una cifra de US$ 3.800.000, cifra bastante inferior a la que se manejaba dos años antes. Este es el origen de la pérdida que se registra, la mayor necesidad de aportar capital de giro en este período y el menor precio de venta obtenido.

En la Comisión investigadora se hizo referencia en diversas ocasiones a la liberación de las garantías realizada por la Corporación o por el Banco de la República al grupo sponsor. En este tema quedó absolutamente claro que el Directorio que actuó en el período 1995 a 2000 no liberó ninguna garantía por "nada tenían", sólo exoneró el pago de una cifra cercana a los US$ 200.000 que fueron aportados a la empresa sobre fines de 1999 a cambio de la cesión del paquete accionario y el pago de las obligaciones negociables que tenían por garantía las acciones de ACODIKE.

Las restantes garantías referían a la hipoteca del predio y a la prenda de todas las maquinarias y vehículos existentes que se encontraban en poder del Banco de la República, que fueron liberados por dicha institución cuando la Corporación canceló la deuda lo que le permitió a su vez vender dichos bienes al comprador.

El Directorio presidido por el economista Julio De Brun señaló que cancelar la deuda con el Banco República recibió las garantías existentes que consistían en hipoteca de los inmuebles, prenda de la maquinaria y garantía solidarias.

Con las garantías reales la Corporación se cubrió en cuanto a cobrar el saldo de precio con el nuevo comprador y con las personales otorgadas por el grupo sponsor se protegió por "el cumplimiento de las obligaciones negociables" asumido por el mismo (página 8, sesión de 3 de noviembre).

No compartimos la afirmación del Diputado Pablo Mieres respecto a que en "condiciones de pérdida de todo la Corporación pasó de una participación absolutamente minoritaria al cien por ciento de la nada" o que el Directorio que asumió con posterioridad a 1999 recibió la herencia de nada teniendo que pagar lo que se debía (página 8, sesión de 3 de noviembre).

Afirmaciones y conclusiones de este tipo se han sostenido a lo largo de toda la investigadora en una actitud que implica claramente un prejuzgamiento de las conclusiones finales.

No creemos que puede definirse como "nada" una empresa que luego se vende en US$ 3.800.000, que mantuvo más de ochocientos puestos de trabajo, que representa más del 90% de las manzanas que se exportan.

El Directorio que actuó en el período 2000 a 2002 explicó también las razones por las que debió aportar mayor capital de giro, las medidas adoptadas por la gerencia, los problemas climáticos que debieron enfrentar, la reducción de costos que llevaron adelante y finalmente las razones por la cual vendieron la empresa en la cifra de US$ 3.800.000 (páginas 6 y siguientes, sesión de 3 de noviembre).

Con respecto al precio de venta explicaron las razones en que debido a la devaluación ocurrida y las proyecciones sobre rentabilidad futura las estimaciones iniciales sobre el valor de la empresa se fueron ajustando. Así por ejemplo confirmaron la valuación del BROU de 1998 por US$ 10.000.000, del PREDEG del año 2000 por una cifra de US$ 10.000.000 como valor de los activos sin contar infraestructura de packing, marca etc., una valuación posterior de KPMG con los datos de la cosecha 2000–2001 por KPMG asignando a la empresa un valor del orden de los US$ 6.000.000 o US$ 7.000.000 y que luego baja nuevamente al tener los datos de la cosecha siguiente (páginas 11 y 12, sesión de 3 de noviembre).

En lo que hace al tema de la venta un tema menor pero que ocupó la atención de la Comisión fue el que surgió con respecto a una plantación de 54 has. en Los Cerrillos que fue comercializada poco antes de venderse el establecimiento principal. A esta Comisión se le dijo que hubo una oferta por US$ 1.000.000 y que la Corporación lo vendió en US$ 120.000, ello fue absolutamente descartado con documentación probatoria por el Directorio presidido por el economista Julio De Brun, la única oferta válida recibida fue por la que se optó, la otra era una propuesta de hacerse cargo del establecimiento por dos años con una opción de compra que se concretaría o no luego de dicho plazo (página 20, sesión de 3 de noviembre).

Quedó absolutamente claro para los firmantes de este informe que el Directorio que vendió Migranja a sus actuales propietarios obtuvo el mejor precio posible para el momento que el país estaba viviendo, las devaluaciones sucesivas de Brasil, la crisis argentina y los problemas climáticos determinaron que la realidad fuera totalmente distinta en el año 2001 a la tenida en cuenta por el Directorio quo actuó en 1999, y diferente también a la que se presenta al día de hoy, probablemente si hoy la empresa se vendiera su valor sería mayor debido al notorio repunte del valor de la tierra, y a la mejora de la ecuación de la rentabilidad por efectos de la disminución de nuestros costos medidos en dólares y la mejora de competitividad que ello ha representado.

En definitiva la opción que tuvo dicho Directorio fue similar a la que debió tomar el anterior, en éste la opción era entre cerrarla o venderla al precio que se obtuvo, en aquel caso se trataba de cerrar la Empresa o asumir su conducción total y tratar de venderla, por ello según explicó el escribano Julio Gemelli "no bien la Corporación toma el ciento por ciento del paquete accionario de la empresa contrata un broker -si se hubiese conseguido un comprador a valores adecuados- el resultado de la empresa hubiera sido muy otro" (página 17, sesión de 3 de noviembre).

Nosotros agregamos que si se hubiera obtenido un precio mayor o no se hubiera vendido hasta el momento actual en que el precio notoriamente es mayor no estaríamos refiriéndonos a pérdidas de tal o cual entidad, porque las pérdidas surgen de comparar la inversión de la Corporación con el precio obtenido al vender la empresa decisiones fáciles de evaluar hoy varios años después, con el diario del día lunes como hemos dicho reiteradamente, pero difíciles de tomar en el momento en que es necesario hacerlo.

Cuestionar las decisiones del Directorio de la Corporación y del Gobierno al resolver tomar el cien por ciento del paquete accionario por las razones largamente explicadas que asignaron prioridad al mantenimiento del emprendimiento, sería igual que cuestionar las decisiones del Directorio que vendió la empresa por no obtener un precio mayor, o cuestionar al Directorio que resolvió vender los frigoríficos por igual razón.

En definitiva a lo largo de los años y de los sucesivos Directorios se aprecia siempre el mantenimiento de una misma línea que responde obviamente a una política de Estado, que trasciende las decisiones políticas de un Gobierno o de la propia Corporación, y esa política de Estado, que compartimos, apunta al mantenimiento de las Empresas en funcionamiento.

4.4.10.- OTRAS EMPRESAS

La Comisión ha considerado además las inversiones en otras empresas seleccionadas entre las mas de veinte en las que actualmente participa la Corporación. Tal selección no respondió a otro criterio que el de atender las preocupaciones, interrogantes o inquietudes manifestadas por el Diputado denunciante y otros Miembros en el seno de la Comisión.

No se comprobaron irregularidades en la participación y gestión de dichos emprendimientos.

La Corporación ingresó en los mismos conforme a los criterios ya expuestos que han guiado sus inversiones (innovación tecnológica, radicación en el interior, creación o mantenimiento de empleo, etc.) y asumió los consiguientes riesgos empresariales con resultados diversos en tanto se trata hoy de empresas que siguen en actividad con su situación saneada y la participación de la Corporación o de las que ésta se retiró evitando mayores pérdidas o riesgos o que fueron liquidadas.

Una vez mas hay que reiterar que el análisis debe situarse en el marco en el que la Corporación tomó las decisiones. En todos los casos los informes técnicos fundamentaron la viabilidad de los proyectos y recomendaron la participación en los mismos. No se ha constatado ningún caso en que se decidiera invertir en un emprendimiento contra la opinión de los técnicos cuya independencia tampoco ha sido puesta en duda.

Luego, la situación del país, la crisis regional, las variaciones del mercado y otros imponderables no previstos ni previsibles incidieron para que, en varios casos, la ecuación económica original se alterara mas allá de lo calculado y debieran tomarse medidas a veces extremas.

Tal el caso de TRIMMA S.A., una empresa radicada en el departamento de Flores, especializada en productos basados en la impregnación y procesamiento de maderas nacionales. Los técnicos de la Corporación que evaluaron el proyecto señalaron a la Comisión que el mayor peso de los aspectos favorables sobre los que no lo eran les llevaron a aconsejar a su Directorio la inversión en la empresa ya existente que se proponía ampliar su capacidad de producción, llegar a una planta industrial de cero efluentes, que registraba ventas del orden de los dos millones de dólares anuales, tenía disponibilidad de materia prima nacional, pretendía alcanzar la exportación de su producción no tradicional, era una importante fuente de trabajo para la ciudad de Trinidad, etcétera.

Sin embargo, TRIMMA S.A. que realizó obras conocidas e importantes como las veredas, glorietas y construcciones de la rambla de Punta del Este, que incursionó con éxito en la construcción de viviendas (algunas, se ha dicho, vendidas al INAME), sufrió la constante insuficiencia de capital de giro, la imposibilidad de concretar inversiones para atender el incremento de demanda, la enfermedad del socio accionista mayoritario y responsable directo de la gestión que le impidió continuar al frente de la misma. Todo ello la colocó en condiciones de creciente dificultad financiera y de cumplimiento de obras. El Directorio de la Corporación entendió que no debía asumir la conducción directa y total de la empresa y optó por su liquidación asumiendo la finalización de los trabajos comprometidos, los costos laborales y honrando los pasivos negociados con quitas muy importantes. Las pérdidas se habrían situado en el entorno de los US$ 900.000 pero se estimó que la continuidad del emprendimiento habría significado pérdidas aún mayores.

CANALMAR S.A. es una empresa que sigue en actividad, especializada en la pasteurización de carnes, productos alimenticios congelados y comidas preparadas y en la que la Corporación mantiene una participación en el 50% del capital accionario.

De los antecedentes considerados en Comisión se releva que la Corporación ingresó en la empresa en el año 1997 y que en el año anterior CANALMAR S.A. había registrado exportaciones por unos US$ 800.000 en productos cárnicos a Europa (cuota Hilton).

Los accionistas fundadores habían realizado inversiones importantes (US$ 1.500.000) y requerían la participación de un socio cuyo aporte de capital permitiera realizar nuevas inversiones e incrementar el capital de giro. La crisis de la "vaca loca" determinó el cierre del mercado europeo y la drástica caída de las exportaciones de la empresa que debió reorientar su actividad al mercado interno de comidas preparadas, entre ellas las bandejas escolares. Es cierto que la Corporación debió asistir a la empresa en diversas oportunidades, facilitar su giro mediante el descuento de facturas, involucrarse en la gestión, etcétera.

En su momento la participación de un nuevo accionista incidió en el mejoramiento de la gestión empresarial y, actualmente, a pesar de los diferendos entre accionistas y ex accionistas, ajenos a la Corporación, la situación es la de "una empresa trabajando, brindando servicios en bandejas de comidas congeladas, como hasta ahora. Es una empresa que produce de cinco mil a cinco mil quinientas comidas diarias de bandejas congeladas; provee al Estado -a la ANEP y al INDA- y también está proveyendo a algún particular. La situación es normal" (contador Bergman, acta de 22 de setiembre).

PIGUSA, señalada como la única empresa de ciclo completo en la producción de chacinados, contó con la participación minoritaria de la Corporación (8%) la que capitalizó préstamos anteriormente otorgados y la mucho más significativa del FOFIP (City Bank), e inversores privados. La caída de precios de cerdo, entre otros factores, lesionó gravemente la capacidad de competir de esta empresa que, además, soportaba altos costos de financiamiento bancario y provocó dificultades para atender el servicio de las obligaciones negociables emitidas (US$ 5:000.000). La previsión de verse en la necesidad de concretar nuevos y mayores aportes de capital y la imposibilidad de incidir fuertemente en la decisiones empresariales, llevaron a la Corporación a enajenar, con pérdidas limitadas, a su participación accionaria. Esta previsión se ha visto lamentablemente confirmada por la realidad. Hoy la empresa, en manos exclusivamente de sus accionistas privados, luego de soportar enormes dificultades está procesando, como es público, una solución concordataria que afecta a sus acreedores incluidos los obligacionistas.

SOUTHERN CROSS TIMBER S.A., es un aserradero de última generación instalado con una inversión inicial de más de tres millones dólares y la participación de numerosos accionistas en diez series de acciones. Actualmente la Corporación con el 23% del capital accionario comparte la sociedad, bajo nueva denominación, con el grupo español EUFORES responsable de las mas importantes inversiones en el sector forestal nacional.

La Corporación permanecerá en la empresa hasta el año 2005 en el que EUFORES deberá abonarle "el ciento por ciento de lo que la Corporación puso en el proyecto... el cien por ciento de nuestra inversión con intereses, con los créditos que se habían dado, con el capital de riesgo que se puso. Y más, hasta con una pequeña ganancia" (acta de 6 de noviembre, página 39).

4.4.11.- LÍNEAS DESTINADAS A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

"El análisis de la gestión realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo con respecto a las líneas de crédito de apoyo a las micro y pequeñas empresas entre 1994 y 1999" fue otra área de investigación de la Comisión.

La misma propuesta temática fue presentada por el Diputado Pablo Mieres al solicitar la Comisión investigadora. En efecto al desarrollar el tema en el literal f de su planteo realiza un resumen de las actividades cumplidas a este respecto por la Corporación entre los años 1990 y 1999 estableciendo que a fines de 1999 se habrían canalizado recursos por U$$ 93.000.000 entre las diferentes líneas de crédito que beneficiaron a más de tres mil pequeños empresarios, pero según señala el denunciante los balances no especifican nada sobre la forma de operación y sus criterios de selección, por tanto entiende necesario recibir información detallada sobre la forma en que se procedió para otorgar dichos créditos así como la respuesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se seleccionaron los beneficiarios?

2. ¿Cuál es la forma de acceso de los beneficiarios a las líneas de crédito?

3. ¿Si hay listas de potenciales beneficiarios y que publicidad tienen?

4. ¿Cuál ha sido el monto total colocado?

5. ¿Cuál ha sido el retorno de las colocaciones, esto es la recuperación?

6. ¿Qué porcentaje se ha cobrado y cuanto resta cobrar?

7. ¿Cuál es la calificación de riesgo de la cartera a cobrar?

8. ¿Cuál ha sido el resultado para los beneficiarios?

9. ¿Por qué no se reflejan los movimientos en los estados contables?

10. ¿Si no son movimientos propios por que no se reflejan en las notas?

11. ¿Cuáles fueron los Bancos que intervinieron en cada programa?

12. ¿Cuál es la relación con dichos Bancos, como se opera?

13. ¿Qué ocurrió con el programa jóvenes y credijoven?

El trabajo de la Comisión se orientó entonces por dichas interrogantes y por las que surgieron a lo largo de la investigación, se recibieron todos los informes que se solicitaron a la Corporación así como las respuestas de aquellos citados: Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo del período 1995 a 2000, contador Carlos Luppi Gerente del Programa PYMES entre 1991 y 1999, contadora Ana Fusco, que los sustituyó a partir de 1999 y auditor contador Ottino.

Las respuestas y los informes recibidos permiten establecer sin ninguna duda que éste ha sido uno de los rubros más exitosos de la Corporación desde el año 1990 a la fecha, por la mecánica de su funcionamiento, por el retorno de las sumas utilizadas, por la cobertura nacional y por la cantidad de pequeños empresarios que recibieron crédito y asistencia técnica.

En su comparencia el día 11 de setiembre el Directorio del período 1995 a 2000 explicó claramente la mecánica utilizada a partir del año 1990 en que comenzaron a funcionar estos programas.

En nuestro país y en el mundo durante muchos años la pequeña empresa fue vista como vinculada al sector informal y a las actividades ilegales para pasar luego a una mirada benevolente que tendía a protegerla, recién en años más recientes se la valoró como una parte integral de la economía que contribuye no solo a generar empleo sino también al crecimiento económico. Líder en apoyar el desarrollo del sector ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo que financió con crédito y asistencia técnica a las pequeñas empresas en la región, primero a través de pequeños proyectos con organizaciones no gubernamentales, y luego con programas globales autosuficientes en materia de crédito y con recursos no reembolsables de cooperación técnica.

Nuestro país fue pionero en incorporarse a estos programas gracias a la decisión de la Corporación que tuvo como objetivo ampliar las fronteras y la cobertura de la intermediación financiera destinada a los pequeños empresarios. Luego de arduas negociaciones sobre diversos aspectos que incluyeron desde la definición de beneficiario hasta la tasa de interés se llegó a la firma del acuerdo en 1990 entre el entonces Presidente de la República doctor Luis A. Lacalle y el presidente del BID y comenzó a funcionar el primer programa global de crédito y asistencia técnica.

Este programa incluía recursos de crédito por US$ 7.000.000 y recursos de cooperación técnica no reembolsable por US$ 3.000.000 entre aporte del BID y contrapartida local.

La Corporación estableció un sistema por el cual actuaba como organismo de segundo piso y en lugar de dar crédito o asistencia técnica, resolvió actuar como coordinador y promotor, la operativa financiera fue coordinada y supervisada por el Banco Central que era quien operaba las líneas de redescuento, la Corporación no autoriza ni tiene poder de veto sobre los créditos porque tampoco asume el riesgo, ya que esto lo asume el Banco (página 3, sesión de 11 de setiembre).

Los Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito fueron quienes prestaron los recursos obtenidos, eligieron a los beneficiarios, resolvieron los proyectos que debían o no financiar, asumieron el riesgo y devolvieron puntualmente el dinero recibido "nunca quedaron morosos frente a la Corporación ni tampoco frente al Banco Central porque por el sistema de funcionamiento con el Banco Central, este debitaba automáticamente de las cuentas de las instituciones bancarias los montos que estas debían ir pagando mensualmente con relación a los créditos que otorgaban" (página 4, sesión de 11 de setiembre).

El contador Carlos Luppi explicó la operativa así como la tarea que le correspondía realizar "Hacíamos auditorías a muestreo, se constataba que había créditos a entregar a pequeños empresarios, que estos fueran tales... una vez realizados estos chequeos el Banco Central liberaba los fondos a la institución financiera -el pequeño empresario le paga a la institución, ésta al cierre de cada vencimiento le paga al Banco Central y este a su vez al BID- había un tema de controles hacia el Banco Central y otro a las auditorías permanentes... si el pequeño empresario no le pagaba al Banco este tomaría las medidas correspondientes, pero si el Banco no le pagaba al Central éste último tenía la potestad de debitar automáticamente de todas sus cuentas los recursos que hubieran sido otorgados" (página 3, sesión de 21 de agosto).

"El Banco Central tenía la potestad absoluta, pagara o no el pequeño empresario, el garante era la institución financiera de intermediación, la potestad era absoluta" (página 4, sesión de 21 de agosto).

Con el diferencial de tasas que cobró la Corporación a los Bancos financió todas sus actividades, desde los sueldos de los consultores hasta los gastos de la Unidad Coordinadora del Programa, así como toda la cooperación técnica brindada.

No hubo entonces aporte alguno de rentas generales a estos programas, ni pérdida por estos conceptos.

Pudo comprobarse de manera terminante que a lo largo de los años de funcionamiento del programa de crédito ni el estado ni la institución perdió dinero sino que por el contrario tuvo ganancia con los diferenciales de tasas de interés que le permitió financiar todas sus actividades, precisamente en la memoria del año 2000 el economista Julio De Brun manifiesta: "Como se detalla más adelante el monto de créditos vigentes a micro y pequeñas empresas concedidos en el programa corporación se contrajo durante el año 2000 determinando una reducción de los ingresos por intereses en el período".

El Directorio de la Corporación y los funcionarios que concurrieron explicaron reiteradamente la actividad desarrollada, los esfuerzos para ir incorporando Instituciones Financieras, el apoyo brindado a las Intendencias de todo el país, las acciones destinadas al sector informal, a los jóvenes y a las mujeres, el trabajo finalmente con organizaciones no gubernamentales, etcétera.

También explicaron las dificultades para conseguir a lo largo de los años instituciones interesadas en prestar a la pequeña empresa lo que los llevó en un principio a actuar con instituciones en las que la Corporación Nacional para el Desarrollo era accionista como ocurrió con el Banco Caja Obrera, y luego a desarrollar una amplia labor tratando de interesar a todas las instituciones posibles con cobertura nacional y vocación minorista.

El programa BID-MYPE concentró los esfuerzos de toda la organización hasta el año 1995. Ese año teniendo en cuenta el éxito en la gestión desarrollada comenzaron las negociaciones para obtener un segundo programa de crédito, que fue concedido por el BID y el Gobierno quienes resolvieron asignar a la Corporación Nacional para el Desarrollo un papel trascendente en los recursos del multisectorial de crédito que era la modalidad utilizada en aquel entonces por el BID.

La Corporación Nacional para el Desarrollo obtuvo el papel de promotora de todo el programa multisectorial, de organismo responsable de coordinar y controlar junto con la DINAMA los aspectos medioambientales y de coordinadora de una partida que dentro del multisectorial se asignaba en especial a la pequeña empresa por un monto de US$ 20.000.000.

En el año 1997 por Ley Nº 16.882 durante la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti y continuando con una política de Estado destinada al desarrollo de la pequeña empresa se otorga por primera vez fondos del gobierno por US$ 30.000.000 para este sector, dando nacimiento a lo que se llamó Programa Corporación.

Este es el tercer programa destinado exclusivamente a la pequeña empresa y fue ejecutado por la Corporación de manera similar a los anteriores.

Se utilizó "el mismo mecanismo a través del Banco Central" (página 7, sesión de 11 de setiembre) y solo hubo dos cambios, el primero es que se puso un tope a la tasa de interés en la que los recursos llegaban al destinatario final que no podía superar el 9% y el segundo es que se incorporó la posibilidad de comenzar a trabajar con instituciones no reguladas por el Banco Central como FUNDASOL, PROLECO y FUAAM.

Al iniciarse el Programa Corporación según explicó la actual jerarca de la Unidad Coordinadora del Programa, contadora Ana Fusco "se envía una circular a todas las instituciones que trabajaban con el grupo meta, es decir con las micro y pequeñas empresas invitándolas a participar en el Programa Corporación" (página 23, sesión de 4 de setiembre). Narró que nuevamente debieron convencer instituciones financieras en participar, teniendo en cuenta especialmente que en este caso había un tope a la tasa de interés por lo que inicialmente tuvieron mayor participación del Banco de Crédito en este programa y luego de COFAC, "el Banco de Crédito el Banco Caja Obrera y COFAC fueron las únicas instituciones que nos acompañaron en el interior del país" (página 27, sesión 4 de setiembre).

El Directorio de la Corporación explicó que "las instituciones utilizaron los fondos de largo plazo en función de sus necesidades, de sus requerimientos o de la evolución de la propia institución financiera… a lo que hay que agregar la vocación del Banco… hay Instituciones que nunca logramos que prestaran fondos para pequeña Empresa" manifestó la doctora Milka Barbato (página 7, sesión de 6 de noviembre).

Por el contrario hubo otras como el Banco Pan de Azúcar que entre los años 1996 y 1997 creció en un 1.100% en sus colocaciones y luego un 77% en el año 1999 al unirse con el Banco de Crédito, todo ello bajo la decisiva figura de su Presidente el contador Felix Iglesias, o el caso de COFAC que creció un 200% entre los años 1998 y 1999 y hoy es una de las principales instituciones en la colocación de estos fondos, como en el pasado lo fueron el Banco de la República, o el Banco Comercial (página 33, sesión de 11 de setiembre).

El denunciante ha insistido en una línea de preguntas que no compartimos en absoluto referidas a especial concentración en el Banco de Crédito o a tasas de morosidad elevadas que no son tales. Como bien explicó el Directorio de la Corporación la concentración se produjo a lo largo de los años en diferentes instituciones y el crecimiento de colocación en una u otra obedeció a las decisiones de los Directorios de los Bancos que según las necesidades de sus instituciones o la vocación de concurrir al crédito minorista o la red de sucursales resolvían los recursos que asignaban a este tipo de crédito.

En lo que refiere al funcionamiento de esta línea de crédito, tanto el Directorio de la Corporación en sus comparecencias del 11 de setiembre y del 6 de noviembre como la contadora Fusco señalaron que la operativa de este programa fue similar a la del BID MYPE "La Corporación como organismo ejecutor, el Banco Central como agente financiero" (página 24, sesión de 4 de setiembre).

Por lo demás los criterios para otorgar el crédito son propios de cada institución, los créditos no tienen un operador, la concesión de los mismos depende de la mecánica adoptada por cada Banco y la asignación de los fondos es resuelta y solicitada por los Directorios de las instituciones, lo que fue claramente explicado por la contadora Fusco "si nosotros colocamos fondos a través de instituciones financieras y ellas son las responsables del crédito, directamente no me van a permitir que pueda incidir en la decisión de otorgar un crédito. Esa es una decisión que le compete al Banco, que sigue las normas de Basilea, del Banco Central, de la estructura del Banco, de los Comité de Crédito y los procedimientos normales por lo que seguía como cualquier crédito" y la tarea de la Corporación era efectuar el seguimiento y auditar lo que hizo con este Banco al igual que con los restantes (página 29, sesión de 4 de setiembre).

El Director Servando Arrillaga estableció en el mismo sentido "La Corporación no decidía, no informaba, ni intervenía en el proceso de otorgamiento de los créditos... por la razón del artillero, el riesgo de cada uno de esos créditos no era de la Corporación sino del Banco" (página 9, sesión de 6 de noviembre).

Con respecto a la morosidad en general de los créditos la conclusión es que la misma en todo el sistema se encontraba dentro de los parámetros normales de morosidad, con la particularidad como señaló el Directorio de la Corporación que esta cartera se encuentra en un 90% garantizada y que por la modalidad de la pequeña empresa donde quien solicita un crédito hipoteca en general lo único que tiene que es su casa o prenda sus herramientas, estos créditos más allá de la morosidad en un momento determinado tienen un alto índice de repago (página 14, sesión de 6 de noviembre).

Coincidimos totalmente en la validez de estas líneas de crédito que por otra parte en la cartera de los Bancos no representaron más allá del 4% ó 5% por lo que su incidencia en la actividad general a la institución es insignificante.

Si bien la morosidad general de estos programas fue variando a lo largo de los años y con diferencia de matices en todas las instituciones se señaló que en el año 2002 hubo un pico de morosidad por el cual considerando moroso un crédito con sesenta días de atraso en el caso del BROU llegó al 73%, pero la media del año 2000 estuvo en el 18%, en el año 1999 en el 20% y en años anteriores esa media oscilaba entre 14% y 16% según explicó la contadora Ana Fusco (página 37, sesión de 14 de setiembre).

Esta información fue ratificada por el Directorio de la Corporación que confirmó la información y explicó que por diversas razones en años distintos algunos Bancos se encontraban por encima o por debajo de la media de morosidad, así por ejemplo el Banco Pan de Azúcar en los años 1997 y 1998 tenía una morosidad del 4,9% cuando la media era de 16% (página 16, sesión del 6 de noviembre). O la contadora Ana Fusco refiriéndose al tema de la morosidad señaló "al final quedaba solo la cartera de morosos del Banco República (página 25, sesión 4 de setiembre).

Preguntada por el denunciante sobre si le consta que la morosidad del Banco de Crédito era superior la contadora Fusco contestó que no le consta, pero recuerda la crisis y la sequía que afectó al país en 1999 fecha en que se tiene su etapa inicial este programa de crédito con amplia colocación en el interior del país, por tanto la contadora señala que si hubiera un aumento de morosidad en esa fecha no le llamaría la atención ya que "si es la institución que más coloca obviamente puede entenderse que sea la misma institución que tenga seguramente mayor morosidad porque el riesgo es mayor" (página 27, sesión de 4 de setiembre).

El Directorio de la Corporación en su nueva comparecencia es vuelto a interrogar sobre los mismos aspectos ya contestados por la contadora Fusco y sus respuestas son en el mismo sentido de que éste Banco tenía en el año 1999 una morosidad apenas superior a la media que disminuye en el año 2000, y una morosidad notoriamente inferior a la media en los años anteriores en el Banco Pan de Azúcar (página 16, sesión de 6 de noviembre).

Por otra parte como dijo el Diputado Alberto Perdomo ésta no es la investigadora del sistema financiero sino de la Corporación y sus pérdidas patrimoniales y en estos programas ni la Corporación, ni rentas generales ha perdido dinero, sino que por el contrario ha obtenido ganancias gracias al diferencial de tasas aportado por los Bancos.

El denunciante ha insistido en referirse negativamente a la concentración o a la morosidad del Banco de Crédito lo que no compartimos, porque en todo caso, esta institución bajo la presidencia de Félix Iglesias continuó con la política que ya venía aplicando en el Banco Pan de Azúcar de apoyo al sector de pequeña empresa, estableciendo unidades específicas de atención, descentralizando el crédito en todo el país, firmando convenios con asociaciones de pequeños empresarios, etcétera.

No hubo más concentración en este Banco que la que hubo en años anteriores en el Banco Comercial, o en el Banco República y en años posteriores en COFAC no hubo tratamiento preferente y ni privilegiado para ninguna institución, no hubo injerencia de la Corporación en ninguna de ellas, no hubo irregularidad alguna en el manejo de las líneas, y no hubo tampoco perjuicio alguno ni para el Banco ni para la Corporación.

Por el contrario el Banco fue un instrumento eficiente y eficaz, al igual que otras instituciones para llegar a un sector que en general no tiene cobertura en el sistema financiero y no la tendrá nunca si no existen instituciones como ésta dispuestas a otorgar créditos pequeños en todo el país.

Discrepamos de manera terminante con la tendencia del denunciante a menoscabar la excelente gestión del Banco Pan de Azúcar primero y luego del Banco de Crédito en esta materia, o su intención de personalizar las decisiones, manejar márgenes de morosidad equivocados, y establecer también erróneamente límites de asignaciones por instituciones que nunca existieron.

Creemos asimismo que su manejo público fue equivocado y apresurado ya que la información errónea circuló en la prensa antes que los Directorios pudieran informar documentadamente con el respaldo de las actas que el propio denunciante dijo desconocer en la, sesión de 6 de noviembre.

De esta forma solo lograremos desacreditar instituciones y personas, cometer actos de injusticia y exponernos al descrédito al realizar públicamente aseveraciones que luego no probaron.

Lo que es más grave aún podemos lograr el efecto final que otras instituciones financieras y los funcionarios que trabajan en las mismas encuentren un nuevo argumento, el del escarnio o la crítica pública a la que pueden ser sometidos, para ratificarse en su decisión de no recibir fondos externos destinados a un sector que de por si, no les resulta demasiado atractivo.

En materia de cooperación técnica el programa corporación funcionó igual que el programa BID MYPE, en este caso los recursos surgen de la tasa a la que la Corporación recibe los fondos y la tasa a la que los transfiere. Con estos recursos se financió al igual que en años anteriores programas de capacitación y asistencia técnica a pequeños empresarios y a funcionarios de las instituciones financieras, teniendo en cuenta que en definitiva los recursos surgen del propio spread del Banco y que eran los Directorios de los Bancos los que solicitaban los recursos, definían las políticas, y asignaban las prioridades de fortalecimiento en sus instituciones.

La capacitación se orientó por igual a funcionarios del Banco República, Banco Pan de Azúcar, COFAC, CAYCU, Intendencia de Río Negro, etc., según explicó claramente el escribano Julio Gemelli (página 13, sesión de 6 de noviembre).

En el año 1998 y 1999 el gobierno asignó también tareas a la Corporación en lo que fue la reconversión laboral del sector público por lo que la institución llevó adelante una amplia gama de acciones en este sentido destinadas funcionarios públicos que optaron por su reconversión laboral y recibieron capacitación y crédito como pequeños empresarios.

Hoy en día la Corporación ha recibido apoyo de la Comunidad Económica Europea para continuar actuando de manera similar con recursos orientados a la pequeña empresa lo que demuestra la evaluación positiva de la gestión. Como bien señaló en su comparecencia la contadora Ana Fusco excepto los fondos otorgados por ley de 1997 con los que se desarrolló el Programa Corporación "generalmente el fondeo es a través de organismos internacionales" (página 35, sesión de 4 de setiembre).

Como resultado de todas esta actividad se logró el funcionamiento de líneas de crédito destinadas a la pequeña empresa a través de las siguientes instituciones:

Banco de la República Oriental del Uruguay.

Banco Comercial.

Banco Caja Obrera

Banco Pan de Azúcar

Banco de Crédito

ACAC

COFAC

FUCAC

FUAAM

FUNDASOL

IPRU

PROLECO

Se prestó un total de US$ 62.124.353 que fueron recibidos por seis mil cincuenta y un pequeños empresarios.

En lo que a cooperación técnica se refiere se orientaron recursos a los pequeños empresarios a través de decenas de organizaciones no gubernamentales que realizaron cientos de cursos y proyectos que tuvieron por beneficiarios miles de pequeños empresarios, y todo ello no tuvo ningún costo para el estado o para la Corporación ya que los fondos surgieron primero de la cooperación técnica no reembolsable del BID y más adelante del diferencial de tasas que se aplicaba a los Bancos.

En esta tarea la institución fue pionera, como bien señalaba el Director Ángel Alegre al referirse al programa Tacurú "fuimos los primeros que le otorgamos recursos de asistencia técnica al padre Mateo -para darle capacitación para que fueran formando sus empresas…y hoy los vemos, de barrido en Montevideo, de carpido, de arreglo de veredas y calles- también recuerdo el programa de pequeños productores de Joanicó, o el programa de pescadores de San Gregorio de Polanco" (página 10, sesión de 11 de setiembre).

Se citan solo algunas, las más representativas de las entidades de asistencia técnica que trabajaron para demostrar la amplia cobertura dispuesta por la Corporación en lo que a descentralización nacional refiere y público objetivo cubierto por las mismas:

Todas las Intendencia Municipales

ANMYPE

CAMBADU

EMPRETEC

ADM

ACDE

INJU

JUNAE

UTU

ACDE

FUNDASOL

PENTA

UNIÓN DE EXPORTADORES

CÁMARA URUGUAYA DE COMERCIO

CONFEDERACIÓN EMPRESARIA

RED PROPYMES

TACURÚ

Entendemos que se contestó a cabalidad todas las interrogantes formuladas por el Diputado Mieres al hacer su planteo de Comisión investigadora, ha quedado absolutamente claro que la Corporación no seleccionó nunca a los beneficiarios, que el acceso a las líneas de crédito ha sido el mismo que para cualquier tipo de crédito y que se realiza directamente ante las instituciones financieras que son quienes resuelven y asumen el riesgo.

Se ha establecido claramente que la recuperación ha sido de un 100% ya que por la mecánica utilizada los Bancos repagan las cifras que utilizan con independencia de su recupero efectivo, la morosidad de esta cartera ha estado en todos los Bancos en la media del sistema, con lo que se ha logrado probar que no es cierto que el pequeño empresario es más moroso, más costoso o menos rentable.

La Corporación no ha perdido un solo peso por su participación en esta operativa y por el contrario ha tenido ingresos que le han permitido financiar sus actividades.

Desde el punto de vista contable el denunciante se preguntaba por la razón por la cual no figuran los movimientos de estos fondos en la Corporación, a este respecto se ha informado que el programa BID–MYPE tuvo una contabilidad separada, sus fondos no ingresaron nunca a la Corporación Nacional para el Desarrollo, porque la operativa de crédito fue manejada a través del Banco Central por mecanismo de redescuento de documentos. Lo mismo ocurrió con el programa multisectorial.

En lo que refiere al programa corporación de acuerdo a la ley de su creación los fondos tampoco ingresaban a la corporación como capital hasta su devolución efectiva por los bancos. Estas son las razones por las cuales los movimientos de estos fondos no se reflejan en los estados contables de la Corporación Nacional para el Desarrollo ya que no se trata de fondos propios de la Corporación Nacional para el Desarrollo según se explicó en detalle (sesión de 6 de noviembre).

Se ha explicado también claramente cual era la relación de la Corporación con los Bancos, era una relación de coordinación y supervisión en el sentido que los fondos no se desviaran hacia otros beneficiarios que no fueran pequeños empresarios, acción de promoción del programa y distribución de recursos cuando éstos eran escasos bajo la modalidad operativa a través del Banco Central, y cumplimiento de todas las tareas de control y auditoría asignadas por el BID que a su vez tenía la auditoría de todo el programa de crédito y asistencia técnica.

Un tema lateral que surgió durante la comparecencia del contador Carlos Luppi y ocupó varias sesiones de esta Comisión no merecería ni siquiera comentarios por su entidad pero nos vamos a referir al mismo destacando en primer lugar que consideramos un despropósito haberle dedicado el tiempo y la consideración pública que el mismo tuvo. Se trató de un episodio por el cual el Consultor en Fortalecimiento de la institución realizó un manejo indebido de una suma de US$ 2.800. El Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo ordenó una auditoría interna a cargo del contador Ottino obtuvo la inmediata devolución del dinero y aceptó la renuncia que ese mismo día presentó el funcionario.

Como señaló el Director doctor Carlos Rodríguez Labruna cuando fueron enterados del episodio hicimos tres planteos: "primero que se investigara en toda su dimensión la responsabilidad del área con su responsable al frente y por escrito de lo que había sucedido, en segundo lugar que íbamos a nombrar una auditoría que confirmara o no la información que se pudiera dar por parte del contador Luppi, en tercer lugar si hubiera que hacer una denuncia penal por razones institucionales correspondería al Directorio" (página 25, sesión de 11 de setiembre).

Todas las derivaciones novelescas que se han querido realizar a partir de este episodio están fuera de lugar, el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo entendió que en relación a la falta cometida, la sanción de pérdida del empleo era más que suficiente.

No consideramos que esta Comisión tenga competencia para cuestionar las razones por las cuales se hizo o no denuncia penal tratándose de empleados pertenecientes a la actividad privada. La ley de la Corporación es muy clara en cuanto a que en sus relaciones con los privados la institución se rige por el derecho privado (artículo 23, Ley Nº 15.785).

El resto de los elementos manejados por el contador Luppi responsable del área en la que ocurrió el episodio irregular, con un funcionario que dependía directamente de él, en una repartición de la que él era quien debió elaborar y verificar los mecanismos de control nos han parecido absolutamente fantasiosos.

El trámite dado al memo presentado, las referencias con grado de detalle a discusiones o conversaciones con funcionarios o Directores, a presuntos despidos ocurridos en 1999, en la misma época en que él se retiró en un intento por desarticular sistemas de control, o al crédito para un medio tanque (páginas 9 y siguientes, sesión de 21 de agosto) no merecen siquiera comentario, sus afirmaciones fueron una por una desmentida con pruebas aportadas a esta Comisión por el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo (páginas 18 y siguientes, sesión de 11 de setiembre).

También las personas nombradas por el contador Carlos Luppi en su comparecencia a esta Comisión desmintieron sus afirmaciones, así por ejemplo el contador Rafael Menéndez que nunca trabajó en áreas de control sino de proyectos declaró "entré como Gerente de Proyectos en junio de 1988 y me desvinculé en octubre de 1995" (página 1, sesión de 28 de agosto) siguiendo un año y medio más como asesor en proyectos (página 9, sesión de 28 de agosto).

El contador Jorge Fried manifestó que renunció en 1993 para dedicarse a la actividad privada (páginas 14 y 15, sesión de 4 de setiembre).

El contador Cecilio García que también se desempeñaba en el área de proyectos se retiro a mediados del año 1995 (página 1, sesión de 29 de setiembre).

Igual comentario nos merecen las reiteradas preguntas sobre el cheque librado con relación a este tema, el trámite del mismo, las supuestas y equivocadas conclusiones que saca el denunciante. Todo el episodio no debió haber llevado más que unos minutos a esta Comisión, detectado el hecho irregular el Directorio procedió en consecuencia obtuvo la devolución del dinero, la persona perdió el empleo y se designó al auditor interno contador Jorge Ottino para verificar los hechos ocurridos.

El contador Jorge Ottino explicó en detalle la labor realizada (páginas 18 y siguientes, sesión de 28 de agosto) y su conclusión en el sentido de que se trató de una situación excepcional. "Hasta el momento en que se hizo la auditoría fueron chequeados todos los convenios existentes con las Intendencias y no había ningún otro. Ahora bien en cuanto a que puede llamar la atención la excepcionalidad -puedo decir que sucede-" (página 31) "que tarde o temprano se iba a descubrir. Se iba a descubrir, de eso tengo la más absoluta seguridad" (página 35).

El contador Ottino estableció claramente que se trató de una situación excepcional en el sentido que el único caso en que pasó fue éste, señaló que verificó los procedimientos y pasó alguna recomendación de procedimiento y definió lo ocurrido como una falla humana ratificando que el hecho habría saltado por los procedimientos normales de auditoría. Vuelto a preguntar por el Diputado Mieres ratifica que tiene la certeza que la Corporación con sus procedimientos de control iba a descubrir esta maniobra.

Lo mismo aseveró de manera reiterada ante esta Comisión el jerarca de la repartición contador Carlos Luppi al señalar que los controles ex post y ex ante que había establecido eran suficientes y que tenía garantías de que no habían ocurrido hechos similares, ya que esta fue la primera y la única ocasión y fue detectada.

Las decisiones de la Corporación fueron tomadas por unanimidad de sus Directores que ya explicaron las medidas adoptadas cuya racionalidad y ponderación nosotros compartimos, y por tanto merece desecharse de plano cualquier vinculación profesional que pretenda atribuirse a alguno de sus miembros con el consultor denunciado, o vinculación política que quiera atribuirse a otros atento a la notoria vinculación del denunciado con el partido nacional.

5.- ASPECTOS GENERALES

Por las razones que se señalaron en el cuerpo de este informe consideramos que este no es un parámetro para medir la gestión de un organismo como la Corporación Nacional para el Desarrollo, no es éste un criterio utilizado en ninguna parte del mundo ni debe serlo en nuestro país.

De todas formas aplicando este criterio no es cierto lo que reiteradamente ha establecido públicamente el denunciante que sitúa la pérdida en US$ 100.000.000 sino que al año 1999 la pérdida patrimonial del organismo es de US$ 47.549.758.

Desde su creación a esta fecha la Corporación intervino en cuarenta y tres empresas que significan más de diez mil puestos de trabajo y gestionó cuantiosas líneas de créditos que han determinado la concesión de más de siete mil préstamos destinados a la micro y pequeña empresa, que genera promedialmente cuatro unidades de trabajo por empresa.

A ello debe agregarse los más de cuatro mil funcionarios públicos que se reconvirtieron al sector privado.

Lo expuesto permite afirmar que la Corporación ha contribuido a la creación o mantenimiento de más de cuarenta y tres mil oportunidades de trabajo en nuestro país. Si dividiéramos el resultado patrimonial entre los puestos de trabajo generados nos da una media poco superior a US$ 1.000 por puesto de trabajo, lo que dividido los trece o catorce años sometidos a investigación representa poco más de US$ 7 por mes por puesto de trabajo.

Si este es el resultado consideramos que nuestro país no puede darse el lujo de prescindir de un organismo que a este costo genera puestos de trabajo genuino en el interior del país. Por tanto nuestra posición será mantener la Corporación.

Coincidimos con quienes señalan que los indicadores con los que debe medirse un organismo de desarrollo nada tienen que ver con los viejos indicadores empresariales netamente rentilistas, sino que por el contrario la medición del éxito o fracaso debe hacerse por el aporte a la innovación y desarrollo que logre la acción del instituto.

Tampoco es adecuado hacer un corte en un momento determinado porque la mayoría de los indicadores de las empresas en los que interviene o intervino la Corporación todavía están en proyección a diez y quince años y cuando se miran estos proyectos ya no son solo las inversiones, o la gente lo que hay que considerar, sino también como se sigue con los activos hacia el futuro.

La Corporación debe continuar interviniendo donde el capital privado no lo hace, promover donde el capital privado no llega, cubrir lo que el mercado no cubre, desarrollar el medio rural o las zonas más pobres para embarcarse en las grandes transformaciones que el sector privado no hará nunca y que permiten que el país sea reconocido por su capacidad para exportar carne, arroz, cítricos, productos agroindustriales, y tecnología.

En otro orden ha resultado probado que existió durante más de diez años una diferencia de opinión entre los criterios sustentados por la Corporación y por el Tribunal. La Corporación basándose en los dictámenes de sus asesores y en su interpretación de la normativa legal y reglamentaria entendió que la labor del Tribunal de Cuentas debía limitarse al visado, ya que la ley le encomendaba por otro lado disponer de auditorías externas e internas. El Tribunal consideró que su labor debía comprender lo que tradicionalmente se conoce como auditoría.

Ambas Instituciones pusieron el tema reiteradamente a consideración del Senado, de la Asamblea General y del Poder Ejecutivo sin que existiera norma interpretativa o disposición que zanjara la diferencia.

Hoy en día el Tribunal de Cuentas considera que la discusión ha sido superada, lo que no coincide con lo que opinan las actuales autoridades de la Corporación que siguen entendiendo que la tarea debe concentrarse en el visado y dudan sobre si es pertinente o no la emisión de dictamen.

Algo similar ocurrió hace más de diez años cuando la Corporación creía que el Tribunal al analizar su documentación iba a emitir un visado y terminó emitiendo un informe de auditoría que no coincidía con el que a su vez había emitido su propia auditoría. Esa diferencia de opinión que no es sustancialmente diferente a la que se sostiene hoy provocó más de diez años de posiciones encontradas. Nada asegura que en el futuro no pueda surgir una discrepancia similar sobre todo teniendo en cuenta que las normas jurídicas pueden admitir en este caso, como en muchos, más de una interpretación.

Por lo expuesto concluimos en que no ha existido irregularidad alguna en los sucesivos Directorios de la Corporación, pero entendemos que debería legislarse sobre este aspecto analizando y modificando eventualmente el capítulo referido a los controles de la Corporación.

Adelantamos desde ya que no tomamos posición todavía sobre el sentido de la modificación legal, si debe mantenerse el visado del Tribunal y las auditorías externas o si será mejor disponer la auditoría del Tribunal de Cuentas y eliminar o modificar los restantes controles, ya que tampoco es posible aplicar un sin número de controles que se superpongan unos a otros sobre un organismo que tiene una estructura reducida de personal y que por su definición no integra el Estado ya que se trata de una persona de derecho público no estatal.

Lo que si es claro es que sobre este tema deben establecerse normas interpretativas o modificativas de las vigentes.

Sobre la evaluación de Auditorías ha quedado demostrado que todos los estados contables de la Corporación han sido aprobados con informes limpios, sin objeciones, de auditores externos independientes.

También ha resultado claramente establecido que los balances anuales de la Corporación con los respectivos informes de auditorías fueron aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, principal accionista de la Corporación y por el Banco República.

Este último solamente en un año en toda la historia de la institución solicitó prorroga para estudiar el balance pero no existió desaprobación.

En este aspecto no se han comprobado ninguno de los cuestionamientos realizados por el denunciante: las auditorías han avalado los criterios técnicos de valuación de activos, los accionistas han aprobado las memorias y balances, los controles legales se han cumplido y está suficientemente probado el crédito contra el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central por el plan de reestructuración bancaria.

Ha quedado probado que todos los procesos de selección e ingreso, así como el control de gestión y la posterior venta de la empresa cuando ello ocurrió se hicieron con absoluta transparencia y buscando siempre obtener los mejores resultados posibles para la institución.

De la misma forma todas las negociaciones con los socios, accionistas, ex accionistas o grupos sponsor, instituciones del país y del exterior se llevaron adelante en forma seria y estricta sin concesiones de ningún tipo y tratando de obtener en todos los casos la mejor negociación para la Corporación.

Por lo tanto concluimos en que no se ha probado ninguna denuncia que pueda objetar el ingreso en una empresa, el manejo de la misma o el proceso de venta.

En la Comisión investigadora quedó de manifiesto que en la Corporación existieron dos tipos de inversiones, aquellas resueltas por la propia institución en base a los múltiples proyectos que se le presentaron a lo largo de los años, y aquellas decididas por razones de gobierno o por transferencias de crédito por parte del Banco República.

En las diferentes empresas el resultado fue variado, en algunas hubo pérdidas en otras ganancia, otras están aún en la órbita de la institución, pero lo que si quedó de manifiesto es que las cuatro grandes empresas que concentran el 85% del resultado patrimonial, tres de ellas ingresaron en el primer Directorio por transferencia de créditos del Banco República, y la restante cuyo ingreso también se resolvió en el primer Directorio fue absorbida en un 100% durante el tercer Directorio en coordinación con el Ministro de Economía que aspiraba a mantener el emprendimiento, con el Presidente del Banco Central que buscaba una salida para las obligaciones negociables, con las corporaciones internacionales que deseaban retirarse en las mejores condiciones posibles y con el Banco República que tenía un pasivo a recuperar.

Con la proyección de permiten los años y la posibilidad que tenemos hoy de evaluar a posteriori los resultados, en éste como en cualquier ámbito de la vida económica, empresarial, institucional o personal, podemos decir hubiera sido mejor hacer esto o aquello, vender después, invertir más o menos, cerrar antes, no ingresar etc., pero ello era imposible en el momento en que debieron tomarse las decisiones.

Los sucesivos Directorios han seguido exactamente la misma política, en todos los casos han actuado con seriedad y con ponderación, no se ha detectado irregularidad alguna ni han podido establecerse hechos o decisiones objetables.

Siempre han tenido en cuenta al resolver las inversiones los informes técnicos, no hay una sola empresa en la que se haya ingresado en contra de la opinión técnica, y han respetado los cometidos que les marca la ley así como los lineamientos de actuación definidos al inicio por la Corporación. De esta forma todas las empresas se ubican en el interior del país, se orientan a la exportación, son altamente generadoras de mano de obra y realizan procesos de innovación tecnológica.

No reiteraremos en estas conclusiones los conceptos ya vertidos al analizar puntualmente cada una de las empresas. Solo basta reiterar que las actuaciones vinculadas a los frigoríficos y El Mago (primer y segundo directorio), Migranja (los cuatro directorios), y las restantes inversiones menores (los cuatro directorios) han sido totalmente explicadas a satisfacción y no encontramos ninguna objeción técnica o irregularidad en ninguna de las decisiones.

A la inversa ha quedado absolutamente demostrado que los sucesivos directorios tomaron decisiones que buscaron siempre proteger y defender a la institución cumpliendo a la vez con el cometido legal que exigía la participación en el tipo de empresas en las que actuaron.

Sobre la pequeña empresa creemos que ha habido un antes y un después en materia de crédito y asistencia técnica a la pequeña empresa con la acción de la Corporación.

En materia de crédito la institución logró la más amplia participación posible de Bancos, Instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales. Buscó, insistió y finalmente encontró instituciones dispuestas a crear oficinas especializadas, a descentralizar el crédito y a prestar a los pequeños empresarios sector que en general no les es atractivo. La Corporación gestionó y obtuvo para ello recursos del exterior y del país y el reconocimiento a su actuación le ha valido nuevas asignaciones de fondos internacionales.

Su tarea se concentró en coordinar, promover y monitorear el funcionamiento del sistema, desde la asignación de los recursos para que no se desviaran a quien no es pequeño empresario, hasta los niveles generales de funcionamiento y morosidad, desde la estandarización de los procedimientos a la descentralización de la cobertura en todo el país, desde el control de la tasa de interés a la flexibilización de los sistemas de garantías.

En materia de cooperación técnica también priorizó su carácter de asignador de recursos y control de la calidad del servicio, dando amplia participación a entidades de asistencia técnica, teniendo en cuenta en todo momento a los gobiernos locales, recorriendo el país en la realización de cursos y prestando especial atención a los sectores más desprotegidos como lo son las mujeres y los jóvenes a la hora de recibir crédito.

Se optó por actuar como organismo de segundo piso y realmente a lo largo de los años logró convertirse en un organismo articulador de un sistema que incluye instituciones financieras públicas y privadas, gobiernos locales, entidades de asistencia técnica, cámaras empresariales, gremiales de empresarios, etcétera.

Toda esta labor no afectó el patrimonio de la institución la que por el contrario financió todas sus actividades con los ingresos provenientes de fondos externos o de diferenciales de tasas. Por tanto ni rentas generales, ni el estado, ni los organismos internacionales tuvieron costo por las actividades.

Creemos que fue un acierto del Directorio que ejerció sus funciones en el período 1990 a 1995 diseñar el sistema de esta forma evitando que la Corporación otorgara los créditos o brindara la asistencia técnica en forma directa, buen criterio que fue seguido por los Directorios sucesivos de la institución.

Con respecto a este tema nuestra preocupación es que no se frene esta línea de actuación, que sigan existiendo fondos disponibles con un sistema similar de canalización en un momento que la generación de empleo es prioridad en el país.

Este es para nosotros sin lugar a dudas uno de los mayores éxitos de la Corporación para el Desarrollo: coordinar y promover líneas de crédito que han significado la concesión de más de siete mil préstamos con una generación de empleo de casi treinta mil puestos de trabajo.

6.- CONCLUSIONES

1.- A lo largo de un año de exhaustiva investigación no se ha presentado ninguna circunstancia que permita poner en tela de juicio la probidad de ninguno de los integrantes de los sucesivos Directorios que se sucedieron en la conducción de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde su creación a la fecha.

2.- La gestión de los sucesivos Directorios se ajustó en un todo a los objetivos del artículo 11 de la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Podrá concordarse o discreparse con las políticas adoptadas. Pero opinar retrospectivamente es muy distinto que adoptar sobre decisiones vitales en las cuales intervienen múltiples variables que dependen de factores que escapan al control de la Corporación Nacional para el Desarrollo como de cualquier otra autoridad nacional.

En otras palabras si se hizo bien o mal en comprar, vender, cerrar o mantener una empresa puede ser materia opinable pero, obviamente, no justifica una Comisión de una Comisión investigadora parlamentaria, si se analizan sus objetivos en el marco de la Ley Nº 16.698.

3.- A las pérdidas contables, deben contraponerse los cuarenta y tres mil empleos generados por las Empresas que actuaron en el ámbito de la Corporación, sus aportes al Fisco y la seguridad social, la diversificación de la oferta exportadora, generación de divisas, avances tecnológicos, experiencias costosas que pavimentaron el camino hacia la modernización, la subsistencia de empresas que se vendieron y las que subsisten en el ámbito de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

4.- En 1998, tuvo lugar un caso que, inmediatamente determinó que el funcionario involucrado reintegrara la suma en cuestión de US$ 2.800 (dos mil ochocientos dólares norteamericanos) y renunciara al cargo.

El Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo dispuso una investigación de la cual resultó que se trató de un hecho aislado en el cual el responsable reparó el mal causado por terceros.

Como la Corporación Nacional para el Desarrollo se rige por el Derecho Privado se entendió que no había obligación de efectuar la denuncia penal.

Por otra parte, es fácil colegir que en aquel entonces la Corporación Nacional para el Desarrollo estaba tan sumergida en la conducción de una serie de emprendimientos a cual más complejo, como para que su decisión de dar el episodio por concluido no merece mayor reparo.

5.- Si algo debe quedar en pie de los trabajos de esta Comisión investigadora, además de no constatar ninguna irregularidad de las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde su creación, subsiste la conveniencia de crear una Comisión Especial con fines legislativos para modificar tanto la ley que regula las Comisiones investigadoras parlamentarias como la ley que crea y establece el marco legal de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Por lo expuesto, se aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución.

Sala de la Comisión, 23 de diciembre de 2003.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, GLENDA RONDÁN, DIANA SARAVIA OLMOS.

ANEXO I

RESULTADOS DE CND

Período 1986-1999

   

Resultados

Anuales

Resultados

Acumulados

1a. Administración      

Año

1986

-7

 
 

1987

102

 
 

1988

896

 
 

1989

-7,050

-6,059

2a. Administración      

Año

1990

-9,559

 
 

1991

-8,000

 
 

1992

-10,479

 
 

1993

-4,518

 
 

1994

-5,963

-38,519

3a. Administración      

Año

1995

45

 
 

1996

260

 
 

1997

366

 
 

1998

186

 
 

1999

-3,765

-2,908

Resultados Totales del Período 1986-1999

-47,486

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Créase una Comisión con fines legislativos para reformar las Leyes Nos. 16.698, de 25 de abril de 1995, de Comisiones Investigadoras Parlamentarias, y 15.785, de 4 de diciembre de 1985, de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, archivándose estas actuaciones.

Sala de la Comisión, 23 de diciembre de 2003.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, GLENDA RONDÁN, DIANA SARAVIA OLMOS.

Comisión Investigadora sobre la gestión de la
Corporación Nacional para el Desarrollo

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El presente informe analiza y expresa la opinión de los firmantes con relación a los temas en los cuales esta Asesora dividió su trabajo a saber:

- La competencia del Tribunal de Cuentas de acuerdo a lo que establece la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) respecto de su actuación.

- La exposición de la información incluida en los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

- La gestión de empresas con fuerte endeudamiento en la órbita del Banco de la República, con el objetivo de su mantenimiento activo (Frigoríficos Canelones y Colonia, El Mago, Migranja y otros emprendimientos).

- El desarrollo de líneas de crédito para las denominadas PYMES, tanto en aplicación de fondos provenientes del exterior como de origen nacional.

1. La participación del Tribunal de Cuentas.

La Ley Nº 15.785 de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en su artículo 29 establece: "...La Corporación publicará anualmente un balance con la visación del Tribunal de Cuentas...".

Posteriormente el Poder Ejecutivo reglamenta esta disposición estableciendo, en un sentido similar, que el balance anual de este organismo antes de ser considerado por la asamblea de accionistas debe ser remitido al Tribunal de Cuentas.

Como ha podido observarse la utilización del término "visar" ha sido el responsable de un conflicto de posiciones entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Tribunal de Cuentas. La utilización de este término es de extrema vaguedad desde el punto de vista técnico, sin perjuicio que, resulta a todas luces evidente que no se puede entender como sinónimo de auditar.

Los organismos públicos tienen como cometidos y potestades aquellas que la ley expresamente les establece y no otras, en consecuencia si el legislador hubiera entendido que correspondía al Tribunal de Cuentas emitir una opinión a modo de auditoria así lo hubiera manifestado. Desde este punto de vista la Corporación Nacional para el Desarrollo ya debe, por imperio de su creación, someter a una "auditoria externa" sus estados contables.

Salvo pues que se entienda que una entidad auditora pública es preferible a una privada, o que esta debe certificar los resultados de las firmas independientes, no parece justificarse recabar el informe de dos auditorias sobre un mismo estado contable.

Finalmente podría pensarse que la Corporación Nacional para el Desarrollo al recibir fondos del Estado, automáticamente le confiere al Tribunal la potestad de auditarla. En este sentido tampoco podemos compartir este criterio atento a los siguientes argumentos:

i. Sobre la naturaleza de los fondos, la Corporación Nacional para el Desarrollo, se ha preocupado de realizar consultas a prestigiosos profesionales, que en definitiva controvierten el criterio sustentado por el señor Presidente del Tribunal de Cuentas en declaraciones a esta Comisión.

ii. La Corporación es una entidad privada, bajo la forma jurídica de sociedad anónima, y que se rige por las normas establecidas en su ley de creación. En consecuencia los fondos que recibe del erario público con destino a su capitalización pasan a ser patrimonio de una entidad jurídica diferente, sobre la cual no rigen las normas públicas de regulación financiera o administrativa.

iii. Aún más si se sustentara la posición de que la calidad del accionista determina la competencia del Tribunal, debería al menos suceder dos cosas: circunscribir la acción a la utilización de estos fondos y no otros, por lo que su acción debería limitarse al manejo de los mismos y no a reclamar emitir una opinión sobre los estados financieros generales.

Adicionalmente, el Tribunal debería mantener el criterio sustentado en forma consistente y reclamar competencias en todos los casos en que se reciben fondos públicos. Sin lugar a dudas esto no ha ocurrido con la asistencia financiera que reiteradamente ha recibido el sistema bancario, fondos internacionales, subsidios, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, ambos organismos han puesto en conocimiento del Parlamento y del Ministerio de Economía y Finanzas su diferendo sin que nunca se tomara ninguna acción al respecto, lo que supone que ambos no han dado al mismo la importancia que parece cobrar ahora, en el curso de esta investigación.

En efecto creemos que esta diferencia, sin perjuicio de admitir que la misma admite mas de una biblioteca, no debería tener desde el punto de vista del mandato legal, importancia superlativa. No se trata de discutir las preferencias de cada quién en el sentido de qué es mejor, sino de establecer si existió omisión de parte de la Corporación en no aceptar el criterio del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, como se demostró en la Comisión ambas Instituciones consensuaron sus diferencias pacíficamente, al menos en lo principal, lo que no implica eximir de responsabilidad al Parlamento en el sentido de emitir una opinión clara respecto de las competencias del Tribunal de Cuentas en casos como el presente.

2. La exposición de la información contable.

Sobre el punto la cuestión sustantiva atiende al hecho de si los créditos contra el Estado por la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en los Bancos "La Caja Obrera", "Comercial" y "De Crédito", por un importe de aproximadamente US$ 41 millones, y la empresa Agolan S.A. por US$ 4.600.000 han sido adecuadamente expuestos en los balances de la Corporación.

Al respecto cabe considerar que las diferentes auditorias han expresado dificultades en emitir una opinión o emitir la misma con salvedades, excepto en el ejercicio 2001 para una firma privada, lo que lleva a pensar que la exposición de la situación resultaba, al menos, discutible al no poseer la Corporación evidencias claras que sustentaran la posición de un activo especialmente significativo.

Sin embargo debe tenerse en consideración los siguientes elementos:

i. El Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay fueron quienes propiciaron la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el "negocio" de los Bancos y reestructuración.

ii. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República son los accionistas de la Corporación y como tales han recibido y aprobado la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nunca cuestionaron el crédito que se exponía, especialmente contra el Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia compartía el criterio de exposición, o resultaba claro que sus delegados reconocían el crédito.

iii. Existe una clara contradicción entre esta actitud y la reticencia del accionista mayoritario, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el reconocimiento explícito de la deuda.

En consecuencia, existe una responsabilidad compartida entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y los accionistas, especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Por un lado la Corporación Nacional para el Desarrollo debió ser más prudente en exponer la situación, especialmente conociendo la reticencia del Ministerio de Economía y Finanzas en la materia y los accionistas, siendo quienes son, deberían haber advertido en cada asamblea su discrepancia, si la tenían, sobre la calidad y valoración del activo de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Respecto del caso Agolan S.A. no parecen de recibo los argumentos manejados por la Corporación Nacional para el Desarrollo y en consecuencia debió haberse previsionado el crédito o advertirse en notas a los estados contables la situación de la empresa y en consecuencia la cobrabilidad del crédito.

3. Las inversiones de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

3.1 Los Frigoríficos Canelones S.A. y Establecimiento Colonia S.A.

En ambos casos se trata de emprendimientos que le fueron impuestos a la Corporación Nacional para el Desarrollo por el Banco de la República, transfiriendo créditos contra esas empresas como forma de capitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Dado el estado de estas empresas los créditos transferidos eran incobrables y en consecuencia su transferencia no tendría otro impacto para la Corporación que la de asumir las perdidas operativas de las mismas y la licuación del capital aportado. De hecho estas operaciones le generaron a la Corporación Nacional para el Desarrollo su mayor pérdida patrimonial.

Luego de una serie de acciones tendientes a su reconversión, la Corporación Nacional para el Desarrollo decide, a fin de evitar pérdidas mayores, su transferencia libre de pasivos.

Otra cuestión derivada de esta transacción deviene del hecho que si los acuerdos que se debieron realizar con los ex accionistas y Directores (propietarios anteriores) a quienes se les había dado un derecho de opción a recompra de acciones en la forma y condiciones que se detallaron en la Comisión, resultó conveniente.

En efecto y en términos sintéticos se libera a los propietarios parcialmente de sus responsabilidades a condición de que renuncien a su derecho preferente en la compra de acciones.

Ante ello parece razonable pensar que la Corporación Nacional para el Desarrollo no tuvo otra salida que actuar como actuó para viabilizar la venta. Un elemento imprescindible a considerar fue la presión ejercida por el personal de estas empresas a través de sus sindicatos lo que se materializó en diversos planteos en el ámbito parlamentario dirigidos a reclamar el mantenimiento de la actividad de las empresas, justificado por su importancia económica y social.

Esto no implica pronunciarse sobre la conveniencia de haberle asignado tales prerrogativas a los ex propietarios de los frigoríficos en la negociación original, ya que lo que aquí se analiza es una cuestión fáctica. O se negociaba o las empresas no se transferían.

En consecuencia no se advierte responsabilidad alguna de la Corporación en estas operaciones ya que estos emprendimientos le fueron impuestos y no buscados por ella y fueron los causantes de sus mayores fracasos. Por el contrario debe destacarse los esfuerzos por devolver al ámbito privado estas empresas, que aún hoy siguen operando, como consecuencia de lo cual se han mantenido como operadores de la cadena cárnica, sustentadoras de fuentes de empleos y contribuyentes de las entidades de recaudación. Debe tenerse en cuenta que estas industrias están radicadas en el interior del país.

3.2 El Mago S.A.

El ingreso de la empresa es similar a la situación de los frigoríficos, pero su desenlace muy diferente.

En efecto, cuando era fácil advertir el fracaso irreversible de la empresa y la imposibilidad de su reconversión, la Corporación Nacional para el Desarrollo dejó transcurrir demasiado tiempo para tomar una decisión que a todas luces parecía evidente.

No obstante debe considerarse, como un factor influyente en el mantenimiento de la empresa, la presión social, gremial y hasta del propio Parlamento, que se ejercía sobre la Corporación Nacional para el Desarrollo, para que esta siguiera funcionando, aun sin aceptar reconversiones o reestructuración de su plantilla, dado que debía recomponerse en un contexto absolutamente adverso. Las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo hicieron saber en esta Comisión las dificultades de negociación que mantuvieron permanentemente con el sector laboral, lo que en un marco de reestructura imprescindible para afrontar la competencia internacional dificultó la competitividad.

La actitud de la Corporación Nacional para el Desarrollo se limitó, pues, según expresiones propias de sus autoridades y ante la imposibilidad de seguir asumiendo pérdidas, a un cierre ordenado de la misma.

No obstante los factores de presión aludidos, debe señalarse lo tardío de decisión en liquidar una empresa inviable, y el tiempo transcurrido en el que se debieron soportar importantes pérdidas hasta tomar la decisión final.

3.3 Migranja S.A.

La participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la empresa se decide a finales del año 1989 y se opera en el transcurso del año siguiente (integración efectiva). Se trata de un proyecto de inversión de US$ 19 millones en el cual la Corporación Nacional para el Desarrollo participaba con US$ 1 millón, lo que representaba una participación del 11,25%. Los otros inversores eran dos corporaciones internacionales, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un grupo privado llamado Sponsor.

Posteriormente y dada la integración de aportes capitalizables del inversor privado, debido a la demanda de fondos del proyecto, se va reduciendo su participación a aproximadamente el 7% del capital.

A su vez aportan financiamiento al proyecto las propias corporaciones internacionales, en adición a sus aportes de capital y el Banco de la República.

La decisión de participar en el emprendimiento de riesgo hasta aquí parece razonable y cumplía con las pautas de inversión fijadas por la propia Corporación Nacional para el Desarrollo, esto es: aportaba tecnología, demandaba mano de obra, se radicaba en el interior del país y su producción tenía como objetivo prioritario la exportación. Adicionalmente la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en capital de riesgo era absolutamente minoritaria y no participaba en el gerenciamiento de la empresa, políticas también definidas por la propia Corporación para evitar se supone, situaciones como las padecidas con otros emprendimientos.

El proyecto no evoluciona de acuerdo a lo esperado (rendimientos, ventas, márgenes, etcétera) y es necesario realizarle correcciones técnicas en su concepción, todo lo cual demanda fondos que la Corporación Nacional para el Desarrollo se niega a aportar.

Ahora bien esta situación cambia sustancialmente a partir del año 1999, donde la Corporación Nacional para el Desarrollo decide hacerse cargo del paquete accionario de la Sociedad.

El progresivo deterioro del proyecto hace que las corporaciones internacionales expongan con insistencia su deseo de retirarse del mismo, objetivo que al final logran y es la Corporación Nacional para el Desarrollo quien se hace cargo de pérdidas cuantiosas a partir del año indicado.

Los motivos de tal cambio de actitud en un momento donde era previsible que el proyecto no conseguiría su equilibrio financiero, a punto tal que el resto de los inversores institucionales deciden desistir del emprendimiento, realmente no aparecen aceptables.

La decisión de intervenir se toma sobre la base de tres tipos de argumentos:

i. Supuestos acuerdos o solicitudes de apoyo realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay, de cuyos detalles no existe documentación ni la asunción de responsabilidad alguna.

ii. Informaciones no objetivas aportadas por el grupo privado y conclusiones mal interpretadas de estudios técnicos que se realizan para justificar la intervención. Esta situación ha sido claramente puesta de manifiesto no solo por la documentación aportada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, sino por declaraciones realizadas a esta Comisión por el Gerente del emprendimiento y otros agentes o instituciones.

iii. El valor de la empresa. En efecto se suponía por parte de la Corporación que el valor de la misma sería de aproximadamente US$ 13 millones, con lo cual era obvio –de ser cierto el supuesto- que se recuperaría la pérdida aludida. Como queda claro su transferencia libre de obligaciones se realizó por US$ 3.800.000.

Estas decisiones tienen como resultado final que la Corporación Nacional para el Desarrollo debiera hacerse cargo del financiamiento brindado por las corporaciones internacionales y el Banco de la República, aunque con quitas importantes, otros pasivos corrientes y brindar nueva asistencia financiera, lo que totaliza, junto a la inversión inicial una pérdida de US$ 17.500.000, según datos de la propia Corporación.

Adicionalmente, las negociaciones terminan liberando las garantías, fundamentalmente del grupo Sponsor, excepto el pago de las obligaciones emitidas y la condonación de créditos realizados.

En síntesis la Corporación Nacional para el Desarrollo decide quedarse con el paquete accionario de Migranja y su gestión, bajo los auspicios de expectativas de resultados esperados en estudios, cuyos supuestos son desacreditados por el propio gerente de la empresa designado por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Adicionalmente esta decisión supone que ésta deba asumir una pérdida neta (descontado el ingreso por la venta US$ 3.800.000 y otras cuentas por US$ 400.000) de aproximadamente US$ 13.500.000. Recuérdese que el capital originalmente aportado fue de US$ 19 millones.

Otro elemento a considerar que hubiera evitado este desastre financiero para la Corporación Nacional para el Desarrollo, es el derecho de recompra del paquete accionario que tenía el grupo privado. En efecto, la Corporación Nacional para el Desarrollo tenía una oferta de recompra del 25% del paquete accionario por la suma de US$ 250.000 cuyo vencimiento se establecía en noviembre de 1992.

Dadas las dificultades de los primeros años esta opción fue postergada, para evitar mayores perjuicios financieros al inversor privado ya que debió hacerse cargo del financiamiento adicional del proyecto ante la negativa de sus otros accionistas a involucrar más fondos. Hasta aquí tal decisión no aparece fuera de contexto, ya que según propias declaraciones de las autoridades de la época, el negocio no mostraba síntomas negativos, que lo afectaran decididamente.

Pero al pasar el tiempo, los signos de deterioro se comienzan a advertir. No obstante la Corporación Nacional para el Desarrollo, que por este mecanismo podría haberse salido del negocio o en el peor de los casos limitar sus pérdidas (recuérdese que la participación hasta ese momento era US$ 1 millón), sigue con el criterio de prorrogar la opción, hasta que la situación se vuelve inmanejable y termina asumiendo las pérdidas.

En síntesis una decisión que puede asumirse como prudente en los primeros años, se transforma, por su continuidad, en un elemento clave que impide limitar la actuación en el emprendimiento y por consiguiente la condena a su propio deterioro financiero.

3.4 Otros emprendimientos de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El numeral tiene relación con otros emprendimientos de menor porte con relación a los comentados, en los que la Corporación Nacional para el Desarrollo decidió participar y no sólo le aparejaron perdidas importantes, sino que demuestran un accionar inconveniente y poco profesional en su consideración.

Nos referimos básicamente a la participación en Trimma S.A., Pig S.A., Canalmar, Cedetex, Suragrios y Southern Cross Timber.

Las participaciones propuestas para estas empresas van desde la participación accionaria hasta el aporte de financiamiento. Todas ellas tienen algunas características comunes que ponen en claro al menos lo siguiente:

i. La decisión de participación no respondió a informes técnicos adecuados a las características y los objetivos del inversor (Corporación Nacional para el Desarrollo), teniendo en cuenta especialmente el origen de los fondos utilizados.

ii. Aparente falta de consideración de los riesgos y variaciones de los mercados en los que debían actuar estas empresas en forma apropiada.

iii. Inadecuado gerenciamiento de los emprendimientos o falta de previsiones especiales en su control.

iv. En general la situación de estos emprendimientos, no mejora como consecuencia de la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

3.5 El apoyo a MYPES–PYMES.

La Corporación Nacional para el Desarrollo incluyó dentro de sus actividades la canalización de fondos cedidos por organismos internacionales, para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, las denominadas PYMES. Debe notarse que para este tipo de emprendimiento, sea empresas con actividad preexistente a la solicitud del apoyo crediticio, o empresas cuyas actividades necesitaban de un apoyo para su inicio, en el universo de las entidades de financiamiento no existía una política preestablecida. Los empresarios que aspiraban a un apoyo que fuera acompañado del análisis de sus proyectos, así como de capacitación que les permitiera llevar adelante su riesgo, no encontraban una ventanilla adecuada dentro del sistema de crédito.

Es así que la acción encarada fue innovadora, y sus resultados indudablemente beneficiosos en la siembra que significó el ingresar a la actividad económica formal a muchos que sin este apoyo no hubiesen podido realizar su emprendimiento.

La Corporación Nacional para el Desarrollo actuó en calidad de entidad de segundo grado y a partir del año 1992, amplió sus alcances, lo que se materializó en la colocación de financiamiento a través de diversas entidades financieras tanto públicas como privadas.

Se ha constatado que en la gestión de este financiamiento ha habido una alta concentración de la oferta por parte de la banca estatal (incluyendo la gestionada), ello no debe ser señalado como un resultado negativo, por el contrario, deja claro que las entidades privadas prefirieron ofrecer a sus clientes otros créditos o simplemente no priorizaron el financiamiento a este tipo de empresas, aún teniendo disponible financiamiento originado en los fondos provenientes o gestionados por la Corporación Nacional para el Desarrollo. La administración a través de las entidades financieras públicas ha mostrado una mayor dificultad en la recuperación de los créditos y ello puede obedecer al histórico tratamiento diferencial que para la concesión así como para la recuperación del crédito ha tenido el sistema público. Esto no debe significar una justificación para actuar con ligereza, sino por el contrario una constatación que obliga a los administradores públicos a poner en claro los riesgos que se asumen y que sus componentes, así como los solicitantes sean considerados en forma igualitaria y responsable.

La continuación de una política agresiva de apoyo crediticio a las PYMES debe ser una línea de acción fundamental para la Corporación Nacional para el Desarrollo, ajustando su proceder y estableciendo claramente sus prioridades y líneas de acción, como resultado de la redimensión de sus competencias y mecanismos de funcionamiento que proponemos como imprescindibles para el futuro.

La Corporación Nacional para el Desarrollo debe preestablecer criterios claros, conocidos públicamente que aseguren un tratamiento democrático de los emprendedores que soliciten apoyo y un sistema de evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos por los emprendimientos apoyados financieramente.

4. Las limitaciones del presente informe.

El trabajo de esta Comisión no tiene el alcance de una auditoria o evaluación técnica sobre la aplicación de recursos públicos como la realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo en el período a estudio. Constituye un análisis parlamentario en el marco de las potestades para las Comisiones investigadoras y con fines legislativos, de la actuación de la mencionada entidad.

Si bien al inicio de la actividad de la Comisión, se reclamaron por parte de algunos sectores políticos las incompetencias que el Parlamento tenía para encarar un análisis como el presente, sobre una entidad de derecho privado, los firmantes acompañamos la decisión de investigar la actuación y proponer vías correctivas, en mérito a la necesaria cristalinidad que una entidad de estas características debe tener. En virtud de ello seguramente habrán diversas consideraciones sobre el alcance y el resultado de las medidas que se tomaron. También frente a ellas podrá señalarse que deberían haberse determinado otros objetivos. Pero lo cierto es que hacia el futuro la idea creadora de la Corporación Nacional para el Desarrollo es plenamente vigente y más allá de las correcciones al marco jurídico que la amparen y que le permitan garantizar su acción debidamente publicitada y sin incertidumbres en los controles que tenga, debe servir hacia el futuro como instrumento de desarrollo.

Los hechos acaecidos y este mismo proceso de investigación deben ser tomados como una oportunidad excelente para mejorar hacia el futuro, capitalizando la experiencia recogida, refundando la Corporación Nacional para el Desarrollo y potenciándola para bien de los emprendedores y su acción productiva en lo económico y social.

4.1 Metodología de evaluación económica.

Sintéticamente se puede expresar que, para evaluar un proyecto de inversión de recursos de la sociedad, se procede de similar forma a la evaluación de un proyecto privado. Se identifican las inversiones, los costos y los ingresos derivados de ellas y se analiza si ese flujo descontado al momento actual es positivo o negativo. La diferencia entre la evaluación privada (financiera) y la pública (social) es que, en el segundo caso se utilizan "precios sombra" o sea precios de bienes, insumos, mano de obra, tasas de interés, etcétera, corregidos para eliminar impuestos y transferencias.

Esto se hace así porque, desde el punto de vista de la sociedad, los impuestos pagados por un proyecto son transferencias hacia sí misma. Como caricatura de la cuestión, puede decirse que, si en un proyecto el Estado invierte US$ 104 millones de los cuales US$ 51 millones, van a pagar impuestos, la inversión a considerar para la evaluación social de esa iniciativa es US$ 53 millones y no US$ 104 millones porque los impuestos son transferencias de la sociedad a sí misma.

Para encarar entonces una evaluación profesional de un proyecto en el cual se invirtió una cifra de dineros públicos de US$ 104 millones, se debe netear ese monto de impuestos pagados. También se debe averiguar y valorar los activos intangibles producidos con esa inversión como por ejemplo:

- Desarrollo y puesta a punto de nuevas tecnologías para el país (que hubiese podido requerir un plan –financiado por el Estado- de investigación y desarrollo).

- Exploración y apertura de nuevos mercados para nuevos productos del país (lo que también hace el Estado desde varias agencias).

- Entrenamiento y capacitación de personal (para lo cual el Estado tiene instituciones como UTU y otras).

- Mejoramiento de situaciones de impacto ambiental adverso.

También, en una evaluación social hay que incluir impactos negativos sobre el medio ambiente o sobre grupos afectados por pérdidas de ingresos netos debidas a la inversión estatal.

En este caso y de acuerdo a la información recibida la Corporación Nacional para el Desarrollo y las empresas en que actuó directamente como accionista realizaron aportes al Estado por US$ 51.315.000, asimismo a través de los emprendimientos de micro, pequeña y mediana empresa, de acuerdo al cálculo estimativo de la propia Corporación Nacional para el Desarrollo se aportaron otros US$ 90.330.400. Este pedido de informes es complementado con los aportes que siguieron realizando hasta el presente aquellas empresas en las que la Corporación Nacional para el Desarrollo intervino y luego se desvinculó que suman otro monto de US$ 8.206.495.

Las referidas son cifras nada despreciables que dan cuenta de que más allá de la pérdida patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo, su accionista el Estado uruguayo recibió ingresos por otras ventanillas de recaudación considerables frente a la inversión realizada.

5. Acciones de corte legislativo.

Será necesario que la Cámara de Representantes conceda una nueva autorización para que en un plazo establecido esta Comisión actúe con fines legislativos para que proponga modificar el régimen jurídico y el marco legal de la Corporación Nacional para el Desarrollo para que asegure el cumplimiento de sus cometidos, estableciendo las limitaciones necesarias y los procedimientos de mayor transparencia para seguridad del accionista, el Estado uruguayo y para de quienes la conducen y gerencian. Asimismo se impone la conformación de un nuevo plan estratégico que brinde la seguridad de inversión en áreas prioritarias para el desarrollo, así como la continuación de las políticas de apoyo al desarrollo de los pequeños y medianos empresarios.

Por tanto resulta en lo previo indispensable presentar algunas ideas y recomendaciones en este sentido, dado que el espíritu positivo con que es necesario planificar el futuro indica la necesidad de aprendizaje de esta experiencia.

6. Los conceptos generales.

Resulta claro que la Corporación Nacional para el Desarrollo y las organizaciones de estas características en otros países, constituyen una pieza importante en el cierre de numerosas ingenierías financieras que permiten la puesta en marcha de proyectos de inversión de variado porte y en muy diversos sectores de actividad, especialmente aquellos que se entiende deben ser promovidos.

Contar con una herramienta para asociar recursos públicos en ciertos emprendimientos es útil e importante, y lo será más en el futuro, en tiempos de globalización y competencia ampliada.

Ahora, el país se encuentra devastado por la peor crisis jamás vivida y toda herramienta disponible debe ser usada para captar fondos y canalizarlos hacia la reconstrucción de la trama productiva y empresarial del país, sin la cual la ansiada reactivación económica nunca se consolidará.

Atento a lo anterior, se listan en los puntos siguientes algunas ideas que como resultado de la experiencia permitan reacondicionar el instrumento a favor del futuro. Deben tenerse en cuenta los campos o acciones en los cuales no deberá repetirse la experiencia, tanto por las áreas de acción como por los procedimientos establecidos.

a. Los "Nunca más".

La experiencia analizada muestra que, para el futuro, es importante evitar que la Corporación Nacional para el Desarrollo quede en posiciones donde está condenada a perder con mínima capacidad de maniobra y asumiendo en su imagen un grave dolo.

1. "Nunca más" manejar un Banco. Esta es una actividad muy especializada para la cual la Corporación Nacional para el Desarrollo no tiene ni el perfil ni la experiencia como consecuencia de lo cual puede perder cantidades muy importantes de recursos.

2. "Nunca más" ser mayoría accionaria y administrar una empresa de la actividad privada. La Corporación Nacional para el Desarrollo en estos casos afronta la responsabilidad de pagar sueldos, proveedores y atender las contingencias de cada negocio, lo que la coloca en posición de tener que tomar decisiones empresariales de riesgo y tener que asumir las contingencias de eventuales perdidas.

3. "Nunca más" participar en solitario en operaciones de rescate de empresas. En esta situación, la Corporación Nacional para el Desarrollo queda colocada en idéntica posición al punto anterior, con el agravante de hacerlo en un proceso de crisis.

b. Las líneas de acción positivas.

Pasando a un abordaje por lo positivo de las acciones que en el futuro la Corporación Nacional para el Desarrollo puede emprender, se presentan las siguientes sugerencias:

1. Ser agentes en el proceso de concesionar bienes o servicios públicos, como a vía de ejemplo, se hizo con la licitación para la explotación de la playa de contenedores del Puerto de Montevideo. En estos casos debería ser obligatorio que la Corporación Nacional para el Desarrollo mantuviera en su poder un porcentaje mínimo de acciones (por ejemplo 10%), lo que permitiría capitalizarla en el futuro (fundando un fideicomiso con todas esas participaciones y colocando cuotapartes en el mercado) y además, dejaría siempre abierto para la sociedad el derecho de conocer información financiera interna de cada concesión.

2. Ser canal de colocación de líneas de crédito para PYMES, garantizando un proceso cristalino de identificación de carteras, actividades, preferencias, así como de identificación de clientes y adecuada publicidad.

3. Ser promotora de "joint-ventures" en las cuales se asocien capitales extranjeros y nacionales en áreas definidas a ser especialmente promovidas.

c. Los mecanismos de control.

En casos de administración de recursos públicos, todo mecanismo de control eficaz y eficiente debe ser instrumentado.

En ese sentido, se sugiere lo siguiente:

1. Que exista al menos un representante del sector privado en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, elegido por las gremiales empresariales y con cargo anualmente rotatorio.

2. Que la Corporación Nacional para el Desarrollo cuente con una auditoría internacional de primera línea. Asimismo que sus estados contables sean auditados por el Tribunal de Cuentas de la República, lo que debe estar establecido claramente en la legislación.

3. Que una parte sustancial de la remuneración de sus cuadros gerenciales esté ligada a los resultados.

Por lo expuesto, se aconseja al Plenario la aprobación del siguiente proyecto de resolución.

Sala de la Comisión, 23 de diciembre de 2003.

JAIME MARIO TROBO, Miembro Informante, ALBERTO PERDOMO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º) Apruébase el precedente informe relativo a la investigación ordenada por Resolución de la Cámara de Representantes de fecha 26 de noviembre de 2002.

2º) Establécese un plazo de ciento ochenta días para que la Comisión creada por Resolución de fecha 26 de noviembre de 2002, para analizar las actuaciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo, elabore un informe con las reformas que estime pertinentes realizar a la legislación que la creó y sus modificativas, para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

Sala de la Comisión, 23 de diciembre de 2003.

JAIME MARIO TROBO, Miembro Informante, ALBERTO PERDOMO".

——En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: antes que nada, quiero agradecer a los compañeros del Encuentro Progresista-Frente Amplio y a los colegas legisladores del Partido Independiente por habernos conferido el honor de presentar lo que ha sido casi un año de trabajo en esta Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Como ustedes saben, esta Comisión Investigadora nace a partir de una muy fundada denuncia realizada por el señor Diputado Mieres, que tuvo su continuidad en el desarrollo de dicha Comisión y que ha significado, indudablemente, un gran aporte en ese sentido.

Vamos a intentar ser lo más breves posible, pero como ustedes sabrán, el tema es muy amplio y profundo; aborda una temática que va desde 1986 hasta 1999 ó 2000, lo que hace dificultoso concentrar toda esta información y ha sido uno de los inconvenientes que hemos tenido a lo largo del trabajo de la Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En primer lugar, queremos determinar algunas dificultades acerca de la información recibida. Esta fue llegando a medida que la Comisión realizaba su tarea y, en gran parte de los casos, llegó en forma fragmentaria y hubo necesidad de votar una y otra vez, con mucha insistencia, para que llegara este material, lo que obviamente no generó buenas condiciones para el desarrollo del trabajo.

El segundo aspecto hace a la calidad de la información, lo que también nos complicó bastante. Para que los señores legisladores tengan una idea, las resoluciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo eran en muchos casos muy escuetas; no había ningún tipo de relato ni de versión taquigráfica alguna fundamentando actos, que hubiese sido muy importante conocer por escrito, porque ellos representaban, sin lugar a dudas, decisiones que involucraban millones y millones de dólares, que todos sabemos en qué terminaron.

A eso debemos agregar dos aspectos que, a nuestro modo de ver, fueron determinantes en cuanto a las dificultades del desarrollo de esta Comisión Investigadora. Hay algo que se fundamentó como una especie de verdad revelada, se puso como una especie de muro infranqueable para pasar a investigar cosas de fondo. Esto, que muchas veces se presentó y que impidió el normal desarrollo de la Comisión Investigadora, fue la utilización del secreto bancario y del secreto comercial. Estos dos instrumentos fueron usados políticamente para evitar llegar al fondo en la investigación en este tema. Y digo políticamente porque, al mismo tiempo que funcionaba esta Comisión Investigadora sobre la Corporación Nacional para el Desarrollo, estaba la que recién acaba de concluir el informe sobre el sistema financiero; y todos sabemos que esa Comisión Investigadora tuvo todas las posibilidades para investigar el sistema financiero en el período referido sin ningún tipo de argumentación como la que se planteó en la Comisión Investigadora sobre la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esto es: hubo distintos criterios y más aún si tenemos en cuenta que al analizar el sistema financiero evidentemente se trataban temas de una naturaleza muy delicada. En este caso nos quedamos sin saber -se va a seguir analizando a lo largo de nuestro informe y del de nuestros compañeros-, por ejemplo, por qué se levantaban garantías de algunos empresarios que se asociaban a emprendimientos con el Estado y que luego en muchos casos salían muy beneficiados, porque aunque podían perder algún bien, habían liberado hipotecas muy importantes y ganado dinero durante mucho tiempo. Como Comisión Investigadora no tuvimos acceso a las razones por las cuales se procedió en ese sentido. Y al no tenerlo nosotros, obviamente, no lo tuvo el Parlamento ni tampoco indirectamente, en esta democracia representativa, el pueblo uruguayo, que a través de nosotros se representa.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Guarino)

——Es importante para nosotros analizar algunos antecedentes y por eso lo referimos así en el informe.

En este sentido, llegamos al año 1966, cuando en la CIDE se crea el Plan Nacional para el Desarrollo, que es el primer antecedente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Durante la dictadura hay una especie de plan nacional, pero luego este toma fuerza, fundamentalmente en la primera Legislatura, a partir de 1984, cuando emana de los acuerdos de la CONAPRO entre los distintos partidos políticos y los actores sociales de la época la creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyos objetivos básicos eran dos: por un lado, atender el grave problema de endeudamiento de las empresas generado por lo que entonces llamábamos "la tablita"; y, por otro, dinamizar el crédito, sobre todo el de largo plazo, que se entendía necesario para iniciar el proceso de reactivación económica.

Podemos recordar -y lo vamos a señalar a texto expreso- lo referido a las intervenciones, por ejemplo, del ex Senador Juan Pablo Terra o del ex líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. Me detengo en este aspecto. El 31 de julio de 1986, dirigiéndose a la Cámara de Industrias, entre otras cosas el ex líder del Partido Nacional expresó: "Porque el sector público aporta capital pero no expropia, no se trata de un intento de aumentar el sector público de la economía, se trata simplemente de apuntalar con capital y con crédito a empresas ahogadas por factores financieros, poniéndolas a trabajar para generar divisas y fundamentalmente dirigidas a la exportación. Naturalmente pensando en términos de divisas y también de ocupación. El otro secreto que tiene adentro es que no hay ningún intento de sustituir al empresario, puesto que las utilidades de la empresa, por mandato de la ley -en proporciones determinadas-, son destinadas a revertir la titularidad de la empresa al propietario endeudado, no digo al anterior porque no deja de serlo. Pero también" -y me detengo en esto- "debemos ser muy claros: la Corporación sirve solamente para las empresas viables, la Corporación no puede transformarse en un instrumento para encajarle al Estado las industrias ineficientes, repetir las experiencias de CUOPAR y de todas esas cosas en que, cada vez que algo funcionaba mal, o no funcionaba, la colectividad se hacía cargo de ella". Se refiere al Estado.

Muy lejos de esta fundamentación está lo que sucedió después. Era difícil de prever entonces que ese objetivo de dinamizar una producción se encarara sin realizar estudios técnicos profundos, que se iban a asumir inversiones en empresas de dudosa o nula viabilidad, o que en algunos casos se iba a renunciar a ejecutar las garantías que hubiera a favor en los emprendimientos seleccionados. Tampoco se pensó que el instrumento Corporación Nacional para el Desarrollo fuera a utilizarse a través del Banco Central con destino a reflotar bancos.

En la propia ley se preveía la participación de capitales privados, con el 40% de capital de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Lamentablemente, esto nunca se verificó; la CND a lo largo de toda su historia permaneció como un organismo solo integrado por recursos públicos. Sin embargo, como se verá a lo largo del informe, uno de los desvíos principales de su actuación es que este organismo se condujo como si fuera efectivamente una entidad de economía mixta, por lo que se obviaron durante mucho tiempo los controles del Tribunal de Cuentas. Hago especial hincapié en esto, porque una de las fundamentaciones jurídicas utilizadas por los ex Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo tenía que ver con este aspecto que, insisto, nunca se concretó; nunca se logró ingresar capitales privados a la Corporación y su financiamiento fue siempre con dineros exclusivamente públicos.

Sostenemos con firmeza que compartimos la necesidad de que existan organismos de la naturaleza de la Corporación Nacional para el Desarrollo, porque son necesarios para que el Estado coopere en el proceso de desarrollo del país apuntalando aquellas inversiones productivas que resulten potencialmente significativas y que posean potencialidades relevantes para el futuro del país. Pero así como afirmamos la necesidad de este instrumento, con el mismo énfasis cuestionamos los procedimientos que, de una u otra forma, desnaturalizaron su sentido original, transformándolo en un organismo que no ha seleccionado adecuadamente los emprendimientos a apoyar y que ha terminado operando, en varios casos, como un instrumento de salvataje de empresarios fundidos y empresas fracasadas, más que como un apoyo a emprendimientos de significación para el desarrollo del país.

Rechazamos tajantemente el manejo que se ha hecho de la Corporación Nacional para el Desarrollo, teniendo en cuenta los objetivos que tenía trazados. Es más: como testimonio de la actuación de los diversos Directorios alcanza con mencionar cifras de sus resultados que ameritan calificarlos como altamente deficitarios. Desde una perspectiva de reflexión política se impone para todos nosotros la revisión del marco legal que hasta el presente ha funcionado como marco teórico para el trabajo de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Por otra parte, la ausencia de previsión de controles suficientes respecto al manejo de tan elevado nivel de recursos fue uno de los aspectos que más dificultades generaron al Estado uruguayo. ¡Y ni hablar de lo que ocurrió con los Directorios de la Corporación desde 1991 hasta 1999! Durante este período rehusaron someterse a la auditoría del Tribunal de Cuentas. Vamos a hacer un capítulo especial para analizar ese tiempo, puesto que fue muy lamentable por las perspectivas de futuro que tuvo este acontecer.

En cuanto a las modificaciones legislativas, es importante también para nosotros que se dé mayores posibilidades en cuanto a revisar los cometidos, los alcances y las funciones de la Corporación, de forma que sus modalidades de actuación estén claramente determinadas, evitando así cualquier tipo de interpretación que, como en el pasado, por la vía de los hechos vulnere los criterios con los cuales se legisló en esta Cámara. Por lo tanto, vamos a proponer la creación de una Comisión Especial con fines legislativos para establecer las bases de una normativa actualizada, haciendo lugar a las observaciones planteadas a lo largo de este informe.

Otro capítulo importante tiene que ver con un problema muy grave padecido durante casi una década, referido al Tribunal de Cuentas. Al hecho de que durante ese lapso no se haya auditado la Corporación, en momentos en que se había instaurado una polémica pública sobre si se debía o no auditar a las distintas instituciones del Estado -creemos que debe hacerse-, se agrega un aspecto concreto, que fue el que presentó esta Comisión Investigadora. Más allá de que se polemice sobre resultados, en los hechos hubo resultados concretos como consecuencia de no haber tenido el Tribunal de Cuentas ningún tipo de visación ni autorización para ver un solo número ni instalarse en la Corporación.

Como decíamos, durante toda la década del noventa el Tribunal de Cuentas reclamó anualmente -ejercicio a ejercicio- su derecho a auditar -en la medida en que la Corporación maneja recursos públicos-, lo cual siempre fue negado por los distintos Directorios. Recién en el año 2001 cambió el criterio y el Tribunal de Cuentas pudo auditar los balances desde 2000 en adelante.

En la Comisión Investigadora recibimos testimonios del Tribunal de Cuentas y también de las distintas direcciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Inclusive, hubo una contradicción muy grande porque, por ejemplo, el 14 de marzo de 2003 el Vicepresidente del actual Directorio, escribano Gemelli, intentó justificar que no había cambiado el criterio en 2001. Dijo: "La Corporación Nacional para el Desarrollo, todos los años, puntualmente, remitió sus balances al Tribunal de Cuentas para la visación. [...] Si la ley hubiese establecido que el Tribunal de Cuentas debía auditar, así se hubiese hecho, pero la ley dice que el Tribunal debía visar", etcétera. Y más adelante agregó: "En ningún momento se cambió de criterio". Pero mientras el escribano Gemelli sostenía que no se auditaba y que se accedía a la documentación y a la registración contable de la Corporación, entre otras cosas para la visación, en la versión taquigráfica de esa misma comparecencia constan las palabras del ingeniero Garat, que niega enfáticamente esta posibilidad. Él sostiene lo siguiente: "En el año 2001, por decisión de este Directorio y para zanjar un diferendo que existía con el Tribunal de Cuentas, lo invitamos a que actuara en la Corporación. El Tribunal de Cuentas estuvo dentro de la Corporación un año y medio para auditar los balances de los años 2000 y 2001". Luego agregaba: "Ese es el espíritu de este Directorio hacia el Tribunal de Cuentas o hacia esta Comisión". En definitiva, hay una franca contradicción entre la actual dirección de la Corporación Nacional para el Desarrollo y la anterior.

Es más: entre los argumentos expresados podemos citar el del Presidente del Tribunal de Cuentas, contador Ramírez, quien decía: "Para el Tribunal de Cuentas no cabe ninguna duda de que tiene competencias para auditar a la Corporación Nacional para el Desarrollo". Luego -agrego estas palabras para que quede bien claro hasta qué grado llegó la magnitud de las diferencias con la Corporación Nacional para el Desarrollo- el señor Ministro contador Ariel Álvarez sostuvo que "[...] entre los años 1991 y 1999, los Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo no permitieron realizar su labor al Tribunal de Cuentas. Tanto es así que a los efectos de que no quedaran dudas, cuando se trasladaba el auditor encomendado para realizar esa tarea de auditoría, se iba acompañado de un escribano y se levantaba un acta en la que constaba que no se realizaba la labor del Tribunal de Cuentas y no se hacía la auditoría puesto que se impedía la realización de esa función".

Más claro, imposible: El Tribunal de Cuentas no pudo, bajo ningún concepto, llevar a cabo su función por expresa decisión de los Directorios de entonces.

También es de notoriedad que para fundamentar esto se le pidió la opinión a un especialista en derecho administrativo, el doctor Cagnoni, la cual fue utilizada, además de la de sus propios servicios jurídicos, por parte de las autoridades del Directorio de entonces de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero ¿qué sucedió? El informe del doctor Cagnoni partió de la base de que la composición del capital de la Corporación Nacional para el Desarrollo era mixto, que una parte era privada y otra pública. Pero eso nunca fue así; como lo dijimos al comienzo, la naturaleza jurídica podía ser una, pero la realidad es que la fuente de financiamiento era exclusivamente pública. Por lo tanto, el Estado, a través del Tribunal de Cuentas, tenía -como se sostuvo y nosotros acompañamos- el total derecho de auditar y trabajar, lo cual no hizo.

Además de las consecuencias muy negativas que eso tuvo y más allá de la discusión jurídica, en esto entra a jugar la sensibilidad política; para asegurar la transparencia de la gestión del organismo se aconsejaba habilitar la actuación del Tribunal de Cuentas, sobre todo cuando la última auditoría realizada por la CND había culminado con un dictamen negativo referido al balance correspondiente al año 1989. Que quede bien claro: cuando el Tribunal de Cuentas ingresa y hace un análisis de la situación del estado contable de la Corporación, realiza un dictamen negativo. Resultado: por casi una década el Tribunal de Cuentas no puede ingresar. Evidentemente, más allá de lo jurídico -que a nuestro modo de ver no implica razón alguna para proceder como se hizo-, el más elemental sentido común nos dice que la transparencia y la sensibilidad política debieron haber acompañado otras decisiones no tomadas. Es más: el análisis de los resultados de las auditorías privadas durante todo el período de existencia de la Corporación y el de las que el Tribunal de Cuentas ha podido hacer sobre los ejercicios 2000 y 2001 demuestran la existencia de importantes observaciones sobre la forma en que la Corporación realizó sus prácticas contables y subraya la importancia de que existan estos mecanismos de contralor.

Abandonando este capítulo de naturaleza jurídica referido a actividades de contralor de la gestión pública, vamos a ingresar al vinculado con la pérdida patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En el informe que señalamos se establece con total claridad el origen del financiamiento, que está establecido en la ley; originalmente podemos hablar de US$ 80:000.000 y, hacia 1999, de US$ 95:000.000. No vamos a entrar en el detalle relativo a cuál es el origen de cada uno de estos dineros, pero vamos a desarrollar algunos aspectos que para nosotros son muy determinantes.

En primer lugar, hubo un reconocimiento de pérdida patrimonial. El patrimonio expresado por la Corporación Nacional para el Desarrollo en su balance al 31 de diciembre de 1999, ascendía a US$ 53:000.000. De modo que luego de doce años de funcionamiento la Corporación reconocía implícitamente en su balance oficial de 1999, que había perdido US$ 42:000.000. Si a eso le agregamos que entre los años 2000 y 2001 la Corporación recibió aportes de capital del orden de los US$ 9:000.000 adicionales, la capitalización desde su creación asciende a más de US$ 104:000.000; quiere decir que oficialmente perdió el 63%, o sea, US$ 65:000.000.

Pero un análisis complementario nos permite determinar que la pérdida patrimonial es muchísimo mayor, teniendo en cuenta dos aspectos: uno tiene que ver con las cuentas a cobrar al Estado y el otro con el crédito contra Agolán S.A. El primero es una deuda que la Corporación Nacional para el Desarrollo sostiene que hay por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de US$ 41:070.636; redondeando, unos US$ 41:000.000. Pero acá hay un tema que es bien claro: el Tribunal de Cuentas se abstiene de expresar opinión sobre los estados contables por no haber conseguido evidencia suficiente sobre un activo cuyo importe es mayor que el patrimonio neto del organismo. Resulta reveladora la actitud que ha tenido la Corporación -aunque verdaderamente en lo personal no deja de sorprender- frente a las auditorías externas y, en particular, frente al contralor del Tribunal de Cuentas. La pregunta es: ¿se han perdido o no esos US$ 41:000.000? Si uno va a las propias auditorías contratadas por la Corporación, por ejemplo la de la firma Coopers & Lybrand o la de Price Waterhouse Coopers, puede advertir que cualquiera de ellas sostiene conceptualmente que no han podido obtener confirmación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a lo que sucede con el importe de crédito incluido en la cuenta "Créditos financieros-Diversos" del activo no corriente, ni han podido satisfacer su valuación sobre los procedimientos de auditoría.

Y si faltara agregar algo, con fecha 28 de julio de 2003 hay una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas al Tribunal de Cuentas que dice: "De los informes que lucen agregados en estos obrados, surge que el Estado se habría" -el condicional figura en negrita- "comprometido al reintegro patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en la medida que resultara afectado su patrimonio. En consecuencia, debería" -también se usa el condicional- "estarse en los términos de dichos informes y a la resultancia de los procesos de liquidación respectivos". La verdad es que pesaba mucho decir que no había una documentación concluyente. Estas expresiones están muy lejos de establecer un compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas de reintegrar los US$ 40:000.000 que en ningún caso aparecen reconocidos literalmente por ese Ministerio.

En cuanto al crédito de US$ 4:629.278 con la empresa Agolán S.A., estaba vencido desde los años 1998 y 1999 y no se había efectuado cobro alguno; inclusive, se había cuestionado que no hubiera sido objeto de previsiones de incobrabilidad y que no se hubiera revelado su situación en las notas de los estados contables. En una palabra: "Si se constituyeran previsiones por incobrabilidad en relación a los dos créditos referidos, el crédito contra el Estado por más de US$ 40 millones y el crédito contra Agolán S.A., por US$ 4,6 millones, tal como sugiere el Tribunal de Cuentas, la Corporación Nacional para el Desarrollo tendría un patrimonio negativo de más de US$ 6 millones". Por lo tanto, podemos concluir que los US$ 104:000.000 que integraron el patrimonio de la Corporación se han perdido prácticamente en su totalidad, dejándola en una situación patrimonial por demás comprometida.

Vamos a referirnos ahora a las distintas inversiones productivas fallidas, y haremos especial mención al artículo 11 de la ley, en el que se plantean cuáles son los objetivos de la Corporación a la hora de incentivar los emprendimientos; no olvidemos que durante el período de gestión que fue objeto de análisis de esta Comisión Investigadora la Corporación resolvió participar en 26 emprendimientos, la inmensa mayoría de los cuales resultaron muy negativos. Reitero: hablamos de 26 emprendimientos.

Veamos cuáles son los criterios que establece el artículo 11 de la ley con respecto a los elementos por los cuales deben tomarse las decisiones: "A) Incentivar el desarrollo empresarial, con participación del sector privado.- B) Favorecer la creación de empresas, fortalecer las existentes y participar, total o parcialmente, en su capital.- C) Colaborar en la ejecución de las políticas económicas sectoriales, mediante la promoción de la inversión de capitales en sectores empresariales prioritarios.- D) Analizar y señalar campos para nuevas inversiones, preparar proyectos concretos de inversión y promover el estudio de mercados para nuevos productos y para la colocación de producción nacional". Además, se plantean los objetivos de promover la realización de políticas activas de empleo dando prioridad a los emprendimientos que ocupan mayor número de puestos de trabajo; orientar la actividad hacia los centros productivos que tendieren al balance productivo del comercio exterior, generando divisas genuinas derivadas de la exportación, y apuntar a la descentralización de la actividad productiva procurando radicar sus proyectos prioritariamente en el interior. Asimismo, se tiende a la promoción y desarrollo de empresas con elevados niveles de tecnología aplicada.

Indudablemente, todos y cada uno de estos aspectos que hemos señalado -que están en la ley- son total y plenamente compartibles. Sin embargo, la realidad determinó que no se alcanzara ninguno de los objetivos planteados; podríamos decir que se obtuvo el efecto contrario.

En este sentido, hablamos de inversiones fallidas en dos tipos de situaciones: por un lado, cuando la Corporación invirtió en un grupo de empresas que fueron seleccionadas de una lista de firmas sobreendeudadas con el Banco de la República -por ende, la Corporación asumió su gestión en una situación empresarial fuertemente negativa- y, por otro, el momento en que la Corporación invirtió en un conjunto de empresas que el propio organismo seleccionó y en las que no existía endeudamiento previo. Vamos a poner ejemplos concretos y muy conocidos de situaciones muy distintas.

El primer capítulo de estas situaciones está relacionado con lo que el economista Horta -directivo y, en alguna instancia, Presidente de la Corporación- señalaba en el sentido de que el Banco de la República "[...] nos manda una lista [...] de diez o quince empresas... las más deudoras, las más endeudadas y las menos cobrables que tenía el Banco. Estas empresas, entonces, que resultaron seleccionadas por CND del listado cerrado ofrecido por el BROU, le son en cierta medida impuestas a la Corporación, y, por supuesto, respecto de ellas no existió instancia alguna que habilitara la confección de un estudio técnico previo que avalara la inversión. Lejos de ello, se trata de situaciones de sobreendeudamiento, caracterizadas por un perfilamiento de alto riesgo y con patrimonio negativo". En estos emprendimientos forzados, impuestos, la Corporación tendría -lo digo en condicional- una menor dosis de responsabilidad a la hora de asumir compromisos.

Hay siete aspectos que nos permiten determinar las características de la actuación que se dio en estos emprendimientos; al respecto, en el seno de la Comisión se planteó una discusión que bien vale la pena traer a la Cámara porque, evidentemente, pretende esconder una dicotomía falsa. Por un lado, se decía: "Ustedes no querían que se invirtiera en determinadas empresas, a pesar de lo que ello supondría después en materia de desempleo, problemas de marginación, etcétera. Están en contra de la inversión para generar trabajo". Nada más lejano, en primer lugar, de la política económica general que se ha aplicado hasta ahora en este país y, en segundo término, de los criterios que inspiraron a la Corporación y debieron ser los que necesariamente inspiraran el accionar de sus directivos. Lo que hubo aquí fue negligencia, errores tremendos a la hora de seleccionar los emprendimientos, de gerenciarlos y -en algunos casos- en la oportunidad de retirarse de ellos; inclusive, por acción u omisión se terminó beneficiando a empresarios fundidos que -por decirlo literalmente- le pasaron el fardo al Estado y durante mucho tiempo siguieron -con algún tipo de complicidad de hecho por parte de las autoridades- viviendo de esa situación. De lo que se trataba es que con esos dineros públicos que había aportado el Estado se generara empleo real, genuino, seleccionando adecuadamente los emprendimientos, y no tirar dinero -como se terminó haciendo- en empresas que, evidentemente, a mediano o corto plazo estaban destinadas al fracaso.

Antes de hacer este comentario que bien vale a la hora de decidir la inversión de los dineros públicos, decía que había siete aspectos relacionados con la forma en que fueron tomadas las decisiones en materia de inversión en la Corporación. En primer lugar, la ausencia o debilidad de los estudios previos, y vamos a citar un ejemplo concreto. El contador Diego Aguerre, actual Gerente de Proyectos de la Corporación, refiriéndose al estudio previo a la decisión de invertir en Pig Uruguay S.A., dijo: "El análisis de flujos financieros se hizo en base a los datos proporcionados por el promotor del proyecto." -quiero subrayar esto- "No se ha verificado su correspondencia con la realidad, sino que se han tomado estos valores como normales, esto es, los valores más probables". Más adelante agrega: "Por lo tanto, mi informe y mi intervención en este tema se limitan exclusivamente a lo que se me dio, a lo que se me pidió y no realicé ningún otro tipo de consideraciones a futuro... Yo me limité a cotejar números que habían evaluado otras instituciones". Así se decidió la inversión de dinero público; así fueron los estudios. Podríamos citar otros ejemplos -como el caso de Canalmar-, pero no vamos a extendernos más en este capítulo.

El segundo punto es la falta de correspondencia entre las previsiones formuladas sobre la evolución económico-financiera del emprendimiento y el desempeño efectivo posterior, concretando la frustración de expectativas planteadas. Se va a desarrollar esto -yo diría con mucha claridad, con especial claridad- en el capítulo de Migranja, al cual posteriormente vamos a hacer algunas referencias, mientras que otros compañeros profundizarán en este aspecto.

En cuanto a las expectativas de inversión y a los resultados posteriores, indudablemente este es uno de los puntos de mayor contradicción. Personalmente, quiero fijar un aspecto que a nuestro entender es clave y que figura en el literal c): "Adjudicación al socio privado de la dirección de la gestión empresarial y desconexión de la Corporación Nacional para el Desarrollo respecto de su control. La capitalización de las empresas se hizo posicionando a la Corporación como socio minoritario del emprendimiento en casi todos los casos, sin que la CND se asegurara los mínimos mecanismos de control imprescindibles".

Esto hace a un hecho que es parte de la historia de la Corporación, parte de la historia de los emprendimientos: la ausencia de cuidado de los dineros públicos, la ausencia de visar efectivamente y de estar encima del dinero que se puso en una empresa privada, el olvidarse o dejar de lado la gestión, que es un elemento fundamental, porque después siempre, inevitablemente, terminaba el Estado -como terminó- haciéndose cargo de todo. Y voy a dar un ejemplo.

En la misma empresa que mencionábamos -Pig Uruguay Sociedad Anónima-, el contador Pedro Juan Forné sostiene lo siguiente: "[...] era un Director de PIGUSA, sin mayor información de PIGUSA, sin demasiada conexión con la propia Corporación; yo jamás pude ver un Director de la Corporación, y solo tuve algún trato con el contador Conforte, que me escuchaba porque tenía que escucharme; tampoco tenía instrucciones concretas; yo nunca recibí una hoja con una instrucción [...]".

Eso era lo que señalaba en la Comisión Investigadora alguien que había sido designado por la propia Corporación, en una de las empresas en las cuales todos nosotros y los contribuyentes uruguayos habíamos puesto plata. Podríamos citar el testimonio del contador Luppi y del contador Menéndez, pero creo que esto, como muestra, es bien ejemplar.

En el literal d) se hace referencia a lo siguiente: "Omisión de exigir el cumplimiento de la cláusula de recompra de participación. La inclusión de esta disposición contractual, de orden en los diversos convenios de inversión celebrados, tenía la función de operar como reaseguro de la capitalización realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, imponiendo al socio privado tomar a su cargo, una vez transcurrido el plazo previsto, el porcentaje de participación realizado por la Corporación.- Sin perjuicio de tener estipulada a su favor dicha potestad, no hubo siquiera" -me detengo en esto- "un caso en que la Corporación la hiciera valer". Para ser claros: siempre o inevitablemente la Corporación terminó poniendo la plata.

El literal e) hace mención a la "Omisión de ejecutar las garantías previstas en beneficio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En los casos en que la Corporación procedió a prestar las asistencias financieras solicitadas -innumerables-, los posteriores incumplimientos de las obligaciones principales, no condujeron, como hubiera sido natural, al camino de la ejecución de las garantías acordadas.- En ningún caso de los estudiados en el seno de la Comisión Investigadora la Corporación Nacional para el Desarrollo apeló al camino de la ejecución de las garantías de sus socios privados". En una palabra, estos eran los aspectos principales que queríamos saber: ¿por qué la Corporación, teniendo potestad legal y teniendo contratos firmados, no procedió a ejecutar determinadas garantías? La fundamentación jurídica del secreto comercial y del secreto bancario impidió al Parlamento acceder a esta información, porque estas dos condiciones no impuestas a la Comisión Investigadora del sistema financiero determinaron que no supiéramos estas y otras cosas.

El literal f) apunta a la "Insuficiencia de control público". Sobre este punto no vamos a abundar mucho más, porque ya lo comentamos cuando hicimos referencia al Tribunal de Cuentas. Indudablemente, la falta de controles públicos durante tantos y tantos años fue el caldo de cultivo para decisiones equivocadas, que fueron perjudiciales para el patrimonio del Estado. Si hubiésemos tenido la posibilidad, que la Constitución y la ley establecen, de conocer mucho tiempo atrás todos estos temas, quizá se podría haber tomado -por lo menos desde el Parlamento- alguna acción que le habría ahorrado unos cuantos dólares al pueblo uruguayo.

Vamos a citar con mayor profundidad un ejemplo. Los otros los vamos a nombrar con menor intensidad porque otros colegas seguramente los habrán de explicar.

Voy a referirme a lo que aconteció en el establecimiento Colonia Sociedad Anónima y en el Frigorífico Canelones Sociedad Anónima, en momentos en que se da una situación muy especial: estamos viviendo -por suerte- una especie de plétora de la industria frigorífica, una recuperación de mercados. Pues bien: es bueno a veces mirar hacia atrás -a pesar de que se nos quiere acusar en algún caso de tener los ojos en la nuca- y ver parte de lo que ha sido, por lo menos en los últimos veinte años, la historia de la industria frigorífica en nuestro país.

Con respecto a las razones de la participación en los frigoríficos Colonia y Canelones, se sostuvo por parte del economista Roberto Horta que eran empresas exportadoras, de alta tecnología, y que eran los dos únicos frigoríficos que tenían el tercer ciclo de la carne. Se decía que el Frigorífico Canelones hacía el "corned beef" y el establecimiento Colonia la carne cocida congelada, y con esto se podía ingresar a mercados a los que los demás no podían ingresar. Todos estos elementos hacían que fuera bueno que la Corporación tratara de salvar a estas empresas.

Hasta ahí estaríamos en el primer capítulo vinculado a aquellas empresas que venían del Banco de la República con una grave situación de endeudamiento.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite, señor Presidente?

Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta en treinta y dos: AFIRMATIVA.

Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Mahía, a quien le restan diecisiete minutos de su tiempo.

SEÑOR MAHÍA.- Agradezco a la Cámara.

Este capítulo de los frigoríficos Colonia y Canelones son ejemplos de aquel tipo de empresa que venía con una pesada deuda contraída con el Banco de la República. Aquí no estamos haciendo una crítica en cuanto a por qué se eligieron estas empresas, sino haciendo hincapié fundamentalmente en los términos de los contratos celebrados entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y estas empresas.

Según consta en el acta del 8 de marzo de 1988, "el Banco de la República mantiene créditos contra los frigoríficos por US$ 40:000.000. El BROU y la Corporación Nacional para el Desarrollo acuerdan negociar los créditos de los frigoríficos sobre la siguiente fórmula: el BROU transfiere a la Corporación parte de los créditos, por un total de US$ 18 millones, manteniendo al cobro contra los frigoríficos los US$ 22 millones restantes. A cambio de los créditos que transfiere la Corporación, el BROU recibe acciones de esta por un valor nominal equivalente a US$ 7,5 millones, de tal forma que el BROU aumenta su participación accionaria en la Corporación por este concepto. El BROU reconoce una quita de US$ 10,5 millones, que es la diferencia entre el valor nominal de los créditos que entrega y el valor nominal de las acciones que recibe a cambio".

La pregunta que nos hicimos en el informe es: ¿cuál es el precio de estas dos empresas que conjuntamente mantienen una deuda de US$ 40:000.000 y tienen patrimonio negativo? Parecería que el precio debería ser cero. Sin embargo, los ex accionistas logran obtener algo a cambio en este negocio: enajenan las acciones a cambio de una expectativa de recompra futura de ellas en la medida en que los frigoríficos produzcan utilidades. En una palabra, si los frigoríficos daban pérdidas, los ex accionistas no recompran las acciones. Y si la Corporación se queda con los frigoríficos, se queda con las pérdidas. Así era el negocio. Se trataba de un negocio bastante complejo en que una deuda de US$ 40:000.000 se transforma en una de US$ 22:000.000, por lo que el Banco de la República y la Corporación asumen pérdidas por US$ 18:000.000.

Pudo haber sido un buen negocio para los vendedores. Sin embargo, los frigoríficos en poder de la Corporación no hicieron más que acumular pérdidas. Acá hago referencia a uno de los dos colegas que la Comisión tuvo que convocar. Me refiero al señor Diputado González Álvarez, ex Director de la Corporación, y al señor Diputado Abdala. Ellos concurrieron por voluntad propia y sin necesidad de realizar ningún tipo de trámite político, lo que habla muy bien de los colegas. El ex Director González Álvarez sostenía: "ese contrato era un sueño, una ilusión. No nos olvidemos que estas empresas habían perdido US$ 40:000.000 o más, cuando estaban en manos de los ex accionistas. Hace años que perdían; en los frigoríficos en general, vemos que son muy grandes las pérdidas de estas y de otras plantas. Entonces, en ese momento se hace un contrato. Yo digo que tal vez era un sueño, una ilusión, una expresión de deseo: que a estos frigoríficos, al eliminarles los pasivos importantes, les iba a ir bien, ganarían mucho dinero, tendrían utilidades, y con ellas se formaría un fondo con el que los ex accionistas comprarían de vuelta las acciones y volverían a ser los dueños del frigorífico". En una palabra, ese sueño para el Estado termina siendo una especie de pesadilla, porque se hace cargo de una enorme cifra que luego analizaremos.

El ex Director Mauricio Geppert expresó "que para entrar en los frigoríficos habían solicitado un proyecto de inversión que fue presentado por el Cr. Buchelli y que decía que en los años seis, siete y ocho del proyecto se iban a generar utilidades.- En función de esa expectativa se les otorgó a los ex accionistas la posibilidad de recomprar las empresas con un fondo proveniente de las utilidades futuras de las empresas. ¿Cómo se formaba el fondo de recompra?" -pido especial atención a este punto- "Si los dos frigoríficos daban utilidades primero había que destinarlas a cubrir las pérdidas acumuladas. Si estas se habían cubierto, con el excedente los frigoríficos debían pagar a la Corporación una especie de interés entre el 7% y el 10% calculado sobre US$ 7,5 millones [...] Este interés no era acumulable, por lo que si en un año no había utilidades, al año siguiente los frigoríficos no debían nada por este concepto.- De las utilidades remanentes después de esto, se destinaba un 50% a formar un fondo de recompra. De este 50% se deducía en primer lugar el 5% destinado a retribuir al BROU por el pasivo de US$ 2 millones referido antes".

Todo esto supuso que los ex accionistas tuvieran en el futuro un papel protagónico. ¿Por qué? ¿Qué recibía la Corporación a cambio de otorgar ese derecho de recompra a los accionistas? Según el contador Mauricio Geppert, "los ex accionistas aportaban el gerenciamiento de los frigoríficos. Acá el enfoque era: estos accionistas tenían como retribución que iban a poder continuar con el 'management' de los frigoríficos... Entonces, el precio pagado (por el management) fue precisamente que ellos pudieran tener derecho a una parte de las superutilidades". Los ex accionistas tenían sueldos importantes de US$ 3.000 o US$ 4.000 por mes por mantenerse en el Directorio. Cabe preguntarse: ¿no era esta la retribución del "management"? El economista Horta fundamenta: "En ese momento se entendió -tal como fue expresado en la sesión anterior a la que concurrimos- que como la Corporación desconocía muchos de los frigoríficos era bueno que se mantuvieran aquellas personas que entendían del negocio y tenían los contactos". Los que tenían el contacto y los negocios eran los que tenían un pasivo de US$ 40:000.000, que terminó en US$ 22:000.000 y que después lo siguieron gestionando por US$ 3.000 o US$ 4.000 por mes por casi nueve años. La sola exposición de estas cifras habla con absoluta claridad de lo que significó este contrato para el bolsillo y la recaudación del Estado.

Más adelante se dice: "Cuando estos frigoríficos entraron en la Corporación, uno de los pasivos ocultos eran fuertes deudas con el BPS. Me refiero a deudas millonarias en dólares que, por supuesto, no están registradas en el pasivo que tenían con el BROU, pues eran deudas que tenían con el BPS. En realidad, los frigoríficos en manos de la Corporación no podían dejar de pagar al BPS. Algo que sí hizo la Corporación fueron convenios a largo plazo con el BPS, aunque quienes compraron estos frigoríficos no quisieron tener nada que ver, y me consta que la Corporación pagó al BPS muchos centenares de miles de dólares con cargo a las deudas anteriores". Cuando se hizo el contrato no se estableció ninguna cláusula de garantía sobre la eventualidad de que existieran pasivos ocultos. No hubo ningún cruzamiento del Estado entre todas las deudas a que hacemos referencia. Por eso, la posterior modificación del convenio y la liberación de garantías significó todo esto para el Estado uruguayo.

El economista Roberto Horta, que presidió la Corporación y era quien debía modificar este contrato firmado en los términos en que fue firmado por el Directorio anterior, dijo: "Nos sentamos en una mesa a negociar entre alguien que tenía un derecho contra algo y alguien que quería negociar ese derecho para poder liberarse de esa situación. La Corporación hizo una buena negociación porque hizo jugar un terreno que tenía el Frigorífico Canelones lindero a la planta, que no era de su propiedad sino de los ex accionistas y que se utilizaba para que el ganado pastara antes de la faena. Como ese terreno era propiedad de los mismos dueños del frigorífico, siempre fue utilizado de esa manera. Negociamos y los ex accionistas venden a la Corporación ese terreno como parte de esa negociación para deshacer el convenio de 1988". ¡Vean qué fabuloso negocio ese terreno lindero como parte de una negociación en la que solo el Estado se había metido y que tuvo estas consecuencias! Y agregamos un dato no menor y es que, de acuerdo con la modificación del convenio firmado el 4 de octubre de 1991, ese campo lindero a la planta, que era propiedad de los Ameglio, ya estaba hipotecado a favor del BROU, por lo que los ex accionistas no hicieron más que entregar un bien del cual ya no podían disponer libremente. El Estado en ninguna circunstancia cruza información y bajo ningún concepto obtiene beneficios.

En síntesis -podríamos extendernos mucho más en esto-, la Corporación Nacional para el Desarrollo asumió los paquetes accionarios de los frigoríficos Canelones y Colonia como forma de capitalización por parte del Banco de la República. Se trataba de dos empresas fuertemente endeudadas que durante un tiempo estuvieron en manos de la Corporación y en ese período siguieron con importantes pérdidas. De hecho, al final de la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en los frigoríficos se verificó una pérdida para este organismo que ascendió a más de US$ 33:000.000. Por su parte, el Banco de la República Oriental del Uruguay, que mantenía créditos contra ambos frigoríficos por US$ 40:000.000, terminó aceptando una quita equivalente a US$ 28:000.000. Por lo tanto, la pérdida para el Estado uruguayo por estos conceptos -no está incluido lo relativo al Banco de Previsión Social- fue la friolera de US$ 61:000.000. Ni hablar de que mientras el Estado perdió lo que perdió, los ex dueños del frigorífico estuvieron cobrando durante mucho tiempo honorarios por aproximadamente US$ 3.000 mensuales. Además, al no aplicarse la cláusula de recompra, negociando nuevamente un contrato, lograron salvar gran parte de sus bienes. Por lo tanto, el Estado perdió, perdió y perdió.

No vamos a hacer referencia a El Mago, otro emprendimiento que a todas luces era perdidoso para el Estado. Sí vamos a hacer una breve mención -porque del tema se ocuparán otros compañeros- a Migranja S.A., que constituyó una especie de "ejemplo", entre comillas. Lo haré desde lo que fue el impacto del modelo de Migranja para la producción nacional, para el agro y para el departamento que representamos, Canelones. Se sostenía que Migranja era un emprendimiento modelo que significaba un gran aporte para el país. Sin embargo, fue un gran dolor de cabeza, una preocupación constante, un sufrimiento muy grande para miles y miles de productores, para cientos de productores de Canelones y de otros departamentos, porque competían con el perfil de la granja nacional y gran parte de su producción terminó siendo volcada a ella.

Debemos decir que el Estado invirtió en un proyecto que inicialmente venía con apoyos internacionales, con apoyo privado. De una inversión que originalmente era de US$ 19:000.000, el Estado uruguayo terminó poniendo US$ 1:000.000. Cuando lleguemos al final de esta historia veremos que, aunque se decía que Migranja era un emprendimiento con grandes potencialidades, se perdió mucho pero mucho dinero.

Es más: el Estado uruguayo durante nueve años tuvo la posibilidad de salir de esta inversión; durante nueve años tuvo otro tipo de opciones. Ante la pregunta de qué pasó con todo lo que se invirtió, el economista De Brun expresó: "Se perdió todo, y la Corporación se quedó con la deuda". Se trata de una deuda que hasta hoy nos sigue doliendo. Se tomaron decisiones con horizontes de inversión muy pero muy elevados, imposibles de cumplir; hubo errores a la hora de planificar hasta el riego; hubo errores a la hora de determinar el perfil de la empresa; hubo errores determinantes a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, se llegó a decir que se podían sacar unas 28.500 toneladas por hectárea, cuando era obvio que no se podía sacar más de 11.000 o de 12.000 como promedio.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)

——Para finalizar -y me queda una cantidad enorme de cosas por decir- señalaré dos aspectos con relación a Migranja. Uno de ellos es que nos quedó mucho por saber, porque en el caso de Migranja existió una vinculación económica del señor Apariquián con empresas como CORFRISA, con la que comercializaba. Lamentablemente, no pudimos investigar esto por ciertos elementos sobre los que es imposible profundizar y que, sin duda, hicieron que este emprendimiento implicara, por lo menos, un déficit de US$ 13:000.000 para la Corporación. Si a esto le sumamos lo relativo al Banco de la República Oriental del Uruguay, se alcanza un déficit para el Estado de US$ 22:000.000, en una inversión total de US$ 44:000.000. Si ese dinero hubiese sido invertido en la granja nacional o en otra clase de emprendimientos en materia de producción de agro, otro gallo cantaría.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——No nos vamos a referir a otras empresas, como VIBOBUSA, porque no nos da el tiempo; quizás solicitemos una interrupción a algún colega o compañero para hacerlo. Evidentemente, para el Estado uruguayo este fue un emprendimiento ruinoso y se necesitarán en el futuro medidas para su seguimiento; será preciso legislar al respecto y enviar una serie de antecedentes a la Justicia, la que tiene que tomar nota de este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: tengo la sensación de que hay un libreto escrito de antemano y de que cada uno de nosotros -dicho con todo respeto- desempeña el papel que se le asignó, sin que nadie vaya a persuadir a nadie.

Hemos escuchado una interesante exposición del señor Diputado Mahía por espacio de una hora y le quedó -como nos decía- mucho por decir. Todos sabemos -repito- que, como están las cosas, nadie va a convencer de nada a nadie.

Los legisladores del Partido Colorado que integramos la Comisión hemos elaborado un informe que ha sido oportunamente distribuido, por lo que me parece superfluo darle lectura. Nos limitaremos a compartir algunas reflexiones improvisadas.

El informe comienza con una frase que escribió Kelsen, el gran constitucionalista y, más aún, filósofo del derecho: "El derecho es el lenguaje del Estado", y se refiere por supuesto al Estado democrático, al Estado de derecho.

Tenemos que volver al punto de partida: la Cámara de Diputados no tiene la facultad de investigar personas públicas no estatales. ¿Por qué? Porque la Ley Nº 16.698, que en una disposición incluía esa facultad de investigar personas públicas no estatales, fue vetada por el entonces Presidente Lacalle, por razones que se pueden compartir o no. Se entendía que la posibilidad de investigar personas públicas no estatales, en las que quizás participara el capital privado, podía perturbar el funcionamiento de la institución.

Lo que importa ahora no es replantear esa discusión, sino que ese veto no fue levantado por la Asamblea General. Si bien nadie es el dueño del derecho ni de su interpretación, desde nuestro modesto punto de vista, así como dos más dos son cuatro, la manifestación del Poder Legislativo al no levantar ese veto fue que la Cámara no puede investigar personas públicas no estatales, como es el caso de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Tengo el honor de poder decir que cuando desarrollamos ese argumento en este recinto el día en que se aprobó la creación de la Comisión Investigadora, Diputados de otros partidos políticos reconocieron, en distinto grado, que la argumentación jurídica tenía lo suyo, pero debido a la disciplina partidaria y a otro tipo de consideraciones, igualmente se votó.

Adviertan lo que son las cosas. Si las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, las anteriores y las actuales, no hubieran colaborado con la Comisión, aquí no pasaba absolutamente nada.

Sin embargo, en el informe del Encuentro Progresista-Frente Amplio y del Partido Independiente, en uno de los primeros puntos se dice que la documentación llegaba en forma fragmentaria, etcétera, es decir, que era de difícil obtención, sugiriendo que había poca colaboración. Eso es injusto. En este sentido, quiero decir que tenemos aproximadamente dos metros de documentación, pero si la Corporación no hubiera mandado nada, no habríamos podido hacer nada, porque creo que ningún Juez hubiera obligado a una persona pública no estatal a suministrar algo a esta Comisión Parlamentaria Investigadora. Me refiero tanto a las actuales autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo como a las anteriores, desde su creación, que vinieron todas las veces que se requirió su presencia, a quienes se sometió a interminables interrogatorios y debieron vivir a veces la angustia de lo que significa la comparecencia a una Comisión Investigadora expuesta a la luz de los reflectores de la opinión pública durante tantos meses. Por lo tanto, lo menos que podríamos hacer en los respectivos informes es reconocer el hecho de que voluntariamente suministraron la documentación, vinieron y colaboraron con una Comisión que no tenía derecho a hacer nada de lo que estaba haciendo.

Además, una ilegalidad trae otras. La ley que rige el funcionamiento de las Comisiones parlamentarias establece que no se pueden investigar personas de derecho privado. Ya en la Comisión Preinvestigadora expresamos la inquietud en cuanto a cómo se iba a investigar al barrer...

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BERGSTEIN.- Por tratarse del señor Diputado Chifflet, voy a hacer una excepción, pero después no voy a conceder más interrupciones para poder desarrollar mi argumentación.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: al comenzar su exposición, el señor Diputado Bergstein nos convocó a la reflexión. De la exposición escrita del señor Diputado que figura en el repartido y de lo que está señalando ahora saco una primera reflexión para esta Cámara y también para las futuras. Me refiero a la necesidad de que se dicten normas para facilitar la tarea de las Comisiones Investigadoras.

He refrescado mis conocimientos sobre estos temas con algunos asesoramientos jurídicos. El artículo 120 de la Constitución establece: "Las Cámaras podrá nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos".

En 1992, la Cámara de Representantes analizó un proyecto que venía de la Cámara de Senadores, que contó con el apoyo de los señores Senadores Korzeniak y Aguirre, de los señores Diputados Mallo y Díaz Maynard, de diversos juristas y de gente versada en derecho. Para evitar los problemas que se suscitan cada vez que se designa una Comisión Investigadora, se aprobó esa ley. Luego, al barrer, vino una serie de vetos. A tal punto fue así -podría desarrollar esto a fondo- que el ex Senador Gonzalo Aguirre dijo que con el veto del Poder Ejecutivo -que no fue levantado; fue enviado en verano, transcurrió el plazo en diciembre, enero y febrero y, naturalmente, quedó vigente- se barrieron los poderes de las Comisiones Investigadoras. El ex Senador Gonzalo Aguirre dijo claramente que el Parlamento había quedado prácticamente sin poderes. Señaló: "Estas" -se refiere a las Comisiones Investigadoras- "no podrán, por ello, requerir de una autoridad estatal la presentación de informes o documentos, citar a ella o a sus funcionarios, así como a particulares, en calidad de testigos, ni solicitar a un juez, con las garantías para que este decida con plena independencia, la práctica de un allanamiento en edificios estatales o el levantamiento del secreto bancario".

Las Comisiones Investigadoras ya tenían todas las trabas; las siguen teniendo. La primera reflexión que yo expongo ante la Cámara -estoy seguro de que desde otros sectores voy a tener apoyo en ese sentido- es que hay que contar con disposiciones que autoricen a las Comisiones Investigadoras a realizar una investigación a fondo; si no, todas terminarán en la Justicia.

De los 56 artículos que se habían aprobado en el proyecto, se barrieron 22, y la conclusión -comentó el doctor Gonzalo Aguirre- es obvia: si el Parlamento decide una investigación en la Aduana o en la Dirección General Impositiva -señaló algunos otros institutos-, el Poder Ejecutivo puede decidir que el asunto sea secreto y liquidará, en consecuencia, toda investigación y las posibilidades del Parlamento. Esto, además de ser inconstitucional, era muy grave, porque lo que el artículo 120 no distingue, no puede hacerlo el intérprete. El artículo dice que las Cámaras podrán nombrar Comisiones Investigadoras, pero no dice lo que se pretende sostener por el Poder Ejecutivo, es decir, que podrá investigar, si el Poder Ejecutivo lo permite, respecto a los asuntos de tales o cuales Ministerios.

Quería agregar algunos datos simplemente sobre un aspecto que trata en su informe el señor Diputado Bergstein y que me parecen muy importantes, sobre todo para dejarlos expuestos hacia el futuro. Desde luego, me referiré después -en algunos minutos de los que pueda disponer, según el Reglamento- a los informes que llegaron a la Comisión y a la manera en que llegaron.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: nosotros estamos de acuerdo con muchas de las manifestaciones del señor Diputado Chifflet. Por eso el Partido Colorado había solicitado y propuesto que, en lugar de una Comisión Investigadora, fuera una Comisión con fines legislativos para, de una vez por todas, definir si se investigan o no las personas públicas estatales. Además, en cuanto a las actuaciones secretas, debo decir al señor Diputado Chifflet que hubo una ley posterior a la Nº 16.698, que derogó las disposiciones que se referían al secreto de las actuaciones de las Comisiones Investigadoras.

Pero importa señalar -en eso estábamos cuando tuvo lugar la intervención del señor Diputado Chifflet- que la ley de las Comisiones Investigadoras parlamentarias establece en su artículo 6º que las Comisiones de investigación solo proceden cuando se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes, lo cual no fue el caso. Acá la irregularidad o ilicitud fue una pérdida a la cual luego nos vamos a referir.

En el artículo 7º, que se refiere a las Comisiones con fines legislativos, hay algo muy interesante. El artículo 26 de la Ley Nº 16.698 dice: "Las personas de derecho privado no pueden ser objeto de investigación en los términos indicados en el artículo 6º de la presente ley". Quiere decir que aquello que se decía en el sentido de que las Comisiones de investigación intervienen cuando se hayan denunciado irregularidades o ilicitudes, no corre cuando se trata de personas de derecho privado. Pero ¿qué dice después el artículo 26? Dice: "Cada una de las Cámaras podrá, en cambio, designar Comisiones con fines legislativos (artículo 120 de la Constitución), en los términos del artículo 7º, para analizar situaciones o actividades de carácter privado que, por su relevancia, afecten el interés general". Lo que quiero decir es que las Comisiones con fines legislativos tienen más facultades legales que las Comisiones Investigadoras.

El artículo 23 de la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo -algo que al parecer hemos olvidado en la Comisión Investigadora- establece que en la contratación con terceros la Corporación se regirá por el derecho privado, con las excepciones que se determinan. Este artículo 23 fue reglamentado por el Decreto Nº 247 de 1987. A pesar de todo eso, más de una vez la Comisión Investigadora siguió de largo como si esas disposiciones no existieran. Debo decir que los integrantes colorados de esta Comisión más de una vez cerramos los ojos y levantamos la mano para votar, para que no se nos fuera a imputar que estábamos entorpeciendo una investigación que comenzó muy mal. Como se trataba de una Comisión encargada de investigar al barrer acerca de todo lo que había hecho la Corporación Nacional para el Desarrollo desde 1986 hasta 1999, alguno de nosotros -es mi caso- no sabíamos para dónde rumbear y pedíamos interminables documentaciones para ver si por ahí estaba la punta de la madeja. Insisto: el pedido de la Comisión Investigadora se basaba, en esencia, en las pérdidas de la Corporación.

Debo decir que las primeras sesiones de la Comisión fueron más ríspidas y luego el trabajo se hizo más solidario y se fue creando un buen ambiente entre sus integrantes, quienes nos conocimos más después de un año de trabajo. Aprovecho para subrayar la ecuanimidad de la cual hizo gala la Presidenta de la Comisión, señora Diputada Saravia Olmos, que para mí fue un modelo que no me atrevería a igualar si me hubiera tocado presidir la Comisión. Fue de una ecuanimidad puntillosa y en los casos dudosos siempre se inclinó por aquella solución que seguramente no coincidía con sus convicciones internas.

Lo que quiero decir es que dimos una muy mala señal en el arranque; y los hechos, las incoherencias de las que nosotros mismos hicimos gala, confirmaron ese mal arranque. Hoy hemos llegado hasta aquí y recién hemos escuchado una danza de millones sobre las pérdidas de la Corporación, que nos obliga a realizar alguna reflexión.

Vamos a suponer que a la hora de evaluar el trabajo de la Corporación tenemos que tomar los balances, sumar y restar. Sobre eso queremos hacer algunas puntualizaciones. El artículo 11 de la ley que crea la Corporación establece que tiene los siguientes cometidos -los voy a mencionar en forma resumida-: incentivar el desarrollo empresarial con participación de los privados, favorecer la creación de empresas, fortalecer las existentes y participar en su capital, colaborar en la ejecución de las políticas económicas sectoriales, analizar campos para nuevas inversiones, preparar proyectos de inversión, promover estudios de mercado, fomentar la investigación, expandir el mercado de valores, promover la racionalización de los procedimientos de administración empresarial -todo eso que parecería propio de un instituto de investigaciones- y promover el desarrollo científico y tecnológico nacional. En esta extensa, minuciosa e interesante disposición que es el artículo 11 no se habla de lucro, de ganancia. Cuando dijimos aquí que habría sido raro que la Corporación por distintas circunstancias hubiera ganado dinero, se levantó una tormenta. Se nos preguntó cómo teníamos la osadía de decir eso. Pero es así, señor Presidente. Además, ¿de dónde surgen las empresas en las que la Corporación empezó a invertir? De una lista que le dio el Banco de la República. Eso lo explicó con diáfana claridad el primer Presidente de la Corporación, contador Vispo, en la Comisión Investigadora. Dicho sea de paso, en esta lista no estaban la Coca-Cola ni el Citibank. Se incluían empresas con un pesado endeudamiento con el Banco de la República. Quiere decir que eran empresas que desde el vamos ya venían con una situación compleja y al empresario privado, supuestamente experto en la materia -esa caballería andante que tiene que mover la sociedad moderna-, las cosas no le habían rodado bien, por lo que se buscaba la participación de la Corporación para darles una inyección financiera. Entonces, ya arrancaban con una situación complicada.

Además, el aporte que hacía el Banco de la República -accionista de la Corporación- a esas empresas -lo que llamamos en el informe inversiones direccionadas- era, por lo menos parcialmente, la deuda de la empresa con dicho banco. O sea que se capitalizaba la deuda. Se me podrá decir que eso no tiene nada que ver. Estimado señor Presidente: esta plata ya estaba perdida de antes. De arranque, a la pérdida de esos US$ 43:000.000 al año 1999 por parte de la Corporación, tenemos que sacarle por lo menos un 20%. Me refiero a esas empresas que tenían pérdidas más grandes, como los frigoríficos Tacuarembó y Colonia y El Mago, donde se concentró el 70% u 80% de la pérdida total de la Corporación. Las deudas capitalizadas con el Banco de la República ascendían a 43% y si bien representaron una pérdida para la Corporación, son una ganancia para el Banco de la República. Vamos a decir la verdad. No somos fiscales ni abogados defensores de la Corporación, del Banco de la República ni del Ministerio de Economía y Finanzas; somos legisladores. ¿Qué aportamos los legisladores? La visión de conjunto. El IVA que agregamos al producto es esa visión global de la sociedad y del comportamiento de sus agentes económicos. Con todo respeto debo decir que si el Banco de la República o la Corporación Nacional para el Desarrollo pierden un dólar, para mí es lo mismo o parecido: es la sociedad uruguaya la que pierde ese dólar. Entonces, empecemos a reconocer y a decir las verdades enteras, la parte que nos sirve para apoyar nuestros argumentos y la que no nos sirve. Sí hubo pérdidas en estas empresas, pero mucho menores que las que se dice; por lo pronto, tenemos que hacer la primera quita de este 20%. Inclusive, en la pérdida aquí mencionada se agregaron US$ 40:000.000 que le debe el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos toda la documentación arriba de la mesa de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas sí reconoció en cuanto a esa deuda pendiente. Y con respecto al asunto de Agolán, que se incluyó como pérdida, la deuda con relación a esta empresa ya se pagó, pero también se habló de la pérdida adicional que generaba.

Estamos hablando de un instituto, como establece la ley, creado para incentivar el desarrollo productivo del país. Como dijo el contador Vispo, ¿cuáles son los criterios para elegir a las empresas de la lista? Que sean empresas del interior -con una sola excepción que fue El Mago, que era de Montevideo-, que tengan mucha mano de obra incorporada y tecnología de punta -lo cual era muy importante- y que contribuyan a abrir mercados para diversificar la oferta exportadora. Voy a poner un ejemplo al pasar, en esta improvisación desordenada con la cual estoy haciendo abuso del tiempo del Cuerpo.

El año pasado, en el Uruguay se produjeron cerca de 100.000 toneladas de manzanas. Yo pregunto si los 3:200.000 uruguayos podríamos comer 100.000 toneladas de manzanas en el año. Aunque no comiéramos ninguna otra cosa, estaríamos muy lejos de esta cifra. Pero ¿qué pasó? Pasó que existió Migranja, que inventó la exportación de la fruta uruguaya y, para poder tener un pedacito del mercado, cometió errores, perdió dinero y pagó derecho de piso.

Es verdad lo que manifestó el señor Diputado Mahía acerca de los errores cometidos con el riego; creían que alcanzaba con el arroyo tal, y no alcanzó. Al final tuvieron que terminar en el Río de la Plata y eso costó un platal, que no se había previsto originalmente.

Pero si hoy un granjero va a solicitar asistencia al PREDEG -Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja-, antes de empezar a hablar, antes de pedirle su nombre, le preguntan si solucionó el tema del agua. Esto se aprendió gracias al derecho de piso que pagó Migranja.

¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil hablar de pérdidas y de ganancias sin tener en cuenta infinidad de imponderables.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Guarino)

——El señor Diputado Perdomo tuvo un día la inspiración de pedir informes acerca de cuánto se había pagado por parte de la Corporación a la DGI y al BPS a lo largo de su actuación y llegamos a una cifra, señor Presidente, de alrededor de US$ 150:000.000. Algunas de estas son las siguientes aportaciones: del grupo Corporación Nacional para el Desarrollo, US$ 51:000.000 y fracción; aportaciones vinculadas a pequeñas y medianas empresas, US$ 90:000.000 y fracción; aportaciones a empresas que ya no pertenecen al grupo, US$ 8:000.000 y fracción. Si es más que toda la pérdida...

Hagamos de cuenta que al señor Diputado Perdomo no se le ocurrió pedir información y no tenemos el dato. Vayamos a otro aspecto. Resulta que sí se nos ocurrió un día pedir a la Corporación la información sobre cuántos empleos se generaron en las empresas que trabajaron para ella durante ese período; es decir: durante el período en que la Corporación estuvo asociada a estas empresas y a las pymes, ¿cuánta gente trabajó y llevó el jornal a su casa?

Nosotros, los que estamos acá, sabemos que el problema del empleo que afecta a la sociedad uruguaya es tan terrible que todo lo que se diga es poco -lo estamos viviendo todos los días en nuestros ámbitos de acción política, y uno quisiera hacer algo que no puede-, y sabemos que esa denostada Corporación Nacional para el Desarrollo -que hoy para sectores de la opinión pública es una mala palabra-, durante su tiempo de actuación, generó, incluyendo las pymes, 43.333 empleos.

Entonces, si me pongo a pensar que en el departamento de San José, donde se encuentra Migranja, quizás sea la única fuente de empleo; que cuando alguien habló de que a lo mejor había que cerrar el frigorífico Colonia, el Diputado por Colonia, que era un muy importante sindicalista, en aquel momento en la Comisión respectiva exigió, en términos perentorios, que se diera la tranquilidad de que ese frigorífico no se cerraría, porque había una zona del departamento que vivía del frigorífico Colonia; que con el Frigorífico Canelones ocurrió lo mismo, y que en El Mago, que exportaba la vestimenta a los Estados Unidos, trabajaban ochocientas personas, uno se pregunta: ¿perdió realmente la Corporación Nacional para el Desarrollo?

En Israel, una empresa de alta tecnología quería instalarse e hizo una especie de subasta entre tres o cuatro países. Israel ganó la subasta. Se trataba de fabricar microchips -un componente de alta tecnología- para exportar a todo el mundo. Para ganar esa subasta, el Gobierno de Israel no solamente les dio el terreno y los exoneró de todo tipo de gravámenes impositivos, sino que les dio un préstamo no reintegrable, creo que de US$ 500:000.000. ¿Y saben por qué? Porque esta empresa creaba cinco mil puestos de trabajo y pagaba por encima de la media salarial en ese país que, dicho sea de paso, tiene una media salarial respetable. Entonces, se hizo esa enorme inversión para el desarrollo productivo. Y eso lo hacen muchos países del mundo; lo hacen Chile, Taiwán, lo hacen países que tienen una visión moderna.

Cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo entró a El Mago, el sindicato la recibió con una huelga por tiempo indeterminado. Estaba equivocado y no entendió cuál era su verdadero adversario, que era el obrero de Bangladesh, que trabaja por US$ 20 la hora.

Además, se enfrentaron a un problema inesperado: cambió la moda, y no se usaron más sacos; se usaban trajes. Entonces, recordé lo que se veía en las películas de televisión y observé cómo los ejecutivos no visten más de saco sport y pantalón -como solíamos vestir hace años-, sino con traje. Había cambiado la moda y había que ponerse a hacer pantalones.

Esto trajo aparejado el problema de si se tercerizaba la pantalonera o se expandía la empresa. En esa disyuntiva El Mago perdió mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos estar sentados en nuestras "cómodas" -entre comillas- poltronas y pontificar sobre si había que cerrar o no tal o cual empresa. Lo primero que quiero preguntar es si aquí somos muchos los que estamos en condiciones de opinar acerca de esos temas, puestos en el lugar y momento de quienes tuvieron que tomar las decisiones. ¿Qué sabemos nosotros acerca de cómo manejar esas empresas? Yo no lo sé; yo no me animaría a ponerme al frente de una empresa de esas ni por un solo minuto y menos después de esa Comisión Investigadora, para que luego de quince años tengamos que ir a aclarar y a decir de qué nos acordamos y de qué no y por qué hicimos o no tal o cual cosa. ¡Por favor!

La experiencia de la Corporación no fue mala. ¿Que tenemos que cambiarla por la vía legislativa? Tenemos que cambiarla por la vía legislativa, pero ¿era necesario pasar por todo ese vía crucis por el que hemos atravesado este año?

Se habló acá del Tribunal de Cuentas, de que si había que auditar o no por parte del Tribunal, de los diez años en que no se enviaron los balances. Más aún: el informe del Frente Amplio y del Partido Independiente dice que se sustrajo la información al Tribunal de Cuentas, dando una intencionalidad que estaba totalmente fuera de cuestión, porque estábamos discutiendo el sexo de los ángeles. El señor Diputado denunciante reconoció que había dos bibliotecas. La Corporación recabó la información del catedrático de la materia, quien opinó que el Tribunal no debe auditar; solo visar. Y el Tribunal, con sus asesores, entendió que sí debe auditar para poder visar.

Lo único que puedo decir sobre eso -porque el hecho de que audite o no, no agregaría un solo peso, no modificaría la ecuación económica- es que el legislador, al crear la ley sobre la Corporación, tuvo muy claro qué es auditar y qué es visar. Y en un artículo establece que la Corporación recabará las auditorías internas y externas -y así lo hizo en forma rotativa-, y en otro artículo habla del visado del Tribunal de Cuentas, lo cual, a mí, abogado al fin, me hace pensar que a los ojos del legislador de entonces -es lo que dice la letra de la ley- hay dos conceptos distintos: auditar y visar.

El Tribunal de Cuentas entiende -también con sólidos argumentos- que hay una conexión teleológica, que no puede visar si no audita primero. Y al final, las actuales autoridades de la Corporación, es decir, las que asumieron después del año 2000 -y aquí quiero aclarar algo: durante todos esos años la discusión fue pública, no fue una discusión entre bambalinas, en que alguien quisiera esconder algo; realmente, más de una vez en la prensa podíamos recoger elementos de esa discusión-, y el economista De Brun, nos explicaron en la Comisión -porque se les preguntó- que durante diez años hubo dos criterios y no se mandaron los balances, que, dicho sea de paso, venían al Poder Legislativo.

Olvidaba mencionar un aspecto relevante.

La ley dice que el control administrativo de la Corporación lo tienen el Poder Ejecutivo y el Senado. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República aprobaban los balances y los mandaban al Tribunal para el visado, que no lo hacía; se recogían la auditorías externas y venían al Senado todos los años. Y el Senado nunca dijo nada, teniendo todas las oportunidades de hacerlo. ¿Y por qué lo mandaban al Senado? Porque era lo que decía la ley. Si la ley no sirve, modifiquémosla. A mí siempre me llamó la atención por qué solo lo hacía el Senado. Bueno, sería un argumento para que yo estuviera en el Senado y no en la Cámara de Representantes,...

(Hilaridad)

——...pero las cosas no son así. Entonces, estamos en la Cámara de Representantes.

Pero observen lo que nos dicen las actuales autoridades de la Corporación: la situación tuvo alguna modificación en el último Directorio presidido por el contador Aldo Bonsignore, quien declaró ante esta Comisión lo siguiente: "'el tema del Tribunal de Cuentas creo que está laudado. No es que se haya dado la razón o no a alguien, simplemente fue un tema que se prolongó en el tiempo y creo que no tenía sentido la situación, la controversia que se había planteado. Fue una controversia que desde el punto de vista legal se pudo haber resuelto antes porque el Senado durante estos diez o doce años'" -observe, señor Presidente- "'tuvo posibilidades de laudar el tema y no lo hizo... pero tampoco parecía ser un tema central, el Senado pudo haberlo resuelto y no lo hizo en su momento'. (página 7, sesión de 14 de marzo).- Por su parte el Director, escribano Julio Gemelli, señaló que al asumir el economista Julio De Brun tomó a su cargo realizar gestiones para solucionar el diferendo y permitir el ingreso del Tribunal de Cuentas para realizar la visación.- Aclaró que 'esto no es menor, porque no se cambió el criterio, lo que se pidió al Tribunal fue que visara los estados contables... el Tribunal solicitó tener acceso a la documentación... la Corporación le respondió que si iba a visar los estados contables podía tener acceso a la documentación. Así se soslayó, como bien decía el señor Presidente, una discusión de más de diez años. Entonces no se auditaba, se accedía a la documentación... para poder realizar la visación' (página 10, sesión de 14 de marzo).- En la misma línea el Director de la Corporación, señor Garat, señaló que el Directorio fue quien invitó al Tribunal de Cuentas 'a través de una negociación muy trabajosa para que'" se solucione el tema.

Continúo leyendo: "Actualmente según manifestó el Presidente de la Corporación se mantiene una 'discrepancia con el Tribunal, que aún no hemos resuelto, acerca de si la visación incluye o no la emisión de un dictamen'.- Con respecto al informe del Tribunal de Cuentas los Directores de la Corporación señalaron que el trabajo con el Tribunal no ha sido una tarea sencilla en virtud de la naturaleza jurídica de la Corporación" -es un tema legal muy complicado- "y la necesidad de solicitar, de acuerdo a los requerimientos del Tribunal, a más de veinte empresas que hoy integran el grupo que ajusten sus procedimientos, no 'a los procedimientos de empresas privadas a los que están acostumbrados, sino a los requerimientos del Tribunal de Cuentas que es un organismo que fiscaliza instituciones del Estado'".

O sea que cuando se hicieron las observaciones -fue el Tribunal de Cuentas- parecería que se hizo el humo blanco, y resulta que sus conclusiones "demuestran que no ha encontrado irregularidades aunque existan aspectos a corregir sobre todo en lo que hace a la documentación. Quienes hemos visto las observaciones del Tribunal de Cuentas en otros casos, o sus informes en otros organismos que son auditados año a año y por tanto pueden ir corrigiendo el rumbo, reiteramos nuestra conformidad por el dictamen obtenido por la Corporación. [...] El economista Julio De Brun recordó que los dictámenes no refieren a una gestión sino que versan sobre los estados contables, y estos pueden ser 'limpios' sin observaciones, o en el otro extremo señalar que no reflejan la situación patrimonial. La situación intermedia es la que se da en este caso en la que el auditor no pudo constatar valores importantes de los estados contables".

Se refiere al crédito que tiene la Corporación con el Ministerio de Economía y Finanzas de US$ 40:000.000, y públicamente dicha Cartera reconoció esa deuda. Entonces, a la pérdida que se mencionó antes, también hay que restar esos US$ 40:000.000, pero es verdad que no está debidamente documentada porque en los dictámenes del Tribunal hay una categoría intermedia. Una es blanca, otra es negra, y otra es que no hay suficiente documentación para pronunciarse. Y eso fue todo.

Entonces, tomar esa discusión, que para mí era sibilina, y convertirla en el gran tema -porque nos hemos pasado muchas sesiones volviendo sobre el tema decenas de veces, y se reitera hoy aquí- es algo que no me parece conveniente, ya que nadie va a convencer a nadie porque seguimos con ese diálogo entre sordos. Me parece algo absolutamente irrelevante.

Hace poco un legislador del Frente Amplio dijo que desde el retorno a la democracia habían llegado al Parlamento catorce mil o dieciséis mil observaciones del Tribunal de Cuentas y que la Asamblea General nunca hizo nada con ellas. Ahora resulta que por esa discusión acerca de si el Tribunal debía auditar o no, esto era la piedra del escándalo. Después hay algunos buenos amigos que se enojan con nosotros cuando decimos que si de algo estamos seguros es de que esa Comisión Investigadora no va a aportar prestigio al Parlamento.

Aquí hemos descripto un gran círculo, y si queremos despojarnos de todo ropaje político, deberemos salvar este instrumento que es la CND, porque ya le hemos hecho daño aun sin quererlo. Cuando se formó el Nuevo Banco Comercial se revocó una decisión inicial de confiarlo a la Corporación que, a lo mejor, era el ámbito natural, porque se dijo que si estaba sujeta a investigación parlamentaria, no se podía poner una institución tan necesitada de la confianza pública como el nuevo banco en esa órbita. A esa imagen negativa contribuyó en alguna medida, creo yo, esta Comisión Investigadora.

Entonces, hemos descripto todo un círculo ¿para terminar en qué? En que hemos llegado a un acuerdo que consiste en nombrar una Comisión con fines legislativos. El Partido Colorado lo pidió el primer día. Quizás, en nuestro informe, seamos más explícitos: si va a haber una Comisión legislativa, que refiera no solamente a la ley de creación de la Corporación, sino a las Comisiones parlamentarias de investigación. Yo estoy de acuerdo con el señor Diputado Chifflet, pero tenemos que rever cómo eso puede funcionar en la práctica. Si se va a crear esta Comisión, será de tal complejidad que necesitará de los expertos de primera línea que tenemos en el país -e, inclusive, del exterior- en este aspecto de la materia jurídica, si es que queremos hacer un trabajo en serio. Me gustaría que de antemano el Parlamento también evaluara si tiene los recursos necesarios para llevar adelante este trabajo, porque no debemos empezar a actuar bajo el signo de la improvisación ni de la semiimprovisación.

Señor Presidente: me propuse, como siempre, ser más breve que el señor Diputado Mahía. Evidentemente lo fui, porque él habló una hora y yo llevo cuarenta minutos, pero quiero terminar esta primera intervención -quizá haya otra- diciendo algo que me parece importante.

Nosotros, a esta altura de la vida, no estamos para encubrir a nadie. Y lo hemos dicho públicamente infinidad de veces en el trabajo de esta Comisión.

Si acá hubiera habido, no digo una prueba -porque, a veces, en estas cosas es difícil conseguirla, sino por lo menos algo que no nos cerrara, se podría haber generado alguna convicción, pero no apareció un solo elemento que pudiera socavar la confianza en la probidad de las actuales autoridades de la Corporación y de quienes integraron Directorios anteriores.

Acá se habló de trece millones; también se mencionan veintidós millones como pérdida de Migranja. Si usted me pregunta, señor Presidente -y si alguien quiere saber el porqué, me puede pedir una interrupción y le contestaré-, le voy a decir que en mis cálculos en Migranja se perdieron US$ 5:000.000; ni US$ 9:000.000, como decía el escribano Gemelli, ni US$ 13:000.000 y pico, como decía el señor Diputado denunciante, sino US$ 5:000.000. Y el privado, el que invirtió, el que involucró a la Corporación en ese mal negocio, ¿sabe, señor Presidente, cuánto perdió de su bolsillo? Más de US$ 20:000.000. Este hombre podía estar en un yate en el Mediterráneo, bajo el cielo azul y en el mar azul, tomando champaña, y en lugar de eso apostó al país. Hace unos meses estuve en Budapest, y el Cónsul Honorario de Uruguay me dijo: "Acá, la única presencia que salió del tema de la carne fue la de unos señores que me vinieron a ofrecer porque teníamos un problema de marketing, de esto y de lo otro". Y este señor perdió US$ 20:000.000 de su bolsillo y no conozco a ninguna otra persona en la República Oriental del Uruguay que haya perdido una cantidad como esa. Si acá uno hace una empresa y se endeuda con el Banco de la República en una suma importante y muchas...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- ¡Que se prorrogue!

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Se va a votar.

(Se vota

——Treinta y nueve en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Agradezco al señor Diputado Bayardi; no esperaba otra cosa de él. De cualquier manera, no me quiero extender mucho.

La verdad verdadera es que nosotros somos de la vida privada, porque a nosotros la vida, o la doctora Reta, nos llevó al ámbito público a determinada altura de nuestra existencia; toda la vida pertenecimos al mundo real y seguimos con esa psicología. Un día, estando sentados en la sala de la Comisión Investigadora evaluando por qué tal empresa se cerró o no, quedé espantado; se lo tengo que decir. Un día encontré al neoliberalismo más ortodoxo instalado en la Comisión Investigadora cuando Diputados del Frente Amplio discutían por qué no se había cerrado El Mago o algún frigorífico.

Quiero decir que el período en el que la Corporación perdió más plata fue entre los años 1990 y 1994. El acumulado de US$ 47:000.000 de pérdidas -entre las que incluimos el 20% de los créditos capitalizados con el República- se discrimina así: en el primer período -de 1986 a 1989-, se perdieron US$ 6:000.000; en el segundo período -de 1990 a 1994-, US$ 44:675.069, y en el período 1995-1999, que fue en el que más se concentró la atención de la Comisión, por razones que no voy a entrar a prejuzgar, se perdieron US$ 2:874.689. Quiere decir que ese período fue en el que menos plata se perdió. Es verdad que después habría que acumular la pérdida de Migranja porque se vendió después de 1999; sea cual sea la pérdida, habría que incluirla ahí. De cualquier manera, por lejos, sigue siendo ese el período en el que menos plata se perdió. Sin embargo, es el que acapara la atención de la Comisión.

Entonces, ¿qué quiero decir, como colofón de todo esto? Primero, que no hubo ningún elemento que ponga en tela de juicio la probidad de los anteriores y actuales Directores de la Corporación. Creo que esto lo ha reconocido el señor Diputado denunciante dentro y fuera de la Comisión; nobleza obliga, hay que decirlo. Hay otras cosas de él que no me tienen tan entusiasmado, pero ha reconocido que esto no estaba en tela de juicio.

Es cierto que hubo un hecho que tiene apariencia delictiva: un funcionario de una ONG que se había apropiado de US$ 2.800. Cuando el incidente fue detectado, la Corporación mandó hacer una investigación para ver si ese hecho era aislado o si tenía antecedentes. Esa persona pidió un plazo de veinticuatro horas. Aclaro que no es una persona de mi Partido; figura en las listas de otro partido político. Decía que esa persona pidió veinticuatro horas, devolvió la plata y renunció al cargo. Se criticó mucho que las autoridades de la Corporación no hicieran la denuncia. Se trajo a colación que ese individuo tenía el estudio en la misma dirección que uno de los integrantes del Directorio de la Corporación. Esto es cierto; con lo que cuesta montar un estudio hoy día, es muy común que tres, cuatro o cinco profesionales se junten y monten una oficina para compartir los gastos, lo que no implica necesariamente ningún tipo de vinculación o solidaridad profesional entre ellos. Además, el Director de la Corporación que había tenido el estudio en el mismo local que este escribano, cuando ocurrió esta apropiación de US$ 2.800, ya hacía muchos años que se había retirado de allí. Tenemos en nuestro poder facturación de la actividad profesional de este Director, por ejemplo, del año 1997 y de antes también, en la que aparece un domicilio en la calle Brandzen, y esto aconteció mucho tiempo después.

Ese fue el hecho con apariencia delictiva que podría o no justificar mandar esto a la Justicia. Y yo digo que no. En primer lugar, esta persona no era un funcionario público. La Corporación se rige por el derecho privado en sus relaciones con terceros. Además, pasaron varios años y no dejo de preguntarme si vale la pena destruir la vida a esta persona. Creo que no formamos la Comisión Investigadora para evaluar este tipo de pérdidas, sino para las pérdidas millonarias. Y si pudiera imprimir a mi voz el timbre alado de los dioses -cosa que no puedo hacer-, pediría a mis colegas que recapacitaran un poco y que nos pusiéramos a trabajar en serio en esos temas en una amplia Comisión legislativa con apoyo de expertos, en lugar de ir por estos caminos semipolíticos, semijurídicos, como dice un memorable artículo de Juan Martín Posadas, publicado en el diario "El País", titulado "Investigar o perseguir": "Las comisiones investigadoras del Parlamento han existido prácticamente desde siempre pero, en los últimos tiempos, desarrollaron características de funcionamiento que desnaturalizan sus cometidos". No quiero seguir leyendo este artículo textualmente porque Juan Martín Posadas -que es una persona con quien he polemizado, a veces públicamente, en forma bastante dura, pero cuyo artículo comparto desde la primera hasta la última letra- se expresa allí sobre algunos aspectos que se adaptan a lo que pasó en la Comisión y su entorno, que nos los quiero mencionar. Allí hay una invitación a la ponderación: "Lo que pasa es que los integrantes de las investigadoras se han dejado llevar por una dialéctica de denuncia-acusación, lo que provoca, inevitablemente, la defensa y la disculpa. Si la actividad de estas comisiones se empecina en lo cinegético, en una lógica de cazador-presa, el asunto no tiene salida: es un juego de final tablas. Tiene un solo resultado seguro: el descrédito generalizado del sistema (acusador y acusado por igual). Si Ud. no me cree, pregunte un poco a su alrededor".

No tengo mucho más para agregar, señor Presidente. Podría hablar durante horas de cada uno de los episodios, de cómo fue que cuando ya estaba vendido El Mago a los japoneses y se firmó la carta de intención -fueron y vinieron, se hicieron estudios y demás-, un día llegó el Presidente de la empresa japonesa, que es una empresa mundial altamente reconocida, y dijo así -está la versión taquigráfica-: "Lo de los mercados me parece bien. La tecnología me parece bien. Hay un solo detalle al que nosotros no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a ese tipo de relacionamiento con el sindicato", y rescindieron la carta de intención. Ahí empezó el proceso de liquidación de El Mago, es verdad, con una importante pérdida. Dicho sea de paso, cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo cierra una empresa no es igual que cuando la cierra, por ejemplo, un empresario, porque después se ve a los trabajadores penando para cobrar sus haberes, y ya no hablemos del BPS o de la DGI. Cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo cerró esas empresas, pagó a todos los proveedores, pagó a todos los funcionarios hasta el último peso que se les debía y también al Banco de Previsión Social y a la DGI. Se trata de un proceso que cuesta millones de dólares.

Entonces, si queremos, tal como sucede, salvar a la Corporación Nacional para el Desarrollo, reconozcamos que el marco regulatorio es, por lo menos, muy confuso; reconozcamos que todos vamos a saber qué número sale mañana a la quiniela si leemos el diario de la semana que viene, pero otra cosa es ir tomando decisiones día a día en áreas tan aleatorias.

Hace un momento le comentaba al señor Diputado Mieres que hay una cosa de la Corporación con la que estoy en desacuerdo, en la que quizás se equivocaron. Me refiero al derecho de recompra que tenía el privado. Se tendría que haber hecho al revés. Lo que tendría que haber habido es un derecho de reventa de la Corporación y no un derecho de recompra del particular que está con la soga al cuello: viene la Corporación, le salva la vida y mañana, cuando esta le va a vender la empresa a un tercero, resulta que ninguno la va a comprar con ese derecho de recompra que tiene el particular, porque es como una hipoteca sobre el emprendimiento que va a llevar adelante. Entonces, no había más remedio que negociar la anulación de ese derecho y quizás lo liberaban de garantías y demás. Eso pasó con los frigoríficos y con Migranja, aunque en otra escala, porque en esta empresa, a cambio de que el capitalista privado renuncie a ese derecho, lo obligaron a pagar las obligaciones negociables de Migranja, que tenían un valor nominal de US$ 6:000.000, y dos cuotas de intereses, lo cual ascendía a US$ 7:000.000 u US$ 8:000.000 que puso de su bolsillo. En el caso de los frigoríficos no hubo que pagar US$ 8:000.000 por la liberación de garantías, porque ellos decían: "Yo renuncio al derecho de recompra", cuando vieron que de la noche a la mañana tenían un enorme poder de negociación.

Termino, señor Presidente, y pido disculpas por si me he extendido. Pero insisto en la propuesta del Partido Colorado con respecto a crear una Comisión legislativa no solo para analizar la ley de creación de la Corporación, sino también la de las Comisiones investigadoras parlamentarias, porque dada la naturaleza jurídica tan particular de la Corporación, las dos cosas van unidas como el guante con la mano. Limitémonos a eso, preservemos el honor de la gente y no hagamos política en temas tan delicados. El país necesita de una Corporación fuerte para contribuir a su desarrollo productivo.

Muchas gracias.

5.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Víctor Rossi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 1º de abril de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor León Lev.

Del señor Representante Carlos Baráibar, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 1º de abril de 2004, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Daniela Payssé".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a ingresar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 1º de abril de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar licencia por motivos personales por el día de la fecha.

Asimismo, solicito se convoque al suplente correspondiente.

Atentamente,

VÍCTOR ROSSI
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Rossi.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 1º de abril de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 1º de abril de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Rossi.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 1º de abril de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor León Lev.

Sala de la Comisión, 1º de abril de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, ALBERTO PERDOMO, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 1º de abril de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por motivos personales por el día de la fecha y se convoque a mi suplente correspondiente, atento a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución y en el inciso 3º del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

CARLOS BARÁIBAR
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 1º de abril de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente del Representante Nacional Carlos Baráibar, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente.

Jaime Igorra".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 1º de abril de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jaime Igorra.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 1º de abril de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar.

2) Acéptase la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Jaime Igorra.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 1º de abril de 2004, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Daniela Payssé.

Sala de la Comisión, 1º de abril de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, ALBERTO PERDOMO, HEBER DUQUE".

6.-     Corporación Nacional para el Desarrollo. (Gestión).

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Perdomo.

SEÑOR PERDOMO.- Señor Presidente: a esta altura del debate preferimos no hacer un "racconto" de cada uno de los hechos y posiciones con respecto a las empresas que fueron objeto de análisis de esta Comisión durante un largo período de tiempo.

En cambio, deseo comentar que el Partido Nacional en la Comisión Preinvestigadora votó afirmativamente la conformación de esta Investigadora que hoy concluye su labor a través de los informes que se están exponiendo y que están incluidos en los repartidos. Allí figura claramente nuestra posición con respecto a algunas decisiones de tipo empresarial y de gestión de la propia CND.

Votamos afirmativamente la creación de la Comisión con un sentido positivo; lo hicimos porque creemos firmemente en la vigencia del instrumento Corporación Nacional para el Desarrollo, más allá de las dificultades que podría acarrear el análisis parlamentario de trece años de gestión de una institución de esta naturaleza. Y digo "análisis parlamentario" en función de que realizar un estudio adecuado desde el punto de vista técnico -tomando en cuenta cada una de las decisiones- tal vez fuera objeto de otro tipo de posibilidades técnicas y de recursos humanos a efectos de tener con claridad una radiografía de todo lo actuado en su contexto. Dichas dificultades de investigación tenían que ver, en muchos casos, con la cantidad de años que abarcaba y ello, por tanto, trascendió a varios Gobiernos Nacionales. Surgía entonces la necesidad de consultar a interlocutores ya alejados en muchos casos de la actividad pública, que tenían que hacer un esfuerzo por recordar y encontrar la causa y el porqué de algunas decisiones tomadas. Muchas veces la Comisión y la percepción pública tenían diferencia de temperatura, porque de alguna manera había una imagen mediática y la realidad de la Comisión era otra. Esto tal vez se daba porque existía la necesidad de analizar, situándonos en un contexto difícil de trece años de historia de esta institución.

En todo caso, creo que para situarnos correctamente en el análisis es dable mencionar algunas cuestiones de tipo general. En primer lugar, la génesis de esta Corporación Nacional para el Desarrollo, como hoy se comentaba, no tuvo una capitalización en efectivo -en "cash"- para optar en qué empresas o sectores invertir a fin de dinamizar la economía del país. Por el contrario, desde su génesis, una muy buena parte de esta capitalización fue integrada por carteras casi incobrables de empresas de Categoría 5 del Banco de la República. Eso nos da la pauta de que desde su origen ya estaba apartada de la intención que animaba la idea del propio Wilson Ferreira; a la hora de capitalizarse, ya desde el primer momento, la situación fue otra.

Sin duda, es dable pensar que la Corporación Nacional para el Desarrollo está un paso adelante en el riesgo. Cuando el riesgo es privado, es previsible; cuando este tipo de emprendimiento sabe que va a contar con recursos suficientes y con una rentabilidad positiva en el futuro, seguramente será adoptado por agentes privados. Por tanto, la Corporación Nacional para el Desarrollo fue la que en muchos casos asumió riesgos de tipo empresarial que iban más allá de los que podía asumir un agente privado.

Es indudable que a la hora de plantear el cierre de una empresa o de tomar decisiones empresariales de distinta índole, existió presión sindical por parte de un buen número de dirigentes -inclusive, por dirigentes sindicales que luego en determinados períodos terminaron siendo parte de este Parlamento-, planteando ante las Comisiones de Industria, Energía, Minería y Turismo y de Legislación del Trabajo la necesidad de que varios de los emprendimientos productivos que la Corporación Nacional para el Desarrollo tenía, o en los que intervenía, siguieran con las puertas abiertas. Es distinto presionar cuando existen acciones o fondos por parte del Estado que cuando se trata de agentes privados lejanos a los intereses del Uruguay. La necesidad de generar planes estratégicos para la gestión que pudieran trascender el período de Gobierno y que, de algún modo, pudieran erigirse como política de Estado estuvieron ausentes durante estos años; esto parece ser notorio en el análisis de varios emprendimientos.

Para situarnos correctamente en el análisis, deberíamos ver de qué manera se podría evaluar el impacto del instrumento Corporación Nacional para el Desarrollo. Hacer esto desde el punto de vista de la generación de empleo, del desarrollo en el interior, de transferencia de tecnología, de apertura de algunos mercados para productos no tradicionales, de capacitación de personal, de mejoramiento del impacto ambiental, es una manera de ver las cosas. Todo esto debería estar incorporado a la hora de evaluar correctamente el instrumento CND. Sin embargo, una y otra vez se ha reiterado y se ha puesto como argumento central el balance económico frío; esto es: saber cuánto perdió a nivel patrimonial la Corporación Nacional para el Desarrollo. Convengamos en que este análisis nos lleva a una pérdida patrimonial de proporciones. Si el argumento central es el análisis del balance contable -aunque me resisto a que la Corporación Nacional para el Desarrollo sea pasible de ser medida de esta manera-, debo decir que, como expresaba el señor Diputado preopinante, realizamos un pedido de informes a la propia Corporación Nacional para el Desarrollo al final de este proceso de investigación. De esa manera pudimos corroborar que los aportes fiscales, a través de impuestos, gravámenes y tributos, para los emprendimientos productivos de la CND, representan un monto aproximado de US$ 60:000.000. Si incluimos el programa de la pequeña empresa, el relativo a las nuevas empresas o el que tiene que ver con ampliación de las empresas existentes, que se fortalecieron a través de la oferta crediticia que la CND brindaba como institución de segundo grado, encontramos otros US$ 90:000.000, que dejan la friolera de US$ 140:000.000 que el Estado recaudó por otras ventanillas. Esto tal vez sea una cierta ironía; el Estado es tan pesado, es un socio tan caro para todos, que hasta para los emprendimientos que el propio Estado llevó adelante el proceso se hizo absolutamente oneroso.

En síntesis, la claridad de las cifras indica que el Estado uruguayo, como accionista, invirtió en la Corporación Nacional para el Desarrollo US$ 104:000.000. Y ese mismo Estado, a través de las ventanillas de la DGI o del BPS, o por medio de otro tipo de impuestos, recaudó US$ 140:000.000.

Por tanto, a la hora del balance contable frío, podemos decir, sin duda, que la CND tuvo una pérdida patrimonial importante, pero que el accionista principal, el Estado uruguayo, en realidad recaudó más de lo que invirtió. Estos son números inobjetables y reales.

La otra manera de situarnos correctamente en el análisis -a nivel de este balance frío y de los resultados económicos- sería comparar la situación con otro tipo de instituciones. Tal vez a la hora de ver los resultados de las inversiones realizadas por la Corporación Interamericana de Inversiones del BID, que tuvo una pérdida patrimonial casi total, podemos advertir que el ambiente general del país no era propicio para ningún emprendimiento productivo. Quizás la comparación que más puede verse públicamente refiere a qué sucedió con el Banco de la República. Se trata de una institución con más de cien años de historia, con profesionalismo y con cuadros gerenciales de primera línea, con conocimiento de la plaza y del mercado y, de algún modo, con la inserción de créditos que cuentan con garantías reales, en muchos casos hipotecarias, dos a uno con el crédito otorgado. A pesar de ello, hoy tiene en sus categorías 4 y 5 un bolsón de endeudamiento del orden de US$ 1.800:000.000. Entonces, ¿con qué podemos comparar el instrumento CND?

Por otro lado, también podemos pensar a dónde irían estos fondos, ya que estamos haciendo un análisis economicista. Quizás, irían a incrementar los cientos de millones de dólares de déficit fiscal del país, o la otrora cuantiosa reserva del Banco Central que se evaporara a la hora de la corrida bancaria, o estarían destinados a ser un 0,7% de la deuda externa uruguaya, en aumento.

No podemos plantearnos estudiar seriamente una herramienta como la Corporación Nacional para el Desarrollo si no lo hacemos de acuerdo con el entorno, con el ámbito en que funcionaba. Sabemos que durante estos años no existió emprendimiento económico a nivel productivo en el país que pudiera prosperar. Una y otra vez pudimos corroborar que no había ambientes positivos para la generación de empleo y de inversión en lo productivo. Por tanto, lo que a veces resulta casi incoherente es que si por un lado criticamos las políticas macroeconómicas -crítica en la que estamos de acuerdo, porque de algún modo fueron agentes nocivos a la hora de fomentar la inversión productiva-, diciendo que no fueron propicias para el desarrollo de la producción, por otro lado no podemos plantear seriamente que la CND no era un conjunto más de iniciativas productivas en ese mismo marco de políticas macroeconómicas. En consecuencia, no podemos separarla del mismo ambiente en que se había dado el resto de la inversión productiva en el país con enemigos duros, entre ellos el atraso cambiario de todos estos años.

Siempre surge la división de lo público y lo privado; de algún modo surge el no querer subvencionar. Se nos habla del no a las subvenciones, a la intervención y, en muchos casos, se nos ha hablado de imaginar el escenario sin la CND, hecho que no estamos dispuestos a aceptar porque la Corporación fue un hecho de la realidad y porque creemos que sigue siendo -con los retoques que deberemos llevar adelante- una herramienta positiva para el desarrollo del país. Sin embargo, una y otra vez, varios colegas imaginaron el escenario y qué habría sucedido si no hubiese estado la CND. Quienes no pensamos que el mercado sea capaz de regular todos los aspectos económicos de la vida del país, quienes creemos que al hablar de no a las subvenciones o de no a la intervención se están siguiendo las mismas recetas de los países que todo lo intervienen y que todo lo subvencionan, decimos que es un escenario digno de analizar, porque el país de algún modo se dio esta herramienta: Corporación al servicio del desarrollo.

A la hora de realizar un análisis correcto, habría que situarse en el marco jurídico y saber con claridad que la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo estaba más llena de intenciones que de precisiones jurídicas y que dejaba dudas en varios aspectos de su actividad. ¡Vaya si lo del Tribunal de Cuentas sí o lo del Tribunal de Cuentas no, generó una polémica que entabló la confrontación desde varias bibliotecas! Para mí no caben dudas de que si el legislador hubiera querido usar la palabra "auditar", lo hubiese hecho; por algo utilizó el término "visar". En todo caso, creo que esto ya es una discusión pasada y que la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Tribunal de Cuentas la solucionaron pacíficamente.

Por consiguiente, creo que corresponde plantearnos líneas de acción en el marco de dar continuidad a esta Comisión por un plazo determinado. En este sentido, el Partido Nacional ha propuesto un proyecto de resolución a los efectos de cambiar de carátula y transformar esta Comisión Investigadora en una Comisión con fines legislativos que pueda brindar un marco jurídico diferencial, por lo menos en algunos sentidos que entendemos necesarios. Se apunta, en una línea positiva, a que la Corporación Nacional para el Desarrollo pueda tener nuevos roles y consolidar algunos de los que tiene hoy, como el de ser agente del proceso de concesión, como el de ser promotora del proceso de "joint venture", seguir consolidando el tema de las líneas de crédito para pequeñas empresas -donde colocó US$ 62:000.000 sin un centésimo de pérdida- y poder brindar asistencia técnica y capacitación a toda una generación de empresarios. Existen acciones positivas a llevar adelante y nuevos roles en la necesidad de refundar un organismo indispensable, dotándolo de nuevos mecanismos de control. En este sentido, hemos planteado que cuente con un representante del sector privado, alguna auditoría internacional de primer nivel y que, de una vez por todas, se finalice con la polémica sobre el Tribunal de Cuentas, incluyendo la palabra "auditar", y se establezca la necesidad de que el Tribunal de Cuentas controle en forma permanente a la Corporación, así como la de que la remuneración de sus cuadros gerenciales esté ligada a los resultados.

Son propuestas para generar algún mecanismo de control adicional, en las que podremos trabajar si el Parlamento acepta la creación de esta Comisión con fines legislativos para llevar adelante lo que, a nuestro entender, se debe dar, que es una refundación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se debe establecer que nunca más ella puede manejar un banco, con lo que eso significa de específico en cuanto al "know how" necesario, ni administrar empresas privadas en las que luego el Estado termine siendo responsable del pago de sueldos y soluciones de inversión. Nunca más debe participar en solitario en el rescate de empresas porque, al fin y al cabo, el Estado termina como dijimos anteriormente.

Creemos que la Cámara va a conceder la autorización para que esta Comisión o la que crea conveniente -pero con fines legislativos- pueda establecer nuevos roles, especificando con claridad ciertas limitaciones necesarias para su accionar y brindando mayor transparencia en los procedimientos para seguridad del accionista principal, que es el Estado uruguayo, así como de quienes conducen o gerencian cada uno de estos emprendimientos.

El Partido Nacional es positivo y ha planteado la necesidad de conformar esta Comisión con fines legislativos y, tal como lo hizo en ocasión del tratamiento del tema en la Comisión Preinvestigadora, considera que la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene una enorme vigencia en estos tiempos de dificultades. Pensamos que Wilson Ferreira, en su fundación, tuvo una visión realmente fundamental sobre el desarrollo de la vida del país, y, además, profética en algún sentido, sobre todo cuando una y otra vez indicaba en qué no podía caer esta Corporación.

Por lo tanto, y a los efectos de reacomodar el camino, pensamos que el análisis fue positivo y sirvió para traer a este Cuerpo una discusión necesaria sobre este tipo de herramientas básicas -como pensamos los blancos- para el desarrollo del país.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra para una cuestión reglamentaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: según el literal M) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Representantes es necesario "[...] declarar ante la Cámara o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere". Como fui integrante del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo durante el período 1990 a 1995, quiero declararlo a la Cámara para que esta resuelva si puedo continuar participando del debate y si puedo votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Se va a votar si se autoriza al señor Diputado González Álvarez a participar del debate, luego de hechas las declaraciones que formuló.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: la Cámara se ha reunido en el día de hoy para analizar el trabajo de la Comisión Investigadora que fue solicitada por nuestro compañero del Partido Independiente, el señor Diputado Mieres, y que en su oportunidad fuera aprobada por unanimidad por la Comisión Preinvestigadora.

Al cabo de un año de labor, seguramente no fue posible analizar en profundidad los dieciséis años de trabajo de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero sí algunas de las cuestiones que, a nuestro juicio, son sustanciales para el trabajo de la Comisión Investigadora y las conclusiones a que arribó. Notoriamente, la idea primaria de la existencia de un instrumento de desarrollo nacional llamado Corporación Nacional para el Desarrollo -como existe en otros países- no solo es importante para nosotros, sino que debe serlo para su reformulación en los términos correctos, a la luz de los análisis y las conclusiones a que esta Comisión Investigadora ha llegado con relación al problema.

Si el propósito de este instrumento que hoy estamos analizando en el plenario era generar efectivamente desarrollo en el país -ese era el objetivo-, sin duda no lo logró. Por razones macroeconómicas, por la incapacidad de pronto para la aplicación correcta de políticas de desarrollo, por la inexistencia -notoriamente- de un plan de desarrollo productivo en el país, este instrumento no sirvió a los objetivos para los cuales debió haberse aplicado. Un instrumento de esta naturaleza, con una formulación diferente, aplicado a un plan de desarrollo real productivo y con los controles imprescindibles para que no sea utilizado con fines político-partidarios -como muchas veces ocurrió-, realmente serviría para desarrollar al país. Creo que ese debe ser el objetivo de la Comisión que seguramente se aprobará, es decir, la formulación de un nuevo marco jurídico y legal para la Corporación Nacional para el Desarrollo.

No me voy a detener en los detalles de la investigación porque figuran en el Repartido Nº 1125 y su Anexo I, donde aparecen con lujo de detalles los informes producidos en cada una de las instancias que tuvieron lugar durante este año de trabajo. Los detalles que pueden interesar a los curiosos o a quienes quieran profundizar en el tema figuran en las versiones taquigráficas de la Comisión Investigadora, que están a disposición de quienes quieran consultarlas.

Es necesario manifestar algunas cuestiones que surgen de todo este análisis. La primera es que la Corporación Nacional para el Desarrollo no solo no generó instancias de real desarrollo del país, por las razones que fuera, sino que además su gestión implicó una pérdida de más de US$ 100:000.000. Es decir que no solo no generó instancias de desarrollo, sino que, además, implicó que el país afrontara una pérdida de US$ 104:000.000.

Además, la participación en algunos negocios -señalo dos por destacar algunos-, como el de los frigoríficos, tanto el de Canelones como el de Colonia, por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo, también representó una pérdida para el Banco de la República, que en aquel momento era acreedor -por una cantidad importante de miles o millones de dólares- de los propietarios, los señores Ameglio, Malagraba, Ponce de León; son los nombres que recuerdo de los cuatro propietarios. Reitero que representó una pérdida para el Banco de la República porque en ese momento perdonó deudas y después, por razones vinculadas a la cláusula de recompra, terminó devolviendo las garantías reales que tenía para ejecutar su crédito frente a los acreedores. Esta devolución también sucedió en el caso de la empresa Migranja, concretamente referida al titular de la empresa sponsor, el señor Apariquián. Y esos también son datos ciertos y reales. Se devuelven garantías reales con las cuales, por lo menos, se podía rescatar algo de lo que los empresarios debían al Banco de la República Oriental del Uruguay.

También surge de las versiones taquigráficas algo que creo que debe ser mencionado, ya que no es menor. Aquí se habló del objetivo que existió en los comienzos -cuando se analizaba esto- a partir de aquel plan de la CIDE, fundamentalmente manejado por el entonces Senador Wilson Ferreira Aldunate, quien, en términos textuales, decía que se trataba de desarrollar el país y no de encajar -ese fue el verbo que utilizó Ferreira Aldunate- a la Corporación las empresas que no fueran viables. Y aquí a la Corporación le encajaron empresas que no eran viables porque, de alguna manera, había que tratar de resolver situaciones que no estaban precisamente orientadas hacia el desarrollo nacional, sino, de pronto, a otros intereses que en este momento no vale la pena establecer.

Además, hubo notoriamente falta de controles adecuados por parte del principal proveedor de recursos, que era el Estado y, por lo tanto, de la ciudadanía toda. En los Presupuestos Nacionales figuraban rubros donde aparecían aportes y previsiones presupuestales para enfrentar los gastos de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Alcanza con revisar las normas presupuestales de los últimos quince años -es decir, de las últimas tres Legislaturas- para verificarlo. Este dinero de los uruguayos todos fue vertido a la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero durante una cantidad de años no se permitió que fuera auditado por el Tribunal de Cuentas de la República.

Se podrá establecer que hay una, dos o cuatro bibliotecas, porque en esto aparecen las bibliotecas con una velocidad asombrosa. Lo cierto es que un Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo admitió la auditoría, otro no, y en el tercer período, a partir del año 2001, se volvió a admitir la auditoría. Por lo tanto, esa posible existencia de dos bibliotecas -por lo menos la opinión de dos Directorios en distintos períodos que dirigieron la Corporación Nacional para el Desarrollo- deja de lado esa discusión y se puede establecer, con un viso de veracidad y firmeza, que efectivamente cuando el dinero de la población es el que está soportando el funcionamiento de una institución de esta naturaleza -o de cualquier otra que se basa exclusivamente en el uso de dineros públicos- la auditoría del Tribunal de Cuentas debe existir. Si hubiese alguna duda, el solo deseo de que el país y sus cuentas sean transparentes debería ser suficiente para que el Tribunal de Cuentas de la República participe, trabaje, audite y tenga contadores delegados, como corresponde a cada una de las instituciones u organismos donde se manejan dineros públicos.

Entiendo que el manejo de los dineros públicos, los métodos utilizados y las consecuencias, han sido una de las causas fundamentales, para el país y para su gente, del descrédito de muchas de nuestras instituciones. Por lo tanto, nada de lo que se haga para dar cristalinidad y transparencia a esta situación es redundante.

Este es uno de los temas importantes que salieron a la luz pública, tuvo amplia difusión por parte de la prensa y generó protestas del propio Tribunal de Cuentas de la República contra las decisiones adoptadas, en su momento, por el Directorio de la Corporación, sobre todo considerando que además no se le permitió auditar cuando las pérdidas aparecían año tras año, Presupuesto tras Presupuesto y Ejercicio tras Ejercicio.

También hubo dos episodios que me parece importante mencionar, vinculados a la última etapa -por llamarlo de alguna manera- del Ejercicio investigado, y fueron los dos planes relativos al desarrollo de la pequeña y microempresa. Uno de ellos, el Programa BID, no representó dificultades para el país ni para la Corporación en cuanto a su gestión, porque hubo un control importante de la morosidad. Pero el Programa Corporación representó al país una importante morosidad. Además, estaba dirigido a una institución en particular que finalmente fue una de las que quebró y por la que hoy están en situación comprometida sus ahorristas y sus deudores, con un conflicto planteado. No se recuperaron esos US$ 9:000.000 que se prestaron a la empresa a través de esa institución financiera y fueron a parar a ese fondo que, en definitiva, constituyó su pasivo, situación que todavía hoy está sin resolver en forma correcta. Esto también es importante porque la Corporación, al mismo tiempo que gestora, era propietaria del 51% de la institución financiera. En esta duplicidad de roles cumplidos por el organismo, notoriamente existieron contradicciones e inclusive una clara pérdida de la ubicación con respecto a cuál era el rol que efectivamente debía cumplirse desde la Corporación frente a los organismos de los cuales era propietaria.

Como se relataba hoy, cuando se planteó el tema del Nuevo Banco Comercial, se decidió que la Corporación no lo gestionara. Y si se tomó esa decisión fue porque la gestión cumplida no había sido suficientemente clara como para que la gente tuviera tranquilidad de espíritu -no digo certeza-, ya que las finanzas públicas del país habían sufrido y estaban sufriendo tanto como lo hicieron en el año 2002. Entonces, por lo menos empezábamos a tratar de que se considerara el tema en una forma más eficiente y prolija.

Por lo tanto, esta Comisión Investigadora impulsada por nuestro Partido Independiente y por el compañero Diputado Mieres, ha cumplido cabalmente con su función. No solamente ha cumplido con su función, sino que, para todos aquellos que quieran profundizar este tema, deja el resultado de más de un año de trabajo muy prolijo e intenso.

En este momento, quiero reconocer públicamente no solo a los funcionarios que trabajaron, sino a la Presidencia de la Comisión, ejercida por la señora Diputada Saravia Olmos, que fue desempeñada con absoluta neutralidad, y estaría mal no reconocerlo. Además, a partir del trabajo de esta Comisión Investigadora, entiendo que es posible que se recree un instrumento absolutamente imprescindible para el desarrollo nacional, pero con marcos jurídicos distintos y con planes de desarrollo en diferentes áreas. El trabajo de esta Comisión Investigadora es un insumo esencial para la reconstrucción de ese instrumento que el país necesita.

Personalmente, espero que la discusión sobre si los dineros públicos deben o no ser controlados por el Tribunal de Cuentas nunca más se dé. Es notorio que los dineros públicos deben ser controlados por el Tribunal de Cuentas.

También espero que nunca más se confunda el rol o comportamiento de la institución financiera frente a los organismos de los cuales es propietaria. Inclusive, espero que esto sea un antecedente para que cuando alguien deba dinero al Banco de la República nunca más se devuelvan garantías, porque estas constituyen la única forma de que la institución pueda recuperar sus derechos frente a sus deudores.

Por lo tanto, espero que muchas de las cosas que, lamentablemente, ocurrieron con la Corporación -que fueron investigadas, y respecto a algunas pedimos que los antecedentes sean remitidos a la Justicia Penal- nunca más se repitan, si es que queremos tener un instrumento que se aplique al desarrollo nacional y que sea sano y transparente.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: no voy a ser extenso -no me corresponde demasiado tiempo- y deseo ser concreto.

Voy a plantear una primera observación general que se refiere a este tema que estamos tratando y a otros: la circunstancia de que el repartido con los informes se haya hecho con tiempo suficiente nos ha permitido no solo leer las más de doscientas cincuenta páginas que contiene, sino, además, efectuar alguna consulta y votar pronunciándonos, equivocados o no, pero a conciencia. En cambio, en Internet no está todavía lo que trataremos después de la semana de feriado y es importante que los legisladores tengamos por lo menos algunos días para analizar el temario.

Paso a subrayar algunos temas concretos referidos a los informes sobre esta investigación acerca de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Primera cosa: más que información, la Comisión, en algunos casos, enfrentó obstáculos o desinformación. Creo que esto hay que subrayarlo porque de la lectura de los informes es lo que casi me alarmó; por lo menos, me llamó la atención. La información que la Comisión necesitaba fue llegando en forma fragmentaria, lentamente, y ello -subrayan algunos integrantes- conspiró contra el desarrollo de la investigación.

También la calidad de la información complicó el trabajo de la Comisión. Por ejemplo, señor Presidente, no se enviaron versiones taquigráficas sino actas, lo que complicó el seguimiento de las razones que fundamentaron cada decisión.

En algunos casos, la información solicitada no llegó y en otros se enviaron elementos que no eran estrictamente los pedidos. Obsérvese esto, que me parece grave, y aclaro que pongo un solo ejemplo de los que se indican en los informes: se solicitó el informe de una empresa italiana sobre la firma El Mago S.A. -documento que resultaba importante para entender las pérdidas de la Corporación en esa empresa- y solo se obtuvieron algunos gráficos de los que no se logró extraer conclusión alguna.

Esto es lo que puede decirse en cuanto a la cantidad y calidad de la información enviada a la Comisión Investigadora.

El segundo punto al que voy a referirme ya ha sido indicado por algunos señores Diputados, pero voy a subrayarlo rápidamente. ¿Con qué fines fue creada la Corporación Nacional para el Desarrollo? Fundamentalmente, para el fomento del desarrollo industrial, para superar carencias de fuentes de financiamiento a largo plazo. Eso sí, la Corporación tuvo que enfrentar la realidad de 1984 -lo recordarán los señores Diputados-, es decir, la salida del período de sombras de la dictadura. La Corporación debía atender el grave problema del endeudamiento de empresas como resultado del desastre cambiario en el que derivó la política de la dictadura militar. Esto también es importante tenerlo en cuenta. La Corporación debía dinamizar el crédito para reactivar la economía, pero de ninguna manera agrandar el sector público, ni sustituir a los empresarios. Se pensó, entonces, a la Corporación como un organismo para empresas viables y no como instrumento para que el Estado cargase con industrias ineficientes o sin futuro; menos aún como instrumento de amiguismo o clientelismo. Y no quiero entrar en alusiones políticas, pero hasta ha habido artículos de prensa en los que se acusaba a la Corporación de amiguismo.

Wilson Ferreira Aldunate -como aquí se ha indicado por parte de los señores Diputados Perdomo y Mahía- pensó la Corporación como un instrumento destinado a ayudar a aquellas empresas o fábricas que, reflotadas, sirvieran al país. Pero se comenzó por no cumplir los compromisos. El propio Wilson Ferreira señaló -y el señor Diputado Perdomo lo mencionó recién- que se habían prometido US$ 23:000.000, pero al comenzar el aporte llegó apenas a US$ 9:000.000, y de ellos se entregaron US$ 1:500.000; creo que las cifras son estas.

Se pensó, entonces, como un organismo que antes de realizar inversiones debía hacer un estudio técnico de la empresa a apoyar. Dinamizar la producción sin esos análisis previos era, por cierto, inimaginable para quienes crearon la Corporación. Sin embargo, se realizaron inversiones sin esos estudios técnicos. Subrayo esto: son estudios imprescindibles, necesarios. ¿Para qué? Para la defensa del interés nacional. Y el resultado obvio fue el crecimiento de las deudas.

A mi juicio, hay otro aspecto importante que la Comisión analizó cuidadosamente y que alguno de los informes detalla. Es el siguiente: la ley previó la participación de capitales privados en una proporción de hasta 40% del capital de la Corporación. Esos capitales nunca se integraron. Sin embargo, los Directorios en general condujeron a la Corporación como si fuera una empresa de carácter público y privado, es decir, una empresa mixta, lo que llevó a alguno a sostener que podía pasar por alto los mecanismos de control del Tribunal de Cuentas. Este es otro aspecto importante.

Me parecen temas a considerar, especialmente los indicados en algunas conclusiones del informe del señor Diputado Mahía. En primer lugar -creo que esto es compartido por todos los partidos políticos-, la necesidad de que exista en el país un organismo como la Corporación Nacional para el Desarrollo, tal como se la concibió. ¿Por qué es necesario contar con mecanismos de cooperación para el desarrollo del país? Porque para el desarrollo son imprescindibles medidas que respalden las inversiones productivas.

En algunos informes se cuestiona a la Corporación. ¿Por qué? Porque no seleccionó adecuadamente los emprendimientos a apoyar, porque operó como instrumento de salvataje de empresas fundidas y fracasadas -no en todos los casos, pero en algunos parece evidente-, y porque no apoyó a las empresas que debían ser su objetivo, es decir, emprendimientos importantes para el desarrollo del país.

Aquí surge -a mi modo de ver- una objeción importante. Se ha comprobado -repito: se ha comprobado- la falta de controles suficientes en el manejo de los recursos, controles que eran tanto o más necesarios porque la Corporación no contaba con inversionistas particulares. A pesar de ello -a pesar de que se trataba prácticamente de una empresa pública o que manejaba exclusivamente dineros públicos-, desde 1991 a 1999 algunos de sus directivos rehusaron someterse a la auditoría del Tribunal de Cuentas. Se propone, en consecuencia -lo ha desarrollado el señor Diputado Mahía-, aclarar definitivamente la norma que rige a la Corporación -creo que el señor Diputado Bergstein también comparte este criterio- para que no haya lugar a confusiones.

Se plantea, además, la necesidad de que se asigne responsabilidad a la asamblea general de accionistas y de que se establezcan claros mecanismos de fiscalización. Quisiera poner un ejemplo. Habría que determinar la necesidad de un informe técnico antes de que se decida el respaldo a una empresa. Y aun hay otras disposiciones, como la prohibición de que la Corporación asuma la mayoría accionaria, o que se prohíba que se haga cargo de las obligaciones de una empresa por un monto que supere la participación accionaria de la propia Corporación.

Otro aspecto esencial, entre muchos, es que el ingreso de funcionarios se realice por concurso. Esto parece una cosa un tanto insólita para plantear a comienzos del siglo XXI. Yo creía que esto lo habíamos superado. Si escuchamos los discursos preelectorales, todos estamos de acuerdo en que los ingresos deben ser por concurso, pero aquí no se cumplía con esto.

Todos los resultados negativos -fuertemente negativos- comprobados por la Comisión Investigadora determinan la necesidad de que se reformule el marco regulatorio. Este es un punto positivo de la deliberación entre todos los partidos, porque figura en todos los informes. Para ello, se propone una Comisión Especial que, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión Investigadora, elabore la nueva normativa.

Quisiera subrayar algunos conceptos. Se desnaturalizó el sentido original de la Corporación, transformándola en un organismo que no ha seleccionado adecuadamente los emprendimientos a apoyar y que ha terminado operando, en varios casos, como un instrumento de salvataje de empresarios fundidos y empresas fracasadas, más que lo que debió haber sido: un apoyo a emprendimientos de significación para el desarrollo del país. Esta puede ser una experiencia que deberíamos tener presente hasta para determinar algunas características del nuevo marco regulatorio. Las cifras determinan que ha actuado así, porque es un organismo altamente deficitario. Ha habido todo un debate jurídico acerca de si el Tribunal de Cuentas debía o no intervenir. Voy a saltearme estos aspectos que han sido desarrollados por otros señores legisladores.

Me parece que un punto importante de esta polémica merece ser subrayado: lo más lógico hubiera sido que un organismo que manejó millones de dólares pertenecientes al Estado lo hubiese hecho con la mayor transparencia, no solo aceptando la auditoría del Tribunal de Cuentas sino, en todo caso, exigiéndola como garantía para los propios jerarcas de la Corporación. Pero durante una década -no siempre- se opuso a esa auditoría, y durante esos diez años tuvo importantes pérdidas en su patrimonio.

Salteo otros aspectos, señor Presidente. No voy a dar las cifras sobre el endeudamiento, porque ya las ha planteado el señor Diputado Perdomo y porque figuran en el informe. De todos modos, puedo decir que perdió el 63% del capital, según la propia Corporación. Este dato es importante, inclusive por eso.

Un análisis más profundo permite concluir que la pérdida fue todavía mayor y la interrogante es si se ha perdido o no US$ 41:000.000 por sus inversiones en los Bancos La Caja Obrera, Comercial y de Crédito.

Para otorgar recursos a los bancos en crisis el Gobierno pasó a dar asistencia por el Banco Central, pero cuando su asistencia se acabó constituyó créditos a favor de la Corporación mediante depósitos en los bancos asistidos. La Comisión analizó los diferentes depósitos realizados por la Corporación en favor de los bancos y a partir de esas sumas hay que determinar el monto de las pérdidas de la Corporación. No daré más cifras.

Solo voy a mencionar otra observación del Tribunal de Cuentas que se refiere a créditos por más de US$ 4:500.000 contra Agolan S.A., que estaban vencidos en 1998 y 1999, de los que no se ha realizado cobro alguno.

Para no extenderme y cumplir con mi promesa de ser breve, voy a referirme concretamente a algunas conclusiones que me parece debemos compartir.

Me resulta claro, en primer término, que la Corporación -repito- se apartó de sus objetivos; desnaturalizó el sentido o los objetivos para los cuales fue creada; los cambió. Ha sido, en algunos casos concretos, un mecanismo de salvataje de empresas inviables. Es imprescindible, entonces -lo han señalado algunos legisladores y lo comparto-, crear un marco regulatorio que ajuste sus cometidos y su manera de actuar.

Yo no creo -en esto respeto la posición del señor Diputado Bergstein, cuyos planteamientos siempre me merecen particular atención- que para esto haya que traer asesores del exterior; no lo creo. Nada menos que un profesor de Derecho Constitucional como el Senador Korzeniak tiene un libro sobre este tema. Yo tengo acá los materiales que analizamos cuando se debió discutir el veto en la Asamblea General -no pudimos hacerlo por falta de quórum sucesivamente en varias sesiones- y también las actas parlamentarias de los días 3 y 10 de noviembre de 1992. Sin vanidad digo que con estos materiales, con los asesoramientos de los doctores Mallo, Díaz Maynard y Korzeniak y de algunos otros técnicos, Uruguay tiene elementos suficientes para no gastar en otra asesoría exterior. Este es un punto de vista y yo respeto que se tengan otros.

La Corporación debe estar sometida al Tribunal de Cuentas, que deberá analizar, además, los años en que se impidió que fuera controlada. Diversos aspectos que pasaron por la Comisión Investigadora deben, a mi juicio, ser enviados al Poder Judicial. No estoy poniendo en tela de juicio conductas individuales. Digo que hasta por las personas que integraron la Corporación es importante que esto se despeje, y sería muy importante que lo hiciera la Justicia. No hay otro mecanismo porque, como dijimos al principio en alguna interrupción, el Parlamento no tiene facultades para realizar las investigaciones como debería.

La Comisión verificó, a juicio de algunos de sus integrantes, situaciones que evidencian responsabilidad administrativa por lo menos en diversas decisiones. Estamos, creo, ante un problema delicado que será necesario enfocar, iluminar y clarificar para dictaminar luego sobre lo que se ha hecho mal, si es que se llega a esas conclusiones. No estamos ante la eventualidad de errores menores, sino ante hechos que según algunos integrantes de la Comisión Investigadora son graves, más allá del juicio que pueda merecer la conducta particular de los Directores.

Es cuanto tenía que manifestar, reitero, ajustándome a la promesa de tratar de ser lo más breve posible.

7.-    Llamado a Sala al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: al amparo del artículo 119 de la Constitución, vamos a mocionar para que se haga venir a Sala al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Lucio Cáceres, a los efectos de que brinde las respuestas que quedaron pendientes en su comparecencia del día miércoles 17 de marzo próximo pasado.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Le pido que haga llegar su moción por escrito.

SEÑOR BAYARDI.- Estoy haciéndole llegar la moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Bayardi.

(Se lee:)

"Mociono para que, al amparo del artículo 119 de la Constitución, se haga venir a Sala al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Lucio Cáceres, a los efectos de que brinde las respuestas frente a las preguntas que quedaron sin responder en la comparecencia llevada adelante el día miércoles 17 de marzo próximo pasado".

——Me informan que es necesario precisar quién será el miembro interpelante.

SEÑOR BAYARDI.- De resultar votada afirmativamente la moción, daremos cuenta a la Mesa de quién será el miembro interpelante.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: informamos a la Mesa que mantendremos como miembro interpelante al señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: no hemos votado esta moción porque es la tercera vez que se convoca al señor Ministro por este tema; inclusive, esta mañana el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas estuvo en otra Comisión para tratar otros asuntos.

En definitiva, medio en broma o en serio digo que acá existe una pasión por Lucio Cáceres, porque indudablemente el Parlamento y el Encuentro Progresista-Frente Amplio es la tercera vez que convocan al señor Ministro por este tema. En efecto, estuvo en la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados y ahora vendría nuevamente a esta Cámara.

Creo que las respuestas que ha brindado el señor Ministro en estos temas en todas las ocasiones han sido claras. Por estas razones, no hemos habilitado su tercera convocatoria para referirse al mismo tema.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: hemos votado lo que en realidad no es un nuevo llamado a Sala sino la culminación del anterior, en el que todos fuimos testigos de la forma en que durante horas se habló de cualquier otro tema, inclusive de algunos que había excluido expresamente el miembro interpelante y quienes colaboramos en esa interpelación.

De esa manera, se llegó a una hora en la que la sesión tuvo que levantarse porque los legisladores de la bancada que recién fundaba el voto no habilitaron la posibilidad de que la interpelación terminara ese día.

Este tema debería estar concluido. Las preguntas han sido muy concretas. A lo que no estamos dispuestos -nos parece que no corresponde a la investidura de nuestros cargos y a las prerrogativas legislativas que todos debemos defender- es a que por razones reglamentarias queden sin responder preguntas muy específicas sobre un tema muy concreto.

El señor Ministro puede venir y contestar rápidamente; si hubiera contestado en esa ocasión, en este momento estaríamos debatiendo sobre sus respuestas. El señor Ministro ni siquiera contestó las preguntas, por lo que decimos que no se trata de una nueva convocatoria sino, simplemente, de un intermedio de la interpelación anterior. No estamos incorporando nuevos temas. Es cierto que últimamente el señor Ministro ha recibido golpes de todos lados, pero me parece difícil acusar a la Auditoría Interna de la Nación -que es la que ha ganado más prensa en los últimos días en los golpes al Ministro- de ser integrante de la oposición.

De manera que no debemos mezclar los temas: acá hay un asunto muy concreto sobre el cual se llamó al Ministro y no contestó. Como la sesión se levantó por falta de número para continuarla, en esta ocasión queremos que se complete.

SEÑOR BARRIOS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: más allá de las razones que acaba de exponer el señor Diputado Ponce de León, que comparto en su totalidad, creo que últimamente se está dando una práctica que no prestigia al Parlamento.

Cuando resolvimos llamar nuevamente al señor Ministro para darle oportunidad de contestar las preguntas que no respondió, a la vez pretendimos que el Parlamento se expidiera en este tema. No parece bueno ni de prestigio para el Parlamento que, cada vez que se haga una interpelación, el resultado sea que la Cámara quede sin número o que por imperio del tiempo se levante la sesión y no se resuelva nada.

No pretendemos que se apruebe la resolución que nos satisfaga; si la Cámara resuelve apoyar al Ministro, lo bueno sería que se expidiera y lo apoyara. Lo que desprestigia no es que se apoye o no, sino que no se resuelva y que por la vía del retiro de Sala, de dejar sin número o de hablar de todos los temas que se desee durante horas para que llegue el fin de la sesión, las interpelaciones pasen a ser una cuestión absolutamente inútil. Si el Parlamento no resuelve, en definitiva es un torneo de oratoria y no creo que estemos aquí para hacer oratoria sino para resolver y adoptar resoluciones dentro de las facultades que la Constitución nos otorga.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: hemos votado esta moción en el entendido de que continúa el llamado a Sala anterior. A la hora 24 recién se había contestado a tres o cuatro preguntas, pero reinaba el interés en seguir escuchando al señor Ministro e, inclusive, en que la Cámara tomara alguna resolución.

El señor Ministro quizás tenga que venir dos o tres veces; si no explica nada y hace tiempo como en algunas contiendas deportivas, indudablemente habrá que jugar otro partido.

He votado esta moción, como también lo haría en su momento, si se planteara, todo lo relativo a los informes del Tribunal de Cuentas, que veremos en qué terminan. A su vez, también está el tema del cobro de los peajes en ambos sentidos y algunas amenazas de privatización, de licitaciones a treinta años.

Indudablemente, el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas tiene muchos líos en su Ministerio y, si es así, tiene que dar explicaciones en el Parlamento. Es decir, no se trata de una aversión personal, sino de dar explicaciones sobre algunas gestiones que no conforman a los legisladores que acompañamos este llamado a Sala.

He votado esta moción y lo seguiré haciendo si se insiste en hacer tiempo para no contestar a los legisladores.

SEÑOR TIRELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TIRELLI.- Señor Presidente: quizás desconozca el funcionamiento de la Cámara -a pesar de tener el Reglamento a mano- por ser suplente y concurrir a pocas sesiones, pero he votado este llamado a Sala por algunos errores cometidos en años pasados por el señor Ministro.

El 25 de agosto de 1997, en su visita a la ciudad de Guichón, junto al entonces Presidente Julio María Sanguinetti, se comprometió a bituminizar y terminar 27 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 4, al norte de Guichón, a razón de 2 kilómetros por año. En el día de la fecha he enviado un pedido de informes al Ministerio manifestando que hoy se cumplen seis años, seis meses y cinco días de que hizo esa promesa y no la cumplió; ni siquiera empezó las obras.

Por estas razones, he votado afirmativamente esta moción.

Muchas gracias.

SEÑOR ORIBE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORIBE.- Señor Presidente: parecería que nosotros asistimos a otra interpelación. ¿El Ministro estuvo haciendo tiempo, demorando para no contestar las preguntas? Yo creo que el Ministro fue claro y que contestó todas las preguntas; eventualmente pudo haberle quedado alguna por responder. Y lo que es claro es que sí se refirió a este tema que ya todos conocemos de memoria; hay algunos partidos que tienen una posición y otros una diferente.

Los Ministros que han venido a este ámbito no lo han hecho para hacer tiempo. El señor Ministro Cáceres vino a dar las explicaciones pertinentes y creo que este tema ya está terminado.

Muchas gracias.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente porque en la interpelación realizada días pasados el Ministro respondió lo que quiso. Los legisladores todavía no tuvimos la posibilidad de expresarle nuestros conceptos en cuanto a si eran satisfactorias sus explicaciones con respecto a la intención de concesionar otros puertos estatales. Me refiero, específicamente, a otros puertos, además del de La Paloma.

Es claro que la comunidad de mi departamento, Maldonado, está absolutamente alerta ante la posibilidad de concesión de un puerto como el de Punta del Este, en el que en esta última temporada no cabía un alfiler. Entonces, cuesta entender que se quiera concesionar porque da pérdidas.

En los últimos días hemos asistido a una movilización importante de la comunidad de Piriápolis -inclusive, con pescadores artesanales-, habiéndose formado una comisión de defensa de su puerto. Aclaro que no ha habido consulta previa a los dueños del puerto sobre el destino que se iba a dar a alguno de sus servicios; esto me parece más que importante.

Anticipamos que las respuestas brindadas hasta el momento sobre estos dos puertos son superficiales en su contenido y argumentación, vagas y hasta con un dejo de ironía, lo que entendemos no corresponde por respeto a este Cuerpo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- La Mesa coordinará con el señor Ministro la fecha del llamado a Sala.

8.-    Corporación Nacional para el Desarrollo. (Gestión).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: varios legisladores se han ocupado del tema, fundamentalmente el miembro informante del Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Diputado Mahía, y el señor Diputado Falero, con quien redactamos el informe conjuntamente. A su vez, la síntesis que realizó el señor Diputado Chifflet abarcó los temas a los que nos queríamos referir.

Como se ha dicho aquí, la Comisión realizó una tarea muy ardua durante un año y en el proyecto de resolución que presentamos conjuntamente con el señor Diputado Falero manifestamos nuestras conclusiones.

Lo primero que planteamos es la necesidad de que se encuentre una definición, interpretando que la Corporación Nacional para el Desarrollo está sometida al contralor del Tribunal de Cuentas en todos sus términos. Este es un tema al que nos vamos a referir brevemente.

Hay otro artículo del proyecto de resolución que expresa lo siguiente: "Señálase que, en términos generales, el funcionamiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo se apartó en múltiples oportunidades de sus objetivos originales relacionados con la promoción del desarrollo nacional, desnaturalizando el sentido original de este instrumento transformándolo, en muchos casos, en un mecanismo de salvataje de empresas y empresarios que eran inviables".

Creo que este artículo resume con mucha precisión la opinión de nuestra fuerza política en lo que tiene que ver con la actuación y el funcionamiento de la CND desde su creación.

Por otra parte, se plantea la necesidad de crear "una Comisión Especial con fines legislativos a efectos de modificar el marco normativo que regula a la Corporación Nacional para el Desarrollo". En este sentido hay coincidencias entre todos los partidos, más allá de que luego, en la discusión, tengamos opiniones distintas.

Es bueno que el resto de los señores legisladores sepan que, oportunamente, estando en funcionamiento la Comisión Investigadora de la CND, la Justicia solicitó al Parlamento -concretamente a esa Comisión- que se le enviara toda la documentación que se había logrado en la investigación referente al caso de Migranja S.A. Por tanto, consideramos que procede elevar al Juzgado correspondiente los nuevos elementos complementarios de la documentación ya remitida.

El artículo 5º del proyecto de resolución dice lo siguiente: "Envíese a la Justicia los antecedentes vinculados a la denuncia formulada en su momento por el contador Carlos Luppi y el señor Roberto Ghigino con respecto a ciertas actividades de asistencia técnica en el Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa [...]".

En el último artículo del proyecto decimos que, según nuestra opinión, "Verifícase la existencia de situaciones de responsabilidad administrativa, previstas en el artículo 119 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) en diversas decisiones tomadas por el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo de la época referidas en el informe de la Comisión Investigadora, con respecto a las inversiones en Trimma S.A., Cedetex S.A., Pig Uruguay S.A., Southern Cross Timber y Canalmar S.A.".

La propuesta que realizamos nos conforma; constituye una síntesis de lo que se ha estudiado en el seno de la Comisión Investigadora.

Reiteramos que estamos convencidos de que la Corporación Nacional para el Desarrollo puede cumplir un papel excelente en nuestro país y, más allá de diferencias de matices, en su oportunidad existió acuerdo sobre la necesidad de crear una institución que dinamizara la concesión de créditos a largo plazo.

SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR IBARRA.- No; el señor Diputado ya habló, creo que una hora, y yo apenas dispongo de treinta minutos.

Más allá de los elementos negativos que configuraron una gestión clientelística que trajo muchas pérdidas al país, hoy reafirmamos la necesidad de contar con una institución que persiga los fines y objetivos planteados para la CND. Es por eso que queremos que quede bien claro que quienes suscriben este informe y este proyecto de resolución, comparten filosóficamente la necesidad de que existan organismos de la naturaleza de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Es necesario -según nuestra opinión- que el Estado coopere en el proceso de desarrollo del país, apuntalando aquellas inversiones productivas que poseen potencialidades significativas y relevantes para el futuro del país. Más allá de los elementos negativos que configuraron una gestión que trajo muchas pérdidas al Estado, al país, reafirmamos entonces la necesidad de contar con una institución que persiga los fines y objetivos planteados originalmente por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Acá se ha hablado, señor Presidente, de la forma de selección de las empresas asistidas por la Corporación, que podemos dividir en dos etapas. La selección de las primeras empresas no estuvo determinada por criterios técnicos, no hubo evaluaciones acerca de su viabilidad económico-financiera. Al menos en los casos del Frigorífico Canelones S.A. y del establecimiento Colonia S.A., así como de la empresa El Mago S.A., el ingreso de la Corporación no estuvo signado por análisis de carácter técnico, sino por otros criterios. En ese sentido, por ejemplo, el ex Director de la Corporación, contador Vispo, señalaba: "El Banco de la República usó la ley del artillero: si ustedes quieren inversión, tomen créditos. Nosotros no invertimos. Tanto es así que el 75% de la inversión del Banco de la República fue con créditos, y con créditos cuyo valor tuvimos que discutir [...]". Más adelante agregaba: "Entonces, no es que el Banco de la República abrió toda su cartera para que la Corporación eligiera qué empresa, sino que nos manda una lista de diez o quince empresas" que, como se decía acá, estaban en la cartera 4 ó 5. "Supongo que esas quince empresas eran las más deudoras, las más endeudadas y las menos cobrables que tenía el banco". Continuó diciendo: "No se trató de elegir cuál era el frigorífico, sino que era ese," -lo tenían que aceptar- "porque era del que quería desligarse el Banco de la República".

Evidentemente, señor Presidente, con esta forma de captación de las primeras empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo queda absolutamente claro que al menos existían grandes dudas en cuanto a la viabilidad, no únicamente de las empresas, sino de la CND, de que cristalizaran con éxito.

Pero el criterio que se aplicó después en la selección empieza a cambiar y deja de ser el de seleccionar a aquellas empresas sobreendeudadas con el Banco de la República. En esta segunda etapa, la selección de empresas a las que asistir estaba basada en informes técnicos emanados de la Gerencia de Proyectos de la Corporación. A esa repartición de la CND le cabía la responsabilidad de analizar los proyectos presentados. En ese momento se estableció que los proyectos que se presentaran, además de mostrar interés por brindar ocupación, debían ser emprendimientos exportadores o que incorporaran tecnología y debían ser solventes desde el punto de vista de su viabilidad económica y financiera.

Nosotros saludamos esa nueva forma de captar empresas a través de la asistencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero había algunas evaluaciones que no estaban completas, como, por ejemplo, el informe del contador Menéndez referido a Migranja S.A., que dice: "Para llevar a cabo la evaluación técnica, al no haber contratado la CND ingenieros especialistas en las diferentes ramas, el informe se basa en los elementos proporcionados por los ingenieros y otros técnicos del BROU y la UAPI". Pero aun sin haberse realizado una evaluación propia en la materia, el informe técnico realizado por ingenieros del BROU y la UAPI -citado por el contador Menéndez- establecía: "Por parte del BROU se puso énfasis en las dudas que les quedaba respecto del subproyecto de riego" -algo que ya se dijo en esta Sala- "en particular sobre la posibilidad de obtener la cantidad de agua que demandarían las plantaciones en plena producción". Entonces, también acá, en esta segunda forma de vincularse con empresas privadas aparecen fallas importantes porque, más allá de que el Directorio de la Corporación resolviera apoyarse en informes técnicos, estos muchas veces no se producían y, además, aparecían serias dudas, nada menos que con referencia al riego de la empresa Migranja, y esas dudas las establecía el propio Banco de la República.

Pero, además, existió por parte de los Directorios de la CND una clara responsabilidad -según mi opinión- en cuanto a desestimar y desconocer algunos informes cuando estos no coincidían con las decisiones que se querían tomar. A este respecto es bien ilustrativo lo que sucedió con el informe antes mencionado que fuera encargado a la consultora italiana ANCIFAP. En el Acta Nº 33/91, de la sesión de Directorio de la CND del 12 de setiembre de 1991, se establece: "La asistencia técnica italiana en un extenso informe presentado en el mes de junio de 1991, luego de evaluar la empresa" -se refiere a El Mago S.A.- "concluye que en la misma conviven gravísimos problemas financieros, de producción y de marketing que determinan que además de saneamiento financiero deben realizarse drásticas intervenciones en los otros dos temas para resolver los problemas de la empresa y no desperdiciar recursos, por lo que la única solución que se presenta" -escúchese bien- "para la empresa El Mago es su cierre y liquidación". Entonces, estos elementos que estamos mencionando en cuanto a la necesidad de tener una información técnica adecuada, de alguna manera son desconocidos por la propia dirección de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que no tiene en cuenta a una consultora italiana que contrató, con un gran costo para la Corporación y para el Estado, que aconsejaba su cierre y liquidación.

Con respecto a la empresa Migranja, ya se ha dicho alguna cosa y el compañero Diputado Domínguez va a abundar al respecto. Esta empresa produjo en total más de US$ 20:000.000 de pérdida. Existió un capital de riesgo muy importante y, sobre el particular, gente vinculada a la producción, a la pequeña y mediana granja, como el señor Jorge Tourón, representante de las Cooperativas Agrarias Federadas, dijo en la visita que realizó a la Comisión Investigadora: "[...] a nivel de los productores granjeros, en este caso de los productores frutícolas, nadie podrá negar que este proyecto fue totalmente negado por todos los productores.- [...] el perjuicio que causó una empresa que enviaba toda la fruta al mercado interno como si la mandara a exportación, envasada -porque, a nuestro criterio, todo eso venía un poco de arriba- y, desgraciadamente, competían con los precios de nosotros, los productores". Agrega el señor Fernando López, de la Comisión Nacional de Fomento Rural: "Lo peor de todo fue el impacto sobre el mercado interno, donde apunta el impacto sobre los medianos y pequeños productores, que son los que trabajan fundamentalmente atados al mercado interno".

Estos elementos están indicando que no se tuvo en cuenta a los pequeños y medianos productores frutícolas en algo que perjudicaba directamente a sus empresas. Es claro, a partir de estas declaraciones, que existía un riesgo potencial en cuanto a cuál sería el destino de la fruta no exportada, ya que esto era decisivo para la sobrevivencia de los pequeños y medianos productores, que por un tema de escala no pueden exportar y producen exclusivamente para el mercado interno. Nada se previó a ese respecto, y la empresa volcaba los excedentes de exportación al mercado interno a precios ruinosos para los demás productores.

Hay también otras manifestaciones. Se ha invocado por parte de algún señor legislador el tema de las fuentes de trabajo. Está claro que en Migranja en algún momento se emplearon ochocientas personas, pero también lo está que más de la mitad de ellas realizaban trabajos zafrales por dos o tres meses y luego la empresa terminó con un número de personal muy inferior al que se manifiesta.

También se habla, como argumento favorable por parte de algunos señores legisladores, de la transferencia tecnológica que se logró a través del emprendimiento Migranja. Tengo documentación que indica que no había ningún aporte gratuito por parte de Migranja a los pequeños y medianos productores y que, además, los productos que se vendían no eran de la mejor calidad. Por lo tanto, esto también originó serios problemas. Es decir que no hubo una política planificada por parte de quienes representaban al Estado en Migranja en cuanto a propiciar la difusión efectiva de las variedades de frutas al resto de los productores.

Por otra parte, se ha denunciado en la Comisión que ha habido en la empresa Migranja serios problemas de manejo del establecimiento. En particular, se ha manifestado que a pesar de las grandes sumas de dinero invertidas, tanto por parte del Estado como a través de otros socios como la CII y la CFI, inclusive por parte de los socios privados nacionales, nunca se resolvió adecuadamente el problema del riego, vital para ese emprendimiento de Migranja. El doctor Zumarán manifiesta: "[...] Migranja no tenía agua, y para el riego, de más está decirlo, es un elemento esencial para que sea una fruticultura moderna y de exportación".

Con referencia a la empresa El Mago S.A., se pretendió de alguna manera justificar la línea de actuación a través de un intento de salvaguardar los puestos de trabajo, pero eso evidentemente fracasó. Aclaramos que la empresa, que llegó a ocupar a más de ochocientos operarios en planilla, concluyó su función con poco más de doscientos, con lo cual de todas formas se perdieron importantísimos puestos de trabajo. La Corporación Nacional para el Desarrollo tuvo una pérdida importante en este emprendimiento, de US$ 13:427.000 desde 1988 a la fecha, a pesar de tener el control del 100% del capital.

El otro tema tiene que ver con algo que ya se expresó por parte de algunos señores legisladores, pero quiero abundar en ello. Me refiero a por qué motivo la dirección de la Corporación Nacional para el Desarrollo por más de diez años no habilitó la intervención del Tribunal de Cuentas. En varias oportunidades y en otras Comisiones hemos citado al Tribunal de Cuentas, el cual ha dicho que entiende que los fondos manejados por la CND son públicos, tanto por su origen como por su destino y que la Corporación se encuentra comprendida dentro de la categoría de entidades públicas no estatales referidas en el artículo 138 del TOCAF, por el cual debe rendir cuentas al Tribunal de Cuentas y llevar su contabilidad de acuerdo con el artículo 82 del Texto Ordenado, lo que además resulta reafirmado por la última ley de Presupuesto Nacional que obliga a presentar sus estados contables con dictamen de la auditoría externa ante el Poder Ejecutivo y ante el Tribunal de Cuentas.

Lamentablemente, los Directorios de ese período de diez años no remitieron los balances y no permitieron la auditoría al Tribunal de Cuentas. No me basta -lo dijo algún Diputado del oficialismo- que el Senado de la República reciba los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Sabemos perfectamente bien que el trabajo de auditoría va más allá de recibir balances; significa investigar, tener la documentación sobre la mesa para poder analizar si efectivamente se cumplió con las normas legales, con el TOCAF, etcétera. Tengo sobre la mesa opiniones de distintos jerarcas y catedráticos sobre la necesidad de que el Tribunal de Cuentas audite la Corporación Nacional para el Desarrollo. Por suerte, a partir de 2000 se está actuando de esa manera, pero siempre queda el gran signo de interrogación acerca de por qué motivo, luego de que el Tribunal de Cuentas hizo determinadas observaciones en el año 1989, no se traslada a ese organismo la información contable y administrativa como corresponde.

Podemos concluir que ni a partir de la naturaleza jurídica que le da el Código Civil ni de la historia fidedigna de la sanción de la ley, ni de un análisis contextual de la norma legal, puede sostenerse válidamente que el régimen jurídico de la Corporación sea el correspondiente a la actividad privada. En suma, la CND percibe fondos públicos y son, al momento de su percepción, públicos, por lo que a nuestro juicio el Tribunal de Cuentas puede ejercer sus facultades de control. Entonces, el Tribunal de Cuentas puede ejercer sus facultades de control sobre la CND dentro del marco jurídico establecido legalmente para las personas públicas no estatales. El Tribunal de Cuentas tiene facultades para auditar los estados presentados por la CND previamente a su visado.

En este sentido, planteamos que, sea cual fuere el signo del próximo Gobierno, el Tribunal de Cuentas debe realizar una auditoría previa a la Corporación Nacional para el Desarrollo de todo el período en el que no pudo actuar. De esta forma, el mencionado organismo accederá a los balances a los que no tuvo acceso por expresa decisión de los Directorios de la Corporación, con el objetivo de cumplir con el papel de auditor y control de los organismos y dineros que le marcan la Constitución de la República y las leyes.

Por otro lado, hemos recurrido a la prensa de la época y hemos visto que por parte de algunos señores Directores ha habido ocultamiento de información al público, a la ciudadanía y a la prensa particularmente. En consonancia con la negativa a ser auditados por el Tribunal de Cuentas de la República por parte de varios Directorios, se verificó lo que parece ser un pacto de silencio y ocultamiento de la verdadera información.

En ese sentido, el 28 de mayo de 1993, en "El Observador" se publicó una nota que expresaba: "Existe optimismo en que antes de la próxima zafra de faena de ganados quede concretada la venta de los frigoríficos Colonia y Canelones, pero no ocurrirá en el plazo de un mes, a la vez que son inexactas las versiones periodísticas que indicaron que las referidas plantas y la textil El Mago habían provocado un déficit de US$ 1:500.000 en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), según declaró a El Observador el presidente de la institución economista Roberto Horta". Esto es, decía que todo marchaba bien, que no había problemas. Además se manifestó: "Las cifras manejadas para el déficit ocasionado por las industrias cárnicas referidas y la textil El Mago, son inexactas". Si contrastamos estas declaraciones del entonces Presidente de la CND con los balances de la empresa El Mago S.A., encontramos que existe una diferencia enorme. En el folio 2499 de "Balances e informes de Auditoría", se establecía que la pérdida correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 1992 era de N$ 12.779:793.000, que, al tipo de cambio de la fecha, ascendía a casi US$ 4:000.000. Entonces, nosotros catalogamos esto como ocultamiento de información. Igual sucedía con otros datos que se expresaban en la prensa por parte de algunos señores integrantes del Directorio.

Hace algunos años que nosotros estamos en este Parlamento y oportunamente, en marzo de 1996, nos ocupamos de un artículo que fue publicado en "Búsqueda", que no nos conmovió únicamente a nosotros, sino a todo el sistema político y a la sociedad en su conjunto, porque allí, en aquel momento, el Director integrante de la Corporación, Carlos Rodríguez Labruna, en una reunión realizada el día sábado 23 de marzo de 1996 -creo que en el balneario La Pedrera- dijo -y esto es muy grave-: "[...] fue un operativo típicamente batllista (dijeron) 'vamos a subsidiar a las empresas de nuestros amigos, a aquellas que se están fundiendo les vamos a dar todo el dinero que podamos para que no se fundan o por lo menos para que su fundición se haga al mediano plazo o al largo plazo'".

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Por último, en esta nota, con una denuncia tremenda del señor Carlos Rodríguez Labruna -nosotros hicimos un pedido de informes, pero no nos dijeron nada; todo fue absolutamente "light"-, se expresa: "En su discurso, el funcionario blanco agregó que en una segunda etapa, 'que arranca con el gobierno nacionalista, hubo un aporte no muy importante que le permitió a la CND actuar como socia en una cantidad de agroindustrias', pero 'en estos momentos no tiene ni capital para pagar su presupuesto interno [...].- La Corporación debe ser capitalizada'" -afirma el señor Carlos Rodríguez Labruna- "'para cumplir con los objetivos para los cuales fue creada, que no se han cumplido nunca porque siempre ha sido mal guiada por el Partido Colorado'". Y se agrega: "Rodríguez Labruna insistió que los colorados 'la tomaron (para usarla) al dedo: a vos te presto y a vos no, porque sos amigo de Fulano y te saco de la quiebra'.- En una afirmación que provocó la risa de los asistentes," -dice el artículo- "Rodríguez Labruna relacionó la actividad de la CND con la que cumple el contratista de jugadores de fútbol Francisco Casal. 'La Corporación va a invertir dinero para después sacarlo. No lo vamos a invertir para dejárselo (a las empresas). Vamos a hacer lo que hace Paco Casal [...]'".

Esto es muy grave. Y es por eso que algunos señores legisladores deben entender -fundamentalmente el del Partido de Gobierno que hizo uso de la palabra- que nuestra intención es investigar y saber, porque también ha habido indicios, a partir de una información que hemos recibido, acerca de determinado clientelismo político a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y lo que está diciendo el señor Rodríguez Labruna en este artículo de "Búsqueda" -esto fue confirmado directamente por quien habla con el entonces Secretario de Redacción, señor Claudio Paolillo- es sumamente grave.

Por lo tanto, hemos trabajado mucho y presentamos un proyecto de resolución que entiendo cubre, en definitiva, todo el esfuerzo que ha hecho el conjunto de la Comisión para investigar y mejorar el funcionamiento de la Corporación.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- La Mesa solicita especialmente al señor legislador que sea breve y espera que esta aclaración no genere nuevas aclaraciones.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: en general intentamos ser breves en nuestras aclaraciones. La intervención de hoy fue un poco más extensa porque hubo una moción aprobada por el Cuerpo prorrogándome el término de que disponía.

Quiero decir que en las postrimerías de la acción de la Comisión, el Juzgado Penal interviniente en el tema de Migranja le pidió, hace ya unos meses -a través de la Presidencia de la Cámara, como corresponde-, el envío de todos los antecedentes que la Comisión tenía; hecho que la Comisión ya cumplió.

Quisiera subrayar que hay una diferencia entre el hecho de que un Juez pida determinados elementos documentales -obviamente, está dentro de sus competencias- y que el Cuerpo legislativo envíe motu proprio determinadas actuaciones, estableciendo para el lector desprevenido una especie de presunción, a la cual no le vemos razones de hecho.

La segunda circunstancia que queremos subrayar es que lo que se está investigando en el Juzgado con respecto a Migranja, hasta donde nos consta -porque se trata de un presumario reservado-, no tiene que ver con lo que es materia de investigación de la Comisión Investigadora cuyos informes estamos considerando en este ámbito.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado Domínguez.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Señor Presidente: hoy, la labor de la Comisión Investigadora sobre la Corporación Nacional para el Desarrollo llega a su fin. Hay que destacar especialmente el trabajo realizado por todos los que participamos de esta actividad. Debemos destacar el buen clima de trabajo que existió entre los legisladores integrantes de la Comisión, provenientes de todos los sectores políticos.

Asimismo, queremos destacar la invalorable colaboración de los funcionarios, de la Secretaria Alma Fischer y del Prosecretario Daniel De Paula, quienes demostraron un gran sentido de la responsabilidad y dedicación, siempre dispuestos a facilitar todo lo que estaba a su alcance y, aún más, dispuestos a la realización de un trabajo que por su volumen e importancia a veces se hacía muy difícil.

También debemos destacar la importante labor realizada por la Presidenta de la Comisión, señora Diputada Saravia Olmos.

Creo que sin ese ambiente de colaboración y de trabajo en equipo hubiera sido muy difícil llegar al día de hoy con informes que, aunque densos y a veces un poco aburridos, están dando cuenta, de la manera más precisa y más allá de sus diferencias, de que la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo fue estudiada muy seriamente.

Concretamente, en cuanto al tema, queremos hacer algunas reflexiones generales y también algunas apreciaciones particulares.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Machado)

——Los criterios de participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo apostaron, entre otras cosas -debemos citarlos, aunque quizás algunas de estas cuestiones ya hayan sido dichas-, a apoyar al empresariado en la fase crítica de desarrollo del proyecto; una vez alcanzadas las metas convenidas sobre valorización de la empresa, la Corporación Nacional para el Desarrollo procede a vender su participación otorgando una opción preferencial de compra a sus socios. Riesgo y utilidad compartidas: durante el período de asociación la Corporación Nacional para el Desarrollo asume los mismos riesgos y utilidades que los restantes socios de la empresa.

Pero no debemos perder de vista cuál es la verdadera función de las instituciones financieras de fomento, género al que pertenece -al menos teóricamente- nuestra Corporación Nacional para el Desarrollo.

Las instituciones financieras de fomento tienen como objetivo final, además de la asistencia financiera que prestan, contribuir con ese financiamiento al desarrollo productivo de un país. Para un correcto cumplimiento de esa función las instituciones financieras deben, entre otras cosas, fundamentalmente seleccionar en forma adecuada las inversiones a las que irán dirigidos sus fondos; prestar asistencia y supervisión técnica a los proyectos presentados a efectos de asegurar el éxito de esas inversiones; respaldar proyectos que efectivamente propendan al desarrollo productivo.

Al término del trabajo de la Comisión, lamentablemente, debemos llegar a la conclusión de que esos objetivos no han sido cumplidos por la Corporación Nacional para el Desarrollo. La función de esta Corporación ha sido más la de una institución financiera de salvataje de empresas desfinanciadas e ineficientes, que la de una verdadera institución financiera de fomento.

Abundan ejemplos en ese sentido: proyectos deficitarios que ocasionaron cuantiosas pérdidas a la Corporación y que fracasaron rotundamente como iniciativas productivas o de desarrollo. Las pérdidas totales pueden ubicarse en el orden de los US$ 100:000.000, sobre un patrimonio de US$ 104:000.000. Si tomamos en cuenta las pérdidas reconocidas por la propia Corporación, de US$ 65:000.000, y les sumamos los controvertidos créditos contra el Ministerio de Economía y Finanzas y Agolán, por US$ 44:600.000, superamos los US$ 100:000.000.

Analizaremos particularmente uno de esos proyectos de desarrollo que fracasaron rotundamente y que arrastraron a la Corporación a sufrir importantes pérdidas. Es el caso concreto de Migranja S.A. En ese sentido insistimos los miembros de la Comisión, reiterando el tema, pero entendemos que este es uno de los ejemplos que no debemos seguir a fin de que algún día logremos hacer funcionar empresas que están en situación de riesgo.

Nos referimos concretamente a Migranja, que, como explicitaremos más adelante, generó una pérdida de unos US$ 25:000.000. Adelantamos que no es una situación aislada, sino un caso que expresa una metodología en el accionar de la Corporación.

Pese a que la información recibida sobre Migranja puede calificarse de escasa e incompleta, los pocos elementos con que contamos nos permiten arriesgar algunas puntualizaciones. Conviene tener en cuenta algunos de esos elementos, pues, a nuestro juicio -y aplicando solamente el sentido común-, permiten sostener que la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el largo proceso de desastre de Migranja, por lo menos, estuvo teñida de negligencia o ineficacia en la gestión, y que el país encontró un nuevo agujero negro que se llevó millones de dólares, cuyo destino, de acuerdo con la información que poseemos, no es posible determinar. De acuerdo con estos elementos, es necesario establecer que la Corporación Nacional para el Desarrollo participó en el proceso en forma claramente contradictoria con los criterios establecidos al momento de su creación.

El material al que tuvimos acceso es, en realidad, la crónica de un desastre anunciado. La empresa Migranja se abocó al desarrollo de un proyecto de explotación de horticultura, fruticultura y forestación, con el objetivo de construir una empresa agroindustrial, iniciando sus operaciones en diciembre de 1984.

En esto se han extendido los integrantes de la Comisión, fundamentalmente los que pertenecen a nuestra fuerza política, pero creo que en la versión taquigráfica debe figurar quiénes, desde el inicio, integraron el Directorio de esa empresa: Myriam Judith Apariquián, y como Director y Secretaria respectivamente, Martín y Janeth Apariquián. También han integrado el Directorio, entre otros, Ángel Alegre, José Arrillaga, Carlos Garat, Miguel Sarni, Ricardo Zerbino, Agustín Canessa, Marcelo Caputti -por el grupo Sponsor-, Julio De Brun, Uri Cohen, Gilad Salomón, Benny Goldstein y Abraham Last; tal vez se me escape alguno, pero creo que están todos.

Para participar en el proyecto, la Corporación Nacional para el Desarrollo solicitó un informe al contador José Rafael Menéndez, quien lo realizó el 16 de noviembre de 1989. Comentaremos algunos de sus pasajes, ya que fue la base para participar en ese proyecto. No vamos a extendernos en su consideración, pues no es mucho el tiempo de que disponemos.

A juicio del contador Menéndez, el tema comercial era el que implicaba el mayor riesgo del proyecto. Expresa lo siguiente: "[...] si bien existe potencial de mercado, no se demuestra cómo se hará la estrategia de comercialización para captar ese mercado existente, que permita colocar las cantidades y obtener los precios que se manejan dentro de los ingresos financieros".

Nosotros agregamos que era un proyecto del que no se sabía cuál sería su estrategia comercial, por lo cual avalarlo en esas condiciones era una aventura.

En cuanto al financiamiento del proyecto, estaba prevista una inversión total de US$ 21:900.000, y el origen de estos fondos se discrimina de la siguiente manera: US$ 4:900.000 de fondos propios, del Grupo Sponsor; US$ 1:000.000 de la Corporación Nacional para el Desarrollo; US$ 5:000.000 del Banco de la República; US$ 4:350.000 de la Corporación Financiera Internacional; US$ 3:350.000 de la Corporación Internacional de Inversiones; y US$ 3:300.000 por autogeneración.

Con el correr del tiempo, no existió tal autogeneración y los socios o copartícipes en el proyecto, ni bien pudieron, lo abandonaron.

Siguiendo con el informe del contador Menéndez, respecto a las conclusiones expresa: "Para la justificación de las conclusiones se ha tomado como punto de partida la evaluación favorable que del proyecto ha realizado la Corporación Financiera Internacional y que la misma posición ha tomado la Corporación Interamericana de Inversiones para su incorporación al proyecto.- Por ello, estas conclusiones tienden a proporcionar aquellos elementos que puedan ayudar a una toma de decisión por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo, más que a realizar un análisis profundo de los distintos capítulos del proyecto".

Si no entendimos mal, el argumento principal que nos presenta el contador Menéndez es la evaluación favorable de la Corporación Interamericana de Inversiones y de la Corporación Financiera Internacional. La Corporación Interamericana de Inversiones es un organismo internacional de crédito vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo; cuenta con capital propio y tiene por objeto promover los procesos de desarrollo económico de los países miembros de la región.

La Corporación Financiera Internacional pertenece al grupo del Banco Mundial, y desde hace tiempo mantenía relaciones -es una cosa interesante- con el grupo Apariquián a través del plan de expansión de la empresa Acodike; se acercó a la Corporación Interamericana de Inversiones para complementar el plan financiero de Migranja. Y la Corporación Interamericana Internacional basó su informe de evaluación en el elaborado por la Corporación Financiera Internacional.

¿Qué llevó a elaborar sobre esas bases el informe de evaluación de una empresa que a los pocos años comenzó su incontenible debacle? ¿Qué evaluación fue esa que resultó en que las dos instituciones realizaran una condonación de la deuda del orden del 50%?

Pero continuemos con lo asentado en actas, señor Presidente. En otro apartado, respecto a las condiciones desfavorables, el contador Menéndez establece: "El Departamento Técnico del Banco de la República, que ha seguido el proyecto desde sus inicios, ha evaluado este proyecto como de alto riesgo". Reitero: "El departamento técnico del Banco de la República, que ha seguido este proyecto desde sus inicios, ha evaluado este proyecto como de alto riesgo."; esto es clave, como lo comprobamos posteriormente. Suponemos que el BROU no veía con buenos ojos el proyecto -dice el contador Menéndez-, pero igual se avaló.

Más adelante, concluye el profesional Rafael Menéndez su informe: "En otras palabras, si bien se admite un nivel alto de riesgo, no se está en condiciones de descalificar el proyecto. Por otro lado, por el peso de los factores favorables, parece conveniente asumir el riesgo implícito en un proyecto de este tipo. Se suma el hecho de que la parte fuerte de incertidumbre está en la etapa futura de su puesta en marcha y es inherente a la propia administración del proyecto, donde la CND tendría una responsabilidad preventiva y compartida, a través de su representante en el Directorio".

El profesional nos ilustra sobre lo que todos podemos concluir: la buena o mala gestión dependerá de la propia administración del proyecto. Sagaz conclusión, opino. Aquí habla de responsabilidad compartida, pero después fue total. Por tanto, los administradores tienen la responsabilidad total.

¿Quiénes fueron los administradores? Según el acta de la CND del 20 de diciembre de 1989, se aprueba por mayoría, con la abstención del contador Geppert -es importante esta valiente actitud de no aceptar-, la inversión de la Corporación en Migranja S.A., de acuerdo con varias condiciones que, por la información que tenemos, todas se cumplieron posteriormente.

Una vez resuelta la inversión, veremos qué opinaron los auditores. En notas a los estados contables al 30 de junio de 1997 se dice: "Asimismo, la empresa continúa con resultados económicos negativos debido, básicamente, a que no se ha logrado alcanzar los presupuestos en cuanto a cantidad y calidad de la fruta cosechada.- El proyecto se encuentra en pleno desarrollo y se espera a más tardar que para el 30 de junio de 1999 se alcance el punto de equilibrio. A partir de ese momento la empresa comenzará a absorber los resultados acumulados negativos previendo que para el año 2004 los resultados acumulados serán positivos, básicamente la situación se va a revertir debido a la entrada a producción de un mayor número de hectáreas y a una mayor calidad de los frutos cosechados".

Pero vemos que un año más tarde los resultados fueron aún más graves. Notas a los estados contables al 30 de junio de 1998: "La empresa continúa con resultados económicos negativos debido básicamente a que no se ha logrado alcanzar los presupuestos en cuanto a cantidad y calidad de la fruta cosechada.- De acuerdo a las últimas proyecciones realizadas por la empresa, se espera que para el 30 de junio de 2002 se alcance el punto de equilibrio. A partir de ese momento la empresa comenzará a absorber los resultados acumulados negativos previendo que para el año 2008 los resultados acumulados serán positivos, esto debido básicamente a la entrada en producción de un mayor número de hectáreas [...]", etcétera.

Seguimos observando las auditorías un año después y al siguiente, cuando la cosa sí venía mal. Voy a leer parte del dictamen de los auditores al 30 de junio de 2000: "Teniendo en cuenta la importancia de los activos no corrientes de la empresa, corresponde destacar: A) la empresa no dispone de valores de tasación o de utilización económica de los principales componentes (montes frutales, equipos de riego, cortinas cortavientos, infraestructura de sostén) de los bienes de uso, cuyo valor neto contable al 30 de junio de 2000 asciende a $ 223.709.860 (18 millones de dólares aprox.). En consecuencia no hemos podido verificar que el valor neto contable sea igual o menor que los valores de tasación o utilización referidos. B) La empresa no cuenta con elementos que permitan asegurar razonablemente la recuperabilidad futura de los activos intangibles, cuyo valor neto contable al 30 de junio de 2000 asciende a $ 119.746.845 (aproximadamente 10 millones y medio de dólares). En consecuencia, no hemos podido verificar la correspondencia entre la absorción de dichos gastos con potenciales ingresos futuros.- Las dos situaciones descritas anteriormente ya habían sido destacadas en dictámenes de auditores independientes con relación a los estados contables de la empresa al 30 de junio de 1999".

Hay elementos que demuestran la aplicación de criterios contradictorios con los de la creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Por ejemplo, avalar la participación en un proyecto que evaluaron los socios, que evidentemente eran parte comercial interesada, pero agravado por el hecho de no tener una estrategia comercial clara.

Además, la Corporación tuvo originalmente el 7,5% del capital social de la empresa, pero a partir del 4 de agosto de 1999 incrementó su participación al 80%. La Corporación tomó el control accionario y la gestión de la empresa. En agosto adquirió las participaciones del Banco Mundial -un 7%- y del BID -un 14%-, pagando US$ 3:500.000, según informaciones de prensa no desmentidas.

Asimismo, en el año 2000, la Corporación adquirió los créditos de los accionistas y brindó apoyo, liberando de toda responsabilidad a los socios privados, en momentos en que la empresa atravesaba enormes dificultades. En ese mismo año, pasó a poseer el 100% de la empresa.

Al 31 de mayo del 2001, la deuda con el Banco de la República es de aproximadamente US$ 11:000.000.

De acuerdo con la memoria del ejercicio, en el año 2001, la pérdida neta generada por la inversión superó los US$ 13:000.000. A esta pérdida deben agregarse los créditos incobrables del Banco de la República Oriental del Uruguay ya mencionados. El 28 de diciembre de 2001, se vendió Migranja en US$ 3:750.000, e importa mucho destacar esto.

Entonces, la aventura de Migranja -siempre consideré que el tema de Migranja era prácticamente un buque insignia de esta situación, pero al revés- costó al país cerca de US$ 20:000.000. De la información manejada no surge a quién o a quiénes deben atribuirse las responsabilidades a que esto pueda dar lugar. ¿Quién tomó las decisiones en la gestión de Migranja? ¿A quién o a quiénes debe atribuirse la responsabilidad del asesoramiento para esas decisiones? Está claro que desde 1997 el informe contable marcaba el año 1999 como punto de equilibrio de la empresa, el del año 1998 lo auguraba para el 2002, y la decisión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pese a esos informes, fue la de incrementar su participación al 80% en 1999 y